Imagen:  Sancho R. Somalo Byron Maher

Comunicadores, investigadoras o actores desgranan qué posibilidades se abririán para las personas si tuviesen las necesidades básicas cubiertas por un ingreso individual, incondicional y universal.

 

A imaginarse una vida con una renta básica universal, es decir, con todas las personas recibiendo un ingreso monetario periódico suficiente para cubrir las necesidades básicas, invita el vídeo Tu vida con una renta básica. Una iniciativa en la que han participado comunicadores, investigadoras y rostros conocidos de la cultura, y que tiene como objetivo, según explican sus promotoras, acercar la propuesta de la renta básica universal a un público más amplio, y apoyar la Iniciativa Ciudadana Europea que pretende alcanzar el millón de firmas para que el debate sobre su implementación llegue a Bruselas.

“Con una renta básica acabaríamos con la pobreza y conseguiríamos una sociedad mucho más igualitaria donde no existieran ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, aventura Javier Gallego, primer rostro conocido que aparece en el vídeo. Tras el comunicador, la también periodista Lucía Mbomio explica cómo una renta básica podría ser una herramienta contra la precariedad, “tendrías la opción de decir que no a condiciones de semiesclavitud”, y la abogada Carla Vall expone cómo este ingreso universal permitiría acabar con la dependencia económica que está muchas veces en la base de la violencia machista.

Los actores Sergi López y Xulio Abonjo, las investigadoras Jule Goikoetxea y Coral Herrera, el músico Toni Mejías y el médico y activista Javier Padilla completan el elenco de voces que desgranan las posibilidad que abriría una renta básica universal, desde: “Poner en marcha proyectos personales y colectivos sin miedo a no poder sostenerlos”, a contar con una protección frente a las “incertidumbres e inseguridades económicas que pueden afectar mucho a nuestra salud física y mental”. “¿Es tan difícil de imaginar que las personas tengan un suelo para vivir que les permita ser libres?”, se pregunta Herrera.

En el vídeo también se defiende la factibilidad y necesidad de esta renta básica universal, “¿podemos seguir aceptando la pobreza? Hay estudios suficientes que demuestran que una renta básica es viable económicamente”, sostienen en un guión que critica la desigualdad, el abuso de las grandes fortunas, y la precariedad e incertidumbre a las que se condena a las mayorías sociales. Para transformar esta realidad, invita a firmar la Iniciativa Ciudadana Europea, que deberá alcanzar sus objetivos antes del 25 de marzo de 2022.

Las personas activistas que están detrás de la campaña consideran fundamental explicar de manera cercana una medida que a menudo se confunde con otro tipo de políticas económicas como las rentas mínimas autonómicas, el ingreso mínimo vital y otros subsidios condicionados. Frente a estas ayudas, defienden, la incondicionalidad y universalidad de la renta básica la situa como un derecho, alejándola del estigma y la ineficacia burocrática.

El vídeo, que cuenta con versiones en castellano, catalán, gallego y euskera, se suma a los esfuerzos para lograr el millón de firmas que requiere la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para llevar el debate a las instituciones comunitarias y de ahí a los estados. A España le corresponde aportar 41.595 firmas, de las que ya se han conseguido 18.024, un 43% del total. La plataforma EUREKA es la encargada de coordinar la ICE a nivel estatal.

Si bien la lucha por una renta básica universal cuenta con décadas de historia, la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas pusieron más que nunca el debate en el centro el año pasado, convertiéndose en uno de los reclamos del plan de choque social de los movimientos sociales en el estado. Feministas y colectivos LGTBI, artistas, profesionales de la cultura, personas psiquiatrizadas, educadores sociales la han reclamado en diversos manifiestos en los últimos tiempos.

“La desigualdad en nuestras sociedades es cada vez mayor. ¿Podemos seguir permitiéndolo?”, se preguntan en el vídeo, antes de denunciar: “Cada vez trabajamos más horas, y el trabajo es más inestable y no aporta bienestar ni seguridad económica ¿tenemos que seguir viviendo en la incertidumbre y la precariedad?”. Para transformar esta realidad, frente a una crisis que podría agudizar aún más la brecha entre una élite cada vez más acumuladora y unas mayorías sociales cada vez más empobrecidas, la campaña invita a firmar la iniciativa europea.

Por Sancho R. SomaloByron Maher

Redacción El Salto

13 abr 2021 10:00

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Viernes, 09 Abril 2021 06:15

Exilio igual a desconfianza

Exilio igual a desconfianza

Los acontecimientos y circunstancias de los (campesinos) latinoamericanos exiliados que buscan un lugar donde refugiarse y, si es posible, vivir en Estados Unidos o en las ciudades mexicanas, dan lugar a múltiples especulaciones en torno a la evolución y consecuencias a que dan lugar.

El lenguaje, la palabra, nunca termina de dar cuenta de aquello que se escapa, se oculta y es el centro del problema. Aquello, que por enigmático, no resulta descifrable, no obstante, si atendemos a lo percibido, aunado a la interioridad, existen posibilidades de establecer nuevas lecturas de los hechos.

Frente a la dolorosa sensación de desamparo que están viviendo en su paso al país vecino del norte, los exiliados latinoamericanos experimentan una sensación de desconfianza y miedo que recorre y se desliza mientras los gobiernos establecen negociaciones.

Como en el castillo de Kafka, Estados Unidos no es el fin, sino lo inaccesible. Una puerta conduce a otra. Un secreto que oculta a otro secreto… siempre quedará lejos mientras sigamos hablando.

Una desconfianza que hace interminable cada punto, cada coma, cada pausa, cada palabra que pueden ser llevados al infinito.

Desconfianza en los límites del encuadre: tiempo, lugar, personas, formas de expresión, respeto mutuo, que a su vez se tornan ilimitados.

Desconfianza en el orden para plantearse los problemas, reflejos de experiencias en que es abolida la conciencia, abierta a lo inimaginable, promotora de severos matices persecutorios y querulantes y proscribe palabras que corresponderían a su dominio. Desconfianza que pone de manifiesto un abismo construido de desconfianzas mutuas entre autoridades de naciones en desacuerdo y el lenguaje es motivo de interminables sospechas. La falta de confianza básica pone de relieve el instante, la fugacidad del instante, los instantes trágicos en que el significado se destruye.

Desconfianza que habla de algo inaprensible, de una ruptura que surge del interior mismo de las palabras y en fisuras de las mismas palabras en que se escapa el significado al transformar lo real en "expresiva" mudez. Las palabras existen al margen de lo que expresan, desligadas de contenido, disociadas y escindidas de significado. La desconfianza revelada en silencios, rupturas del diálogo, inasistencias, sello característico de la impotencia (omnipotencia) recíproca frente al doble discurso sin legitimidad racional, cuando la visión no encuentra representación se inmoviliza y aparece el horror, el pánico, la parálisis. La palabra desaparece, se congela y un penoso esfuerzo de querer decir se desmorona frente a la negación cultural del rechazo del diferente.

Así, la palabra operará de manera hueca, sin eco, sin resonancia, sin referente y sin destinatario.

Lo que se traducirá en actuaciones irracionales, verbalizaciones como descarga, en lugar de actos racionales precedidos por la reflexión producto de un acto de pensamiento complejo.

Ahí se incuba la desconfianza que impide reconocer el lenguaje que cubre la angustia y el miedo a lo incognoscible. El poder de lo que está en juego excede al poder de lo que se dice, cada palabra tirando de otra, creando una base de significación que es desplazada. Las palabras sugiriendo, punteando, haciendo sospechar…

Un bebé exiliado de su madre se enfrenta a un mundo que se moviliza entre muy ricos y muy pobres.

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¿El plan centroamericano de Biden ralentizará la migración (o la acelerará)?

Joe Biden entró en la Casa Blanca con algunas posiciones estimulantes pero contradictorias sobre inmigración y Centroamérica. Prometió revertir las draconianas políticas antiinmigrantes de Donald Trump mientras, a través de su "Plan para Construir Seguridad y Prosperidad en Asociación con los pueblos de Centroamérica", restauraba el "liderazgo de Estados Unidos en la región" que dijó que Trump había abandonado. Para las y los centroamericanos, sin embargo, tal "liderazgo" tiene una resonancia inquietante.

Aunque, de hecho,  la segunda mitad del nombre de su plan se hace eco del de organizaciones de base de izquierda, como el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), en su contenido destaca una versión de seguridad y prosperidad para esa región que se asemeja más a la Guerra Fría que a la del CISPES. En realidad, en lugar de solidaridad (o incluso asociación) con Centroamérica, el plan de Biden promueve un viejo modelo de desarrollo económico que ha beneficiado durante mucho tiempo a las empresas estadounidenses. También tiene como objetivo imponer una versión claramente militarizada de la seguridad a los pueblos de esa región. Además, se centra en reclutar gobiernos centroamericanos y, en particular, sus ejércitos para contener la migración a través del uso de la represión.

Vincular la inmigración y la política exterior

La declaración más clara de los objetivos del presidente en Centroamérica aparece en su "Ley de Ciudadanía americana de 2021", enviada al Congreso el 20 de enero. Esa propuesta ofrece un amplio conjunto de cambios destinados a eliminar las exclusiones racistas del presidente Trump, restaurar los derechos de asilo y abrir un camino hacia el estatus legal y la ciudadanía para la población inmigrante. Después de las andanadas antiinmigrantes de los últimos cuatro años, esa propuesta parece digna de ser saludada. Sigue los pasos de compromisos globales bipartidistas anteriores, como la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 y un proyecto de ley de inmigración fallido de 2013, que incluían un camino a la ciudadanía para muchas personas indocumentadas, al tiempo que dedicaban recursos significativos a la "seguridad" fronteriza.

Si se lee con atención, una parte significativa de la propuesta de inmigración de Biden se centra en la premisa de que abordar las causas profundas de los problemas de Centroamérica reducirá el flujo de inmigrantes a la frontera de Estados Unidos. En sus propias palabras, el plan Biden promete promover "el Estado de derecho, la seguridad y el desarrollo económico en Centroamérica" con el fin de "abordar los factores clave" que contribuyen a la emigración. Sin embargo, enterrados en su lenguaje difuso, hay metas bipartidistas de Washington de larga data que deberían sonar familiares para quienes hayan estado prestando atención a estos temas en estos últimos años.

