El crecimiento del PIB de EE UU bate récords en el tercer trimestre

La economía estadounidense crece un 7,4% entre julio y septiembre pero las dudas sobre el curso de la pandemia empañan el optimismo

 

La economía de Estados Unidos creció a un nivel sin precedentes en el tercer trimestre, con un aumento del 7,4% del PIB ―equivalente a un ritmo anualizado del 33,1%―, según ha anunciado este jueves el Departamento de Comercio. El alza se produce después de enormes pérdidas durante el segundo trimestre, cuando el PIB colapsó tras los confinamientos masivos durante la primera ola del covid-19 y cayó un 9%, la mayor caída desde que empezaron los registros en 1947. El PIB estadounidense sigue un 3,5% por debajo del nivel precrisis. El dato de crecimiento conocido a solo cinco días de las elecciones promete arrancar distintas lecturas políticas. Ya este martes, el presidente Donald Trump había prometido en Twitter “un gran PIB”, reforzando así su imagen de candidato más capaz de gestionar la economía.

Aunque el dato concreto resulte positivo, la economía de Estados Unidos se halla sumida en el agujero negro de la pandemia, que puso fin al mayor ciclo expansivo en la historia del país y lo abocó a la recesión. Los pronósticos de los analistas se cumplieron, pues apuntaban que el dato de crecimiento superaría el 7%, más del doble que cualquier tasa de crecimiento trimestral desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la realidad es que la economía sigue ralentizándose, mientras la crisis sanitaria arroja muchas más sombras que certezas sobre el ritmo de la recuperación, como demuestran el desplome de Wall Street este miércoles por miedo a la espiral de la pandemia y la falta de acuerdo político entre la Casa Blanca y el Congreso para sacar adelante un nuevo plan de estímulos.

Es cierto que la economía estadounidense empezó a recuperarse del cierre de la actividad derivado del confinamiento en los meses de verano, pero los expertos recuerdan que la producción seguiría estando más de un 4% por debajo del nivel de finales de 2019, que es más del mínimo registrado en el pico anterior de la Gran Recesión. Por eso avisan de que un crecimiento rápido en el tercer trimestre no implica que la economía atraviese una fase de pujanza, ya que este periodo mide el nivel de producción de julio a septiembre comparado con la media de abril a junio, y el nivel en abril y mayo estableció una base de referencia tan baja que cualquier aumento, aun mínimo, habría servido para generar un buen dato. Para recuperar el nivel de crecimiento anterior a la pandemia, el PIB debería crecer aún con más fuerza, según los expertos.

“La cifra será histórica sin duda, pero, salvo para la propaganda política, estará por completo desprovista de sentido, pues no nos dirá gran cosa sobre lo que nos espera”, abundaba este miércoles en declaraciones a la agencia France Presse el economista Joel Naroff. El récord anterior de crecimiento trimestral fue del 16,7% en el primero de 1950.

Este jueves, el Departamento de Trabajo ha publicado las cifras relativas a las solicitudes de subsidio de desempleo, que cayeron por segunda semana consecutiva a 751.000, por debajo de lo previsto por los analistas. Aunque el número de solicitantes de ayuda ha bajado del máximo de 6,8 millones registrado en marzo, se halla por encima del pico experimentado en el peor periodo de la gran recesión de 2007-2009, cuando 665.000 estadounidenses se apuntaron al paro.

Sojuzgada por el impacto de la pandemia, la economía de EEUU, que cayó en recesión en la primera mitad del año, aún necesita ventilación mecánica, especialmente si empeoran los datos de contagio y hospitalizaciones por covid-19, sin control en el Medio Oeste del país. Signos claros -por ejemplo, un parón en la venta de casas nuevas desde el verano- apuntan a una desaceleración de la actividad económica este trimestre, y el mismo curso de la enfermedad no permite descartar la posibilidad de un segundo confinamiento y de una recesión aún más profunda.

A finales de marzo, el Gobierno de EE UU logró sacar adelante un plan de rescate de 2,2 billones de dólares, el mayor plan de estímulos económicos lanzado por un país en la historia. El programa, denominado Cares (las siglas en inglés de Ayuda, Alivio y Seguridad económica ante el coronavirus), incluía una partida de 250.000 millones en cheques directos a los ciudadanos con sueldos de hasta 75.000 dólares. En abril, se añadieron otros 484.000 millones de dólares (unos 450.000 millones de euros) para ayudar a los hospitales y a las pequeñas y medianas empresas. En total, Washington ha movilizado casi tres billones de dólares en ayudas a familias y empresas, si bien las ayudas del plan Cares concluyeron en mayo, arrojando a ocho millones de estadounidenses a la pobreza, según un estudio de la Universidad de Columbia.

Por MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO

Nueva York - 29 OCT 2020 - 08:38 COT

Publicado enEconomía
Domingo, 11 Octubre 2020 05:13

Trump, presidente de los obreros

Donald Trump y Mike Pence han visitado varias veces la planta que Shell está construyendo en Monaca, en el condado de Beaver (Pensilvania). En agosto del 2019 habló ante 5.000 trabajadores ligados a las obras. La prensa local reveló que algunos empleados asistieron obligados para poder cobrar ese día. (Jeff Swensen / Getty)

La batalla de los demócratas por recuperar la Casa Blanca choca con una incómoda realidad: la clase trabajadora idolatra al presidente

Primera parada de la ruta en los estados clave en las elecciones presidenciales de EE.UU.

Beatriz Navarro, Beaver, Pensilvania

11/10/2020 01:53 | Actualizado a 11/10/2020 10:36

El cinturón del óxido parece menos roñoso al oeste de Pittsburgh (Pensilvania). La actividad es frenética en los alrededores de la nueva planta que la petroquímica Shell está construyendo en el condado de Beaver, a orillas del río Ohio.

Alimentada por el gas natural obtenido a pocos kilómetros gracias a la técnica del fracking , en un año debería estar produciendo millones de toneladas de pellets de plástico para fabricar botellines, móviles o coches. “La inversión nos ha puesto en el mapa”, celebra Lew Villotti, presidente del consejo económico del condado. “A los que me preguntan por la contaminación siempre les digo lo mismo: ¿qué había antes ahí? Una fundición de zinc y laderas con árboles muertos. Es lo que recuerda la gente de aquí. La mayoría no lo ve como un problema”.

El plástico, dicen, puede ser el nuevo carbón para los Apalaches. “El renacimiento energético de América ha llegado a Pensilvania”, proclamaDonald Trumpen sus frecuentes visitas a la zona, en las que se arroga el mérito de la inversión, aunque se decidió antes de su elección. Otros dicen que no es más que un espejismo. Aunque las obras emplean a 6.000 personas y están dejando mucho dinero a los gremios locales, cuando la planta esté acabada no dará trabajo a más de mil. Las autoridades locales aseguran que la presencia de Shell será un imán para otras compañías.

Los 6.000 millones de dólares invertidos han sido un auténtico maná para esta deprimida región al oeste de Pittsburgh. Por primera vez en décadas, en el 2016 Pensilvania dio la espalda a los demócratas para apoyar a Trump. En este condado, el terremoto fue devastador: 19 puntos a favor del republicano, a pesar de que más de la mitad de los votantes están registrados como demócratas. Aunque hay más carteles de apoyo a Joe Biden que hace cuatro años por Hillary Clinton y en las ciudades compiten bien con los republicanos, los de Trump arrasan. La demografía local le es propicia: el 92% de sus habitantes son blancos y el 76% de los trabajadores no tiene estudios universitarios.

En amplias regiones de Pensilvania y el Medio Oeste, el presidente sigue siendo el improbable ídolo de la clase obrera. Pero este año, para ganar, no solo necesita mantener esos votos –y los de la América rural, a la que sacó por sorpresa de su letargo– sino conseguir bastantes más. Solo así podrá contrarrestar la potente ola demócrata que recorre las zonas urbanas y amenaza con convertirle en una rareza, un presidente de un solo mandato.

Trump volverá a contar con el voto de Robert, un obrero jubilado que siempre antes respaldó a los demócratas. “Es lo que votaba todo el mundo en mi familia. Ahora casi todos vamos con Trump. Yo me cambié porque me gustó lo que proponía”, afirma señalando la bandera con el lema Make America Great Again que tiene en el porchede su casa en Ambridge, una ciudad que lleva su origen grabado en el nombre (la acerería American Bridge).

 “Es un bocazas pero no me importa. Dice lo que piensa y, te guste o no, siempre sabes dónde está. No es una marioneta. Dijo lo que iba a hacer y básicamente lo ha hecho”, sostiene este antiguo montador de bombas y compresores citando lo bien que iba la economía hasta que llegó la pandemia. “Ha apoyado mucho a los trabajadores y a la gente con fondos de jubilación”. Ni se plantea votar a Joe Biden. “No creo que pueda hacer todo lo que está haciendo Trump por los trabajadores. ¿Que es de Pensilvania? Pero si no vivió aquí más que unos meses...”. (Biden vivió allí hasta los 11 años).

“No es un político. Le voté porque era diferente y no era parte del sistema. Los dos partidos son unos mentirosos. Necesitábamos a alguien nuevo. Voté por Barack Obama en el 2008 y en su primer mandato no hizo nada más que darnos un seguro médico universal que yo no quiero. Quien trabaja tiene seguro, así debe ser”, afirma Chuck, un obrero de la construcción jubilado de 61 años en Monroe (Michigan). “Necesitamos un presidente fuerte y no creo que Biden lo sea”.

