Colombia autoriza el uso de glifosato a pesar de las protestas

El Gobierno colombiano expidió este lunes un decreto que regula el posible regreso de las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato, suspendidas en 2015 por el efecto cancerígeno de ese agrotóxico.

Martes 13 de abril | 12:08

El decreto firmado por el presidente Iván Duque "regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea". Es decir, permite el uso de agrotóxicos por primera vez desde 2015 cuando fue suspendido por sus efectos cancerígenos.

El ministro de Defensa, Diego Molano, detalló que "el operador de ese programa de aspersión aérea será la Policía Nacional", que lo desarrollará de forma "automatizada y controlada" y únicamente lo "aplicará en aquellas zonas donde hay cultivos extensivos, industriales y particularmente donde hay presencia de grupos al margen de la ley".

Sin embargo, los activistas ambientalistas que hay protestado durante años contra este agrotóxico no solo rechazan el nuevo decreto para su implementación sino que descreen de las supuestas medidas de control que el Gobierno dice que se tomaran.

Las fumigaciones de los cultivos de coca fueron suspendidas en 2015, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, en acatamiento de una sentencia de la Corte Constitucional basada en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno para los seres humanos y causar además daños al medioambiente. Los estudios de los últimos años en todo el mundo confirmaron este diagnóstico y lo corroboraron con diversas pruebas.

Posteriormente, en 2017, el alto tribunal suspendió la fumigación aérea de cultivos ilícitos pero dejó abierta la posibilidad de volver a autorizar el glifosato en la "lucha antidrogas" si el Gobierno cumplía seis exigencias sanitarias ambientales.

En teoría el Gobierno debería tener en cuenta "los riesgos para la salud y para el medioambiente" que tienen las fumigaciones aéreas y además deberían quedar excluidas "las áreas ubicadas en Parques Nacionales Naturales, Parques Naturales Regionales, páramos, humedales del sistema Ramsar y manglares, así como los cuerpos de agua y los centros poblados".

Protestas

El pasado 18 de marzo decenas de personas marcharon por las calles de la ciudad colombiana de Tumaco, en el Pacífico, para protestar ante la posibilidad de que el Gobierno vuelva a fumigar con glifosato los cultivos ilícitos que hay en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, uno de los más afectados por ese problema.

Los manifestantes protestaron contra la "intransigencia del Gobierno" que anuncia el reinicio inminente de las aspersiones "desconociendo los llamados de Relatores de Naciones Unidas, de la comunidad académica, de expertos ambientales, de las organizaciones sociales y del clamor de las comunidades campesinas, indígenas y negras", que son los más afectados.

Justamente diez relatores especiales de la ONU enviaron en diciembre pasado una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, pidiendo que el Gobierno no retome las aspersiones aéreas con este agrotóxico.

Sin embargo, la relación entre la llamada "guerra contra las drogas" y los negociados con las multinacionales es estrecho en Colombia desde hace años. Esto incluye desde negocio de armas, paramilitares y mercenarios, narcotráfico y agronegocio, y por supuesto, también el uso gubernamental de agotóxicos.

No por nada la multinacional estadounidense Monsanto (comprada hace unos años por Bayer), que es la principal productora de glifosato, bajo el nombre de Roundup, también fue creador del Agente Naranja, utilizado por EE. UU. en la guerra de Vietnam.

De hecho, el glifosato está siendo restringido o prohibido a nivel mundial. Estas fumigaciones ya están provocando la desforestación y pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas vulnerables de la Amazonía y Los Andes. También destruyen los suelos y cultivos de los que dependen las comunidades agrícolas, y contaminan sus fuentes de agua.

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El Caribe, China y la geopolítica de las vacunas

¿Cuál es el secreto del éxito de las campañas de vacunación rápida en muchos países del Caribe? Ser el tercero cuando otros dos se pelean.

Para los pequeños Estados insulares del Caribe, la diplomacia de las vacunas es la clave para superar la pandemia de covid-19. A pesar de que su población apenas es equivalente a la de un barrio de la ciudad de San Pablo, países como Granada o Antigua y Barbuda son Estados soberanos y, como tales, tienen representantes y voto en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como los tienen Brasil o México. Sumados, los 14 países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) tienen más votos que toda América del Sur. La crisis actual muestra cómo esta soberanía estatal se puede convertir en un suministro de vacunas con el que los países más grandes solo pueden soñar.

Por ejemplo, Dominica (no confundir con la República Dominicana, que es mucho más grande): con sus 70.000 habitantes, esta isla había recibido, ya a principios de febrero, 70.000 dosis de vacunas provenientes de la India. Mientras tanto, China le envió más dosis de vacunas. El país tiene la epidemia bajo control como casi ningún otro: hasta ahora, ni una sola muerte; la cantidad de infectados es 161, no por semana, como en las islas vecinas de Guadalupe y Martinica, que pertenecen a Francia, sino en total desde que comenzó la pandemia.

No todos los Estados insulares del Caribe presentan un balance tan espectacular como Dominica. Sin embargo, muchos pueden sacar provecho de la competencia internacional desatada por la diplomacia de las vacunas. Barbados ha recibido de la India 100.000 dosis de vacunas como donación; se enviaron 40.000 dosis de vacunas a Antigua y Barbuda y más a otras naciones de la CARICOM. No son grandes cantidades para un país como la India, pero en los pequeños Estados insulares cubren una parte sustancial de la población adulta. Barbados ya ha vacunado a más de 20% de sus habitantes y se pretende llegar a principios de mayo con toda la población vacunada. Ahora mismo se está barajando la posibilidad de ofrecer luego vacunas a los turistas.

Numerosos Estados caribeños se aprovechan desde hace tiempo de la competencia entre Taiwán y China. Cinco de los únicos 15 países del mundo que reconocen a Taiwán como Estado y mantienen relaciones diplomáticas con él pertenecen al Caribe. Estos son Belice, Haití, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas. A cambio, pueden contar con préstamos y expansión de WLAN, obras públicas y programas para cursar estudios en Taiwán. Con el comienzo de la crisis del covid-19, a esto se sumaron mascarillas, tests rápidos y respiradores con etiquetas adhesivas en las que se leía «Taiwán ayuda». Sin embargo, el propio Taiwán depende de las importaciones para elaborar vacunas. Con el fin de compensar esta deficiencia, ya se están prometiendo generosos programas para la reactivación económica posterior a la pandemia. Desde 2016, Panamá, República Dominicana y El Salvador cambiaron de bando y ya no reconocen a Taiwán, que deberá afrontar algunos costos para evitar una reacción en cadena.

Cuando se trata de entregas de vacunas, China juega a fondo: República Dominicana cortó sus relaciones con Taiwán hace tres años. Ahora, un avión chino aterrizó en Santo Domingo con un millón de dosis de vacunas a bordo. La puesta en escena en el aeropuerto tuvo una grandiosidad análoga: fotos con banderas chinas al descargar la carga y discursos que hablan de amistad y solidaridad. O el caso de Guyana, que hace poco había permitido a Taiwán abrir una oficina comercial. Beijing no disimuló su enfado. Y tras haber «corregido» este error unas semanas atrás, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, recibió de Xi Jinping, por teléfono, la promesa de 20.000 dosis de la vacuna Sinopharm.

Casi simultáneamente a la entrega china de millones de dosis a República Dominicana, llegó también al Caribe el primer suministro de la iniciativa multilateral COVAX, en la que la Unión Europea tiene una participación sustancial: 14.000 dosis de vacunas entregadas a Jamaica el 15 de marzo. Si bien COVAX puede tener, con el tiempo, un impacto significativo, por el momento sus entregas son tardías y exiguas.

Estados Unidos también se unió a la iniciativa COVAX bajo la presidencia de Joe Biden, si bien las vacunas estadounidenses hasta ahora han tenido solo un papel secundario en el Caribe. Sin embargo, a medida que avanza la rápida campaña de vacunación en el país, esto puede cambiar en unos pocos meses, cuando Estados Unidos se convierta en un exportador de vacunas excedentes. De momento, no obstante, la dinámica de la campaña de vacunación en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos muestra el papel periférico de estos territorios caribeños de propiedad estadounidense: su tasa de vacunación todavía es inferior a la de Georgia, el último de los 50 estados de la Unión.

Los demás territorios no soberanos del Caribe tampoco tienen casi posibilidades de llevar adelante una activa diplomacia de las vacunas. En las Antillas Neerlandesas o los departamentos franceses de ultramar reina la escasez europea de vacunas. Si bien la conexión con las metrópolis promete acceso a servicios sociales y de salud superiores, del «primer mundo», las islas se encuentran en la inusual situación de mirar con envidia la realidad de la vacunación, a menudo significativamente mejor, de sus vecinos independientes. Mientras que Argentina, Bolivia y México también usan vacunas de Rusia, estas hasta ahora no han llegado al Caribe: ni siquiera a San Vicente y las Granadinas, el primer país de la región en aprobar la vacuna Sputnik V.

La gran singularidad en la diplomacia de las vacunas del Caribe es Cuba. El gobierno socialista no importó vacunas, a pesar de que podría haberlas obtenido, sin dudas, de China o Rusia. Por el contrario, La Habana se juega por entero al autoabastecimiento. A pesar de la crisis económica generalizada, la tecnología médica y la biotecnología siguen siendo sectores modernos y eficaces. El gobierno se enorgullece de que Cuba sea el único país latinoamericano que ha desarrollado sus propias vacunas. La más avanzada (Soberana 2) se encuentra actualmente en la fase 3 de prueba con 44.000 personas en Cuba y otro grupo de prueba en Irán. Si estas pruebas tienen éxito –tal como se espera–, la campaña de vacunación a escala nacional podrá comenzar en el segundo trimestre.

Y luego está la gran esperanza: que la vacuna cubana sea un éxito de exportación y una fuente de divisas. Se producirán 100 millones de dosis para fin de año, según lo anunciado. Ya se ha filmado un vídeo que invita a los extranjeros a pasar sus vacaciones en Cuba «con sol, playa y vacunación». Por supuesto, también se habla de la intención de ayudar a otros países de América Latina, África y Asia con entregas solidarias de vacunas gratuitas.