En esencia: que se inviertan millones de dólares en  "ayuda" para la mejora de las fuerzas militares y policiales locales a fin de proteger un modelo económico basado en la inversión privada y la exportación de las ganancias. Y, sobre todo, los privilegios de los inversores extranjeros no deben ser amenazados. Resulta que este es el mismo modelo que Washington ha impuesto a los países de Centroamérica durante el último siglo, el que ha dejado sus países corruptos, violentos y empobrecidos, y que continuó desarraigando a las y los centroamericanos, haciéndoles huir hacia Estados Unidos.

Para el plan de Biden, al igual que para los de sus predecesores, es crucial otro elemento clave: coaccionar a México y Guatemala para que sirvan como apoderados para terminar el muro construido solo parcialmente a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos y promovido con orgullo por otros presidentes: desde Bill Clinton hasta Donald Trump.

Si bien el modelo económico que acecha detrás del plan de Biden puede ser antiguo, el intento de externalizar la aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos a las fuerzas militares y policiales mexicanas y centroamericanas ha demostrado claramente ser un giro del siglo XXI en la política fronteriza.

Externalización de la frontera (de Bush a Biden)

La idea de que la política de inmigración podría ser externalizada comenzó mucho antes de que Donald Trump, a mediados de 2019, amenazara notoriamente con imponer aranceles a los productos mexicanos para presionar al nuevo presidente de ese país a que aceptara su demanda de colaborar con la agenda antiinmigrante de Washington. Eso incluyó, por supuesto, la controvertida política de Trump de "quedaros en México", lo que ha continuado dejando varados allí a decenas de miles de solicitantes de asilo.

Mientras tanto, durante casi dos décadas, Estados Unidos ha estado intimidando (y financiando) a las fuerzas militares y policiales del sur de sus fronteras para hacer cumplir sus prioridades de inmigración, convirtiendo efectivamente las fronteras de otros países en extensiones de la de Estados Unidos. En este proceso, las fuerzas de México se han desplegado regularmente en la frontera sur de ese país, y las de Guatemala en su frontera con Honduras, todo para hacer cumplir violentamente las políticas migratorias de Washington.

Dicha externalización fue, en parte, una respuesta a los éxitos del movimiento por los derechos de los inmigrantes en este país. Los dirigentes estadounidenses esperaban evadir el escrutinio legal y las protestas en su país haciendo que México y Centroamérica implementaran los aspectos más impresentables de sus políticas.

Todo comenzó con la Iniciativa Mérida en 2007 [capital del Estado de Yucatán], un plan lanzado por George W. Bush que destinaría miles de millones de dólares a equipamiento militar, ayuda e infraestructura a México (con cantidades más pequeñas destinadas a Centroamérica). Uno de sus cuatro pilares fue la creación de "una frontera para el siglo XXI", empujando a México a militarizar su frontera sur. Para 2013, Washington había financiado 12 nuevas bases militares a lo largo de esa frontera con Guatemala y un "cordón de seguridad" de 100 millas al norte de ella.

En respuesta a lo que se vio como una crisis de niñas y niños migrantes en el verano de 2014 (¿suena familiar?), el presidente Barack Obama presionó aún más a México para que iniciara un nuevo programa en su frontera sur. Desde entonces se han destinado decenas de millones de dólares al año a la militarización de esa frontera, y México no tardó en detener a decenas de miles de migrantes mensualmente. No es sorprendente que las deportaciones y violaciones de los derechos humanos contra las y los migrantes centroamericanos se dispararan dramáticamente. "Nuestra frontera hoy en día es la frontera de México con Honduras y Guatemala", exultó el ex zar fronterizo de Obama, Alan Bersin, en 2019. Un activista local fue menos optimista, protestando porque el programa "convirtió la región fronteriza en una zona de guerra".

El presidente Trump fanfarroneó e intimidó a México y a varios países centroamericanos mucho más abiertamente que los dos presidentes anteriores, mientras llevaba dichas políticas a nuevos niveles. Bajo sus órdenes, México formó una nueva Guardia Nacional militarizada y desplegó a 12.000 de sus miembros en la frontera con Guatemala, incluso cuando la financiación de Washington ayudó a crear una infraestructura de alta tecnología a lo largo de la frontera sur de México, rivalizando con la frontera de Estados Unidos.

Trump pidió reducir la ayuda a Centroamérica. Sin embargo, bajo su supervisión, la mayor parte de los 3.600 millones de dólares asignados por el Congreso siguieron fluyendo hacia allí, aproximadamente la mitad de ellos destinados a fortalecer las unidades militares y policiales locales. Sin embargo, Trump retenía temporalmente los fondos de ayuda no militar para obligar a Guatemala, Honduras y El Salvador a firmar acuerdos de "tercer país seguro" que permitirían a Estados Unidos deportar a esos países a personas con solicitudes de asilo válidas.

Trump también exigió que Guatemala aumentara la seguridad a lo largo de su frontera sur "para detener el flujo de migración irregular" y "desplegar funcionarios del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y del servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidenses para asesorar y orientar a sus homólogos de la nación anfitriona encargados de la seguridad fronteriza, de la inmigración y de las aduanas". Una vez que los países centroamericanos accedieron a las demandas de Trump, se restauró la ayuda.

Este  mes de febrero, el presidente Biden suspendió esos acuerdos de terceros países seguros, pero está claro que, por lo demás, está dispuesto a seguir subcontratando la vigilancia de las fronteras a México y Centroamérica.

La otra cara de la militarización: el desarrollo económico

Mientras las administraciones demócratas y republicanas externalizaban una respuesta militarizada a la inmigración, también trataron de vender sus agendas con promesas de ayuda al desarrollo económico de Centroamérica. Sin embargo, sistemáticamente promovieron el mismo tipo de asistencia que históricamente trajo violencia y pobreza a la región, y por lo tanto llevó directamente a la crisis migratoria actual.

El modelo que Washington continúa promoviendo se basa en la idea de que si los gobiernos centroamericanos pueden cortejar a los inversores extranjeros con una mejor infraestructura, desgravaciones fiscales y leyes ambientales y laborales laxas, el libre mercado proporcionará la inversión, el empleo y el crecimiento económico, que (en teoría) evitará que la gente quiera migrar. Sin embargo, una y otra vez, en la atormentada historia de Centroamérica ha sucedido exactamente lo contrario. La inversión extranjera fluyó, deseosa de aprovechar las tierras fértiles, los recursos naturales y la mano de obra barata de la región. Esta forma de desarrollo, ya fuera en apoyo a las plantaciones de plátano y café en el siglo XIX o del azúcar, algodón y ganado después de la Segunda Guerra Mundial, llevó a Centroamérica a las revoluciones de la década de 1980 y a la migración masiva hacia el norte actualmente.

Este modelo se basa en gobiernos militarizados para desposeer a los campesinos, liberando la tierra para los inversores extranjeros. Del mismo modo, se utiliza la fuerza y el terror para mantener una clase obrera barata e impotente, lo que permite a los inversores pagar poco y cosechar ganancias fantásticas. A su vez, esta práctica han provocado la deforestación del campo, mientras que sus exportaciones baratas a los Estados Unidos y a otros países han ayudado a fomentar estilos de vida de alto consumo que han acelerado el cambio climático, trayendo condiciones meteorológicas cada vez más duras, que incluyen el aumento del nivel del mar, tormentas más intensas y sequías e inundaciones que han socavado aún más los medios de vida de las poblaciones pauperizadas de América Central.

A partir de la década de 1970, muchos de esos trabajadores y campesinos pobres presionaron a favor de la reforma agraria y la inversión en derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación en lugar, simplemente, de enriquecer aún más a las élites extranjeras y locales. Cuando la protesta pacífica se encontró con la violencia, se produjo la revolución, aunque solo triunfara en Nicaragua.

Washington pasó la década de 1980 tratando de aplastar la exitosa revolución de Nicaragua y los movimientos revolucionarios contra los gobiernos militares de derecha de El Salvador y Guatemala. Los tratados de paz de la década de 1990 pusieron fin a los conflictos armados, pero nunca abordaron las divisiones sociales y económicas fundamentales que subyacían en ellos. De hecho, el fin de esos conflictos sólo abrió las compuertas regionales a nuevas inversiones extranjeras masivas y al auge de las exportaciones. Esto supuso, entre otras cosas, la extensión de las fábricas con bajos salarios centradas en las exportaciones (maquiladoras) y el cultivo de nuevas frutas y verduras no tradicionales orientadas igualmente a la exportación, así como un auge de las industrias extractivas como la del oro, el níquel y el petróleo, por no hablar de la creación de nuevas infraestructuras para el turismo de masas.

En la década de 1980, las y los refugiados comenzaron a huir hacia el norte, especialmente de El Salvador y Guatemala, entonces desgarrados por la guerra, la represión y la violencia de los paramilitares locales y los escuadrones de la muerte. La aparente paz en la década de 1990 no supuso en absoluto el fin de la pobreza, la represión y la violencia. Tanto las fuerzas armadas públicas como las privadas proporcionaron seguridad, pero solo a las élites y a los nuevos megaproyectos urbanos y rurales que patrocinaron.

Si un gobierno amenazaba las ganancias de los inversores de alguna manera, como cuando El Salvador declaró una moratoria sobre las licencias mineras, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica patrocinado por Estados Unidos permitió a las corporaciones extranjeras demandarle y obligarle a someterse al arbitraje vinculante de un organismo del Banco Mundial. En los años de Obama, cuando el presidente electo y reformista de Honduras [Manuel Zelaya] trató de promulgar mejoras laborales y ambientales, Washington dio el aval a un golpe de Estado y lo celebró cuando el nuevo presidente [Roberto Micheletti] declaró orgullosamente el país abierto a los negocios con un paquete de leyes que favorecían a los inversores extranjeros.