En noviembre, Cody Campbell, un joven de Battle Creek (Michigan) de 23 años, votará por primera vez y lo hará por Trump. Le gusta que haya sido empresario. “Es un hombre de negocios, un millonario. No sé cómo explicarlo bien, pero creo que está del lado de los trabajadores y me gusta. La mayoría de los presidentes no lo está. Él se preocupa por nosotros”, dice Campbell, propietario de un taller de motos.

Eso que a este votante le cuesta explicar es un movimiento de tierras que politólogos y analistas definen como “el gran realineamiento de los partidos políticos estadounidenses”. “Nos encontramos en un proceso de transformación a diez años vista. La gente que hoy pone carteles de Trump en sus casas solía trabajar en minas o fábricas y nunca antes había votado a un republicano. Y la gente del Duquesne Club, fundado por magnates del acero e industrialistas, ya son en su mayoría demócratas”, afirma el estratega republicano Mike DeVanney en sus oficinas en Pittsburgh.

El fenómeno va más allá de la figura del presidente. “Donald Trump no hay más que uno” pero “no creo que se pueda volver a meter al genio en la lámpara. El Partido Republicano, antes gran defensor del libre comercio, lleva 20 años haciéndose más proteccionista y conservador socialmente, mientras que el demócrata ahora es más atractivo para la gente con más ingresos y educación”, sostiene DeVanney.

Pero mientras Hillary Clinton, que llamó “deplorables” a los votantes de Trump, se confió y solo hizo campaña en las grandes ciudades de Pensilvania, “Biden es consciente de que debe ir a las zonas rurales y tiene un perfil con el que puede ir un poco más allá de su base”. Para eso le eligieron los demócratas. Según las encuestas va 10 puntos por delante de Trump en intención de voto en Pensilvania, pero nadie se fía.

Los republicanos saben que tienen el viento en contra, pero confían en que ocurra lo mismo que en el 2016. “Salió gente a votar que no había votado nunca o no lo había hecho en años. Gente que había tirado la toalla con los políticos porque pensaba que nadie se preocupaba por ellos. Trump fue el primero en tocar esa fibra. Los anteriores gobiernos nos habían vendido firmando malos acuerdos comerciales”, afirma Sam DeMarco, presidente del Partido Republicano del condado de Allegheny, donde se encuentra Pittsburgh.

Con 1,2 millones de habitantes, es el segundo mayor condado del estado después de Filadelfia. Tiene 250.000 votantes republicanos registrados, pero en el 2016 cosechó 367.000 votos para Trump. “Mi trabajo es educar a la gente en los logros del presidente antes de la pandemia. Puedo defender al presidente por lo que ha hecho. Hay gente que me dice que le gustan sus tuits o cómo habla. Yo les digo que lo que importan sus políticas”, afirma.

Pero contra Clinton se hacía campaña mejor. “Era una figura muy polarizadora, nada simpática. Biden cae bien y te tomarías una cerveza con él. Pero no es alguien a quien se tome en serio”, opina DeMarco. Movilizar al máximo ciudades y suburbs a la vez que arañan votos a Trump entre los obreros blancos es la única forma que tienen los demócratas de llevarse los 20 votos del colegio electoral de Pensilvania. Lo mismo en el Medio Oeste .

El ambiente de estas elecciones “no tiene nada que ver con el 2016”, asegura Terri Mitko, presidenta del Partido Demócrata del condado de Beaver. Pero no todos los votantes se convencen por sí mismos y lo que le gustaría es ver a Biden sobre el terreno. “No será porque no lo hayamos pedido”, dice sin ocultar su fastidio, aunque está convencida de que al final los visitará. Trump ha ido varias veces en pocos meses.

No todos ven a Biden como el héroe de la clase obrera (los blue collar workers , por el mono azul de faena) que él dice ser. Pero el hartazgo tras cuatro años de Trump es un aliciente poderoso para votantes desengañados como Valery. “Dijo que iba a resucitar el carbón. Hizo todo tipo de promesas y le creí. Le había ido bien como empresario ¿por que no lo iba a hacer bien como presidente?”, dice antes de echarse una buena carcajada. “Mi empresa cerró en el 2018 después de 35 años. Yo perdí mi trabajo”, explica esta sexagenaria frente a un supermercado Walmart cerca de la planta de Shell. “Trump es una vergüenza para el país. Biden es mayor, pero con la edad viene la experiencia”.

A Jennifer Curtis, en cambio, no la convence. “Iba a votar por Biden, pero vi todos esos anuncios en la tele y me desanimé”, dice citando publicidad negativa pagada por la campaña de Trump. “Biden quiere quitarnos cosas y sale siempre llevando mascarilla”, dice con desconfianza esta votante de 48 años. Trabajaba en una guardería de Beaver pero perdió su empleo por la pandemia. “No es justo, pero tenemos que mantenernos sanos. Trump está intentando encontrar una vacuna. Lo estamos esperando”.

La polarización es extrema, y la mayoría de los votantes tiene las cosas claras. Alguno duda. Mike, un electricista de 38 años que trabaja en la planta de Shell, dice estar dividido entre lo que su sindicato le dice que vote (demócrata) y lo que le pide el cuerpo, porque no tiene nada que objetar a la presidencia de Trump. A él, admite, le ha ido bien desde que está en la Casa Blanca. “He hecho mucho dinero en bolsa estos años”, comenta a salir de la obra. “Pero los dos partidos –dice desmotivado– podían haber elegido candidatos menos viejos y seniles”

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¿Es posible un nuevo sindicalismo clasista?

Desde que empezó la ofensiva neoliberal alrededor de 1980, hemos experimentado un cambio drástico en el equilibrio de poder, desde la fuerza de trabajo hacia el capital. A pesar de eso, grandes sectores del movimiento sindical siguen aferrándose a una ideología de la concertación social pensada en tiempos en los que la correlación de fuerzas era completamente distinta.

 

Los sindicatos están a la defensiva en todo el mundo, bajo la enorme presión de poderosas fuerzas económicas y políticas. Enfrentamos una multiplicidad de crisis. Las patronales atacan desde todos los frentes y la pandemia se está usando como excusa para debilitar aún más a los sindicatos, los salarios y las condiciones de trabajo.

Desde que empezó la ofensiva neoliberal alrededor de 1980, hemos experimentado un cambio enorme en el equilibrio de poder, desde la fuerza de trabajo hacia el capital. A pesar de eso, grandes sectores del movimiento sindical siguen aferrándose a la ideología de la concertación social –con el diálogo social como principal método de influencia–, lo cual, en las actuales circunstancias, está demostrando ser contraproducente.

Sin embargo, un número creciente de sindicatos están tomando conciencia de que estamos en una situación crítica y de que tenemos que dar nuevos y audaces pasos para enfrentar a nuestros adversarios. Tenemos que reformar nuestros sindicatos, para convertirlos en instrumentos más eficaces y prepararlos mejor para las confrontaciones por venir.

Falta de discusión

Los sindicatos se oponen a la reestructuración neoliberal de nuestras sociedades. Están unidos contra la privatización y la desregulación de nuestros servicios públicos. Demandan empleos más seguros, mejores condiciones laborales, de salud y de seguridad en el trabajo y una «transición justa» para evitar una catástrofe climática. En general, los sindicatos tienen una lista impresionante de demandas progresistas.

El problema es que esto suele terminar ahí. Hay una ausencia de discusión y de políticas respecto de cómo seguir en caso de y en el momento en que nuestras demandas específicas se adopten y cumplan. Y dado que los procesos económicos, sociales y políticos van mayormente en el sentido opuesto, es importante que también evaluemos nuestras organizaciones, tanto sus debilidades como sus fortalezas.

El desarrollo de nuestras estrategias es un desafío singular. Nuestros objetivos más amplios requerirán transformaciones sociales y económicas profundas, por lo que enfrentamos una lucha basada en el interés. En verdad, es una cuestión de poder. Por lo tanto, necesitaremos más sindicatos que sean capaces de luchar y que estén dispuestos a hacerlo. Tenemos que construir alianzas sociales más amplias. Serán necesarias la movilización masiva de las fuerzas sociales y la solidaridad mutua. Sin embargo, enfrentamos un problema, ya que sectores importantes del movimiento sindical internacional están presos en la trampa del diálogo social.

Otro ámbito de lucha

En la interpretación dominante, el diálogo social se ha convertido en un fin en sí mismo, una forma de avanzar en relación con los empresarios y con los gobiernos. Por supuesto, la posibilidad de hablar cara a cara con los empresarios es importante, pero en sí misma no nos da más poder. Simplemente nos presenta un nuevo ámbito de lucha en el que podemos expresar el poder que ya tenemos. Es la representación de nuestros integrantes, con su habilidad y predisposición para tomar acciones, lo que nos da poder en el «diálogo», como así también en la mesa de negociaciones. No obstante, la ideología de la concertación social se ha distanciado cada vez más de las relaciones de poder de las que surgió.

Nadie critica a los sindicatos por concurrir a reuniones con empresarios. Por supuesto, eso es necesario e importante. Lo que cuestionamos es que se actúe como si el diálogo social fuera el medio principal para ganar influencia. En lugar de humillarse implorando por «un lugar en la mesa», debemos dirigir nuestros recursos y políticas hacia construir sindicatos más fuertes con musculatura en la industria. En la sociedad capitalista de hoy, queda bastante claro que quien no representa una amenaza potencial para los intereses de las empresas, no tiene poder, con o sin diálogo social.

