Finlandia acaba con el sueño del dinero gratis

El experimento de una renta básica de 560 euros mensuales para 2.000 parados concluye sin mejorar la situación laboral de los beneficiarios, pero sí su salud y bienestar

En diciembre de 2016, Tuomas Mujara sintió que le había tocado la lotería. Este periodista freelance y escritor de 45 años resultó uno de los 2.000 afortunados que estaban a punto de enrolarse en un proyecto que, a primera vista, parecía un sueño: recibir dinero a cambio de nada

La Seguridad Social finlandesa quería comprobar si inyectando 560 euros al mes sin ningún tipo de condición a un grupo de desempleados a lo largo de 2017 y 2018 obtendría pistas sobre cómo debían ser las ayudas sociales en la era de la digitalización, cómo incentivar la búsqueda de empleo entre los beneficiarios de subsidios y cómo reducir la burocracia. Terminado el proyecto, las conclusiones son ambiguas.


Los resultados preliminares muestran que el dinero caído del cielo no tuvo ningún efecto en la empleabilidad de los participantes. Trabajaron prácticamente las mismas horas y ganaron lo mismo —exceptuando los ingresos de la renta básica— que otro colectivo de características similares. En cambio, la renta básica sí sirvió para impulsar la salud, la autoestima y el optimismo hacia el futuro de sus beneficiarios.


Ya antes de que el pasado viernes se presentaran las conclusiones de un experimento inédito en Europa, Mujara se mostraba seguro de cuáles iban a ser. Y su respuesta se parecía bastante a la que más tarde darían los responsables del estudio. “Por supuesto que los participantes hemos seguido buscando empleo. Primero, porque con 560 euros no puedes vivir en Finlandia. Y segundo, porque tener la seguridad de un ingreso mínimo no te hace más vago”, aseguraba el jueves a este periódico. Al preguntarle por lo mejor de su experiencia, Mujara no dudó un instante: “la libertad”. Libertad de no tener que rellenar largos formularios para solicitar ayudas, libertad de saber que, pase lo que pase, a final de mes iba a tener un cheque, aunque fuera por una cantidad pequeña.


Los defensores del proyecto insistían en que una renta básica sin condiciones de ningún tipo evitaría que los receptores de ayudas rechazaran empleos por temor a superar el nivel de ingresos mínimos para recibir subsidios. Y que al no tener que ocuparse de la burocracia con los servicios sociales podrían dedicar ese tiempo a buscar empleo de forma más eficaz. Algunos participantes en el programa —elegidos por sorteo entre 175.000 personas que en 2016 percibieron algún tipo de subsidio por desempleo— cobraban una cantidad muy parecida a la que recibían antes, pero el nivel de estrés por la preocupación de renovar la solicitud descendió considerablemente. “La libertad te hace más creativo. Y ser más creativo te hace más productivo”, resume Mujara.


La renta básica es una idea ya antigua. Y, frente a la imagen muy extendida de que se trata de una iniciativa izquierdista, en ocasiones ha sido defendida por ideólogos liberal-conservadores que la presentaban como la excusa perfecta para eliminar las otras ayudas sociales. El experimento finlandés nació, como admiten sus impulsores, con dos limitaciones: estar dirigida a un grupo concreto, el de los desempleados, y una duración predeterminada de dos años.


Olli Kangas, profesor de la Universidad de Turku que ha liderado la investigación, se muestra satisfecho con los resultados, pese a insistir en que son aún provisionales. El próximo año se conocerán las conclusiones finales. Pero por ahora destaca la importancia de que los participantes en el piloto se hayan sentido más seguros, al mando de sus vidas y con mejor salud mental y física. “Soy consciente de que los detractores de la renta básica no prestarán atención a estas mejoras, y se centrarán en que el proyecto no tuvo efectos en su situación laboral”, continúa Kangas.


Lo cierto es que la posibilidad de que Finlandia introduzca algún tipo de renta básica con carácter generalizado parece alejarse más y más. El proyecto nació con la idea de ser prorrogado y ampliado a otros grupos más allá de los desempleados, pero el Gobierno de centroderecha anunció en abril de 2018 que se quedaría en solo dos años. El ministro de Finanzas, Petteri Orpo, ha dejado claro su desdén por el programa. Y ninguno de los grandes partidos que aspiran a obtener una mayoría en las elecciones parlamentarias del próximo abril muestran muchas simpatías por ampliar el proyecto. “Ni los socialdemócratas ni los conservadores ni los sindicatos defienden la renta básica”, admite el investigador Kangas.

En el mundo académico, las posturas están muy enfrentadas. Miguel Ángel García, investigador de Fedea, no esconde su escepticismo ante una renta básica cuya puesta en práctica no solo sería “cara sino complicadísima”. “No creo que la sociedad fuera a recibir bien una renta generalizada para todos. Y que un jubilado que ha trabajado toda su vida cobrara lo mismo que alguien que se ha esforzado menos. Creo que es prioritario buscar soluciones para colectivos como los trabajadores pobres y los que no acceden al mercado laboral, más que impulsar medidas tan dudosas como la renta básica”, añade.


Enfrente se topa con activistas como Guy Standing, investigador en la Universidad de Londres y autor de La renta básica, Un derecho para todos y para siempre, que cree necesario replantear todo nuestro concepto de trabajo y de tiempo, y buscar recursos donde sea para garantizar unas condiciones de vida dignas a todos los ciudadanos. “La experiencia de Finlandia no es un buen ejemplo, porque los participantes fueron elegidos al azar en todo el país. Y no en una pequeña comunidad, donde los beneficios son más evidentes”, explica por teléfono.


Kangas, el responsable del estudio finlandés, admite algunas deficiencias en su experimento y que quizás la perspectiva de una renta básica en su país es hoy aún menos realista que ayer. Pero, se pregunta, ¿quién sabe qué ocurrirá a medio plazo? “¿Acaso un estadounidense de hace 200 años podría imaginarse que la esclavitud iba a ser abolida?”, lanza al aire.


DISTINTAS PRUEBAS CON DISTINTOS MODELOS


Existen casi tantas rentas básicas como defensores tiene estas. En su forma más pura, se trata de un pago estatal de carácter universal (para todos los miembros de una comunidad), incondicional (al margen de ingresos y riqueza) e ilimitado en el tiempo.


Lo que puede parecer una iniciativa utópica cuenta con un congreso anual donde se presentan estudios científicos. Y países tan dispares como Canadá, India, Kenia, EE UU, Holanda, Alemania o España han llevado a cabo o planean experimentos con distintos tipos de rentas básicas. La muy comentada renta ciudadana del M5S italiano ha quedado finalmente reducida a una forma de completar el subsidio por desempleo hasta un máximo de 780 euros.


Guy Standing, uno de los mayores conocedores —y defensores— de la renta básica, destaca la experiencia de Kenia, donde 21.000 adultos recibirán una renta hasta 12 años, por su larga duración e impacto en una comunidad, en lugar de un colectivo disperso, como en Finlandia.

Por LUIS DONCEL
Madrid 10 FEB 2019 - 15:47 COT

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Domingo, 27 Enero 2019 06:13

El debate oficial no canalizó la rabia

El debate oficial no canalizó la rabia

La jornada número XI los tomó ya divididos, algunos tentados por la acción política tradicional y la idea ya asumida de presentar una lista para las elecciones europeas de mayo próximo, otros alejados del núcleo del movimiento.

