Martes, 08 Septiembre 2020 05:43

Una serie para Netflix: Etica y economía

Reacción del jugador Erica Cantona, jugando en el Manchester United, ante el insulto xenófobo de un barrabrava

La patada a un hooligan de Eric Cantona y un "experimento" del Banco Mundial

Una investigación financiada por el Banco Mundial, en la cual participó un miembro del equipo de Economía durante el gobierno de Macri, Sebastián Galiani, consistió en testear la reacción de los pobladores de un barrio vulnerable de Nairobi (Kenia) ante el corte por falta de pago del servicio de agua. El objetivo era verificar diferentes estrategias para reducir el nivel de morosidad.

 

 Eric Cantona fue una de las máximas figuras de la Premier League en la década del noventa. Los hinchas del Manchester United lo apodaban “The King”. El jugador francés se destacaba por su talento, carácter irascible e incursión en el mundo de la actuación.

Es muy recordada su inhabilitación por nueve meses, decidida por la Asociación de Fútbol inglesa en 1995, por propinar una patada voladora a un hooligan del Crystal Palace. “Vete a tu país bastardo de mierda, vuélvete a Francia”, le había dicho ese “hincha” que -luego se supo- militaba en el grupo fascista inglés Nacional Front.

Muchos años más tarde, el francés fue invitado al famoso programa de televisión Football Focus. El periodista le preguntó cuál había sido el mejor momento de su carrera. “Fue cuando le di una patada de kung fu a un hooligan…creo que es un sueño para algunos dar una patada a ese tipo de gente…saltear y patear un fascista, no es algo que se saboree todos los días”, contestó Cantona. Cuando colgó los botines, el francés se reinventó como actor y productor de numerosas películas.

Este año fue protagonista estelar de una comentada serie de Netflix. En "Recursos Inhumanos", Cantona representa a un ex ejecutivo desempleado que es reclutado por una consultora para participar en una ficticia toma de rehenes. El objetivo principal es testear la fidelidad de cuatro ejecutivos de una megaempresa constructora de aviones

La crueldad de esa “prueba” corporativa no está muy alejada de la realidad. La “financiarización de la economía” impuso infames reglas de juego globales. El divorcio entre economía y ética es cada vez más acentuado.

En “Los crímenes contra la humanidad de Wall Street”, la socióloga Shoshana Zuboff traza un paralelismo entre el concepto de la banalidad del mal (acuñado por la filósofa alemana Hannah Arendt) y el funcionamiento del sistema económico

En ese marco, la profesora de la Harvard Business School explica cómo los agentes financieros se desligan de las gravísimas consecuencias sociales de sus acciones. “Lo que asombra a Zuboff es la 'normalidad' con la que no sólo el 'sistema' sino los agentes financieros desarticulan las condiciones de vida de millones de personas y economías enteras sin que ninguna alarma moral ni sistémica llame la atención sobre tales consecuencias”, detalla Claudio Casparrino en "Acumulación y Banalidad del Mal", publicado en El Cohete a la Luna.

Lo cierto es que los límites éticos están cada vez más bajos como lo muestra un reciente trabajo del Banco Mundial. Esa investigación consistió en testear la reacción de los pobladores de un barrio vulnerable de Nairobi (Kenia) ante el corte por falta de pago del servicio de agua. El objetivo perseguido era verificar diferentes estrategias para reducir el nivel de morosidad.

El “experimento” utilizó los ensayos aleatorios controlados (RCT, por sus siglas en inglés) propios de las ciencias naturales. Esa metodología se basa en elegir un grupo sobre el que se actúa (en este caso, se interrumpe el suministro de agua) y otro grupo de control (se avisa que cortarán el servicio, pero no se concreta la amenaza). 

La difusión del trabajo tuvo repercusión en Argentina porque uno de los autores es el ex vicemistro de Economia macrista Sebastián Galiani

El economista investigador del Conicet, Nicolás Dvoskin, plantea que “sacarle el agua a los pobres de Kenia es una violación a un derecho básico como el acceso al agua. Hacerlo por el bien de la ciencia es una perversidad atroz. Hacerlo desde el Banco Mundial y como programa de desarrollo es directamente una atrocidad”. 

Villanos que cortan el agua de pobres africanos da para una serie de Netflix.

* Director Regional AFIP Santa Fe.

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Sí se puede: los movimientos vuelven a la calle en Brasil

Los movimientos sociales brasileños están recuperando las calles durante el primer mes del gobierno de Jair Bolsonaro. Entre el 10 de enero y el 5 de febrero el Movimiento Pase Libre (MPL) realizó cinco manifestaciones en Sao Paulo, en pleno verano, contra el aumento de la tarifa del autobús a 4,30 reales (1,2 dólares o 23 pesos mexicanos ¡cada trayecto!). Lo que supone que una parte considerable del salario mínimo debe ser invertido para moverse por la ciudad.


Recordemos que el MPL fue el movimiento que protagonizó las jornadas de Junio de 2013, protestando contra el aumento del transporte en plena Copa de las Confederaciones, y demandando por el acceso igualitario a la ciudad. Sao Paulo tiene más de 300 helipuertos utilizados por la elite empresaria, mientras la población trabajadora debe gastar entre 3 y 4 dólares diarios y cuatro a cinco horas para transportarse en la megalópolis.


Cinco años atrás las movilizaciones del MPL fueron duramente reprimidas y en respuesta salieron a la calle 20 millones de personas durante el mes de junio, protestando contra la desigualdad. La derecha tuvo la capacidad de montarse sobre la oleada de descontento, mientras la izquierda estaba desconcertada, y aprovechó la coyuntura para desestabilizar al gobierno de Dilma Rousseff.


Ahora el MPL vuelve a las calles, que en realidad nunca abandonó. Las cinco manifestaciones tuvieron características comunes, que se pueden seguir en las crónicas del artista plástico e historiador Gavin Adams (https://outraspalavras.net/author/gavinadams/).,


La primera es que participan mayoritariamente jóvenes, varones y mujeres, en general estudiantes activistas. La segunda es la masiva presencia policial, con tanques anti-disturbios llamados caveiroes (por la calavera pintada que tienen), blindados que se usan habitualmente en las favelas. También había soldados, motocicletas y coches policiales, en un despliegue intimidatorio evidente. La represión con balas de goma y gases lacrimógenos fue constante asícomo los cercos a los manifestantes (kettling, una técnica inaugurada en Brasil durante el Mundial de Fútbol 2014 por el gobierno de Dilma), que inmovilizan cientos de personas.


La tercera es que las manifestaciones fueron combativas, tanto por los lemas que se coreaban como por haber hecho frente a la policía, con firmeza y serenidad. Los jóvenes se dispersan en pequeños grupos, para evitar que nadie quede aislado y sea víctima de los verdes.


La cuarta es que las marchas oscilaron entre 500 y 15 mil personas, cifras importantes en el verano paulista y, sobre todo, ante el clima de furor bolsonarista que se respira en Brasil. Son militantes organizados, que están dispuestos a salir a la calle contra viento y marea, desafiando el aislamiento y la represión.