Compromiso de clase

Es muy útil echar un vistazo al origen del diálogo social. Todo se remonta a la institucionalización del compromiso de clase histórico entre la fuerza de trabajo y el capital después de la Segunda Guerra Mundial, con su epicentro en Europa occidental. Este compromiso (no importa lo que opinemos de él) se construye sobre la base del poder. Fue el resultado de un desarrollo histórico muy específico, en el que el movimiento sindical y de trabajadores fue capaz de amenazar los intereses del capital mediante la movilización y la lucha.

El compromiso de clase no fue el resultado de los reclamos a los empresarios, sino de haberles enseñado una lección mediante la acción en las industrias. Los empresarios se interesaron en cerrar un acuerdo con los trabajadores no por ser amables, sino para evitar algo peor, cualquier tipo de socialismo. El compromiso de clase se estableció sobre la base de 50 años de dura lucha de clases. Fue el cambio asociado en las relaciones de poder en favor de la fuerza laboral lo que le dio al movimiento sindical influencia a través de negociaciones tripartitas y diálogo social.

Ahora, dado que las relaciones de poder se han modificado considerablemente en favor de los empleadores, el compromiso de clase ya ha colapsado o está a punto de hacerlo. Con un movimiento sindical y de trabajadores débil, muy a la defensiva, los empresarios ya no están interesados en compromiso alguno, incluido un diálogo social eficaz. Una prueba de la crisis que enfrentamos es que los sindicatos europeos se han reducido en promedio a la mitad durante los últimos 40 años, una embestida contra los sindicatos sin precedentes en tiempos modernos. Confiar en que el diálogo social nos salve en esa situación es como mínimo ingenuo.

Estrategias eficaces

No es difícil entender qué es lo que persiguen los empresarios. Quieren abolir el Estado de Bienestar, privatizar porciones aún mayores de nuestras economías y sociedades y derrotar al movimiento sindical. Para enfrentar eso, necesitamos sindicatos más fuertes que estén dispuestos a desafiarlos. Debemos analizar la coyuntura política presente, desarrollar programas y políticas e idear visiones que puedan crear entusiasmo y optimismo; también generar estrategias eficaces para poder concretarlas.

Pero las relaciones de poder son cruciales: el lugar en la mesa de negociaciones estará disponible tan pronto como los empresarios se den cuenta de que es mejor tenernos ahí antes que en las calles o en los piquetes de huelga.

Fuente: Social Europe.

Traducción: María Alejandra Cucchi

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Migrantes hondureños que intentan llegar a Estados Unidos, en Entre Ríos, Guatemala , 1 de octubre de 2020.Foto: Stringer / Reuters

Al menos 2.000 personas entraron en el país tras romper una barrera de seguridad.

 

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammatte, ha ordenado la detención inmediata de los miles de migrantes hondureños que entraron este jueves en el país en una caravana que pretende cruzar el país rumbo a EE.UU.

Al menos 2.000 personas, incluidos menores y adolescentes, ingresaron a Guatemala la tarde de este jueves, tras romper una barrera de seguridad en la frontera del Corinto, en el departamento de Izabal.

"En medio de la emergencia sanitaria actual, nuestro deber es garantizar la vida de nuestros ciudadanos ante grupos que pueden vulnerar la seguridad y la vida, por lo que se tomarán las medidas junto con Honduras para contener la violación de las fronteras", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Debido a la pandemia de covid-19 y al riesgo que genera la aglomeración de personas para la propagación de la enfermedad, Giammatte declaró estado de prevención por 15 días en los departamentos de Izabal, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso. "Somos respetuosos del derecho humano de migrar, pero no seremos tolerantes de la forma violenta e ilegal de ingresar a nuestro país", aseguró.

Según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), los inmigrantes no presentaron prueba de PCR para descartar que tienen covid-19, incumpliendo así los protocolos definidos para prevenir la propagación del  coronavirus. Asimismo, muchos de ellos no contaban con documentos de identidad o pasaportes, recogen medios locales. 

El Ministerio de Salud Pública de Guatemala reportó este jueves 663 nuevos casos de coronavirus en la última jornada, lo que eleva la cifra total de contagios confirmados a  92.409. La enfermedad ha causado más de 3.200 muertes.

Publicado: 2 oct 2020 01:39 GMT

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Miércoles, 30 Septiembre 2020 05:42

Médicos cubanos, los “esclavos” del siglo XXI

Médicos cubanos, los “esclavos” del siglo XXI

La organización Prisoners Defenders presentó desde 2019, y amplió en agosto pasado, una denuncia ante la ONU y la Corte Penal Internacional contra el gobierno cubano por violar los derechos humanos de los médicos que envía en misiones de asistencia sanitaria a decenas de países. Aunque no hubo tiempo de incluir el caso de la misión que ayudó a combatir la pandemia de coronavirus en México, la agrupación humanitaria afirma que también aquí ocurrieron tales violaciones por la “negligencia” del gobierno de López Obrador. 

MADRID (Proceso).- Los integrantes de la misión internacional de médicos cubanos que ayudó a México a enfrentar la pandemia del coronavirus sufrieron la misma situación de “esclavitud, persecución y actos inhumanos” que padecen otras misiones cubanas de profesionales de la salud alrededor del mundo, denuncia Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders.

Esta organización europea obtuvo testimonios y documentación de muchos de los 585 médicos que componían la misión que estuvo en México entre abril y julio pasados, los cuales evidencian las políticas represivas que les impone el régimen cubano.

“Hemos obtenido la documentación y los testimonios de la misión de México. Hubo varias deserciones, conocemos la circunstancia y también les digo que esos testimonios están esperando”, explica en rueda de prensa virtual el martes 22 para anunciar que su organización amplió el 24 de agosto la denuncia que presentó en 2019 ante la Corte Penal Internacional (CPI) y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el gobierno de Cuba.

Esas pruebas de México, sin embargo, no están incluidas en el proceso de ampliación penal denominado “622 Cuban doctors vs. Cuban Government”, que incluye el testimonio de 622 profesionales de la medicina cubanos en otros 29 ­países.

“No hay ninguno de los testimonios en esta querella de los que participaron en la brigada de México, porque no nos dio tiempo de incluirlos. Aunque son exactamente las mismas circunstancias tan terribles que se han vivido en otros países y que están en la ampliación de la demanda”, dice.

“En México”, prosigue, “se dio una circunstancia particularmente dolorosa y es que el gobierno mexicano gastó aproximadamente 10 mil 700 dólares por médico en los tres meses, pero los médicos recibieron solamente 220 dólares al mes”, ya que el resto lo retuvo el régimen cubano.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó en abril pasado sobre el acuerdo con Cuba para esa misión de apoyo al sistema de salud mexicano para enfrentar la pandemia. La presencia de esta brigada se extendió hasta julio. Su arribo a México no estuvo exento de controversia, porque la mayoría eran médicos generales, no epidemiólogos, denunciaron los colegios de médicos en México.

Larrondo explica que “algunos de ellos lograron escapar. Es una desgracia hablar con ese verbo, escapar, pero es la realidad. Pero debo aclarar una cosa: que AMLO conociera o no conociera estas circunstancias, yo no me atrevo a decirlo. Pero lo que sí me atrevo a decir es que lo debería conocer, porque si una brigada médica (cubana) entra en su país, todas las estructuras médicas y de controles institucionales tienen que actuar.

“Y en ese sentido, si (el presidente) no lo conoce, tiene un problema de negligencia, y si lo conoce, pues ya es más grave. Lo que sí es que en varios estamentos del gobierno mexicano sí hubo una negligencia que ha permitido que se vuelva a reproducir esa situación. Es una negligencia que tampoco quiero atribuir al propio AMLO, y por eso estamos haciendo un llamado para que las naciones eviten esa negligencia”, enfatiza.

Explica que ese llamado es porque más de 50 mil profesionales de la salud cubanos cada año sufren la confiscación de 85% de sus salarios en el exterior, con unos beneficios anuales de 8 mil 500 millones de dólares, tres veces los ingresos que Cuba recibe por el turismo.

En la actualidad hay entre 5 y 10 mil profesionales de la medicina cubanos imposibilitados de volver a su país para reunirse con sus familias porque, al haber desertado, se les considera “traidores a la patria” y se les impide regresar a la isla al menos durante ocho años, sostiene Larrondo.

La acusación

El 8 de mayo de 2019, Prisoners Defenders denunció las misiones médicas de Cuba por esclavitud, persecución y otros actos inhumanos ante la ONU y la CPI, con base en hallazgos publicados en 2010, cuando el British Medical Journal publicó las condiciones de esclavitud de la misión en Portugal, denunciadas por el Colegio de Médicos de este país.

Otro antecedente fue del Estudio Periódico Universal de Cuba, publicado en 2018 por la ONU, en el que se documentan los mecanismos coercitivos que se imponen a estas misiones.

En respuesta a la denuncia de la organización, la ONU emitió el 6 de noviembre una Carta de Comunicación Acusatoria por esclavitud y trabajos forzados a Cuba. Posteriormente, el 16 de julio de este año, Human Right Foundation liberó un informe que califica esas misiones como “esclavitud moderna” y describe otros hechos perturbadores.

El 23 de julio Human Rights Watch emitió otro informe que destapa la restrictiva legislación oficial que Cuba aplica a dichas misiones.

La ampliación de la denuncia desglosa pormenores de este entramado legal y también presenta pruebas de que estas prácticas han hecho que 50% de la balanza exterior de Cuba provenga de la retención de los sueldos de esas misiones, lo que representa tres veces el turismo por medio de la apropiación de una media de 85% de los salarios de los profesionales cubanos que pagan los países receptores.

