Tegucigalpa, 29 de agosto. Alrededor de 30 hombres, mujeres y niños de la etnia lenca de Honduras son los guardianes de la embajada de Venezuela en Tegucigalpa, donde sólo un diplomático se mantiene desafiando la orden de expulsión que hace más de un mes emitió el gobierno de facto.
Leales al presidente constitucional Manuel Zelaya, los indígenas permanecen en la parte exterior de la residencia diplomática, sentados directamente sobre la acera o en rústicas esteras que amortiguan la dureza del piso.
Se les ve bajo un toldo y con una mesa con utensilios de cocina, evidencia de que allí mismo se preparan y consumen los alimentos, para no tener que abandonar la vigilia en ningún momento.
“Estamos aquí por solidaridad con el pueblo venezolano, porque este gobierno golpista (de Roberto Micheletti) quiere expulsar a los compañeros (diplomáticos)”, explicó Juan Vásquez, que actúa de improvisado vocero del grupo.
En realidad en el interior de la embajada sólo se encuentra el encargado de negocios Ariel Vargas, luego que el 21 de julio el régimen de facto ordenó la salida de Honduras de todo el personal diplomático venezolano, en represalia por las críticas del presidente Hugo Chávez al golpe de Estado.
Caracas mantiene a Vargas al frente de la misión diplomática para hacer patente que no reconoce al gobierno de Micheletti.
“Y nos solidarizamos con ellos porque nunca nadie se había solidarizado con nosotros los lencas como Venezuela, a través de la Alba (Alternativa Bolivariana de las Américas)”, explica Vásquez.
Por primera vez ha llegado a las comunidades lencas que habitan la zona occidental de Honduras –Lempira, La Paz, Santa Bárbara y Comayagua– asistencia médica gratuita y de calidad.
“Los médicos venezolanos y cubanos, que forman parte del programa Operación Milagro, han curado a muchas personas, y a otros que lo han necesitado los enviaron a operarse a Cuba o a Venezuela”, afirma Vásquez.
“Otro logro –agrega– es el programa Yo sí puedo, que ha ayudado a alfabetizarse a muchos lencas que no sabían escribir ni leer. Cuando el huracán Mitch” que devastó a Honduras en 1998, “fueron ellos los primeros que llegaron a la zona para ayudarnos”.
Estos son algunos de los programas que el gobierno de Venezuela financió en Honduras, tras el ingreso de este país centroamericano a la Alba hace un año, bajo el gobierno de Manuel Zelaya.
Los lencas quieren el regreso de su presidente, el que dicen que más se ha preocupado por ellos, y están convencidos que más tarde o más temprano regresará.
Asimismo, miembros de las tres confederaciones campesinas de Honduras mantienen ocupado el Instituto Nacional Agrario, una protesta que comenzó días después del golpe militar.
De su lado, el ex embajador hondureño ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Carlos Sosa prepara una resolución para que los 33 países miembros rechacen la celebración de elecciones en ese país mientras continúe la crisis política.
La resolución debe ser asumida por al menos una delegación presente en el Consejo Permanente de la OEA, puesto que Honduras fue suspendida tras el golpe de Estado del 28 de junio. El texto sería presentado el martes, el mismo día en que Zelaya, intervendrá ante los embajadores en sesión especial.
“Estamos redactando un proyecto de resolución que aparte de aumentar la presión sobre la gente del golpe, incluye el desconocimiento de todo proceso electoral que se lleve a cabo bajo la tutela del régimen”, declaró Sosa.
Los países miembros de la OEA condenaron unánimemente el golpe de Estado contra Zelaya, por lo que la resolución tiene todas las probabilidades de ser discutida en el Consejo Permanente.
Su aprobación, sin embargo, debería ser por unanimidad, como acostumbra a proceder la OEA. La resolución expresará su apoyo a las gestión de José Miguel Insulza y la preocupación por la situación de los derechos humanos en Honduras, añadió el ex embajador.
Honduras debe celebrar en principio elecciones presidenciales el 29 de noviembre, aunque la OEA y la comunidad internacional exigen que Zelaya retorne antes para terminar su periodo.
“Bajo un estado de sitio, donde el estado de derecho no existe, estimamos que ninguna elección puede tener validez”, advirtió Sosa.
