Sábado, 12 Octubre 2019 05:51

Ecuador: insurrección indígena

Ecuador: insurrección indígena

Un total de 40 demandas conforman el pliego petitorio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la principal organización indígena en el país que protagoniza junto con otros movimientos sociales un levantamiento nacional que sacó al presidente Lenin Moreno de Quito y lo llevó a pertrecharse a Guayaquil. La Conaie convocó a la Jornada de Lucha Progresiva contra las medidas gubernamentales que atropellan los derechos de los pueblos, las mujeres, los trabajadores y los campesinos ecuatorianos.

Luego de romper el diálogo con el gobierno del presidente Lenin Moreno “por los enormes beneficios que la burguesía sigue recibiendo a través de múltiples políticas de reactivación económica”, la Conaie señaló que “es momento de una acción para conquistar reivindicaciones populares e impedir que la aplanadora de reformas pase sobre la economía de los hogares pobres”, en referencia a las medidas en favor de los empresarios que incluyen la remisión tributaria para las grandes empresas, la vinculación de representantes de la burguesía en los principales cargos del Estado y, sobre todo, la desregulación y precarización laboral.

El levantamiento nacional paralizó en los primeros días de octubre al país, pues los indígenas tomaron las carreteras exigiendo la derogación del llamado “paquetazo” de medidas económicas que incluyen eliminación de subsidios y liberación de precios a gasolinas y un paquete de reformas laborales contrarias a los trabajadores.

Las exigencias de la Confederación se extienden más allá del “paquetazo” que provocó el paro nacional en todo el país, días después de que Moreno, quien llegó a la presidencia impulsado por su antecesor Correa, anunció una serie de reformas económicas que comprenden la eliminación de los subsidios al combustible, la renovación con 20 por ciento menos de remuneración de los contratos ocasionales y el recorte de vacaciones para los trabajadores del sector público, entre otras medidas auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su pronunciamiento, la Conaie incluyó la reversión íntegra de la carta de intención con el FMI y la terminación de los intentos de privatización de las “empresas públicas encubiertas en la figura de ‘concesión’”, así como un desglose de demandas para hacer frente al extractivismo y la minería en el país, a la corrupción de las grandes empresas privadas y a la crisis del sector de pequeños productores, además de medidas en defensa de las pequeñas economías campesinas, la plurinacionalidad, el trabajo digno, la puesta en marcha de la agenda de reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres, la educación, los medios comunitarios y la salud pública.

Por ello, explicó la Conaie, el objetivo de la Jornada “es avanzar a una acción que permita alcanzar grandes victorias para las mayorías obreras, campesinas, populares, de las mujeres, estudiantes, la juventud, artistas, de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador”.

Malestar acumulado

La movilización prevista para el martes 15 de octubre se ubica dentro del marco del paro nacional que inició desde el 3 de octubre en Ecuador, el cual fue convocado por los transportistas del país tras la entrada en vigor del decreto que subió los precios de los combustibles y al cual se unieron organizaciones populares y el movimiento indígena. Tan sólo para el 8 de octubre, más de 5 mil indígenas habían tomado Quito, donde fueron recibidos por las fuerzas represivas.

En su comunicado del 26 de septiembre, la Confederación explicó que el gobierno de Lenin Moreno “sirve a las élites dominantes igual que los anteriores, sólo que sin el ropaje de ‘izquierda’ que su predecesor sostuvo a partir de las políticas de asistencia social”, pues la transición gubernamental no representó un cambio en “lo central”, sino que todavía las empresas, como antes, “se aseguran una altísima tasa de ganancia a partir de las intervenciones del Estado en la economía, y de los mecanismos que el Estado genera para que la crisis la paguen los trabajadores y trabajadoras, y no los empresarios”.

Además, la Conaie criticó que la implementación de medidas en favor de los grandes empresarios “remata con una política de ocultamiento”, con la cual no sólo se culpa de la corrupción a los funcionarios y se protege en los juicios a los líderes empresariales, sino que además se les permite a las corporaciones continuar con “el despojo de los territorios y el malestar entre la población”, como son los casos de la imposición de la concesión petrolera del bloque 28 en la provincia de Pastaza, al nororiente del país; el inicio de la fase de explotación de las concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor y el territorio Shuar; y la persecución a los dirigentes de los trabajadores del sector bananero y encubrimiento de los abusos cometidos en las haciendas, entre otras denuncias de criminalización, detención e incluso asesinato de líderes sociales e integrantes de las luchas populares.

La problemática en Ecuador se extiende de tal forma que deja ver “cómo el Estado en su conjunto forma parte de un avance del conservadurismo, el fascismo y el sentido común más reaccionario”, entre cuyas consecuencias se encuentra “la satanización” de la lucha de las mujeres que buscan la garantía de sus derechos fundamentales, “como el aborto en caso de violación, la denuncia del feminicidio y, en general, la lucha contra el patriarcado-capitalismo”.

A este panorama se añade la promoción de la violencia institucional y el racismo, sustentados tanto en la difusión de discursos que ensalzan la seguridad pública “para incrementar la presencia de la represión policial y dejar sin resolver los graves problemas sociales y económicos del país, como en la popularización de discursos de odio contra los migrantes pobres para criminalizar la presencia de extranjeros, especialmente venezolanos”.

Por ello, la Conaie destacó que para hacer frente a la problemática es necesario “recomponer las fuerzas de las organizaciones sociales con medidas de hecho en cada territorio y con diferentes formas de lucha”, entre las cuales, hasta ahora, se incluye la Jornada Progresiva de Lucha, en miras de una declaratoria unificada de Levantamiento Indígena, Huelga Nacional de las centrales sindicales y Paro del Pueblo de las organizaciones populares.

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Ecuador, fin de ciclo e inestabilidad sistémica

Los sucesos que vive Ecuador muestran una profunda inestabilidad que va mucho más allá de la coyuntura y que afecta a toda la región. El gobierno de Lenín Moreno decidió imponer un paquete de medidas aconsejadas por el FMI que supone el fin de los subsidios a los combustibles, con un alza de 123 por ciento al precio del galón de diésel y de 30 por ciento al de la gasolina, acompañada de reformas laborales y tributarias para aumentar la recaudación.

Inicialmente la movilización correspondió al gremio de los transportistas, pero pronto se sumaron los mayores movimientos del país, en gran medida, como rechazo al decreto que impone el estado de excepción, la suspensión de las garantías democráticas y la militarización del Ecuador.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la central Frente Unitario de los Trabajadores, los sindicatos de educadores y la federación de estudiantes universitarios, promovieron movilizaciones en toda la nación, especialmente en la sierra (con 300 cortes de carreteras), donde los pueblos originarios tienen mayor presencia, y en Quito, epicentro de los conflictos sociales.

Decenas de grupos de mujeres, feministas, lesbianas, negras, ecologistas y trans, lanzaron un comunicado titulado Mujeres contra el Paquetazo, en el que denuncian cientos de detenidos y heridos, entre ellos el coordinador de Pachakutik, Marlon Santi, y dirigentes juveniles de Conaie.

La protesta ecuatoriana no es sólo una reacción contra el aumento en los precios de los combustibles. Es una reacción al mal gobierno de Moreno que se recostó en los grandes grupos empresariales, financieros y mediáticos, y es la continuación de las resistencias al régimen autoritario de Rafael Correa (2007-2017).

En efecto, muchos recuerdan el ciclo de protestas de junio a diciembre de 2015, contra medidas del gobierno para paliar la caída de los precios del petróleo, que representa más de 40 por ciento de las exportaciones. En aquel momento, los niveles de represión fueron muy similares a los actuales, aunque Correa no decretó el estado de excepción en todo el país.

Para evaluar la crisis ecuatoriana, como crisis de la gobernabilidad, debemos remontarnos seis años atrás. En 2013 hablamos del "fin del consenso lulista", como consecuencia de la oleada de movilizaciones conocidas como "Junio 2013", que marcaron el ocaso del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y el comienzo del fin del ciclo progresista en la región (https://bit.ly/2LRiUsc).

Dos años después, con la derrota electoral del kirchnerismo en Argentina fue evidente que se aceleraba el fin del progresismo, pautado por "una nueva fase de los movimientos que se están expandiendo, consolidando, modificando sus propias realidades" (https://bit.ly/2XCMzbB). Una de las principales características del nuevo periodo conservador, o derechista, es la evaporación de la gobernabilidad y el ingreso en un periodo de inestabilidad sistémica.

A modo de recordatorio, quisiera destacar algunas características del periodo que vivimos en América Latina, y que ahora emergen de forma transparente en Ecuador.