El hecho del que el MPL retorne con fuerza a la calle, contribuye a animar a otros colectivos. El día de la cuarta marcha, a fines de enero, había cuatro movilizaciones: la del MPL; otra contra el desastre de la minera Vale en Brumadinho que costó la vida de 300 personas entre muertos y desaparecidos bajo el barro; un acto de los Sin Techo (MTST) por el derecho a la vivienda; y otro de apoyo al diputado Jean Wyllys, que desistió del cargo por estar amenazado por los paramiliatres que ya asesinaron a su compañera de partido, Marielle Franco.
Es interesante constara cómo la derecha ya no puede convocar masas a sus actos. En enero realizaron también una concentración en Sao Paulo contra Renán Calheiros, un ex aliado de Lula que era candidato a encabezar el senado. Convocada por el grupo Vem Pra Rua, que cuatro años atrás sacaba millones a las calles, apenas acudieron 150 manifestantes. En contrate, la manifestación en defensa de los pueblos indígenas, cuyos territorios están en la mira del gobierno, agrupó más de dos mil personas


La última cuestión es sin duda la más importante. Luego de la quinta manifestación el MPL decidió cerrar el ciclo de actividades en el centro de la ciudad para trasladarse a los barrios. Algo así ya hicieron varios grupos del MPL en la decena de ciudades donde actúan, luego de que la derecha copara las marchas en 2013. Sin embargo, es una decisión de profundo contenido político, que muestra los objetivos a largo plazo de movimiento: organizar a las camadas más pobres en sus propios territorios, allí donde no llegan ni los sindicatos ni los partidos de izquierda, pero sí los evangélicos y las milicias paramilitares.


El MPL está articulando las luchas del pasado con las que están naciendo y se proyectan hacia el futuro, en un arduo trabajo de organización pero también mostrando que es posible tomar la iniciativa aunque los analistas y los políticos de arriba digan que no hay condiciones para ello. Todo un ejemplo de ética abajo y a la izquierda, que está abriendo los senderosdel futuro.


11 febrero 2019

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Martes, 10 Julio 2018 07:24

El tarifazo que no fue

El tarifazo que no fue

Haití vivió ayer una jornada de tensa calma en el primero de los días de huelga general convocada por los sindicatos tras la violencia callejera desatada luego de que el gobierno anunciara un incremento en el precio de los combustibles que finalmente dejó sin efecto el sábado.


Puerto Príncipe, la capital, estaba prácticamente paralizada y las calles semi desérticas, sometidas a un proceso de limpieza por parte de las autoridades tras las barricadas y el encendido de neumáticos y basura. Las personas optaron por permanecer en sus casas por precaución, mientras que por las calles solo circulaban vehículos privados.


La violencia callejera se desató el viernes pasado en Puerto Príncipe cuando el gobierno anunció que al día siguiente entraría en vigor un fuerte incremento del precio de los combustibles, como parte del paquete de ajustes que firmó en febrero último con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el corazón de la capital, en la comuna de Delmas, hubo saqueos de comercios, mientras algunos manifestantes exigían la salida del poder del presidente Jovenel Moise. Algunos de los atacantes estaban armados con cuchillos. Para dispersar las protestas, policías de unidades especializadas en mantener el orden dispararon al aire y usaron gases lacrimógenos. Al menos cuatro personas murieron desde que comenzaron las protestas el viernes en Haití.


Este sábado se recrudecieron las manifestaciones y actos vandálicos y el primer ministro, Jack Guy Lafontant, quien en un primer momento había llamado a la calma, anunciaba horas después que el aumento quedaba sin efecto “hasta nuevo aviso”. Sin embargo, el caos continuó en la capital y otros puntos del país, a pesar de que casi a medianoche del sábado el presidente Moise recordó que el incremento había sido revocado y pidió la calma y el retorno de la normalidad.


Las autoridades habían dispuesto aumentos de un 37 por ciento en el precio de la gasolina; de un 40 por ciento en el diesel y más de un 50 por ciento en el querosén, este último muy utilizado para alumbrar las casas haitianas de amplios sectores de escaso poder adquisitivo.


La incertidumbre en cuanto a la evolución de la situación política sigue siendo de todas maneras la nota dominante, con una huelga general convocada por la oposición para ayer y hoy.


El discurso a la nación y el llamado a la calma de Lafontant aún no dio resultado. Para el diputado Jerry Tardieu su retractación desafortunadamente llega demasiado tarde porque los incidentes violentos que esta decisión causó, sin las medidas de acompañamiento apropiadas, han causado muchas bajas. Ciudadanos fueron asesinados, un policía fue linchado, viviendas particulares y empresas comerciales fueron saqueados, destrozados o quemados, denunció el legislador en un comunicado. Frente a esta situación caótica, Tardieu y otros diputados cercanos al poder gobernante exigen la renuncia del primer ministro.

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Cómo los camioneros han paralizado Brasil

El gremio muestra su poder en el país del mundo que más depende de sus carreteras con una huelga que ha dejado desabastecidos supermercados, gasolineras y aeropuertos

Es viernes al mediodía en el centro de Recife, una ciudad de más de millón y medio de habitantes en Pernambuco, al nordeste de Brasil, pero podría ser primera hora de un domingo a juzgar por lo desértico del ambiente. En lo que debería ser el apogeo del horario comercial, las calles están casi desiertas, por las calzadas apenas pasan coches y hay varias tiendas cerradas. Claudenilson Carlos da Silva, de 34 años, cuenta las mesas vacías del restaurante en el que trabaja. “Si sigue así vamos a tener a que cerrar más pronto hoy”, calcula. “Es hora de comer, esto tenía que estar lleno”.


La experiencia de Claudenilson se repite en distintas ciudades de Brasil estos días. El país entero está inmerso en una huelga de camioneros que hoy cumple una semana y que ha paralizado buena parte de su vida pública, cuando no convertido el día a día en sus 26 Estados en una pesadilla logística. Gasolineras, supermercados, hospitales y aeropuertos han ido quedando desabastecidos con el paso de los días y han retirado algunos de sus servicios; los puertos se van quedando sin nada que exportar y ciudadanos y gobiernos locales buscan desesperadamente fórmulas para salir del paso. Y, como banda sonora de todo este caos, el runrún de soluciones temporales que el Gobierno central de Michel Temer ha ido anunciando y que poco han hecho por cambiar la situación en las calles.

Cuando comenzó la huelga, el lunes pasado, nada apuntaba que iba a cobrar estas dimensiones. Los camioneros protestaban por el precio del combustible, lo cual no parecía descabellado. El valor no ha hecho más que subir desde junio de 2017, cuando la petrolera estatal, Petrobras, empezó a basarse en la oscilación internacional. Pero si Petrobras ha cambiado de política de precios es porque Temer se lo permitió en mayo de 2016, por lo que, en esos primeros días, el Ejecutivo poco pudo —o quiso— hacer. Solo que esa respuesta encerraba un fallo de cálculo: Brasil es el país que más depende de sus autopistas en el mundo. El 58% de su mercancía —y, sobre todo, el 90% de su petróleo—, se entrega por ellas (en Estados Unidos, un país de menor tamaño, solo el 43% del petróleo se mueve así). Los camioneros son el único gremio capaz de convertir al primer país latino en un rehén del tamaño de un continente.

La alarma sonó el miércoles, cuando varias ciudades empezaron a vivir la misma escena: coches agolpados en gasolineras que estaban despachando sus últimas gotas de combustible. El jueves ya se hablaba de crisis. La central de abastos de Río de Janeiro no recibió el 90% de los camiones que esperaba y todas las grandes ciudades recortaron el transporte público a la mitad. En Paraná, al sur, dos universidades cerraron sus puertas. El viernes la crisis se había convertido en un caos nacional. Los aeropuertos ya cancelaban los vuelos por docenas, incluyendo algunos internacionales. São Paulo, la megalópolis más rica del país y hogar de 12 millones de personas, se declaró en estado de emergencia: horas después, el 99% de sus gasolineras se quedaban vacías. Por sus calzadas se empezó a ver repartidores de comida a domicilio a lomos de caballos. Los Estados de Pernambuco y Sergipe también se declararían en emergencia al poco. El aeropuerto de Brasilia canceló 40 vuelos. Una asociación de exportadores de carne anunció que, con la falta de alimentos, morirían 20.000 millones de pollos y 20 de cerdos.