Una delegación del régimen de facto presente en Washington propuso que Zelaya y el líder del gobierno de facto, Roberto Micheletti, dimitan para que una tercera persona asuma el cargo, confirmó Sosa. Fuentes de la OEA dijeron por su parte que esa delegación se reunió con Insulza el jueves.
Responsables del Departamento de Estado estadunidense también acudieron a la cita, declaró el portavoz Ian Kelly. “Hemos visto la propuesta. Estamos trabajando estrechamente con la OEA. Estamos dejando que la OEA tome el timón sobre esto”, explicó.
Zelaya podría volver al país, pero como simple ciudadano. Sosa precisó, sin embargo, que él no estuvo presente en esa negociación, pero que al ser consultado, como representante de Zelaya en Washington, la rechazó de plano.
“Nosotros no asistimos más a reuniones con delegación alguna de Micheletti”, dijo. Una propuesta para que Micheletti y Zelaya renuncien al poder, que ya fue formulada antes, “nos parece una broma de mal gusto”, explicó.
La presión sobre el régimen de Micheletti crece en la región tras el fracaso esta semana de la misión de cancilleres de la OEA. Estados Unidos anunció que suspendía el servicio de visas para no inmigrantes en Honduras, y adelantó que prepara nuevas sanciones.
El viernes, el gobierno de facto entregó al presidente de Costa Rica, Oscar Arias, una “contrapropuesta” a la Propuesta de San José, el plan propuesto por Arias para lograr la reconciliación en Honduras, anunció la vicecanciller de Micheletti, Martha Alvarado.
En declaraciones a la prensa declaró que no podía divulgar su contenido hasta que sean conocidas en la mesa de negociación.
Sobre la posibilidad de que Zelaya y Micheletti renuncien y se designe a una tercera persona presidente provisional en la línea de sucesión constitucional, lo que en Honduras se ha denominado “una tercería”, Alvarado dijo que “es una de las posibilidades que han estado en el ambiente acá”.
No obstante rechazó de plano que otra de las opciones de la contrapropuesta sea la constitución de una junta de gobierno designada por consenso, que se mantenga en el poder un año hasta la elección de un nuevo gobierno, como dijo Porfirio Lobo, candidato presidencial del Partido Nacional.
Micheletti dijo estar dispuesto a renunciar al gobierno por la paz, y mantuvo invariable su posición de que Zelaya no debe volver a la presidencia, y que al menos por un año no podrá retornar al país.
Sin embargo, fuentes de la OEA han dicho que el regreso de Zelaya a la presidencia es una condición no negociable en cualquier escenario de solución para la crisis de gobierno en Honduras.
Nueva York, 11 de enero. La elección de Barack Obama, cambios demográficos y generacionales en Miami, y el traslado del poder pacífico y exitoso en La Habana han generado expectativas de un cambio en la política estadunidense hacia Cuba por primera vez en 50 años.
El presidente electo y algunos de sus asesores, además de una amplia gama de expertos y ex políticos, indican que habrá una nueva disposición, y hasta tal vez motivación, para modificar la política bilateral hacia la isla este mismo año.
En el sitio de Internet de la campaña presidencial de Obama se prometía que “en el caso de Cuba, se otorgargá poder a nuestros mejores embajadores de libertad al permitir viajes y remesas a la isla ilimitados de familias cubanoestadunidenses. El empleo de diplomacia intensiva y de principios también (un presidente Obama) enviará un mensaje importante: si un gobierno pos Fidel da pasos significativos hacia la democracia, empezando con la liberación de todos los prisioneros políticos, Estados Unidos está preparado para dar pasos que lleven a normalizar las relaciones y aflojar el embargo que ha gobernado las relaciones entre nuestros dos países durante las últimas cinco décadas”.
Además, Obama no se retractó, a pesar de severas críticas durante la campaña, de abrir un diálogo sin condiciones con líderes de regímenes “enemigos”, donde incluyó a Raúl Castro.
Para los principales expertos en la relación, la política estadunidense hacia Cuba, formulada en gran medida por Miami, comprobó su fracaso cuando Fidel Castro trasladó el liderazgo del gobierno a Raúl Castro y un equipo de dirigentes, dejando a Washington y al exilio en Miami reducidos a meros espectadores. El consenso entre los principales centros de análisis y los grandes medios es que Washington, por su propia política, se marginó en esta transición.