El periodista David Bacon llamó a la nueva dirección de ese país un "modelo económico de salarios de pobreza" que no hizo sino favorecer el aumento de pandillas, el tráfico de drogas y la violencia. La protesta se encontró con una feroz represión, incluso cuando fluía la ayuda militar estadounidense. Antes del golpe, las y los hondureños apenas figuraban entre los migrantes centroamericanos a Estados Unidos. Desde 2009, sus ciudadanos han llegado a predominar a menudo entre las y los obligados a huir de sus hogares y dirigirse al norte.

La Alianza para la Prosperidad 2014 del presidente Obama ofreció una nueva ronda de ayuda para el desarrollo económico impulsado por los inversores. La periodista Dawn Paley caracterizó esa Alianza como "en gran parte un plan para construir nuevas infraestructuras que beneficiarán a las empresas transnacionales", incluyendo "desgravaciones fiscales para los inversores corporativos y nuevos oleoductos, carreteras y líneas eléctricas para acelerar la extracción de recursos y agilizar el proceso de importación, ensamblaje y exportación en maquilas de bajos salarios". Un proyecto importante fue un nuevo gasoducto para facilitar las exportaciones de gas natural estadounidense a Centroamérica.

Fue Obama quien supervisó el reconocimiento por Washington del golpe en Honduras. Fue Trump quien miró hacia otro lado cuando Guatemala en 2019 y Honduras en 2020 expulsaron a las comisiones internacionales anticorrupción. Y fue Trump quien aceptó minimizar los crecientes cargos de corrupción y tráfico de drogas contra su amigo, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández [en funciones desde enero de 2014], siempre y cuando promoviera una economía favorable a los inversores y aceptara colaborar con la agenda antiinmigración del presidente de Estados Unidos.

La caravana de enero de 2021 marca la llegada de los años Biden

Todas las señales apuntan a que los años de Biden continuarán con lo que se ha convertido en la norma de Washington en Centroamérica: externalizar la política de inmigración, militarizar la seguridad allí y promover un modelo de desarrollo que pretende disuadir la migración mientras realmente la alimenta. De hecho, la propuesta del presidente Biden prevé 4 mil millones de dólares en cuatro años a distribuir por el Departamento de Estado y la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional. Sin embargo, dicho desembolso estaría condicionado al progreso hacia objetivos aprobados por Washington como "mejorar la seguridad fronteriza", "informar a las y los ciudadanos de los peligros del viaje a la frontera suroeste de los Estados Unidos" y "resolver disputas que involucren la confiscación de bienes inmobiliarios de entidades estadounidenses". También se destinarían recursos significativos a seguir desarrollando tecnología fronteriza inteligente en esa región y a las operaciones de la Patrulla Fronteriza en Centroamérica.

Un anticipo de cómo es probable que todo esto funcione llegó justo cuando Biden asumió el cargo en enero de 2021.

Uno de los resultados predecibles de la externalización del control de inmigración por parte de Washington es que el viaje de las y los migrantes desde Centroamérica se ha vuelto cada vez más costoso y peligroso. Como resultado, algunos migrantes han comenzado a reunirse en grandes caravanas públicas para protegerse. Su objetivo: llegar a la frontera de Estados Unidos de forma segura, entregarse a la patrulla fronteriza y solicitar asilo. A finales de enero de 2021, una caravana de unas 7.500 personas hondureñas llegó a la frontera con Guatemala con la esperanza de que el nuevo presidente en Washington anulara, como prometió, la controvertida política de Trump de inmovilizarles en México en internamientos aparentemente interminables, en campamentos abarrotados e inadecuados, justo a las puertas  Estados Unidos.

No sabían que, de hecho, Biden continuaría con la externalización de la política de inmigración de sus predecesores hacia México y Centroamérica. Y es lo que sucedió: 2.000 policías y soldados guatemaltecos con gas lacrimógeno y porras (armados, entrenados y apoyados por Estados Unidos) fueron concentrados en la frontera entre Guatemala y Honduras para expulsarlos.

Un antiguo funcionario de Trump (que el presidente Biden mantiene en su puesto ) tuiteó que Guatemala había "asumido sus responsabilidades de manera apropiada y legal". El gobierno mexicano también elogió a Guatemala mientras reunía a miles de sus tropas en su propia frontera sur. Y Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional de Biden para el Hemisferio Occidental, elogió la "gestión del flujo migratorio" de Guatemala.

A mediados de marzo, el presidente Biden pareció vincular una respuesta positiva a la solicitud de México de parte de parte de la vacuna excedente  contra la coovid-19 de Washington con nuevos compromisos para tomar medidas enérgicas contra las y los migrantes. Una de las exigencias era que México suspenda sus propias leyes que garantizan condiciones de detención humanas para las familias con niños pequeños. Ninguno de los dos países tenía capacidad de proporcionar tales condiciones para el gran número de familias detenidas en la frontera a principios de 2021, pero la administración Biden prefirió presionar a México para que ignorara sus propias leyes, a fin de poder deportar a más de esas familias y mantener el problema fuera de la vista del público estadounidense.

A finales de enero de 2021, el CISPES se unió a una gran coalición de organizaciones de paz, solidaridad y trabajo que pidió a la administración Biden que reconsiderara sus planes centroamericanos. "Las múltiples e interconectadas crisis que enfrentan millones de personas en Centroamérica son el resultado de décadas de brutal represión estatal de los movimientos democráticos por parte de regímenes de derechas y de la implementación de modelos económicos diseñados para beneficiar a los oligarcas locales y las empresas transnacionales", escribió el CISPES. "Con demasiada frecuencia, Estados Unidos ha apoyado fuertemente estas políticas, que han empobrecido a la mayoría de la población y devastado el medio ambiente".

Esta coalición pidió a Biden que rechazara el compromiso, que viene de lejos, de Washington con la seguridad militarizada vinculada a la creación y el fortalecimiento de economías extractivas favorables a los inversores en Centroamérica. "Hacer frente a los flujos migratorios exige un replanteamiento total de la política exterior de Estados Unidos", instó el CISPES. A mediados de marzo, el presidente no había respondido de ninguna manera a la petición. Mi consejo: no contengas la respiración mientras esperas la respuesta.

Aviva Chomsky

3 abril 2021

 

30/03/2021

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Amazon admitió que sus conductores deben orinar en botellas

La precarización extrema en el emporio del multimillonario Jeff Bezos llega a extremos como el que acaba de reconocer. Ya era sabido que los conductores de Amazon debían orinar en botellas, pero también es cierto que lo mismo deben hacer los trabajadores de los almacenes. Algo que la empresa aún se niega a reconocer.

 Amazon admitió que sus conductores deben orinar en botellas "debido al tráfico o a problemas para encontrar baños" durante los recorridos de entrega. Lo hizo al disculparse públicamente con un congresista estadounidense que denunció la situación y al que la empresa respondió con un tuit que ahora consideró "incorrecto".

"Esto fue un gol en contra, no estamos contentos y le debemos una disculpa al representante (Mark) Pocan", señaló Amazon en un comunicado aparecido en su blog.

"Sabemos -indicó la empresa del magnate Jeff Bezos- que los conductores pueden tener problemas para encontrar baños debido al tráfico o, a veces, a las rutas rurales, y este ha sido especialmente el caso durante el covid, cuando se han cerrado muchos baños públicos".

La declaración pública tiene como finalidad blanquear esta situación aberrante que viven los choferes para evitar hablar de la situación que se vive en los almacenes, donde trabaja el grueso de sus empleados.

Amazon y la precarización extrema del trabajo

Esta aclaración de la empresa se da en medio de los esfuerzos de los trabajadores del almacén de Bessemer, en Alabama por poner de pie el primer sindicato de Amazon en Estados Unidos. Si la votación, que finalizó el 31 de marzo, termina resultando positiva sería un gran triunfo para más de cien mil trabajadores directos que la empresa de Jeff Bezos tiene en este país.

Amazon es el segundo empleador privado, luego de Walmart, y al igual que la cadena de venta minorista es un abierto enemigo de los sindicatos. En varios países, incluido Estados Unidos tiene denuncias por contratar empresas de investigación y hacer espionaje a sus empleados para evitar que logren cualquier tipo de organización sindical. Así, muchos de los trabajadores y trabajadoras que protestan por las condiciones laborales o que el año pasado lo hicieron por las pésimas condiciones sanitarias en medio de la pandemia, fueron despedidos por la empresa en forma inmediata.

La lucha por ganar el sindicato en Alabama llegó a los principales medios del país y junto con ellas las denuncias sobre las condiciones de trabajo dentro de los centros logísticos, que incluyen extenuantes jornadas laborales de 10 horas con solo dos períodos de descanso breve, que en muchos casos no alcanzan ni para llegar al baño en almacenes que miden el equivalente a más de 10 canchas de fútbol. Allí varios empleados denunciaron que que no solo tienen que orinar, sino en algunos casos hasta defecar en botellas o bolsas. Una situación denigrante que Bezos quiere ocultar.

Ante estas denuncias, la empresa prefirió reconocer la situación de los choferes de Amazon, pero no la de sus centros de logística.

Bezos hace un tiempo que avanzó en una suerte de uberización del reparto de paquetes. A la flota original de la empresa le sumó miles de vehículos particulares ploteados con el logo de Amazon, en el que los choferes están a merced de una aplicación que les dice cómo, dónde y cuándo recoger paquetes para hacer entregas a demanda.

Esos viajes son planificados para sacar el máximo provecho a los choferes a costa de que estos no tengan un segundo libre entre entrega y entrega. Es decir de ahí deriva la necesidad de los trabajadores de orinar en botellas plásticas para no perder un solo minuto del recorrido. Los propios choferes denunciaron que además la empresa utiliza un software para espiarlos mientras conducen y enviarle mensajes en caso de que vean algún retraso o cambio en el camino estipulado.

A esto se suma un reciente fallo contra Amazon tras descubrirse que se quedaba con millones de dólares en propinas para los trabajadores de reparto.