 Ocuparon un día y un color: el sábado y el amarillo. Fueron llenando puntualmente el espacio público en ese día y con ese color hasta la jornada número XI. El movimiento de los chalecos amarillos volvió a desplegar este sábado su emblema y su protesta en varias ciudades de Francia: sobre todo París, Toulouse, Burdeos. Durante las fiestas de Navidad y fin de año, la movilización decayó para recuperar su pujanza el 5 de enero –50 mil manifestantes, luego el 12 y el 19 con cerca de 90 mil personas que salieron a la calle según las cifras oficiales–. La jornada número XI los tomó ya divididos, algunos tentados por la acción política tradicional y la idea ya asumida de presentar una lista para las elecciones europeas de mayo próximo, otros alejados del núcleo del movimiento y todos bajo los lentos efectos anestésicos del debate nacional organizado por el presidente Emmanuel Macron en torno a unas 30 preguntas divididas cuatro temas: poder adquisitivo, fiscalidad, democracia y medio ambiente. El debate tiene como objetivo desactivar esta gran crisis política y social. Con todo, la determinación permanece en pie. El debate nacional no canalizó la rabia popular y este fin de semana los chalecos amarillos cubrieron las calles con cerca de 70 mil personas. La represión fue feroz. En la Plaza de la República donde debía llevarse a cabo “la noche amarilla” había más policías que manifestantes. Llovieron los palos y los gases lacrimógenos para impedir que la noche parisina se vistiera de amarillo. 

Varios incidentes de cierta seriedad empañaron la marcha en la capital francesa. Grupos de fachos salieron al encuentro de algunas columnas amarillas. En la Plaza de la Bastilla, el ambiente era una mezcla muy extraña de gente caminando tranquila con sus hijos, otros que hacían compras, un montón de turistas de todas las nacionalidades que acudieron a la Bastilla para ver y filmar a los chalecos con sus teléfonos y chalecos amarillos desplegados en la Plaza en medio de varios ejércitos de policías antimotines. Los gritos “Macron Demisión”, los gases lacrimógenos y los proyectiles lanzados desde uno y otro bando volvieron a ser el ingrediente común. Los enfrentamientos dejaron varios heridos graves, entre ellos una de las figuras de los chalecos amarillos, Jérôme Rodrigues, herido en un ojo. Todas las historias comunes a media humanidad daban vueltas alrededor de la Plaza de la Bastilla. Gente que no llega a fin de mes, otros que no pueden pagar la luz o el gas, jubilados que apenas sobreviven con su pensión y matrimonios torturados por un banquero a causa de un descubierto de 150 euros. El acoso y la destrucción cotidiana del liberalismo opresor contra los más vulnerables. La rutina demoledora de un sistema infectado que se venga con los más frágiles lo que le perdona y regala a los poderosos y acomodados.


Ahora, el tema del futuro del movimiento se plantea como nunca en un momento en que las contra manifestaciones organizadas por las “pañuelos rojos” toman también la calle en defensa de Emmanuel Macron. Una de las figuras iniciales de los chalecos amarillos, Ingrid Levavasseur, decidió integrar una lista electoral amarilla de cara a las elecciones europeas de este año. Ello provocó un cisma dentro de un grupo que no se hace ninguna ilusión con los encantos desiguales de la democracia representativa. Los encontronazos a los que dio lugar el ingreso en el repudiado espacio político tradicional de Ingrid Levavasseur traducen las dos corrientes que fracturan hoy al movimiento: por un lado están quienes no renuncian a derrocar al gobierno en la calle con la repetición de las manifestaciones y mantienen una desconfianza radical hacia los representantes políticos: por el otro, los moderados. Este sector está convencido de que no se debe dejar flotando en el vacío todo e capital acumulado por los chalecos amarillos y que estos deben imperativamente comprometerse en el campo político. Uno de los líderes de los chalecos, Maxime Nicolle, alias Fly Rider, impugnó la candidatura de Levavasseur, a la que calificó de “traición”. Según Fly Rider, competir en “las elecciones europeas equivale a permanecer en el sistema actual e ingresar en un juego en el cual nosotros no fijamos las reglas. No crean que participando en las elecciones van a cambiar algo. Si ese fuera el caso, hace mucho tiempo que las cosas habrían cambiado”. Presentar una lista para las elecciones europeas de mayo de 2019 es, para el ala más radical, una triple traición: va contra la identidad fundamental del movimiento, introduce la figura del líder, algo que no existe entre los chalecos según la interpretación tradicional del término. Y, por ultimo, rompe el equilibrio horizontal de los procesos de decisiones tal y como lo conciben los chalecos. Levavasseur se lanzó sola, sin consultar con nadie y tomó a todos por sorpresa. Los opositores acusan hoy a la candidata de “estar robando los valores y la identidad del movimiento”. El sector más intransigente no cambia de hoja de ruta. Su representante más visible, el camionero Eric Drouet, estimó que la candidatura de Ingrid Levavasseur es pura y simplemente una “recuperación abyecta”. Luego convocó a un “bloqueo general” de Francia desde el 5 de febrero. Drouet es el principal adversario de todo contacto con las normas de la democracia representativa. En su pagina Facebook realizó un sondeo de opinión: de los 19 mil votantes, el 98% se opuso a que exista una lista “chalecos amarillos” en la consulta europea. La mujer, de profesión enfermera y hasta hace unas semanas extremadamente popular, puede pagar esa oposición masiva en las urnas. No es la única que ha sido puesta en la picota. Todos los demás chalecos que coquetearon con un sistema al que la mayoría repudia fueron expulsados o aislados de forma masiva. Esa es la posición contraria que defiende la futura candidata. Según explica, se “trata de ir a Bruselas para que las demandas ciudadanas sean escuchadas”.


El Ejecutivo, gracias al debate nacional, ha recuperado en los últimos 10 días un poco de popularidad. Pero basta con caminar un rato con los chalecos amarillos o acercarse a las muchas rotondas que aún ocupan para sentir una ceniza espesa, algo que no se traga, una suerte de desesperanza a la que ninguna de las tantas artimañas de la comunicación política logra, por ahora, apaciguar.
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Sábado, 10 Noviembre 2018 08:01

Sí podemos erradicar la malnutrición

Sí podemos erradicar la malnutrición

Casi la mitad de la población de América Latina y el Caribe sufre una o más formas de malnutrición: 39 millones de personas viven con hambre, 5 millones de niños con retraso de crecimiento, 38 millones de mujeres en edad fértil padecen anemia, 151 millones tienen sobrepeso y 105 millones obesidad.


En casi todos los países de la región no hay ninguna razón material que permita justificar esta lamentable situación. Nuestros 294 millones de malnutridos son víctimas de un sistema alimentario que está roto y que incumple su misión elemental de brindar una alimentación que nos permita desarrollarnos y vivir plenamente, y que afecta especialmente a los sectores más pobres, a las mujeres, a los indígenas, a los afrodescendientes y a la población rural. Lo podemos arreglar si creamos políticas e instituciones para re-gobernar los sistemas alimentarios.


Para lograrlo, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), proponemos un conjunto de ocho medidas claves.


Debemos aumentar la disponibilidad de alimentos saludables: tenemos 19 naciones en la región que son deficitarias en frutas y verduras, y el consumo de pescado regional es la mitad del promedio mundial.
También debemos reducir el contenido de sal, azúcar y grasas de los alimentos procesados. ¿Por qué podemos prohibir el plomo en las gasolinas y en los juguetes de los niños, pero no podemos hacer lo mismo con las cantidades de sal, azúcar y grasas que superan estándares que hoy la ciencia ha determinado que causan diabetes, hipertensión, cánceres y muertes?


Desincentivar el comercio de alimentos que contengan nutrientes dañinos a la salud también es una medida fundamental. La Organización Mundial de Comercio ha reconocido que, bajo los acuerdos adoptados por sus países miembros, estos pueden adoptar medidas para proteger la salud pública.