La primera es el protagonismo de los movimientos, o sea de la gente común organizada y movilizada. Este es el aspecto central. Si el fin del ciclo progresista lo anunciaron las gigantescas movilizaciones de "Junio 2013" en más de 350 ciudades de Brasil durante un mes, el ocaso de las nuevas derechas anuncian las movilizaciones en torno a Congreso de Buenos Aires, contra la reforma de las pensiones, en diciembre de 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Luego de una fenomenal batalla campal en la que casi 200 personas fueron heridas por la policía en pocas horas, el 19 de diciembre, los medios destacaron: "Argentina está demostrando una vez más que es el país de Latinoamérica donde es más difícil sacar adelante reformas impopulares" (https://bit.ly/2CC2XOZ). No es casualidad que pocos meses después comenzara la escalada del dólar que sepultó al gobierno macrista.

La segunda es que el fin de la gobernabilidad, propia de los primeros años del progresismo, es de carácter estructural y tiene poca relación con los gobiernos. El ciclo progresista se cimentó en los altos precios de commodities, con grandes superávits comerciales que lubricaron las políticas sociales. Mejorar el ingreso de los más pobres sin tocar la riqueza, fue el milagro progresista.

Ese consenso se terminó con la crisis de 2008 y la guerra comercial Estados Unidos-China no hace más que profundizar la inestabilidad. No es posible seguir mejorando la situación de los sectores populares sin tocar la riqueza y los gobiernos que se reclamen progresistas no harán otra cosa que profundizar el extractivismo y el despojo de los pueblos: Andrés Manuel López Obrador y el posible gobierno de Alberto Fernández, son parte de esta realidad.

El panorama de los próximos años será una sucesión de gobiernos, progresistas y conservadores, con un telón de fondo de vastas movilizaciones populares. Se trata del fin de la estabilidad, de cualquier color.

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Premio Nobel de Literatura para Olga Tokarczuk y Peter Handke

La visión eurocéntrica de la literatura es una rémora que la Academia Sueca no conseguirá templar, por más que proclame que la prioridad es la diversidad y mirar “por todo el mundo”. El mundo parece un pañuelo que se despliega sobre el mapa de Europa desde Estocolmo. La polaca Olga Tokarczuk ganó el Premio Nobel de Literatura 2018, suspendido el año pasado por las denuncias de abuso sexualcontra Jean-Claude Arnault –el marido de una ex académica, Katarina Frostenson, preso por violación-; y el austríaco Peter Handke obtuvo el correspondiente a 2019. Tokarczuk –que se convierte en la decimoquinta mujer que recibe el galardón- fue reconocida por “su imaginación narrativa, que con una pasión enciclopédica, simboliza el cruce de fronteras como forma de vida”, según anunció el secretario de la Academia Sueca, Mats Malm. En el caso del novelista, poeta, dramaturgo y cineasta austríaco se valoró una obra “llena de ingenio lingüístico que ha explorado la periferia de la experiencia humana”.

La literatura es un campo de experimentación para Tokarczuk (Sulechów, 29 de enero de 1962), una de las voces más vigorosas de la narrativa polaca contemporánea, ganadora en 2018 del premio Man Booker International por su novela Flights, que la editorial Anagrama publicará el próximo 6 de noviembre como Los errantes, traducido por Agata Orzeszek. En esta novela la narradora polaca explora el movimiento físico, el cuerpo mortal y el significado del hogar, mediante un puñado de historias aparentemente desconectadas a través del tiempo y el espacio, con ecos de W. G. Sebald, Milan Kundera y Danilo Kiš. En el texto de la contratapa de la edición que lanzará Anagrama se lo define como un libro “inquieto e inquietante, hecho de ‘historias incompletas, cuentos oníricos’ subsumidos en un libérrimo cuaderno de viaje a base de excursos, apuntes, narraciones y recuerdos que muchas veces tienen como tema el viaje mismo”. Uno de esos relatos está inspirado en un hecho real sobre cómo el corazón de Frédéric Chopin llegó a Polonia escondido en las enaguas de su hermana.

La flamante Nobel de Literatura está comprometida políticamente con la izquierda ecologista y vegetariana. “La novelista con rastas”, como la suelen nombrar algunos periodistas, es una tenaz opositora al actual gobierno nacionalista conservador del partido Ley y Justicia. Hay dos libros más de Tokarczuk traducidos al español. Las novelas Sobre los huesos de los muertos (publicada por Siruela en España en 2016 y la editorial Océano en México) y Un lugar llamado Antaño (Lumen, 2001), donde cuenta la historia de tres generaciones de campesinos en un pequeño pueblo llamado Prawiek. La primera es un policial sui generis que tiene como protagonista a Janina Duszejko, una mujer mayor, ingeniera jubilada y profesora de inglés, cuyas convicciones respecto al cuidado del medioambiente y los animales resultan un tanto radicales. 

En Sobre los huesos de los muertos –que ocasionó un fuerte debate en Polonia, donde la cacería es una actividad muy común– se narra una serie de muertes misteriosas desde la hipótesis que postula Janina: los animales son los responsables. Según la narradora, la fauna del lugar, harta de ser cazada por los lugareños, está tomando represalia contra quienes la amenazan con sus rifles. “Quería atraer la atención de la gente hacia el problema de matar animales, que es un tema importante para mí. El tema principal del libro es ¿cómo podemos ser buenos ciudadanos de un país cuando no aceptamos sus leyes? ¿Qué tan lejos podemos llegar si nadie nos escucha sobre eso que queremos cambiar?”, se pregunta la escritora polaca. “Para mí la literatura es un campo de experimentación moral; podemos hacer cosas que no podríamos hacer en la vida real, así que mi provocación fue buena porque hubo discusión. Incluso el ex presidente Bronislaw Komorowski, que era cazador, dijo, luego de leer el libro, que prometía no volver a cazar”.

Aunque todavía no ha sido traducido al español, con Los libros de Jacob (2014) Tokarczuk ganó el premio literario Nike y recibió amenazas de muerte de grupos de la extrema derecha por haber afirmado en una entrevista que Polonia tiene un pasado del que nadie debería sentirse orgulloso. La escritora polaca –que se graduó en Psicología en la Universidad de Varsovia- se considera discípula de Carl Jung. Trabajó en una clínica de salud mental durante algunos años en Walbrzych, al sudoeste de Polonia, antes de dedicarse a la literatura. La ganadora del Premio Nobel de Literatura confesó que cuando era joven creía que escribir era un trabajo inocente. “Ahora creo que todo es político: lo que comes, lo que vistes, qué tipo de libros lees. En Polonia preferiríamos vernos como una nación de colores brillantes sin admitir que también hemos tenido momentos oscuros y que se hicieron cosas horribles", advirtió. "En Polonia tenemos una situación política muy frágil, me convertí en una suerte de víctima inocente de esta energía violenta porque mi libro no es provocador, es simplemente historia documental, todo está documentado en archivos”.

A contracorriente

“Vivo de aquello que los otros no saben de mí”. La frase extraordinaria de Peter Handke (Griffen, 6 de diciembre de 1942), dicha para importunar como un aguijón que irrita la piel de las buenas conciencias –un aspecto que lo conecta con otro austríaco maestro en el arte de la diatriba, Thomas Bernhard-, podría condensar el camino literario y vital del prolífico escritor austríaco en lengua alemana. La soledad y la falta de comunicación son la médula espinal de una obra que abarca la poesía, la novela, el teatro, el ensayo y el cine

Los personajes angustiados y desterrados de la sociedad o que deciden apartarse de las convenciones de una vida burguesa para apostar por la experiencia radical de una introspección “silenciosa” abundan en sus mejores páginas, como en la obra de teatro Kaspar (1968), donde indaga en el caso de Kaspar Hauser, un adolescente del siglo XIX que creció aislado y al que la sociedad destruye al imponerle su lenguaje y sus valores racionales. O en Ensayo sobre el Lugar Silencioso (2015), una suerte de elogio del retiro y la meditación, cinco textos en los que explora temas y lugares aparentemente marginales como el cansancio, los bares de extrarradio de las ciudades o las estaciones de tren; pero también impera una suerte de sublevación contra la amenaza del lenguaje periodístico. “La invención, la ficción son la verdad. (…) Hoy, la literatura está en peligro de volverse periodística, de resultar indistinguible del periodismo. Cuando lo precioso de la literatura es la ficción, la transformación, el relato sin receta previa”, explicó Handke en una entrevista con El País de España.

Nadie como el escritor austríaco para despeinar las estanterías mentales. Entre sus primeras piezas como dramaturgo está Insultos al público (1966), en la que cuatro actores analizan la naturaleza del teatro, lanzan sus dardos envenenados contra los espectadores y elogian sus propias actuaciones. Visto desde la infame distancia temporal, que la obra haya sido un escándalo parece una ingenuidad anacrónica. En su primera novela Los avispones, también de los años 60, esquiva las convenciones del género y expone el método de escritura en las narices de los lectores. 

