Y ahora, Colombia: estudiantes, sindicatos e indígenas se lanzan a un paro general contra las reformas económicas del Gobierno

El presiente colombiano ha criminalizado la protesta y ha dispuesto medidas de seguridad que incluyen el cierre de las fronteras

Los convocantes de la huelga rechazan las reformas laboral y de pensiones que quiere llevar a cabo el Gobierno

También reclaman la implementación del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC

María García Arenales 

20/11/2019 - 21:48h

Las protestas callejeras en América Latina no cesan. Primero fue el turno de Ecuador y después de Chile y Bolivia, que siguen siendo escenario de manifestaciones multitudinarias y una fuerte represión estatal, y este jueves se suma otro país más a las movilizaciones: Colombia.

Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, indígenas y partidos políticos opositores del país han sumado fuerzas para protestar contra las políticas económicas y sociales del Gobierno que preside Iván Duque en un paro nacional que podría ser uno de los más multitudinarios de los últimos años.

La convocatoria de esta huelga general es resultado del descontento social que se ha ido acumulando en los últimos meses y que se agudizó cuando a principios de octubre la Central Unitaria de Trabajo (CUT) advirtió que la reforma laboral y de pensiones que planea implementar el gobierno de Duque "busca empeorar las condiciones de los trabajadores y pretende aumentar las ganancias de los empresarios". 

Los organizadores del paro nacional recuerdan que esas reformas que se estarían discutiendo contemplan, entre otras medias, un recorte del salario mínimo para jóvenes, un aumento en la edad de jubilación y en la cotización de los trabajadores.

Sin embargo, el presidente colombiano ha señalado en varias ocasiones que su gobierno no ha presentado ninguna reforma en materia laboral o de pensiones ante el Congreso y, si se llegara a dar el caso, ha asegurado que sería de forma consensuada entre el Ejecutivo, empresarios, sindicatos y representantes de los gremios trabajadores.

Más allá de esas posibles reformas, el pueblo colombiano tiene otros muchos motivos para salir a la calle este jueves. El incesante asesinato de líderes sociales en todo el país, un desempleo en aumento que ronda ya el 11%, la corrupción, la crisis en la educación pública y las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno para combatir el narcotráfico son algunas de las razones de la huelga.

Otro de los principales reclamos es también la implementación del Acuerdo de Paz, que fue firmado en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Pese a que han pasado 15 meses desde que Duque asumió el poder, el Ejecutivo sigue sin haber definido su política respecto al acuerdo, que además pasó por uno de sus peores momentos el pasado mes de agosto, cuando el exlíder guerrillero Iván Márquez anunció que el grupo insurgente retomaría las armas porque el Gobierno no había cumplido con lo pactado.

"La protesta ayuda a colocar el mensaje de que hay un acuerdo de paz que implementar. Siempre hemos dicho que este Gobierno simula la paz, pero es más amigo de la guerra y lo demuestra con todas las políticas que quiere implementar para militarizar los territorios, de volver al glifosato y de no respetar la política internacional como un elemento de soberanía", cuenta a eldiario.es el analista colombiano Luis Eduardo Celis, experto en temas de conflicto y construcción de paz.

El Ejecutivo que dirige Duque también se vio sacudido en las últimas semanas por la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras ser acusado de ocultar la muerte de varios menores en un bombardeo militar contra un campamento de un grupo disidente de las FARC. Si bien esas muertes generaron una oleada de indignación en el país, no han sido ni mucho menos el único incidente por el que el Ejército está en entredicho.

De hecho el fantasma de los falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que son presentados como bajas en combate, volvió de nuevo a Colombia el pasado mes de mayo, cuando el periódico The New York Times dio a conocer una directriz operacional del Ejército que presionaba a los militares para duplicar las muertes y capturas, tal y como ya se hizo en la década de los 2000 bajo el Gobierno del derechista Álvaro Uribe.

Fuerte desaprobación

Teniendo en cuenta el contexto, no hay duda de que el presidente Duque, que llegó al poder impulsado por Uribe, se encuentra en el peor momento de su mandato. Según la última encuesta de Gallup publicada a principios de este mes, la desaprobación de su gestión se sitúa en el 69%, la más alta de un mandatario en 14 años, mientras que su popularidad apenas alcanza un 26%.

"Es un gobierno errático, que carece de un proyecto que convoque a la mayoría de la sociedad. Está viviendo una situación de desgaste y descrédito enorme", asegura Celis. Además, el gobernante Centro Democrático sufrió una dura derrota en las elecciones locales y regionales de octubre, perdiendo ciudades como Medellín y la propia capital, Bogotá.

La criminalización de la protesta

El paro de este jueves en Colombia coincide con un momento en el que varios países de América Latina viven fuertes estallidos sociales, como es el caso de Chile y Bolivia. Ante el temor de que en Colombia se pueda producir un efecto contagio, en los últimos días Duque no ha dejado de alertar sobre la violencia que se puede desatar durante la huelga.

El Gobierno ha ordenado extremar las medias de seguridad hasta el punto de cerrar temporalmente las fronteras para "evitar el ingreso de extranjeros que puedan alterar el orden público". El Ejecutivo también ha criminalizado la protesta en todo momento y la desinformación en la red ha sido una constante para intimidar a la población.

La Policía Nacional ha realizado numerosos allanamientos en casas de estudiantes y activistas vinculados a la marcha, hecho que los organizadores del paro consideran una provocación.

"Es una protesta normal, pero parece que el Gobierno fuera a parar una guerra. El Ejecutivo ha dicho que tiene información sobre que habrá instigadores de violencia y que se podrían repetir las imágenes de países como Bolivia, Chile y Ecuador, pero no hay ningún informe creíble al respecto", sostiene el investigador Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)..

"También hay que tener en cuenta que los sectores de la derecha podrían infiltrarse en la marcha para causar violencia para ayudar así al gobierno populista de Duque, que necesita crear un nuevo enemigo", añade. 

El paro nacional más importante y violento que ha vivido Colombia se produjo en septiembre de 1977 contra el gobierno de Alfonso López Michelsen, que no fue capaz de cumplir las expectativas generadas ni de cambiar el rumbo económico del país como había prometido. En aquella ocasión, la represión estatal contra los manifestantes fue contundente.

De momento, la convocatoria de este jueves ya se ha convertido en una gran confluencia de expectativas frustradas y reclamos de diferentes sectores de la sociedad y, aunque sus resultados son imprevisibles, sin duda supondrá un punto de inflexión en el liderazgo de Duque.