Cuba tuvo tasas de infección muy bajas durante 2020. Desde enero, sin embargo, la propagación del virus se ha acelerado mucho. Además de la precaria situación del abastecimiento, también existe una tensa situación epidemiológica. La apuesta total al autoabastecimiento –y, por lo tanto, también a rechazar toda importación de vacunas– es una estrategia de alto riesgo y muchas incógnitas. ¿Qué tan efectiva será la vacuna y qué tan segura? ¿Cuándo estará disponible en cantidades suficientes? Porque no solo es un enorme desafío el desarrollo, sino también la producción masiva, por no mencionar la certificación internacional.

El Caribe es la región del mundo que más depende del turismo. El colapso del tráfico aéreo sumergió toda la región en una profunda crisis económica. Sin embargo, la pandemia de covid-19 no parece lograr que se replantee la estrategia de desarrollo. Por el contrario, estos países quieren promocionarse nuevamente como destinos turísticos seguros lo antes posible a través de las vacunas.

Muchos Estados insulares del Caribe han logrado un éxito notable mediante una hábil diplomacia de las vacunas. Estados Unidos y la Unión Europea juegan en todo esto un papel secundario. El hecho de que la ayuda para los nuevos amigos de Asia pueda no ser completamente desinteresada, sino que más bien lleve a esperar una conducta acorde de estos países a la hora de votar en la ONU o bien otros gestos de solidaridad, asustará a pocos en el Caribe, dada la actual situación de crisis. A lo sumo, será presentado como una «diversificación de dependencias».

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Santos Quispe, de la agrupacion Jallalla, que derrotó al candidato del MAS para la gobernación de La Paz, emite su voto en las elecciones del último domingo. EFE/ Stringer

Resultados de la segunda vuelta departamental del domingo

 

Ahora, el partido oficialista controla tres de los nueve departamentos que componen al país. Su dirigencia, empezando por el expresidente Evo Morales, anunció que se viene un proceso de evaluación y reestructuración.

El Movimiento al Socialismo (MAS) recibió un duro golpe en la segunda vuelta regional del domingo al sumar derrotas en los cuatro departamentos bolivianos en juego. Su dirigencia, empezando por el expresidente Evo Morales, ya anunció que se viene una etapa de evaluaciones internas y reestructuración puertas adentro. En las elecciones de marzo, el partido de Morales y el presidente Luis Arce se había quedado con los departamentos de Cochabamba, Oruro y Potosí, perdiendo los de Beni y Santa Cruz. Ahora tampoco podrá gobernar en La Paz, Tarija, Pando y Chuquisaca. Los resultados, sin embargo, no perfilan un claro liderazgo en la oposición, que permanece dispersa.

En el departamento de La Paz, que constituye el centro político del país, el candidato del MAS Franklin Flores alcanza un 44,34 por ciento de los votos, lejos del 55,66 por ciento que logra el opositor de la agrupación Jallalla, Santos Quispe, escrutadas el 90 por ciento de las actas. El oficialismo nunca necesitó allí una segunda vuelta y ya había perdido en marzo en la ciudad paceña de El Alto, un bastión histórico del MAS, a manos de la extitular del Senado Eva Copa, expulsada del partido.

El candidato electo Santos Quispe es el hijo de Felipe Quispe, "El Mallku", líder campesino, diputado y popular candidato a la presidencia fallecido en enero. "Esta victoria la vamos dedicar a él, vamos a entrar con el ajayu (espíritu) de Felipe a la gobernación y no lo vamos hacer quedar mal, vamos a gobernar muy bien con transparencia y humildad", dijo Quispe en el festejo realizado en El Alto.

En Tarija, región gasífera del sur del país, el escrutinio cerró con otra clara derrota del MAS. El oficialista Álvaro Ruiz acumuló el 45,56 por ciento de los votos frente al opositor de centroderecha Oscar Montes, de Unidos por Tarija, con el 54,44 por ciento. Ruiz reconoció la derrota el lunes en conferencia de prensa: "Lamentamos no haber llegado a la victoria, pero hoy nos toca trabajar desde donde estemos con el mismo compromiso".

En Chuquisaca, en el sureste del país y con el conteo ya cerrado Juan Carlos León, del MAS, alcanzó el 42,68 por ciento de los votos frente al 57,32 por ciento del líder quechua Damián Condori. Y en el norteño departamento de Pando, el oficialista Miguel Becerra obtenía el 45,32 por ciento de los sufragios frente a Regis Richter, un exdirigente masista ahora en el MTS, que reunía un 54,68 por ciento, tras escrutarse el 99,5 por ciento de las actas.

El expresidente de Bolivia Evo Morales reconoció la derrota del MAS en los cuatro departamentos en juego en el ballotage, y aseguró que convocará a una "reunión de emergencia" para evaluar "por qué, qué paso y qué hay que hacer". En la celebración de un aniversario sindical en la región del Trópico de Cochabamba, el expresidente recordó que el nuevo mapa político regional se asemeja al de 2005, año en el que se eligieron por primera vez a los gobernadores departamentales, cuando el MAS obtuvo tres plazas y otras seis estaban en manos de la oposición.

Por su parte el exvicepresidente Álvaro García Linera manifestó que ya no alcanza con que el MAS apoye a un candidato para que gane una elección ante la ausencia de liderazgos regionales. "Ahora no es suficiente porque hay una fragmentación del campo popular. Antes había una asociación entre lo popular y el MAS, pero hoy lo popular tiene varias cabezas a nivel regional", dijo García Linera en una entrevista con Bolivisión.

En tanto el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, manifestó que lo ocurrido es un "jalón de orejas", por lo cual planteó realizar una "evaluación profunda del instrumento político" para reconfigurarlo. "Un cambio, eso es lo que pide el pueblo: nuevos cuadros políticos, nuevos cuadros sindicales", dijo Huarachi en declaraciones a radio Erbol.

Desde la vereda opositora salieron a celebrar, como era de suponerse, los resultados del domingo. "Felicito a los gobernadores electos Santos Quispe, Regis Richter, Damián Condori y Óscar Montes. La Paz, Pando, Chuquisaca y Tarija dejaron claro su rechazo a la corrupción, el abuso, la persecución y la discriminación", señaló el expresidente y líder de la principal fuerza opositora, Carlos Mesa.

En la misma línea Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento de Santa Cruz, motor económico del país, dijo que "los votantes no se dejaron intimidar por sus mensajes de confrontación y por el chantaje de que si no votaban por el MAS no les entregarían recursos, vacunas ni obras". El exlíder civíco y uno de los principales acusados en la causa abierta por el golpe de Estado contra Evo Morales, por el que está detenida la expresidenta de facto Jeanine Áñez hace un mes, destacó que con los resultados de los comicios del domingo "gana la democracia, pierde el abuso y el autoritarismo del MAS".

Mientras tanto la alcaldesa electa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, remarcó que la población "espera renovación, cambios de la política, que los políticos cumplan con su palabra y dejen de lado la discriminación, el racismo y el separatismo". La autoridad alteña, señaló que existe una "cúpula del MAS que se cree todopoderosa" que no deja que el departamento de La Paz crezca.

La participación electoral en los comicios regionales del domingo alcanzó el 83 por ciento, una cifra nada despreciable considerando que se trata de una segunda vuelta departamental. Para el tres de mayo está prevista la toma de posesión de las nuevas autoridades de los gobiernos regionales y municipales de Bolivia. 

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Amagar en el mar del Sur de China para golpear en Ucrania

Desde hace algunos meses el ex secretario de Estado Henry Kissinger viene alertando sobre la posibilidad de un conflicto armado entre EEUU y China, apuntando la necesidad de que su país tome el camino de la cooperación con Pekín, ya que puede "conducir a buenos y grandes resultados".

Por el contrario, desaconseja justo lo que viene haciendo el presidente Joe Biden, ya que "una coalición que apunta a un país específico no es razonable".

A fines de marzo, con 97 años, Kissinger insistió en "un entendimiento con China sobre un nuevo orden global para garantizar la estabilidad o el mundo enfrentará un período peligroso como el que precedió a la Primera Guerra Mundial". Lo dice con la experiencia que le da el haber piloteado uno de los giros de política internacional más importantes de la década de 1970, al haber concretado una alianza de EEUU con China para contener a la Unión Soviética.

En un evento de Chatham House en Londres, dijo que "es infinitamente más peligroso ahora de lo que era entonces", en referencia a la situación de 1914 que desencadenó la primera guerra, ya que "el armamento de alta tecnología en ambos lados podría conducir a un conflicto".

En el mismo sentido se pronunció el analista Michel T. Klare: "La historia nos dice que los conflictos no siempre comienzan debido a la planificación y la intención", explica Klare en un largo artículo en Tom Dispatch.

En junio de 1914, sostiene, "las principales potencias europeas tropezaron con la Primera Guerra Mundial". Y agrega: "Lamentablemente, nos enfrentamos a la posibilidad de una situación muy similar en los próximos años. Las tres principales potencias militares de la era actual, China, Estados Unidos y Rusia, se están comportando de manera inquietante, igual que sus contrapartes de esa era anterior".

Argumenta que el actual despliegue de fuerzas en las fronteras de sus adversarios, o de los aliados de esos adversarios, y las operaciones de "flexión muscular y demostración de fuerza (…) implican un alto grado de riesgo cuando se trata de provocar un choque accidental o no intencionado que podría resultar en un combate a gran escala o incluso, en el peor de los casos, en una guerra global".

A mi modo de ver, el despliegue naval de EEUU en el mar del Sur de China es apenas un amague previo a la presión, con atisbos de guerra "localizada", en la frontera de Ucrania con Rusia.

A principios de abril un grupo de ataque de portaviones de EEUU entró en el mar de China, pero Pekín reaccionó desplegando un grupo de tareas del portaviones Liaoning en el Estrecho de Miyako, perteneciente a la prefectura de Okinawa pero relativamente cerca de Taiwán, la isla que está en el centro de las disputas.