En 1971 la madre de Handke se suicidó con una sobredosis de somníferos. El hijo, acaso para intentar calibrar el efecto de esa pérdida, escribió una de sus mejores obras, Desgracia impeorable, en la que escarba en la llaga de ese suicidio para “no volverse loco machando con un dedo la misma tecla de la máquina de escribir”. La escritura está lejos de servir para algo. “Escribir no fue, como creía al principio, una forma de recordar una etapa ya concluida de mi vida, sino únicamente un continuo trasiego de recuerdos en formas de frases que lo único que hacían eran afirmar unas distancias que yo había tomado. Todavía a veces sigo despertándome por las noches de un modo brusco, de golpe, como si desde dentro un contacto me arrancara del sueño y, reteniendo el aliento, de terror, experimento como si me estuviera pudriendo minuto a minuto”, plantea el narrador.

También de la década del 70 es su novela policial El miedo del arquero al tiro penal, situada en la Alemania de la posguerra, donde un ex arquero de fútbol asesina a una mujer, pero en vez de huir para evitar ser detenido por la policía continúa con su vida con “normalidad”. La novela fue llevada al cine por Wim Wenders, con quien Handke escribió el guión de un film emblemático del director alemán: Las alas del deseo

Las últimas dos décadas del autor de notables novelas como Carta breve para un largo adiós, La mujer zurda, La tarde de un escritor, Historia del lápiz y El año que pasé en la bahía de nadie, entre otros títulos, han estado marcadas por la polémica a partir de la publicación de Un viaje de invierno a los ríos Danubio, Sava, Morava y Drina, o justicia para Serbia (1966), considerada por los críticos como un “panfleto proserbio”. Algunos además sostuvieron que ponía en cuestión el genocidio de Srebrenica, en el que fueron asesinados unos 8000 musulmanes por fuerzas serbiobosnias. Handke rechazó que minimizara esa matanza y afirmó que solo intentó criticar que se hubiera demonizado a los serbios y se les atribuyera todos los males de la Guerra de los Balcanes. No solo defendió al autoritario presidente serbio Slodoban Milosevic, acusado de crímenes de guerra y apodado “el carnicero de los Balcanes”, sino que habló durante su entierro en 2006. Entonces tuvo que renunciar al Premio Heine por “una campaña de difamación por pensar a contracorriente”, según alertaron los que apoyaron al actual Premio Nobel como Elfriede Jelinek, Patrick Modiano, Wim Wenders y Emir Kusturica.

 “Debido a los problemas que tuve hace 20 años, nunca pensé que me elegirían”, declaró Handke desde su casa en Chaville, Francia. “Este tipo de decisión es muy valiente por parte de la Academia Sueca”, subrayó el escritor austríaco que llegó a pedir la “supresión” del Premio Nobel de Literatura por ser “una falsa canonización”, que “no aporta nada al lector”. ¿Llegará a la ceremonia en Estocolmo, el próximo 10 de diciembre, o habrá presión para obligarlo a renunciar al premio? ¿Prevalecerá el criterio literario por encima de la política? Preguntas que, por ahora, no tienen respuestas.

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Crónica desde Quito, capital de la revuelta contra Lenin Moreno

La revuelta de los sectores populares e indígenas contra las medidas neoliberales del Gobierno de Lenin Moreno abre un nuevo escenario en el Ecuador post-Correa donde todo es posible.

 

El pasado jueves 3 de octubre, la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó, junto a sectores del sindicalismo tradicional, un paro nacional con el objetivo de expresar su discordancia respecto a las últimas medidas económicas establecidas por el Gobierno.

El anuncio de la Conaie conllevó el inicio de una serie de movilizaciones en distintas localidades del país y asambleas permanentes en territorios con fuerte presencia indígena bajo el objetivo de coordinar una gran movilización a Quito demandando la derogación del Decreto 883, que incluía el alza de precios de los combustibles en todo el país.

El antecedente de dicha medida se encuentra en los acuerdos establecidos por el Gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante el cual este organismo financiero multilateral exige a las arcas públicas una optimización económica del 1,5% de su PIB mediante reformas de carácter tributario a cambio de otorgarle algo más de 10.000 millones de dólares en concepto de financiamiento durante los próximos tres años.

El problema de desequilibrio económico del Ecuador no es nuevo: ya en 2016 —última fase de la década de mandato de Rafael Correa— existían informes que recomendaban un ajuste fiscal asertivo para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera del país fruto del desequilibrio entre gastos e ingresos existentes en esta economía dolarizada desde inicio de siglo. El Gobierno correista decidió en aquel momento mantener en reserva dichos informes y no hacerlos públicos ante su población.

Dos opciones tuvo que manejar el Gobierno presidido por Lenín Moreno ante tales exigencias fondomonetaristas: o incrementar el IVA en tres puntos porcentuales —medida que según los medios de comunicación parecía ser la más probable y en principio más regresiva— o la que definitivamente fue aprobada.

A priori la opción tomada por el Gobierno ecuatoriano parecía ser la menos conflictiva. La escasa eficiencia de un modelo de subsidio que carecía de focalización y que mayormente beneficiaba a grandes empresas con alto consumo de combustible, grandes flotas de transporte y sectores de las élites económicas que disponen de más de un vehículo por unidad familiar, parecía ser la que menos rechazo social podría generar.

De esta manera el presidente Lenín Moreno decretó el fin de los subsidios, lo que implicó un notable incremento de precios de la gasolina “extra” —la más usada en el país— pasando el galón de 1,45 a 2,41 dólares. De igual manera la gasolina Eco País (extra con etanol) de 1,45 a 2.53 dólares y la Súper de 2,3 a 3,07 dólares.

La reacción inmediata fue el bloqueo de carreteras por parte del sector del transporte y de vías urbanas por parte de los taxistas, aunque al día siguiente se desconvocó el paro tras negociar con los huelguistas un incremento de tarifas. El sector del transporte está acostumbrado a acomodarse de forma sistemática a los distintos gobiernos que han transitado en el poder en Ecuador. Durante la época correísta llegaron incluso a legalizar una formación política en connivencia con el partido de gobierno y ocupar curules en el legislativo.

Sin embargo, por experiencia histórica, el pueblo ecuatoriano es consciente de que el incremento de precios del combustible afecta al bolsillo del conjunto de la sociedad sean propietarios o no de vehículos. Los precios de los productos básicos y los indicadores de inflación suelen ser afectados de manera indirecta por este tipo de medidas.

El descontento generalizado entre la sociedad no hizo cambiar la posición Lenín Moreno, quien ha manifestado de forma permanente que la liberalización del precio del combustible a costos internacionales es una política —entre otras— necesaria para el mejoramiento e las finanzas públicas y sobre la cual “no hay marcha atrás”.

Las organizaciones sociales ecuatorianas definieron las medidas económicas establecidas por el Gobierno como un “paquetazo” neoliberal, argumentando que forman parte de un modelo de políticas públicas que beneficia fundamentalmente a sectores empresariales, flexibiliza el mercado laboral y achica al Estado enviando al desempleo a cada vez mayor número de funcionarios públicos sin que estos sean posteriormente demandados por el sector privado.

Así las cosas, durante todo el pasado fin de semana se sucedieron movilizaciones y asambleas indígenas en gran parte del territorio nacional pese a que el Gobierno Nacional optó por declarar el estado de excepción buscando suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilios, libertad de tránsito, libertad de asociación y de reunión. Con movilizaciones cada vez de mayor afluencia en todos los territorios afectados por la convocatoria, las resoluciones fueron unánimes: se determinó una gran movilización indefinida en el conjunto del país en rechazo a las medidas económicas y en defensa de los territorios indígenas, ríos, agua, páramos, la justicia indígena, la educación intercultural, salud, transporte y radios comunitarias.

