Una familia palestina permanece sentada cerca de los escombros de su casa tras ser demolida por las fuerzas israelíes. EFE/ Abed Al Hashlamoun.

La decisión es una respuesta a una solicitud hecha por la fiscal general Fatou Bensouda, que le pidió a la sala que especificara "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación".

La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves que Palestina es un Estado Parte del tribunal y dio el primer paso para abrir una investigación por crímenes de guerra. Una sala de cuestiones preliminares dictaminó, por dos votos a uno, que Palestina abarca los territorios ocupados por Israel en la Guerra de los seis días de 1967, lo que incluye Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza.

La decisión es una respuesta a una solicitud hecha por la fiscal general Fatou Bensouda, que le pidió a la sala que especificara "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación" dadas "las controvertidas cuestiones legales y fácticas" que se desprenden del caso.

Bensouda dijo en diciembre de 2019 que existe una base razonable para comenzar una investigación, por lo que ahora depende de la fiscal general solicitarla formalmente a los jueces, especificó a Efe una fuente del tribunal.

Palestina, gracias a su condición de Estado observador de la ONU, ratificó en enero de 2015 el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la CPI, abriendo la puerta a que la Fiscalía del tribunal internacional abriese una investigación. Israel en cambio no forma parte de la corte, pues no acepta su legitimidad, por lo que la Oficina de Bensouda no podría iniciar las pesquisas en su territorio.

En unas vistas orales celebradas en febrero de 2020, países aliados de Israel como Alemania, Australia, Hungría o la República Checa defendieron que Palestina no sea considerada un Estado Parte de la CPI. No obstante, los jueces dijeron en su decisión que "independientemente de la condición de Palestina en virtud del derecho internacional general, su adhesión al Estatuto de Roma siguió el procedimiento correcto y ordinario".

"La sala no tiene autoridad para impugnar y revisar el resultado del procedimiento de adhesión llevado a cabo por la Asamblea de los Estados Partes" de la CPI, añadieron los magistrados. La Autoridad Nacional Palestina solicitó formalmente la apertura de la investigación en 2018, lo que faculta a Bensouda a comenzar las pesquisas sin la necesidad de pedir autorización a los jueces, tal y como ocurre normalmente en la CPI.

Palestina espera que se investigue la reacción de Israel a las protestas conocidas como las Marchas del Retorno de 2018, que dejaron un saldo de más de 273 palestinos muertos y más de 16.000 heridos. La CPI no tiene una fuerza policial propia que se encargue de ejecutar órdenes de arresto, sino que confía en la voluntad de los Estados para aplicarlas y, de momento, es poco probable que Israel entregue de forma voluntaria a eventuales sospechosos de crímenes de guerra.

Asimismo, cabe la posibilidad de que miembros de grupos armados palestinos también sean investigados por la CPI, pues en informes públicos de la oficina de Bensouda se menciona el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia territorio de Israel.

la haya

05/02/2021 19:39 Actualizado: 05/02/2021 22:09

EFE

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Guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas

 La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional, en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No somos dueños de la tierra, somos sus guardianes. La tierra es para vivir no para hacer negocio”, dice un joven de la comunidad Nuevo San Gregorio, del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, en el municipio oficial de Ocosingo (Huixtán), Chiapas.

“Estamos cercados en nuestra propia tierra”, agrega una mujer de la misma comunidad que está siendo sitiada por 40 invasores armados con apoyo del Gobierno. Explica que pese al cerco, las familias han montado un taller de carpintería, hacen bordados y mecapal, como forma de resistencia.

Son testimonios recogidos por la “Caravana Solidaria”, integrada por más de 15 colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tanto en la comunidad Nuevo San Gregorio como en las cinco comunidades que integran la región Moisés Gandhi, en el municipio Autónomo de Lucio Cabañas, oficial de Ocosingo.

Integrantes de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq nos explican desde San Cristóbal de Las Casas que se trata de más de 600 hectáreas que fueron recuperadas por las bases zapatistas cuando la ofensiva de 1994 y que ahora están siendo cercadas por “medianos propietarios y personas aliadas de los gobiernos federal y del Estado de Chiapas” y por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

En Moisés Gandhi, habitada por cientos de familias, las agresiones comenzaron el 23 de abril de 2019, con disparos de armas de grueso calibre desde las 5h hasta las 21h, situación que el Gobierno no quiere ni tiene la voluntad de detener. Desde que comenzaron los ataques, en abril de 2019, en varias ocasiones llegaron grupos de 250 a 300 personas armadas en vehículos, queman viviendas, roban y destruyen cosechas. En varias ocasiones han secuestrado a comuneros, los golpean y amenazan y luego los sueltan.

El 22 de agosto quemaron una tienda de acopio de café zapatista en el crucero de Cuxuljá, un cruce estratégico de carreteras que conectan San Cristóbal con Palenque.

Se trata de nuevas modalidades de la contrainsurgencia que se van adaptando al crecimiento y expansión territorial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que pasó a contar con 43 centros de resistencia. Integrantes de la caravana explican que los miembros de ORCAO son gente politizada que conoce bien al movimiento zapatista.

Desde hace años fueron atraídos por programas sociales que les ofrecen recursos si regularizan las tierras, pueden capitalizarse y pasar de campesinos pobres a campesinos ricos, adquiriendo poder. La ORCAO vende su café a grandes empresas vinculadas a Wall Mart, ya que tiene aspiraciones de conseguir grandes ganancias.

“La forma de operar consiste en cercar las viviendas, las clínicas y las escuelas de las familias y comunidades zapatistas, y de ese modo les impiden seguir produciendo, configurando una guerra integral de desgaste que busca quebrar la economía autónoma”, explican miembros de la Ajmaq y de las caravanas solidarias.

Imposible no conectar esta situación con lo que fueron las políticas sociales de los gobiernos progresistas en Sudamérica. No sólo transferían recursos a los barrios y comunidades pobres, sino que buscaban que los intermediarios fueran organizaciones y movimientos populares que antes habían luchado contra los gobiernos neoliberales. De esa manera, incorporaban a las políticas oficiales personas que conocían a fondo a los movimientos, saberes a que los Estados desconocían.

 “No es casualidad que la ORCAO esté atacando a las nuevas Juntas de Buen Gobierno y centros de resistencia, porque allí la mayoría son jóvenes y mujeres y buscan desanimarlos y atemorizarlos”, dicen miembros de las caravanas.

Por eso además de cercar con alambres las tierras comunitarias, rompen tuberías de agua, cercan manantiales, pastos donde se alimenta el ganado y les impiden cosechar. En Nuevo San Gregorio, las bases de apoyo reconocen que este año apenas pudieron cosechar el 50% del año pasado. El objetivo es crear una crisis humanitaria que fuerce a las familias zapatistas a abandonar las tierras que recuperaron luchando.

La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No nos rendimos, aquí seguimos organizando nuestros trabajos colectivos”, aseguran las comunidades. Para mantener la resistencia organizan trabajos colectivos, para asegurarse la alimentación y la salud. La decisión de resistir de forma pacífica, sin violencia pero sin abandonar la lucha, tiene enormes costos que las bases zapatistas están dispuestas a afrontar.

Desde arriba buscan el enfrentamiento entre pueblos, apoyando organizaciones sociales que cuentan con la complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal, con el objetivo de minar la autonomía zapatista que es una de las principales esperanzas que ilumina el planeta.

5 feb 2021 09:50

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Estado “Paraco”: su funcionamiento ficticio y su funcionamiento real

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de recurrir al país y al mundo para dejar constancia de múltiples atropellos por parte de quienes siguen buscando nuestra destrucción.

Este año 2021 comienza con el asesinato de un campesino humilde, residente en la vereda La Pedroza. Las autoridades, como lo han hecho siempre, anuncian “investigaciones exhaustivas” y operativos militares, pero, como siempre, son acciones de fachada que no llegan a ningún resultado. Nunca han llegado a nada. Todo el mundo percibe que los victimarios nunca son tocados y que los muertos siguen cayendo y las amenazas siguen su curso, mientras las extorsiones son cada vez más asfixiantes. En esta región el poder de las armas es el único en pie. Nada se hace para controlar el paramilitarismo, pues los paramilitares se mueven armados en medio de ejército y policía y todo sigue igual. Es tanta la libertad que tiene el paramilitarismo que está reclutando a mucha gente, incluyendo a muchos menores de edad. En las últimas semanas se nos ha informado que los reclutados están siendo enviados a otras zonas a entrenamiento militar. Muchas personas han manifestado en las redes sociales que se está privando de la libertad a muchos jóvenes en esta región, pero ninguna autoridad está tomando en serio e investigando esa práctica.