En efecto, el despliegue de la Armada del Ejército Popular de Liberación, incluía el portaviones Liaoning y estaba acompañada por el destructor de misiles guiados Nanchang, que navegaron a través del estrecho de Miyako, situado entre las islas japonesas de Miyako y Okinawa, en dirección al océano Pacífico, según Global Times.

El periódico oficialista chino agrega que el despliegue de su Armada se realizó "comenzando ejercicios regulares cerca de la isla de Taiwán, en un momento en que los buques de guerra estadounidenses, incluido un portaviones, hicieron provocaciones puntiagudas cerca de China".

Los destructores chinos de la clase 055 son considerados "las naves de combate más poderosas del mundo", superiores incluso a los estadounidenses Zumwalt, según la revista especializada MilitaryWatch Magazine. Lo más sugestivo es que China ha sido capaz de botar ocho de esas naves en tiempo récord de tres años.

La impresión es que China no es vulnerable en sus aguas territoriales, ni en los mares que la circundan. Un reciente estudio de Military.Direct, concluye que las tres potencias militares del mundo tienen sus puntos fuertes en cada una de las tres armas: EEUU en la superioridad aérea, Rusia en la terrestre y China en la naval.

Según este análisis, el poder aéreo del Pentágono es superior al de China y Rusia sumados. Pero China duplica la capacidad naval de EEUU en sus aguas, donde además de su Armada cuenta con misiles antibuque para los que el Pentágono no tiene respuesta, además de la guerra cibernética que el Dragón está en condiciones de desplegar, cegando las defensas enemigas.

Por eso, limitado en el Mar del Sur de China, el Pentágono parece estar apuntando hacia las fronteras de la Unión Europea con Rusia. Como señala el analista de Asia Times, Pepe Escobar, "Ucrania y Rusia pueden estar al borde de la guerra, con graves consecuencias para toda Eurasia".

Según su análisis, el 24 de marzo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski firmó un decreto que define que la política oficial del país consiste en "recuperar Crimea de Rusia", lo que equivale a una declaración de guerra apoyada por la OTAN. Esa es la razón para Escobar de que Rusia refuerce sus fronteras.

¿Qué buscan la OTAN y el Pentágono al crear una situación bélica en las fronteras de Rusia? Creo que se trataría de un golpe estratégico de tres dimensiones:

El primero significa la ruptura deseada por Washington entre la Unión Europea y Rusia. Aislar a Rusia es un deseo largamente acariciado por las elites de EEUU, que buscan a mediano plazo un cambio de régimen en Moscú para instalar un gobierno pro occidental que abra sus enormes riquezas naturales a las multinacionales del Norte.

El segundo es el fin del gasoducto Nord Stream 2, al que le faltan apenas 35 kilómetros y dos meses para su finalización, lo que asegura el suministro energético a Alemania y Europa en el largo plazo. Las reiteradas sanciones a empresas europeas y rusas que construyen el gasoducto no han podido impedir su desarrollo, considerado "peligroso" por Washington que desea vender su propio a gas a Europa.

El tercero se relaciona con China y Eurasia, como apunta Escobar. Debilitar a Rusia es el paso imprescindible para bloquear o acotar la Ruta de la Seda. Como señala el exembajador de la India MK Bhadrakumar, el acuerdo China-Irán firmado el 27 de marzo, cambia las reglas del juego porque "afecta las estrategias globales estadounidenses", al punto que aliados tradicionales de EEUU como Turquía y Arabia Saudí ya no siguen sus orientaciones.

A la defensiva en todo el mundo, apretar en Crimea y en las repúblicas de Donetsk y Lugansk puede ser una salida, peligrosa por cierto, para una estrategia global que no encuentra puntos de apoyo como antaño.

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La coronel Brittany Stewart rinde honores a la tumba de un conocido combatiente del Pravy Sektor, una organización de extrema derecha que usa a menudo simbología fascista.

Moscú y Kiev aumentan exponencialmente la presencia militar en su frontera común, aumentan los ataques en el Donbass, y EEUU incrementa su presencia militar en la zona. Analizamos qué razones geopolíticas están detrás de todo ello.

 

Desde mediados de marzo de este año han aumentado las tensiones en el Donbass entre las fuerzas ucranianas y los separatistas apoyados por Rusia. Primero aparecieron imágenes de varios trenes que llevaban tanques y artillería desde el oeste de Ucrania hacia la zona del Donbass. Luego se intensificaron los ataques de artillería entre los dos bandos. Moscú por su parte empezó el despliegue de unidades de sus fuerzas armadas en la frontera con Ucrania. Ahora EEUU anuncia que enviara dos buques de guerra al Mar Negro

Todo ello hace temer una nueva escalada bélica en la región, algo que podría tener consecuencias en varios frentes, tanto políticos, como económicos. Las propias razones del aumento de las tensiones podrían ser la clave para entender mejor la situación creada. La línea del frente que separa ambos bandos prácticamente no se ha movido desde febrero de 2015, cuando tras la derrota de las fuerzas ucranianas en la batalla de Debaltsevo, se firmaron los acuerdos de Minsk. Debían ser implementados por Kiev y los separatistas de Donetsk y Lugansk.

Sin embargo, dichos acuerdos en la práctica siguen sin cumplirse. Kiev, antes bajo gobierno de Petro Poroshenko y ahora bajo Zelenski, no ha declarado la amnistía para los rebeldes, no se ha efectuado la reforma constitucional para darle a esos territorios un estatus especial y no se han retirado las fuerzas armadas de la región. Por ello la situación era de un conflicto semi-congelado, con ataques de artillería y combates esporádicos que se producen con cierta regularidad, pero sin cambios en la línea del frente.

Esta situación sin avances reales en 6 años ha llevado a cierto hartazgo en el grupo de contacto de Minsk, que forman la propia Ucrania junto a Alemania, Francia y Rusia. Así el 31 de marzo Merkel, Macron y Putin hablaron sobre la situación sin invitar siquiera a Zelensky a unirse. Kiev reaccionó anunciando que no van a acudir más a las reuniones del grupo de Minsk y pidió que EEUU fuera añadido a este proceso negociador. Además se han vuelto a activar las voces que piden en Ucrania el abandono de los acuerdos de Minsk como perjudiciales para el país.

El presidente Zelensky, como antes le pasó su predecesor Poroshenko, ve como no puede implementar dichos acuerdos por el rechazo de parte de la sociedad ucraniana, especialmente los grupos ultranacionalistas. Por ello las autoridades ucranianas han estado estirando en el tiempo el proceso negociador hasta que el panorama internacional cambiara. Algo que parece que se ha producido con la llegada a la Casa Blanca de Biden.

Mientras que durante la administración Trump, Ucrania pasó a segundo plano, con Biden vuelve a ser prioridad. Ya durante su época como vicepresidente de Obama, Biden se encargó de la cuestión ucraniana. Prioridad que también empiezan a sentir en Kiev y ven una oportunidad para intentar deshacerse de las obligaciones impuestas por los acuerdos de Minsk, algo que además podría revertir la caída de la popularidad de Zelenskiy.

Otro de los motivos que parecen animar los planes ucranianos para resolver de manera militar la cuestión del Donbass, es la reciente experiencia de Azerbaiyán en la guerra del Karabaj. Kiev ha recibido en los últimos años drones turcos con capacidad de ataque Bayraktar y misiles antitanque Javelin estadounidenses, pero habría que ver si eso sería suficiente para obtener la victoria sobre los separatistas del Donbass.

Además Moscú, por medio de Dmitri Peskov, secretario de prensa de Putin, y de Dmitri Kozak, representante oficial ruso para el Donbass, ha declarado que no permitirá la repetición de una masacre como la de Srebrenica (matanza de bosnios musulmanes en 1995). Y que si Ucrania interviene militarme en el Donbass, Rusia no se quedará al margen. De allí el indisimulado despliegue militar ruso en la frontera común. Algo que ha irritado a Washington, que ve en ello una provocación.

Los EEUU por su lado han mostrado su apoyo a Ucrania, con envío de material bélico adicional, como un vuelo que salió el 4 de abril de la base de Rota hacia Ucrania, que según la inteligencia separatista del Donbass, ha llevado un equipo de fuerzas especiales norteamericanas, y más misiles antitanque. Así mismo se planea el envío de dos buques de guerra al Mar Negro, que se quedarán allí al menos hasta principios de mayo.

Además la agregada militar estadounidense en Ucrania, la coronel Brittany Stewart, ha visitado la zona del frente del Donbass esta semana. Algo que ha despertado cierta polémica por que ha rendido honores a la tumba de un conocido combatiente del Pravy Sektor, una organización de extrema derecha que usa a menudo simbología fascista.


Con todo los datos sobre la mesa, y teniendo en cuenta que parece poco probable que Ucrania pueda lograr nada militarmente con la más que posible intervención rusa, las razones para una escalada se podrían buscar algo más al norte, en el Mar Báltico. El gaseoducto ruso Nord Stream 2 por el fondo de ese mar está a punto de ser terminado, algo que le permitirá a Moscú suministrar gas directamente a Europa Occidental y Central via Alemania sin pasar por Ucrania o Polonia.

Este proyecto va en contra de los intereses norteamericanos, que quieren vender su propio gas licuado a Europa. Además si Moscú se puede permitir evitar Ucrania, ello podría dejar al país sin gas para la calefacción e industria, algo que sería un golpe casi definitivo para las aspiraciones euro-atlánticas ucranianas.

Washington busca acabar con el gaseoducto ruso a toda costa. Las sanciones y presiones diplomáticas no han surgido efecto. Ni el envenenamiento del opositor ruso Navalniy tampoco ha sido suficiente para que los europeos cancelen el proyecto. Por ello quizás una reactivación de la guerra en Ucrania, con participación directa rusa podría permitir cancelar el proyecto energético. Lo cual además le permitiría a Zelenskiy aumentar su popularidad y por fin descartar los acuerdos de Minsk.