Promover la alimentación saludable en los niños es urgente, ya que cada año aumenta la malnutrición infantil. Actualmente, 5 millones de niños y niñas sufren desnutrición crónica y 4 millones viven con sobrepeso y obesidad. El rediseño de los programas de alimentación escolar y prescolar, la prohibición de comida chatarra en las instituciones educativas y la regulación de la publicidad infantil en alimentos no saludables son tres vehículos para detener esta tendencia.


Hacer efectivo el derecho del consumidor a estar informado sobre el contenido de los alimentos requiere la adopción de etiquetados sencillos y claros, que no necesiten ningún cálculo matemático y que sean comprensibles por todos los grupos de consumidores.


Otra forma de combatir la malnutrición es fortaleciendo y orientando los sistemas de protección social para que la población en condición de pobreza o vulnerabilidad pueda acceder al consumo de alimentos saludables, los que son –paradójicamente– bastante más caros que la comida chatarra. No puede ser que una gran parte de la población no tenga capacidad económica para hacer efectivo su derecho a una alimentación nutritiva y que comer bien sea el privilegio de unos pocos.


Para financiar estas transformaciones del sistema alimentario (cuyo costo no es trivial), es necesario movilizar la inversión privada y los capitales disponibles en los mercados financieros, porque los presupuestos públicos no serán suficientes.


Por último, requerimos una nueva gobernanza de los sistemas alimentarios ya que, sin la decisión política traducida en leyes, regulaciones, programas y presupuestos, no hay posibilidad alguna de transformarlos. Esa voluntad política se construirá de forma más rápida y sólida si la sociedad civil organizada presiona en esa dirección.


Hay que asegurar un relacionamiento virtuoso con el sector privado, pues son –en buena medida– quienes van a producir, comerciar, procesar, transportar, distribuir y vender los alimentos.


Para ello se requiere gestionar los conflictos de interés y códigos de conductas que ayuden a construir confianzas y espacios transparentes en la consolidación de políticas públicas.


Implementando estas medidas, empezaremos a avanzar de forma decidida hacia un futuro sin malnutrición, un futuro donde todos podamos acceder a alimentos sanos, producidos por un sistema alimentario que no sólo nos llene el estómago, sino que nos nutra.

Por JULIO A. BERDEGUÉ, Representante regional de la FAO

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Viernes, 09 Noviembre 2018 05:39

América latina, desigual y subalimentada

América latina, desigual y subalimentada

Argentina es uno de los tres países de América Latina y el Caribe, junto a Bolivia y Venezuela, donde desde 2014 ha aumentado el número de personas subalimentadas, dijo el informe “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018” difundido esta semana y elaborado por distintos organismos de Naciones Unidas, entre ellos FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenración), OPS (Organización Panamericana de la Salud), UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) y PMA (Programa Mundial de Alimentos). Por “personas subalimentadas” se entiende aquellas que no cuentan con alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades y llevar una vida sana.

Según el informe, el hambre afecta a 39,3 millones de latinoamericanos, el 6,1% de la población. Pero entre 2015 y 2016 el número de personas subalimentadas creció en 200.000 personas y entre 2016 y 2017 en 400.000 personas. Entre ellos hay 5 millones de niños que padecen desnutrición. Si se habla de pobreza extrema –que se determina a partir del costo de la canasta básica de alimentos y quien no puede pagar ese costo es considerado pobre extremo–.en América Latina hay 62 millones de personas en esa condición.
Las desigualdades económicas “agravan el hambre, la desnutrición y la obesidad en América Latina y el Caribe”, subrayó el texto.


Respecto de la Argentina las cifras publicadas indicaron que en 2014-2016 sufrían inseguridad alimentaria en el país 1,6 millones de personas (el 3,6% de la población) mientras que en 2017 esa cifra aumentó a 1,7 millones de personas (el 3,8% de la población). También Bolivia aumentó el número de subalimentados pasando de 2,1 millones (19,6% de la población) a 2,2 millones (19,8%).


Los casos más graves de la región, sin embargo, son considerados Haití, con 5 millones de subalimentados (el 45,8% de la población) y Venezuela, donde hay 3,7 millones de subalimentados que representan el 11,7% de la población.


El informe no sólo abordó el tema tradicional del hambre y la desnutrición sino también problemas como la obesidad que es una enfermedad creciente en toda la región, sobre todo entre mujeres y niños. “Cada año se suman 3,6 millones de personas obesas en la región”, especificó el informe, aclarando que “el hambre, la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad afectan más que nada a las personas de menores ingresos, a las mujeres, a los indígenas, a los afrodescendientes y a las familias rurales de América Latina y el Caribe”.


La obesidad se ha convertido en la mayor amenaza nutricional para América Latina y el Caribe. Uno de cada cuatro adultos es obeso mientras el sobrepeso afecta a 3,9 millones de niños menores de 5 años.


Pero estos problemas tienen a su vez que ver marcadamente con la edad y con el sexo además del nivel socioeconómico al que se pertenezca. “En diez países de América Latina y el Caribe, el 20 por ciento de los niños y niñas más pobres sufren tres veces más la desnutrición crónica que el 20 por ciento más rico”, dijo el informe. Y respecto de las diferencias de sexo aclaró que “el 8,4 por ciento de las mujeres viven en inseguridad alimentaria severa, en comparación con el 6,9 por ciento de los hombres”. Se trata de 19 millones de mujeres contra 15 millones de hombres. Para las mujeres esto significa que a menudo se ven afectadas, entre otras cosas, por anemia (falta de hierro) y por todos los problemas que esto significa para ella y el bebé si además están embarazadas. La desnutrición crónica infantil, pero no sólo eso, es mayor además entre las poblaciones indígenas y campesinas, precisó el documento.


El hambre, la subalimentación, la desnutrición, el retraso en el crecimiento, la obesidad, no tienen como única explicación la falta de dinero de parte de las familias. Sin duda, la pobreza, las crisis económicas, los conflictos, la desocupación, no ayudan a las familias a mantener el mínimo ingreso y el mínimo de alimentos. Pero a eso hay que agregarle otros factores como los desastres naturales que afectan a América Latina, como huracanes, terremotos, tormentas furiosas, sequías entre otros. Esos fenómenos alteran la economía, la producción agrícola, la vida de las personas y son en parte la explicación de los miles de migrantes que en estos días están caminado desde América Central por México y hacia Estados Unidos.
También intervienen en la subalimentación o mala alimentación los problemas políticos internos, las disputas entre los ricos productores y distribuidores y los gobiernos, como es el caso de Venezuela, donde escasean los alimentos.


Influyen asimismo los procesos de urbanización en los distintos países, a menudo no planificados suficientemente, que suponen el desplazamientos de las personas y de las familias, que producen cambios importantes dentro del grupo familiar, sobre todo si ambos padres trabajan. El excesivo tiempo ocupado de los padres lleva a menudo a una mala selección de los alimentos, prefiriendo los alimentos ya procesados, porque son más cómodos, a veces hasta más baratos, pero que contienen un alto nivel de grasas y de agregados malos para la salud. Y los niños y adultos, influenciados por otra parte por la propaganda de ciertas marcas que se difunden por televisión o en Internet, no aprenden a hacer una correcta selección de los alimentos y favorecen la obesidad y las enfermedades.


Según el documento, los niños tendrán “un estado nutricional óptimo si pueden acceder a una alimentación variada y nutritiva, a prácticas adecuadas de atención materno infantil, a servicios de salud y a un entorno saludable que incluya agua potable y buenas prácticas de higiene”. Por eso los cuatro organismos que elaboraron el documento, FAO, OPS, UNICEF y PMA, “llaman a los países a aplicar políticas públicas que combatan la desigualdad y promuevan sistemas alimentarios saludables y sostenibles”.