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El "éxito" del modelo: endeudar a los chilenos

Había una vez un papá que tenía un montón de plata guardada bajo el colchón, pero que mandaba a sus hijos con los zapatos rotos al colegio. Según la ortodoxia de los economistas que han manejado el Estado hasta hoy en Chile, ese es un papá ejemplar y responsable porque ahorra y no gasta. Había también una mamá que no tenía plata bajo el colchón, pero que necesitaba comprar un remedio para su hijo enfermo, y que decidió comprar ese remedio con su tarjeta de crédito. Según esos mismos economistas, esa mamá es una populista irresponsable. Santificar el ahorro y demonizar el gasto público tiene estos absurdos.

Por eso mi propuesta es heterodoxa. Dado el contexto de la urgencia social destapada en esta fiesta de la democracia que es la manifestación social -otros ven en ella barbarie y la reprimen-, la propuesta de "Agenda Social" del Gobierno es absolutamente mezquina. Es necesario multiplicar por 5 ese paquete fiscal propuesto, de apenas 1200 millones de dólares -que en realidad son 600 millones, porque la otra mitad son simplemente reasignaciones presupuestarias, vale decir, desvisten un programa del Estado para vestir a otro- y para eso debemos romper la regla fiscal del 3%, tomando deuda pública de manera responsable.

Chile tiene una deuda fiscal pública baja, de menos del 40%. Hay economías sanas que deben 100%, 170%. Luego, Sebastián Piñera puede perfectamente, por un tiempo, endeudar conservadoramente al Estado, porque, igual que los padres que deben comprar zapatos, o las madres que deben comprar remedios, los chilenos y chilenas están viviendo un sufrimiento que es inaplazable.

Por lo demás, no es verdad que Chile no esté endeudado. Lo que pasa es que el modelo neoliberal chileno consistió en quitar sus deberes al Estado (salud, educación, pensiones, fiscalización de derechos, etc.), y trasladar esos deberes privadamente a las personas, quienes, para cumplirlos, han debido endeudarse hasta más arriba de la coronilla, y pagar de su bolsillo -y no a través de sus impuestos- por esos derechos que el Estado tiene el deber de administrar y solventar. Las élites achicaron el Estado e hicieron crecer la economía con las tarjetas de crédito de los chilenos y chilenas.

Por eso, un Estado como el chileno pudo soportar que se privatizaran casi todas sus empresas y jibarizarse tanto. Por eso pudieron enriquecerse tanto unos pocos y debieron endeudarse tanto todo el resto. Porque este es un modelo astuto, no inteligente. Tal vez siquiera es un modelo neoliberal, probablemente es simplemente un modelo oligárquico. Se hicieron más ricos no solo privatizando en dictadura las empresas del Estado, sino que, al mismo tiempo, cargaron su fortuna a las tarjetas de crédito de todos los chilenos y chilenas

Pero no basta con esto. Los chilenos y las chilenas me conocen. Fui candidato presidencial 3 veces, por primera vez en 2009, y en todos mis programas mis compromisos fueron: impuesto específico a los súper ricos, nacionalización de las riquezas naturales, descentralización, transformación al sistema de pensiones, de salud y de educación por sistemas públicos, y un largo etcétera, que es ese mismo etcétera está hoy en la calle.

Hoy, más que nunca creo que esas medidas son necesarias, pero también, creo que hay que aprovechar esta coyuntura -de politización de la sociedad- para reordenar las reglas de este juego donde siempre ganan los mismos. Por eso, en paralelo a la reestructuración del gasto público, debemos comenzar también, por otro de los pregones a los que me sumé con fuerza el 2010: La escritura de una Nueva Constitución. El mecanismo es simple y Sebastián Piñera puede empezar ahora mismo si quisiera: a través de un proyecto de ley con discusión inmediata, que reforme la constitución, que deberá ser aprobado en pocas horas por ambas cámaras, y que permita la realización de un plebiscito, que deberá realizarse dentro de los 6 meses siguientes. Para entonces, una asamblea constituyente habrá redactado una Nueva Constitución que será, por fin y sobre todo, legítima. Una constitución política ilegítima, que no representa a nadie es inútil, porque se convierte en un sistema de reglas al que deberás someter al pueblo a través del terror y no de la razón. Y ya basta de terror en las calles de Chile. 

Marco Enríquez-Ominami es ex candidato presidencial por el Partido Progresista en Chile. Grupo de Puebla.  

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Lunes, 08 Julio 2019 05:46

La economía de Trump

La economía de Trump

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció la semana pasada que en junio se crearon 240 mil empleos, lo que representa un incremento tres veces mayor al reporte correspondiente a mayo.

 

En la misma semana se informó que la economía ha tenido un crecimiento sostenido por 121 meses consecutivos. (No hay que olvidar que las bases de ese suceso datan de 2008 cuando Barack Obama rescató a la economía de su mayor crisis después de la de los años 30)

 

Trump celebró la noticia y no desperdició la oportunidad para advertir que era una muestra de sus "atinadas" decisiones en materia económica. Sin embargo, el júbilo del mandatario fue matizado por diversos especialistas cuando advirtieron que tal crecimiento enmascara una realidad no tan plausible.

 

El crecimiento ha beneficiado solamente a 10 o 15 por ciento de la población de mayores ingresos que ha recibido 80 por ciento delas ganancias de dicho crecimiento. La desigualdad es la que ha predominado en ese aspecto. Un ejemplo son los gerentes o directores de empresas cuyo salario es mil veces más alto que él de quienes trabajan en o para sus empresas, afirmaron los economistas Heather Boushey, presidente del Washington Center for Equitable Growth, y Matthew Slaughter, decano de la Escuela de Negocios Tuck, entrevistados en la cadena oficial PBS.

 

El agravante es que la tasa de los impuestos que pagan esos trabajadores es igual, y en muchos casos más alta, que el sector de mayores ingresos. El multimillonario Warren Buffet mencionó en alguna ocasión que le parecía absurdo que él pagara igual o menos impuestos que su secretaria, situación que se repite en multitud de casos.

 

La desigualdad también se caracteriza por su distribución en diversos sectores de la economía, ya que aproximadamente 50 por ciento de la fuerza laboral corresponde a los servicios, el comercio y la agricultura, sectores en los que el empleo suele ser de tiempo parcial e inestable. (NYTimes con datos del Departamento del Trabajo) El resultado es que un trabajador en esos sectores debe trabajar dos y hasta tres turnos para poder sobrevivir.