11/04/2021 08:40

Por Pablo González

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Un hombre regresa a su casa en territorio separatista en las afueras de Donetsk, Ucrania, tras un reciente bombardeo. Foto Ap

Se acusan mutuamente de planear ataques para recuperar territorios

 

Moscú. Al borde de una guerra que de palabra ninguno quiere, pero que cada día parece más posible por las noticias alarmantes que llegan desde la zona en conflicto, Ucrania y Rusia concentran en sus fronteras la mayor cantidad de tropas y armamento desde 2015 y se acusan mutuamente de hacerlo por tener intenciones de emprender una agresión en gran escala.

En un intento por rebajar la tensión, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tras visitar la línea del frente para levantar el ánimo de sus soldados, afirmó ayer que no ordenará una ofensiva bélica contra los separatistas pro rusos, dado que "es inaceptable causar gran número de bajas entre población civil y militares". Poco después, el comandante en jefe del ejército ucranio, Ruslan Jomchak, emitió un comunicado en los mismos términos.

De su lado, el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, volvió a justificar la repentina reubicación de unidades del ejército ruso cerca del vecino país eslavo al decir: "Ucrania se está convirtiendo de nuevo en una región potencialmente inestable. Y desde luego cualquier país colindante con una región de esas características, que es peligrosa y puede estallar en cualquier momento, toma las medidas que considera necesarias para proteger su propia seguridad". Y el viceprimer ministro de Rusia, Dimitri Kozak, encargado de la relación de Moscú con Kiev, reiteró que Rusia no dudará en acudir en defensa de sus ciudadanos en caso de que éstos sufran un ataque de Ucrania.

Entretanto, la más reciente sesión por videoconferencia –convocada de urgencia por Ucrania esta semana– del equipo trilateral que debe negociar una solución política al conflicto, concluyó sin avance alguno, tras cuatro horas de acusaciones recíprocas entre ucranios y separatistas, ante la impotente mirada de los mediadores de Rusia, Alemania, Francia y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

Desde el punto de vista de Moscú, Ucrania –instigada por Estados Unidos y sus aliados– se propone recuperar por la fuerza los territorios que no se supeditan a Kiev, lo cual implicaría aniquilar a la población de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donietsk y Lugansk que, por origen étnico, lengua, religión e idiosincrasia, tiende más hacia Rusia.

El Kremlin, tomando en cuenta que 10 por ciento de los habitantes del Donbas, como se denomina la zona rebelde, ya adquirió la ciudadanía rusa de forma simplificada, no puede permitir ese desenlace y menos cuando dentro de unos meses habrá elecciones para renovar por completo la composición de la Duma o cámara baja del parlamento ruso.

Visto desde Kiev, que rechaza las acusaciones, Rusia sólo busca un pretexto para iniciar una operación bélica que le permita abrir un corredor hacia Crimea, mediante la ocupación de la ciudad de Jersón, a fin de evitar el bloqueo del suministro de agua a la península declarada hace siete años parte de la Federación Rusa u otro corredor hacia la región separatista moldava de Transdniéster o, en última instancia, extender los límites de la zona insurrecta hasta el puerto de Mariupol para mayor control del mar Negro, planes que el Kremlin niega tener en mente.

Hay analistas que creen que el escenario de la invasión rusa se descarta por cuanto, desde un punto de vista formal, ni Jersón ni Mariupol ni ninguna otra ciudad fuera de lo que se ha dado en llamar en las negociaciones para lograr un arreglo político ADRDL (siglas de Algunos Distritos de las Regiones de Donietsk y Lugansk) tienen ciudadanos rusos entre sus habitantes, lo cual hace muy difícil que Moscú pueda justificar la intervención de sus tropas.

En cambio, sostienen, es el contexto ideal para que, en caso de que se pueda culpar a Ucrania de sobrepasar la línea divisoria, las tropas rusas entren en los ADRDL y lleguen a situarse cara a cara con el ejército ucranio y, de ese modo, puedan decir que evitaron un mayor derramamiento de sangre, con el consecuente efecto positivo en las urnas por proteger a sus ciudadanos.

Cualquiera de estas hipótesis para explicar la concentración de tropas y armamento de uno y otro lado de la frontera pasa por alto que, sentados Rusia y Ucrania en un barril de pólvora, es temerario jugar con fuego y pensar que nada va a explotar.

Por Juan Pablo Duch

Corresponsal

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Sábado, 10 Abril 2021 05:52

Su antiimperialismo y el nuestro

Su antiimperialismo y el nuestro

Las tres últimas décadas estuvieron marcadas por una creciente confusión política sobre el significado del antiimperialismo, una noción que, en sí misma, había sido poco debatida anteriormente.

Las tres últimas décadas estuvieron marcadas por una creciente confusión política sobre el significado del antiimperialismo, una noción que, en sí misma, había sido poco debatida anteriormente. Hay dos razones principales para esta confusión: el final victorioso de la mayoría de las luchas anticoloniales posteriores a la Segunda Guerra Mundial y el derrumbe de la URSS. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y las potencias coloniales occidentales aliadas libraron varias guerras directamente contra movimientos o regímenes de liberación nacional, así como intervenciones militares más limitadas y guerras indirectas. En la mayoría de estos casos, las potencias occidentales se enfrentaban a un adversario local apoyado por una amplia base popular. Así pues, oponerse a la intervención imperialista y apoyar a los destinatarios de las mismas resultaba obvio para los progresistas; la única cuestión era si este apoyo debía ser crítico o sin reservas.

Durante la Guerra Fría, la principal división entre los antiimperialistas era la actitud hacia la URSS, que los partidos comunistas y sus aliados cercanos consideraban la «patria del socialismo». Estos determinaron en gran medida sus propias posiciones políticas alineándose con Moscú y el «campo socialista», lo que entonces se llamaba «campismo». Esta actitud fue alimentada por el apoyo de Moscú a la mayoría de las luchas contra el imperialismo occidental en el marco de su rivalidad global con Washington. En cuanto a la intervención de Moscú contra las revueltas obreras y populares en su propia esfera de dominación europea, los campistas actuaron como simples defensores del Kremlin, denigrando estas revueltas con el pretexto de que eran fomentadas por Washington.

Aquellos que pensaban que la defensa de los derechos democráticos es el principio fundamental de la izquierda apoyaron tanto las luchas contra el imperialismo occidental como las revueltas populares en los países bajo dominación soviética contra las dictaduras locales y la hegemonía de Moscú. Una tercera categoría la formaron durante un tiempo los maoístas los que, a partir de los años sesenta, calificaron a la URSS de «social-fascista», describiéndola como peor que el imperialismo estadounidense e incluso poniéndose del lado de Washington en ciertos casos, como la posición de Pekín en el sur de África. [1]

Pero la situación caracterizada por las guerras llevadas a cabo exclusivamente por las potencias imperialistas occidentales contra los movimientos populares del Sur del planeta empezó a cambiar con la primera guerra de este tipo librada por la URSS desde 1945: la guerra de Afganistán (1979-89). Y aunque no fueron organizadas por los Estados que entonces se llamaban «imperialistas», tanto la invasión de Vietnam a Camboya en 1978 como la agresión de China a Vietnam en 1979 causaron una gran desorientación en las filas de la izquierda antiimperialista mundial.

Otra complicación de gran envergadura fue la guerra dirigida por Estados Unidos contra el Irak de Saddam Hussein, en 1991. No se trataba de un régimen «popular», aunque sí dictatorial, sino de uno de los más brutales y asesinos de Medio Oriente, una dictadura que incluso había masacrado a miles de kurdos en su propio país con armas químicas y con la complicidad de Occidente, ya que esto había ocurrido durante la guerra de Irak contra Irán. Algunas personalidades, que hasta entonces habían pertenecido a la izquierda antiimperialista, cambiaron de bando en esta ocasión apoyando la guerra dirigida por Estados Unidos. Pero la gran mayoría de los antiimperialistas se opusieron a la misma, aunque fue llevada a cabo bajo el mandato de la ONU y aprobado por Moscú. Se mostraron reacios a defender una posesión del Emir de Kuwait, que Gran Bretaña le había regalado y que estaba poblada por una mayoría de emigrantes sin derechos. A la mayoría tampoco le agradaba Saddam Hussein: lo denunciaban como un dictador brutal, al tiempo que se oponían a la guerra imperialista dirigida por Estados Unidos contra su país.

Pronto surgió una nueva complicación: Tras el cese de las operaciones bélicas de Estados Unidos en febrero de 1991, la administración de George H.W. Bush -que había escatimado deliberadamente a las tropas de élite de Saddam Hussein por temor a un colapso del régimen, lo que habría sido beneficioso para Irán- le permitió al dictador desplegar esas mismas tropas para aplastar un levantamiento popular en el sur de Irak y también a la insurgencia kurda en el norte montañoso. Incluso, en este último caso, le permitió utilizar sus helicópteros. Eso provocó una oleada masiva de refugiados kurdos que cruzaron la frontera con Turquía. Para impedirlo y para que los refugiados volvieran a sus hogares, Washington impuso una zona de exclusión aérea sobre el norte de Irak (no-fly zone, NFZ). No hubo casi ninguna campaña antiimperialista contra la NFZ, ya que la única alternativa habría sido la continuación de la implacable represión de los kurdos.

En la década de 1990, las guerras de la OTAN en los Balcanes crearon un dilema similar. Las fuerzas serbias leales al régimen de Slobodan Milosevic llevaron a cabo acciones criminales contra los musulmanes bosnios y kosovares. Pero Washington había desestimado deliberadamente otros medios para evitar las masacres e imponer una solución negociada en la antigua Yugoslavia, porque que estaba presionado para que la OTAN dejara de ser una alianza defensiva y se convirtiera en una «organización de seguridad» involucrada en guerras intervencionistas. El siguiente paso en esta transformación consistió en involucrar a la OTAN en Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, eliminando así la limitación original de la alianza a la zona del Atlántico. Luego vino la invasión de Irak en 2003, la última intervención dirigida por los Estados Unidos que fuera unánimemente condenada por los antiimperialistas.