Destaca el caso de países que hacen importantes aportaciones económicas, como Noruega, que subvenciona a Cuba en la misión de Haití; Luxemburgo, que paga la totalidad de la misión en Cabo Verde, o Portugal, que paga la misión de Guinea Bissau a través de fondos de la Unión Europea.

Prisoners Defenders critica que, aparte de la subvención para esas misiones, no hay control o evaluación de las condiciones de los profesionales.

La lista de esas misiones que analiza la organización abarca 29 países, ocho en África más Arabia Saudita y 14 Estados latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia.

Entre las pruebas aportadas está la flagrante violación de los derechos humanos de esos trabajadores, a los que el gobierno cubano les impide portar su pasaporte o su título académico.

Entre los convenios presentados en la denuncia destaca el firmado con Guatemala, que impide trabajar a cualquier médico cubano que se haya desligado de cualquier misión cubana, durante o después de la vigencia del acuerdo en territorio guatemalteco. Pero también la legislación cubana los coloca bajo duras restricciones en su vida económica, personal, social, íntima –no se pueden vincular con una pareja del país al que asisten– e incluso marital de esos trabajadores.

“Traidores a la patria”

Prisoners Defenders sostiene que los trabajadores de las misiones que desertan viven una separación forzosa de sus hijos, provocando una ruptura del círculo familiar. Hasta ahora tiene documentado que hay entre 5 mil y 10 mil padres cubanos que sufren esta separación de hasta ocho años; sin embargo, esta circunstancia la han enfrentado más de 40 mil familias cubanas.

El código penal cubano impone una pena de ocho años de prisión para el funcionario o empleado destinado a una misión en el extranjero que la abandone o que la cumpla pero que no vuelva a la isla. Pero cuando no pueden ejecutar la pena, el Consejo de Estado los cataloga como “traidor a la patria” e “indeseable” por al menos ocho años prorrogables. La legislación migratoria define a los indeseables como “inadmisibles”, lo que supone el impedimento para entrar al país y a sus familiares para poder salir, sostiene la denuncia, a la que este medio tuvo acceso.

Es el caso de Manoreys Rojas, licenciado en traumatología y ortopedia, que formó parte de la misión en Ecuador entre julio de 2014 y noviembre de 2015, tras de lo cual se desligó de la misma y no regresó a la isla. Fue considerado “traidor a la patria” y no se le permite la entrada a pesar de los múltiples esfuerzos que ha hecho.

En febrero de 2018 Rojas viajó a la isla de forma apresurada al ser informado que su hija había intentado suicidarse. “Viajé a La Habana, pero en el aeropuerto me aislaron durante 10 horas y no me permitieron entrar por haber abandonado la misión ni me permitieron hacer una llamada telefónica ni tener contacto con mi familia”, dice en su relato.

Contó que el diagnóstico de su hija es que sufre un transtorno de la personalidad histriónica, derivado de la ausencia parental. “Yo no estoy ausente de la vida de mis hijos y mis padres por voluntad propia, sino porque no me permiten que los visite ni que ellos salgan”, señala.

Cuando Rojas viajó a Ecuador lo mandaron como profesional en un programa de rehabilitación para el cual no estaba preparado, “pero era la única vía de escape de Cuba y de tener una salida económica”.

Al igual que 75% de los profesionales incluidos en la ampliación de la demanda, a este médico lo enviaron antes del viaje a tomar un curso del Partido Comunista para reforzar los principios de la revolución. “También nos piden que hagamos trabajo político en los países a donde vamos. Por ejemplo, a mi misión se nos exigía apoyar al gobierno de Rafael Correa”. En el caso de Venezuela, según otros testimonios, incluso los instruyen a tomar las armas en apoyo al gobierno bolivariano en caso necesario.

Desde que abandonó la misión ha gestionado dos visas humanitarias para reunirse con sus familiares, pero se las han negado sin mayor explicación.

El gobierno cubano, dice, “ha amenazado a mi madre porque yo sigo denunciando mi situación y presiono a través de las redes sociales”. Asegura que el gobierno de la isla obligó a la doctora que atiende a su hija a “mentir en el resumen del historial clínico que se presentó para solicitar la visa humanitaria”.

El caso de Leonel Rodríguez, profesor universitario y médico internista, está entre los 622 testimonios que incluye la ampliación de la denuncia. Él estuvo en Guatemala entre 2010 y 2012, y posteriormente en Ecuador entre 2015 y 2018.

Relató que, llegando a la misión, el gobierno le confiscó su pasaporte como al resto de la delegación, “lo que nos significaba muchas dificultades para la movilidad, incluso en el sitio donde vivíamos.

“El convenio entre Cuba y Guatemala”, dice, “estaba diseñado para recibir un pago de 11 mil quetzales, de los cuales nosotros sólo recibíamos 3 mil, pero de éstos nos quitaban otros mil 340 y solamente nos dejaban mil 660 para sostenernos. En Ecuador fue igual, el convenio pagaba 3 mil 800 dólares y nosotros sólo recibíamos 800. Y si había alguna eventualidad para volver a la isla, lo teníamos que pagar de nuestro bolsillo”, describe.

Relata que el régimen cubano incluye “a miembros de la Seguridad del Estado en las misiones como si fueran profesionales de la salud, que van para controlar a los integrantes de la delegación. Nos teníamos que encerrar a las seis de la tarde. Y entre los compañeros vigilándose unos a otros, estábamos obligados a informar de cualquier actividad sospechosa de otros compañeros, so pena de ser sancionados nosotros mismos”.

Rodríguez explica lo mismo que describe la denuncia: que por la legislación cubana están obligados a expresar su “repudio” contra quienes se saltan las normas. Describe la incomodidad de que “a quien violara lo que estaba establecido, se le tenía que hacer un repudio abierta y públicamente, a veces a amigos, y todo mundo tenía que hacerlo con el dolor del alma; era por fuerza, si no, había represalias”.

Al igual que Rojas y la mayoría de los enviados, afirma que se les obliga a llevar a cabo actividades de proselitismo político a favor de Cuba y de los gobiernos de países amigos, como Venezuela.

“Yo deserté porque había sido muy crítico con el manejo de la misión, en especial con la alteración de estadísticas –tema que se repite en los testimonios–. Yo lo critiqué mucho, me oponía y me amenazaban con regresarme a Cuba, recibía agresiones verbales”, describió el médico internista, quien desde entonces está separado de sus cuatro hijos, incluida la menor de 16 años, con retraso mental y a quien le afecta mucho la ausencia paterna.

Por Alejandro Gutiérrez 29 septiembre, 2020

Reportaje publicado en el número 2291 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 27 de septiembre de 2020.

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Salario Cero: El "valor" del Salario mínimo, Bono Alimentación y Pensión es esquivalente a 0.88$ mensuales

29 de septiembre de 2020.- El salario mínimo en Venezuela, establecido en Bs 400.000 llega al valor de cero literalmente. El equivalente de esta cantidad  es de 0,88 dólares mensuales, según la cotización de la moneda estadounidense para este 29 de septiembre.

Muchas han sido las voces que se levantan en contra de este duro golpe que ha recibido la clase trabajadora en Venezuela, en la que millones de empleados públicos se encuentran literalmente despedidos de manera indirecta y que se expresan en las redes sociales.

"La desaparición del salario es la destrucción del trabajo como hecho social, lo que ocasiona a la par de la miseria y el hambre, la desestructuración de la sociedad toda. Por eso en los hospitales el déficit de enfermeras, en las escuelas y liceos el déficit de docentes y así en cada institución se puede notar las consecuencias del despido indirecto y masivo de los trabajadores de la administración pública nacional", así lo manifiesta Zuleika Matamoros en su cuenta twitter. Matamoros es integrante de la organización política Marea Socialista quienes an introducido un recurso de amparo ante el TSJ exigiendo el cumplimiento del Art. 91 de la Constitución de la  República Bolivarina de Venezuela.

Artículo 91 "Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento".

Así, los bonos de alimentación y el "valor" de la pensión es de esta suma que no cubre tan siquiera 1Kg de harina de maiz. Lo que ha traido como consecuencia el exponencial empobrecimiento de la población. Ante el silencio de las centrales obreras, las redes sociales han servido de medios de difusión del descontento ante tal situación.

"Ya como todos sabemos 1$ vale más q todo el salario d un venezolano en 1 mes,si la gente, el pueblo se queja o protesta salen los ultra borregos a decir que: 1.-  Esos son escuálidos 2.-  Es que estamos bloqueados 3.-  Están dividiendo 4.-  No dicen nada. ¡Bueno todos a luchar por nuestro salario!" Así lo expresó Jesús Superlano quien se indentifica en la red social twitter como Diputado del estado Lara, revolucionario, contra el reformismo y la burguesía revolucionaria.

"Todo trabajador merece una justa remuneración para poder cubrir sus gastos y los de su núcleo familiar, y eso lo dice la Constitución en su Art.91, el salario debe cubrir la Canasta Básica Familiar"  Expresó Whirmelis Villalobos quien es periodista egresada de la LUZ

Solo basta revisar un poco el twitter para enterarse de la opinión de trabajadores que se an visto en la obligación de emigrar hacia otras actividades económicas de la mermada economía informal para poder darle alimento a sus familias.

Mientras el valor del salario mínimo en Venezuela es de 0,88 dólares para este 29 de septiembre. El valor de la Canasta Alimentaria para el mes de agosto, según CENDA es equivalente a 177 dólares. Mientras que CENDAS FVM ubica la Canasta Alimentaria para el mismo periodo en 270$. El valor de la Canasta Básica se calcula al doble del valor de la Canasta Alimentaria.