Mientras tanto, en autopistas de todo el país se veían piquetes de camiones con los conductores dentro. El viernes había 534. En uno de ellos, a las afueras de São Paulo, estaba Ademir Wagenknecht, de 43 años, 25 al volante de un camión. “A veces trabajo 10 horas y a veces son 20, y veo a mis hijos tres o cuatro días al mes”, explica. “Un solo neumático ya es absurdamente caro: está a 1.800 reales [490 dólares), que es lo yo cobro por llevar unas cebollas a Santa Catarina [un Estado al sur de Brasil]. ¿Qué me queda si pago tanto diésel? Tengo que pagarlo de mi bolsillo. Yo seguía la profesión de mi padre, que me pasó el testigo. Pero entonces había muchas menos dificultades”.


Durante no pocos momentos de la crisis, el Gobierno ha proyectado la imagen de que sencillamente no sabía qué hacer. No hay precedente en la historia de Brasil para este tipo de problema. La flota de camioneros nunca ha sido tan grande, el Ejecutivo nunca ha sido tan impopular (solo el 5% de la población ve con buenos ojos a Temer) y, sobre todo, el país no tiene práctica alguna tasando el petróleo de forma libre. La norma era que Petrobras modificase artificialmente su valor siguiendo indicaciones políticas, pero cuando Temer llegó al poder, en mayo de 2016, renovó a la cúpula directiva de la petrolera y les dio libertad para cambiar el sistema de precios. Ellos decidieron basarse en la oscilación internacional, la cual no está precisamente a la baja últimamente.


La respuesta del Gobierno


Hace dos semanas el barril de Brent alcanzó los 80 dólares por primera vez desde 2014. Mientras, en el resto del mundo, las economías emergentes como la brasileña sufren los vaivenes del dólar y el real está cada vez más lejos de la moneda estadounidense. O sea, el precio ha subido un 50% en un año y la moneda ha perdido un 4,3% en el último mes. La cerilla y la mecha para la bomba.


Temer intentó ser conciliador al principio. El miércoles se vanaglorió de haber convencido a Petrobras de que bajase el precio del diésel un 10% con respecto al valor internacional, y lo dejase así durante 15 días como gesto de buena voluntad para negociar. Con esto, disparó el miedo a que la política volviese a controlar Petrobras y las acciones de la petrolera se desplomaron al menos un 14%. Solo aquel gesto ya había bajado el valor de la mayor empresa brasileña en 47.000 millones de reales (unos 12.800 millones de dólares). El jueves Temer volvió a la carga. Se comprometió a pagar a Petrobras la diferencia entre el valor internacional del diésel y el precio en las calles brasileñas. Así, el precio no se movería hasta diciembre. No bastó. El viernes el presidente volvió a comparecer y, cuando apareció en televisión, en las calles de Brasilia se escuchó un bocinazo colectivo. Su solución esta vez fue más drástica: amenazó con llamar al Ejército para que despejase las carreteras.


Los piquetes se fueron disolviendo a lo largo del fin de semana. Mientras, el Gobierno aumentó aún más la tensión en su enfrentamiento con los camioneros al acusarlos de hacer locaute, o sea, cierre patronal (en Brasil se adapta el término inglés, lockout), que es ilegal; y de estar asociados con mafias y criminales para presionar a la clase política. Si la idea era enfrentar al gremio con la ira de la población, no le salió del todo bien, al menos de momento. Las pistas dadas hasta ahora indican que, por ahora, el apoyo a los camioneros es algo generalizado. Incluso Claudenilson les manda ánimos desde su restaurante vacío de Recife. “Por mí, que los camioneros sigan, hasta el fin”, dice. “Hasta que les bajen el precio del combustible”.

São Paulo / Brasilia 27 MAY 2018 - 18:25 COT

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No más Electricaribe, exigencia generalizada en la Costa Atlántica

Apagón diario. No es un tema nuevo. No. Es una realidad que viene desde tiempo atrás, usada como “disculpa” para entregar al capital privado lo que hasta hace algunos años era patrimonio público. Pero la eficiencia nunca ha llegado a pesar de que el capital acumulado por pago de tarifas sí sale rumbo a Europa.


Sucede en la costa Caribe colombiana, a 34 y más grados de temperatura, con evidentes perjuicios para comerciantes, pequeños, medianos y grandes. La realidad es tal que en un país donde poco se cree en la diligencia de las instituciones públicas, la ciudadanía radica 90 y más quejas diarias en contra de Electricaribe por la ineficiencia del sistema eléctrico, por el déficit en el abastecimiento, por el riesgo para la salud de la ciudadanía que representan postes y transformadores mal instalados o a punto de caerse por falta de asistencia técnica.


Esa es la cotidianidad. Sin embargo los pasados 14 y 15 de marzo Electricaribe reportó cerca de 1.500 fallas denunciadas por los usuarios sólo en Barranquilla y el área metropolitana. Ante esta situación los afectados cuestionan si los apagones están relacionados con la política de ahorro promovida por el Gobierno o por la negligencia de la empresa comercializadora en lo que respecta a mantenimientos. Quejas y malestar que, ante la falta de soluciones concretas, ahora toman la ruta de las redes sociales.


Además de los cortes también hay quejas relacionadas con la afectación de electrodomésticos víctimas de las repentinas subidas y bajadas del fluido eléctrico, por lo general neveras, televisores y ventiladores. En general los usuarios piden lo mismo: fin a Electricaribe (ver http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/26900-un-sentimiento-que-une-a-la-costa-atlantica-el-rechazo-a-electricaribe.html). Y con justa razón pues en verano, y más aún con las olas de calor causadas por “El Niño”, el consumo por el uso de neveras y ventiladores aumenta considerablemente, por lo que una sobrecarga en el sistema es evidente. No obstante Electricaribe ha hecho caso omiso a la imperiosa necesidad de realizar el adecuado mantenimiento a las redes de abastecimiento.


Ante las denuncias de los usuarios y las notorias fallas presentadas durante años, y que ahora no pueden ser disimuladas, la Superintendencia envió al delegado Rafael Albarracín, y a la representante de la entidad Karen Schutt para el seguimiento a Electricaribe. La comisión técnica busca evaluar los daños en el servicio que se está presentando y deducir si se deben adjudicarlo al deterioro de la red eléctrica o a los recortes anunciados por el Gobierno Nacional. Electricaribe se compromete a reparar los daños causados a los usuarios de acuerdo a las fallas presentadas.


Lo que no puede concebirse es la negligencia descarada por parte de Electricaribe. A comienzos de 2016 se reunieron el Presidente, dirigentes públicos de la región Caribe y representantes del gremio energético y Electricaribe, compromiéndose la empresa con mejorar el servicio del suministro de energía. Cumplido el plazo de 60 días para hacer efectiva tal promesa, las fallas reportadas por el servicio prestado por Electricaribe continúan contándose por cientos.


Electricaribe distribuye energía eléctrica en los departamentos Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Córdoba, Sucre y Cesar; cada departamento tiene al menos 10 municipios en los que los apagones son tan prolongados que el servicio eléctrico les llega muy pocas veces al año.