 

Esa es la razón principal de que el desempleo haya llegado a su nivel más bajo en 50 años. Un dato poco conocido que aparece en la información oficial es que por lo menos 7.2 por ciento de la población, la mayoría sin haber terminado la educación media, trabaja en el sector informal y en empleos de tiempo parcial en los que no tienen prestaciones, seguro médico, etcétera.

 

Las estadísticas son evidentes y demuestran, sin lugar a duda, que desde hace varias décadas el crecimiento económico ha sido desproporcionadamente más alto que el salario, al que ha dejado muy rezagado. Para conocer en forma correcta a quienes ha favorecido el crecimiento económico, la estimación del repunte en el ingreso debería tomar como base a las familias en forma individual y no como un agregado del ingreso de toda la nación, según han puesto de relieve Boushey y Slaughter, y también otros especialistas.

 

Tal vez sería mucho esperar que Trump entendiera esas sofisticaciones económicas, pero es la realidad enmascarada por las mentiras y demagogia con la que su maquinaria de propaganda confunde y engaña a buena parte de la población.

 

Hay que recordar que si bien los problemas sociales y el deterioro en las relaciones con otras naciones son elementos que norman el criterio de los electores, sin duda la economía ha sido el criterio que más ha influido en el ánimo de los estadunidenses a la hora de votar. Por ello, de no mediar una estrategia para evidenciar la distorsión que se esconde en el mito del suceso económico que Trump pregona, será difícil evitar que logre su relección.

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A la sombra del Brexit, un modelo desaparece

Unos 14 millones de británicos, la quinta parte de la población, son pobres, y un millón y medio vive en condiciones de extrema pobreza.

A primera vista no hay más que Brexit. Hace más de tres años que el debate público y mediático británico está dominado por este tema en una sociedad polarizada entre los que quieren seguir en la Unión Europea (UE) a través de un nuevo referendo y los que quieren salir cuanto antes del bloque europeo, con o sin acuerdo.

A la sombra de este debate, oculto tras tanto sonido y furia, la sociedad británica está experimentando una silenciosa transformación del Welfare State (Estado de Bienestar) creado a finales de la segunda guerra mundial.


Un informe del Rapporteur de Naciones Unidos sobre “Extreme Poverty”, que será presentado ante la ONU, a fines de junio deja en claro el deterioro que ha sufrido el Estado de Bienestar tras nueve años de austeridad conservadora. En un intento de ilustrar la situación, el Rapporteur neoyorquino Philip Alston recurre a la célebre definición de la vida que dio Thomas Hobbes, uno de los padres de la filosofía política moderna. “Hobbes hizo notar que la vida de los más relegados de la sociedad era “solitaria, pobre, horrible, brutal y corta”. A medida que se evapora el contrato social británico, estas predicciones se están convirtiendo en la nueva realidad”, señaló a la prensa británica.


El estudio de la ONU halló que unos 14 millones –una quinta parte del total de la población– son pobres y un millón y medio vive en condiciones de extrema pobreza. La línea de la pobreza en el Reino Unido abarca a los que ganan un 60 por ciento menos que el ingreso medio (un padre con dos chicos e ingresos equivalentes a 1000 dólares mensuales). Extrema pobreza o “destitution” son los que sobreviven con menos de 13 dólares diarios.


Estas cifras de la pobreza deberían escandalizar en una de las siete máximas potencias del planeta, miembro del G7. El congelamiento salarial vigente desde que asumieron los conservadores en 2010, el bajo nivel del salario mínimo y el deterioro de los servicios públicos debido a los fuertes recortes presupuestarios son factores cruciales de este deterioro del “contrato social británico”. En los últimos años los conservadores le han sumado un kafkiano sistema universal de beneficios sociales que, escudado en una supuesta simplificación burocrática, terminó generando demoras y virtuales exclusiones del sistema que empujaron a miles de británicos a situaciones de emergencia.


Uno de los rasgos más visibles de este deterioro social es la proliferación de bancos de alimentos convertidos en alternativas para cubrir los agujeros de la austeridad. Hoy la red más importante es el Trussel Trust que suministra alimentos de emergencia en más de 400 puntos del país. En los dos primeros años de la gran austeridad conservadora –2011 y 2012– unas 128 mil personas recurrieron a esos bancos. En 2017-2018 la cifra se quintuplicó a más de 666 mil personas.


En su recorrido del Reino Unido, el Rapporteur de la ONU encontró instancias de hambre y prostitución vinculados a estas reformas burocráticas del Estado de Bienestar. El endeudamiento, la usura, la pobreza energética, el impacto en la salud son parte de este sórdido cocktail de pobreza extrema de primer mundo. El ex director de la Trussell Trust, Chris Mould, lo ejemplificó así. “Hay gente que tiene que elegir entre comer y prender la calefacción, hay padres que apenas comen para alimentar a sus hijos. Es increíblemente fácil caer en esta situación. La pérdida del empleo, una cuenta muy alta de electricidad, una reducción de los beneficios sociales, un drama familiar resultan en la destitución de una persona. Si a esto se le suma que los salarios son muy bajos y los empleos son temporales o de medio tiempo, mucha gente entra y sale de situaciones de extrema necesidad”, señaló Mould a PáginaI12.


El desmantelamiento del Estado de Bienestar a la sombra del Brexit alcanza a una de sus baluartes: el estatal Servicio Nacional de Salud, el NHS. El embate contra el NHS viene de lejos porque su existencia siempre puso en tela de juicio el apotegma de que privado bueno, estatal malo. En los 80 el Thatcherismo lanzó una reorganización interna del NHS a través de la creación de un mercado interno, proceso que siguió con una creciente subcontratación de servicios y el lanzamiento de las iniciativas público-privadas en los 90.


La Oficina de Auditoría de la Nación señala que la subinversión llevada adelante por los conservadores han resultado en un sustancial déficit en las cuentas del NHS. Especialmente ruinoso para sus finanzas ha sido la construcción de hospitales, rebautizados por el ingenio mediático–popular como “uno por dos”: por el costo de cada hospital bajo la iniciativa público–privada, se podrían haber construido dos si solo lo hubiera hecho el estado. Un caso típico es el del University Hospital Coventry en el que la autoridad regional a cargo debió pedir prestado dinero incluso antes de que entrara en funcionamiento para pagar unos 60 millones de dólares de deuda. En el año del referendo a favor del Brexit, 2016, el sector privado obtuvo 267 de los 386 contratos licitados por el NHS.