Mientras tanto, el «campismo» de la Guerra Fría había resurgido bajo una nueva forma: ya no se alineaba detrás de la URSS, sino que apoyaba directa o indirectamente a cualquier régimen o fuerza que fuera objeto de la hostilidad de Washington. En otras palabras, se pasó de una lógica de «el enemigo de mi amigo (la URSS) es mi enemigo» a una lógica de «el enemigo de mi enemigo (Estados Unidos) es mi amigo» (o alguien a quien, en todo caso, no había que criticar). Si la primera lógica dio lugar a algunas asociaciones extrañas, la segunda es la receta del cinismo desenfrenado. Al centrarse exclusivamente en el odio al gobierno de Estados Unidos, conduce a la oposición sistemática a todo lo que Washington emprende en el escenario mundial y lleva al apoyo acrítico a regímenes totalmente reaccionarios y antidemocráticos, como el siniestro gobierno capitalista e imperialista de Rusia (imperialista cualquiera que sea la definición del término) o el régimen teocrático de Irán, o los émulos de Milosevic y Saddam Hussein.

Para ilustrar la complejidad de los problemas a los que se enfrenta hoy el antiimperialismo progresista -una complejidad insondable para la lógica simplista del neocampismo- consideremos dos guerras nacidas a partir de la Primavera Árabe de 2011. Cuando las movilizaciones populares lograron deshacerse de los presidentes de Túnez y de Egipto a principios de 2011, todo el espectro de autoproclamados antiimperialistas aplaudió al unísono, ya que ambos países tenían regímenes aliados con Occidente. Pero cuando la onda expansiva revolucionaria llegó a Libia, como era inevitable en un país limítrofe con Egipto y Túnez, los neocampistas se mostraron mucho menos entusiastas. Recordaron de pronto que el régimen altamente autocrático de Muammar al-Gaddafi había sido declarado ilegal por los Estados occidentales durante décadas, pero no sabían aparentemente que desde 2003 había colaborado con Estados Unidos y con varios Estados europeos.[2]

Fiel a su propio estilo, Gadafi reprimió las protestas en un baño de sangre. Cuando los insurgentes tomaron el control de la segunda ciudad de Libia, Bengasi, Gadafi -después de describirlos como «ratas» y «drogadictos» y de prometer memorablemente que iba a «purificar Libia palmo a palmo, casa a casa, hogar a hogar, calle a calle, persona a persona, hasta que el país quede libre de mugre e impurezas»- preparó un ataque contra la ciudad, desplegando todo el arsenal de sus fuerzas armadas. La probabilidad de una masacre a gran escala era muy elevada. Diez días después del inicio de la revuelta, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución que enviaba a Libia a la Corte Penal Internacional.[3]

Los habitantes de Bengasi pidieron protección al mundo entero, pero insistieron en que no querían tropas extranjeras en su territorio. La Liga de Estados Árabes apoyó el pedido. Como resultado, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución que autorizaba la imposición de una zona de exclusión en el espacio aéreo libio, así como «todas las medidas necesarias… para proteger a las poblaciones y zonas civiles… excluyendo al mismo tiempo el despliegue de cualquier fuerza de ocupación extranjera, bajo cualquier forma y en cualquier parte del territorio libio».[4] Ni Moscú ni Pekín vetaron la resolución: ambos se abstuvieron, ya que no querían asumir la responsabilidad de una masacre anunciada.

La mayoría de los antiimperialistas occidentales condenaron la resolución del Consejo de Seguridad y recordaron las que habían autorizado el ataque a Irak en 1991. Al hacerlo, pasaron por alto el hecho de que el caso libio tenía más puntos en común con la NFZ impuesta en el norte de Irak que con la guerra contra Irak con el pretexto de liberar Kuwait. Sin embargo, la resolución del Consejo de Seguridad era claramente viciosa: podía interpretarse como una injerencia prolongada de las potencias de la OTAN en la guerra civil libia. Pero a falta de otros medios para evitar la masacre inminente, quedaba poco margen para oponerse a la NFZ en su fase inicial -por las mismas razones que llevaron a Moscú y Pekín a abstenerse.[5]

En pocos días, la OTAN privó a Gadafi de gran parte de su fuerza aérea y de sus tanques. Los insurgentes podrían haber continuado su lucha sin una intervención extranjera directa, siempre y cuando tuvieran las armas necesarias para contrarrestar el arsenal restante de Gadafi. Pero la OTAN decidió mantener la dependencia de su participación directa con la esperanza de controlarlos. [6] Al final, los insurgentes lograron frustrar los planes de la OTAN desmantelando por completo el Estado de Gadafi, lo que dio lugar a la situación caótica que reina ahora en Libia.

El segundo caso, aún más complejo que el anterior, es el de Siria. En este país, la administración Obama nunca tuvo la intención de imponer una NFZ. Debido a los inevitables vetos de Rusia y China en el Consejo de Seguridad, eso habría exigido una violación de la legalidad internacional similar a la cometida por el gobierno de George W. Bush con la invasión de Irak (una invasión a la que Obama, entonces senador, se opuso). Washington mantuvo un perfil bajo en la guerra siria, intensificando su intervención sólo después de que el llamado Estado Islámico (EI) lanzara su gran ofensiva y cruzara la frontera iraquí, después de la cual las intervenciones directas de Washington se limitaron exclusivamente al combate contra el EI.

Pero la influencia más decisiva de Washington en la guerra siria no fue su intervención directa -que sólo tiene importancia para los neocampistas focalizados exclusivamente en el imperialismo occidental- sino la prohibición a sus aliados regionales de entregar armas antiaéreas a los insurgentes sirios, principalmente a raíz de la oposición israelí.[7] El resultado fue que el régimen de Bashar al-Assad tuvo el monopolio aéreo durante el conflicto e incluso pudo recurrir al uso extensivo de barriles bombas transportados por helicóptero. Esta situación también alentó a Moscú a involucrar directamente a su fuerza aérea en el conflicto sirio a partir de 2015.

A propósito de Siria, la división entre los antiimperialistas fue muy grande. Los neocampistas -como, en Estados Unidos, la United National Antiwar Coalition y el US Peace Council- se centraron exclusivamente en las potencias occidentales en nombre de un «antiimperialismo» muy particular y unilateral, mientras apoyaban o ignoraban la intervención -incomparablemente mayor- del imperialismo ruso (o la mencionaban tímidamente, mientras se negaban a hacer campaña contra la misma, como en el caso de la Stop the War Coalition en el Reino Unido) y no hablemos de la intervención de las fuerzas fundamentalistas islámicas patrocinadas por Irán. Los antiimperialistas progresistas y democráticos -incluido el autor de este artículo- condenaron siempre al régimen asesino de Assad y a sus partidarios imperialistas y reaccionarios extranjeros y reprobaron la indiferencia de las potencias imperialistas occidentales ante la difícil situación del pueblo sirio, se opusieron a su intervención directa en el conflicto y denunciaron el papel nefasto de las monarquías del Golfo y de Turquía, las que apoyaron a las fuerzas reaccionarias dentro de la oposición siria.

La situación se complicó aún más cuando el EI, en plena expansión, amenazó al movimiento kurdo nacionalista de izquierda sirio, la única fuerza armada progresista que operaba entonces en territorio sirio. Washington combatió al Estado Islámico con una combinación de bombardeos y un apoyo incondicional a las fuerzas locales, incluidas las milicias alineadas con Irán en el territorio de Irak y las fuerzas kurdas de izquierda en Siria. Cuando el EI amenazó con tomar la ciudad kurda de Kobane, las fuerzas kurdas se salvaron gracias a los bombardeos y a las entregas de armas por parte de Estados Unidos.[8] Ninguna fracción de antiimperialistas se levantó para condenar esta descarada intervención de Washington, por la razón obvia de que la alternativa habría sido el aplastamiento de una fuerza vinculada a un movimiento nacionalista de izquierdas en Turquía apoyado tradicionalmente por el conjunto de la izquierda.

Posteriormente, Washington desplegó tropas terrestres en el noreste de Siria para apoyar, armar y entrenar a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) dirigidas por las fuerzas kurdas. [9] La única oposición vehemente a este papel de Estados Unidos vino de Turquía, miembro de la OTAN y opresor nacional de la mayoría del pueblo kurdo. La mayoría de los antiimperialistas permanecieron en silencio (un silencio equivalente a la abstención), en contraste con su propia posición de 2011 sobre Libia, como si el apoyo de Washington a las insurgencias populares sólo pudiera tolerarse cuando están dirigidas por fuerzas de izquierda. Y cuando Donald Trump, presionado por el presidente turco, anunció su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria, varias figuras destacadas de la izquierda estadounidense -entre ellas Judith Butler, Noam Chomsky, el fallecido David Graeber y David Harvey- emitieron una declaración [10] en la que exigían que Estados Unidos «continúe con su apoyo militar a las FDS» (sin especificar que eso debería excluir la intervención directa por tierra). Incluso entre los neocampistas, muy pocos fueron los que denunciaron públicamente esa declaración.

A partir de este breve repaso a las complicaciones recientes del antiimperialismo, surgen tres principios rectores. En primer lugar, y lo más importante: las posiciones verdaderamente progresistas -a diferencia de las apologías de los dictadores pintadas de rojo- deben determinarse en función de los intereses del derecho de los pueblos a la autodeterminación democrática y no por la oposición sistemática a todo lo que hace una potencia imperialista, sean cuales sean las circunstancias; los antiimperialistas deben «aprender a pensar».[11] En segundo lugar: el antiimperialismo progresista exige oponerse a todos los Estados imperialistas, no ponerse del lado de unos contra otros. Por último: incluso en aquellos casos excepcionales en los que la intervención de una potencia imperialista beneficia a un movimiento popular emancipador -e incluso cuando es la única opción disponible para salvar a dicho movimiento de una represión sangrienta- los antiimperialistas progresistas deben abogar por una desconfianza total hacia la potencia imperialista y exigir que su intervención se restrinja a formas que limiten su capacidad de imponer su dominación sobre aquellos a los que pretende salvar.