En los últimos días también se conoció que la empresa tenía una "granja de trolls" en Twitter: supuestos empleados que se dedicaban a contar sus "magníficas" experiencias en la empresa. El dato publicado luego de una investigación de The Intercept, señala que la operación conocida con el nombre de "veritas" (verdad en latín), se inició en secreto en 2018 y tenía el objetivo de rebatir en las redes sociales las críticas a la empresa mediante supuestos empleados y empeladas que contaban lo bien que se trabaja en los almacenes.

Esto también fue denunciado por los trabajadores de Amazon en Alabama, ya que como parte de los intentos de evitar la sindicalización, la empresa envió a estos perfiles de Twitter a atacar a aquellos que expresaban su apoyo al sindicato y a contar experiencias completamente irreales de cómo se trabaja en los centros de logística. La publicación de The Intercept señaló que lo que más llamó la atención es que muchos de los perfiles contestaban frases similares, como si fueran bots, pero en realidad era porque todos dependían de un mismo guion que estaba redactado para contestar a cada cuestionamiento y donde se indicaba sobre qué se podía hablar y sobre qué no.

Es por todo esto que la lucha por ganar un sindicato en Amazon, sería un verdadero dolor de cabeza para Bezos y un enorme triunfo para todas las y los trabajadores.

Martes 6 de abril | 14:24
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Qué puede enseñarnos una ciudad comunista en materia de urbanismo

Nombrada en recuerdo del dirigente comunista italiano Palmiro Togliatti, la ciudad rusa de Toliatti fue elegida en 1966 para albergar una fábrica de automóviles con tecnología aportada por FIAT, para convertirse pronto en el centro industrial planificado más grande de la Unión Soviética (URSS). Su paisaje urbano muestra signos de la preocupación de quienes la planearon por crear espacios habitables centrados en las necesidades comunitarias, no tan solo en la producción industrial.

En el verano de 1966, el Estado soviético firmó un acuerdo con la dirección de la empresa automovilística italiana FIAT. Se trataba de construir una nueva fábrica de automóviles en la URSS, encargándose la empresa turinesa del equipamiento tecnológico y de la formación de especialistas. La fábrica estaba destinada a ser el corazón de un nuevo asentamiento urbano para el personal obrero, técnico y directivo, incluidos –con carácter temporal– los obreros e ingenieros italianos.

La localidad elegida era una joven ciudad situada en la región de Kuybyshev (actualmente Samara), en el oeste de Rusia, rebautizada en 1964 en homenaje al líder comunista italiano, Palmiro Togliatti, quien había fallecido recientemente. En el lado italiano, las implicaciones simbólicas eran evidentes. El sucesor de Togliatti, Luigi Longo, visitó la ciudad en agosto de 1966; Pravda le citó destacando el significado de la llegada de obreros y técnicos turineses a una ciudad que llevaba el nombre de Togliatti, y expresando la esperanza de que en pocos meses la ciudad deviniera una especie de Turín soviética.

La historia de la fábrica y del nuevo asentamiento urbano se enmarca a menudo en el hecho muy poco común, en plena guerra fría, de que se prestara apoyo tecnológico occidental a la modernización soviética. Sin embargo, ese episodio es emblemático del periodo de declive de la URSS con respecto a dos aspectos clave del postestalinismo. Se refiere tanto a las ambiciones transformadoras del urbanismo como a la mentalidad tecnocrática –y hasta cierto punto política– de las elites profesionales, que determinaron su actitud pragmática a la hora de aprender de las tendencias arquitectónicas y tecnológicas internacionales, inclusive occidentales.

Una ciudad-fábrica

A finales de la década de 1940, Stavropol-na-Volguie (Stavropol del Volga) era una pequeña ciudad de unos pocos miles de habitantes, fundada dos siglos antes a orillas del río Volga. Apenas unas décadas después, ya con el nombre de Toliatti, se había convertido en la ciudad industrial planificada más grande de la URSS.

El primer paso de este ambicioso proyecto urbanístico fue la construcción, en la primera mitad de la década de 1950, de una presa y una central hidroeléctrica sobre el Volga. Primero se construyó un distrito urbano, Komsomolskiy rayón (distrito Komsomol), para alojar a los constructores de la planta, seguido poco después de otro más, ahora denominado Tsentral’niy (Central). En la primera mitad de la década de 1960, la población ya sumaba más de 120.000 habitantes. Pero el empujón definitivo para el desarrollo de la ciudad partió de la necesidad –identificada por el gobierno soviético como prioridad estratégica– de desarrollar la propia capacidad de producción de automóviles a fin de responder a la creciente demanda de transporte privado por parte de la población. Con este fin se planteó la necesidad de establecer una nueva fábrica y de buscar el apoyo tecnológico de especialistas extranjeros.

La elección recayó en FIAT, uno de los principales fabricantes del mundo de coches utilitarios. Tras la firma del acuerdo de cooperación, por el que la empresa italiana se encargaba del proyecto técnico, en julio de 1966, las autoridades soviéticas autorizaron la construcción de una gran fábrica a unos pocos kilómetros al oeste del distrito Central. Las obras arrancaron a comienzos de 1967; casi inmediatamente después, en marzo, se emprendió la construcción a marchas forzadas de edificios de viviendas alrededor de la futura fábrica. Así nació Avtograd, hoy Avtosavodskiy rayón (distrito Autoindustrial), el barrio más grande de Toliatti, concebido originalmente como una nueva ciudad y uno de los proyectos de planificación urbanística más ambiciosos de la URSS de posguerra.

Para comprender este proyecto hemos de tener en cuenta por lo menos tres elementos: la relación entre ideología, urbanismo y espacio en la URSS; la fábrica de automóviles como respuesta del Estado soviético a la demanda de transporte privado que emergió en los años de relativa liberalización que siguió a la muerte de Stalin; y las tendencias y prácticas de la planficación y la arquitectura soviéticas a finales de la década de 1960.

El modelo de ciudad-fábrica no era exclusivo de la URSS y de los países del bloque del Este, pero sí fue un elemento crucial de la ideología soviética durante toda la historia de este Estado. Desde los años posrevolucionarios se atribuyó a los asentamientos urbanos una función central en la creación de una nueva sociedad comunista, de acuerdo con el principio constructivista según el cual “una nueva sociedad necesita un nuevo espacio”. A partir del comienzo de la década de 1930 se construyeron nuevas ciudades, inicialmente asociadas sobre todo a la industria minera/extractiva; y la estrecha relación que se planteó en los años de Stalin entre el espacio urbano, el bienestar y la industria reforzó su relevancia ideológica.

Sin embargo, la URSS de mediados de la década de 1960 era en muchos aspectos un país diferente del que había sido en los años de apogeo del estalinismo, siendo uno de los cambios más importantes el que se produjo en el ámbito del urbanismo. El llamado deshielo de Nikita Jrushchov, de mediados de 1950, comportó una liberalización relativa y nuevas aspiraciones –aunque parciales y contradictorias–, que pretendían revitalizar la utopía igualitaria radical de la década de 1920.

Ante la dramática escasez de viviendas, agravada por las devastaciones de la guerra, una segregación socioespacial significativa y la desigualdad entre las elites y la clase trabajadora, el Estado soviético lanzó un vasto programa de construcción masiva de viviendas en todo el país. Asociado al rechazo del neoclasicismo arquitectónico imperante desde comienzos de la década de 1930, y favorable a la recuperación del estilo racionalista internacional, se trataba de un plan tecnocrático encaminado a hacer frente a una penuria de emergencia, pero también fue una medida ambiciosa que buscaba el bienestar universal y un intento de proyectar la ideología oficial igualitaria en el espacio urbano, con el fin de promover un nuevo estilo de vida y preparar así la transición a una sociedad comunista.

El nuevo elemento central de este programa era el microdistrito, un complejo residencial de nuevo tipo, consistente en edificios construidos a base de paneles prefabricados, separados por patios interiores provistos de parques infantiles, espacios verdes y, al menos en teoría, de equipamientos educativos, culturales y sanitarios. La arquitectura era hiperestandarizada y estaba basada en materiales baratos, pero la planificación era innovadora; aspiraba a superar la segregación socioespacial que había caracterizado el periodo estaliniano mediante la creación de un entorno en el que quisieran vivir casi todas las clases de personas, estableciendo un equilibrio específico entre el espacio privado –cada familia tenía su propio piso, abandonando así las casas comunales compartidas– y el espacio colectivo.

La magnitud y el ritmo de ejecución del programa fueron impresionantes, pero este tenía fallos estructurales debido a sus enormes ambiciones, que dieron pie a la definición de objetivos imposibles y a la preponderancia de objetivos cuantitativos unidimensionales, en gran medida bajo la influencia del principal legado del periodo estaliniano, a saber, la planificación centralizada; así, desde el comienzo hubo problemas como la ejecución deficiente, continuos retrasos y falta de presupuestos. En este contexto, las ciudades-fábrica –que idealmente debían constituir ciudades sin clases– se convirtieron en entornos socioespaciales específicos, en los que las viviendas e infraestructuras de servicios eran propiedad de la empresa y esta era responsable de asegurar el bienestar, dando pie a un sistema interconectado y por tanto a una comunidad y un estilo de vida distintivos.

El diseño de Avtograd

El nuevo clima político y el cambio de estilo de vida dieron pie a una creciente demanda de bienes de consumo masivo, incluido el transporte privado. La alta prioridad estratégica otorgada a la planta de VAZ y la nueva ciudad reflejaban asimismo el propósito del Estado soviético de satisfacer esta demanda, insuficientemente atendida por fabricantes preexistentes. Tras las ciudades mineras de la década de 1930 y los polos científicos/energéticos del periodo de posguerra, Avtograd fue entonces la primera representante de una tercera generación de ciudades-fábrica: la ciudad del automóvil.

Como respuesta tecnocrática a una escasez de oferta y a la presión social a favor del consumo, representaba la aplicación de los principios fordistas –el epítome de productividad– a la producción masiva, siendo Detroit el ejemplo idealizado. Por otro lado, esas fábricas y ciudades también se planificaron con fines ideológicos y propagandísticos, encarnando el transporte motorizado una visión que encajaba en la aspiración soviética a la ciudad del futuro y proyectaba una imagen de novedad y modernidad. En otras palabras, la innovación tecnológica occidental, transmitida por la experticia de FIAT, se incorporó a un proyecto específicamente soviético.