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos dejando CONSTANCIAS de los hechos ocurridos recientemente:

  • ·El jueves 24 de diciembre de 2020, en horas del día, se recibió información según la cual el paramilitar Wilfer Higuita, actualmente residente en el asentamiento de La Unión, la noche anterior habría embriagado a una joven en esa vereda y abusado sexualmente de ella.
  • ·En la semana del 24 de diciembre de 2020el mismo paramilitar Wilfer Higuita, quien lleva muchos años vinculado a las estructuras paramilitares, incluso sirviendo desde allí a altos oficiales de la Brigada XVII, ahora radicado en el casco urbano de la vereda La Unión, lanzó amenazas contra varias mujeres de esa vereda, acusándolas de estar informando a nuestra Comunidad de Paz sobre las acciones de los paramilitares. Como Comunidad de Paz aclaramos que todas las informaciones que nos llegan a ese respecto y que   incluimos en nuestras constancias, se originan en el actuar público de los paramilitares, sin que tengamos necesidad de buscar informaciones, pues los paramilitares actúan a la luz pública.
  • ·En la última semana de diciembre 2020, los paramilitares reunieron a población civil en la vereda Naín del municipio de Tierralta, Córdoba, y amenazaron a los líderes de las juntas de acción comunal por supuestamente estar robando los dineros de las comunidades.
  • ·El viernes 01 de enero de 2021, mientras varios integrantes de nuestra Comunidad de Paz reparaban una malla que protege el monumento a la memoria de nuestros líderes masacrados por el ejército y los paramilitares en la vereda La Unión el 8 de julio de 2000, el poblador Adolfo Guzmán, quien afirmó tener mando en la junta comunal de dicha vereda, se acercó en deplorables condiciones de embriaguez a insultar a quienes estaban reparando el monumento. Según sus palabras, ellos van a derribar ese monumento, pues está estorbando para el juego de fútbol de los jóvenes, ya que ellos declararon ese espacio como “parque de recreo”. Despreció la memoria de los mártires afirmando: “los muertos, muertos están”, es decir, es estúpido recordarlos.
    Se entiende: su memoria será una condena perpetua a sus bestialidades. Afirmó además que habían conversado con el Alcalde de Apartadó quien les había autorizado derribar el monumento y hacer respetar el espacio público de recreo.

Así se acata en los territorios paramilitarizados la Ley 1408 de 2010, en sus artículos 12 y 13 que declara “Santuarios de la Memoria” los sitios donde incluso se sospeche que puede haber restos de personas desaparecidas, mucho más cuando se sabe a ciencia cierta que allí fueron masacradas. Con la misma grosería se pisotea la Resolución 3 de 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estableció los Principios sobre Políticas de Memoria en Las Américas. Allí definió que: “Se entiende por sitios de memoria a todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos o donde se padecieron o resistieron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas o las comunidades locales consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos, y que son utilizados para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos, y/o para homenajear y reparar a las víctimas”.  Por eso, dicha Resolución le ordena a los Estados: “asegurar un abordaje integral de la memoria, entendido como la obligación de adoptar políticas públicas de memoria coordinadas con procesos de justicia y rendición de cuentas”.  Y añade la misma Resolución que dicho abordaje integral de la memoria “incluye la obligación de los Estados de asegurar la representación y participación de las víctimas”.

Es una vergüenza que un Alcalde, un Ejército, un Gobierno, una Junta de Acción Comunal, toleren estas afrentas a las víctimas sin recato alguno ante la comunidad internacional, como gritándole al mundo con todo el descaro posible que quieren tapar a toda costa y validos de la fuerza bruta, el recuerdo de las barbaridades que allí han perpetrado.

  • ·El jueves 7 de enero 2021, en horas del día, se escucharon disparos cerca del centro urbano de la vereda la Unión. Según los comentarios, se trataba de entrenamientos que estarían realizando los paramilitares con personas recién reclutadas.
  • ·El domingo 10 de enero de 2021, se recibieron informaciones según las cuales los paramilitares que controlan el corregimiento de San José de Apartadó y sus veredas, reclutaron a 4 jóvenes, los cuales fueron llevados a la vereda Playa Larga y al corregimiento Nuevo Antioquia del municipio de Turbo, para entrenamientos.
  • ·El miércoles 20 de enero de 2021, el paramilitar conocido como “RAMIRO” quien es hermano de alias “SAMUEL”, reconocido comandante de paramilitares en la vereda la Unión, amenazó con arma de fuego a una mujer en dicha vereda, acusándola de ser informante de nuestra Comunidad de Paz y conminándola a renunciar a ello o de lo contrario no respondía por su vida. En los últimos días nos hemos enterado que el mismo “RAMIRO” y WILFER HIGUITA continúan amenazando a esta mujer y a su compañero y a la vez están amenazando de muerte a miembros de nuestra comunidad que viven cerca de allí, supuestamente por informar lo que hacen los paramilitares en la vereda, cuando son hechos perpetrados a plena luz del día, pudiéndolos conocer todos los habitantes de la zona.
  • ·El viernes 22 de enero de 2021, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que los paramilitares habrían reclutado a 5 jóvenes, entre ellos una mujer, todos del casco urbano de San José de Apartadó. Según se comenta, la misma fuerza pública y la policía son conocedores de todo lo que se está viviendo, pues los paramilitares son los dueños de San José y de sus veredas y no hay ni una sola medida para evitar que los paramilitares tengan tanto control. La misma Brigada XVII del ejército, por medio del Coronel José Luis Bastidas Moreno, anuncia que están realizando operaciones para neutralizar cualquier plan criminal, pero nada pasa, pues los paramilitares son cada vez más libres en la zona para moverse y controlar. Nos preguntamos ¿cuáles son la operaciones militares que están realizando?­­­ Si a la fecha no se ha dado ninguna neutralización de los paramilitares que recorren armados el casco urbano de San José, nadie se explica para qué sirven una base militar y un búnker de la policía con muchos efectivos militares y policiales y sin embargo sean los paramilitares quienes tengan el control total. Varios asesinatos han ocurrido en esta zona y ¿de qué han servido los operativos? ¿Cuáles han sido los resultados? Como Comunidad de Paz seguimos convencidos de que en esta zona el poder de las armas tiene suficientes alianzas para ejercer control total sobre la población civil.
  • ·En la misma semana del 22 de enero de 2021, los paramilitares habrían realizado una reunión en la vereda Mulatos-Cabecera, de San José de Apartadó, en la cual informaron sobre prohibiciones que afirman imponer con su   usurpada autoridad a los pobladores del lugar, entre ellas: tumba de rastrojos para siembra de pan coger y uso de celulares. Durante la reunión obligaron a apagar todos los celulares táctiles, alegando que tienen muchos enemigos en la zona, los cuales denuncian la presencia de ellos allí. El paramilitar que dirigió la reunión, quien afirma ser “el político” de esa estructura, manifestó que todas las informaciones que está recogiendo serán llevadas a sus jefes, quienes luego impartirán órdenes.
  • ·El domingo 24 de enero de 2021,en las horas de la tarde, fue asesinado en la carretera que conduce desde Apartadó hasta el corregimiento de San José, el joven campesino BLAS HUMBERTO DAVID TORRES. El hecho ocurrió a la altura de la vereda La Balsa. Blas Humberto se movilizaba en moto hacia Apartadó cuando fue atacado por paramilitares que le propinaron varios impactos de arma de fuego acabando con su vida. Blas Humberto era agricultor independiente y actualmente vivía en la vereda La Pedroza.

Ya el año pasado, el 29 de febrero de 2020, estos mismos paramilitares habían asesinado al señor Amado Torres, residente en la vereda La Miranda, a pocos minutos de la vereda La Pedroza, por el hecho de no aceptar someterse a esa estrategia de muerte. Ahora, según las versiones recibidas, Blas Humberto fue asesinado precisamente por no aceptar someterse a la estrategia paramilitar, pues le estaban cobrando impuestos o vacunas que él se negó a pagar. Y lo más doloroso es que no ha avanzado ninguna investigación real en ninguno de los casos similares, por parte del poder judicial. Todo nos confirma que la “Justicia” sigue corrompida, y seguirá corrompida mientras las mismas altas Cortes se nieguen a investigar al poder judicial de Urabá; mientras se nieguen a reabrir los millares de expedientes que encierran podredumbres morales, donde campean el soborno, la amenaza y el montaje  como determinantes del sistema probatorio. La misma Corte Constitucional claudicó de las medidas tomadas en el Auto 164 de 2012, de crear una Comisión de Evaluación de la Justicia o de decretar un Estado de Cosas Inconstitucional en la falsa “justicia” de Urabá. Este gobierno se ha caracterizado por continuar con ojos cerrados y manos cruzadas frente a los horrores de la criminalidad estatal y para-estatal que sigue imperando.

 La persecución a quienes no aceptan el paramilitarismo no se detiene, pues todo aquel que se resista es sometido a desplazamiento o de lo contrario termina asesinado con el mismo libreto con que asesinaron a Amado y a Blas Humberto y a muchísimos otros. Responsable será el gobierno por lo que le suceda en adelante a otros y otros pobladores.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Febrero 03 de 2021

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Más de 25 mil colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2020, según la ONU

De la cifra total, 1.535 personas salieron de sus hogares en diciembre.

Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia (OCHA), 25.366 colombianos sufrieron desplazamiento forzado por cuenta de la presencia de grupos ilegales en sus territorios, con 94 eventos registrados.

De la cifra total, 1.535 personas salieron de sus hogares en diciembre, hechos que se concentraron en Bahía Solano, Chocó, donde 900 indígenas abandonaron su comunidad; Roberto Payán, en Nariño con 333 damnificados; Argelia, Cauca con 118 afectados; Alto Baudó, Chocó con 94 víctimas; y Caucasia, Antioquia donde 91 habitantes dejaron sus casas.

Asimismo, el documento indicó que los mayores afectados fueron los indígenas, con un 75% de los eventos presentados en diciembre, seguidos por los afrodescendientes con el restante 25%.

Respecto a los confinamientos, 74.312 personas sufrieron en 2020 ese flagelo derivado de la presencia de grupos armados en su territorio, mientras que solo en diciembre, 4.661 colombianos restringieron su movilidad para evitar ser blanco de ataques armados o morir en medio de combates entre grupos ilegales en Iscuandé, Chocó con 4.149 confinados y Bojayá con 512 afectados.

El reporte además señala que, los desastres naturales produjeron 366.241 víctimas, de ellos 6.050 damnificados se produjeron en diciembre, la gran mayoría en Barbacoas, Nariño por cuenta de inundaciones relacionadas con lluvias.

La ONU alerta que, del total de emergencias presentadas en diciembre, solo el 73% de las personas afectadas en las tres categorías (desplazamiento, confinamiento y desastres naturales) recibieron atención de las autoridades por lo cual hizo un llamado a mejorar esos indicadores.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo precisó que la causa principal de los desplazamientos forzados en el país fueron las confrontaciones por los territorios entre grupos armados ilegales que, de igual forma, comenten otros delitos contra las comunidades de la zona.