 

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Detienen la caravana migrante o cesará la ayuda, amenaza Trump

El presidente estadunidense, Donald Trump, amplió anoche a Guatemala y El Salvador la amenaza formulada horas antes a Honduras, al advertir que congelará la ayuda económica si esos países permiten el tránsito de una caravana de migrantes en ruta hacia Estados Unidos

"Hemos informado a Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten que sus ciudadanos viajen a través de sus fronteras hacia Estados Unidos con la intención de entrar ilegalmente a nuestro país, todos los pagos les serán detenidos", tuiteó.

"¡Cualquiera que entre a Estados Unidos ilegalmente será arrestado y detenido, y será repatriado a su país!", remató en un segundo mensaje.

La amenaza se produjo seis meses después de que Trump desplegó la Guardia Nacional en la frontera con México de cara al Viacrucis Migrante, cuando más de mil centroamericanos marcharon hacia Estados Unidos. Entonces, el magnate advirtió que la asistencia a Centroamérica estaría "en juego" si los migrantes no detenían su marcha hacia Estados Unidos.

Por la mañana, Trump escribió en Twitter: "Estados Unidos ha informado con firmeza al presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández) que si la gran caravana de personas que se dirige a Estados Unidos no es frenada y llevada de vuelta, no se dará más dinero o ayuda, ¡con efecto inmediato!"

La llamada Caminata Migrante, integrada ahora por entre mil 500 a 4 mil niños, mujeres y hombres, según reportes de la prensa guatemalteca, partió el sábado pasado de la hondureña localidad de San Pedro Sula, 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, con rumbo hacia la frontera con Guatemala para después pasar por México y finalizar en Estados Unidos, donde solicitarán asilo político, una ruta de 2 mil kilómetros plagada de obstáculos y peligros.

La caravana llegó ayer a la fronteriza ciudad guatemalteca de Esquipulas. Antes de ingresar, un contingente de policías les cerró el paso, pero horas después los migrantes lograron llegar a un refugio, reportó la prensa local.

Cientos de hombres, mujeres y niños, con bolsos y maletas caminaban ayer por una carretera en Guatemala, a unos 90 kilómetros de la frontera con Honduras, donde según algunos medios locales las autoridades trataban de contener otro grupo masivo de personas que buscan integrarse a la caravana.

Las autoridades de Guatemala anunciaron que prohibirían el ingreso de los migrantes hondureños si no cumplían con los requisitos legales para entrar en el país.

Tras la amenaza de Trump, el organizador de la caravana el ex diputado de izquierda Bartolo Fuentes, fue detenido en Guatemala. El Ministerio de Seguridad hondureño dijo que el activista fue arrestado por la policía guatemalteca porque “no cumplió con las normas de inmigración“ del vecino país y será deportado. Al cierre de esta edición, Fuentes intentaba cumplir los requisitos migratorios en Guatemala.

La cancillería de Honduras hizo un llamado después "a los hondureños a desistir de la intención y no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, de prostitución y narcotráfico".

Añadió que esta "movilización irregular" sólo buscaría "alterar la gobernabilidad, estabilidad y la paz de Honduras y Estados Unidos", y que la caravana habría sido organizada "por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en Estados Unidos".

En una llamada telefónica con Hernández, el vicepresidente, Mike Pence, condenó la "flagrante falta de consideración" de Honduras a la soberanía estadunidense, informó el diario guatemalteco Prensa Libre en su portal.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Katie Waldman, dijo que las noticias de la caravana son el resultado de los vacíos legales. "Como lo hemos dicho y repetido, hasta que el Congreso actúe, vamos a seguir teniendo fronteras abiertas de facto que garantizan futuras 'caravanas' y cifras récord de familias que entran ilegalmente a nuestro país", afirmó.

Amnistía Internacional calificó de "xenófoba y racista" la amenaza de suspensión de ayuda a Honduras lanzada por Trump y pidió a México ofrecer asilo a los hondureños que integran la caravana.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió "respeto a los derechos y la seguridad de los integrantes de la caravana, así como investigar el posible involucramiento de traficantes de personas".

 

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Crece el encono contra el gobierno de Nicaragua

Managua

Con plantones en distintos puntos de esta capital y un bloqueo intermitente en la carretera a Masaya, este martes continuaron las movilizaciones contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Las autoridades aseguraron que decenas de jóvenes detenidos durante las protestas iniciadas hace casi una semana ya fueron liberados, y levantaron la censura contra el canal de cable 100% Noticias, en un intento de contener la peor crisis en sus más de 11 años de mandato, que deja ya 27 muertos.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) aceptó mediar y ser testigo en el diálogo convocado por el gobierno de Ortega. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la CEN, señaló que los obispos católicos desean "facilitar el clima de diálogo" e invitó al gobierno y a la sociedad civil a evitar "todo acto de violencia, de irrespeto a la propiedad pública y privada, y pidió absoluto respeto a la vida humana".

De su lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Estados Unidos condenaron, por separado, las muertes en el país centroamericano y solicitaron investigaciones independientes.

En el séptimo día de protestas contra el gobierno, grupos sociales instalaron un plantón en la zona capitalina de Camino de Oriente, mientras otros manifestantes se concentraron afuera de la Catedral y reiteraron su exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, abandonen el gobierno.

En la carretera hacia Masaya hubo bloqueos en los que los inconformes leyeron los nombres de los fallecidos en las protestas iniciadas el pasado miércoles 18.

Los estudiantes siguen atrincherados en la Universidad Politécnica, epicentro de las protestas, y aseguraron que van a continuar su lucha hasta que se haga justicia para los fallecidos. Pidieron libertad para los detenidos en las manifestaciones, que se explique dónde están los jóvenes que han desaparecido, la renuncia de Ortega y Murillo, y que cese la represión contra quienes protestan, informó el diario local La Prensa en su página web.

De acuerdo con carteles divulgados en las redes sociales, la noche de este martes fue convocada una caminata en la zona universitaria "en honor a nuestros compañeros caídos y heridos por su patria", pero al cierre de esta edición no había reportes.

Horas antes, aunque la policía y Murillo aseguraron que ya fueron liberados todos los detenidos, sin precisar un número, el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, dijo que más de 200 personas personas permanecían arrestadas en Managua y 60 están desaparecidas.

La Prensa señaló que en León (occidente) la policía tiene más de 100 detenidos. El rotativo también reportó el bloqueo de la señal de wifi en todos los parques de esta capital.

La televisión local entrevistó a algunos jóvenes excarcelados que dijeron haber sido abandonados por la policía en las carreteras, descalzos, con el cabello rapado y despojados de sus pertenencias.

Medios de prensa refirieron la muerte de dos varones desaparecidos y cuyos restos fueron llevados al Instituto de Medicina Legal en Managua.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cendih) exigió al gobierno confirmar la puesta en libertad de al menos 48 jóvenes detenidos en las protestas de la semana pasada.

El conflicto estalló el martes pasado con el anuncio de una polémica reforma al Seguro Social que aumentaba las cuotas de unos 700 mil empleados del sector formal y empresarios, y que finalmente fue derogada por Ortega el domingo.

El mandatario nicaragüense aceptó convocar un diálogo con el sector privado y representantes de la Iglesia católica, aunque aún no dio a conocer la fecha de la cita.