Es el caso del corregimiento Cuatro Bocas en donde bloquearon la carretera vía al relleno sanitario Los Pocitos el 14 de marzo, alegando que no tienen servicio de energía desde el domingo 13 .


"Anoche cerramos la carretera y la abrimos a las 2 de la mañana porque Electricaribe nos dijo que hoy a las 8 de la mañana íbamos a tener el servicio de luz. Cuando vimos que a las 11 no llegaba, decidimos volver a cerrar. Hasta para eso engañan a la gente", señala uno de los manifestantes.
Orlando Romero, propietario de una tienda, afirma que ha tenido que comprar hielo para poder mantener frescos productos como verduras, carnes frías y helados.


"Acá hay como 12 mujeres con bebés recién nacidos, personas que necesitan nebulizaciones no han podido y los que tenemos negocios estamos con pérdidas, y Electricaribe se burla de nosotros", indica Romero.


En Barranquilla, de igual manera, también se presentaron bloqueos a manera de protesta ante los malos servicios. Desde inicio del 15 de marzo tomaron forma protestas en la carrera 38 con calle 80. También tomaron forma bloqueos en el barrio Los Pinos, carrera 27 con calle 55 esquina. En el barrio La Manga y el barrio Las Terrazas los vecinos alegan que el corte de la energía se produjo en la mañana del domingo, día desde el cual Electricaribe ha respondido con evasivas y falsas promesas.


Dentro de las excusas usadas por la empresa para justificar los cortes masivos, resalta el problema de los árboles que crecen cerca de los cables transportadores, pues estos, con el impulso de la brisa, mueven sus ramas halando y arrancando el cableado. Ante esta declaración el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas en el Atlántico (Aciem), Carlos Pantoja, señaló que la empresa Electricaribe debe tener "como mínimo" 20 carros de lavado de redes de energía en Barranquilla, para reducir el riesgo de daños en el sistema por cuenta de las brisas .


De las interrupciones que han durado hasta 30 horas continuas, Electricaribe confía en darles solución a por lo menos el 95 por ciento de los casos reportados hasta el día 15 de marzo en las siguientes 24 horas. Esto sería, una vez más, los pañitos de agua tibia a los que la empresa está acostumbrada a impartir a modo de solución improvisada, razón por la cual y ante los persistentes inconvenientes, algunos dirigentes de Córdoba han considerado la posibilidad de independizar al departamento del servicio de Electricaribe y optar por el prestado en empresas como la EPM, teniendo en cuenta su cercanía geográfica .


Cualquiera pensaría que los cortes prolongados y constantes son un problema bastante serio, resulta que hay más. Sumados a los cortes de energía que cada vez se hacen más constantes y de manera arbitraria y sin previo aviso, está el descontento que produce en los usuarios las tarifas tan elevadas que tienen que cancelar por tan mal servicio. Para entender mejor tales facturaciones desdeabajo consultó en la página de Electricaribe la forma en la que se liquidan los precios de las facturas de cada cliente.


Tarifas, subsidios y contribuciones.


En la factura de energía está contemplado el Costo Unitario de Prestación del Servicio (CU) que es el costo económico eficiente que resulta de agregar los costos de las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y otros costos relacionados con la operación y administración del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Es decir que al usuario le cobran gastos que la empresa no realiza, tales como inversión en mantenimiento y aseguramiento del suministro constante de la energía. La metodología para el cálculo del Costo Unitario de Prestación del Servicio es definida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), su aplicación, cálculo y publicación es efectuada por Electricaribe, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Sspd) vigila su aplicación.


Costo unitario de prestación del servicio


El Costo Unitario (CU) de Prestación del Servicio es la suma de los seis elementos que a continuación explicamos. Está el cargo que cubre los costos de compra de la energía eléctrica, pagado a la empresa generadora. El cargo que remunera los costos del transporte de la energía eléctrica desde las plantas de generación hasta los grandes centros de consumo. El cargo que remunera los costos de distribuir la energía eléctrica dentro de los grandes y pequeños centros de consumo a cada uno de los clientes finales. Y el cargo que remunera los costos de atención a los clientes como son: la lectura de la medida, facturación, reparto de facturas, atención en oficinas comerciales, puntos de atención y pago, call center, etcétera.
Es decir que el suscriptor paga a la generadora de energía, paga a quien lo transporta, a quien lo distribuye y paga para que les cobren (medidores, recibos, mensajería, atención al cliente y puntos de pago).


Además, un cargo que reconoce los costos de pérdidas de energía en su transporte desde las fuentes de producción hasta los centros de consumo y un cargo que reconoce los costos por restricciones en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y los servicios asociados con la generación.

 

Subsidios y contribuciones


Los clientes de los estratos 1, 2 y 3 (clasificados como de menores ingresos), reciben subsidios de hasta el 60, el 50 y el 15 por ciento respectivamente sobre el Costo Unitario de Prestación del Servicio, aplicables al denominado "Consumo de subsistencia" el cual es de 173 kWh-mes, y para los clientes ubicados en barrios subnormales es de 184 kWh-mes.


Los clientes de los estratos 5 y 6 (clientes residenciales de mayores ingresos), así como los clientes pertenecientes al sector comercial, pagan una contribución del 20 por ciento sobre el Costo Unitario de Prestación del Servicio, con destino a cubrir los subsidios otorgados a los clientes de los estratos 1, 2 y 3.


Los clientes del estrato 4, así como los servicios especiales como hospitales, clínicas, puestos y centros de salud, centros educativos y asistenciales sin ánimo de lucro, no pagan contribuciones ni reciben subsidio. Los acueductos pagan contribución del 10 porciento sobre el Costo Unitario de Prestación del Servicio.


En resumen, el valor cobrado en la factura no contempla descuentos por apagones ni deterioros de la infraestructura eléctrica, al parecer tampoco se efectúan los beneficios para aquellos que se comprometan con el uso consciente de la energía. Esto dejando de lado el cargo por confiabilidad (ver http://www.desdeabajo.info/colombia/item/27522-estafa-legalizada-incrementan-el-valor-de-la-electricidad.html) que el pueblo colombiano paga como impuesto para que fenómenos como “El Niño”, o el cambio climático, no afecten el suministro constante de energía.


Razón tienen los pobladores de la costa Atlántica en protestar por el mal servicio que presta Electricaribe, y mucho más en exigir que la cesen en tal labor. Una reestatización de la empresa y del servicio, con participación activa y decidida de pobladores en general y comerciantes en particualr, que en verdad haga de lo estatal un bien público, y más que ello un bien común, está demanda a la orden del día.

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Cali: agua, salud y transporte para el pueblo. ¡No al tarifazo!

Cali, la tercera ciudad de Colombia, hoy, parece un infierno.

Aquí el fenómeno del niño es un descomunal cataclismo.

Las temperaturas, arriba de 36 grados, son un tormento para sus dos millones 400 mil habitantes y para los más de tres millones del Área Metropolitana.

Pero no es solo eso.

No hay agua potable.

La salud colapso como resultado de la corrupción politiquera.

Y el transporte público es un caos.

La ciudad necesita dramáticamente una acción de emergencia ante la catástrofe que se vive. Y no exagero.

Desde el lunes 18 de enero, y por tiempo indefinido, el agua y por decretó entró en racionamiento, decisión que afecta varios espacios urbanos como el centro, el oeste y el norte de la ciudad. Esto quiere decir, que más de 70 sectores de la ciudad, que se surten de la planta Río Cali, tendrán suspensión del servicio entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. hasta se que se recuperen los bajos niveles del río Cali.