El célebre físico Stephen Hawkings, que sufría una enfermedad degenerativa neuromuscular, advirtió poco antes de su muerte en marzo del año pasado que se estaba buscando convertir al NHS es un “sistema de seguros al estilo de Estados Unidos, gerenciado por organizaciones privadas”. Hawkings, que dependió desde los 21 años del NHS, escribió un artículo para el matutino The Guardian en el que llamaba a evitar “que haya un sistema de salud desigual” mientras reivindicaba al NHS como el “sistema más justo para el suministro de atención sanitaria”.


La visita de estado de Donald Trump a esta tierra del Brexit que comienza este lunes 3 de junio es un paso de este proceso. Los conservadores están desesperados por demostrar que la salida de la Unión Europea es su reingreso al mundo: cualquier palabra que diga Trump a favor de un tratado de libre comercio posbrexit favorecerá su causa. Raramente Trump se priva de opinar sobre cualquier tema, pero en el caso británico su interés central es muy claro: el NHS.


En más de una ocasión el gobierno británico se negó a confirmar que un tratado de libre comercio con Estados Unidos excluiría al NHS de la mesa de negociaciones. El servicio británico que cubre a los 65 millones de británicos “de la cuna a la tumba” es el tesoro más codiciado por el sector privado estadounidense. A la sombra de un Brexit sin acuerdo que invisibiliza los estragos que están ocurriendo a nivel social, la estrategia de las multinacionales estadounidenses se puede hacer realidad.

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Finlandia acaba con el sueño del dinero gratis

El experimento de una renta básica de 560 euros mensuales para 2.000 parados concluye sin mejorar la situación laboral de los beneficiarios, pero sí su salud y bienestar

En diciembre de 2016, Tuomas Mujara sintió que le había tocado la lotería. Este periodista freelance y escritor de 45 años resultó uno de los 2.000 afortunados que estaban a punto de enrolarse en un proyecto que, a primera vista, parecía un sueño: recibir dinero a cambio de nada

La Seguridad Social finlandesa quería comprobar si inyectando 560 euros al mes sin ningún tipo de condición a un grupo de desempleados a lo largo de 2017 y 2018 obtendría pistas sobre cómo debían ser las ayudas sociales en la era de la digitalización, cómo incentivar la búsqueda de empleo entre los beneficiarios de subsidios y cómo reducir la burocracia. Terminado el proyecto, las conclusiones son ambiguas.


Los resultados preliminares muestran que el dinero caído del cielo no tuvo ningún efecto en la empleabilidad de los participantes. Trabajaron prácticamente las mismas horas y ganaron lo mismo —exceptuando los ingresos de la renta básica— que otro colectivo de características similares. En cambio, la renta básica sí sirvió para impulsar la salud, la autoestima y el optimismo hacia el futuro de sus beneficiarios.


Ya antes de que el pasado viernes se presentaran las conclusiones de un experimento inédito en Europa, Mujara se mostraba seguro de cuáles iban a ser. Y su respuesta se parecía bastante a la que más tarde darían los responsables del estudio. “Por supuesto que los participantes hemos seguido buscando empleo. Primero, porque con 560 euros no puedes vivir en Finlandia. Y segundo, porque tener la seguridad de un ingreso mínimo no te hace más vago”, aseguraba el jueves a este periódico. Al preguntarle por lo mejor de su experiencia, Mujara no dudó un instante: “la libertad”. Libertad de no tener que rellenar largos formularios para solicitar ayudas, libertad de saber que, pase lo que pase, a final de mes iba a tener un cheque, aunque fuera por una cantidad pequeña.


Los defensores del proyecto insistían en que una renta básica sin condiciones de ningún tipo evitaría que los receptores de ayudas rechazaran empleos por temor a superar el nivel de ingresos mínimos para recibir subsidios. Y que al no tener que ocuparse de la burocracia con los servicios sociales podrían dedicar ese tiempo a buscar empleo de forma más eficaz. Algunos participantes en el programa —elegidos por sorteo entre 175.000 personas que en 2016 percibieron algún tipo de subsidio por desempleo— cobraban una cantidad muy parecida a la que recibían antes, pero el nivel de estrés por la preocupación de renovar la solicitud descendió considerablemente. “La libertad te hace más creativo. Y ser más creativo te hace más productivo”, resume Mujara.


La renta básica es una idea ya antigua. Y, frente a la imagen muy extendida de que se trata de una iniciativa izquierdista, en ocasiones ha sido defendida por ideólogos liberal-conservadores que la presentaban como la excusa perfecta para eliminar las otras ayudas sociales. El experimento finlandés nació, como admiten sus impulsores, con dos limitaciones: estar dirigida a un grupo concreto, el de los desempleados, y una duración predeterminada de dos años.


Olli Kangas, profesor de la Universidad de Turku que ha liderado la investigación, se muestra satisfecho con los resultados, pese a insistir en que son aún provisionales. El próximo año se conocerán las conclusiones finales. Pero por ahora destaca la importancia de que los participantes en el piloto se hayan sentido más seguros, al mando de sus vidas y con mejor salud mental y física. “Soy consciente de que los detractores de la renta básica no prestarán atención a estas mejoras, y se centrarán en que el proyecto no tuvo efectos en su situación laboral”, continúa Kangas.


Lo cierto es que la posibilidad de que Finlandia introduzca algún tipo de renta básica con carácter generalizado parece alejarse más y más. El proyecto nació con la idea de ser prorrogado y ampliado a otros grupos más allá de los desempleados, pero el Gobierno de centroderecha anunció en abril de 2018 que se quedaría en solo dos años. El ministro de Finanzas, Petteri Orpo, ha dejado claro su desdén por el programa. Y ninguno de los grandes partidos que aspiran a obtener una mayoría en las elecciones parlamentarias del próximo abril muestran muchas simpatías por ampliar el proyecto. “Ni los socialdemócratas ni los conservadores ni los sindicatos defienden la renta básica”, admite el investigador Kangas.

En el mundo académico, las posturas están muy enfrentadas. Miguel Ángel García, investigador de Fedea, no esconde su escepticismo ante una renta básica cuya puesta en práctica no solo sería “cara sino complicadísima”. “No creo que la sociedad fuera a recibir bien una renta generalizada para todos. Y que un jubilado que ha trabajado toda su vida cobrara lo mismo que alguien que se ha esforzado menos. Creo que es prioritario buscar soluciones para colectivos como los trabajadores pobres y los que no acceden al mercado laboral, más que impulsar medidas tan dudosas como la renta básica”, añade.