300 cortes de carretera

Los cortes de carretera se sucedieron por gran parte de la red vial nacional, llegándose a contabilizar 300 cortes de carreteras al mismo tiempo durante diferentes momentos del pasado sábado y domingo. En paralelo, el Gobierno intentó combinar dos estrategias disímiles. Por un lado, se intensificaba la represión bajo el eufemístico argumento del uso de la fuerza progresivo. Por otro, sus interlocutores buscaban desesperadamente el diálogo con los manifestantes intentando establecer propuestas de compensación a los sectores movilizados (créditos productivos a bajo tipo de interés, apoyo para la adquisición de maquinaria agrícola, reconocimiento de autoridades locales…). Nada sirvió, la dirigencia nacional de Conaie manifestó públicamente que el diálogo con el régimen está totalmente cerrado. “No habrá ningún acercamiento con ningún representante del Estado hasta que se revea el decreto que eleva el precio de los combustibles”, manifestaron de forma homogénea todos sus voceros. El conflicto se agudizó a lo largo y ancho de la geografía nacional, llegándose a retener en diversos territorios indígenas a unidades militares y policiales para posteriormente ser entregadas tras haberse liberado extraoficialmente a civiles detenidos en dichas comunidades. La Conaie, bajo el principio de autodeterminación de los territorios indígenas, también había declarado su estado de excepción, prohibiendo la entrada de infiltrados y grupos armados pertenecientes a los aparatos de seguridad del Estado.

Amaneció el lunes más tranquilo, los voceros del Gobierno Nacional —titulares de muy diversas carteras ministeriales— salieron a los medios de comunicación a autofelicitarse. El número de detenidos civiles ya sumaban más de 320 en aquel momento. De los 300 cortes de vías se había bajado a cincuenta, de igual manera el número de movilizaciones en diferentes localidades del país también había bajado… el paro indígena y las movilizaciones urbanas en diferentes partes del país aparentemente estaban en retroceso. “Se impone paulatinamente la normalidad”, llegó a aseverar en su ignorancia María Paula Romo, ministra del Interior. Sin embargo, la versión indígena era radicalmente distinta. Según Jaime Vargas, presidente de la Conaie, “la represión de la fuerza pública permitió la movimiento fortalecerse y coordinar con sus bases y otras organizaciones sociales en cada provincia para poder desplazarnos hacia la capital”.

Apenas un par de horas más tarde comenzaban los mensajes de alerta en la capital. La Policía Nacional y el servicio de inteligencia del Estado detectaban fuerte movimiento en carreteras desde las provincias indígenas de la Sierra Central hacía Quito. La reacción no pudo ser más desafortunada, el ministro de Defensa, un general del Ejército en servicio pasivo que responde al nombre del Oswaldo Jarrín amenazó directamente a los movilizados: “Que no se provoque a la fuerza pública, no la desafíen o sabremos responder…”. Estas declaraciones encendieron aún más los ánimos de los movilizados.

Durante todo el día de este lunes 7 de octubre llegaron diversos contingentes de indígenas a la capital ecuatoriana y de forma sorpresiva también a Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. En diversos barrios populares de la periferia quiteña los indígenas fueron recibidos con actos de solidaridad por los pobladores locales, pese a una fuerte campaña de desprestigio y racismo posicionada por influencers de perfil ideológico conservador en las redes sociales. Con los acceso de entrada a las ciudades altamente custodiadas por las fuerzas de orden público —militares y cuerpos de élite de la policía nacional— los enfrentamientos se sucedieron por doquier. Más manifestantes detenidos, más violencia en medio de llamados poco creíbles llamados al diálogo e incluso algún que otra tanqueta policial incendiada durante las reyertas.

Distintas puntos geográficos de la capital ecuatoriana se convirtieron en focos de conflicto entre movilizados y fuerzas del orden público. El presidente Moreno anunció una cadena televisiva gubernamental que fue tres veces aplazada y los periodistas destinados a cubrirla desalojados por los militares del palacio presidencial de Carondelet.

Las movilizaciones populares, tanto en Quito como en Guayaquil, se combinaron con actos de vandalismo protagonizados por grupos organizados que aprovechaban la protesta para sus fines delictivos. De igual manera, militantes políticos que responden a la tendencia correísta se infiltraron en las movilizaciones protagonizando asaltos de edificios públicos —Asamblea Nacional y Contraloría General del Estado— que fueron censurados por la Conaie y otras organizaciones sociales convocantes de la marcha. En otras provincias, los movilizados ocuparon instituciones públicas tales como la Gobernación o el Consejo de la Judicatura en la provincia de Bolívar. Las movilizaciones fueron permanentes en las provincias amazónicas y en la Sierra Central, todas ellas con fuerte ascendencia indígena.

A las 21 h del lunes por fin se produjo la tan esperada cadena nacional. El presidente Lenin Moreno, custodiado por su vicepresidente a la derecha y su ministra de Defensa a la izquierda, junto a los jefes de los diferentes cuerpos militares atrás, manifestaba —con cierto nerviosismo— que el pueblo ecuatoriano está asistiendo a un intento de “golpe de Estado” con asideros en un complot internacional. “El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, aseveró el mandatario ecuatoriano, insistiendo en que las medidas tomadas “no tienen marcha atrás” y que “los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”.

Para sorpresa de los ecuatorianos la cadena nacional se emitió desde la ciudad de Guayaquil, lo que implica que el Gobierno Nacional abandonó el Palacio de Carondelet en la capital quiteña para, recordando lo que hizo Charles de Gaulle en mayo de 1968, instalarse en otra ciudad.  

La estrategia política y comunicacional del Gobierno de Lenín Moreno no pudo ser más desacertada. Nuevamente una escenografía de fuerza, el presidente de la República rodeado de militares, que realmente emitía comunicacionalmente toda su debilidad —un Gobierno sin base social que tiene un credibilidad inferior al 16%—. En paralelo, un confuso llamado al diálogo en medio de soflamas sobre que bajo ningún concepto se revisará el Decreto 883. Por último, una alerta sobre una supuesta trama internacional desestabilizadora tan poco creíble como las anteriormente posicionadas por Rafael Correa ante cada levantamiento indígena o paro obrero.

La noche quiteña fue larga, el vandalismo se apoderó de algunas zonas de la ciudad mientras manifestantes indígenas y estudiantes universitarios portaban carteles y pancartas cuya consigna era “Ni Correa ni Moreno”, buscando desmarcarse de la pretendida capitalización política correísta de las movilizaciones.

Con la situación al límite, los movilizados se repartieron para pasar en la noche en tiendas de campaña situadas en parques públicos, en coliseos universitarios y locales de organizaciones sociales.

Sectores sociales ciudadanos solidarios con los movilizados suministraron en la noche alimentos y mantas a los recién llegados, estudiantes universitarios de enfermería atienden a los heridos y el periodismo alternativo trata de hacer coberturas coherentes sobre el qué y el porqué de lo que demandan los movilizados. En paralelo, otros sectores de ciudadanos capitalinos expresan su miedo ante la algarabía y convocan para hoy una movilización de rechazo a las movilizaciones, supuestamente para defender Quito. Mensajes xenófobos corren por las redes sociales y líderes conservadores llaman a movilizarse supuestamente contra el correísmo, intentando a su vez desmarcarse oportunistamente de Moreno, pero claramente antagónicos a lo que consideran una invasión de su ciudad por parte de “indios ignorantes”.

Así amaneció el día hoy, martes 8 de octubre, un país donde en estos momentos todo puede pasar… Al cierre de la redacción de esta crónica, los movilizados comienzan a agruparse en zonas aledañas al centro de la ciudad Quito mientras van recibiendo nuevos contingentes de compañeros que van llegando a la capital.

Hoy posiblemente las movilizaciones serán calientes, mañana está convocada huelga general.

40 años de democracia, 7 presidentes y tres constituciones

El pasado 10 de agosto, Ecuador cumplió 40 años de democracia tras una dictadura militar que tuvo distintas fases políticas y que se extendió entre 1972 hasta 1979. En ese período se han desarrollado 11 contiendas electorales, tres constituciones —1978, 1998 y 2008— y una década de desestabilización política que comenzó con la caída Abdalá Bucaram y que perduró hasta la llegada de Rafael Correa a la poltrona presidencial del Palacio de Carondelet. Durante esa década Ecuador asistió a como siete personajes, cada cual políticamente más deplorable, cruzaron sobre su pecho la banda presidencial.

La década correísta estabilizó políticamente el país, si bien terminó decepcionando notablemente a la mayoría del pueblo ecuatoriano y desinstitucionalizando aun más Ecuador, tras haber implementado el predominio del poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado.

La última fase de deterioro económico del país comenzó en el año 2014, momento en el que la caída de los precios del petróleo comenzó a golpear fuertemente a la economía nacional. Fue durante la última fase del Gobierno de Rafael Correa cuando el país comenzó a entregarse al Fondo Monetario Internacional. El Presupuesto General del Estado pasó de 44.300 millones de dólares en 2014 a 37.600 millones en 2016, el endeudamiento público —interno y externo— pasó de 2,8% del PIB en 2012 al 8,1% en 2016 y 9% en 2017, las urgencias por obtener financiamiento internacional hizo que el Gobierno correísta llegase incluso a negociar parte de la reserva nacional de oro con Goldman Sachs. Incluso se firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea y llegó a hipotecar el petróleo aun no extraído del subsuelo ecuatoriano con China y Tailandia.