Homicidios, violencia sexual, estigmatización, amenazas, hostigamientos, riesgo y materialización de reclutamientos, secuestro, desapariciones forzadas y territorios contaminados con minas personales, son los más recurrentes.

“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, haya una crisis recurrente por el desplazamiento forzado y las víctimas no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

En relación a los confinamientos, la entidad indicó que respecto a 2019 se incrementaron en al menos un 252% en el país, siendo la región del Catatumbo, en el departamento fronterizo de Norte de Santander, donde se presentaron la mayoría de los casos con 33.627 habitantes de casi 10 mil familias confinados.

Para el defensor del Pueblo, otro aspecto que se debe tener en cuenta de manera urgente es que a la crisis humanitaria que padecieron estas familias, se sumó el impacto de la pandemia del covid-19.

“Hay demoras en la atención a las víctimas, restricciones de los grupos armados ilegales en los territorios y el riesgo de propagación del virus en las comunidades, especialmente por los confinamientos en sitios hacinados y por la falta de acceso a servicios de salud”, concluyó Carlos Camargo.

3 de Febrero de 2021

 

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Cómo combatir epidemias y mejorar la vida en las ciudades europeas y latinoamericanas

Las ciudades y los territorios son organismos vivientes que pueden ser modificados por las enfermedades. Alrededor del año 5 500 a. e. c., los humanos abandonaron la caza y la recolección por la agricultura y el sedentarismo y comenzaron a construir aldeas. En ellas se incrementaron la parasitosis y la tuberculosis, transmitidas por el contacto estrecho entre personas o mediante el agua contaminada, entre otros factores.

Las tentativas de vencer a las epidemias y las tecnologías empleadas para ello se plasman en las ciudades. Algunos de los desarrollos más emblemáticos en planeamiento urbano, como los sistemas sanitarios en los países europeos del siglo XIX, surgieron como respuesta a los brotes de enfermedades infecciosas: el cólera, la viruela y el tifus, entre otros.

A finales del siglo XVIII y a principios del XIX, las ciudades occidentales experimentaron un crecimiento de habitantes procedentes principalmente del ámbito rural relacionado, entre otros factores, con la nueva industrialización. Junto con la densificación, se acentuó el deterioro de la estructura física de las ciudades.

El hacinamiento, la pobreza, la carencia de servicios públicos y la degradación de las condiciones higiénicas se convirtieron en un caldo de cultivo de epidemias. Surgió entonces el higienismo, un movimiento europeo arquitectónico y urbanístico, como resultado de las investigaciones de médicos y políticos en el siglo XIX y principios del XX.

Gobiernos y empresarios acusaron la necesidad de mantener determinadas condiciones de salubridad en las urbes mediante la instalación de agua corriente, cloacas, iluminación en las calles y modificación del trazado urbano.

La ciudad de Barcelona es un caso icónico. Ante los crecientes problemas de salubridad, se decidió derribar los antiguos muros y diseñar el Ensanche en el terreno circundante. Ildefons Cerdà trazó una cuadrícula con calles anchas, chaflanes y diagonales. Concibió parcelas abiertas a frente y contrafrente, y una baja densidad poblacional para garantizar condiciones de higiene y salubridad.

Las nuevas construcciones gozaban de ventilación y asoleamiento, y de los últimos progresos en alcantarillado y saneamiento. Pese a que la especulación inmobiliaria desnaturalizó la idea original, el trazado perdura hasta hoy.

Parecidos criterios guiaron la creación de la ciudad de La Plata en Argentina, fundada en 1882. Se emplearon las técnicas e infraestructuras más modernas en aquel momento, elegidas por sus cualidades higiénicas. Se realizaron redes de provisión de agua y de evacuación de desechos y se implementó un servicio de extracción de basuras y barrido de las calles. La reacción frente a las epidemias modificaba y generaba las urbes.

¿Y si pensamos más lejos?

Generalmente se trata el problema de la salud pública urbana focalizándose en las metrópolis y megalópolis. ¿Y si pensamos, como dice Saskia Sassen, en la ciudad más allá de la ciudad?

La pandemia y el consecuente incremento del teletrabajo, la teleeducación, la telesalud y las fintech (que puede traducirse por tecnofinanzas o sector tecnofinanciero) estimulan y facilitan una migración desde regiones metropolitanas hacia ciudades pequeñas y pueblos. Sería deseable alentar a las ciudades pequeñas a generar programas de atracción de nueva población, que pueda enriquecer su economía, su vida cultural, su diversidad. La tecnología juega aquí un rol clave, dado que habilita la continuidad en línea de varias actividades urbanas.

ES VICIS, una ONG que promueve el repoblamiento rural en Argentina, sostiene un programa basado en tres pilares: bienvenida para las familias en la sociedad de recepción, trabajo asegurado e infraestructura adecuada. Esta incluye vivienda, pero también la disponibilidad de escuelas, centros de salud, comercios, servicios, buen acceso físico, transporte, caminos.

El acceso a una Internet eficiente y veloz es una de las demandas fundamentales de los nuevos habitantes. Sin embargo, estos migrantes no necesariamente dependen de empleos situados en sus pueblos de recepción. Muchos de ellos son profesionales y técnicos que pueden teletrabajar o combinar actividades en línea y presenciales. Otros llevan consigo microempresas o aún pequeñas y medianas empresas que pueden contribuir a la economía local.

Además, si los pueblos cercanos trabajan conjuntamente para compartir programas de atracción de población, recursos económicos y tecnológicos y servicios, se multiplican las oportunidades de atraer nueva población, evitar el despoblamiento y dinamizar la calidad de vida local. Se trataría de una red de ciudades cercanas conectadas, abiertas y colaborativas, que a través de la interacción continua, de la acción colectiva y del uso inteligente de tecnologías buscan respuestas a las nuevas necesidades y oportunidades a partir de los cambios producidos por la crisis mundial.

Grandes ciudades

En la actualidad, la covid-19 se integra en una larga lista de enfermedades infecciosas, predominantemente urbanas. Las metrópolis y megalópolis parecen ser medios ideales para la propagación de epidemias.

La problemática de convertir las ciudades existentes en más saludables y amigables reviste aspectos muy diferentes en Europa frente a Iberoamérica.

En la mayoría de los países europeos existe una red más o menos equilibrada de asentamientos urbanos en los que predominan las ciudades intermedias y pequeñas. En Iberoamérica, las metrópolis y megalópolis han crecido velozmente.

América Latina y el Caribe (ALC) cuenta con 215 metrópolis, de las cuales seis tienen más de diez millones de habitantes. En 2020, 321,2 millones de personas vivían en las metrópolis de ALC. Se prevé que entre 2020 y 2035 ese número aumente en 53 millones. Numerosas zonas oscuras de dichas metrópolis, áreas pobres superpobladas, con insuficiencia o carencia de agua potable, saneamiento, electricidad y conectividad a Internet, serán focos ineludibles de presentes y futuras pestes.

Las propuestas que se formulan actualmente –como las supermanzanas barcelonesas o la ciudad de los quince minutos propuesta en París– tienden a fraccionar las grandes ciudades en barrios supuestamente autocontenidos. Esto es viable en ambas ciudades, en la que los grandes equipamientos colectivos –universidades, hospitales de alta complejidad, equipamientos culturales, etcétera– están distribuidos en la ciudad con relativo equilibrio. En las metrópolis de ALC, se concentran en centros urbanos alejados de los barrios residenciales.

Otro problema importante es el acceso al trabajo, sobre todo en los sectores industrial y de servicios, no siempre presentes en las nuevas fracciones urbanas. Se aborda el problema del planeamiento del transporte público de modo que no implique contacto estrecho entre los pasajeros. Por otra parte, no todos en ALC pueden usar automóviles propios o pedalear un par de horas hasta sus trabajos. Es necesario hallar soluciones apropiadas a la realidad iberoamericana.

Las nuevas preguntas

Se plantean otros interrogantes: ¿Cómo trasladar a las ciudades las ventajas del campo, en lo que se refiere a seguridad, tranquilidad, salubridad, medio ambiente y disminución de la densificación? ¿Y cómo llevar las ventajas de las metrópolis –grandes equipamientos educativos, sanitarios y culturales– a los pueblos?

Tanto la ciudad de los 15 minutos como las supermanzanas plantean una forma de segmentación de las ciudades en barrios relativamente autosuficientes en su cotidianidad. Pero tanto en estos modelos como en el de la migración a pueblos, el condicionante fundamental es el económico. ¿Es posible descentralizar el sistema económico para no concentrarlo en los grandes centros urbanos? ¿Es posible desconcentrar los centros financieros y productivos?

Interviene aquí la tecnología, no como panacea sino para suministrar soluciones parciales. Las autopistas inteligentes y el despliegue de tecnologías 5G en las carreteras mejorarán la gestión del tránsito vehicular.

Los drones facilitarán las entregas de mercadería, ayudarán en emergencias y probablemente terminarán por transportar personas. Los vehículos eléctricos e híbridos contribuirán a mejorar el ambiente urbano. Un número significativo de ciudadanos teletrabajan y disminuyen sus viajes intra e interurbanos.

Las redes de sensores y los nuevos sistemas de recolección de datos pueden proporcionar abundante información que ayudará al planeamiento urbano y territorial, y a dar respuestas específicas para condiciones locales. Las soluciones tecnológicas se multiplican a pesar, o a causa de, la crisis global.

Por Susana Finquelievich

Investigadora Principal del CONICET, Universidad de Buenos Aires

02/02/2021

La versión original de este artículo aparece en la Revista Telos, de Fundación Telefónica.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation

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Sábado, 30 Enero 2021 05:34

¿Acabarán alguna vez?