Las discusiones entre los antiimperialistas progresistas que están de acuerdo con los principios analizados anteriormente son esencialmente tácticas. Con los neocampistas, en cambio, hay muy poco espacio para la discusión: la invectiva y la calumnia son su modus operandi habitual, siguiendo la tradición de sus predecesores del siglo pasado. (Artículo publicado, The Nation, 6-4-2021: https://www.thenation.com/)

* Gilbert AchcarGilbert Achcar es profesor en SOAS, Universidad de Londres. Entre sus numerosos libros figuran The Clash of Barbarisms (2002, 2006); Perilous Power: The Middle East and US Foreign Policy, en coautoría con Noam Chomsky (2007); The Arabs and the Holocaust: The Arab-Israeli War of Narratives (2010); The People Want: Una exploración radical del levantamiento árabe (2013); y Síntomas mórbidos: La recaída en el levantamiento árabe (2016).

Por Gilbert Achcar | 10/04/2021

 

Notas

[1] https://www.jstor.org/stable/655421?seq=1

[2] https://abcnews.go.com/International/story?id=1965753

[3] https://undocs.org/fr/S/RES/1970(2011  

[4] https://undocs.org/fr/S/RES/1973(2011)

[5] http://www.inprecor.fr/article-Les-évènements-en-Libye?id=1120

[6] http://www.inprecor.fr/article-L’insurrection-libyenne-entre-le-marteau-de-Kadhafi,-l’enclume-de-l’Otan-et-les-confusions-de-la-gauche?id=1170

[7] https://ecfr.eu/article/commentary_syria_the_view_from_israel141/

[8] https://www.rferl.org/a/kobane-is-kurdish-syria/26644993.html

[9] https://foreignpolicy.com/2019/10/10/kurds-syrian-democratic-forces-us-donald-trump/

[10] https://www.nybooks.com/daily/2018/04/23/a-call-to-defend-rojava/

[11] https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1938/05/lt19380520.htm

Traducción  del francés por Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa: https://correspondenciadeprensa.com/

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Viernes, 09 Abril 2021 06:15

Exilio igual a desconfianza

Exilio igual a desconfianza

Los acontecimientos y circunstancias de los (campesinos) latinoamericanos exiliados que buscan un lugar donde refugiarse y, si es posible, vivir en Estados Unidos o en las ciudades mexicanas, dan lugar a múltiples especulaciones en torno a la evolución y consecuencias a que dan lugar.

El lenguaje, la palabra, nunca termina de dar cuenta de aquello que se escapa, se oculta y es el centro del problema. Aquello, que por enigmático, no resulta descifrable, no obstante, si atendemos a lo percibido, aunado a la interioridad, existen posibilidades de establecer nuevas lecturas de los hechos.

Frente a la dolorosa sensación de desamparo que están viviendo en su paso al país vecino del norte, los exiliados latinoamericanos experimentan una sensación de desconfianza y miedo que recorre y se desliza mientras los gobiernos establecen negociaciones.

Como en el castillo de Kafka, Estados Unidos no es el fin, sino lo inaccesible. Una puerta conduce a otra. Un secreto que oculta a otro secreto… siempre quedará lejos mientras sigamos hablando.

Una desconfianza que hace interminable cada punto, cada coma, cada pausa, cada palabra que pueden ser llevados al infinito.

Desconfianza en los límites del encuadre: tiempo, lugar, personas, formas de expresión, respeto mutuo, que a su vez se tornan ilimitados.

Desconfianza en el orden para plantearse los problemas, reflejos de experiencias en que es abolida la conciencia, abierta a lo inimaginable, promotora de severos matices persecutorios y querulantes y proscribe palabras que corresponderían a su dominio. Desconfianza que pone de manifiesto un abismo construido de desconfianzas mutuas entre autoridades de naciones en desacuerdo y el lenguaje es motivo de interminables sospechas. La falta de confianza básica pone de relieve el instante, la fugacidad del instante, los instantes trágicos en que el significado se destruye.

Desconfianza que habla de algo inaprensible, de una ruptura que surge del interior mismo de las palabras y en fisuras de las mismas palabras en que se escapa el significado al transformar lo real en "expresiva" mudez. Las palabras existen al margen de lo que expresan, desligadas de contenido, disociadas y escindidas de significado. La desconfianza revelada en silencios, rupturas del diálogo, inasistencias, sello característico de la impotencia (omnipotencia) recíproca frente al doble discurso sin legitimidad racional, cuando la visión no encuentra representación se inmoviliza y aparece el horror, el pánico, la parálisis. La palabra desaparece, se congela y un penoso esfuerzo de querer decir se desmorona frente a la negación cultural del rechazo del diferente.

Así, la palabra operará de manera hueca, sin eco, sin resonancia, sin referente y sin destinatario.

Lo que se traducirá en actuaciones irracionales, verbalizaciones como descarga, en lugar de actos racionales precedidos por la reflexión producto de un acto de pensamiento complejo.

Ahí se incuba la desconfianza que impide reconocer el lenguaje que cubre la angustia y el miedo a lo incognoscible. El poder de lo que está en juego excede al poder de lo que se dice, cada palabra tirando de otra, creando una base de significación que es desplazada. Las palabras sugiriendo, punteando, haciendo sospechar…

Un bebé exiliado de su madre se enfrenta a un mundo que se moviliza entre muy ricos y muy pobres.

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¿El plan centroamericano de Biden ralentizará la migración (o la acelerará)?

Joe Biden entró en la Casa Blanca con algunas posiciones estimulantes pero contradictorias sobre inmigración y Centroamérica. Prometió revertir las draconianas políticas antiinmigrantes de Donald Trump mientras, a través de su "Plan para Construir Seguridad y Prosperidad en Asociación con los pueblos de Centroamérica", restauraba el "liderazgo de Estados Unidos en la región" que dijó que Trump había abandonado. Para las y los centroamericanos, sin embargo, tal "liderazgo" tiene una resonancia inquietante.

Aunque, de hecho,  la segunda mitad del nombre de su plan se hace eco del de organizaciones de base de izquierda, como el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), en su contenido destaca una versión de seguridad y prosperidad para esa región que se asemeja más a la Guerra Fría que a la del CISPES. En realidad, en lugar de solidaridad (o incluso asociación) con Centroamérica, el plan de Biden promueve un viejo modelo de desarrollo económico que ha beneficiado durante mucho tiempo a las empresas estadounidenses. También tiene como objetivo imponer una versión claramente militarizada de la seguridad a los pueblos de esa región. Además, se centra en reclutar gobiernos centroamericanos y, en particular, sus ejércitos para contener la migración a través del uso de la represión.

Vincular la inmigración y la política exterior

La declaración más clara de los objetivos del presidente en Centroamérica aparece en su "Ley de Ciudadanía americana de 2021", enviada al Congreso el 20 de enero. Esa propuesta ofrece un amplio conjunto de cambios destinados a eliminar las exclusiones racistas del presidente Trump, restaurar los derechos de asilo y abrir un camino hacia el estatus legal y la ciudadanía para la población inmigrante. Después de las andanadas antiinmigrantes de los últimos cuatro años, esa propuesta parece digna de ser saludada. Sigue los pasos de compromisos globales bipartidistas anteriores, como la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 y un proyecto de ley de inmigración fallido de 2013, que incluían un camino a la ciudadanía para muchas personas indocumentadas, al tiempo que dedicaban recursos significativos a la "seguridad" fronteriza.

Si se lee con atención, una parte significativa de la propuesta de inmigración de Biden se centra en la premisa de que abordar las causas profundas de los problemas de Centroamérica reducirá el flujo de inmigrantes a la frontera de Estados Unidos. En sus propias palabras, el plan Biden promete promover "el Estado de derecho, la seguridad y el desarrollo económico en Centroamérica" con el fin de "abordar los factores clave" que contribuyen a la emigración. Sin embargo, enterrados en su lenguaje difuso, hay metas bipartidistas de Washington de larga data que deberían sonar familiares para quienes hayan estado prestando atención a estos temas en estos últimos años.

En esencia: que se inviertan millones de dólares en  "ayuda" para la mejora de las fuerzas militares y policiales locales a fin de proteger un modelo económico basado en la inversión privada y la exportación de las ganancias. Y, sobre todo, los privilegios de los inversores extranjeros no deben ser amenazados. Resulta que este es el mismo modelo que Washington ha impuesto a los países de Centroamérica durante el último siglo, el que ha dejado sus países corruptos, violentos y empobrecidos, y que continuó desarraigando a las y los centroamericanos, haciéndoles huir hacia Estados Unidos.

Para el plan de Biden, al igual que para los de sus predecesores, es crucial otro elemento clave: coaccionar a México y Guatemala para que sirvan como apoderados para terminar el muro construido solo parcialmente a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos y promovido con orgullo por otros presidentes: desde Bill Clinton hasta Donald Trump.

Si bien el modelo económico que acecha detrás del plan de Biden puede ser antiguo, el intento de externalizar la aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos a las fuerzas militares y policiales mexicanas y centroamericanas ha demostrado claramente ser un giro del siglo XXI en la política fronteriza.

Externalización de la frontera (de Bush a Biden)

La idea de que la política de inmigración podría ser externalizada comenzó mucho antes de que Donald Trump, a mediados de 2019, amenazara notoriamente con imponer aranceles a los productos mexicanos para presionar al nuevo presidente de ese país a que aceptara su demanda de colaborar con la agenda antiinmigrante de Washington. Eso incluyó, por supuesto, la controvertida política de Trump de "quedaros en México", lo que ha continuado dejando varados allí a decenas de miles de solicitantes de asilo.