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2019-10-08 21:14

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Miles de indígenas armados con palos pasaron ayer por Machachi, provincia de Pichincha, en su caminata rumbo a Quito, para exigir al gobierno de Lenín Moreno dar marcha atrás al paquetazo económico impuesto para cumplir exigencias del FMI.Foto Afp

Quito. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció anoche el traslado de su gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil y acusó a su antecesor Rafael Correa (2007-2017) y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de "desestabilizar" a su gobierno, en momentos en que miles de campesinos comenzaron a llegar a Quito en medio de enfrentamientos con fuerzas militares, al aumentar la presión de las masivas protestas iniciadas el jueves pasado en rechazo a la eliminación del subsidio a combustibles.

En un mensaje transmitido en cadena nacional, un acorralado Moreno aseveró: “Me he trasladado a Guayaquil y he movido la sede de gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo con las atribuciones constitucionales que me competen.

"Lo que ha sucedido estos días en Ecuador no es una manifestación social de descontento ante una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar al gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático", denunció Moreno, quien en los últimos días atribuyó las movilizaciones a los "zánganos correístas", lo que ha dado pie a que en las calles y redes sociales se habla ya de la Revolución de los Zánganos.

En cadena nacional, el mandatario agregó que "en las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir y dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Creen ustedes que es coincidencia que Correa y (el ex canciller Ricardo) Patiño hayan viajado al mismo tiempo hace algunas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización".

El detonante de las protestas fue un acuerdo de Moreno con el Fondo Monterio Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares, a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsdios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años, y que provocó aumentos hasta de 123 por ciento. El galón de 3.79 litros de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina común de 1.85 a 2.40 dólares.

Pero Moreno dijo que no dará marcha atrás con las medidas "porque lo correcto no tiene matices" y agregó que la eliminación a los subsidios del combustible es una decisión histórica que afecta a grandes intereses económicos y financieros.

El anuncio de Moreno desde la conservadora ciudad portuaria, donde al cierre de esta edición se multiplicaban las protestas, se conoció poco después de que comenzaron a llegar miles de campesinos al centro colonial de Quito, y de reportes de que el presidencial Palacio de Carondelet, fue evacuado por militares y es vigilado con el sobrevuelo de helicópteros.

Los indígenas, provenientes de provincias del sur andino, algunos armados con palos y fuetes, partieron antenoche a pie y en camionetas rumbo a la capital con la exigencia de mantener los subsidios para evitar el consecuente aumento de tarifas.

Otros grupos de indígenas también se desplazaban desde el norte para sumarse a una gran movilización de sindicatos este miércoles en la capital, donde ayer por la tarde hubo violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías.

En Machachi, a 35 kilómetros de Quito, militares y policías atacaron la marcha con bombas de gas lacrimógeno. La primera caravana conformada por miles de indígenas llegó a Quito y al ingresar a la ciudad atacaron una tanqueta del ejército, la cual fue quemada sin que los militares pudieran hacer nada, según imágenes transmitiras por televisión. Otros manifestantes ocuparon pozos y redujeron la producción petrolera.

La multitudinaria caravana llegó por la noche al centro de Quito, mientras los caminantes que vienen desde el norte ya estaban en Calderón, en las afueras de la capital.

En 19 de las 24 provincias hay bloqueos, principalmente en la Panamericana, indicó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

"Grupos indígenas están cerrando vías en diversos puntos, lo que es lamentable", señaló el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien advirtió que si hay "cualquier intento de llegar a Quito u otro lugar, o de seguir obstaculizando las vías, las fuerzas armadas están atentas para impedir que escale este nivel de violencia".

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que en 2000 impulsó el derrocamiento de Jamil Mahuad, cuestionado por su política económica, declaró que se espera que llegarán a Quito "más de 20 mil indígenas".

La organización declaró antier el "estado de excepción" en sus territorios, que implica que "militares y policías que se acerquen a ellos serán retenidos y sometidos a la justicia indígena (reconocida por la Constitución)".

Decenas de militares ya han sido retenidos en varias comunidades, señalaron dirigentes indígenas.

"Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados", expresó Moreno, quien se distanció de su aliado y antecesor Rafael Correa (2007-2017) apenas asumió el poder.

Pero Vargas replicó: “El problema es que ya estamos cansados de tanto diálogo. Hemos tenido llamadas, miles y miles de llamadas, y no hemos respondido hasta este momento. Mientras mi pueblo no llegue a la ciudad de Quito están cerrados todos los canales de diálogo.

"Convocamos al paro del pueblo y la huelga nacional del 9 de octubre. Las acciones del pueblo no terminan allí si el gobierno no retrocede en las medidas", manifestó Nelson Erazo, titular del Frente Popular, que reúne a grupos de trabajadores y estudiantes.

En las calles y en las redes sociales se multiplica el hashtag #YoTambienSoyZángano y #RevoluciónDelosZánganos, en alusión a la calificación de "zánganos correístas" que hizo Moreno a los miles que salieron a las calles del país tras la aplicación del paquetazo.

Bajo ese mismo hashtag el propio Correa retuiteó una nota que destaca un llamado de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a las autoridades ecuatorianas "de garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse".

El ex presidente uruguayo José Mujica tuiteó: "Mi solidaridad al pueblo ecuatoriano víctima del FMI. Siguen peleando por el país. Lamentablemente se encontraron con un traidor que ha vendido la patria".

Las protestas han dejado hasta el domingo un civil muerto, 73 heridos (incluidos 59 uniformados) y 477 detenidos (la mayoría por vandalismo), de acuerdo con cifras de las autoridades.

Diversos sectores sociales rechazan desde el pasado jueves la eliminación de subsidios dispuesta como parte de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares.

Antes de 2007, la dolarizada y petrolera nación ecuatoriana sufrió casi una década de inestabilidad política y protestas sociales que derivaron en el derrocamiento de tres mandatarios, dos de los cuales intentaron aplicar severos ajustes económicos.

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Lunes, 07 Octubre 2019 06:46

El FMI gobierna hoy en el Ecuador

El FMI gobierna hoy en el Ecuador

No ganaron las elecciones, el pueblo no los convocó, pero los técnicos del Fondo Monetario Internacional ordenan hoy el Ecuador en plena alianza con el gobierno de los empresarios. Pocos días antes del paquetazo de medidas económicas y laborales anunciadas por el presidente Lenin Moreno, ya la prensa comercial anunció que el FMI no daría el nuevo desembolso del crédito contratado si no se hacían las reformas desde el gobierno.

Y, una vez tomada la decisión, el FMI salió a dar su “apoyo” a la decisión gubernamental, como si la bendición del organismo multilateral la santificara.

Pero las medidas tienen el carácter de las recetas neoliberales: debilitar el Estado y fortalecer las grandes empresas; obligar a los pobres a pagar la crisis que causaron los poderosos y los benefició; hambrear a un pueblo entero para garantizar el pago de la deuda externa.

Ello se enmascara en discursos de transparentar las finanzas, de “poner la casa en orden” y, por supuesto, de sacrificarnos “todos” para lograr días mejores. Los gobiernos neoliberales en el momento de tomar medidas de este tipo dicen que hay que apretarse los cinturones por un tiempo, pero que a la vuelta está el paraíso. Este, pretende que no hay que apretarse los cinturones, que el incremento del precio de gasolinas y del transporte de alimentos y personas, no afectará a la población.

Que las medidas tengan relación directa con imposiciones colocadas sobre el país a cambio de deuda externa es uno de las causales de su ilegitimidad. Las condicionalidades que vienen con los desembolsos, que ponen obligaciones al Estado que se califica de soberano, los registros de avances en el que se entrega al FMI información que se mantiene oculta al pueblo, destruye cualquier sentido de la democracia.

Añádale las expresiones de Lenin Moreno en la ONU, llamando a la intervención contra el pueblo de Venezuela, la entrega de una base aérea en Galápagos para uso de naves de inteligencia de Estados Unidos (que el gobierno niega que sea una base, como si el imperialismo no hubiera ampliado su definición de las mismas), las salidas del Ecuador de Unasur y la OPEP, centros de integración Sur-Sur, y se tendrá el cuadro completo de un gobierno sumiso a intereses extranjeros, que pisotea la independencia del Ecuador.

Su alianza con la gran burguesía es natural pues este pequeño sector de la sociedad ecuatoriana se encuentra integrada, en relaciones constantes y permanentes, con las transnacionales y los intereses foráneos.