 

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600.000 muertes infantiles alejan a EE UU del primer mundo

En las últimas cuatro décadas, alrededor de 600.000 menores y adolescentes han muerto en Estados Unidos por alguna razón que el resto de países desarrollados ha logrado evitar. Desde los años sesenta, la mortalidad infantil se ha desplomado en todos los países ricos. También en EEUU. Pero algo pasó en ese país una década más tarde. Algo que descolgó a sus hijas e hijos de los estándares de seguridad y bienestar que se asentaban en el resto del mundo rico.


En los años setenta las cifras de mortalidad infantil en EEUU se torcieron: miles de niñas y niños estadounidenses morían o dejaban de salvarse mientras las estadísticas seguían mejorando a buen ritmo en el resto del denominado primer mundo. Y la cosa solo había empezado a empeorar...


El mayor gasto con peor resultado

EEUU suele mostrar peores indicadores de salud infantil que casi cualquier otro país desarrollado con el que se compare. En 2013, el Centro de Estudios de UNICEF, en Florencia, publicó un demoledor análisis del bienestar infantil en países desarrollados: se examinaron diferentes parámetros, desde los índices de obesidad, hasta el desempeño educativo pasando por la seguridad habitacional o la exposición a factores de riesgo como la violencia. EE UU quedó en el puesto 26º de 29.
Los estudios comparativos cosechan datos similares una y otra vez: mayor mortalidad infantil, menor esperanza de vida al nacer, peores índices de heridas y lesiones, más obesidad, más riesgo de infección por VIH, más embarazos adolescentes… Y todo, en el país que, paradójicamente, más gasta per cápita en sanidad infantil —2.660 dólares en 2014—.


El país rico más peligroso para nacer

¿Cuándo y cómo se descolgó EEUU del pelotón de países enriquecidos? ¿Y cuál es el saldo macabro de este frenazo? Alexandra D. Forrest es coautora de un reciente estudio publicado en la revista Health Affairs en el que han revisado y comparado las tasas de mortalidad infantil por diferentes causas en los países de la OCDE durante el último medio siglo.


Desde la facultad de Medicina de la Universidad de Drexel, en Filadelfia, Pensilvania, Forrest ha hablado con El Salto: “A pesar del mayor gasto en salud infantil, creemos que las persistentes tasas de pobreza, los pobres logros educativos y la frágil red de seguridad social han convertido a EEUU en la más peligrosa de las naciones ricas para nacer”.


En otras ocasiones ya se había constatado la lentitud de los avances estadounidenses en mortalidad infantil frente a otros países, pero siempre se habían examinado grupos de edad muy concretos. Esta es la primera vez que se cuantifican y comparan todas las muertes de menores en EE UU frente a las de economías análogas.
Bebés con un 76% más de riesgo de morir

Entre 1961 y 2010 las tasas de mortalidad infantil se redujeron en todo el mundo, también en EEUU: el planeta se volcó en el combate contra las enfermedades infecciosas y millones de vidas se salvaron. Sin embargo la reducción no fue homogénea, sino que algunos países, como España, mejoraron rápidamente, mientras que otros, como EEUU, arrastraban los pies.


En los años setenta, las criaturas estadounidenses de entre uno y 19 años de edad empezaron a alimentar con sus muertes unas estadísticas significativamente peores que las del resto de la OCDE. En la década siguiente, las cifras empeoraron también para bebés de menos de un año. Entre los años 90 y los dos mil, EEUU lo hizo peor que todos los demás: a comienzos del siglo XXI, si tenías tenías entre 1 y 19 años en EEUU, tu riesgo de morir era un 57% mayor que el de el resto de menores en países ricos; y si tenías menos de un año, la cosa empeoraba: un 76% más de riesgo de morir que el de cualquier bebé de la OCDE.


Perder 20.000 vidas infantiles al año

Al final, la brecha se había ensanchado hasta tragarse 600.000 vidas jóvenes que podrían haberse salvado si las condiciones de vida en EEUU hubiesen mejorado al mismo ritmo que las del resto de sus pares. Unas 20.000 vidas al año para el cambio de siglo. La peor parte fue para el grupo de adolescentes de entre 15 y 19 años: 250.000 víctimas.


Cuando el equipo científico de Forrest desmenuzó las cifras por diferentes causas de la muerte, encontró que EEUU obtenía las peores puntuaciones en todos los epígrafes, no había ni una sola categoría en la que EEUU hubiese tenido mejores resultados que el resto de la OCDE. Pero en dos apartados, el retraso estadounidense fue especialmente amargo.


Pobreza letal alrededor del parto

Por un lado, las complicaciones perinatales —inmadurez, lesiones durante el parto, asfixia o atelectasia (obstrucción respiratoria) después del parto, enfermedad hemolítica (destrucción acelerada de glóbulos rojos), trastornos de la madre que afectaron a feto o bebé y malnutrición fetal—.


Hace cinco años, el Instituto de Medicina, una de las cuatro Academias Nacionales de EEUU, publicó un informe comparativo sobre la salud de su población. El título lo decía todo: Vidas más cortas, salud más pobre. Aquel análisis identificaba las carencias que más dañaban la salud usamericana: “condiciones socioeconómicas adversas, hábitos poco saludables y un sistema sanitario fragmentado, todo ello en el contexto de una débil red de seguridad social que falla a la hora de amortiguar el impacto de estas circunstancias en la salud de la población más vulnerable”.


Los datos del estudio en el que ha participado Forrest parecen respaldar esa correlación: las tasas de mortalidad infantil comenzaron a empeorar cuando la pobreza infantil relativa empezó a extenderse en EEUU, entre los años 70 y 80. Una lacra, la de la pobreza infantil y maternoinfantil, que se muestra insistentemente letal para la salud: los nacimientos prematuros y las cifras de bajo peso al nacer se adhieren como rémoras a los partos de las mujeres pobres estudio tras estudio.


El país de los coches y las armas

Junto al pésimo desempeño de EEUU en salud neonatal, el otro gran borrón son las heridas y lesiones; una categoría letal que acusa a dos iconos centrales de la simbología estadounidense: los coches y las armas.


EEUU no logra acercarse al éxito relativo del resto de la OCDE en la prevención de muertes causadas por accidentes de tráfico. También aquí EEUU ha mejorado, pero a un ritmo mucho más lento que el de sociedades semejantes. Los informes de la propia OCDE sobre seguridad vial señalan que durante la primera década del siglo XX, EEUU redujo un 23% la cifra de fallecimientos en carretera, mientras que el resto de sociedades consiguió reducciones que iban desde el 26 al 64 por ciento.


Las 1.300 muertes por herida de bala

Las vidas de menores en EEUU todavía deben superar un peligro más antes de llegar a la edad adulta. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron el año pasado, en la revista Pediatrics, uno de los más detallados recuentos de lesiones y muertes causadas por armas de fuego en personas de 0 a 17 años. Entre accidentes, homicidios y suicidios, cada año mueren 1.300 menores por arma de fuego en EEUU y 5.790 sufren heridas. Más o menos, 82 veces más que en el resto de la OCDE. Entre niños varones negros no hispanos, las armas de fuego son la primera causa de muerte.

¿Influye el color del Gobierno?

¿Qué pasó en aquellas décadas? ¿Qué estaba cambiando? Entre las hipótesis, el artículo sugiere que un posible detonante fue la implantación de formas de gobierno más abiertamente desreguladoras. Desde 1969 a 1993, EEUU tuvo 30 años de presidentes republicanos —Nixon, Ford, Reagan y Bush padre— y solo un mandato demócrata, el de Jimmy Carter. ¿Puede un régimen político influir en la mortalidad infantil? ¿Hay diferencia entre nacer en un país de tradición socialdemócrata o en un estado de corte neoliberal?