Ya como todos sabemos 1$ vale más q todo el salario d un venezolano un 1 mes, si la gente, el pueblo se queja, o protesta salen ls ultra borregos a decir que:

1 Esos son escuálido

2 Es que estamos bloqueados

3 Están dividiendo

4 No dicen nada

Bueno todos a luchar por nuestro salario

Por: Aporrea | Martes, 29/09/2020 09:25 AM

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"Sé tu propio jefe y define y planifica tu horario", anuncia Amazon su trabajo de repartidor. Pero Carolina cuenta que luego el exceso de repartidores hace que "cazar" un "bloque" (un conjunto de paquetes para entregar) te lleva a estar "todo el día pegada al móvil" EFE

Javier, Carolina y Luis trabajaron para Facebook, Amazon y Uber. Son tres historias de escasos derechos laborales en el seno de algunos de los mayores gigantes de internet. Porque lo nuevo no es necesariamente novedoso y la precariedad ya estaba inventada; la tecnología solo la enmascara

 

La tecnología atraviesa cada vez más nuestras vidas. Pedimos comida, compramos regalos, escuchamos música e incluso ligamos a través de una pantalla. Miles de empresas hacen negocio prestando esas facilidades y se han convertido en enormes corporaciones que despliegan en todo el mundo sus plataformas a través de Internet. Detrás, o más bien en lo bajo de estos gigantes tecnológicos, siguen trabajando personas que quedan invisibilizadas por la facilidad del clic.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido del peligro de crear "jornaleros digitales", con prácticas laborales más propias del siglo XIX, pero bien empaquetadas con un envoltorio de modernidad. España está a la vanguardia en la expansión del trabajo en plataformas digitales, como el país con más trabajadores (18%) y donde más se incrementaron de 2017 a 2018, según un reciente estudio para la Comisión Europea. Pero, ¿cómo trabajan los obreros de los algoritmos? Javier, Carolina y Luis nos cuentan sus experiencias en tres de las mayores multinacionales tecnológicas: Facebook, Amazon y Uber.

"700 euros al mes" para los moderadores de Facebook

Sus ojos son la barrera para que no circulen violaciones, asesinatos y otros abusos en la red social con más usuarios del mundo, Facebook. Ven esas imágenes para que 2.500 millones de usuarios no tengan que hacerlo. Son los moderadores de contenido del gigante creado por Mark Zuckerberg, que analizan cuáles incumplen las normas para ser mostrados en Facebook. Un total de 15.000 personas con la mirada clavada en un ordenador. "Cobraba 700 euros netos al mes por ocho horas de trabajo en Varsovia. La meta era revisar unos 500 perfiles al día", cuenta Javier, un exmoderador subcontratado a través de Accenture.

El cargo suena "muy cool", dice con ironía el trabajador, que pide no revelar su nombre real. "Data analist. Tuvimos dos semanas de formación pagadas, no nos exigían titulación", relata Javier sobre lo vivido en la oficina de la capital polaca. Fuentes de Facebook explican que los moderadores están repartidos "en más de 20 sitios en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Polonia, España y Portugal". En los últimos años están invirtiendo además en "inteligencia artificial", para que sean algoritmos y no personas los que detecten estos contenidos dañinos.

Con un total de 35 minutos de reposo en toda la jornada, "evidentemente comía ante la pantalla del ordenador", sostiene Javier. Frente a sus ojos, un chorreo constante de vídeos, fotos, perfiles y comentarios sobre los que los moderadores deben decidir en unos 30 segundos: si eliminan el contenido o ignoran la denuncia. Ser lento o equivocarse impide cobrar el plus de objetivos, que solo reciben con "un 98% de calidad" en su trabajo. El sistema "es muy precario, se necesitaría más gente para poder decidir con más tiempo", lamenta el antiguo trabajador. El contenido puede tratarse de insultos y perfiles suplantados, pero también otros de gran impacto psicológico. "Ves mucha mierda. Porno, violencia… Cosas brutales. Nadie aguantaba más de dos años".

Accenture ponía a disposición de los empleados una psicóloga en su oficina. El apoyo psicológico es un requisito que exige Facebook "para asegurar el bienestar" de estos trabajadores, sostienen en la red social. "Yo nunca fui, no me inspiraba confianza. Había trabajado con los marines de EE UU y creía que era una chivata, que quería ver quién estaba desmotivado, si criticabas al jefe… Había compañeros que veían cosas muy fuertes, sobre todo en el mercado árabe, que sí iban", explica Javier.

El secretismo y las severas medidas de control marcaban el día a día del moderador en Varsovia. "Estaba prohibido hasta sacar el móvil del bolsillo. En cada equipo, había un topo que informaba a los superiores. Teníamos cámaras y una tarjeta de acceso que utilizabas todo el rato. Para ir de mi escritorio a la cocina tenía que pasarla, para ir al baño e incluso para llamar al ascensor". Todas las persianas estaban completamente bajadas para que no se pudiera ver nada desde el exterior. "En el contrato firmas confidencialidad por dos años, no puedes decir en lo que trabajas ni a tu familia. Pareces un espía de la CIA", bromea Javier.

Aunque con 700 euros al mes podía vivir por su cuenta en Polonia, Javier confronta el modesto salario de la plantilla encargada de esta función de control clave para Facebook con los beneficios millonarios de la red social. En 2019, ganó casi 17.100 millones de euros. En Facebook afirman que trabajan "en estrecha colaboración" con sus socios "para asegurarnos de que proporcionen el pago y las prestaciones que lideran la industria". En Accenture se limitan a decir que ofrecen "una remuneración competitiva" en todos los mercados. "Yo lo peor que vi son personas decapitadas y un señor mayor violando a un niño", recuerda Javier. "Piensas: a lo mejor tendrían que pagar más por ver esta mierda".

Pegada al teléfono para "cazar" repartos de Amazon

Viernes tarde. Llega la "cacería". Carolina, como en plena competición, no se separa del móvil. Refresca una y otra vez la aplicación de Amazon Flex hasta que, por fin, "caza un reservado", lo que llaman un "bloque" de trabajo garantizado la semana siguiente repartiendo paquetes para el gigante del comercio electrónico. "Ya pillar un bloque a estas alturas es muy complicado. Somos muchas personas para la cantidad de bloques que hay. Ahora casi solo trabajamos lo que nos ofrecen los viernes", explica esta venezolana que, como tantos otros compatriotas, vino a España a rehacer su vida.

La retórica del anuncio parece atractiva. "Sé tu propio jefe y define y planifica tu horario", se publicita Amazon Flex. El horario flexible y la facilidad para comenzar a trabajar fue lo que llevó a Carolina a repartir paquetes con su coche. Solo tenía que hacerse autónoma, descargarse la aplicación de la compañía y subir ahí los documentos que pide la multinacional, como el alta en la Seguridad Social y un certificado de ausencia de antecedentes penales. "Lo hice todo por Internet, nunca me vi con ninguna persona de Amazon", cuenta.

Una vez Amazon valida la cuenta, estos repartidores autónomos ya pueden recoger en sus estaciones las cajas de cartón con la famosa sonrisa. La multinacional no facilita información sobre el número de personas que reparten de este modo. Fuentes de Amazon se limitan a circunscribirlo a "un pequeño porcentaje de autónomos que colaboran con nosotros". Por su experiencia, Carolina sostiene que autónomos hay muchos, pero no tantas horas de trabajo: "Antes era más fácil, yo hacía el máximo de seis bloques de cuatro horas a la semana. Ahora con suerte hago tres bloques".

Carolina agradece "no tener jefe y no estar esclavizada a un horario fijo". Los limitados ingresos que genera y la incertidumbre continua de si conseguirá repartos la abocan sin embargo a estar "todo el día pegada al móvil intentando cazar horas". Al final, reconoce, "yo misma acabo trabajando más horas". Con un calendario laboral de "lunes a lunes", Carolina reparte por su cuenta para Amazon Flex, a través de la empresa Paack, que también tiene asignados envíos de la multinacional estadounidense, y con Deliveroo por las noches y los fines de semana.

"Ahora puedo hacer unos 700 euros quincenales, trabajando todo el día con todas las aplicaciones", explica Carolina. De ahí tiene que restar la gasolina, el pago de la cuota de autónomos y otros gastos. Amazon cerró 2019 con un aumento de sus beneficios del 15%, hasta los 10.678 millones de euros. "El tema es que Amazon no te garantiza el trabajo. Si lo hiciera, sería genial", dice la venezolana, que tiene que cortar ya la conversación. Va a repartir a primera hora para Paack y luego ha logrado pescar un bloque en Amazon Flex de cinco y media a nueve y media. "De ahí me voy a repartir con Deliveroo, Llegaré... a las once y media de la noche", calcula. "Hay que buscarse la vida".

El precario "salvavidas" de trabajar sin papeles en Uber

"Mal que bien Uber ha sido una ayuda para nosotros, los emigrantes que llegamos a España". Luis trabaja como repartidor de Uber Eats, la plataforma de comida a domicilio de la multinacional estadounidense Uber. Durante meses lo hizo pese a no tener permiso de trabajo. Llegó como turista, pidió asilo y obtuvo la famosa tarjeta roja que se concede a los solicitantes de protección internacional mientras la Administración resuelve sus expedientes. El documento les permite residir en España, pero durante seis meses no pueden trabajar, algo muy criticado por organizaciones humanitarias. "De algo tenemos que vivir", destaca el repartidor.

"Amigos venezolanos me hablaron de Uber". Luis no sabe cómo funciona el sistema, pero sí que hay "un vacío" por el que los migrantes sin papeles pueden repartir para la multinacional. A veces funciona de manera informal entre los repartidores, mediante el préstamo de sus licencias. "Cuando llegó mi primo al principio le dejé la mía de Uber", cuenta.