El paquete de medidas impuestas supuestamente traerá trabajo. Este fue el ofrecimiento del plan de gobierno de Alianza País, que se ha cumplido al revés. Según el ministro del Trabajo, Andrés Madero, en una comparecencia en la Asamblea Nacional señaló que solo desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019 se habían despedido a 11.820 trabajadores del sector público. Ahora se anuncia 10 mil despidos más.

Desde el sector privado la reducción de trabajadores también ha sido una constante, de manera grave en el sector de la construcción que es uno de los que más obreros contrata, pero cuya situación nada tiene que ver con las medidas económicas.

En Ecuador hay una contracción económica general, el PIB crece en un punto o menos, el consumo de las familias ha decrecido, el manejo económico lleva a muchos a buscar productos de primera necesidad en Colombia (por eso el paro reciente de la pauperizada provincia fronteriza de Carchi), de manera que no hay condición de crecimiento de empresas para consumo interno. De hecho, se habla de miles enfocadas en servicios y comercio que han quebrado, aumentando el desempleo.

En estas condiciones, el anuncio del gobierno no es más que demagogia y el pretexto para eliminar derechos laborales, incrementando la precarización laboral. Entre las medidas de este tipo, que empiezan con los nuevos contratos, están:

Los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Se violan principios constitucionales que protegen los derechos adquiridos, se viola el principio de a igual trabajo igual remuneración y se permite la sobre explotación.

Los funcionarios públicos pasarán de tener 30 días de vacaciones a 15, como el sector privado, pero desconociendo que esos días eran una suerte de compensación porque el empleado público no recibe reparto de un reducido pedazo de las utilidades empresariales.

Trabajadores de empresas públicas aportarán mensualmente, como mínimo, un día de su salario. Más los 15 días anteriores y doce aquí, estamos hablando de un mes entero al año que se afecta y que, podría decirse trabajaran sin cobro (en los 15 días de vacaciones se recibía pago por vacaciones pagadas, no por días laborados).

A cambio, estas son las medidas para el sector empresarial:

Eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que venían exigiendo al gobierno.

Eliminación o reducción de aranceles para equipo, maquinaria y materia prima, tanto agrícola como industrial, para que tengan “mayor competitividad”.

Eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras.

Reducción y simplificación del Impuesto a la Renta al sector bananero.

Devolución de tributos a los exportadores para “dinamizar la economía”.

Reducción a la mitad del Impuesto de Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital.

Las empresas que perciben anualmente más de 10 millones de dólares “Pagarán por tres años una contribución especial, que totaliza más de 300 millones, que se destinarán exclusivamente para seguridad, educación y salud”, según anunció Moreno. Una mínima cantidad frente a los impuestos, intereses y multas que ya les perdonó con la remisión tributaria, con la que los Grupos Económicos se acogieron al pago de USD 801 millones, pero dejaron de pagar USD 987 millones (Jonathan Báez, ISIP, 2019), aunque hay estimaciones que sería mucho más, llegando a señalarse la cantidad total estaría por encina de los 2.000 millones de dólares.

Como se ve, la balanza de las decisiones del FMI y el gobierno tiene una clara identidad de clase. A ello se añade la liberación de los precios de las gasolinas y diésel, hasta hoy subsidiados. El inmediato aumento del transporte de carga y pasajeros implica otro golpe a la economía de los sectores populares y medios, pero no afecta a los industriales que pasan esos costos a los precios del consumidor.

En estas condiciones, se justifica la pronta reacción de la población para protestar. Principalmente convocados por sectores perseguidos por el anterior gobierno como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que agrupa a las mayores centrales sindicales y a la Unión Nacional de Educadores, la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Frente Popular, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), y otras, que han logrado gran respaldo social.

Junto a un paro de los gremios del transporte que inició a media noche del 2 de octubre, apenas a un día de anunciadas las medidas, dificultan el asalto a los intereses populares y conducen a que incluso sectores de derecha pretendan ser “comprensivos” con la respuesta popular que va en aumento. La lucha social apenas está iniciando.

“Se acabó el miedo, retomamos la lucha”, ha sido una expresión repetida en las calles y las redes sociales. Hoy el miedo pasó a las filas del gobierno que a primeras horas de la tarde del 3 de octubre dispuso el estado de excepción en todo el territorio nacional.

El decreto presidencial 884 tiene 10 artículos que, entre otras cosas, moviliza a las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener el orden, suspende en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, para impedir la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día, limita el derecho a la libertad de tránsito en todo el país “en los casos en que se atente contra los derechos y garantías del resto de ciudadanos” y se autoriza la requisición de bienes y de servicios.

La medida, altamente represiva y antidemocrática, es condición normal de las medidas impuestas por el FMI y los sectores empresariales de mayor poder. La injusticia de las decisiones gubernamentales se apoya en la reducción de derechos.

En las marchas y calles, se observa una gran agresividad de las fuerzas represivas del Estado, se arresta a personas que están amenazadas de juicios penales y se pretende amedrentar a la población. La paz social buscada por los gobiernos se ha roto en el Ecuador, ahora reinicia el tiempo de la lucha directa. “Se acabó el miedo, retomamos la lucha”.

6 octubre 2019

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Lunes, 07 Octubre 2019 06:06

Legitimidad

Legitimidad

Una de las preguntas esenciales de la experiencia social en torno al poder, la política y en especial en cuanto al modo de gobernar, bien podría ser: ¿Quién habla por la gente?

Esta es la cuestión que aborda el historiador británico Simon Schama en un artículo reciente.

La manera de formular este asunto indica la relevancia de las palabras y en general del lenguaje, en la relación entre gobernantes y gobernados. Esta es una aproximación similar a la que propone Boris Groys en su libro La posdata comunista, donde apunta que: “La política funciona en el medio del lenguaje. Opera con palabras –con argumentos–, programas y demandas, pero también con órdenes, prohibiciones, resoluciones y decretos”.

Schama señala en su texto la situación que prevalece hoy en lo que denomina como las dos democracias anglófonas en ambos lados del Atlántico.

Se trata del embrollo político que se ha gestado desde 2016 en Gran Bretaña alrededor del Brexit y en ese mismo año con la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Dice Schama que la retórica del desacuerdo tiende hacia la recriminación en torno a lo que es una legítima conducta política y, aun más problemáticamente, hasta al cuestionamiento sobre cuáles son las posturas que se consideran patrióticas, frente a aquellas que pueden constituirse en traición.

En este ámbito se advierten similitudes entre ambos personajes en sistemas muy distintos de gobierno; Boris Johnson, primer ministro de una monarquía constitucional, y Trump, presidente en una república federal y una democracia constitucional representativa.

Las semejanzas aparecen en la forma de abordar el conflicto político, en la manera en que se satisface o no, la voluntad de los ciudadanos y se cumplen los intereses nacionales y, de ahí, la pugna que tiende a ser cada vez más incisiva con los órganos legislativos.

De tal manera se expresa la práctica de gobierno cuando Johnson dice que las próximas elecciones generales en su país constituirán el enfrentamiento de la gente contra el Parlamento; o bien, cuando Trump coloca como su antagonista primordial al Congreso. Ambos han entablado también una confrontación similar con respecto a las resoluciones de los jueces.

En los dos casos se incide en contra de la separación efectiva de los poderes y se desdibujan los contrapesos que ponen un límite al ejercicio del poder. Aquí cabe apuntar una noción expresada por Diego Valadés (antiguo ministro de la SCJN) en cuanto a que, idealmente, "la Suprema Corte de Justicia no es ni debe ser un contrapeso del gobierno. La Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos. Los contrapesos deben estar en el Congreso. Esto es lo que se hace en toda democracia constitucional".

Así, volviendo a Schama, él sostiene que se desplaza el lugar de la soberanía popular desde las instituciones representativas hacia una especie de comunión creada entre un líder –con ciertos atributos carismáticos– y una masa de ciudadanos que puede movilizarse de muy distintas maneras.

Finalmente, se trata de la elección que hacen los ciudadanos en cuanto a formas alternativas que hoy pueden proponerse acerca de la democracia. grosso modo, una en la que el líder postula como primordial su versión de la voluntad popular y, otra, en la que se establecen parámetros de la representatividad institucional con límites legislativos sobre el ejecutivo, y la observancia de las leyes desde el Poder Judicial y, además, en un entorno de libertad de expresión y asociación.

En este contexto, Schama recuerda, de modo oportuno, la postura de Viktor Orbán, primer ministro húngaro, quien ha dicho que la democracia representativa ha llegado a su fin y será remplazada inevitablemente por una "democracia iliberal" en la que prevalece el nacionalismo militante sin cortapisa, o bien, dicho de otro modo, sin derechos ciudadanos que lo estorben. A contrapelo hay, sin embargo, casos como el de las ya largas protestas en Hong Kong.