Encontrar una relación causal entre un sistema político y una tendencia epidemiológica no es fácil. Sin embargo, algunas investigaciones han buscado correlaciones y han detectado que la forma de gobierno de un Estado puede explicar el 20 por ciento de las disparidades en mortalidad infantil de unos países frente a otros.También parece que podría explicar el 10 por ciento de las tasas de bajo peso al nacer e, incluso, el 47% de la variación en la esperanza de vida.


Trump, contra lo poco que hay

No en vano, Forrest advierte frente a los intentos del actual presidente de laminar algunos programas sociales para la infancia: “La administración Trump acaba de intentar desfinanciar el Programa de Seguro de Salud Infantil, que da cobertura a siete millones de criaturas, y el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria —cupones canjeables por alimentos— que dirige tres cuartas partes de sus beneficios a hogares con presencia infantil”. Los problemas de Trump para conseguir apoyos, incluso entre sus correligionarios, para acometer estos recortes han frenado el golpe, por ahora. “El Congreso ha asegurado que estos programas no serían desfinanciados en los presupuestos actuales, sin embargo, la administración ha dejado claro que no los valora: esto supone una amenaza a la ya endeble red social de seguridad para la población infantil más vulnerable de EEUU”.

Raúl F. Millares
El Salto

 

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Uber y Lyft conducen a los choferes a la pobreza y la desesperanza

El lunes pasado por la mañana, un taxista y conductor de limusinas profesional de la ciudad de Nueva York llamado Douglas Schifter hizo un último viaje al área del Bajo Manhattan. Varias horas antes había publicado en Facebook una acusación contra las autoridades políticas por permitir que empresas de servicios de transporte en línea como Uber y Lyft desmantelen la industria del taxi de la ciudad y dejen sumidos en la pobreza a miles de conductores de taxi, entre ellos él mismo. Estacionado frente al edificio del Ayuntamiento en un sedán negro alquilado se suicidó de un disparo en la cabeza.


Schifter escribió en su publicación de Facebook: “Debido a la gran cantidad de coches disponibles, con conductores desesperados por intentar llevar el pan a sus hogares, [las empresas] reducen las tarifas a un nivel inferior a los costos operativos y los profesionales como yo nos quedamos fuera del negocio. [Las empresas] cuentan su dinero y nosotros quedamos tirados en las calles por las que antes conducíamos, sin hogar y con hambre. No trabajaré como un esclavo por unas monedas. Prefiero estar muerto”.


La mayoría de las principales ciudades tienen un servicio de taxi regulado desde hace mucho tiempo, lo que limita el número de taxis con licencia y exige un estricto cumplimiento de las normas de seguridad y de cobertura de seguros. Uber y Lyft, las principales plataformas de servicio de transporte en línea o “empresas de redes de transporte”, han logrado eludir esas leyes y multiplicar la cantidad de coches en las calles.


Bhairavi Desai, directora ejecutiva de la Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York, un sindicato sin fines de lucro con más de 19.000 miembros, declaró en una entrevista para Democracy Now!: “Antes solía haber solo unos 13.000 taxis amarillos y otros 40.000 de otras compañías y coches negros, en total. Ahora hay más de 130.000. Nadie puede ganarse la vida así”.


Un nuevo informe elaborado en conjunto por el Proyecto de Ley Nacional de Empleo ( NELP , por sus siglas en ingés) y la Asociación para Familias Trabajadoras, titulado “Interferencia estatal por parte de Uber: cómo las empresas de redes de transporte compran, intimidan y engañan para lograr su desregulación”, señala: “Las [empresas de redes de transporte], principalmente Uber y Lyft, convencieron a legisladores de la gran mayoría de los estados a anular y pasar por encima de las regulaciones locales y despojar a los choferes de sus derechos. La velocidad y la efectividad del uso de esta estrategia por parte de la industria, conocida como interferencia (o apropiación) estatal, no tiene precedentes”, indica el informe. El estudio también compara las tácticas de lobby utilizadas por Uber y Lyft con las de los grupos de presión de la industria del tabaco y las armas de fuego, e identifica 41 estados donde este cabildeo agresivo ha reducido o eliminado los derechos de las ciudades para regular las empresas de servicios de transporte en línea.


Nuevamente, estas son palabras de la portavoz de la Alianza de Trabajadores del Taxi, Bhairave Desai: “Es una carrera hacia el abismo. En 2016, Uber y Lyft gastaron en lobby más que Amazon, Walmart y Microsoft juntos. Recurren a su poder político para lograr la aprobación de leyes de desregulación de los servicios de transporte. La mayoría de sus lobbystas, por cierto, provienen del Partido Demócrata. Muchos de ellos pasaron directamente desde la Casa Blanca de [Barack] Obama a trabajar para Uber”.


La muerte de Douglas Schifter fue precedida por otro suicidio, unas semanas antes. Danilo Corporan Castillo se precipitó a su muerte desde lo alto de un edificio el 20 de diciembre, tras una audiencia ante la Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York ( TLC , por su sigla en inglés), en la que lo amenazaron con revocarle la licencia de conductor. Corporan Castillo escribió su nota de suicidio al dorso de la citación de la TLC .


En abril del año pasado, Bhairavi Desai testificó ante la TLC (acrónimo extraño para una comisión conocida por no brindarles a los taxistas de la ciudad una “atención amable”, sino, más bien, por imponer drásticas multas por incontables infracciones menores). Desai declaró:


“En mis 21 años de activismo en esta industria, jamás había visto personas en tal crisis: las bancarrotas, las ejecuciones hipotecarias, los avisos de desalojo. Ahora recibo llamadas telefónicas con pedidos de información sobre servicios para personas sin hogar, gente que quiere saber sobre líneas directas de prevención del suicidio. Hay un nivel de crisis muy arraigado entre los conductores de taxis. Debo decirles desde el fondo de mi corazón que, como defensora, algunos días simplemente no sé qué hacer. Esta es una crisis humana grave debido a la plaga financiera que existe en esta industria desde hace tres años. Esto me lleva a preocuparme seriamente por cómo será el futuro de las personas y, sin duda, por el nivel de crisis al que se enfrentan hoy en su vida cotidiana. Es una violenta carrera hacia el abismo. Para matar de hambre al taxista, Uber mata de hambre al chofer de Uber. Ese es el núcleo de la cuestión. Reducen las tarifas, lo que deja a los conductores en una pobreza abrumadora. Y lo hacen para poder reducir las tarifas de los otros sectores. Ningún chofer puede ganar en esta carrera hacia el abismo”.


La dirigente de la Alianza de Trabajadores del Taxi Bhairavi Desai lucha por fijar un límite en la cantidad de taxis y otros servicios de transporte privado, el uso de taxímetros en los diversos servicios de automóviles para garantizar un salario digno para los conductores y acceso a beneficios, principalmente atención médica para los conductores. Además, el Proyecto de Ley Nacional de Empleo y la Asociación para Familias Trabajadoras afirman que las legislaturas estatales deben dejar de hacer lo que exigen las empresas Uber y Lyft.


Douglas Schifter expresó en su publicación final en Facebook: “El propósito de la vida es aprender, enseñar y amar”. Además de conducir taxis durante cuatro décadas, fue un prolífico columnista de la revista especializada en limusinas Black Car News. Schifter escribió: “No sé de qué otra forma tratar de marcar la diferencia si no es con una exhibición pública de un asunto muy privado. Espero que, con el sacrificio público que hago ahora, se preste algo de atención a la difícil situación de los conductores, que la gente quiera salvarlos y que esto no haya sido en vano”.


Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Jueves, 05 Octubre 2017 07:34

Falacias de las reformas laborales

Ghilarducci: “Cada diez años los políticos dicen ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’”.