Enfrente se topa con activistas como Guy Standing, investigador en la Universidad de Londres y autor de La renta básica, Un derecho para todos y para siempre, que cree necesario replantear todo nuestro concepto de trabajo y de tiempo, y buscar recursos donde sea para garantizar unas condiciones de vida dignas a todos los ciudadanos. “La experiencia de Finlandia no es un buen ejemplo, porque los participantes fueron elegidos al azar en todo el país. Y no en una pequeña comunidad, donde los beneficios son más evidentes”, explica por teléfono.


Kangas, el responsable del estudio finlandés, admite algunas deficiencias en su experimento y que quizás la perspectiva de una renta básica en su país es hoy aún menos realista que ayer. Pero, se pregunta, ¿quién sabe qué ocurrirá a medio plazo? “¿Acaso un estadounidense de hace 200 años podría imaginarse que la esclavitud iba a ser abolida?”, lanza al aire.


DISTINTAS PRUEBAS CON DISTINTOS MODELOS


Existen casi tantas rentas básicas como defensores tiene estas. En su forma más pura, se trata de un pago estatal de carácter universal (para todos los miembros de una comunidad), incondicional (al margen de ingresos y riqueza) e ilimitado en el tiempo.


Lo que puede parecer una iniciativa utópica cuenta con un congreso anual donde se presentan estudios científicos. Y países tan dispares como Canadá, India, Kenia, EE UU, Holanda, Alemania o España han llevado a cabo o planean experimentos con distintos tipos de rentas básicas. La muy comentada renta ciudadana del M5S italiano ha quedado finalmente reducida a una forma de completar el subsidio por desempleo hasta un máximo de 780 euros.


Guy Standing, uno de los mayores conocedores —y defensores— de la renta básica, destaca la experiencia de Kenia, donde 21.000 adultos recibirán una renta hasta 12 años, por su larga duración e impacto en una comunidad, en lugar de un colectivo disperso, como en Finlandia.

Por LUIS DONCEL
Madrid 10 FEB 2019 - 15:47 COT

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Domingo, 27 Enero 2019 06:13

El debate oficial no canalizó la rabia

El debate oficial no canalizó la rabia

La jornada número XI los tomó ya divididos, algunos tentados por la acción política tradicional y la idea ya asumida de presentar una lista para las elecciones europeas de mayo próximo, otros alejados del núcleo del movimiento.

 Ocuparon un día y un color: el sábado y el amarillo. Fueron llenando puntualmente el espacio público en ese día y con ese color hasta la jornada número XI. El movimiento de los chalecos amarillos volvió a desplegar este sábado su emblema y su protesta en varias ciudades de Francia: sobre todo París, Toulouse, Burdeos. Durante las fiestas de Navidad y fin de año, la movilización decayó para recuperar su pujanza el 5 de enero –50 mil manifestantes, luego el 12 y el 19 con cerca de 90 mil personas que salieron a la calle según las cifras oficiales–. La jornada número XI los tomó ya divididos, algunos tentados por la acción política tradicional y la idea ya asumida de presentar una lista para las elecciones europeas de mayo próximo, otros alejados del núcleo del movimiento y todos bajo los lentos efectos anestésicos del debate nacional organizado por el presidente Emmanuel Macron en torno a unas 30 preguntas divididas cuatro temas: poder adquisitivo, fiscalidad, democracia y medio ambiente. El debate tiene como objetivo desactivar esta gran crisis política y social. Con todo, la determinación permanece en pie. El debate nacional no canalizó la rabia popular y este fin de semana los chalecos amarillos cubrieron las calles con cerca de 70 mil personas. La represión fue feroz. En la Plaza de la República donde debía llevarse a cabo “la noche amarilla” había más policías que manifestantes. Llovieron los palos y los gases lacrimógenos para impedir que la noche parisina se vistiera de amarillo. 

Varios incidentes de cierta seriedad empañaron la marcha en la capital francesa. Grupos de fachos salieron al encuentro de algunas columnas amarillas. En la Plaza de la Bastilla, el ambiente era una mezcla muy extraña de gente caminando tranquila con sus hijos, otros que hacían compras, un montón de turistas de todas las nacionalidades que acudieron a la Bastilla para ver y filmar a los chalecos con sus teléfonos y chalecos amarillos desplegados en la Plaza en medio de varios ejércitos de policías antimotines. Los gritos “Macron Demisión”, los gases lacrimógenos y los proyectiles lanzados desde uno y otro bando volvieron a ser el ingrediente común. Los enfrentamientos dejaron varios heridos graves, entre ellos una de las figuras de los chalecos amarillos, Jérôme Rodrigues, herido en un ojo. Todas las historias comunes a media humanidad daban vueltas alrededor de la Plaza de la Bastilla. Gente que no llega a fin de mes, otros que no pueden pagar la luz o el gas, jubilados que apenas sobreviven con su pensión y matrimonios torturados por un banquero a causa de un descubierto de 150 euros. El acoso y la destrucción cotidiana del liberalismo opresor contra los más vulnerables. La rutina demoledora de un sistema infectado que se venga con los más frágiles lo que le perdona y regala a los poderosos y acomodados.