En todo caso, cualquier discusión acerca de la pregunta original de ¿quién habla por la gente? en esta etapa histórica, se sitúa en una transición incierta en las formas de organización del Estado, del ejercicio del poder desde el gobierno y de la conformación misma de la sociedad.

En este entorno no puede perderse de vista que en ningún caso la voluntad de la gente es de una sola pieza; que no necesariamente las mayorías siempre tienen la razón, menos aún en sociedades donde esta voluntad se divide en ocasiones en partes prácticamente iguales, o bien, en otras en las que la diversidad manifiesta en las elecciones sólo consigue un bloqueo para gobernar. Estas situaciones están hoy a la vista.

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 Un grupo de indígenas bloquea un camino en señal de protesta. Foto | Video: AFP

Hace apenas tres días el presidente Lenín Moreno anunció un paquete de medidas económicas como consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluye la eliminación del subsidio a las gasolinas (incrementos de 120 por ciento en el diésel y 30 por ciento en la gasolina regular) y reformas laborales y tributarias que afectan a los trabajadores y benefician a grupos empresariales.

Confió en que un estallido social era cosa del pasado y que la prensa podría imponer una matriz de opinión dominante. Se equivocó. El país está sumido en la peor crisis política desde 2005 y se ha visto forzado a decretar el estado de excepción (amparado en el artículo 165 de la Constitución). El gobierno asegura que es una cuestión de agitadores y "golpistas", y ha reprendido con fuerza las protestas, que ya suman más de 350 detenidos. Parece que el relato gubernamental va quedándose sin eco y sus hasta ahora socios de gobierno, Jaime Nebot y Guillermo Lasso, líderes de la derecha guayaquileña, se distancian de él.

Los grandes grupos mediáticos, como parte del poder de trastienda en Carondelet, intentan posicionar que las protestas son un reclamo motivado en la pérdida de privilegios. Buena parte de los analistas políticos buscan imponer la idea de que el "populismo" de Rafael Correa es lo que llevó al país a esta situación.

Asegurar que las protestas son sólo el resultado de la quita del subsidio es contar la mitad de la historia. Lo que vive Ecuador es una crisis de representación. La sociedad no siente que el gobierno esté actuando en beneficio de la mayoría: una vez agotado el discurso de odio que viene imponiendo, Moreno no ofrece nada más al país. De hecho, el empleo se deteriora, los servicios públicos escasean y no hay una defensa de la soberanía económica ni política. En su incapacidad para gestionar el Estado, repartió el poder y asumió un rol secundario. Hoy, Lenín Moreno es la cara visible de un Poder Ejecutivo tricéfalo repartido entre los grupos económicos, los medios de comunicación y la embajada de Estados Unidos. La gente en las calles siente que el poder está, nuevamente, corporativizado. Era esperable que, en este contexto, exigir un "esfuerzo extra" desatara la ira ciudadana.

Moreno pensó que podía seguir exigiendo más esfuerzo a las clases trabajadoras mientras regalaba recursos a las clases dominantes, como ejemplifica esta última reforma económica. En 30 meses eliminó impuestos, amplió los escudos fiscales para facilitar la evasión y desmontó los aranceles que defendían al país y a la dolarización. En lo laboral, reduce derechos, busca flexibilizar el mercado y amputar los mecanismos de regulación. La estrategia de evocar la pesada herencia del correísmo, que al inicio capitalizó la imagen de Moreno, hoy socava su credibilidad y su capacidad para gobernar. El presidente, con la excusa de la corrupción, llevó al país a las antípodas del plan de gobierno de la Revolución Ciudadana. No es menor que en 30 meses haya dinamitado 70 por ciento de su capital político.

Es equivocado pensar que son protestas para preservar "privilegios". Es la gota que colmó el vaso. La gente sigue saliendo a la calle porque sabe que no existe corresponsabilidad ni justicia en las políticas adoptadas; no hay una justa distribución del esfuerzo y la carga es desproporcionadamente más pesada sobre unos que sobre otros.

La protesta parece que va ganando en calor e intensidad mientras Moreno ha dicho que no dará marcha atrás. Otros sectores se suman al paro y el bloqueo de vías es la tónica de todo el país. Un escenario como el de los años 1997, 2000 o 2005 puede ocurrir si el gobierno no recula. En cualquier caso, el equilibrio es inestable y lo cierto es que cualquier cosa puede ocurrir en Ecuador.

Por Nicolás Oliva Pérez, integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

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Hombres llevan el ataúd de un manifestante que fue asesinado durante las protestas antigubernamentales en Bagdad. Foto: Reuters

El número de muertos en las protestas que desde el martes se registran en Bagdad y otras provincias se elevó a 93 , mientras los heridos suman casi 4.000, informó este sábado la gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Irak.

En un comunicado, Ali al-Bayati, miembro de la Alta Comisión Independiente de Derechos Humanos de Irak (IHCHR, por sus siglas en inglés), agregó que entre los muertos hay efectivos de seguridad.

De acuerdo con recuento reciente ofrecido por el organismo, hay 93 muertos, 3.978 heridos y 567 detenidos, de los que 355 fueron liberados, en línea con lo prometido en la noche del jueves por el primer ministro, Adel Abdelmahdi.

La mayoría de los fallecidos son civiles aunque también se tiene constancia de seis agentes de policía muertos desde el estallido de las protestas el pasado 1 de octubre.

Mientras tanto, decenas de manifestantes se concentran en al menos dos puntos de la capital iraquí para pedir por quinto día consecutivo mejores servicios de luz y electricidad, y protestar contra la corrupción y el desempleo,

La movilización se produce en calles cercanas a la Plaza Tahrir de Bagdad, aunque seguía prohibido el paso de vehículos. En otras partes de la ciudad abrían los negocios y el tráfico regresaba a la normalidad.

Las protestas surgieron para demandar un mayor bienestar, oportunidades de trabajo y servicios básicos, y atribuyen el deterioro a la extendida corrupción e incompetencia del Gobierno.

Las fuerzas de seguridad han disparado contra cientos de manifestantes en el centro de Bagdad este viernes, pese a llamados del máximo clérigo chií del país de que pare la violencia “antes que sea demasiado tarde”.

El director del Observatorio iraquí de Derechos Humanos, Mustafa Saadoun, destacó que el viernes pasado fue el día más sangriento de las protestas, y no descartó que el número de víctimas pueda aumentar a cien en un futuro próximo.

Las autoridades han levantado desde este sábado a las 05H00, hora local (02H00 GMT), el toque de queda implementado durante los dos últimos días en Bagdad, donde el tráfico circula esta mañana con normalidad con la excepción de la plaza céntrica Tahri.

5 octubre 2019

(Información de agencias y TeleSur)

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Por qué el capitalismo se cargó el orgasmo femenino

En Por qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo, Kristen Godsee señala al capitalismo como yugo principal de la mujer y destaca algunos aspectos del socialismo de Estado en materia de género

Según la intelectual, todo se basa en la seguridad social porque una sociedad que no castigue a la mujer por tener hijos, ni devalúe su trabajo, provocará que sean más felices y disfruten de su sexualidad sin que esta sea un activo comercial

 

En la última huelga por el día internacional de la mujer, Ciudadanos rehusó participar porque, en su opinión, ser feminista no es incompatible con ser capitalista. O, en otras palabras, porque faltar a trabajar el día 8 de marzo es un gesto ideológico que no ayuda a la igualdad. Como si el terreno laboral y los cuidados domésticos no fuesen dos de los principales nichos de machismo, al menos, en la sociedad occidental.

Si la escritora y etnógrafa estadounidense Kristen Ghodsee hubiese escuchado a Rivera y a Inés Arrimadas en la víspera de la marcha feminista, se hubiera echado a temblar. Hace un par de años, ella misma fue atacada por el ala republicana y las defensoras del feminismo liberal por una columna en The New York Times titulada ¿Por qué las mujeres tuvieron mejor sexo bajo el socialismo?

La premisa quedaba bastante clara en las siete palabras de la cabecera y no faltó quien la quiso echar a los leones sin siquiera haberse leído el artículo. Estalinista y defensora de los gulags fueron las acusaciones más suaves. Pero, lejos de sucumbir a la presión, Ghodsee convirtió la pieza de opinión en un ensayo de 200 páginas que llega a nuestro país de la mano de Capitán Swing.

Partiendo de la base de que el sexo y el cuerpo femenino hace tiempo que abandonaron la esfera privada, y que incluso los orgasmos fingidos son políticos, la autora encuentra en el capitalismo el peor yugo para la mujer. Su teoría es que, "cuando se desarrolla correctamente", el socialismo conduce a la independencia económica, al equilibrio entre el trabajo y la vida, a mejoras laborales "y, sí, a un mejor sexo".