 

Entrevista a la economista Teresa Ghilarducci, especialista en temas laborales y seguridad social

 

La economista y experta en temas del trabajo advirtió que las reformas laborales “nada tienen que ver con las nuevas tecnologías”, en general no van acompañadas de mejora en la productividad y sólo son una excusa para bajar costos laborales.

 

“Cada diez años, los políticos aseguran que ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’. Ahora, la idea es que las computadoras van a pasar a reemplazar todo trabajo humano. En mi opinión, no hay nada nuevo en la economía, se trata de una estrategia de los empleadores para reducir el costo del trabajo. Esto no tiene nada que ver con la productividad. Es más, reducir salarios suele hacer perder productividad”. El análisis pertenece a Teresa Ghilarducci, economista norteamericana consultada por PáginaI12, especializada en el mundo del trabajo y experta en seguridad social. Ghilarducci es profesora de la New School for Social Research de Nueva York y directora del Schwartz Center for Economic Policy Analysis y del New School’s Retirement Equity Lab (ReLab). Si bien su objeto de estudio no se centra en la Argentina, las discusiones locales alrededor de la reforma laboral y previsional se enmarcan en una corriente global de la cual Ghilarducci es una de las principales críticas.

 

–Brasil sancionó una reforma laboral que avanza hacia la flexibilización y la reducción del poder de negociación de los sindicatos. En la Argentina esa discusión toma cada vez más relevancia, anclada en el cambio tecnológico y la necesidad de mejorar la competitividad. ¿Cuál es su postura en relación a este tema?

En primer lugar, las reformas laborales no tienen nada que ver con la absorción de las nuevas tecnologías. La tecnología está vinculada al trabajo formal y a la educación de los trabajadores. Es más, cada diez años los políticos dicen que ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’. Ahora, la idea a nivel global es que las computadoras pueden reemplazar el trabajo humano y que los trabajadores deben poder proveer servicios de manera individual, que ahora cada uno va a ser su propio empleador. Está el ejemplo de Uber u otros empleos que el consumidor puede conseguir a través de las aplicaciones del celular. Por ejemplo, en Estados Unidos está bastante difundida una aplicación con la cual se puede requerir el trabajo manual de alguien, para una mudanza o algún arreglo. Sin embargo, pienso que a nivel general la tecnología no modifica las bases de la relación de trabajo formal y estable.

 

–También se plantea el tema por el lado de la competitividad.

–Está comprobado que la baja de los salarios –que surge como efecto de la reducción del poder de negociación colectiva– no implica una mejora en la productividad. En cambio, puede empeorar la productividad. El trabajo barato hace que los empresarios se vuelvan “gordos y borrachos” –según la expresión en inglés– y no tengan incentivos a invertir en capital. En cambio, la suba de salarios es el mejor modo de aumentar la productividad.

 

–¿La competencia china modifica esa descripción en algún modo?

–No. De hecho, China está cambiando rápidamente su estrategia de crecimiento en función de la producción de bienes baratos. Está desarrollando un sistema cada vez más sofisticado, los salarios aumentan y los trabajadores están más entrenados. La contracara es Sudáfrica, una economía basada en la extracción de recursos naturales que no cuenta con un sistema de industrialización y sólo puede emplear trabajo barato. Sudáfrica sufre por tener bajos salarios y no tener fábricas para procesar los recursos minerales y del sector agropecuario.

 

–Otro punto que a corto o mediano plazo el gobierno nacional planea rediscutir es el sistema previsional, que también suele ser motivo de debate entre los economistas en todo el mundo.

–En los 90, la esperanza era que la privatización de los sistemas de seguridad social traería una serie de beneficios porque los trabajadores tendrían incentivos a trabajar más y más duro. Además, mejorarían las finanzas públicas porque los viejos dejarían de cobrar el haber pagado por el Estado sino que recibirían su propio aporte. Argentina estuvo a la cabeza de aquellas reformas, que también alcanzaron a países europeos. Pero los fondos de pensiones ingresaron al mundo de la financiarización, que colapsó en 2009, lo que redujo sustancialmente el valor de esos activos.

 

–¿Cuáles son los resultados del modelo previsional privado en términos de distribución del ingreso en los Estados Unidos?

–El resultado es que los trabajadores deben enfrentar la pobreza en sus últimos días. Esto afecta especialmente a las mujeres, porque tienen menor cantidad de años en el sector formal y también menores ingresos. El 90 por ciento de los norteamericanos no cuentan con los ahorros necesarios para subsistir una vez que termina su vida laboral. Como resultado, enfrentan la experiencia de la movilidad social descendente o tener que seguir trabajando. En otras palabras, los norteamericanos no cuentan con suficientes ahorros para encarar la jubilación. Se calcula que entre el 25 y el 30 por ciento de las familias directamente no tienen ahorros, lo que permite predecir una grave crisis previsional en el país. Bajo esta tendencia, 16 millones de jubilados vivirán en la pobreza en 2022.

 

–El tema previsional se instala por el lado del déficit fiscal.

–El hecho de que los individuos paguen por su pensión no tiene un impacto fiscal positivo. Porque si bien el Estado no lo hace directamente, lo termina haciendo indirectamente, porque el emprobrecimiento de los viejos es un costo fiscal negativo. Quiero decir, el costo de la pobreza es enorme. A la vez, si los viejos extienden su vida laboral se reduce la productividad general porque los jóvenes tendrán menos trabajo. O sea, la sociedad tiene que pagar por el costo de los que ya no trabajan. Poner en tela de juicio estos temas implica que los países olvidaron las experiencias del pasado. El sistema previsional es parte del territorio de histórica disputa entre clases sociales, como los fines de semana, la duración de la jornada laboral, la paga por enfermedad y las vacaciones.

 

 

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Parece exageración pero no lo es; parece irreal pero tampoco lo es. En la sociedad de mercado, todos los obreros y empleados –en algún grado significativo– nos prostituimos al vender servicios laborales materiales o intelectuales, pues tales labores exigen esfuerzo físico, concentración mental, algún importante componente sentimental y afectivo y, en especial, una buena dosis de obediencia. Al decir del economista institucionalista Ronald Coase, a uno le pagan no sólo por trabajar sino, en particular, por ser aquiescente con los patronos. Los trabajadores más obedientes y que suelen hacer los trabajos más indeseables, los cuales van en contravía de sus ideologías políticas y sus valores morales, se comportan tan servilmente como lo hacen los mercenarios.

 

Una mercancía cualquiera no escoge, más bien es elegida por algún caprichoso consumidor. Una prostituta tampoco elige a su cliente, más bien es un objeto del deseo y capricho del cliente que tenga suficiente poder adquisitivo. En contravía del equívoco y sospechosamente inocente aserto del economista ultra liberal Milton Friedman, en el sentido de que en el mercado tenemos libertad de elegir, la evidencia muestra más bien que nos formamos en habilidades, funciones, modales y competencias que son demandadas por los que, al comprar nuestros servicios laborales, nos remuneran para servirles.

 

En la perspectiva de (Nussbaum, 1999) la similitud del trabajo sexual con otras ocupaciones es la obediencia a quien paga el servicio y las diferencias residen en la calidad de la relación contractual y prestigio social de la profesión. Quienes hoy ejercen la prostitución están sometidas a la estigmatización y al ultraje.

 

Los límites de la legalización del viejo oficio

 

Mientras el prohibicionismo y el paternalismo buscan extinguir la prostitución, la perspectiva liberal busca legalizarlo y regularlo. Por cierto, algunas tendencias feministas son compatibles con el prohibicionismo, pues sus exponentes encuentran que la prostitución es una expresión del machismo y se presta para que las prostitutas sean instrumentalizadas.