La construcción de la fábrica de VAZ y de la ciudad de Avtograd se planteó el último año de gobierno de Jrushchov. La destitución del dirigente reformista abrió la puerta –tras un breve periodo todavía relativamente dinámico, caracterizado por los intentos de reforma económica del primer ministro Alexey Kosyguin– al periodo de Leonid Breshnev, que más tarde se calificaría de época de estancamiento. Este periodo comportó una reversión significativa de los procesos de liberalización política, un duro golpe a las esperanzas de reforma desde dentro de la URSS y la instalación en el conformismo (a)político, bien que en un contexto de estabilidad económica que duró más de una década.

A pesar de la continuidad sustancial de las estrategias y las políticas del periodo de deshielo, el discurso urbanístico derivó consecuentemente de la ideología igualitaria a una visión básicamente tecnocrática de la provisión de bienestar universal, siento el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo los elementos clave del pacto social del Estado con su ciudadanía trabajadora. La atención política se centró en la mejor de las condiciones materiales, y las nuevas directrices insistieron en el incremento del espacio habitacional por persona y la calidad de los materiales de construcción. Avtograd fue el producto de este complejo contexto histórico y político-ideológico.

El planeamiento del nuevo distrito se encomendó al arquitecto Boris Rubanenko. Este se había educado en los años de la vanguardia racionalista y había protagonizado una carrera de éxito desde la década de 1930, cuando desarrolló una síntesis arquitectónica que logró incorporar algunos elementos del movimiento moderno en el estilo neoclásico por entonces oficial. Tras la muerte de Stalin, optó por el retorno al estilo moderno internacional, y por tanto, en el periodo de construcción de Avtograd, a finales de la década de 1960, sus puntos de vista urbanísticos reflejaban la influencia tanto de su educación y su experiencia profesional como de los principios y tendencias contemporáneas a escala internacional.

Estas influencias se plasmaron en el plan de Avtograd, inspirado en los teóricos urbanísticos soviéticos de la década de 1920 (en particular, los conceptos de desarrollo lineal y de las zonas funcionales paralelas, elaborado por Nikolai Milyutin), pero también en los experimentos de ciudades planificadas de fuera del bloque del este, en particular Brasilia, la nueva capital de Brasil planeada pocos años antes por Oscar Niemeyer y Lúcio Costa.

El plano del distrito (véase aquí) se basó en una estructura ortogonal, con dos avenidas perpendiculares que lo dividían en cuatro partes desiguales. El eje vertical conectaba el territorio de la fábrica con la orilla del Volga. Avtograd se dividió en distritos residenciales, que a su vez se subdividieron en microdistritos. La unidad principal del microdistrito, y el espacio más importante de la interacción social cotidiana, era un kvartal (bloque residencial), ampliado con las características típicas de los planes soviéticos de viviendas masivas de finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1970: edificios de nueve o doce plantas alrededor de un amplio patio semiabierto, un espacio común verde que incluye equipamientos educativos, un campo de deportes y un parque infantil.

Los primeros edificios de viviendas también incluían, en cierto modo y en parte como reminiscencias de los experimentos constructivistas de las décadas de 1920 y 1930, una especie de bloque común de servicios recreativos y culturales, desde bibliotecas hasta clubes de ajedrez. Las grandes avenidas, aptas para una ciudad del motor, se diseñaron más para un transporte motorizado que no peatonal, de acuerdo con los principios que había concebido Le Corbusier unas pocas décadas antes.

Dado el importante papel atribuido a los espacios de uso colectivo con fines culturales y recreativos, se previeron varios edificios públicos amplios, desde casas de la cultura y polideportivos hasta cines y teatros. Estos espacios también expresaban una mezcla de influencias y elementos históricos y culturales: las ambiciones igualitarias socioespaciales de la vanguardia constructivista de los años veinte, la visión monumental de la cultura heredada del estalinismo y la aspiración racionalista contemporánea de aportar un mayor confort y calidad de vida a la sociedad a través del urbanismo.

Además, los edificios públicos permitían a los arquitectos expresar sus ambiciones artísticas, a diferencia de las exigencias sumamente estandarizadas de los bloques de viviendas. Estaba previsto que el más grande y ambicioso de ellos, la Casa de la Cultura, las Artes y la Creatividad (DKIT), fuera el principal distintivo y centro percibido del distrito. Sin embargo, estas aspiraciones chocaron pronto con grandes obstáculos. A mediados de la década de 1970, el sistema de bienestar se vio sometido a fuertes presiones, debido a crecientes limitaciones presupuestarias; junto con la ineficiencia de la planificación centralizada, esto condujo al aplazamiento sistemático del desarrollo de infraestructuras de bienestar en todos los niveles.

En muchos casos, las instalaciones de servicios no se construyeron hasta varios años después de los bloques de viviendas, y la construcción de edificios de uso recreativo también se vio afectada por retrasos significativos. La DKIT, planeada en 1971, no se construyó hasta mediados de la década de 1980. Al final de la década, la crisis del modelo de economía planificada o de ordeno y mando ante la aparición del postfordismo global agravó todavía más la tendencia y condujo a significativos recortes presupuestarios. Debido a ello, la ciudad realizó el pacto social soviético basado en el derecho a un empleo y una vivienda estables, pero al mismo tiempo, en palabras de observadores tanto occidentales como soviéticos, creó un entorno caracterizado por la falta de vida en la calle, la anomia y la privación sensorial.

Tras la caída

Hoy en día, el rayón Avtosavodskiy tiene una población de alrededor de 430.000 habitantes, más de la mitad de la población total de Toliatti, en un territorio de más de 88 kilómetros cuadrados. Como ocurre con la mayoría de los asentamientos monoindustriales soviéticos, compite en el contexto de la economía de mercado global. VAZ, ahora llamada AvtoVAZ –con Renault como su principal accionista–, sigue siendo el fabricante de vehículos ligeros más grande de Rusia, pero en 2014-2015 se sometió a un proceso de restructuración que comportó una drástica reducción de la plantilla, que ha tenido un impacto significativo en los niveles de desempleo y bienestar socioeconómico de la población del distrito y de la ciudad.

A pesar de su tamaño relativamente grande (la vigésima ciudad más grande de Rusia) y su actividad industrial significativa, hoy Toliatti es en lo esencial una urbe periférica. Es la única con una población tan numerosa que no constituye un centro administrativo regional; una infraestructura de transporte y una capacidad administrativa insuficientes merman el interés de los inversores. Su estructura monoindustrial hace que su economía dependa fundamentalmente de la fábrica de automóviles. Si bien el nivel poblacional permanece relativamente estable, teniendo todavía más habitantes que en tiempos del colapso de la URSS, los niveles de desempleo y la tendencia al envejecimiento de la población resultan alarmantes.

La ciudad también es un típico objeto de marginación discursiva. La gran rigidez programática del plan del distrito y la identidad común, basada en la fábrica, de su población, son metáforas concretas y directas de la inadaptabilidad de la monogorod (ciudad monoindustrial) soviética –y la supuesta mentalidad soviética de la clase obrera industrial– a la flexibilidad e innovación que dexige la lógica de la globalización.

La investigación visual que llevamos a cabo el fotógrafo Michele Cera y yo en el distrito de Avtosavodsky en mayo de 2018 se concibió como primer paso de un proyecto artístico y científico encaminado al estudio de ciudades de la antigua URSS desde el punto de vista de las características del legado arquitectónico soviético, sus transformaciones y su relación dialéctica con las comunidades locales.

Estos temas tienen que ver con cuestiones urbanas que siguen debatiéndose hoy en el ámbito académico (¿Cuáles son los rasgos distintivos de las ciudades y la urbanidad en el régimen comunista? ¿Por qué vías se han transformado estas características después de su colapso?). Un asentamiento postestalinista planificado al cien por cien, desprovisto de todo legado preexistente, parecía un punto de partida idóneo, y en efecto, Avtosavodsky se ha mostrado particularmente resistente a las transformaciones posfordistas y muchas dinámicas asociadas, observadas en todo el espacio urbano exsoviético, desde la creciente segregación socioespacial hasta la gentrificación.

La subsunción capitalista-mercantil del entorno arquitectónico heredado, observada en las ciudades más globalizadas de Rusia y de la antigua URSS, suele proceder por la vía de la privatización del espacio y/o la transformación de sus funciones. Sin embargo, esto no es tan significativo en este caso, siendo un ejemplo emblemático el hecho de que casi todos los principales edificios públicos, demasiado grandes para un uso rentable, siguen siendo de propiedad pública y han conservado su función original.

La estructura uniforme del distrito y su economía, centrada todavía en el sector secundario, también han influido claramente en la ausencia de segregación social que la caracteriza. No existen áreas o bolsas de riqueza y pobreza manifiestas que diferencien los microdistritos y bloques residenciales en Avtosavodsky, a pesar de la presencia de promociones inmobiliarias en el interior y en el extrarradio.

Nuestra investigación visual también pretendía destacar la conexión entre la escala urbana y la escala humana. Esto se planteó por oposición expresa a la tendencia común, en la fotografía paisajística, de acentuar la falta de vitalidad y/o la decadencia de la arquitectura y la infraestructura construida de finales del socialismo. A fin de cuentas, esa opción acaba descontextualizando los propósitos, las ambiciones y las implicaciones sociales de la planificación y la arquitectura modernas, y de sus variantes particulares en el socialismo realmente existente.