Uno de los sectores afectados será el barrio San Fernando, donde se encuentran diferentes entidades de salud, entre ellas el Hospital Universitario del Valle.

Los barrios afectados por este cruel racionamiento de agua son:

El Refugio, Cascada, Pampalinda, Cuarto de Legua, Urbanización Santiago de Cali, Cañaveralito, Lido, Nueva Granada, Santa Isabel, La Morelia, Tejares, Cristales, San Fernando Viejo, El Morichal, Miraflores, Sector Guadalupe,
Cañaveral, Bellavista, El Nacional, Navarro, Santa Bárbara, Los Libertadores, Miraflores, San Cayetano, San Antonio, EL Peñón, La Chamca, Bosques Municipal.

En la comuna 1, los barrios Terrón Colorado I y II, Palermo y su sector de la Fortuna; Alto Aguacatal y sus sectores; Mata de Guadua, la Estatua, la Paz, la Gracia, la Playita, Puente Azul; Vistahermosa y sus sectores las fresas, patio bonito, los lotes, el retén, la berraquera; Bajo Aguacatal, Palmas I y II, La Legua, Urbanización Aguacatal y Villa del Mar. Está localizada al occidente del área urbana.

Comuna 2: Altos de Menga, Arboledas, Área Libre-Parque del Amor, Arroyohondo, Brisas de los Álamos, Centenario, Ciudad los Álamos, Chipichape, Dapa, El Bosque, Granada, Juanambú, La Campiña, La Flora, La Paz, Menga, Normandía, Pacará, Prados del Norte, San Vicente, Santa Mónica, Santa Rita, Santa Teresita, Sector Altos de Normandía-Bataclán, Urbanización La Flora, Urbanización La Merced, Versalles, Vipasa, no tendrán el servicio de acueducto.

También son varios los municipios con problemas de agua por este sorpresivo racionamiento. Nos referimos a los municipios de La Cumbre, Vijes, Restrepo, La Victoria, Toro, Jamundí, Candelaria, Palmira, La Unión, San Pedro, Zarzal, Roldanillo y Ansermanuevo.

Cali, bañada por siete ríos y que cuenta con varios humedales, es una ciudad donde el agua pareciera ser un recurso ilimitado. Sin embargo, las constantes suspensiones del suministro y las dificultades para tener acceso a dicho líquido se han convertido en el calvario de cada día de millones de personas, sobre todo de los más pobres, que viven en zonas donde no existen fuentes limpias de agua.

El abastecimiento de la ciudad depende de los ríos Cauca, Meléndez y Cali, y las tres cuencas presentan problemas de deforestación y pérdida de calidad por minería ilegal.

No solo se trata de las afectaciones climáticas, que a pesar de ser previstas no han sido manejadas con medidas de choque que garanticen el cuidado del recurso. Hay diferentes actores que intervienen en el problema: campesinos que viven aguas arriba o cerca a sus nacimientos y que no cuentan con herramientas para que generen ingresos sin tener que intervenir el bosque que protege las fuentes de agua; y las industrias y empresas capitalistas que producen residuos líquidos, que en buena parte no cuentan con sistemas de limpieza del agua que utilizan, y que vierten sus contaminantes en los ríos sin tratamiento adecuado.

Está también el sistema administrativo, insuficiente, corrupto, clientelar y burocrático, que a la hora de tomar decisiones ante estos problemas, que debieron ser tratados hace tiempo, no lo han hecho con la premura debida, muy posiblemente por falta de continuidad a las propuestas que nacieron en las administraciones de turno, lo que ha permitido el deterioro del sistema hídrico de la ciudad.

Para cerrar este desolador escenario, la nueva Gerente de Emcali, Cristina Arango, se nos vino con nuevos anuncios de incremento de las tarifas de los servicios de agua, luz, teléfonos, gas y recolección de basuras a partir de enero.

No hay derecho a semejante abuso. Son unos neoliberales delirantes.

Se robaron a Emcali y ahora quieren tapar los huecos y organizar mas saqueo con el ajuste de las tarifas.

A este oscuro panorama hay que agregar los graves problemas de la salud. Los hospitales, como el departamental, lo arruinaron los politiqueros corruptos y despojadores de los presupuestos correspondientes. En Cali la salud colapso y necesita un plan extraordinario de intervención.

Adicionalmente el transporte y la movilidad de millones de personas se han convertido en un caos descomunal.

Las operadoras del sistema de transporte masivo MIO se mueven en la bancarrota, y el servicio es un desastre en las diferentes rutas que operan en el espacio vial y urbano.

Mientras todo este caos crece el anciano Alcalde Maurice Armitage posesionado el pasado 1 de enero, se despacha con discursos cantinflescos y con retoricas empresariales que solo favorecen a una minoría, a la vieja casta oligárquica que vive a expensas de la miseria y explotación de los demás caleños.

El pueblo de Cali y de los municipios cercanos debe proceder a organizar una gran movilización cívica que exija la solución de estos graves problemas.

Hay que dar paso a un amplio movimiento social que articule todas las demandas sociales para alcanzar el bienestar de las mayorías ciudadanas.

En las condiciones presentes es imposible que la paz llegue a la capital del departamento del Valle.

Agua, salud y transporte es la demanda inmediata de todo el pueblo de Cali.

Todo nuestro apoyo.

Publicado enColombia
Jueves, 26 Noviembre 2015 11:54

Estafa eléctrica

Estafa eléctrica

Como un baldado de agua fría cayó sobre los hogares colombianos el anuncio de nuevas alzas en las tarifas de energía. La disculpa en esta ocasión, el anunciado fenómeno de El Niño. De por medio estalla la evidencia de que esos mismos hogares han cancelado a las empresas generadoras de energía, durante los últimos 10 años, más de 8.000 millones de dólares para que estuvieran preparadas ante una eventualidad de estas. Recogidos estos dineros bajo el rubro "Cargo por confiabilidad", y sin cumplirse su cometido, es evidente que estamos ante una estafa. El Estado y el Gobierno de turno la amparan.

 

Para no olvidar y para que no se repita. El 30 de mayo, de 2014 el gerente de las Empresas Públicas de Medellín (Epm) decretó un aumento de las tarifas de energía eléctrica en los siguientes términos.

 

"Las empresas de distribución de energía del Grupo Epm en Colombia empezarán a aplicar un aumento tarifario del 2% durante algunos meses de este año a sus clientes del mercado regulado (residenciales, comerciales e industriales de bajo consumo). Los clientes de Epm y Cens (Norte de Santander) verán este incremento en las tarifas de mayo a septiembre, los de Essa (Santander) y Edeq (Quindío) de mayo a octubre, y los de Chec (Caldas) hasta el mes de julio".

 

Las razones: el fenómeno de El Niño anunciado por el Ideam (sequías prolongadas), el bajo nivel de lluvias registradas durante el último trimestre de 2013 fueron los principales factores que motivaron la aplicación de tal reajuste.

 

El impacto de esta medida puede verse la Grafica 1. Costo unitario del KW/h cobrado por empresas públicas de Medellín de abril a diciembre de 2014.

 

Pasaron los meses y aunque el anunciado fenómeno climático no se presentó en el 2014 tan fuerte como se esperaba, Epm sí incrementó entre enero y agosto de tal año la tarifa del Kw/h de la energía en más de 50 pesos.