Ahora, el tema del futuro del movimiento se plantea como nunca en un momento en que las contra manifestaciones organizadas por las “pañuelos rojos” toman también la calle en defensa de Emmanuel Macron. Una de las figuras iniciales de los chalecos amarillos, Ingrid Levavasseur, decidió integrar una lista electoral amarilla de cara a las elecciones europeas de este año. Ello provocó un cisma dentro de un grupo que no se hace ninguna ilusión con los encantos desiguales de la democracia representativa. Los encontronazos a los que dio lugar el ingreso en el repudiado espacio político tradicional de Ingrid Levavasseur traducen las dos corrientes que fracturan hoy al movimiento: por un lado están quienes no renuncian a derrocar al gobierno en la calle con la repetición de las manifestaciones y mantienen una desconfianza radical hacia los representantes políticos: por el otro, los moderados. Este sector está convencido de que no se debe dejar flotando en el vacío todo e capital acumulado por los chalecos amarillos y que estos deben imperativamente comprometerse en el campo político. Uno de los líderes de los chalecos, Maxime Nicolle, alias Fly Rider, impugnó la candidatura de Levavasseur, a la que calificó de “traición”. Según Fly Rider, competir en “las elecciones europeas equivale a permanecer en el sistema actual e ingresar en un juego en el cual nosotros no fijamos las reglas. No crean que participando en las elecciones van a cambiar algo. Si ese fuera el caso, hace mucho tiempo que las cosas habrían cambiado”. Presentar una lista para las elecciones europeas de mayo de 2019 es, para el ala más radical, una triple traición: va contra la identidad fundamental del movimiento, introduce la figura del líder, algo que no existe entre los chalecos según la interpretación tradicional del término. Y, por ultimo, rompe el equilibrio horizontal de los procesos de decisiones tal y como lo conciben los chalecos. Levavasseur se lanzó sola, sin consultar con nadie y tomó a todos por sorpresa. Los opositores acusan hoy a la candidata de “estar robando los valores y la identidad del movimiento”. El sector más intransigente no cambia de hoja de ruta. Su representante más visible, el camionero Eric Drouet, estimó que la candidatura de Ingrid Levavasseur es pura y simplemente una “recuperación abyecta”. Luego convocó a un “bloqueo general” de Francia desde el 5 de febrero. Drouet es el principal adversario de todo contacto con las normas de la democracia representativa. En su pagina Facebook realizó un sondeo de opinión: de los 19 mil votantes, el 98% se opuso a que exista una lista “chalecos amarillos” en la consulta europea. La mujer, de profesión enfermera y hasta hace unas semanas extremadamente popular, puede pagar esa oposición masiva en las urnas. No es la única que ha sido puesta en la picota. Todos los demás chalecos que coquetearon con un sistema al que la mayoría repudia fueron expulsados o aislados de forma masiva. Esa es la posición contraria que defiende la futura candidata. Según explica, se “trata de ir a Bruselas para que las demandas ciudadanas sean escuchadas”.


El Ejecutivo, gracias al debate nacional, ha recuperado en los últimos 10 días un poco de popularidad. Pero basta con caminar un rato con los chalecos amarillos o acercarse a las muchas rotondas que aún ocupan para sentir una ceniza espesa, algo que no se traga, una suerte de desesperanza a la que ninguna de las tantas artimañas de la comunicación política logra, por ahora, apaciguar.
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Sábado, 10 Noviembre 2018 08:01

Sí podemos erradicar la malnutrición

Sí podemos erradicar la malnutrición

Casi la mitad de la población de América Latina y el Caribe sufre una o más formas de malnutrición: 39 millones de personas viven con hambre, 5 millones de niños con retraso de crecimiento, 38 millones de mujeres en edad fértil padecen anemia, 151 millones tienen sobrepeso y 105 millones obesidad.


En casi todos los países de la región no hay ninguna razón material que permita justificar esta lamentable situación. Nuestros 294 millones de malnutridos son víctimas de un sistema alimentario que está roto y que incumple su misión elemental de brindar una alimentación que nos permita desarrollarnos y vivir plenamente, y que afecta especialmente a los sectores más pobres, a las mujeres, a los indígenas, a los afrodescendientes y a la población rural. Lo podemos arreglar si creamos políticas e instituciones para re-gobernar los sistemas alimentarios.


Para lograrlo, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), proponemos un conjunto de ocho medidas claves.


Debemos aumentar la disponibilidad de alimentos saludables: tenemos 19 naciones en la región que son deficitarias en frutas y verduras, y el consumo de pescado regional es la mitad del promedio mundial.
También debemos reducir el contenido de sal, azúcar y grasas de los alimentos procesados. ¿Por qué podemos prohibir el plomo en las gasolinas y en los juguetes de los niños, pero no podemos hacer lo mismo con las cantidades de sal, azúcar y grasas que superan estándares que hoy la ciencia ha determinado que causan diabetes, hipertensión, cánceres y muertes?


Desincentivar el comercio de alimentos que contengan nutrientes dañinos a la salud también es una medida fundamental. La Organización Mundial de Comercio ha reconocido que, bajo los acuerdos adoptados por sus países miembros, estos pueden adoptar medidas para proteger la salud pública.


Promover la alimentación saludable en los niños es urgente, ya que cada año aumenta la malnutrición infantil. Actualmente, 5 millones de niños y niñas sufren desnutrición crónica y 4 millones viven con sobrepeso y obesidad. El rediseño de los programas de alimentación escolar y prescolar, la prohibición de comida chatarra en las instituciones educativas y la regulación de la publicidad infantil en alimentos no saludables son tres vehículos para detener esta tendencia.


Hacer efectivo el derecho del consumidor a estar informado sobre el contenido de los alimentos requiere la adopción de etiquetados sencillos y claros, que no necesiten ningún cálculo matemático y que sean comprensibles por todos los grupos de consumidores.


Otra forma de combatir la malnutrición es fortaleciendo y orientando los sistemas de protección social para que la población en condición de pobreza o vulnerabilidad pueda acceder al consumo de alimentos saludables, los que son –paradójicamente– bastante más caros que la comida chatarra. No puede ser que una gran parte de la población no tenga capacidad económica para hacer efectivo su derecho a una alimentación nutritiva y que comer bien sea el privilegio de unos pocos.


Para financiar estas transformaciones del sistema alimentario (cuyo costo no es trivial), es necesario movilizar la inversión privada y los capitales disponibles en los mercados financieros, porque los presupuestos públicos no serán suficientes.


Por último, requerimos una nueva gobernanza de los sistemas alimentarios ya que, sin la decisión política traducida en leyes, regulaciones, programas y presupuestos, no hay posibilidad alguna de transformarlos. Esa voluntad política se construirá de forma más rápida y sólida si la sociedad civil organizada presiona en esa dirección.


Hay que asegurar un relacionamiento virtuoso con el sector privado, pues son –en buena medida– quienes van a producir, comerciar, procesar, transportar, distribuir y vender los alimentos.


Para ello se requiere gestionar los conflictos de interés y códigos de conductas que ayuden a construir confianzas y espacios transparentes en la consolidación de políticas públicas.


Implementando estas medidas, empezaremos a avanzar de forma decidida hacia un futuro sin malnutrición, un futuro donde todos podamos acceder a alimentos sanos, producidos por un sistema alimentario que no sólo nos llene el estómago, sino que nos nutra.