En otras ocasiones, existe un sistema más sofisticado. "Hay dueños de flotas en Uber con las que puedes repartir sin estar dado de alta. El responsable de la flota no te pide papeles, trabajas como una extensión de su cuenta y luego le pagas un porcentaje pequeño de lo que ganas", cuenta Luis.

Uber Eats asegura en su web que exige a los repartidores su identificación, el alta a la Seguridad Social como autónomos e, incluso, según el territorio, el certificado de antecedentes penales. eldiario.es ha preguntado a la multinacional sobre los repartidores sin papeles dentro de la plataforma, pero la compañía no ha respondido. Uber irá a juicio en Madrid este año tras una investigación de la Inspección de Trabajo que detectó a decenas de trabajadores sin permiso de trabajo y que concluyó que los mensajeros eran falsos autónomos.

Luis trabaja "de lunes a lunes" y saca unos "500 euros semanales" a los que tiene que descontar la cuota de autónomos, gasolina e impuestos. "Pensaba en un autónomo e imaginaba a un empresario, pero no eres un empresario cuando llega el trimestre y quieres salir corriendo porque no te llega", dice riendo. Pese a las duras condiciones, "Uber ha sido una ayuda, no sé qué habríamos hecho todas estas personas sin este trabajo", resuelve el venezolano. "La necesidad de uno es trabajar".

Lo nuevo no es necesariamente novedoso, vino a decir un abogado laboralista en un juicio contra la multinacional Deliveroo respecto al empleo en las empresas y plataformas digitales. La explotación laboral, falta de seguridad de los trabajadores, los bajos salarios y los falsos autónomos existían antes y lo hacen ahora, pero la tecnología permite a veces camuflar el rastro de los responsables.

Carolina dice que no tiene jefes, pero varios días ha cargado más paquetes de Amazon de los que le gustaría en su coche. "Es que, si no lo hacía, los supervisores me querían abrir una incidencia y a la tercera no puedes repartir más. No puedo permitírmelo, necesito el trabajo".

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Vendedor ambulante de gasolina en la ciudad de Maracaibo. VENEZUELA AFP, LUIS BRAVO

Venezuela, el otrora emporio petrolero, se ha convertido en el país con la población más pobre de América del Sur. Para millones de personas, la vida cotidiana es un drama que apenas deja espacio o fuerza para temas que, como la política, aparecen como sofisticados y distantes.

 

Natalia es trabajadora doméstica, Hilario es fontanero y Gladys es empleada en un salón de belleza. De las 14 millones de personas que trabajan en Venezuela, ellos son parte del 58 por ciento que labora en el sector informal de la economía: en cada jornada deben «resolver el día», y la cuarentena por la pandemia de covid-19, impuesta desde marzo, no ha hecho sino agravar penurias y preocupaciones que venían de antes.

«Hay que salir a resolver. Si no trabajo, no como, y si no nos mata el virus, nos mata el hambre», dijo a Brecha el cincuentón Hilario, en tono grave, como si acabara de inventar la frase, repetida como un mantra en incontables realidades de los países del Sur. Es el sostén principal de una familia de nueve miembros, con tres generaciones entre madre, tío, esposa, cuñada, hijos y ahijado.

SALARIO

La familia vive en las afueras de Caracas y se sostiene con el ingreso de Hilario, empleado en una ferretería por el equivalente a seis dólares mensuales, sus extras como fontanero (unos diez o 12 dólares cada fin de semana, si aparecen trabajos) y la esporádica venta de limones y huevos de algunas gallinas que mantienen las mujeres de la casa.

El salario mínimo oficial en Venezuela equivale, al despuntar de agosto, a 1,50 dólares mensuales, más un aporte estatal por alimentos de otro 1,50. Con tres dólares se puede comprar un quilo de carne o de queso, o tres quilos de harina de maíz, o un cartón con 30 huevos, o medio quilo de café… Obviamente, ya ningún trabajador se conforma con ese sueldo, pero la mayoría no gana mucho más: es la base de la escala salarial en la administración pública (un maestro y una enfermera pueden llegar a ganar tres o cuatro salarios mínimos) y el monto mensual que se entrega a los pensionados.

Esos números pueden contrastarse con el costo de la canasta alimentaria básica para una familia de cinco personas, que en junio alcanzó un valor de 200 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, una oficina de asuntos laborales que hace esa medición mensual desde hace más de una década. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estimó que al cierre de 2019 un tercio de la población de Venezuela –9,3 de sus 28 millones de habitantes– estaba en situación de inseguridad alimentaria y necesitaba asistencia.

COMIDA

Natalia tiene 44 años, dos hijos y dos hijas, de entre 12 y 22 años. Los padres de los muchachos –uno mecánico, otro albañil, ambos ya separados de ella– se fueron a Colombia y Ecuador. Ella hace trabajo doméstico a destajo. Antes de la covid-19, laboraba para cuatro familias distintas, en diferentes días, por una paga equivalente a entre dos y tres dólares diarios, más la comida. Ahora, con el temor de sus clientes al contagio, sólo dos casas la llaman, con menos frecuencia. Dos de sus expatrones la ayudan con algo de efectivo y alimentos.

Es beneficiaria de un programa de bonos con el que el gobierno auxilia a familias pobres, generalmente equivalente al ingreso mínimo mensual. También lo es de la bolsa de alimentos (harina, pasta, arroz, azúcar, aceite, granos, a veces pollo o leche en polvo) que el gobierno vende a las clases populares con un 80 o un 90 por ciento de subsidio. Recibe esa bolsa, llamada Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), cada 30 o 45 días y consume el contenido en diez o 12 días.

«Tengo miedo de que pasen semanas y meses, y esto siga, sin poder conseguir comida; de que mis hijos se desesperen y den algún mal paso; de que alguno se enferme con ese virus. No tenemos ningún seguro, los hospitales públicos no sirven, no podemos comprar medicinas, mi hijo menor no tiene zapatos…», nos dijo.

En la casa de Natalia se come carne, de segunda, una vez a la semana o cada 15 días. Los huevos son la principal proteína. La arepa (un bollo de maíz, emblema nacional) con margarina, plátanos fritos, pasta y algo de queso o granos con arroz es lo más usual. La Federación de Ganaderos señala que el consumo de carne per cápita en Venezuela era de 20 quilos al año en la década pasada y ahora se ha reducido a ocho.

AGUA

Natalia alquila una casita a medio construir en un barrio de viviendas informales, muchas insalubres, en la ladera de un cerro en el noroeste de Caracas. Tiene tubería para el agua, pero el líquido llega unas pocas horas… al mes. Sus hijos varones bajan y suben por la ladera varias veces por semana para llenar unos bidones en alguna casa afortunada, la que ese día haya recibido el servicio en el vecindario.

Según datos oficiales y del Programa Mundial de Alimentos, el 96 por ciento de la población venezolana tendría acceso al agua potable. Pero una coalición de ONG ambientalistas se dirigió al organismo a fines de 2018 para pedirle una rectificación: hay tuberías, pero el estado calamitoso de los acueductos, las plantas de tratamiento y los sistemas de distribución, y los cortes de electricidad, que impiden bombear el agua, hacen que el servicio corriente llegue sólo al 18 por ciento de los hogares.

LUZ

Gladys atiende un salón de belleza en Maracaibo, la calurosa capital petrolera de Occidente. Con la cuarentena casi no llegan clientas, y a menudo un apagón impide prestar el servicio. Ya casi no tiene ingresos. En su familia –de padres ancianos, un hermano que trabaja en la contaduría y una hermana que es madre soltera de dos pequeñuelos–, hacen malabares con la bolsa CLAP, los bonos y las pensiones, y en ese clima tórrido lidian con los cortes de agua y los apagones súbitos, que funden electrodomésticos, dañan la comida del refrigerador e inutilizan los ventiladores, lo que los obliga a dormir al ras del suelo para soportar el calor. Contó: «Manifestamos muchas veces. Votamos en favor de la oposición, pero eso no ha dado resultado: las autoridades son sordas, la política no resuelve estos problemas. Lo que queda es encomendarnos a la Chinita», como coloquialmente llaman a la virgen de Chiquinquirá, patrona regional del rito católico.

Venezuela tiene una infraestructura eléctrica con una capacidad nominal para generar 34 mil megavatios hora, la mitad de ellos en la gran represa hidroeléctrica de Guri, en el sureste, y una demanda estimada entre 18 mil y 20 mil megavatios hora. Con el desplome de la economía y la cuarentena, la demanda efectiva es de menos de 12 mil, pero aun así no se cubre, dada la inutilización de plantas y redes, deterioradas al cabo de años sin inversión, sin mantenimiento y con corruptelas en las compras y la gestión.

REMESAS

Alfredo Infante, sacerdote jesuita, es párroco de La Vega, una populosa barriada obrera en el suroeste de Caracas. Contó a Brecha: «El año pasado una cantidad importante de personas, hasta de las más humildes del barrio, lograron resistir el impacto de la hiperinflación e incluso comenzaron a independizarse de la CLAP, gracias a las remesas que recibían de los familiares que han emigrado. Esa ventaja se ha caído con las cuarentenas y ahora, con grupos comunitarios, debemos buscar alimentos para auxiliar a las familias que literalmente casi no tienen qué comer».