 

Nuevo año e igual comportamiento empresarial. A partir de febrero 15 de 2015 inician una nueva alza de las tarifas hasta llevarlas en noviembre 15 del 2015 a un precio de 417 pesos por KW/h. Esto en Antioquia; pero en el Valle del Cauca significa que, para la ciudad de Cali, este aumento en la energía se le suma al anunciado por la Empresa Emcali a principios del mes de octubre, cuando se estableció un incremento del 3,5 por ciento para los estratos 1, 2 y 3 y un alza del 9 por ciento para los usuarios de estratos 4, 5 y 6, todo ello amparándose en las señales de que viene un fuerte calentamiento del océano Pacífico, que se traduce en el citado fenómeno de El Niño.

 

A la par de las empresas de energía, sin perder tiempo y valiéndose de esta realidad natural, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, anunció que a partir de diciembre "El kilovatio por hora tendrá un incremento de entre $ 6 y $ 7 el KW/h para todos los usuarios, lo que representa un aumento en las tarifas de $ 400 para el estrato uno y de $ 3.000 para los niveles altos de la población. Es decir, que el aumento total para los estratos bajos sería de 1,75% y el incremento para los más altos sería superior al 2,5%".

 

Y aunque el Fenómeno es una realidad, los embales se encuentran hoy con aportes hídrico de un 50 por ciento de la media histórica.

 

Como soporte para su "sensata" maniobra tarifaria, el Ministro alegó que sus medidas pretenden evitar un racionamiento de energía en todo el país. Según su entender, con el dinero que recojan garantizarán que las plantas térmicas puedan generar energía, mientras se conserva y recoge agua en los embalses que hoy están por debajo del 65 por ciento de su capacidad promedio, la misma que ante la concreción de un fuerte fenómeno de El Niño podría caer por debajo del 40 por ciento, colocando en riego el suministro de energía y abocando al país a un eminente racionamiento.

 

Todo parece muy sano y lógico. Pero por esta medida gubernamental, a partir de diciembre de 2015, los colombianos pagarán unos 40 mil millones de pesos de más por mes, a través de la factura mensual que cancelan por el servicio de energía. Dinero que garantizará, eso sí, rentabilidad a las generadoras de energía. Es decir, y una vez más, las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan.

 

Lo anterior sin tener en cuenta que todos los hogares colombianos le han cancelado a los generadores, en el curso de los últimos 10 años, más de 8.000 millones de dólares a través del rubro denominado "Cargo por confiabilidad" (Resolución Creg-071 de 2006), el cual viene en todo recibo de pago tarifario.

 

Parece un chiste de mal gusto pero así es. Millones de colombianos han pagado mes a mes, y en el curso de casi una década, un dinero a estas empresas para que cuenten con las condiciones necesarias para atender un suceso natural o una falla de cualquier tipo, y evitar así un racionamiento o los apagones de luz. Tanto dinero ha sido cancelado que el mismo sería suficiente como para construir dos centrales de generación tan grandes como Hidrosogamoso (820 MW).

 

La confiabilidad

 

Para ser más claros hay que ampliar lo anotado. El Cargo por confiabilidad consiste en pagar para que las empresas generadoras de energía tengan una cantidad de energía en firme lista para entregarla al sistema cuando éste así lo requiera. Tal cargo consiste, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas Creg, en "Obligaciones de Energía Firme (Oef), que corresponden a un compromiso de los generadores respaldado por activos de generación capaces de producir energía en firme durante condiciones críticas de abastecimiento. Este esquema debería permitirles asegurar la confiabilidad en el suministro de energía en el largo plazo, todo ello a precios eficientes.

 

Para estos propósitos, se subastan entre los generadores las Oef requeridas para cubrir la demanda del Sistema. El generador al que se le asigna una Oef recibe una remuneración conocida y estable durante un plazo determinado, comprometiéndose a entregar determinada cantidad de energía cuando el precio de bolsa supera un umbral previamente establecido por la Creg y denominado "Precio de escasez". Tal remuneración es liquidada y recaudada por el Administrador del Sistema Interconectado (Asic) y pagada por los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (Sin), a través de las tarifas que cobran los comercializadores1 a todos los clientes que utilizan el servicio de energía.

 

En otras palabras, el cargo por confiabilidad lo cancelan todos los colombianos a los generadores térmicos e hidráulicos por estar disponibles con sus recursos para generar energía. Hoy, que el Gobierno les pide a los generadores térmicos generar y cumplir con los contratos, ellos se declaran en incapacidad para cumplir arguyendo el alto costo de los combustibles, y otras plantas hidráulicas que distintos generadores se comprometieron a tener listas, hoy no lo están.

 

La presidenta de Acolgén, Ángela Montoya, resume bien el problema, "El asunto aquí es financiero, el diesel está muy costoso y no hace viable la generación"2. Chantaje y estafa. Sin plantas propias del Estado, y ante la evidencia de que futuras condiciones climáticas pueden generar un apagón de incalculables consecuencias, llevan a que el Gobierno se apreste a cumplir las exigencias impuestas por el gremio de generadores, que como un cartel más, defienden sus intereses incumpliendo los contratos, y ante posible pérdida de rentabilidad futura amenazan con no generar si el gobierno nacional no incrementa las tarifas.

 

Lo que habría que desembolsarles en los próximos meses se estima en unos 3 billones de pesos, una parte de lo cual lo pondrían los generadores, otro el Gobierno y otro porcentaje los clientes.


¡No cumplen con los compromisos adquiridos pero sí hay que pagarles como premio por ello! Hoy, ninguno de los que incumplieron, ni los que recibieron la plata, han recibido sanción alguna; mientras tanto el Ministro de Minas decreta medidas para garantizarles que el negocio de prestación del servicio continúe siendo rentable, a costas de la población, de la industria en general y de las finanzas públicas.

 

La coyuntura es oportuna para recordar que meses atrás se discutían en el Congreso las razones por las cuales el gobierno nacional pretende vender a Isagen –la segunda generadora más grande del país, con capacidad de generación superior a los 3.032MW–; entonces el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmaba que el sistema eléctrico colombiano era un sistema maduro y que por tanto el Estado podía salir de dicho activo sin que a futuro se afectara a los usuarios. Palabras necias. La realidad es otra, el Estado no está hoy en capacidad de generar la energía requerida por todo el país, y mucho menos cuenta con la voluntad para hacer que los privados cumplan los contratos firmados; contrario a ello, y como cómplice de estafa, procede a decretar medidas contra la población para, supuestamente evitar –de hacerse realidad los pronósticos climáticos– que el conjunto nacional quede sometido en los próximos meses a un apagón sin precedentes.

 

Es bien conocido por los colombianos que las tarifas implementadas por las leyes 142 (servicios públicos), y 143 (ley eléctrica de 1994) incrementaron los pagos de manera exponencial, sin ninguna reducción en las mismas, ni siquiera en épocas de inundaciones (cuando los embalses botaban agua por doquier). Igualmente, todas las empresas prestadoras de dichos servicios, privadas y públicas, ven crecer año tras año sus utilidades y los dividendos de los accionistas crecen sin sobre salto aún, incluso, ante la presencia de El Niño.

 

1 Página web de la CREG
2 Elpais.com.co|Colprensa

 


Recuadro

 

 

 

Publicado enEdición Nº219
Viernes, 20 Marzo 2015 18:02

Camioneros vuelven a las carreteras

Camioneros vuelven a las carreteras

En la madrugada del 19 de marzo el Gobierno Nacional y los gremios camioneros firmaron los acuerdos y levantaron el paro que inmovilizó miles de camiones durante 24 días. Fueron el alza en los precios de los alimentos y los inconvenientes en el transporte de mercancía lo que le confirmó a los incrédulos que el tal paro sí existía.