Por JULIO A. BERDEGUÉ, Representante regional de la FAO

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Viernes, 09 Noviembre 2018 05:39

América latina, desigual y subalimentada

América latina, desigual y subalimentada

Argentina es uno de los tres países de América Latina y el Caribe, junto a Bolivia y Venezuela, donde desde 2014 ha aumentado el número de personas subalimentadas, dijo el informe “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018” difundido esta semana y elaborado por distintos organismos de Naciones Unidas, entre ellos FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenración), OPS (Organización Panamericana de la Salud), UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) y PMA (Programa Mundial de Alimentos). Por “personas subalimentadas” se entiende aquellas que no cuentan con alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades y llevar una vida sana.

Según el informe, el hambre afecta a 39,3 millones de latinoamericanos, el 6,1% de la población. Pero entre 2015 y 2016 el número de personas subalimentadas creció en 200.000 personas y entre 2016 y 2017 en 400.000 personas. Entre ellos hay 5 millones de niños que padecen desnutrición. Si se habla de pobreza extrema –que se determina a partir del costo de la canasta básica de alimentos y quien no puede pagar ese costo es considerado pobre extremo–.en América Latina hay 62 millones de personas en esa condición.
Las desigualdades económicas “agravan el hambre, la desnutrición y la obesidad en América Latina y el Caribe”, subrayó el texto.


Respecto de la Argentina las cifras publicadas indicaron que en 2014-2016 sufrían inseguridad alimentaria en el país 1,6 millones de personas (el 3,6% de la población) mientras que en 2017 esa cifra aumentó a 1,7 millones de personas (el 3,8% de la población). También Bolivia aumentó el número de subalimentados pasando de 2,1 millones (19,6% de la población) a 2,2 millones (19,8%).


Los casos más graves de la región, sin embargo, son considerados Haití, con 5 millones de subalimentados (el 45,8% de la población) y Venezuela, donde hay 3,7 millones de subalimentados que representan el 11,7% de la población.


El informe no sólo abordó el tema tradicional del hambre y la desnutrición sino también problemas como la obesidad que es una enfermedad creciente en toda la región, sobre todo entre mujeres y niños. “Cada año se suman 3,6 millones de personas obesas en la región”, especificó el informe, aclarando que “el hambre, la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad afectan más que nada a las personas de menores ingresos, a las mujeres, a los indígenas, a los afrodescendientes y a las familias rurales de América Latina y el Caribe”.


La obesidad se ha convertido en la mayor amenaza nutricional para América Latina y el Caribe. Uno de cada cuatro adultos es obeso mientras el sobrepeso afecta a 3,9 millones de niños menores de 5 años.


Pero estos problemas tienen a su vez que ver marcadamente con la edad y con el sexo además del nivel socioeconómico al que se pertenezca. “En diez países de América Latina y el Caribe, el 20 por ciento de los niños y niñas más pobres sufren tres veces más la desnutrición crónica que el 20 por ciento más rico”, dijo el informe. Y respecto de las diferencias de sexo aclaró que “el 8,4 por ciento de las mujeres viven en inseguridad alimentaria severa, en comparación con el 6,9 por ciento de los hombres”. Se trata de 19 millones de mujeres contra 15 millones de hombres. Para las mujeres esto significa que a menudo se ven afectadas, entre otras cosas, por anemia (falta de hierro) y por todos los problemas que esto significa para ella y el bebé si además están embarazadas. La desnutrición crónica infantil, pero no sólo eso, es mayor además entre las poblaciones indígenas y campesinas, precisó el documento.


El hambre, la subalimentación, la desnutrición, el retraso en el crecimiento, la obesidad, no tienen como única explicación la falta de dinero de parte de las familias. Sin duda, la pobreza, las crisis económicas, los conflictos, la desocupación, no ayudan a las familias a mantener el mínimo ingreso y el mínimo de alimentos. Pero a eso hay que agregarle otros factores como los desastres naturales que afectan a América Latina, como huracanes, terremotos, tormentas furiosas, sequías entre otros. Esos fenómenos alteran la economía, la producción agrícola, la vida de las personas y son en parte la explicación de los miles de migrantes que en estos días están caminado desde América Central por México y hacia Estados Unidos.
También intervienen en la subalimentación o mala alimentación los problemas políticos internos, las disputas entre los ricos productores y distribuidores y los gobiernos, como es el caso de Venezuela, donde escasean los alimentos.


Influyen asimismo los procesos de urbanización en los distintos países, a menudo no planificados suficientemente, que suponen el desplazamientos de las personas y de las familias, que producen cambios importantes dentro del grupo familiar, sobre todo si ambos padres trabajan. El excesivo tiempo ocupado de los padres lleva a menudo a una mala selección de los alimentos, prefiriendo los alimentos ya procesados, porque son más cómodos, a veces hasta más baratos, pero que contienen un alto nivel de grasas y de agregados malos para la salud. Y los niños y adultos, influenciados por otra parte por la propaganda de ciertas marcas que se difunden por televisión o en Internet, no aprenden a hacer una correcta selección de los alimentos y favorecen la obesidad y las enfermedades.


Según el documento, los niños tendrán “un estado nutricional óptimo si pueden acceder a una alimentación variada y nutritiva, a prácticas adecuadas de atención materno infantil, a servicios de salud y a un entorno saludable que incluya agua potable y buenas prácticas de higiene”. Por eso los cuatro organismos que elaboraron el documento, FAO, OPS, UNICEF y PMA, “llaman a los países a aplicar políticas públicas que combatan la desigualdad y promuevan sistemas alimentarios saludables y sostenibles”.

 

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Detienen la caravana migrante o cesará la ayuda, amenaza Trump

El presidente estadunidense, Donald Trump, amplió anoche a Guatemala y El Salvador la amenaza formulada horas antes a Honduras, al advertir que congelará la ayuda económica si esos países permiten el tránsito de una caravana de migrantes en ruta hacia Estados Unidos

"Hemos informado a Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten que sus ciudadanos viajen a través de sus fronteras hacia Estados Unidos con la intención de entrar ilegalmente a nuestro país, todos los pagos les serán detenidos", tuiteó.

"¡Cualquiera que entre a Estados Unidos ilegalmente será arrestado y detenido, y será repatriado a su país!", remató en un segundo mensaje.

La amenaza se produjo seis meses después de que Trump desplegó la Guardia Nacional en la frontera con México de cara al Viacrucis Migrante, cuando más de mil centroamericanos marcharon hacia Estados Unidos. Entonces, el magnate advirtió que la asistencia a Centroamérica estaría "en juego" si los migrantes no detenían su marcha hacia Estados Unidos.