La proyección oficial del censo de 2011 arrojaba para Venezuela una población de 32,2 millones de habitantes, pero en la actualidad debe de rondar los 28 millones. Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la migración y los refugiados calculan un éxodo de 5,1 millones de personas, sobre todo en los últimos cinco años, con la mayoría de sus integrantes en los estratos económicos bajos y con Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Chile como principales países de acogida, más gente de clase media que fue a Estados Unidos y Europa.

En 2019 casi un tercio de quienes se quedaron manejó algún ingreso en dólares, dijo a Brecha el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica. Las remesas de centenares de miles de migrantes –unos 90 dólares mensuales enviados a sus familias– inyectaron al país unos 3.500 millones de dólares, un flujo que ahora se ha desplomado, en el marco de la crisis global económica y sanitaria.

Un resultado de este fenómeno es que en la actualidad Caracas y otras ciudades muestran burbujas de abundancia, con bodegones que ofrecen alimentos y otros productos importados –después de que en 2018 comenzó a desmantelarse el draconiano control de cambios que rigió durante los 15 años previos–. Pero a esos productos sólo accede una minoría muy reducida que dispone de las divisas para comprarlos y aún soportando la hiperinflación que se desató en 2017.

La inflación en Venezuela fue del 862 por ciento en 2017, del 130.060 por ciento en 2018, del 2.585 por ciento en 2019 (7.980 por ciento en alimentos) –según el estatal Banco Central– y del 508 por ciento en el primer semestre de 2020 –según la comisión económica del Parlamento–. En ese contexto, ni siquiera tener un puñado de dólares –aún con la apreciación constante de la divisa– permite a los más pobres adquirir los productos esenciales.

COMBUSTIBLES

Por el humilde barrio La Peña, en la ciudad de Barquisimeto, nudo carretero y de la agroindustria en el centro-oeste, la semana pasada transitaba un camión cargado con troncos y escombros de desecho. Un piquete de pobladores lo detuvo. El conductor accedió a que los vecinos tomasen los maderos, en medio de algarabía, entre burlas, risas y el grito irónico: «¡Llegó el gas, llegó el gas!». Llevaban semanas sin conseguir cilindros de gas para cocinar y sencillamente alimentaban sus fogones con leña. En algunos edificios residenciales de ciudades de provincia, las parrillas originalmente dispuestas en áreas comunes para hacer asados familiares los fines de semana ahora se usan para cocinar –con leña, por turnos– la comida cotidiana. Venezuela es el quinto país del mundo con mayores reservas de gas y a mediados de la década pasada acarició la idea de tender un gasoducto hasta el Río de la Plata.

La gasolina es un dolor de cabeza, está severamente racionada, en algunos expendios se vende a 50 centavos de dólar el litro y en otros, subsidiada, a 2,5 centavos. Las colas para surtir el parque automotor –reducido de cuatro a 2,5 millones de autos– duran horas en Caracas y días en expendios de provincia. Las refinerías venezolanas, con capacidad nominal para procesar 1,3 millones de barriles (de 159 litros) por día, destilan sólo unos pocos cientos de miles, y el país se abasteció parcialmente en las últimas semanas con importaciones desde Irán (véase en este número la nota «Un cóctel imprevisible», de Ociel Alí López). Pesan las sanciones impuestas por Estados Unidos a los negocios de la estatal Petróleos de Venezuela. Los policías y los militares que vigilan las estaciones de servicio son objeto de denuncias de corruptelas y arbitrariedades, y arrestan a quienes fotografíen o filmen las colas para comprar combustible, incluidos los periodistas.

SEGURIDAD, SALUD…

Hay más problemas en la cotidianidad, como el transporte público, la tramitación de documentos, la recolección de basura, la criminalidad y la inseguridad personal. Infante, que palpa este asunto en la peligrosa barriada donde oficia, expuso que las pequeñas bandas de delincuentes del pasado, «especializados» (ladrones en las puertas de bancos o comercios, carteristas, secuestradores, pequeños distribuidores de drogas), han sido reemplazadas por megabandas que controlan o tratan de controlar, con decenas de integrantes bien armados y ramificaciones en las cárceles, porciones de territorio donde actúan con soltura, dominan a la población y hasta imparten una especie de justicia privada.

La salud era un tema ya antes de la pandemia. Entre quienes migraron hay más de 30 mil profesionales de la salud, según sus gremios. Organizaciones de médicos conducen encuestas en las que se señala que en los principales hospitales no sólo fallan los equipos y faltan insumos y medicamentos esenciales, sino que tienen servicios intermitentes de agua y electricidad. Abundan las historias de pacientes que deben llevar productos como guantes, gasas, algodón, alcohol y hasta jabón y desinfectante para ser atendidos en los hospitales públicos. Y, fulminados los seguros debido a la hiperinflación, en las clínicas privadas los precios son sencillamente prohibitivos.

POBREZA

El panorama general es de pobreza. Una encuesta anual de tres universidades sobre las condiciones de vida, con cuestionarios respondidos por 9.900 hogares, concluyó que Venezuela ya es el país más pobre de América del Sur. Los parámetros de la existencia cotidiana la asemejan a algunos países del África subsahariana.

Si se atiende el criterio de ingresos que pauta el Banco Mundial, que ubica en la pobreza a los habitantes con menos de 5,50 dólares diarios y en la pobreza extrema a los de menos de 1,90 dólares, el 94 por ciento de la población de Venezuela está en la pobreza general y el 76 por ciento en la pobreza extrema. Si, en cambio, se considera la «pobreza multidimensional», que combina ingreso, acceso a servicios públicos, empleo, vivienda y calidad de vida, en 2019 la pobreza alcanzó al 64,8 por ciento de los 6,5 millones de hogares, un salto de más de 24 puntos con respecto al 39,3 por ciento de hogares pobres encontrados en 2014.

El descontento y la conflictividad social están a flor de piel, pero no hay un puente con la acción política. «Reducidas sus condiciones de vida, la gente protesta, pero, a la vez, desarrolla estrategias de supervivencia para resolver su vida diaria y en eso se le van todas las energías. El ejercicio ciudadano de los derechos políticos sucede en las sociedades que tienen un mínimo piso que permite pensar en la política. En Venezuela la supervivencia comporta un gasto de energía muy grande, aunque la situación se mantenga como una bomba de tiempo», opinó Infante.

REPRESIÓN

El 3 de agosto, el activista deportivo Deivis Pacheco grabó y difundió en las redes sociales un video que muestra a bomberos empujando su camión en la ciudad de Valera (centro-oeste), porque el vehículo, debido a la generalizada escasez, se quedó sin gasolina. Por ello fue detenido y está en libertad condicional desde el 5 de agosto, pero quedó procesado con base en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, que integran sólo oficialistas.

El 13 de julio, con base en la misma ley, fue detenido el profesor universitario Nicmer Evans, quien en 2014 rompió con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y ahora lidera el grupo izquierdista Movimiento por la Democracia y la Inclusión. Evans conduce, además, el portal de información y opinión Punto de Corte, con duras críticas al manejo de las políticas gubernamentales en el marco de la pandemia.

Si acciones como estas se desarrollan en el campo de la expresión y la opinión, en el de la vida en las calles y los barrios la situación es mucho más áspera y letal. Un informe que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, presentó en julio de este año dio cuenta de que las fuerzas policiales abatieron a 1.324 personas en operaciones de seguridad durante los primeros cinco meses de 2020, principalmente mediante las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, seguidas de la Policía judicial y la militarizada Guardia Nacional.

«Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja y el gobierno no ha manejado la epidemia como una emergencia sanitaria ni como una oportunidad para apreciar deficiencias en las políticas públicas y emprender las rectificaciones necesarias, a fin de construir un sentimiento de comunidad nacional. En su lugar, prevalece el fin político de controlar la sociedad», comentó a Brecha el sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización de derechos humanos Provea, surgida a finales del siglo XX de la mano de exiliados de las dictaduras del Cono Sur. Según Uzcátegui: «Estamos a tiempo de producir las rectificaciones necesarias, y, aunque el panorama es sombrío, se trata de situaciones impredecibles. La historia de América Latina muestra que los pueblos siempre encuentran la manera de saltar los diques».

Por Humberto Márquezdesde Caracas 
7 agosto, 2020

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Desterrados en París: un drama sin fin para los inmigrantes

El impacto económico de la pandemia obligará a más personas a desplazarse

 Desde que se reabrieron las fronteras hace algunas semanas, inmigrantes de Somalia. Afganistán, Libia, entre otros, llegaron a la capital francesa para terminar amontonados, en su mayoría, en un suburbio del que acaban de ser desalojados. 