Mientras tanto, durante casi dos décadas, Estados Unidos ha estado intimidando (y financiando) a las fuerzas militares y policiales del sur de sus fronteras para hacer cumplir sus prioridades de inmigración, convirtiendo efectivamente las fronteras de otros países en extensiones de la de Estados Unidos. En este proceso, las fuerzas de México se han desplegado regularmente en la frontera sur de ese país, y las de Guatemala en su frontera con Honduras, todo para hacer cumplir violentamente las políticas migratorias de Washington.

Dicha externalización fue, en parte, una respuesta a los éxitos del movimiento por los derechos de los inmigrantes en este país. Los dirigentes estadounidenses esperaban evadir el escrutinio legal y las protestas en su país haciendo que México y Centroamérica implementaran los aspectos más impresentables de sus políticas.

Todo comenzó con la Iniciativa Mérida en 2007 [capital del Estado de Yucatán], un plan lanzado por George W. Bush que destinaría miles de millones de dólares a equipamiento militar, ayuda e infraestructura a México (con cantidades más pequeñas destinadas a Centroamérica). Uno de sus cuatro pilares fue la creación de "una frontera para el siglo XXI", empujando a México a militarizar su frontera sur. Para 2013, Washington había financiado 12 nuevas bases militares a lo largo de esa frontera con Guatemala y un "cordón de seguridad" de 100 millas al norte de ella.

En respuesta a lo que se vio como una crisis de niñas y niños migrantes en el verano de 2014 (¿suena familiar?), el presidente Barack Obama presionó aún más a México para que iniciara un nuevo programa en su frontera sur. Desde entonces se han destinado decenas de millones de dólares al año a la militarización de esa frontera, y México no tardó en detener a decenas de miles de migrantes mensualmente. No es sorprendente que las deportaciones y violaciones de los derechos humanos contra las y los migrantes centroamericanos se dispararan dramáticamente. "Nuestra frontera hoy en día es la frontera de México con Honduras y Guatemala", exultó el ex zar fronterizo de Obama, Alan Bersin, en 2019. Un activista local fue menos optimista, protestando porque el programa "convirtió la región fronteriza en una zona de guerra".

El presidente Trump fanfarroneó e intimidó a México y a varios países centroamericanos mucho más abiertamente que los dos presidentes anteriores, mientras llevaba dichas políticas a nuevos niveles. Bajo sus órdenes, México formó una nueva Guardia Nacional militarizada y desplegó a 12.000 de sus miembros en la frontera con Guatemala, incluso cuando la financiación de Washington ayudó a crear una infraestructura de alta tecnología a lo largo de la frontera sur de México, rivalizando con la frontera de Estados Unidos.

Trump pidió reducir la ayuda a Centroamérica. Sin embargo, bajo su supervisión, la mayor parte de los 3.600 millones de dólares asignados por el Congreso siguieron fluyendo hacia allí, aproximadamente la mitad de ellos destinados a fortalecer las unidades militares y policiales locales. Sin embargo, Trump retenía temporalmente los fondos de ayuda no militar para obligar a Guatemala, Honduras y El Salvador a firmar acuerdos de "tercer país seguro" que permitirían a Estados Unidos deportar a esos países a personas con solicitudes de asilo válidas.

Trump también exigió que Guatemala aumentara la seguridad a lo largo de su frontera sur "para detener el flujo de migración irregular" y "desplegar funcionarios del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y del servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidenses para asesorar y orientar a sus homólogos de la nación anfitriona encargados de la seguridad fronteriza, de la inmigración y de las aduanas". Una vez que los países centroamericanos accedieron a las demandas de Trump, se restauró la ayuda.

Este  mes de febrero, el presidente Biden suspendió esos acuerdos de terceros países seguros, pero está claro que, por lo demás, está dispuesto a seguir subcontratando la vigilancia de las fronteras a México y Centroamérica.

La otra cara de la militarización: el desarrollo económico

Mientras las administraciones demócratas y republicanas externalizaban una respuesta militarizada a la inmigración, también trataron de vender sus agendas con promesas de ayuda al desarrollo económico de Centroamérica. Sin embargo, sistemáticamente promovieron el mismo tipo de asistencia que históricamente trajo violencia y pobreza a la región, y por lo tanto llevó directamente a la crisis migratoria actual.

El modelo que Washington continúa promoviendo se basa en la idea de que si los gobiernos centroamericanos pueden cortejar a los inversores extranjeros con una mejor infraestructura, desgravaciones fiscales y leyes ambientales y laborales laxas, el libre mercado proporcionará la inversión, el empleo y el crecimiento económico, que (en teoría) evitará que la gente quiera migrar. Sin embargo, una y otra vez, en la atormentada historia de Centroamérica ha sucedido exactamente lo contrario. La inversión extranjera fluyó, deseosa de aprovechar las tierras fértiles, los recursos naturales y la mano de obra barata de la región. Esta forma de desarrollo, ya fuera en apoyo a las plantaciones de plátano y café en el siglo XIX o del azúcar, algodón y ganado después de la Segunda Guerra Mundial, llevó a Centroamérica a las revoluciones de la década de 1980 y a la migración masiva hacia el norte actualmente.

Este modelo se basa en gobiernos militarizados para desposeer a los campesinos, liberando la tierra para los inversores extranjeros. Del mismo modo, se utiliza la fuerza y el terror para mantener una clase obrera barata e impotente, lo que permite a los inversores pagar poco y cosechar ganancias fantásticas. A su vez, esta práctica han provocado la deforestación del campo, mientras que sus exportaciones baratas a los Estados Unidos y a otros países han ayudado a fomentar estilos de vida de alto consumo que han acelerado el cambio climático, trayendo condiciones meteorológicas cada vez más duras, que incluyen el aumento del nivel del mar, tormentas más intensas y sequías e inundaciones que han socavado aún más los medios de vida de las poblaciones pauperizadas de América Central.

A partir de la década de 1970, muchos de esos trabajadores y campesinos pobres presionaron a favor de la reforma agraria y la inversión en derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación en lugar, simplemente, de enriquecer aún más a las élites extranjeras y locales. Cuando la protesta pacífica se encontró con la violencia, se produjo la revolución, aunque solo triunfara en Nicaragua.

Washington pasó la década de 1980 tratando de aplastar la exitosa revolución de Nicaragua y los movimientos revolucionarios contra los gobiernos militares de derecha de El Salvador y Guatemala. Los tratados de paz de la década de 1990 pusieron fin a los conflictos armados, pero nunca abordaron las divisiones sociales y económicas fundamentales que subyacían en ellos. De hecho, el fin de esos conflictos sólo abrió las compuertas regionales a nuevas inversiones extranjeras masivas y al auge de las exportaciones. Esto supuso, entre otras cosas, la extensión de las fábricas con bajos salarios centradas en las exportaciones (maquiladoras) y el cultivo de nuevas frutas y verduras no tradicionales orientadas igualmente a la exportación, así como un auge de las industrias extractivas como la del oro, el níquel y el petróleo, por no hablar de la creación de nuevas infraestructuras para el turismo de masas.

En la década de 1980, las y los refugiados comenzaron a huir hacia el norte, especialmente de El Salvador y Guatemala, entonces desgarrados por la guerra, la represión y la violencia de los paramilitares locales y los escuadrones de la muerte. La aparente paz en la década de 1990 no supuso en absoluto el fin de la pobreza, la represión y la violencia. Tanto las fuerzas armadas públicas como las privadas proporcionaron seguridad, pero solo a las élites y a los nuevos megaproyectos urbanos y rurales que patrocinaron.

Si un gobierno amenazaba las ganancias de los inversores de alguna manera, como cuando El Salvador declaró una moratoria sobre las licencias mineras, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica patrocinado por Estados Unidos permitió a las corporaciones extranjeras demandarle y obligarle a someterse al arbitraje vinculante de un organismo del Banco Mundial. En los años de Obama, cuando el presidente electo y reformista de Honduras [Manuel Zelaya] trató de promulgar mejoras laborales y ambientales, Washington dio el aval a un golpe de Estado y lo celebró cuando el nuevo presidente [Roberto Micheletti] declaró orgullosamente el país abierto a los negocios con un paquete de leyes que favorecían a los inversores extranjeros.

El periodista David Bacon llamó a la nueva dirección de ese país un "modelo económico de salarios de pobreza" que no hizo sino favorecer el aumento de pandillas, el tráfico de drogas y la violencia. La protesta se encontró con una feroz represión, incluso cuando fluía la ayuda militar estadounidense. Antes del golpe, las y los hondureños apenas figuraban entre los migrantes centroamericanos a Estados Unidos. Desde 2009, sus ciudadanos han llegado a predominar a menudo entre las y los obligados a huir de sus hogares y dirigirse al norte.

La Alianza para la Prosperidad 2014 del presidente Obama ofreció una nueva ronda de ayuda para el desarrollo económico impulsado por los inversores. La periodista Dawn Paley caracterizó esa Alianza como "en gran parte un plan para construir nuevas infraestructuras que beneficiarán a las empresas transnacionales", incluyendo "desgravaciones fiscales para los inversores corporativos y nuevos oleoductos, carreteras y líneas eléctricas para acelerar la extracción de recursos y agilizar el proceso de importación, ensamblaje y exportación en maquilas de bajos salarios". Un proyecto importante fue un nuevo gasoducto para facilitar las exportaciones de gas natural estadounidense a Centroamérica.

Fue Obama quien supervisó el reconocimiento por Washington del golpe en Honduras. Fue Trump quien miró hacia otro lado cuando Guatemala en 2019 y Honduras en 2020 expulsaron a las comisiones internacionales anticorrupción. Y fue Trump quien aceptó minimizar los crecientes cargos de corrupción y tráfico de drogas contra su amigo, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández [en funciones desde enero de 2014], siempre y cuando promoviera una economía favorable a los inversores y aceptara colaborar con la agenda antiinmigración del presidente de Estados Unidos.