¿Acabarán alguna vez?

Llega el 20º aniversario de la Guerra contra el Terrorismo.

 

“Este es un nuevo tipo de guerra, que llevaremos a cabo agresivamente y metódicamente para interrumpir y destruir la actividad terrorista”, anunció el presidente George W. Bush apenas dos semanas después de los ataques del 11-S. “Algunas victorias se conseguirán fuera de la vista pública, en tragedias evitadas y amenazas eliminadas. Otras victorias quedarán claras para todos”.

 

Este año marcará el 20º aniversario de la guerra contra el terrorismo, incluyendo el conflicto sin declarar de EE UU en Afganistán. Después de que el apodo original de esa guerra, Operación Justicia Infinita, fuera rechazado por ofender sensibilidades musulmanas, el Pentágono la renombró como Operación Libertad Duradera. A pesar de no haber ni victoria clara ni la más ligera evidencia de que la libertad duradera se hubiera impuesto alguna vez en ese país, “las operaciones de combate de EE UU en Afganistán terminaron”, según el Departamento de Defensa, en 2014. En realidad, ese combate simplemente continuó bajo un nuevo nombre, Operación Centinela de la Libertad, y se prolonga hasta hoy.

Igual que la invasión de Iraq de 2003 —conocida como Operación Libertad Iraquí—, Libertad Duradera y Centinela de la Libertad, no consiguieron hacer justicia a sus nombres. Ninguno de los apodos aplicados a las guerras de EE UU post 11-S atrapó tampoco nunca la imaginación pública; los campos de batalla se extendieron desde Afganistán e Iraq hasta Yemen, Somalia, Filipinas, Libia, Siria, Níger, Burkina Faso y más allá, con un precio superior a 6,4 billones de dólares y un coste humano que incluye al menos 335.000 civiles asesinados y al menos 37 millones de personas desplazadas de sus hogares. Mientras tanto, las durante tanto tiempo claras victorias prometidas nunca se materializaron incluso mientras el número de grupos terroristas en el mundo proliferaba.

El mes pasado, el principal general de EE UU ofreció una evaluación de la guerra afgana que fue tan adecuada como sombría. “Creemos que, tras dos décadas de esfuerzo consistente, hemos logrado una pizca de éxito”, dijo Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto. “También diría que durante los últimos cinco o siete años como mínimo hemos estado en una situación de tablas estratégicas”. Las declaraciones de Milley ofrecían apelaciones mucho más adecuadas que aquellas con las que el Pentágono había soñado durante años. Si el Departamento de Defensa hubiera abierto las guerras post 11-S con nombres como Operación Pizca de Éxito u Operación Tablas Estratégicas, al menos los estadounidenses habrían tenido una idea realista sobre qué esperar en las décadas siguientes mientras tres presidentes llevaban a cabo tres guerras no declaradas sin conseguir victorias en ningún lugar del Gran Oriente Medio o África.

Qué traerá el futuro en términos de los muchos conflictos armados de este país está más oscuro que nunca mientras el Gobierno de Trump ha perseguido una variedad de esfuerzos en el último momento interpretados como intentos de último minuto para hacer buenas las promesas de terminar las “interminables guerras” de este país o simplemente como intentos llenos de amargura para desestabilizar, minar y sabotear al “Estado profundo” (la CIA en concreto) a la vez que para dejar sin mano de obra a la próxima política exterior del Gobierno de Biden. En realidad, sin embargo, las tambaleantes tácticas finales del presidente Trump, aunque en absoluto terminan las guerras de EE UU, ofrecen al Gobierno de Biden una oportunidad única para poner esos conflictos en los libros de historia, si el presidente electo elige aprovecharse del involuntario regalo que le dio su predecesor.

El tercer presidente que no terminó la Guerra contra el Terrorismo

Durante cuatro años, el Gobierno de Trump ha llevado a cabo una guerra en múltiples frentes, no solo en Afganistán, Iraq, Somalia, Siria y en otros lugares del planeta, sino también con el Pentágono. Donald Trump entró en la Casa Blanca prometiendo detener las incesantes intervenciones en el extranjero de EE UU y repetidamente flirteó con terminar esas “guerras interminables”. No lo hizo. En vez de eso, él y su gobierno siguió llevando a cabo los muchos conflictos de EE UU, aumentó las tropas en Afganistán y Siria, y amenazó con ataques nucleares contra enemigos y aliados por igual.

Cuando finalmente el presidente empezó a hacer gestos hacia reducir los conflictos interminables del país e intentó retirar tropas en varias zonas bélicas, el Pentágono y el Departamento de Estado empezaron a dilatar y obstaculizar a su comandante en jefe, engañándole, por ejemplo, cuando se trató de algo tan básico como el número real de tropas estadounidenses en Siria. Incluso tras llegar a un acuerdo con los talibanes para finalizar la guerra afgana y ordenar significativas retiradas de tropas de ese país y otros a medida que se convertía en un presidente incapaz, no consiguió detener una sola intervención armada que hubiera heredado.

Lejos de terminar con las interminables guerras, el presidente Trump intensificó las más interminables de todas: los conflictos en Afganistán y Somalia, donde Estados Unidos ha estado involucrado de forma intermitente desde los años 70 y 90, respectivamente. Los ataques aéreos en Somalia, por ejemplo, se han disparado bajo el Gobierno de Trump. De 2007 a 2017, el Ejército de EE UU llevó a cabo 42 ataques aéreos declarados en ese país. Bajo el presidente Trump, se ejecutaron 37 ataques en 2017, 48 en 2018, y 63 en 2019. El año pasado, el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) reconoció 53 ataques aéreos en Somalia, más que durante los 16 años de los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama.

Los motivos de ese aumento siguen envueltos en el secreto. En marzo de 2017, sin embargo, el presidente Trump supuestamente designó partes de Somalia como “áreas de hostilidades activas”, mientras eliminaba las reglas de la era de Obama que requerían que hubiera seguridad de que los ataques aéreos no hirieran o mataran no combatientes. Aunque la Casa Blanca rechaza confirmar o negar explícitamente que esto ocurriera alguna vez, el general de brigada retirado Donald Bolduc, que encabezaba el Mando África de Operaciones Especiales en ese momento, dijo a The Intercept que “la carga de la prueba respecto a qué se podía considerar objetivo y por qué motivo cambió dramáticamente”. Ese cambio, apuntó, llevó a AFRICOM a llevar a cabo ataques que previamente no habrían tenido lugar.

El aumento en los ataques aéreos ha sido desastroso para los civiles. Mientras el Mando África reconoció recientemente cinco muertes de no combatientes en Somalia por estos ataques aéreos, una investigación de Amnistía Internacional descubrió que, en solo nueve de ellos, murieron 21 civiles y otros 11 fueron heridos. Según el grupo de seguimiento del Reino Unido Airwars, la evidencia sugiere que hasta 13 civiles somalíes han sido asesinados por ataques aéreos estadounidenses solo en 2020, y la reciente decisión de Trump de retirar las fuerzas estadounidenses de allí no terminará con esos ataques aéreos, y mucho menos la guerra de EE UU, según el Pentágono. “Aunque es un cambio en el despliegue, esta acción no es un cambio en la política de EE UU”, se lee en una declaración del Departamento de Defensa que siguió a la orden de retirada de Trump. “EE UU retendrá la capacidad de llevar a cabo operaciones de contraterrorismo focalizadas en Somalia y de recoger advertencias e indicadores tempranos respecto a amenazas contra la patria”.

La guerra en Afganistán ha seguido una trayectoria similar bajo el presidente Trump. Lejos de rebajar la intensidad del conflicto mientras negociaba un acuerdo de paz con los talibanes y buscaba retiradas de tropas, la administración intensificó la guerra en múltiples frentes, desplegando inicialmente más tropas aumentando su uso de poder aéreo estadounidense. Como en Somalia, los civiles sufrieron enormemente, según un informe reciente de Neta Crawford, del proyecto Costes de la Guerra de la Brown University.

Durante su primer año en el cargo, el Gobierno de Trump relajó las normas de combate e intensificó la guerra aérea en un esfuerzo por conseguir una mejor posición en la mesa de negociaciones. “Desde 2017 hasta 2019, las muertes civiles debidas a los ataques aéreos de EE UU y fuerzas aliadas en Afganistán aumentaron dramáticamente”, escribió Crawford. “En 2019, los ataques aéreos mataron a 700 civiles, más que en ningún otro año desde el comienzo de la guerra en 2001 y 2002”. Después de que EE UU y los talibanes alcanzaran un acuerdo de paz provisional el pasado febrero, los ataques aéreos estadounidenses disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. Tan recientemente como el mes pasado, EE UU supuestamente llevó a cabo uno en Afganistán que dio lugar a víctimas civiles.

A medida que esas muertes civiles por la fuerza aérea estaban disparándose, una unidad paramilitar afgana de elite formada por la CIA, conocida como 01, en alianza con fuerzas de Operaciones Especiales de EE UU, estuvo involucrada en lo que Andrew Quilty, escribiendo en The Intercept, denominó como “una campaña de terror contra civiles”, incluyendo “una serie de masacres, ejecuciones, mutilación, desapariciones forzosas, ataques sobre instalaciones médicas, y ataques aéreos con el objetivo de estructuras conocidas por albergar civiles”. En total, la unidad mató al menos 51 civiles en la provincia afgana de Wardak entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019.

Como Akhtar Mohammad Tahiri, el jefe del consejo provincial de Wardak, dijo a Quilty, los estadounidenses “pisan todas las reglas de la guerra, derechos humanos, todas las cosas que dijeron que traerían a Afganistán”. Están, dijo, “comportándose como terroristas. Muestran terror y violencia y piensan que traerán control de esta forma”.