Observar las escalas macro y micro nos permite resaltar la particular lógica omnímoda del urbanismo soviético postrero. Al operar al margen del reino de los intereses privados y de la lógica del beneficio, planteaba un singular sistema interconectado y orgánico de elementos infraestructurales, destinados a implementar el proyecto oficial de transformación total. Como han apuntado la historiadora Kimberly E. Zarecor y su colega Mark B. Smith, esto tuvo repercusiones importantes en las relaciones sociales cotidianas de la población. La aparente falta de vitalidad de la ciudad monumental, y monótona, con sus grandes edificios, sus avenidas corbusianas y su arquitectura residencial hiperestandarizada, muestra un lado menos evidente cuando se observa desde abajo. No en vano, sus edificios recreativos, los patios interiores y otros espacios públicos y comunes siguen facilitando una relativa actividad social.

Hoy en día, Avtosavodsky es un asentamiento periférico que pugna por sobrevivir, afectado por graves problemas socioeconómicos y con perspectivas muy inciertas. Sin embargo, al mismo tiempo no da la impresión de ser un lugar sin sentido o sin significado, un gueto anómico a gran escala. Observado desde el siglo XXI, todavía muestra claros signos de la lógica que subyace a su planeamiento, con todas sus ambiciones, fallos y éxitos relativos. Como tal, la ciudad del motor soviética ofrece un antídoto frente a nuestra conciencia perdida de cómo la historia, y la política, configuran nuestra vida urbana.

06/03/2021

https://www.jacobinmag.com/2021/03/tolyatti-russia-communist-city-auto-industry

Traducción: viento sur

Publicado enSociedad
Lunes, 15 Marzo 2021 05:59

El negocio

El senador Bernie Sanders (al centro) escucha el Plan federal de rescate anunciado por el presidente Joe Biden el viernes, en la Casa Blanca. En opinión de Sanders, "no se puede tolerar más que multimillonarios como Bezos, Zuckerberg y Musk se vuelvan obscenamente ricos en momentos de dolor y sufrimiento económico sin precedente". Foto Ap

Al marcarse el primer aniversario oficial de la pandemia en Estados Unidos más de medio millón de personas han perecido por el virus, millones se quedaron desempleados, otros millones más perdieron sus hogares, sus comercios y sus ahorros, se incrementó el hambre, sobre todo entre niños, lo anterior mientras la riqueza combinada de los 664 estadunidenses más ricos se incremento en 44 por ciento. La noticia más básica para entender la coyuntura en Estados Unidos es ésta: los ultra ricos se hicieron más ricos mientras las mayorías pasaron el año más difícil y trágico en décadas.

Durante la peor pandemia en un siglo en Estados Unidos y tal vez la peor crisis económica desde la Gran Depresión, los 664 multimillonarios (aquellos con fortunas mayores a mil millones) del país gozaron un incremento de 1.3 billones de dólares en sus fortunas combinadas en los últimos 12 meses para acumular un total 4.3 billones de dólares, según los análisis del proyecto inequality.org del Institute for Policy Studies.

Para los dueños de empresas privadas de salud –farmacéuticas hospitales, biotecnología, etcétera– la pandemia ha sido un negociazo. Las fortunas de 27 de los multimillonarios estadunidenses provienen de ese sector, y uno de ellos, la familia Thomas Frist, los accionistas más grandes de la cadena de hospitales HCA, vieron su fortuna personal duplicarse de 7.5 mil millones de dólares a 15.6 mil millones de dólares entre marzo del año pasado y ahora.

Nueve multimillonarios en el sector tecnológico ganaron más de 360 mil millones de dólares durante la pandemia, reporta el Washington Post. "En mi opinión, no podemos tolerar más que multimillonarios como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk se vuelvan obscenamente ricos en momentos de dolor y sufrimiento económico sin precedente", comentó el senador Bernie Sanders al Post.

La familia Walton, dueños de Wal-Mart, es la más rica del país con una fortuna combinada de mas de 200 mil millones de dólares –incluyendo 50 mil millones de dólares que ganaron durante la pandemia– equivalente a la riqueza combinada de 40 por ciento de la población más pobre del país. Más de la mitad de sus trabajadores han reportado que sus familias han batallado con el hambre, pero la empresa rechaza elevar el salario mínimo de sus trabajadores.

No están solos: un intento este mes en el Senado para aprobar un incremento del salario mínimo federal de 7.25/hora a 15 dólares, lo cual beneficiaría a más de 32 millones de trabajadores, fracasó con ocho demócratas sumándose a 50 republicanos para derrotar la iniciativa. Casi dos tercios de los senadores (incluyendo los demócratas que votaron en contra de esta iniciativa) son millonarios, según el Center for Responsive Politics.

El sistema ha funcionado perfectamente bien, para los más ricos. Más aún, tanto en la actual crisis económica como la anterior (las dos están relacionadas) en 2008 cuando la avaricia sistémica ha llevado al sistema al borde del colapso, el gobierno ha intervenido para subsidiar y rescatar a empresas emborrachadas de poder en lo que algunos han llamado "socialismo para los ricos, capitalismo salvaje para los demás".

Ahora es revelador que la clase empresarial –con algunas excepciones– no se opuso al masivo paquete de 1.9 billones de dólares para el rescate económico promulgado por Joe Biden la semana pasada. Algunos ricos entienden que no hay negocio cuando los consumidores no tienen con qué comprar o pagar sus cuentas. El programa federal de rescate económico es calificado como uno de los mayores de la historia moderna de Estados Unidos, pero su valor total es sólo poco más que el incremento en la riqueza de los 664 multimillonarios en el último año.

Sin embargo, como señalan por separado los intelectuales liberales Joseph Stiglitz y Robert Reich, este nuevo paquete por primera vez en décadas reconoce que el gobierno tiene una responsabilidad con el bienestar social básico de las mayorías y podría marcar el fin de la era neoliberal introducida por Ronald Reagan en 1980. Tal vez, pero por ahora esta tragedia para millones sigue siendo un gran negocio para unos cuantos.

Oscar Chávez, Amparo Ochoa: El angelito. https://open.spotify.com/ track/2QwR6NSQBZCyqL6nxJodyQ? si=s5cWjlZ4TZ2--_BdwnUd9A

Publicado enInternacional
Mark ZuckerbergErin Scott / Reuters

Asimismo, compartió su visión sobre el desarrollo de las tecnologías digitales en el futuro próximo.

 

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo este lunes en una entrevista con la revista digital The Information, que para el 2030 las personas podrían usar gafas inteligentes para asegurar su presencia virtual en cualquier lugar.

Facebook inventará unas gafas que pueden mostrar el contenido gráfico junto con el mundo real a través de pantallas transparentes. "Esto podría llevar a tantas cosas increíbles, [...] en lugar de llamar a alguien, tener una videoconferencia, en un abrir y cerrar de ojos te teletransportas, y estás sentado allí y ellos están en su sofá y todos se sienten como si estuvieran juntos", explicó el multimillonario. De este modo, la creación de los avatares podría revolucionar la comunicación humana.

Esta invención podría contribuir a la reducción de los viajes por negocios o placer, lo que ayudaría a revertir los efectos del cambio climático. "Obviamente los coches y aviones y todo eso no desaparecerá, [...] Pero cuanto más nos podamos teletransportar, mejor será para la sociedad y para el planeta en general", señaló Zuckerberg. 

Según su punto de vista, otra ventaja consiste en la posibilidad de  expandir el modo de trabajo remoto para los empleados, reduciendo el tiempo y el costo de viajes cotidianos, porque será posible "simplemente teletransportarse al trabajo". 

Actualmente las grandes empresas tecnológicas como Apple, Microsoft y Google están trabajando en la tecnología de realidad aumentada, que implica la interconexión entre gráficos generados por computadora e imágenes del mundo real. Facebook está involucrada en el desarrollo de los cascos de realidad virtual a través de la empresa Oculus, adquirida en el 2014.

Publicado: 13 mar 2021 00:58 GMT

Un rosario de reclamos al Gobierno: vocero de víctimas de Iota denuncia incumplimientos y fallos en la reconstrucción de San Andrés

El líder sanandresano Alberto Gordon May asegura que el Gobierno no ha cumplido con lo pactado en el plan de reconstrucción del Archipiélago.

 

Después de casi cuatro meses de que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue golpeado por el huracán Iota, sus pobladores hablan sobre lo que dicen ser un atropello del Gobierno Nacional en la región.

Así lo hizo saber en entrevista con El Espectador el pastor Alberto Gordon May, presidente de la Autoridad Raizal, órgano que representa a los habitantes nativos del Archipiélago, quien además es el líder de las víctimas del huracán Iota.

Según el vocero, la administración Duque implementó “prácticas neocolonialistas” en las islas, y ha ignorado a sus gobernantes y comunidades. Son varios los problemas que el líder manifiesta como desatendidos en las islas, empezando por el incumplimiento del gobierno Duque respecto al plazo de 100 días que se planteó para la reconstrucción de la región.

De acuerdo con las declaraciones de Gordon May, en El Espectador, “el plazo puesto por el mandatario finalizó el 27 de febrero pasado. Después se extendió hasta el 10 de abril, término que ya se amplió hasta el primer trimestre de 2022. Para ser sincero, dudamos de que haya reconstrucción en los próximos mil días”.

Esta percepción, según el líder, es algo que “todos los miembros de la comunidad comparten”, ya que manifiesta que los sanandresanos hoy están mucho peor que antes del paso de Iota, “antes tenían casa, cubiertas sus necesidades de energía, agua y otros elementos necesarios. Las condiciones a que están sometidos ahora son lamentables, deprimentes e inhumanas”, asegura Gordon May en el diario nacional.

Además, afirma que desconocen el Plan 100 y que tampoco han sido enterados “de un plan anual que se ha anunciado a pesar de las múltiples visitas de Iván Duque”. También agrega que, “Contrario a la Ley 1523 de 2012 (Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres), elaborada para ocasiones como la que sufrimos ahora, el Plan de Acción Específico (PAE) para el archipiélago, que será la carta de navegación para las islas, según Susana Correa, gerente de reconstrucción de Providencia, no ha sido ni siquiera firmado por el consejo de ministros”.

Para Gordon May, “el Gobierno ha tenido dos “planes”: el que le cuenta a la comunidad y el que manipula”, y señala a su vez que, “la gente ha venido reaccionando a la improvisación diaria, lo que nos parece sumamente grave porque reinan el desespero y la incertidumbre. Los habitantes están viviendo a sol y lluvia, aunque esta fase de la crisis debió haber sido superada en la primera etapa de la emergencia”.