Desde el 23 de febrero los camioneros asociados en la ATC, la ACC, la ANT y la CCT, anunciaron la inmovilización de sus vehículos, acción de fuerza con la cual buscaban que el actual Gobierno aceptara sus propuestas para solucionar los problemas que aún los aquejan.


El 18 de marzo se cumplieron 24 días de inmovilización. Ese día, en una reunión –que terminó en la madrugada del 19–, con la ministra de Transporte, Natalia Abello, el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón y el superministro de Presidencia, Néstor Humberto Martínez, las partes firmaron los acuerdos.


Era una firma esperada por diversos sectores de la sociedad colombina, sobre todo por los efectos ya evidentes en el abastecimiento de algunas ciudades con productos del campo, así como de materias primas para la menguada industria nacional. Efecto acumulado a pesar de que durante todo el tiempo el Gobierno pretendió minimizar la potencia y la misma existencia del paro. Pero también, porque las conversaciones entre las partes venían desde mucho antes de llegarse a declarar la hora cero para esta parálisis de automotores de carga, interrumpidas por los alargues e incumplimientos del Gobierno con respecto a compromisos anteriores con los caminoneros, como su terquedad para valorar de manera cabal sus demandas.


Se calcula que la inmovilización provocó pérdidas por 6.000 millones de pesos. Empresas como Mabe –Manizales– tuvieron que cerrar porque no había quién transportara al puerto la mercancía por ellos producia; en ciudades como Pasto y otras se sintió el alza en el precio de los productos del campo, pero, además, la tensión en el orden público llegó a crisparse ante los choques de los caminoneros con el infaltable Escuadrón Móvil Antidistirbios (Esmad) y la orden de última hora de militarizar las carreteras del país, una medida que recuerda que la protesta social está criminalizada. Cuatro tractomulas incineradas y 49 personas detenidas es el saldo trágico de la protesta.


Esas consecuencias, dejan reflexiones con respecto al transporte de carga en Colombia:


Primero, queda en el aire la sensación de desinformación sobre la inmovilización, principalmente porque las noticias de los grandes medios se enfocaron más en las divisiones del gremio de la ACC –luego del anuncio del inicio del paro– que en el porqué, en dónde, etcétera del mismo, buscando en todo momento desvirtuar la iniciativa de los camioneros.


Segundo, ¿qué pasaría si los camioneros, en su totalidad, dejaran de realizar sus actividades? La dependencia de otros sectores económicos del trabajo de los camioneros es evidente, sobre todo porque Bogotá y Medellín, a diferencia de otras capitales y ciudades importantes del mundo, están ubicadas lejos de los puertos.


Tercero, con tantos vehículos de carga, la falta de carreteras de calidad, y los daños ambientales que inevitablemente provocan tantos carros, ¿no será hora de abocar de nuevo, con seriedad y sentido estratégico, el tema del transporte ferreo? Un transporte que, como es conocido, es más amable con el medio ambiente, menos costoso y de mayor capacidad económica. Un transporte necesario de encarrillar, tanto para movilizar carga como para facilitar y abaratar la movilidad de miles de persona pero también, para que lo público prime de nuevo sobre lo privado y el interés inmediato de los comerciantes.


Los acuerdos


Según el acta firmada por las partes, será creada una comisión permanente integrada por expertos en "materia de logística, multimodalidad y prestación del servicio de carga". En cuanto a las relaciones económicas, la principal petición era el flete mínimo obligatorio, y frente a esta demanda se acordó lo siguiente:


- No se pueden efectuar pagos por debajo de los "Costos Eficientes de Operación", que se encuentran en el sistema de información Sice Tac.
- El Ministerio de Transporte, la Cancillería y las Gobernaciones de Arauca, Norte de Santander, Guajira y Nariño, junto a los gremios transportadores, iniciarán la campaña "Presencia institucional en fronteras", sobre temas de transporte, para establecer el control sobre la operación, las relaciones económicas, la soberanía, etcétera.


Referente al parque automotor, pedían renovar los vehículos y dejar a un lado la vía útil:


- El Ministerio y otras instituciones del Gobierno Nacional garantizarán la política de no implementar la vida útil para el Transporte de Carga en Colombia, dentro del PND 2014-2018.


- El Gobierno mantendrá la política de reposición uno a uno.


- "Para los vehículos postulados de conformidad con la Resolución 4160 de 2008 y 7030 de 2012, el valor del reconocimiento económico se indexará de acuerdo a la variación anual del IPC, para lo cual será emitido el acto administrativo pertinente. Será reconocida la indexación por IPC desde el año siguiente a la fecha de expedición de la resolución 4160 y se llevará a valor presente"


Otro aspecto de los demandado por los transportadoes de carga, el precio de la gasolina, y la garantía por parte de Ecopetrol para brindar contratos a los caminoneros para el transporte de hidrocarburos, fue abordado así:


- En medio del paro fueron realizadas múltiples reuniones. El acuerdo logrado recuerda que, luego de la reunión del 10 de marzo con Ecopetrol, el Ministerio de Transporte y el de Minas y Energía, para revisar los contratos que tienen con terceros, se continuarán reuniones con las empresas contratistas de la petrolera y pequeños transportadores, las cuales estarán en seguimiento por parte del Grupo de Logística y Carga del Ministerio de Transporte.

 

- A más tardar el 19 de abril será realizada una reunión con Ecopetrol, el Ministerio de Transporte, el de Minas y de Hacienda para evaluar la posibilidad de refinar y comercializar el combustible para abastecer el sector de transporte público a través de la Reficar. Dice el acta, "proceso que se realizará con la fórmula Colombia". Es decir, se continuará con la forma de calcular el precio de la gasolina.


La pensión a 20 años de trabajo por el bienestar y la salud de los conductores que se ven expuestos a diversos climas, horas de trabajo, y sustancias químicas. Sobre este aspecto el acuerdo dice:


- Evaluar los estudios existentes para determinar si se presentaron las condiciones técnicas para justificar la propuesta de pensión especial, y en tal sentido promocionar un proyecto de ley.


- El próximo 27 de marzo será revisado un proyecto de decreto que permita la afiliación y la autoliquidación para el pago por parte de los conductores propietarios de vehículos de carga al Sistema General de Riesgos Laborales.


- Se revisarán alternativas reglamentarias para que la base de liquidación sobre la cual cotizan a seguridad social los conductores propietarios de vehículos de carga permita reducir los costos que se generan de la ejecución de la actividad. Las alternativas se incluirán en el PND.
- El Ministerio de Transporte promoverá líneas de crédito en el Fondo Nacional del Ahorro, y con el Ministerio de Vivienda gestionarán un programa especial para el gremio.


También fueron acordados otros puntos referentes a temas operativos, exactamente una lista de 18 puntos será examinada en los próximos treinta días.
Fue así como el paro terminó. A pesar de que el Gobierno intentó evitarlo con la rebaja de $300 pesos en el precio del galón de gasolina, su maniobra no lo rompió. Sin duda, el paro demostró de nuevo la importancia de este sector en Colombia. Sin embargo, pese a lo que lograron, como el referente mínimo de pago, queda la sensación de que en materia de combustible el Gobierno puede escabullirse y dilatar como lo ha hecho hasta ahora, muy a pesar de los acuerdos firmados, lo que sería materia suficiente para un nuevo paro.

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Continúan las negociaciones en el paro camionero

En las negociaciones que adelantan los camioneros con el Gobierno Nacional, el precio de la gasolina ya pasó a segundo plano, sin embargo, los voceros del gremio consideran que hay limitantes de fondo que hacen más complejas las negociaciones.