La decisión del presidente Biden

“No somos un pueblo de guerra perpetua, es la antítesis de todo lo que defendemos y de todo por lo que lucharon nuestros ancestros”, escribió el secretario de Defensa en funciones como parte de un informe de dos páginas a los empleados del Departamento de Defensa el pasado noviembre, añadiendo: “Todas las guerras deben terminar”. Su predecesor, Mark Esper, aparentemente fue despedido, al menos en parte, por resistirse a los esfuerzos del presidente Trump de retirar tropas de Afganistán. Pero ni Miller ni Trump resultaron estar comprometidos con acabar de verdad con las guerras de Estados Unidos.

Tras perder la reelección en noviembre, el presidente dictó una serie de órdenes retirando algunas tropas de Afganistán, Iraq y Siria. Virtualmente todo el personal militar va a ser retirado de Somalia. Allí, sin embargo, según el Pentágono, algunas o todas esas fuerzas serán simplemente “reposicionadas desde Somalia a países vecinos para permitir operaciones transfronterizas”, por no hablar de las continuas “operaciones focalizadas de contraterrorismo” en ese país. Esto sugiere que la prolongada guerra aérea seguirá ininterrumpida.

Lo mismo ocurre con otras zonas bélicas donde está previsto que las tropas estadounidenses permanezcan y no se ha anunciado ningún cese de los ataques aéreos. “Todavía vas a tener la capacidad de hacer las misiones que hemos estado haciendo”, dijo el mes pasado un veterano cargo del Pentágono respecto a Afganistán. Miller se hizo eco de esto durante un reciente viaje a ese país cuando dijo: “Especialmente quiero ver y oír el plan para nuestro continuado papel de apoyo aéreo”. Irónicamente, el informe ‘todas-las-guerras-deben-terminar’ del documento de noviembre de Miller en realidad defendía una actitud de guerra eterna insistiendo en la necesidad de “acabar con la guerra que Al-Qaeda trajo a nuestras orillas en 2001”.

En la clásica forma de ‘EE UU-finalmente-ha-dado-el-paso-definitivo’, Miller afirmó que Estados Unidos está “a punto de vencer a Al-Qaeda y sus socios” y “debe evitar nuestro pasado error estratégico de no librar la batalla hasta el final”. Para cualquiera que pueda haber pensado que estaba señalando que la guerra contra el terrorismo estaba acercándose al final, Miller ofreció un mensaje que no podía haber sido más sucinto: “Esta guerra no ha terminado”.

Al mismo tiempo, Miller y varios otros nombrados por Trump tras las elecciones, incluidos su jefe de personal Kash Patel y el vicesecretario de Defensa para Inteligencia en funciones, Ezra Cohen-Watnick, han buscado hacer importantes cambios de política de último minuto en el Pentágono, molestando a miembros de la elite de la seguridad nacional. El mes pasado, por ejemplo, responsables del Gobierno de Trump entregaron al Estado Mayor Conjunto una propuesta para desvincular la Agencia de Seguridad Nacional y el Cibercomando de EE UU. Miller también envió una carta a la directora de la CIA Gina Haspel informándola de que está en peligro un antiguo acuerdo en el que el Pentágono ofrecía apoyo a la agencia.

Informes de prensa indicaron que el Departamento de Defensa está revisando su apoyo a la CIA. El motivo, contaron a Defense One antiguos y actuales responsables gubernamentales y militares, era determinar si fuerzas de Operaciones Especiales deberían ser redirigidas desde las operaciones de contraterrorismo de la agencia hacia misiones “relacionadas con la competencia con Rusia y China”. The New York Times sugirió, sin embargo, que el verdadero propósito sería “hacer difícil” que la CIA llevara a cabo operaciones en Afganistán.

Las retiradas de tropas y los cambios de última hora en la política han sido desechados por expertos y defensores de la elite de la seguridad nacional como los despreciables actos finales de un presidente fracasado. Sea lo que sean, también representan una genuina oportunidad para un presidente electo que ha defendido un giro en la política de seguridad nacional. “Biden acabará con las guerras interminables en Afganistán y Oriente Medio, que nos han costado incalculable sangre y riqueza”, se lee en el plan para “Liderar al Mundo Democrático” en JoeBiden.com. Allí, también, en la letra pequeña, acecha una serie de lagunas sobre luchar-hasta-el-final como la de Miller, como sugieren las palabras en cursiva en esta frase: “Biden traerá a casa la inmensa mayoría de nuestras tropas de Afganistán y centrará nuestro enfoque en Al-Qaeda e ISIS”.

Bajo un acuerdo que el Gobierno de Trump alcanzó con los negociadores talibanes el año pasado, Estados Unidos promovió retirar todas las tropas que quedan en Afganistán para el 1 de mayo de 2021, si ese grupo cumple sus compromisos. Si el equipo de Biden quisiera aprovecharse tanto del pacto de retirada del Gobierno de Trump como de su desesperado esfuerzo para maniatar a la CIA, una parte importante de la guerra estadounidense simplemente expiraría esta primavera. Aunque esto sin duda suscitaría aullidos de angustia por parte de los defensores de esa guerra fallida, el presidente Biden se podría remitir a los poderes de guerra asignados constitucionalmente al Congreso, dejando al poder legislativo la decisión de declarar la guerra en ese país tras todos estos años o simplemente permitir que el conflicto termine.

También podría utilizar el intimidante púlpito de la presidencia para llamar a la expiración de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés) de 2001, una resolución de 60 palabras aprobada por el Congreso tres días después de los ataques del 11 de septiembre, que se ha utilizado para justificar 20 años de guerra contra grupos como el Estado Islámico que ni siquiera existían el 11-S. Podría hacer lo mismo con la Autorización en Iraq para el Uso de la Fuerza Militar de 2002, que autorizó la guerra contra el régimen de Saddam Hussein en Iraq, pero fue sin embargo citada el año pasado en la justificación del Gobierno de Trump para el asesinato con drones del general iraní Qasem Suleimani.

Tras dos décadas después de que el presidente George W. Bush lanzara “un tipo diferente de guerra”; más de una década después de que el presidente Barack Obama entrara en la Casa Blanca prometiendo evitar las “guerras estúpidas” (aunque prometiendo ganar la “guerra correcta” en Afganistán); seis meses después de que el presidente Trump se comprometiera a “acabar con la era de las guerras interminables”, el presidente electo Biden entra en la Casa Blanca con una oportunidad para empezar a hacer buena su propia promesa de “acabar con las guerras interminables en Afganistán y Oriente Medio”.

Como el presidente Bush señaló en 2001: “Algunas victorias se ganarán fuera de la vista pública, en tragedias evitadas y amenazas eliminadas”. Las guerras de Estados Unidos en el siglo XXI han sido, en vez de eso, tragedias para millones y han llevado a una proliferación de amenazas que dañaron a Estados Unidos de forma importante. El presidente electo Biden ha reconocido esto, apuntando que “quedarse atrapado en conflictos imposibles de ganar solo consume nuestra capacidad de liderar en otros asuntos que requieren nuestra atención, y nos impide reconstruir los demás instrumentos del poder estadounidense”.

Las guerras fallidas sin fin son, sin embargo, también un legado de Joe Biden. Como senador, votó a favor del AUMF de 2001, el AUMF de 2002, y después secundó a un presidente que expandió las intervenciones en el extranjero de EE UU, y nada en su historia personal sugiere que tomará las valientes acciones necesarias para lograr poner un fin a los conflictos internacionales de Estados Unidos. “Ya es hora de que terminemos con las guerras infinitas”, anunció en 2019. En realidad, al entrar en el Despacho Oval se encuentra ante una decisión formidable: ser el primer presidente de EE UU de este siglo que no redoble la apuesta en conflictos internacionales malditos o el cuarto que descubra el fracaso en guerras que nunca se pueden ganar.

Por Nick Turse

30 ene 2021 04:49

tomdispatch.com

Artículo publicado originalmente por Tomdispatch.com y traducido para EL Salto por Eduardo Pérez

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Un hombre camina con sus pertenencias en una de las zonas inundadas durante la temporada de huracanes en Honduras.

Si la situación en Honduras era complicada antes de 2020, la pandemia y los dos huracanes que azotaron el país han llevado a miles de personas a unirse a la última caravana migrante hacia EEUU

 

Bajo un puente y resguardada en carpas de plástico en un suburbio de San Pedro Sula, Lilian María describe sus muchas preocupaciones tras meses a la intemperie. Su barrio desapareció por la ferocidad de las lluvias, pero ahora lo único en lo que piensa es saber algo de su hijo. Se despidió de él hace poco más de una semana, cuando se incorporó a la última caravana migrante que intenta avanzar por Centroamérica con dirección a Estados Unidos. "Estoy pensando en él, porque a saber si lo golpearon o si está preso", dice en el campamento improvisado donde duerme desde el paso del huracán Eta.

Si la situación social en Honduras era complicada antes de 2020 -con un 40% de la población viviendo en indigencia y un 70% en pobreza-, el coronavirus y los dos huracanes que azotaron la región a finales del año pasado terminaron de darle el tiro de gracia a una población cansada de no encontrar respuesta en las autoridades.

Abandonados a su suerte, acosados por la violencia de pandillas, la delincuencia, sin opciones laborales y con un sistema de salud colapsado que ya contaba con una ocupación del 90% antes del confinamiento, muchos prefieren jugársela con la esperanza de garantizar a sus familiares una vida mejor a través del envío de remesas, que representan el 20% del Producto Interior Bruto nacional. Ya no escapan de forma anónima y clandestina, con los riesgos que implicaba caer en manos de alguna red de trata de personas durante el camino. Ahora, como lo han hecho en distintas caravanas desde 2018, vuelven a organizarse para protegerse de manera colectiva.