De acuerdo con el líder sanandresano, “hasta este momento la única persona que conoce el PAE es Susana Correa”, pero aún así el pastor señala que la funcionaria “no lo ha compartido ni discutido con nadie y se escuda en diversas disculpas para protegerse”, además asegura que Correa, “sale a mentir ante los medios” y que, “el Gobierno ha desconocido la totalidad de la ley y ha ignorado, principalmente, los principios de igualdad, protección, el participativo que ordena reconocer y promover la colaboración activa de las comunidades, y, muy importante, el principio de diversidad cultural que exige respetar las particularidades de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos de la misma”.

Esto, según el vocero, fue una acción del Gobierno en la que no se acogió estrictamente a la ley, ya que manifiesta que si “la hubiera cumplido, no habría tanto desespero. La población de las islas está al borde de un colapso emocional por la incertidumbre sobre su presente y, ante todo, sobre su futuro

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Las condiciones actuales en las que viven los sanandresanos

 

Gordon May informó en El Espectador que “mucha gente pasa los días en carpas. Las viviendas a las que les han reparado techos sin reconstruir, sus bases no cuentan con los amarres y las técnicas antihuracán, a pesar de que el propio Ministerio de Vivienda reconoce que hay que cumplirlas”.

A su vez, asegura que a pesar de que “la energía ha sido restablecida y se instalaron unas plantas desalinizadoras (del agua marina), es preciso resaltar que la disponibilidad de agua del embalse Fresh Water Bay ha venido disminuyendo por causa de los procesos erosivos de la cuenca y que este es el único embalse que existe”.

Por eso, señala que “en las épocas de sequía hay escasez. Pero, en este momento, otro motivo de gran preocupación es qué va a suceder con el suministro del líquido, además de la sequía, por la sobrecarga de personas de afuera que llegaron sin medir su impacto”.

En la misma línea, habla del impacto negativo que ha causado el aumento del 20% de la población en las islas, proveniente de personas que están llevando a cabo las labores de reconstrucción. Gordon May asegura que esto ha sido un “un desastre”, empezando por el ámbito ambiental.

“Los servicios de energía y agua que son precarios, igualmente son escasos. Por lo tanto, no dan abasto con el incremento poblacional. También nos preocupa el brusco cambio de relacionamiento social con grupos tan numerosos de personas ajenas a nuestra cultura”, asegura el líder en El Espectador.

Asimismo, afirma que “se desconocen los términos de referencia y códigos de reconstrucción de las viviendas porque las condiciones contractuales con Findeter no han sido puestas a consideración de la comunidad”, ya que según Gordon May, si estos trabajos se hicieran “con las especificaciones técnicas descritas, se podría suplir con trabajo local gran parte de las obras de construcción, para lo cual la comunidad se ha venido organizando. Consideramos que la vinculación laboral externa debe ser gradual y organizada para evitar efectos negativos y garantizar la sostenibilidad social, ambiental y económica”.

De igual forma, el líder reconoce que hay otros problemas en las islas, como que el Gobierno quiso obviar el derecho constitucional de la consulta previa, algo que señala se pudo evitar gracias a que “un grupo de raizales, en la diáspora, ayudó a preparar varias propuestas de casas.

Solo después de insistentes reclamos por parte de líderes de la comunidad, el Gobierno, al parecer, finalmente incluirá tales diseños en sus planes. La vocería y la presión de un grupo de líderes, la veeduría local, a través de tutelas, la Autoridad Raizal, la Comunidad Raizal en la Diáspora, a quienes agradecemos inmensamente, y la prensa local e internacional, ayudaron a que la administración Duque atendiera los reclamos comunitarios”, señaló en el diario nacional el vocero sanandresano.

Gordon May también habló del puente entre San Andrés y Providencia que no ha sido recuperado, pero que en cambio sí se construyó un muelle sin consulta previa de la comunidad, además de otros proyectos como la construcción de la base de Guardacostas o de Salvamento Marítimo que la Armada Nacional ha querido edificar en el sector de Old Town” y el cual también rechazan los raizales.

El líder mencionó además que a tres meses de que empiece la temporada de huracanes en el Caribe, aún no se ha construído por lo menos un albergue en las islas.

7 de Marzo de 2021

Publicado enColombia
8M: Por un feminismo revolucionario, que no es foto de portada sino lucha contra toda explotación

8M & Feminismo de clase 

8 Marzo el día de la Mujer trabajadora y revolucionaria

 

El 8 de marzo se conmemora a la mujer trabajadora, revolucionaria. La comunista Clara Zetkin propuso la conmemoración en la conferencia de mujeres socialistas de 1910, para homenajear la lucha de las mujeres contra la explotación capitalista. Se recuerda el asesinato, a manos del Gran Capital, de 129 obreras en huelga quemadas vivas en una fábrica textil en EEUU: los dueños de la fábrica cerraron las puertas con ellas dentro y le prendieron fuego para hacerlas arder (como medida de «disuasión» para evitar que otras obreras siguieran su ejemplo de lucha). Se conmemora la lucha por la justicia social, por los derechos de la clase trabajadora, la lucha contra el patriarcado y el capitalismo, cuyos mecanismos se articulan el uno al otro a la perfección. 


El 8 de marzo también quedó apuntalado como fecha eminentemente revolucionaria por los sucesos del 8 de marzo de 1917 en la Rusia tzarista: miles de mujeres salieron a las calles clamando por sus derechos, contra la explotación y las guerras que la burguesía imponía al pueblo: ellas detonaron la Revolución de Octubre. Tras la revolución de Octubre las mujeres conquistaron sus derechos económicos, sociales, sexuales y reproductivos: derecho al voto para todas las mujeres (no solo para las propietarias como en Gran Bretaña), derecho al divorcio, derecho al aborto, derechos plenos al estudio y trabajo, vivienda, sanidad y educación garantizadas, etc. Todos estos derechos todavía se siguen luchando en la inmensa mayoría de países capitalistas.


Las mujeres somos la parte más golpeada de la clase explotada. Somos víctimas de las guerras imperialistas, del saqueo capitalista que empobrece regiones y países enteros, de las privatizaciones y la precariedad, y además somos víctimas del machismo incesantemente promovido por los medios y toda la industria cultural del capitalismo. Porque el capitalismo se sustenta fragmentando y dividiendo a la clase explotada: por ello la industria cultural del capitalismo difunde incesantemente paradigmas de discriminación como el machismo y el racismo.
Somos las trabajadoras explotadas, estudiantes, artistas, paradas y jubiladas a quienes se nos está privando de una vida digna, en ocasiones hasta de la alimentación, la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación, etc. Somos privadas de condiciones de trabajo y de remuneración dignas por los capitalistas que sacan la plusvalía de nuestro trabajo. Somos las madres cuyo trabajo en el hogar no es reconocido, las que se quedan en absoluta precariedad sin pensión. Somos las mujeres migrantes empujadas a padecer las peores explotaciones: en maquilas de espanto, rociadas de veneno en el agro-industrial, abocadas a la explotación de la prostitución o a ser cosificadas y saqueadas como «vientres de alquiler». Somos las niñas violadas y forzadas a parir. Somos designadas por este sistema como la diana de las frustraciones aberrantes que este sistema causa, de la misoginia que fomenta.

Por ello el feminicidio galopa: porque los medios banalizan la tortura y toda discriminación alienante funcional al capitalismo, porque la violencia ejercida de manera estructural arrastra su odio contra nosotras. Somos vícimas del capitalismo y su barbarie, víctimas del  machismo que el mismo Capital promueve; pero también somos mujeres luchadoras y revolucionarias. El 8 de marzo no es el día de las princesas, ni de las empresarias explotadoras. Las mujeres opresoras, las Cristine Lagarde, las Thatcher, las Hillary Clinton y demás… las que se lucran de devastar selvas, de oprimir poblaciones, de esclavizar en fábricas de espanto a miles de trabajadoras, las que se lucran, también, de fomentar el machismo a través de sus medios de alienación masiva, son clase explotadora, al igual que los hombres de la clase explotadora.


Al Capital le interesa mantenernos atadas a la división sexual del trabajo, a labores de cuidado no remuneradas, a la discriminación salarial por ser mujeres. Al Capital le interesa una clase explotada pulverizada y golpeada, impedida de unidad por el machismo, el racismo, la xenofobia, el individualismo y demás alienaciones que la clase explotadora se encarga de cultivar. Frente a una realidad tan brutal, el reformismo, siempre sirviendo a impedir cuestionamientos profundos, pretende encapsular nuestra lucha y superficializarla, ocultando su carácter de clase, obviando la funcionalidad que para el capitalismo tiene el machismo.  Los reformistas, que pretenden seguir engañándonos con la cínica fábula de un supuesto e imposible “capitalismo con rostro humano”, buscan ocultar que no lograremos cambiar la cultura profundamente machista que impera en el mundo entero, a menos que nos tomemos los medios de producción y por lo tanto los de difusión y educación. En este sistema toda una artillería de sometimiento ideológico es implementada por la clase burguesa; los paradigmas de opresión son activamente martilleados desde múltiples flancos: desde las instituciones religiosas históricamente funcionales a las clases dominantes, pasando por la gran industria audiovisual, hasta los nada ‘inocuos’ videojuegos. Para contrarrestar esa alienación a gran escala, que tanto sufrimiento causa, se necesitan obviamente medidas que subviertan el actual orden social; abolir el patriarcado no será posible sin abolir el capitalismo.


Los caballos de Troya de la burguesía intentan hacer creer que las mujeres explotadoras son nuestras hermanas, cuando ellas también participan de perpetuar este sistema que devora a la naturaleza, explota a los seres humanos (a la clase trabajadora), y perpetúa al machismo, al racismo, al individualismo, comportamientos y discriminaciones fundamentales para el mantenimiento de este sistema putrefacto.