Los camioneros y el Gobierno Nacional llevan una semana de negociaciones. La Ministra de Transporte, Natalia Abello, dijo en medios de comunicación que las reuniones han servido para la construcción de confianza entre las partes. Sin embargo, Luis Orlando Ramírez, director de la ATC, considera que la falta de gestión de ese ministerio durante los últimos años ha impuesto limitantes jurídicos muy complejos a la negociación en curso: "Nosotros estamos preocupados porque si el Gobierno no tiene herramientas para trabajar es muy difícil".


Según la Ministra, son dos los puntos centrales en negociación: el precio de los combustibles, junto a la refinación con Ecopetrol, y los fletes.
En cuanto al primer punto, el Director de la ATC, le dijo a desdeabajo que, "El tema de combustible ha pasado a otro plano. Claro que se acerca el fin de mes y el Gobierno Nacional tiene que volver a explicar el tema de la política y debería bajar un dinero adicional. Entonces, estamos a la espera de esa reacción así como al compromiso del Ministerio de Transporte, como el de Minas, de refinar y utilizar las refinadoras para poder proveer lo nuestro".


Por su parte, la Ministra dijo que realizarían una mesa de conversaciones con Ecopetrol para ayudar al gremio de camioneros en la refinación, pues dijo que eso no depende directamente del Gobierno. Ramírez considera que debe ser una política integral de gobierno, "Vamos a mirar cómo se organizan las cosas, pero sí tiene que ser un trabajo conjunto del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Minas, de Ecopetrol. Debe ser todo un plan de acción", afirmó.


¿Libertad o no?


Luego de la eliminación de la tabla de fletes y de la implementación del Sistema de Información de Costos Eficientes (Sice), la libertad vigilada es la base para establecer el pago de los transportistas. Es decir, el mercado va diciendo cuánto se les debe pagar por tonelada transportada, según costos de referencia.


Las asociaciones de camioneros declaradas en paro alegan que por dejar a las empresas libres para decidir cuánto les deben pagar, están trabajando a pérdidas. La Ministra asegura que no fijarán fletes sino que reglamentarán las condiciones para intervenir en un mercado con libertad.


Por lo anterior, es posible que más tarde que temprano la intervención tome forma. Sin embargo, habló de la posibilidad de establecer un costo de referencia obligatorio cuando los costos del mercado estén muy por debajo de lo que necesitan.


Ramírez le dijo a desdeabajo que un precio de referencia obligatorio "[...] es lo que le hemos pedido. Ese es el camino. Si pone un precio obligatorio, el sector respirará más tranquilo".


Por el momento, la Ministra les propuso a los camioneros intervenir tres rutas. Pero, en un comunicado de prensa de la ATC, explican que no acceden a la propuesta porque no quieren que se centralicen las políticas en las ciudades más grandes y se desconozca las necesidades en todas las regiones del país.


A pesar de esa apreciación Ramírez acepta que la propuesta es un comienzo pero advierte que "[...] debe tener la fundamentación jurídica y, sobre todo, la celeridad y el compromiso en aplicarla porque de lo contrario va a pasar lo mismo: dilatar en el tiempo".


No bloqueos, no violencia


El 25 de febrero se registró un bloqueo en la vía Yumbo-Cali por parte del gremio declarado en paro. Según medios regionales, se formó un trancón que duró, al menos, dos horas. Al respecto, Ramírez dijo que "Siempre se presentan situaciones. Nos reportaron que hubo algún tipo de discusión entre autoridades, la Policía, y los camioneros se acaloraron", y aseguró, "[...] eventualmente no bloquearon la vía, las autoridades no dejaron seguir, entonces se generó el trancón. Esa es una situación compleja pero se solucionó de inmediato cuando la reportaron aquí, porque nuestra política es no bloqueos, no violencia"


Finalmente el dirigente gremial le expresó a desdeabajo que la cifra de los camiones inmovilizados ha crecido sustancialmente. Estiman que alrededor de 250 mil vehículos están parqueados o en zonas de mantenimiento. "Hay regiones en que el paro es más fuerte que en otras, pero seguirá creciendo porque nosotros mantenemos la inmovilización".

 

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Sábado, 31 Enero 2015 06:28

Siguen las movilizaciones en Brasil

Siguen las movilizaciones en Brasil

Por quinta vez en este mes, estudiantes y profesores exigen la retirada del último incremento en el precio del billete de bus y metro. Las movilizaciones se están gestando en la periferia paulista, donde los problemas de movilidad son más graves.



Miles de personas salieron a las calles de São Paulo este jueves para protestar, por quinta vez en lo que va de año, contra la reciente subida del precio del transporte público, que ascendió hasta 3,50 Reales Brasileños [1,20€] ejecutada desde el día 5 de Enero. En una marcha que comenzó en la emblemática Avenida Paulista y que duró cerca de cuatro horas, la multitud reclamó al gobierno municipal –del Partido de los Trabajadores (PT)– y al del Estado –gobernado por el conservador PSDB– la bajada del precio de los billetes de bus y de metro y un cambio en las políticas de movilidad urbana en la gran metrópolis brasileña.


La manifestación estuvo integrada por una mayoría de jóvenes estudiantes (de escuelas e institutos), a los que se unieron un buen número de profesionales de la enseñanza del Estado de São Paulo, como Alan Marcel Costa, profesor de 28 años, quien vinculó las protestas a la paulatina precarización del sector educativo y a los graves problemas derivados de los altos precios del transporte (exclusión social, desigualdades, etc). También se pudieron ver pancartas con el lema "Agua sim", en referencia a la crisis hídrica que está sufriendo la ciudad paulista y que amenaza con provocar severos cortes de agua durante las próximas semanas en todo el territorio.


Algunos de los lemas que más se escucharon durante la marcha fueron: "Eu vou catracar se a tarifa não baixar" [Yo me voy a colar, si la tarifa no baja], "3,50, ninguém aguenta!", "Vem, vem, vem pra rua, a lutar contra a tarifa!" o "Tarifa zero quando, tarifa zero já...só vai mudar quando o pobo controlar".


Aunque antes del evento y durante el mismo se pudieron observar banderas de algunos movimientos y partidos políticos minoritarios, el acto estuvo liderado por el Movimento Passe Livre (MPL), un colectivo con un recorrido de varios años y que cuenta con múltiples grupos tanto en la periferia de São Paulo, como en el resto del país. Su lucha por un transporte público gratuito –su objetivo es una tarifa cero– y de calidad fue el germen de las multitudinarias protestas que recorrieron el país en junio de 2013, semanas antes de la celebración de la Copa Confederaciones de fútbol.


Heudes Oliveira, estudiante de 17 años y miembro del MPL de Campo Limpo, un barrio popular paulista, argumentaba en los minutos previos al inicio de la marcha que el transporte público es "una necesidad básica" para los brasileños y brasileñas que deben recorrer grandes distancias hasta el trabajo o la escuela en los núcleos urbanos del país.


La manifestación, que se inició a las 17.30 frente al emblemático Museu de Arte de São Paulo (MASP) y que se detuvo durante un largo rato frente a la vivienda del alcalde de la ciudad –Fernando Haddad, del PT– terminó en el Parque Ibirapuera en torno a las 21.30 de la noche, sin ningún incidente entre la policía, que acompañó en todo momento la marcha, y los manifestantes. El MPL asegura que alrededor de 7.000 personas participaron en el acto, mientras que los cuerpos de seguridad difundieron, a través de su cuenta de Twitter, la cifra de 1.000 manifestantes cuando la marcha iba por la mitad de su recorrido.

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