"No nos llega ni para tortilla, ni queso"

Lilian María y su familia vive bajo lonas entregadas por iglesias cercanas y se alimentan a base de comida donada. Su hija acaba de dar a luz. "La acabo de traer del hospital, bien tiernita. Y no tiene ni cama", lamenta la mujer hondureña. "No nos llega ni para tortilla, ni queso", continúa para describir la precariedad que, dice, empujó a su hijo a sumarse a las cerca de 9.000 personas que partieron unidas desde la estación de autobuses de San Pedro Sula el pasado viernes. El plan, explica, consistía en que él migrase a Estados Unidos para ayudar a su madre, su hermana y al recién nacido.

En el punto de partida de la caravana estaba también el pasado viernes María Belén, de 22 años y también oriunda de Chamelecón, en las afueras de San Pedro Sula. La joven decidió invertir el poco dinero en llegar a México por su cuenta en varios autobuses y esperar allá a la caravana para ir juntos hasta la frontera norteamericana.

No ha tenido suerte. Su intención se vio frustrada cuando la policía guatemalteca la detuvo y la deportó, a pesar de que el convenio CA4 permite circular libremente y sin necesidad de un pasaporte por los tres países que limitan con Honduras. Desde el pasado fin de semana, buena parte de la caravana se encuentra varada en Guatemala, después de que las fuerzas de seguridad del país frenasen su camino con porras y gas lacrimógeno. Alrededor de 1.800 integrantes del grupo han sido ya deportados a Honduras.

"Volveré a intentarlo el mes que viene"

Una vez retornada a su país, María Belén ha regresado el mismo campamento donde vive Lilian María. Su vivienda también se ha perdido tras las inundaciones: "Me fui para darle a mi mamá y a mi abuela lo poco que teníamos y que perdimos por el huracán. La casa, todo".

La hondureña cuenta que no pudo estudiar el Bachillerato porque tuvo que abandonar los estudios para ponerse a trabajar. "No me daba tiempo para seguir estudiando porque acá no dan oportunidades para que uno se prepare mejor", explica la mujer. No quiere vivir de la caridad, insiste, y la única salida que encuentra es volverlo a intentar. Ya tiene fecha para partir de nuevo hacia Estados Unidos: "Salgo el mes que viene. A ver si la suerte me acompaña", remata.

Quien sí regresó al terreno donde tenía su casita es Mayra Suyapa. Con láminas de chapa y nylon ha tratado de reconstruir su vivienda, aunque más alejada del río. "Donde nosotros vivimos está feo. Ni maquinaria -para limpiar la zona- nos han traído, está empozada toda el agua también", con el peligro que representa por la propagación de enfermedades. Y continúa describiendo la tragedia que pasaron: "Hasta un tío se me ahogó, enrollado en una hamaca. Lo rescataron los bomberos. Ahí está en la morgue todavía creo yo, no lo hemos ido a reclamar, no tenemos ni ataúd, ni cómo enterrarlo".

Aunque el Valle de Sula -una de las zonas agrícolas más productivas, al norte del país- haya sido uno de las regiones más afectadas por los huracanes, se calcula que casi la mitad de toda la población hondureña fue damnificada por el paso de Eta e Iota. Desde todos los departamentos se sumaron integrantes a la caravana migrante. Johnatan Josué, de Lempira (sector occidental), aceptaba el riesgo que implicaba. Nora Torres, de Danlí, El Paraíso (al sur), se fue por la necesidad de empleo: "Si se trabaja, es para el día a día", decía para describía la realidad de un país donde más de la mitad de los asalariados antes de la crisis de la COVID-19 trabajaban en la economía informal. Estos empleos han caído desde el inicio de la pandemia lo que ha disparado la mendicidad en el país.

Esperanzados con Joe Biden

"Acá la verdad no se puede vivir", decía Junior Alexander justo antes de emprender la caminata que pretendía atravesar Centroamérica y México, hasta llegar a EEUU. Este hombre partió de Tegucigalpa con su mujer y su hija para unirse con la caravana migrante en San Pedro Sula. Ellos también perdieron su casa a causa de la catástrofe climática. Tampoco tienen ya donde vivir.

También desde la capital de Honduras se había sumado Norma Amador, quién igualmente se quedó en la calle por las inundaciones. Ella, como tantos otros, se encontraba esperanzada de que la investidura de Joe Biden implicara un beneficio para los migrantes. Las expectativas con el cambio de administración en Estados Unidos con inversamente proporcionales a su enojo con el gobierno hondureño. Sus quejas llegan sobre la falta de anticipación ante la inminente llegada del huracán Eta, el primero de los dos huracanes que golpearon en un lapso de diez días.

El presidente entrante ha prometido dar la nacionalidad a once millones de inmigrantes en situación irregular que se viviesen en EEUU antes del 1 de enero de 2021. Ella no cumpliría ese requisito, pero se aferra a él a ciegas. "Esperamos en nombre de toda la caravana que cumpla su palabra y que nos ayude. Que nos de oportunidad. Nosotros somos personas luchadoras que queremos salir adelante, no tenemos nada. Solo pedimos un poquito de trabajo".

 

San Pedro Sula (Honduras) — 23 de enero de 2021 21:11h

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Cerrejón, mina a cielo abierto

Los proyectos mineros dirigidos principalmente por grupos ilegales en Colombia son los que más afectan a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y comunidades locales de este país.

 

De las 52 comunidades afectadas por proyectos, 20 son impactadas por actividades mineras mediante 9 proyectos que representan el 47% de los proyectos registrados, entre 2017 y 2019, de acuerdo a un estudio de la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.

Seis de estos nueve proyectos mineros son dirigidos por grupos ilegales, que también lideran otros 3 proyectos de agroindustria.

De ahí que Colombia sea también el país que registre la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades a nivel de Latinoamérica con 17 personas asesinadas.

Así lo informa la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, una herramienta digital de libre acceso impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con el apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).

Proyectos identificados

Según la plataforma, Colombia registra 19 proyectos en total. De ellos, 9 corresponden al sector minero, 4 al de infraestructura y 3, tanto al de hidrocarburos (gas o petróleo) como al de agroindustria.

Esto guarda relación con el número de comunidades afectadas: 52 en total. De estas, 20 son afectadas por proyectos mineros; 18 por infraestructura; 11 por hidrocarburos y 3 por agroindustria.

Como se aprecia, existe una predominancia de proyectos mineros. Seis de los nueve casos identificados en este sector son actividades ilegales que generan deforestación y contaminación, por el uso del mercurio.

En los tres casos formales de minería, todas son de extracción de carbón mineral, siendo una de ellas la mina El Cerrejón, ubicada dentro del territorio del pueblo indígena Wayúu, en el departamento de La Guajira.

Esta comunidad ha denunciado que, desde que comenzó la explotación de carbón en los años 70, ha perdido miles de hectáreas de sus tierras, lo que afecta su supervivencia.

Otro aspecto que se destaca es el impacto de las obras de infraestructura como Hidrotuango, un proyecto hidroeléctrico que afecta a comunidades campesinas en los municipios de Ituango y Briceño.

Las comunidades que se resisten al proyecto tienen documentados 152 casos entre los que registran asesinatos, amenazas, acoso por parte de grupos armados paramilitares, entre otros.

Con 17 comuneros asesinados, Colombia registra la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades en Latinoamérica. Ilustración: Servindi

Derechos violados

La plataforma revela que los derechos a un medio ambiente saludable (63.2%) y a participar en la vida pública (59.9%), fueron las violaciones de derechos más frecuentes denunciadas en los conflictos registrados en Colombia.

El derecho a la vida, a la integridad física y moral y el derecho a la defensa de la tierra ancestral fueron otros derechos vulnerados en más del 30% de casos.

En tanto, los ataques más frecuentes fueron los asesinatos, las amenazas, la limitación de la libertad de expresión y la invasión al territorio colectivo.

De las 52 comunidades afectadas, 33 personas sufrieron ataques individuales; de ellas, 17 fueron asesinadas, lo que convierte a Colombia en el país con la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades a nivel de Latinoamérica.

Por otro lado, el impacto ambiental mayor fue la contaminación del agua, registrándose en el 68% de los casos; mientras que el impacto social más frecuente fue la alteración de medios de vidas tradicionales en 24 comunidades

22 enero 2021

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Alrededor de 9 mil hondureños que viajan a pie rumbo a Estados Unidos se desplazaron ayer por Guatemala (imagen), en su camino a México, cuyo gobierno llamó a los países de Centroamérica a aplicar con responsabilidad los protocolos migratorios y sanitarios, así como atender oportunamente y con responsabilidad estos flujos de personas para evitar que se repitan. Mientras, desplegó un amplio operativo de rescate humanitario con miles de elementos del orden del INM, organizados, equipados y entrenados para auxiliar en la frontera sur, con la instrucción de que no dejen pasar la caravana. Foto Afp / Fabiola Martínez, Agencias y Redacción

Camotán. Unos 9 mil migrantes que viajan a pie desde Honduras rumbo a Estados Unidos se desplazaron ayer por Guatemala, en camino a México, el próximo escollo a sortear en busca de mejores condiciones de vida, que esperan recibir del futuro gobierno del demócrata Joe Biden.

Pese a que un decreto facultaba a la policía utilizar la fuerza para contener el avance del viernes, la decisión de abrir el paso por la línea fronteriza en El Florido se tomó al constatar que en el grupo había muchas familias con niños, comentó un jefe policial a la agencia de noticias Afp.

Un último grupo cruzó ayer la frontera ordenadamente y sin resistencia, y al igual que el resto pasó por alto el requisito de presentar documentos y una prueba negativa de Covid-19. Tomas de video compartidas por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM)mostraban a gente que vitoreaba al ingresar mientras agentes fronterizos los veían e intentaban impedir que bloquearan el tránsito.