Por la mañana, Trump escribió en Twitter: "Estados Unidos ha informado con firmeza al presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández) que si la gran caravana de personas que se dirige a Estados Unidos no es frenada y llevada de vuelta, no se dará más dinero o ayuda, ¡con efecto inmediato!"

La llamada Caminata Migrante, integrada ahora por entre mil 500 a 4 mil niños, mujeres y hombres, según reportes de la prensa guatemalteca, partió el sábado pasado de la hondureña localidad de San Pedro Sula, 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, con rumbo hacia la frontera con Guatemala para después pasar por México y finalizar en Estados Unidos, donde solicitarán asilo político, una ruta de 2 mil kilómetros plagada de obstáculos y peligros.

La caravana llegó ayer a la fronteriza ciudad guatemalteca de Esquipulas. Antes de ingresar, un contingente de policías les cerró el paso, pero horas después los migrantes lograron llegar a un refugio, reportó la prensa local.

Cientos de hombres, mujeres y niños, con bolsos y maletas caminaban ayer por una carretera en Guatemala, a unos 90 kilómetros de la frontera con Honduras, donde según algunos medios locales las autoridades trataban de contener otro grupo masivo de personas que buscan integrarse a la caravana.

Las autoridades de Guatemala anunciaron que prohibirían el ingreso de los migrantes hondureños si no cumplían con los requisitos legales para entrar en el país.

Tras la amenaza de Trump, el organizador de la caravana el ex diputado de izquierda Bartolo Fuentes, fue detenido en Guatemala. El Ministerio de Seguridad hondureño dijo que el activista fue arrestado por la policía guatemalteca porque “no cumplió con las normas de inmigración“ del vecino país y será deportado. Al cierre de esta edición, Fuentes intentaba cumplir los requisitos migratorios en Guatemala.

La cancillería de Honduras hizo un llamado después "a los hondureños a desistir de la intención y no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, de prostitución y narcotráfico".

Añadió que esta "movilización irregular" sólo buscaría "alterar la gobernabilidad, estabilidad y la paz de Honduras y Estados Unidos", y que la caravana habría sido organizada "por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en Estados Unidos".

En una llamada telefónica con Hernández, el vicepresidente, Mike Pence, condenó la "flagrante falta de consideración" de Honduras a la soberanía estadunidense, informó el diario guatemalteco Prensa Libre en su portal.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Katie Waldman, dijo que las noticias de la caravana son el resultado de los vacíos legales. "Como lo hemos dicho y repetido, hasta que el Congreso actúe, vamos a seguir teniendo fronteras abiertas de facto que garantizan futuras 'caravanas' y cifras récord de familias que entran ilegalmente a nuestro país", afirmó.

Amnistía Internacional calificó de "xenófoba y racista" la amenaza de suspensión de ayuda a Honduras lanzada por Trump y pidió a México ofrecer asilo a los hondureños que integran la caravana.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió "respeto a los derechos y la seguridad de los integrantes de la caravana, así como investigar el posible involucramiento de traficantes de personas".

 

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Crece el encono contra el gobierno de Nicaragua

Managua

Con plantones en distintos puntos de esta capital y un bloqueo intermitente en la carretera a Masaya, este martes continuaron las movilizaciones contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Las autoridades aseguraron que decenas de jóvenes detenidos durante las protestas iniciadas hace casi una semana ya fueron liberados, y levantaron la censura contra el canal de cable 100% Noticias, en un intento de contener la peor crisis en sus más de 11 años de mandato, que deja ya 27 muertos.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) aceptó mediar y ser testigo en el diálogo convocado por el gobierno de Ortega. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la CEN, señaló que los obispos católicos desean "facilitar el clima de diálogo" e invitó al gobierno y a la sociedad civil a evitar "todo acto de violencia, de irrespeto a la propiedad pública y privada, y pidió absoluto respeto a la vida humana".

De su lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Estados Unidos condenaron, por separado, las muertes en el país centroamericano y solicitaron investigaciones independientes.

En el séptimo día de protestas contra el gobierno, grupos sociales instalaron un plantón en la zona capitalina de Camino de Oriente, mientras otros manifestantes se concentraron afuera de la Catedral y reiteraron su exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, abandonen el gobierno.

En la carretera hacia Masaya hubo bloqueos en los que los inconformes leyeron los nombres de los fallecidos en las protestas iniciadas el pasado miércoles 18.

Los estudiantes siguen atrincherados en la Universidad Politécnica, epicentro de las protestas, y aseguraron que van a continuar su lucha hasta que se haga justicia para los fallecidos. Pidieron libertad para los detenidos en las manifestaciones, que se explique dónde están los jóvenes que han desaparecido, la renuncia de Ortega y Murillo, y que cese la represión contra quienes protestan, informó el diario local La Prensa en su página web.

De acuerdo con carteles divulgados en las redes sociales, la noche de este martes fue convocada una caminata en la zona universitaria "en honor a nuestros compañeros caídos y heridos por su patria", pero al cierre de esta edición no había reportes.

Horas antes, aunque la policía y Murillo aseguraron que ya fueron liberados todos los detenidos, sin precisar un número, el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, dijo que más de 200 personas personas permanecían arrestadas en Managua y 60 están desaparecidas.

La Prensa señaló que en León (occidente) la policía tiene más de 100 detenidos. El rotativo también reportó el bloqueo de la señal de wifi en todos los parques de esta capital.

La televisión local entrevistó a algunos jóvenes excarcelados que dijeron haber sido abandonados por la policía en las carreteras, descalzos, con el cabello rapado y despojados de sus pertenencias.

Medios de prensa refirieron la muerte de dos varones desaparecidos y cuyos restos fueron llevados al Instituto de Medicina Legal en Managua.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cendih) exigió al gobierno confirmar la puesta en libertad de al menos 48 jóvenes detenidos en las protestas de la semana pasada.

El conflicto estalló el martes pasado con el anuncio de una polémica reforma al Seguro Social que aumentaba las cuotas de unos 700 mil empleados del sector formal y empresarios, y que finalmente fue derogada por Ortega el domingo.

El mandatario nicaragüense aceptó convocar un diálogo con el sector privado y representantes de la Iglesia católica, aunque aún no dio a conocer la fecha de la cita.

 

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