La caravana de enero de 2021 marca la llegada de los años Biden

Todas las señales apuntan a que los años de Biden continuarán con lo que se ha convertido en la norma de Washington en Centroamérica: externalizar la política de inmigración, militarizar la seguridad allí y promover un modelo de desarrollo que pretende disuadir la migración mientras realmente la alimenta. De hecho, la propuesta del presidente Biden prevé 4 mil millones de dólares en cuatro años a distribuir por el Departamento de Estado y la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional. Sin embargo, dicho desembolso estaría condicionado al progreso hacia objetivos aprobados por Washington como "mejorar la seguridad fronteriza", "informar a las y los ciudadanos de los peligros del viaje a la frontera suroeste de los Estados Unidos" y "resolver disputas que involucren la confiscación de bienes inmobiliarios de entidades estadounidenses". También se destinarían recursos significativos a seguir desarrollando tecnología fronteriza inteligente en esa región y a las operaciones de la Patrulla Fronteriza en Centroamérica.

Un anticipo de cómo es probable que todo esto funcione llegó justo cuando Biden asumió el cargo en enero de 2021.

Uno de los resultados predecibles de la externalización del control de inmigración por parte de Washington es que el viaje de las y los migrantes desde Centroamérica se ha vuelto cada vez más costoso y peligroso. Como resultado, algunos migrantes han comenzado a reunirse en grandes caravanas públicas para protegerse. Su objetivo: llegar a la frontera de Estados Unidos de forma segura, entregarse a la patrulla fronteriza y solicitar asilo. A finales de enero de 2021, una caravana de unas 7.500 personas hondureñas llegó a la frontera con Guatemala con la esperanza de que el nuevo presidente en Washington anulara, como prometió, la controvertida política de Trump de inmovilizarles en México en internamientos aparentemente interminables, en campamentos abarrotados e inadecuados, justo a las puertas  Estados Unidos.

No sabían que, de hecho, Biden continuaría con la externalización de la política de inmigración de sus predecesores hacia México y Centroamérica. Y es lo que sucedió: 2.000 policías y soldados guatemaltecos con gas lacrimógeno y porras (armados, entrenados y apoyados por Estados Unidos) fueron concentrados en la frontera entre Guatemala y Honduras para expulsarlos.

Un antiguo funcionario de Trump (que el presidente Biden mantiene en su puesto ) tuiteó que Guatemala había "asumido sus responsabilidades de manera apropiada y legal". El gobierno mexicano también elogió a Guatemala mientras reunía a miles de sus tropas en su propia frontera sur. Y Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional de Biden para el Hemisferio Occidental, elogió la "gestión del flujo migratorio" de Guatemala.

A mediados de marzo, el presidente Biden pareció vincular una respuesta positiva a la solicitud de México de parte de parte de la vacuna excedente  contra la coovid-19 de Washington con nuevos compromisos para tomar medidas enérgicas contra las y los migrantes. Una de las exigencias era que México suspenda sus propias leyes que garantizan condiciones de detención humanas para las familias con niños pequeños. Ninguno de los dos países tenía capacidad de proporcionar tales condiciones para el gran número de familias detenidas en la frontera a principios de 2021, pero la administración Biden prefirió presionar a México para que ignorara sus propias leyes, a fin de poder deportar a más de esas familias y mantener el problema fuera de la vista del público estadounidense.

A finales de enero de 2021, el CISPES se unió a una gran coalición de organizaciones de paz, solidaridad y trabajo que pidió a la administración Biden que reconsiderara sus planes centroamericanos. "Las múltiples e interconectadas crisis que enfrentan millones de personas en Centroamérica son el resultado de décadas de brutal represión estatal de los movimientos democráticos por parte de regímenes de derechas y de la implementación de modelos económicos diseñados para beneficiar a los oligarcas locales y las empresas transnacionales", escribió el CISPES. "Con demasiada frecuencia, Estados Unidos ha apoyado fuertemente estas políticas, que han empobrecido a la mayoría de la población y devastado el medio ambiente".

Esta coalición pidió a Biden que rechazara el compromiso, que viene de lejos, de Washington con la seguridad militarizada vinculada a la creación y el fortalecimiento de economías extractivas favorables a los inversores en Centroamérica. "Hacer frente a los flujos migratorios exige un replanteamiento total de la política exterior de Estados Unidos", instó el CISPES. A mediados de marzo, el presidente no había respondido de ninguna manera a la petición. Mi consejo: no contengas la respiración mientras esperas la respuesta.

Aviva Chomsky

3 abril 2021

 

30/03/2021

Publicado enInternacional
Pascua. Entre memorias y reciclajes del terror

En la semana de Pasión y de Pascua, nuestra Comunidad siguió su tradición consolidada de recorrer los caminos ensangrentados en donde se les arrancó la vida a centenares de integrantes de nuestro proceso. Es la pasión de Jesús reciclada permanentemente por nuestro criminal Estado colombiano.

Este Viernes Santo de 2021 peregrinamos por los caminos de las veredas La Linda, La Sucia y La Cristalina. Estuvimos en el sitio donde fue perpetrada por el ejército la horrenda masacre de jóvenes en el amanecer de 26 de diciembre de 2005. Previamente miembros de la Brigada XVII habían cooptado a los hermanos Ovidio, Albeiro y Lubín Cardona Borja, quienes eran milicianos de las FARC, con el fin de que trabajaran para el ejército como infiltrados y prepararan una gran fiesta de Navidad con amplio consumo de licor; así podrían sorprender ebrios a numerosos jóvenes de la zona y masacrarlos, confiando en que entre ellos caerían algunos milicianos. El General Zapata dio el falso Parte a los medios mostrándolos como “guerrilleros muertos en combate”. Entre las 6 víctimas fatales cayeron integrantes de nuestra Comunidad y los hermanos Cardona cobraron como cuota de sangre 4 millones de pesos por cada víctima, sumas que el ejército les canceló inmediatamente, mientras esos victimarios se integraban de lleno a la tropa paramilitar, usando uniformes y armas de uso privativo del ejército y rindiendo declaraciones falsas ante fiscales cooptados por los militares para alimentar montajes judiciales de atrevida falsedad y suciedad.

En ese mismo recorrido pasamos por el sitio donde la guerrilla de las FARC asesinó, el 6 de octubre de 1997, a tres líderes de nuestra naciente Comunidad de Paz: Ramiro Correa, Fernando Aguirre y Luis Fernando Espinosa, cobrándonos así el respeto con que cumplíamos nuestro Reglamento, en el cual se prohibía vender alimentos a cualquier actor armado.

En ese mismo recorrido estacionamos en otros numerosos lugares ensangrentados: desde el sitio donde los militares le arrancaron la vida a la niña de 3 años Mildrey Dayana David Tuberquia, el 18 de marzo de 2003, hasta el sitio en que sus auxiliares paramilitares masacraron al joven Weber Andrés Garzón, el 18 de agosto de 2019 por negarse a cumplir sus absurdas órdenes. Visitamos también las ruinas de la vivienda de la familia Arenas Román, cuyo padre, Ignacio Arenas, fue bajado de un chivero y asesinado en la vía a Apartadó, el 25 de agosto de 2000 y sus tres hijos: Luz Analia, Hernando y Duver Antonio, masacrados un mes después, el 23 de septiembre de 2000.

Pero mientras la memoria nos revivía los horrores del pasado, las denuncias actuales nos convencen de que el Estado que nos domina sigue demostrando su carácter GENOCIDA, con un afán desaforado por exterminar a todo grupo que no se ajuste a su modelo excluyente, paramilitar y asesino, tal como se comprobó en las recientes audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, realizadas en Bucaramanga, Bogotá y Medellín entre el 25 y el 27 de marzo de 2021.

Ponemos en conocimiento del país y del mundo los últimos hechos que nos preocupan profundamente:

  • El lunes 22 de marzo de 2021, dos pobladores del caserío de San José fueron amenazados por los paramilitares, quienes los trataron de “sapos” o informantes. Uno de los paramilitares anunciaba: “va a correr de la colorada” (refiriéndose a nuevos derramamientos de sangre).
  • ·El domingo 28 de marzo de 2021un personaje extraño, con la cara cubierta, estuvo recorriendo, de manera muy sospechosa, la parte del río El Cuchillo que bordea nuestro asentamiento central de San Josesito, como inspeccionando su topografía con miras a algún plan de acción. A raíz de esto, otras personas informaron que en días pasados habían visto a otros personajes sospechosos haciendo similares recorridos por el río.
  • ·En la última semana de marzo de 2021,en la vereda El Porvenir se vio transitar a un grupo de jóvenes reclutados y entrenados por los paramilitares.
  • ·En la última semana de marzo de 2021, pobladores de la vereda El Porvenir manifestaron su propósito de vender sus tierras porque, según ellos, “ya los paramilitares no los dejan trabajar”.
  • ·El martes 30 de marzo de 2021,  ala 01 del amanecer, paramilitares movilizados en motos distribuyeron panfletos en diversas veredas de San José de Apatadó. Uno de esos panfletos fue dejado en el asentamiento de San Josesito de nuestra Comunidad de Paz. Las cámaras captaron el momento en que llegaban en moto a dejar los panfletos.

Todos los episodios reseñados evidencian el dominio paramilitar de la zona, donde se comprueban reclutamientos, entrenamientos, reuniones, imposición de normas y cobros de impuestos a su amaño, presiones sobre pobladores para convertirlos en aliados y amenazas contra potenciales informantes, concentrando nuevamente las amenazas en anuncios de exterminio de nuestra Comunidad de Paz, en la cual ven un estorbo para sus planes de dominio, pues nuestra Comunidad no comparte ni de lejos sus perversos principios.

Es de público conocimiento, además, que en los alrededores de la base militar se ha establecido una caseta de fuerte consumo de licor en las noches, donde los paramilitares acuden armados. Es también preocupante el aumento de civiles armados que se movilizan por la carretera, multiplicándose la fuerza paramilitar ante la tolerancia absoluta de las instituciones.

Con nuestro saludo de Pascua, deseándoles felicidades, agradecemos nuevamente a las comunidades que desde tantos sitios del país y del mundo siguen manifestando su solidaridad fraterna con nuestra causa.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 6 de 2021

Publicado enColombia
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