La dependencia, citada por la agencia de noticias Reuters, indicó que al llegar a Chiquimula los migrantes fueron detenidos en medio de forcejeos en un retén militar, donde se les requirió documentación y una prueba negativa de coronavirus.

"Es imposible que continúen su ruta. Las personas que se fueron y lograron pasar ya fueron detenidas allá adelante", dijo el director del IGM, Guillermo Díaz, a cientos de migrantes agrupados a orillas de una carretera en Vado Hondo, también en Chiquimula.

"Los invitamos a regresar, por favor. Tenemos camiones, buses para que retornen a su lugar de origen. Tenemos más de 20 puestos de control de aquí para Tecún Umán (en la frontera con México)", agregó Díaz, quien, a diferencia de varios de los migrantes, sí usaba cubrebocas.

El gobierno de Guatemala lamentó la "transgresión" de su soberanía nacional. "Algunos grupos han violentado la normativa vigente y lograron pasar nuestro territorio, violando las disposiciones legales".

En un comunicado, pidió a Honduras "contener la salida masiva de sus habitantes, mediante acciones preventivas de manera permanente", un reclamo que ya había hecho en octubre pasado cuando otra caravana de alrededor de 4 mil migrantes fue disuelta en Guatemala.

La caravana se adentró en territorio guatemalteco, llegando hasta Jocotán y Camotán, departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras. Algunos grupos fueron en busca de instituciones de respaldo al migrante, y otros recibieron apoyo de la Cruz Roja y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Casi todos llevan mochilas con sus pocas pertenencias y en su mayoría calzan sandalias. En el trayecto es común escucharlos corear "fuera JOH", iniciales del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien responsabilizan de su situación.

La mayoría partió la madrugada del viernes desde la estación de autobuses de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, habitual génesis de las caravanas. Casi todos van a pie y algunos piden un aventón. En su trayecto aún se toparán con varios controles policiales dentro de Guatemala antes de llegar a la frontera con México.

Los migrantes argumentan que huyen de una Honduras fuertemente golpeada por el paso de los huracanes Eta y Iota, en noviembre pasado, y la falta de empleo causada por la pandemia de Covid-19, que se suman a los males endémicos de un país acribillado por la violencia asociada a las pandillas y el narcotráfico.


A punta de palos y gases frenan a seis mil migrantes en Guatemala

 

Vado Hondo. Miles de migrantes que ingresaron a pie a Guatemala en su viaje desde Honduras rumbo a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia fueron frenados ayer por la policía, que lanzó gas lacrimógeno, y militares que aporrearon a quienes insistían en avanzar.

Al cierre de esta edición, los migrantes estaban cercados en una carretera del poblado de Vado Hondo, en el departamento de Chiquimula, frontera con Honduras. Según cifras oficiales, hasta este lugar llegaron al menos 6 mil de las 9 mil personas que se estima ingresaron a Guatemala.

Tras cruzar por la fuerza el punto fronterizo Florido, miles de migrantes empezaron a concentrarse por la tarde del sábado en un retén militar en Vado Hondo, donde primero les pidieron documentos y una prueba negativa a Covid-19 en medio de forcejeos, que en la noche escalaron a choques.

Por lo pronto, al menos 21 de los migrantes de la caravana dieron positivo a la prueba de Covid-19, y ya fueron trasladados a los centros de bienestar respiratorio cercanos, indicó anoche el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, publicó en su portal Prensa Libre.

El cruce hacia Vado Hondo, en el kilómetro 177 de la carretera al Atlántico, se llenó de migrantes hondureños que se toparon con un cordón del ejército.

Dos grupos que suman en total unos 6 mil migrantes y que pernoctaron en la zona, se unieron ayer temprano para tratar de atravesar la barricada de más de 3 mil policías y soldados, pero fueron repelidos, informó la autoridad migratoria guatemalteca.

"Esto es demasiado (la actitud de la policía). Venimos de forma humilde. No estamos haciendo mal a nadie", señaló a Afp la hondureña Marisol Domínguez, de 35 años. La mujer viaja con su esposo huyendo de la crítica situación económica en su país, agravada por el paso desastroso de los huracanes Iota y Eta, en noviembre.

Desde la noche del sábado los migrantes están varados a la intemperie en este punto estratégico a menos de 50 kilómetros de la frontera, pues es difícil continuar por otro lado ante la accidentada geografía del lugar.

A lo largo de la jornada algunas mujeres rezaron en voz alta frente al muro militar que los frenó, implorando ayuda divina para continuar la travesía, mientras por momentos los ánimos se caldearon y los migrantes parecían prepararse para nuevos intentos de pasar.

Imágenes de video compartidas por el gobierno de Guatemala mostraron a cientos de migrantes, muchos sin cubrebocas, presionando contra un muro de las fuerzas de seguridad, que usaban palos para repeler la oleada de personas. Muchos resultaron heridos, pero al cierre de esta edición no había cifras.

Las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno y utilizaron una granada aturdidora para dispersar a la multitud, confirmó un fotógrafo de la agencia de noticias Reuters.

La orden de los uniformados fue evitar el paso ante el riesgo de contagios de Covid-19, de acuerdo con lo que dispuso el presidente Alejandro Giammattei al autorizar el uso de la fuerza para contener el éxodo.

"No somos delincuentes. No entiendo por qué nos están tratando mal", lamentó Carlos, de 26 años, originario de San Antonio de Cortés y quien viaja con su esposa y dos pequeñas hijas.

Dixón Vázquez, de 29 años, hondureño originario de La Lima, en el departamento de Cortés, suplicó a las autoridades guatemaltecas que los dejen seguir.

"No tienen corazón, estamos arriesgando la vida, no hay trabajo en Honduras"; comentó que los campos de plátano se perdieron con los huracanes.

La caravana arrancó el viernes pasado, a unos días de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, asuma el cargo.

Entre viernes y sábado Guatemala envió de regreso a mil 383 migrantes, entre ellos 192 niños, que ingresaron desde Honduras, dio a conocer la autoridad migratoria.

Aunque algunos migrantes dijeron estar alentados por una posible flexibilización de las políticas migratorias bajo una nueva administración en Estados Unidos, la dura respuesta sugiere que Biden podría beneficiarse de las medidas de línea dura del presidente republicano saliente Donald Trump.

"Lo que había dicho el presidente nuevo, Joe Biden, era que pasáramos todas las caravanas. Entonces, no me explico por qué está pasando esto, por qué los guatemaltecos se ponen a favor de los estadunidenses y los mexicanos", sostuvo el hondureño Joaquín Ortiz.

El director general de Migración guatemalteca, Guillermo Díaz, afirmó que los migrantes no pasarán. Quien quiera hacerlo debe mostrar los documentos pertinentes y presentar una prueba negativa de Covid-19.

Advirtió que, tras los incidentes en Vado Hondo, detectaron que marchan “infiltrados, elementos de maras (pandillas) de Honduras y del crimen organizado”.

Un funcionario del equipo de transición de Biden aconsejó a los migrantes no dirigirse a Estados Unidos. "Superar los desafíos creados por las políticas caóticas y crueles de los últimos cuatro años, y los presentados por Covid-19, llevará tiempo", admitió el funcionario, quien prefirió mantener su nombre en reserva, y agregó: "el viaje a Estados Unidos sigue siendo extraordinariamente peligroso".

Condenan uso de la fuerza

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Jordán Rodas, condenó la represión en la que varios migrantes resultaron heridos y consideró “deplorable el brutal uso de la fuerza.

"La migración es causada porque en nuestros países no existen condiciones mínimas para una vida digna", reclamó Rodas, y apremió a las instituciones guatemaltecas a "respetar" la integridad de todos los migrantes.

La PDH llamó a las autoridades de Guatemala a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, así como la seguridad de los menores de edad que integran la caravana, en especial los que viajan sin compañía de un adulto.

Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los derechos humanos de Honduras, anunció el pasado jueves la activación de un protocolo de seguridad para la protección de los migrantes irregulares de la nueva caravana, tuiteó la institución. En el mismo sentido se expresó Ricardo López, coordinador de la Defensoría Nacional de Personas Migrantes en Honduras.

Si esta caravana logra recorrer 450 o 664 kilómetros por Guatemala, según el trayecto que elijan, intentará entrar por el paso fronterizo de Tecún Umán (en la zona suroeste) a México, que ya blindó su frontera.

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Svetlana Tijanóvskaya, líder de la oposición en Bielorrusia

Entrevista — Líder de la oposición en Bielorrusia

"Desde el punto de vista europeo, la declaración de los dirigentes tiene que ser más fuerte y tienen que tomarse la situación más en serio", sostiene la líder de la oposición en Bielorrusia

 

En tan solo unos días Svetlana Tijanóvskaya pasó de ser un rostro desconocido a convertirse en el símbolo de la oposición a Aleksandr Lukashenko, apodado a menudo como el último dictador de Europa y presidente de Bielorrusia desde hace más de 26 años. Nunca fue su intención entrar en política, dice.

No era una política profesional ni una activista. Era profesora de inglés que se había dedicado en los últimos años plenamente a cuidar de su familia. Tampoco destaca por su carisma ni deja al descubierto fácilmente su afinidad ideológica. Quizá ha sido todo eso lo que llevó a la oposición a unirse tras la figura de Tijanóvskaya cuando esta decidió relevar a su marido, Serguéi Tijanovski, en su candidatura presidencial tras su encarcelamiento pocos meses antes de las elecciones. Parece una mujer normal que, indignada por la dictadura, decidió dar un paso adelante.