"Hay evidencias empíricas de que, en el contexto de la Alemania Oriental y Occidental, las mujeres de la RDA indicaron niveles mucho más altos de satisfacción sexual que las mujeres de la RFA", explica la autora a eldiario.es. En concreto, dos tercios de las jóvenes afirmaban llegar al orgasmo "casi siempre" y un 18% "con frecuencia".

Ghodsee lleva dos décadas estudiando el impacto cotidiano y los trastornos sociales, políticos y económicos posteriores a la caída del Muro de Berlín en 1989 y su conclusión siempre es la misma: con la entrada del libre mercado, todos los avances que la mujer consiguió bajo el paraguas del socialismo se fueron a pique. Incluidos los del sexo.

Uno de los conceptos más controvertidos que derivó del libre mercado, según ella, fue la economía sexual. Mientras que en el capitalismo el sexo de las mujeres es un activo que se ven obligadas a vender o regalar para satisfacer sus necesidades básicas, en el socialismo pueden satisfacerlas por sus propios medios y, por ende, serán menos reticentes a venderlo y "más dispuestas estarán a disfrutarlo por placer".

Otros factores que devaluarían el sexo en los estados socialistas son la disponibilidad de anticonceptivos y el aborto legal. Sin embargo, tampoco obvia el papel de Stalin y otros líderes soviéticos en la restricción de todos esos derechos, además de cercenar otros: "Los gobiernos del socialismo de Estado reprimieron los debates sobre acoso sexual, la violencia doméstica y la violación".

Quien crea que Ghodsee llega a esta conclusión a través de un cúmulo de frivolidades, se equivoca. Su ensayo se cuida de parecer un "tratado académico", pero incluye sucesos históricos, encuestas, conceptos económicos y textos sociológicos del siglo XX que conforman de todo menos una lectura ligera. Como hay aspectos que nos llevaría decenas de miles de palabras explicar, qué mejor que los aborde ella misma de su puño y letra.

Ha tenido que explicar en numerosas ocasiones que no aboga por volver a un sistema como el soviético. ¿Por qué cree que la lucha contra el sistema capitalista se relaciona enseguida con los estados totalitarios?

¡Gracias! No estoy defendiendo de ninguna manera volver al socialismo de Estado del siglo XX, y me frustra cuando los críticos intentan definir el libro como una especie de nota nostálgica por el totalitarismo. Hay políticas que han sido aprobadas en países que no son estrictamente socialistas, más bien capitalistas (Europa occidental, Canadá o Australia), y podríamos aprender de ellos en EEUU.

Dondequiera que miremos, el capitalismo contemporáneo está flaqueando. Las políticas de austeridad han destruido vidas y han creado una carga increíble para las mujeres y las familias. Durante demasiado tiempo hemos vivido en un mundo donde las ganancias son más importantes que las personas. Mi libro aboga por un mundo donde las personas y el planeta sean más importantes que las ganancias. Algunas personas dirán que esta es una idea utópica, pero creo que es una visión necesaria para nuestro futuro político y económico colectivo.

Sin embargo, admite que muchas de las políticas de igualdad conseguidas por el socialismo fueron inmediatamente aplastadas por los hombres que entraban al poder, como Stalin con el aborto. ¿Funcionaba el patriarcado en Europa del Este de forma más velada?

El patriarcado nunca desapareció en el Este, pero su poder se vio atenuado por la independencia económica y un compromiso fundamental con la emancipación de las mujeres (aunque fuera solo teórica). Aunque no lograron que los hombres contribuyeran al cuidado de los niños y al trabajo doméstico, intentaron apoyar a las mujeres ampliando la red de seguridad social para proporcionar estos servicios públicamente.

En las sociedades capitalistas, el trabajo de las mujeres en el hogar no tiene valor en la economía formal, y los capitalistas pueden aumentar sus ganancias porque las mujeres dan a luz y crían a la próxima generación de trabajadores y contribuyentes de forma gratuita. Piensa en las políticas de austeridad. Cuando el trabajo de cuidar a los niños, a los enfermos y a los ancianos ahora ocurre en el hogar, la carga de ese trabajo recae sobre los hombros de las mujeres.

Por lo tanto, el patriarcado en las sociedades capitalistas es mucho más insidioso que el patriarcado en las sociedades donde hay más provisión pública de servicios sociales.

¿Y por qué no sobrevivieron esas políticas socialistas tras la caída del Telón de Acero?

Porque la transición del socialismo al capitalismo requirió despidos masivos y los estados obligaron a las mujeres a regresar al hogar para ser amas de casa, adonde supuestamente pertenecían. Al abandonar el compromiso con la igualdad de género y las garantías de empleo al mismo tiempo, los estados post-socialistas podrían reducir efectivamente la fuerza laboral a la mitad.

En los países capitalistas, las mujeres siempre han servido como un ejército de reserva de trabajo cuando es necesario, y no importa lo que quieran o no. Las mujeres de Europa del Este fueron en gran medida víctimas del proceso de transición porque los estados podían reducir sus números oficiales de desempleo al reclasificarlas como "amas de casa". En muchos estados, esta fue una política abierta e intencionada que devastó a las mujeres que habían trabajado durante toda su vida.

Hablemos ahora de la temática del libro y una de las teorías que más ha escamado en su país: el sexo femenino como moneda de cambio para conseguir amor, compromiso y/o manutención. ¿De qué manera ese intercambio sigue existiendo en los países occidentales?

Sé que esto es muy controvertido, pero claro que todavía existe, y especialmente en los Estados Unidos. La teoría económica sexual tiene muchos problemas, pero lo que me interesa es que la idea del "intercambio sexual" es esencialmente la misma que la crítica socialista del siglo XIX sobre el efecto del capitalismo en las relaciones románticas.

En las sociedades que ponen toda la carga del trabajo de cuidado en las mujeres, ellas tendrán dificultades para combinar el trabajo y la vida familiar. Esto las obliga a depender económicamente de los hombres y esa dependencia a menudo crea una situación en la que las mujeres mismas se convierten en un tipo de mercancía. Los socialistas han hablado de esto durante más de 150 años, pero el problema no ha desaparecido.

Por lo tanto, mi argumento es muy simple pero importante: cuando las mujeres pueden atender sus propias necesidades materiales y las de sus hijos, y ya no dependen económicamente de los hombres, tienen la libertad de dejar relaciones heterosexuales infelices o abusivas o insatisfactorias, si es que las tienen. Esa autonomía básicamente permite una relación más igualitaria con los hombres y más libertad en la sociedad.

Habla del intercambio sexual dentro del matrimonio. Como Silvia Federici, ¿lo considera más alienante que otras transacciones explícitas y monetarias como la prostitución?

El trabajo sexual es trabajo. Es un intercambio abierto de fuerza de trabajo. En este caso, servicios sexuales por un salario monetario. Una vez que se transfiere el dinero, se puede reutilizar en la economía para todos los demás bienes y servicios. El trabajo sexual, por supuesto, existía antes del capitalismo.

Pero las mujeres pueden intercambiar el acceso a su sexualidad por una remuneración no monetaria (cena, bebidas, ropa, un anillo de bodas) y estas cosas no se convierten fácilmente en dinero para su uso en el resto de la economía. La mercantilización de la sexualidad no es una transacción negociada explícitamente, sino un conjunto de expectativas sociales cambiantes sobre las cosas que las mujeres pueden o deberían o podrían exigir a cambio del acceso a su sexualidad.

Por último, ¿qué opina de la defensa del feminismo mainstream? Es decir, al que ha engullido el capitalismo.

Ciertamente el capitalismo se ha tragado el movimiento feminista dominante. Creo que todas las feministas deberían ser socialistas si quieren que el gobierno intervenga para corregir las deficiencias del mercado libre en términos de la devaluación del trabajo de los cuidados.

Los mercados libres solo pueden empoderar a las mujeres sin hijos. Y tal vez es por eso estamos viendo una disminución tan profunda de las tasas de natalidad en los países capitalistas avanzados.

Las mujeres saben que su trabajo de cuidado es esencialmente inútil en una economía capitalista moderna, por lo que eligen limitar o renunciar a la maternidad. Pero si las mujeres quieren tener hijos y alguna forma de independencia económica, necesitarán la ayuda de políticas sociales progresivas implementadas por el estado. En definitiva, creo que el feminismo necesita socialismo si quiere trabajar para todas las mujeres.

Por Mónica Zas Marcos 

03/10/2019 - 21:38h

Publicado enSociedad
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