 

Desde París

 La primera vez se asustó y se sintió agredido, la segunda salió corriendo, la tercera y cuarta trató de recuperar sus cosas y la quinta, es decir, ayer, dejó que todo ocurriera sin intervenir. Salió de la carpa, fue hasta el bus de la policía y miró desde allí “todo ese absurdo y esa injusticia que nos seguía cortando el camino”. Idil vivió este 29 de julio su quinta evacuación por la fuerza desde que llegó a Francia proveniente de Somalia. Junto a otros 2.000 inmigrantes oriundos de Sudán, Somalia, Tchad, Etiopía o Afganistán Idil se había instalado en uno de los campamentos improvisados que los inmigrantes van montando en la periferia Norte de París hasta que la policía los desaloja y trata de reubicarlos en hoteles y gimnasios de la zona. La víspera, el Prefecto de París, Didier Lallement, les había dado un plazo de “12 horas para abandonar el lugar”. La mayoría se quedaron y a la seis de la mañana el operativo comenzó a orillas del canal Saint-Denis, en la localidad de Aubervilliers

La situación era doblemente nociva: para los mismos inmigrantes expuestos ahora al calor y la insalubridad, y para las autoridades, interpeladas pos los vecinos debido a la suciedad y las peleas entre comunidades distintas. ”De todas formas, no sabemos ni siquiera a dónde vamos a ir a parar. Lo más esencial es que alguien nos ayude porque ya no podemos más”, cuenta Saidi, un afgano con unos cuántos meses de residencia en la calles, primero en París, luego en las afueras. La evacuación es tensa. Hay mucha gente, muchos niños en las carpas, muchos policías y militantes de las asociaciones de protección al migrante (France Terre d'Asile, Solidarité Migrants Wilson), muchos gritos y nervios y miedo e incomunicación. Un destierro sobre muchos otros destierros. Cada respiración es una bocanada de tragedia. De un lado están los buses para los hombres solos, del otro el reservado a las familias. Michel, una militante de la asociación Utopía 56 que asiste a la evacuación, anticipa la crueldad del futuro:” volverán aquí u a otro lugar. Ni ellos tienen donde ir, ni el Estado la responsabilidad y la voluntad de asumir la situación. La gran mayoría de la gente que está aquí regresará a la calle dentro de un tiempo. Es un ciclo infernal”. Michel y otros militantes de France Terre d’Asile y Solidarité Migrants Wilson se apresuran para recuperar los utensilios y las carpas. Hay más de seiscientas (representan unos 10.000 euros) y, en un par de meses cuando llegue el invierno, salvarán unas cuantas idas.

Los inmigrantes son personas muy pobres, perseguidas en sus países, torturadas también, que saltaron al Mediterráneo en un barco cualquiera desde las costas de Libia y se salvaron porque un navío humanitario las rescató. Otros, como en el caso de los afganos, emprendieron un terrorífico viaje a través de Irán, Turquía y Grecia hasta llegar a Francia. Las cosas son ahora peor que antes. La pandemia no arregló el mundo, al contrario. Robert (France Terre d’Asile), desliza una frase que hiere como un latigazo por su carga de lúcida veracidad: "esta gente está más allá de la posibilidad de que algo cambie para ella, incluso si en un mes el liberalismo o las bolsas se vienen abajo. No son ni pobres ni ricos, ni víctimas de la desigualdad de los sistemas. Son las voces del otro lado de la fractura provocada por la improvisación occidental. Siempre los dejarán solos”. Ningún barco humanitario opera ya a lo largo de las costas de Libia para socorrer a los migrantes. Los últimos dos, el Ocean-Viking y el Sea-Watch, fueron, una vez más, víctimas del ardor perverso de los guarda costas italianos. Desde que se reabrieron las fronteras hace algunas semanas, los inmigrantes, sin embargo, continúan llegando para terminar amontonados, en su mayoría, en este un suburbio del que acaban de ser desalojados. 

Las cifras son imparables: durante los dos meses del confinamiento, en las orillas del canal Saint-Denis había unas 200 personas, luego, dos meses después del fin del encierro, ya sumaban 2.300. Su viaje no empieza por mar sino por tierra, a menudo en la frontera entre Irán y Turquía o en la misma Grecia a través de la no menos terrorífica “ruta de los Balcanes” (Turquía, Grecia, Macedonia, Serbia, Croacia, Hungría). Desde allí zanjan todos los peligros que un ser humano pueda imaginar con tal de llegar a un país europeo seguro: los traficantes de personas, las autoridades turcas, las cárceles de Turquía, los robos, las violaciones, las agresiones, la corrupción de los policías de Albania, de Grecia, Croacia, Serbia o Hungría (les roban su dinero, sus pasaportes y sus teléfonos), las denuncias, los malos tratos o la persecución. 

Osmane, un somalí con más de cinco años de residencia en Francia, espera tranquilo sentado en el bus. Cuenta que “los nuevos, los que llegaron hace dos meses, me dan un poco de pena. ¡Han hecho tanto, sufrido tanto para llegar hasta aquí !. Y mirá, mirá lo que les espera”. Osmane es el tango del migrante, la historia que, sin,- que sea contada, se refleja en la absorbente soledad de las miradas: en su caso huyó de Somalia para escapar de las milicias chabab, llegó a Francia, obtuvo los papeles, trabaja, pero nadie le alquila una casa, sea porque no le alcanza “sea porque no entiendo”, dice señalando a un hombre joven, conocido por todos debido a la adversidad de su historia. Es Chenar Gull Nasairi, el afgano. Pasó tres años en Alemania hasta que le negaron el asilo político. Se desplazó a Francia donde, este año, también se le negó el asilo. Aunque Gull Nasairi asegura que en Afganistán los talibanes le pusieron precio a su vida, la Corte Nacional del derecho de asilo no cree ni en su historia, ni en que sea afgano. Ya va por su tercer intento de suicidio. Hay otros ejemplos como él: les rechazan el asilo en Gran Bretaña, en Austria, en Alemania, en Francia y van así, con el correr de los años, probando de un país a otro.

Luis Barda, miembro de Médicos del Mundo, advierte que los flujos serán más importantes porque quienes estaban bloqueados por la pandemia y el cierre de las fronteras “ahora vuelven a los caminos”. Ismail y Faycal son hijos de ese flujo. Estos dos afganos estuvieron bloqueados en Serbia un par de meses y llevan apenas tres semanas en Francia. Recién ahora empiezan a entender que lo peor está por venir. Faycal cuenta con cierta desesperanza: "obtener una cita con la OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) para presentar un pedido de asilo es imposible”. Y hasta que no lo obtenga tampoco tendrá un estatuto, o sea, ayuda mínima. Por eso terminó a orillas del canal Saint-Denis. ”Fue una sorpresa. Después de todo lo que viví y ahora esto, la calle, las carpas, la policía, los periodistas, no sé, no sé…”. 

El traqueteo y el ruido mundial que destapó la covid-19 silenció sus voces, pero su drama continúa siendo como un fino chorro de agua helada que cae sobre el rostro de mundo. Jagan Chapagain, Secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja, anticipa que “el desastre económico de la pandemia y sus efectos devastadores obligarán a muchas personas a desplazarse más allá de sus fronteras. Muchos inmigrantes sentirán que, pese a los riesgos, atravesar el mar será más seguro que permanecer en sus países porque habrá, también, la posibilidad de una vacuna contra el virus”. El canal Saint-Denis recupera su fisionomía. Pero en este paseo al que vuelven los ciclistas ha quedado como un dolor cautivo, una tensión latente. Dentro de unos meses regresarán los inmigrantes, aquí o un poco más al Norte. Volverá la policía, las asociaciones, la palabra y la indiferencia. Ellos están en la frontera de todas las fronteras. Ese lugar donde se acepta la fatalidad sin hacer demasiado para detenerla.

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La Cepal aseguró que el coronavirus podría dejar a casi el 40 por ciento de Latinoamérica en la pobreza

El informe estima que el número de personas en esta situación se incrementará en 45,4 millones en 2020

 

El 37,3 por ciento de toda la población latinoamericana podría verse en situación de pobreza en 2020 debido al impacto de la pandemia del coronavirus, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado este miércoles.

El informe, titulado ‘Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones’, estima que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020, por lo que el total de personas en esa condición pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones este año.

Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementaría en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de personas en 2019 a 96,2 millones de personas en 2020, cifra que equivale al 15,5 por ciento del total de la población.

El documento, presentado por la secretaria ejecutiva del organismo de Naciones Unidas, Alicia Bárcena, plantea que la caída en la actividad económica es de tal magnitud que llevará a que, al cierre de 2020, el nivel del PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea similar al observado en 2010. Esto significa que habrá un retroceso de diez años en los niveles de ingreso por habitante.

“Se prevé ahora un aumento también mayor del desempleo, que a su vez provocará un deterioro importante en los niveles de pobreza y desigualdad”, dijo Bárcena.

En concreto, se espera que la tasa de desempleo regional se ubique alrededor del 13,5 por ciento a final de 2020, lo que representa una revisión al alza de dos puntos porcentuales de la estimación presentada en abril y un incremento de 5,4 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019, un 8,1 por ciento.

Con la nueva estimación, el número de desempleados llegaría a 44,1 millones de personas, lo que representa un aumento cercano a 18 millones con respecto al nivel de 2019, cuando se situó en 26,1 millones de desempleados.

El trabajo destaca que estas cifras son "significativamente" mayores que las observadas durante la crisis financiera mundial, cuando la tasa de desempleo se incrementó del 6,7 por ciento en 2008 al 7,3 por ciento en 2009, es decir, 0,6 puntos.

MEDIDAS

El informe de CEPAL reconoce que los países de la región han anunciado grandes paquetes de medidas fiscales para hacer frente a la emergencia sanitaria y mitigar sus efectos sociales y económicos.

Así, las acciones de los bancos centrales de la región han estado encaminadas no solo a atenuar los efectos de la crisis y sentar las bases para una eventual reactivación, sino también a la preservación de la estabilidad macrofinanciera de las economías.

"Los países de la región han anunciado medidas muy importantes, en la medida que se extiende el confinamiento se requieren esfuerzos adicionales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares", ha señalado Bárcena.

No obstante, ha recordado que CEPAL ha propuesto la implementación de un ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social y varias iniciativas de apoyo a empresas y trabajadores en riesgo, entre otras medidas.

"Para la implementación de cualquiera de estas líneas de acción es necesario fortalecer el rol de las instituciones financieras internacionales de forma que puedan apoyar mejor a los países", ha concluido Bárcena, que también ha aludido a la necesidad de la cooperación internacional en este sentido.

(Con información de Europa Press)

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