Tras las elecciones de agosto, que según datos oficiales ganó Lukashenko con un 80% frente al 10% de Tijanóvskaya, estallaron protestas multitudinarias en todo el país ante el aparente fraude electoral. Cinco meses después, los manifestantes continúan recorriendo las calles, la represión no cesa y Tijanóvskaya sigue exiliada en Lituania. Lukashenko ha prometido reformas.

Han pasado cinco meses desde las elecciones y el inicio de las protestas ¿Teme que el tiempo beneficie a Lukashenko? 

No, el tiempo juega en su contra. Los bielorrusos ven a dónde está llevando al país. No hay dinero, está subiendo impuestos y la gente ve que el movimiento de protesta continúa. Cada vez hay más personas dispuestas a unirse a las manifestaciones ante la situación actual. También estoy segura de que Rusia empieza a ver la situación de manera diferente porque entiende que Lukashenko es tóxico para los países europeos y para EEUU, que han impuesto algunas sanciones. Así que no, el tiempo no le beneficia.

¿Está perdiendo impulso la oposición?

En este momento no vemos grandes manifestaciones en las calles porque la gente está cansada tras estos meses de protestas. Además, muchos están en la cárcel y ha sido Año Nuevo. Pero ahora vemos que la gente comienza de nuevo a despertar y a salir en manifestaciones de barrio, no en grandes marchas. Estos meses de invierno van a servir para fortalecer la estructuras dentro de la oposición. No creo que haya grandes manifestaciones durante el invierno, pero este movimiento desde las bases volverá a crecer de nuevo en primavera.

Por mi parte tengo un trabajo internacional, y vamos a visitar más países para reunirnos con más líderes. El objetivo es explicar la situación y renovar las relaciones con muchos países que se perdieron durante el gobierno de Lukashenko. Pronto Joe Biden va a empezar su trabajo y pensamos que jugará un gran papel no dentro del país, sino en el escenario internacional. Juntos, los países europeos y EEUU podrán influir de alguna manera en la situación.

Está claro que Lukashenko no renunciará voluntariamente, ¿cuáles deben ser los próximos pasos?

Desde el punto de vista europeo, la declaración de los dirigentes tiene que ser más fuerte y tienen que tomarse la situación más en serio. Esa es nuestra misión ahora: ir a diferentes países, reunirnos con los dirigentes y explicarles por qué tienen que prestar más atención a Bielorrusia. Desde el principio desempeñaron un papel importante en la situación al no reconocer las elecciones. Además, los tres paquetes de sanciones y el informe del Mecanismo de Moscú [de la OSCE] sobre violaciones de derechos humanos fue una gran ayuda, pero Lukashenko está intensificando su violencia, mintiendo y riéndose de la población hablando sobre la reforma constitucional, unión nacional… pero nada de esto es real. Los bielorrusos no le aceptan y lo único que tiene es el poder basado en la violencia. Así que insistiremos en que Europa tiene que tener una voz más fuerte.

Pase lo que pase en el futuro, ¿cree que ha cambiado este movimiento popular el papel de la mujer en Bielorrusia?

Por supuesto. Las bielorrusas han entendido que pueden hacer más de lo que aceptaron de sí mismas. Las decisiones más destacadas las tomaron mujeres, por ejemplo mi caso; el de Maria Kolesnikova, que rompió su pasaporte para no ser deportada; o el de Nina Baginskaya, que es una de las más mayores de las protestas. Los hombres también han tenido un gran papel, pero el comportamiento de las mujeres ha sido fundamental y los bielorrusos no esperaban esa respuesta. Siempre hemos estado en segunda línea y ahora las mujeres han sentido su poder y estoy segura de que en el futuro tendremos un papel igual al del hombre

Usted sustituyó a su marido, que estaba considerado de alguna forma como un candidato prorruso o que, al menos, no amenazaba el statu quo geopolítico. ¿Cuál es su visión de la posición geopolítica de Bielorrusia en relación a Rusia, la UE y la OTAN?

No puedo responder a esta pregunta ahora porque el problema en Bielorrusia no está en tomar este u otro lado. El problema está en la dictadura. No importa lo que diga ahora porque si no tenemos derecho a votar, nuestras palabras no significan nada. Así que estamos luchando ahora para ganar estos derechos. Después, el propio pueblo bielorruso decidirá si quiere estar más cerca de Rusia, Ucrania o Europa. Tiene que ser su decisión. Por supuesto que queremos un desarrollo democrático y creo que los países europeos y EEUU son un mejor ejemplo de democracia. Yo opino que… bueno, no quiero decir lo que opino porque no quiero influir en la forma de pensar de algunos bielorrusos.

¿Cómo describiría el papel de Rusia durante la actual crisis política en Bielorrusia?

En primer lugar, después de las elecciones, Rusia apoyó con fuerza a Lukashenko, incluso dándole dinero. Moscú no esperaba que nuestra revolución durase tanto tiempo porque ya tuvimos una especie de levantamiento en 2010 y 2012, pero esta vez es diferente y el Kremlin no se lo esperaba. 

Estoy segura de que no ha sido agradable para el Kremlin tratar con Lukashenko en esta situación porque han visto que Lukashenko ha perdido todo su apoyo en Bielorrusia, Europa, Estados Unidos... Se está volviendo tóxico para todo el mundo y tratar con esta persona no tiene recorrido a largo plazo. Estoy segura de que están buscando la manera de terminar con esta situación, pero hacerlo de una forma que evite la humillación de Lukashenko. Como si dimitiera voluntariamente y no por la oposición. Por eso él ha empezado a hablar de reforma de la Constitución, reconciliación nacional…. Pero la gente no está de acuerdo y sabe que se trata de un juego político. Lukashenko está en la quiebra política. Es cuestión de tiempo.

Hemos visto sanciones, declaraciones, premios de derechos humanos… ¿Qué pide ahora a los Estados de la UE? ¿Qué pueden hacer?

Lo primero es ignorar totalmente a Lukashenko y a su gente. No aceptarlos como figuras políticas y aumentar la presión para inciar, al menos, un diálogo. Otra parte importante es el apoyo a la sociedad civil. Es una pena, pero para sobrevivir en esta batalla desigual, la gente necesita ayuda financiera. Los estudiantes necesitan apoyo porque son expulsados de las universidades, los trabajadores son expulsados de las fábricas... Nuestro deber es apoyar a esas personas. El tercer punto al que Europa tiene que prestar atención es la justicia. No hay ley en Bielorrusia, absolutamente ninguna ley. Estamos buscando esta justicia en el extranjero. El primer caso de investigación sobre la base de la jurisdicción universal por una persona herida se ha abierto en Lituania. Ahora estamos tratando de iniciar los mismos procesos en otros países. Los países europeos no deberían permitir la impunidad en Bielorrusia. No pueden cerrar los ojos ante lo que está pasando. 

¿Aceptaría un diálogo y negociación con Lukashenko?

Desde el principio declaramos que esta crisis política debe resolverse sólo a través del diálogo. No queremos ningún tipo de violencia o guerra. Queremos sentarnos y hablar sobre el futuro. Hemos intentado iniciar este diálogo de muchas maneras. Hemos pedido ayuda a líderes políticos independientes, hemos intentado iniciar el diálogo a través de la OSCE... pero no ha habido respuesta. Para Lukashenko es más fácil fingir que todo va bien, que no pasa nada. Sin embargo, seguimos insistiendo en este diálogo porque somos gente civilizada. No es necesario tener toda esta violencia. Por supuesto, no nos importa que el propio Lukashenko esté en la mesa, pero estamos seguros de que no estará porque, en primer lugar, para él sería una humillación sentarse con la oposición. Por eso pensamos que serán otros representantes del poder, no él.

¿Volverá a Bielorrusia?

Por supuesto que volveré, pero cuando me sienta segura. Si tenemos este diálogo, estoy lista para volver a Bielorrusia, pero con el apoyo de observadores internacionales. Ahora hay dos casos penales abiertos contra mí en Bielorrusia y ya no me creo a estas autoridades. Si tuviese apoyo internacional, volvería.

¿Teme por la seguridad de su familia?

Ahora tengo miedo sobre todo por mi marido que está en la cárcel y es como un rehén en esta situación. Me siento bastante segura en Lituania y en las visitas internacionales, aunque no sé hasta dónde llegan los brazos del Gobierno. Ha habido tanta atención sobre Bielorrusia que no creo que me eliminen físicamente. La gente en Bielorrusia está en mucho más peligro que yo.

¿Habla con su marido?

No. Solo hablé con él una vez por teléfono después de que Lukashenko visitara la cárcel, pero nos comunicamos a través del abogado que lo visita dos veces por semana. Y por supuesto también nos escribimos cartas.

Y por último, ¿podría contarme la historia detrás de ese extraño vídeo publicado en agosto en el que aceptaba los resultados electorales y en el que pedía a la gente que parase de manifestarse antes de su exilio a Lituania?

Fui a la Comisión Electoral Central para llevar documentos que demuestran que estamos seguros de que las elecciones fueron amañadas. Allí había altos cargos y tuvimos una larga conversación en la que me forzaron a salir del país. Me dijeron que me daban la oportunidad de salir si leía ese papel o me meterían en la cárcel durante mucho tiempo.

¿La amenazaron?

Sí, y fue una gran presión psicológica. No estaba preparada para eso. Estaba muy asustada y tomé la decisión de huir, pero no paré. Si hubiese investigado sus métodos, hubiese visto que obligar a huir a la gente era su forma de trabajar. Entonces quizá hubiese actuado de forma diferente. No lo sé. En ese momento estaba muy asustada, pero gracias a la gente que me apoyó en ese momento, no me rendí y continué de alguna forma la presión desde el extranjero. El gran error de Lukashenko fue tratar así a la gente después de las elecciones: golpearles, dispararles… No perdonarán todas esas atrocidades.

Por avier Biosca Azcoiti

16 de enero de 2021 22:18h

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