 

En la expansiva sociedad de mercado del siglo XX la prostitución se reconoce como una actividad económica más y en opinión de economistas liberales como (Posner, 1994), debe regularse y ofrecerse garantías y seguridad social. Países como Dinamarca y Holanda adoptaron esta visión y se preocupan por el control sanitario y la formalización de esta actividad donde sus practicantes además gozan de protección social y contribuyen al sistema impositivo. No obstante, la igualdad ante la ley es una quimera en un mundo donde imperan desigualdades extremas entre países y al interior de estos. Como acertadamente lo arguyen (Holmes, S. and Sunstein, C., 2013), los derechos humanos son costosos y dependen tanto de los propios recursos del individuo como de la solidaridad y los tributos sociales, y suele suceder que los migrantes pobres y los marginales sean tratados como ciudadanía de quinta sin protección ante la ley. La marcada diferencia en las clases sociales afecta el mercado ocupacional en general y, en particular, el de la prostitución.

 

Una importante paradoja del liberalismo es que los derechos y garantías suelen hacerse efectivos sólo para quienes tienen suficientes recursos monetarios e influencia. La ley no puede borrar las enormes desigualdades sociales, políticas y económicas.

 

En Colombia, después de reforma constituyente de 1991, se han dado pasos importantes hacia la regulación de la prostitución. Con la sentencia T-629 de 2010 se subrayó que el ejercicio de tal oficio no es punible, y se propuso una serie de medidas para que quienes lo ejercen se empoderen a través del conocimiento de sus derechos y deberes. No obstante, entre los años 2004 y 2013 según el Instituto de Medicina Legal, 238 trabajadoras sexuales fueron asesinadas, entre quienes el 9 por ciento tenía entre 10 y 17 años. El año pasado, a raíz de una acción de tutela tramitada por varias trabajadoras sexuales que fueron violentadas por la fuerza pública, la Corte Constitucional falló a su favor y ordenó al Ministerio del Trabajo regular el trabajo sexual en el país.

 

En Colombia la desigualdad socioeconómica y la segregación espacial también se manifiestan en la ubicación de ciertos oficios, entre ellos el que nos ocupa. La Secretaria Distrital de la Mujer en Bogotá, durante los años 2013 y 2015 llevó a cabo un registro de quienes ejercen el trabajo sexual y halló que el 95 por ciento son mujeres (los otros casos son hombres e intersexuales), y que el 50 por ciento se inició en tal labor entre los 18 y 25 años, y el 25 por ciento entró en condiciones de explotación sexual. Es decir que este oficio es esencialmente de las mujeres jóvenes porque, en opinión de ellas, en estos rangos de edad el oficio es más rentable.

 

Las personas en ejercicio de la prostitución está mayormente concentrado en la localidad de Los Mártires con el 26% de las trabajadoras sexuales de Bogotá. De ellas hay un porcentaje elevado (77%) que se encuentran afiliadas al régimen subsidiado en salud. En esta localidad en comparación con las otras el oficio está más concentrado. Los Mártires ha sido catalogada como de alto impacto y con el Decreto 187 de 2002 se reglamentó el permiso para ejercer estas actividades al interior de su territorio. Aunque esta población goza de protección constitucional el 50 por ciento de los registrados declara haber enfrentado alguna violación de sus derechos. Falta aún más para que las y los trabajadoras/es sexuales emprendan acciones colectivas que presionen la generación de actos legislativos que dignifiquen el oficio más antiguo de la humanidad, el oficio que tiene el mérito de unir el alma con el cuerpo.

 

Mercados de la felicidad y construcción de convivialidad

 

El recientemente fallecido filósofo Zygmunt Bauman afirmó en una de sus últimas entrevistas que: “[...] sea cual sea tu rol en la sociedad actual, todas las ideas de felicidad siempre acaban en una tienda. El reverso de la moneda es que, al ir a las tiendas para comprar felicidad, nos olvidamos de otras formas de ser felices como trabajar juntos, meditar o estudiar” (Bauman, 2016). Tal reflexión resume muy bien las teorizaciones de autores como Marcel Mauss (Mauss, 1990) y (Graeber, Fragments of an Anarchist Anthropology, 2006) pues en el intercambio mercantil cada comprador busca exprimir la utilidad del bien o servicio que le ofrece el vendedor, y entre ellos no se construye una relación social de amistad, convivialidad o de afecto. Pero cuando se construyen relaciones humanas, en particular de amistad y de afecto, hay un intercambio mutuo y obligado de presentes, detalles y regalos.

 

La prostitución es uno de los servicios más codiciados en los mercados de la felicidad, y podría ser una labor en la que, literalmente, se una el cuerpo con el alma, dada la intimidad e intercambio de caricias, afectos y secretos que comparten clientes y trabajadoras sexuales.

 

En la antigua Grecia quienes se dedicaban a la prostitución eran mujeres libres, eruditas y prestantes en la sociedad. Después, con el cristianismo, se dio importancia al matrimonio con el fin de reducir prácticas como la masturbación, la prostitución, el incesto y la homosexualidad. Ya en la era victoriana se introdujo la preocupación por la moral y la salud pública.

 

Tanto en la práctica como en la teoría se ha planteado que las acciones de política pública deben traducirse en un incremento del bienestar de la población, incluso algunos hablan de incrementar la felicidad. Este tema es bien subjetivo, lo que puede hacer felices a uno no necesariamente se cumple con otros; para unos está asociado al tema de la riqueza material para otros la palabra se asocia al terreno emocional o espiritual. Aunque pueden existir muchas interpretaciones, una interesante para los hacedores de política pública es esta dada por Veenhoven: “La felicidad es un disfrute subjetivo de la vida como un todo, se puede alcanzar mayor felicidad para mayor número de personas por acción del gobierno”. Mientras cada vez más sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo toman el ingreso como medida de felicidad hay otras como Bután que en lugar de PIB (Producto Interno Bruto) hablan de FNB (Felicidad Nacional Bruta) donde aspectos muy importantes como la equidad, el buen gobierno, la conservación del medio ambiente o la conservación de tradiciones y de valores de su cultura, son fundamentales en su registro.

 

El Departamento Nacional de Planeación de Colombia realiza la Encuesta de Percepción Ciudadana; con base en 9.710 entrevistados de las seis regiones y de las áreas metropolitanas de Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá estableció para 2016 que la región centro-oriente (que incluye a Bogotá y a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander) es la segunda con mayor percepción de felicidad dentro del territorio nacional. Aunque esta zona se destaca por ser el principal polo de desarrollo del país, es importante resaltar que al interior de esta zona a las poblaciones segregadas necesitan las provean de condiciones de vida que incrementen su bienestar o su felicidad.

 

Bibliografía

Bauman, Z. (11 de November de 2016). El Mundo. Obtenido de elmundo.es/líderes: http://www.elmundo.es/papel/lideres/2016/11/07/58205c8ae5fdeaed768b45d0.html
Graeber, D. (2006). Fragments of an Anarchist Anthropology. Chicago: Prickly Paradigm Press.
Holmes, S. and Sunstein, C., (2013). The Cost of Rights: Why Liberty depends on Taxes . London: W. W. Norton & Company.
Mauss, M. (1990). The Gift: The form and reason for exchange in archaic societies. London: Routledge.
Nussbaum, M. (1999). Wheter from Reason or Prejudice. En M. Nussbaum, Sex and Social Justice (pp. 276-298). New York: Oxford University Press.
Posner, R. (1994). Sex & Reason. Boston: Harvard University Press.

Publicado enEdición Nº236
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