Las mujeres revolucionarias sabemos que la sociedad de clases se perpetúa sobre la violencia: esa violencia ejercida por la clase explotadora (la que posee los medios de producción) contra las mayorías explotadas y precarizadas, y sabemos también el lastre que significa el machismo para la unidad de la clase explotada. Luchamos también por un feminismo revolucionario, para poder oponerlo a la infame recuperación que el sistema está intentando hacer de la lucha feminista, con sus aberrantes Caballos de Troya y su discurso de “sororidad interclasista» (¡cómo si tuviéramos que tener «sororidad» con una capitalista explotadora, una proxeneta o una ficha del complejo militar-industrial por el mero hecho de ser mujer!).


Luchamos contra toda explotación, y nuestra lucha contra la opresión de la mujer trabajadora, la adelantamos luchando día a día contra el machismo, contra la clase burguesa, contra un orden social de explotaciones concatenadas; luchando contra la raíz que sostiene las desigualdades sociales: luchando contra un sistema que fomenta la opresión de la mujer porque necesita esta opresión como mecanismo de dominación y división de la clase explotada; luchando contra un sistema que fomenta la violencia machista a modo de control social (como pérfida válvula de escape de las frustraciones que tal sistema crea); luchando contra un sistema en el que un puñado de multimillonarios capitaliza moliendo humanidades y rebanando el planeta.


El Feminicidio galopante es parte de la barbarie de un sistema económico, político, social y cultural, el capitalista, violento en esencia y perverso en su lógica. Un sistema basado en la explotación de las y los trabajadores y en el saqueo de la naturaleza, es un sistema que necesita banalizar la explotación, la injusticia social y la tortura. 


La lucha por la emancipación de la mujer y la lucha contra el capitalismo son inseparables. Por un feminismo revolucionario, que no es foto de portada sino lucha cotidiana, que lucha contra toda explotación.

 

Por Cecilia Zamudio | 06/03/2021

Publicado enSociedad
Afectadas laboralmente, 13 millones de mujeres en América Latina: OIT

Alrededor de 13 millones de mujeres en América Latina y el Caribe vieron desaparecer sus empleos o limitarse su desarrollo laboral por la pandemia de Covid-19, que exarcebó las brechas de género en los mercados de trabajo de la región, señaló la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La OIT destacó que las mujeres «fueron especialmente golpeadas por una crisis causante de fuertes salidas de la fuerza de trabajo, desempleo y grandes demandas de cuidados no remunerados».

De acuerdo con la OIT, las brechas en la igualdad de género se redimensionaron con la crisis de la pandemia, lo que implica un retroceso de una década en sólo un año.

En el caso de México, la organización señaló que 15 por ciento menos mujeres que hombres forman parte del sector laboral formal y solamente 1 de 4 personas a cargo de negocios con más de seis personas trabajadoras son mujeres.

“La abrupta transición al teletrabajo resultante de la actual pandemia ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres. Dos de cada tres personas que se encuentran realizando teletrabajo en México son mujeres y en una mayoría de casos ellas se enfrentan al difícil reto de balancear sus responsabilidades laborales con tareas de cuidados y del hogar, que previamente a la crisis sanitaria ya asumían con mayor frecuencia que los hombres”, dijo el director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba, Pedro Furtado de Oliveira.

Por su parte, la especialista regional de empleo de OIT, Roxana Maurizio, indicó que la pandemia agudizó aún más las tensiones en materia de conciliación entre el trabajo para el mercado y las responsabilidades familiares. «A todo esto hay que sumar el aumento del teletrabajo y del trabajo en el domicilio en un contexto de cierre o suspensión de los espacios de cuidado asociado con las medidas de confinamiento y de distanciamiento físico», añadió.

De acuerdo con los datos del Panorama Laboral de la OIT, hace más de 15 años que no se registraba una tasa tan baja de participación de las mujeres. Por ello, la organización urgió a la promoción de políticas de recuperación del empleo y los mercados laborales que desde su diseño e implementación tengan una perspectiva de género.

A continuación el comunicado completo:

Los planes de recuperación del mundo del trabajo tras la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe deben incluir medidas especiales para favorecer la reincorporación laboral de las mujeres, que fueron especialmente golpeadas por una crisis causante de fuertes salidas de la fuerza de trabajo, desempleo y grandes demandas de cuidados no remunerados, destacó hoy la OIT.

“Esta crisis sin precedentes ha exacerbado las brechas de género en los mercados de trabajo de la región, sacando de la fuerza de trabajo a millones de mujeres y anulando avances anteriores. Hemos retrocedido más de una década en un año y ahora necesitamos recuperar esos empleos y pisar en el acelerador de la igualdad de género”, dijo el Director de OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.

Antes de la pandemia la igualdad de género era ya una asignatura pendiente que desafiaba a quienes elaboran las políticas laborales a enfrentar sus raíces estructurales, aún cuando se habían registrado importantes avances durante décadas. Con la crisis actual han aparecido nuevas dimensiones que ensanchan las brechas.

“La recuperación de la crisis en el trabajo debe desactivar la amplificación de desigualdades causada por la COVID-19, si queremos lograr un crecimiento económico sostenible con empleos productivos y de calidad. En este Día Internacional de la Mujer es crucial reafirmar el compromiso para recobrar el terreno perdido durante la debacle económica y social en nuestros países”, agregó el Director Regional de OIT.

Los últimos datos disponibles indicaban la tasa de participación laboral de las mujeres experimento una baja histórica de 5,4 puntos porcentuales (un retroceso 10,3 por ciento) llegando a nivel de 46,4 por ciento. Por detrás de las tasas porcentuales, esto significa que cerca de 12 millones de mujeres fueron expulsadas de la fuerza laboral debido a la destrucción de los empleos.

El retroceso en la participación laboral de las mujeres se produjo después de décadas durante las cuales se había registrado un aumento constante en su incorporación al empleo remunerado. De acuerdo con los datos del Panorama Laboral de la OIT, hace más de 15 años que no se registraba una tasa tan baja de participación de las mujeres.

“La abrupta transición al teletrabajo resultante de la actual pandemia ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres. Dos de cada tres personas que se encuentran realizando teletrabajo en México son mujeres y en una mayoría casos ellas se enfrentan al difícil reto de balancear sus responsabilidades laborales con tareas de cuidados y del hogar, que previamente a la crisis sanitaria ya asumían con mayor frecuencia que los hombres”, afirmó Pedro Furtado de Oliveira, Director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba.

“La sobrecarga de tareas resultante del trabajo en casa puede afectar su salud psicosocial y su desempeño laboral, dificultando aún más su desarrollo profesional”, agregó Furtado de Oliveira.

La tasa de desocupación regional de las mujeres en 2020 aumento de 10,3 a 12,1 por ciento, por encima del promedio de desocupación general, que subió a 10,6 por ciento, según se destacó en el último informe Panorama Laboral. Esto significó que aproximadamente 1,1 millones de mujeres se incorporaran a las cifras del desempleo femenino, para llegar a un total de 13,3 millones.

En total, cerca de 25 millones de mujeres están desempleadas o salieron de la fuerza de trabajo por cuenta de la pandemia.

Las mujeres además han sido afectadas en el mercado de trabajo por su mayor presencia en sectores económicos fuertemente afectados por esta crisis como, por ejemplo, los servicios, donde se desempeña cerca de 50 por ciento de la fuerza laboral femenina, y de comercio, con 26 por ciento.

De acuerdo con el último Panorama Laboral de América Latina y el Caribe de la OIT, la contracción del empleo en 2020 fue particularmente importante en sectores de servicios como hoteles (-17,6 por ciento) y comercio (-12,0 por ciento). A ello se le suma la mayor incidencia de ocupaciones informales que fueron particularmente golpeadas por la crisis en el empleo femenino.

Otro factor que ha afectado y, más aún, puede condicionar las perspectivas de recuperación del empleo de las mujeres son las crecientes dificultades de conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares, en un contexto en donde los servicios educativos y de cuidado se han visto profundamente alterados de la mano de las medidas sanitarias para el distanciamiento y reducción de la movilidad de las personas.

“La pandemia, por un lado, puso en evidencia la importancia vital de estas tareas. Por otro lado, agudizó aún más las tensiones en materia de conciliación entre el trabajo para el mercado y las responsabilidades familiares. A todo esto hay que sumar el aumento del teletrabajo y del trabajo en el domicilio en un contexto de cierre o suspensión de los espacios de cuidado asociado con las medidas de confinamiento y de distanciamiento físico”, explicó la especialista regional de empleo de OIT, Roxana Maurizio.

Según la OIT las consecuencias pueden extenderse más allá de la crisis sanitaria si no se genera el debido soporte de los sistemas públicos de cuidados y el sistema escolar presencial, que faciliten el retorno de las mujeres al mercado laboral.

A su vez, el significativo incremento en la subutilización de la fuerza de trabajo durante 2020 puede también generar mayores dificultades para su reinserción laboral en el futuro. Por ende, la crisis económica regional puede incluso tener impactos más permanentes si no se implementan respuestas de política sociolaboral pertinentes.

“No sólo se requieren políticas que incluyan a las mujeres, sino políticas de recuperación del empleo y los mercados laborales que desde su diseño e implementación tengan una perspectiva de género de modo tal de no reproducir las dificultades que ellas enfrentan para insertarse y permanecer en el mercado de trabajo”, comentó Maurizio.

Los institutos y sistemas de formación profesional pueden tener un rol importante en impulsar la participación de las mujeres en ocupaciones no tradicionales para ellas, pero de mayor futuro y productividad. También es importante crear una ruta formativa para las mujeres con bajos niveles educativos que han sufrido mucho más el impacto de la crisis y cerrar las brechas digitales entre hombres y mujeres para asegurar su participación.

Maurizio agregó que el desafío va más allá de recuperar las fuertes pérdidas en materia laboral ocurridas como consecuencia de la pandemia. “Se requiere apuntalar, aún con más fuerza que antes, un proceso que asegure a las mujeres mayores oportunidades de empleo de calidad, formación y acceso a las nuevas tecnologías, reducción de brechas y el pleno cumplimiento de los derechos laborales”.

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