En un informe recientemente emitido por el influyente centro de análisis de políticas Brookings Institution se afirma: “si uno compara resultados a objetivos declarados, la política estadunidense hacia Cuba podría ser el fracaso más grande en la historia de la política exterior estadunidense. Después de un embargo de casi cinco décadas y varios intentos para aislar y minar el régimen de Castro, Fidel ha entregado el poder a su hermano Raúl. Hoy, Estados Unidos tiene pocas palancas para promover el cambio en Cuba. De hecho, Cuba goza de relaciones normales con virtualmente cada país del mundo más allá de Estados Unidos”.
Julia Sweig, experta en la relación bilateral y directora del programa de América Latina del Consejo de Relaciones Exteriores, subrayó que en esa coyuntura que Fidel Castro logró “manejar su propia sucesión”, y “lo está haciendo pacíficamente”, negociando la expectativas y sentando las bases para la próxima etapa de la vida política de la isla. Eso comprobó, dijo, que desde hace tiempo se debería de haber levantado el embargo y otras restricciones, las cuales sólo han limitado la política exterior estadunidense justo en esta coyuntura.
El ex coronel Lawrence Wilkerson —mano derecha del general Colin Powell y ahora copresidente de la Iniciativa de política EU-Cuba de la Fundación Nueva América– consideró que esa coyuntura ofreció una apertura para cambiar la política estadunidense, pero fue desperdiciada comprobando que “nuestra política hacia Cuba es un fracaso”.
Wilkerson, junto con Patrick Doherty de la Fundación Nueva América, indicaron recientemente que un cambio en la política hacia Cuba sería la manera más inmediata, y relativamente fácil (dada la complejidad de otros asuntos exteriores) para que el nuevo presidente envíe una señal al hemisferio de un cambio en la política exterior de Washington. “Nuestra política hacia Cuba es un obstáculo para lograr una nueva relación con las naciones de América Latina” afirman, y señalan que sólo con el fin del embargo se podrá generar una relación más cercana con la región para abordar toda la gama de problemas conjuntos del hemisferio.
Así, con el fin del régimen de Bush, analistas e intelectuales de la cúpula política recomiendan una nueva política bilateral expresada en varios “grupos de trabajo” en diversos think tanks. Por ejemplo, un grupo destacado de ex dirigentes políticos y diplomáticos de la Brookings Institution propone que el próximo gobierno en Washington anule partes centrales de esta política, incluyendo eliminar todas las restricciones de viajes a Cuba y envío de remesas, suspender todos los elementos del bloqueo de comunicaciones, sacar a Cuba de la lista oficial del Departamento de Estado de países patrocinadores de terrorismo y ampliar relaciones a todos los niveles, incluyendo el oficial entre ambos gobiernos.
El presidente electo Barack Obama –quien en 2003 como candidato al Senado abogó por levantar el embargo– se atrevió a declarar durante su campaña en un foro en Miami patrocinado por la Fundación Nacional Cubano Americana (CANF, por sus siglas en inglés), que favorecía aflojar las restricciones a viajes y envío de fondos a la isla; adelantó que si hay muestras de un cambio hacia la democratización en la isla, “Estados Unidos debe de estar preparado a dar pasos para normalizar las relaciones y aflojar el embargo”.
Pero aunque la mayoría de los políticos de ambos partidos saben que esta política ha fracasado, todos saben que la política hacia La Habana es, en gran medida, más una política hacia Miami, donde el ala conservadora ha logrado monopolizar durante décadas el debate y la determinación de la política bilateral con la isla.
Sin embargo, hay cambios enormes en Miami que reducen cada vez más el poder de ese sector tanto en Florida como en Washington. Algunos de los propios líderes de esa comunidad lo reconocen.
Fue el hijo de Mas Canosa, Jorge Mas Santos, junto con el actual director de la CANF Francisco Pepe Hernández y su antecesor Joe García quienes invitaron y aplaudieron a Obama en Miami cuando éste reafirmó que deseaba establecer comunicación directa con Raúl Castro y su gobierno, algo que hace poco sería considerado como una traición. Sin embargo, fue un mensaje a las nuevas generaciones cubanas que se oponen a las restricciones impuestas a viajes y envío de remesas de Bush y líderes del ala conservadora de la comunidad cubana en Miami.
Obama y sus asesores seguramente registran los cambios políticos y demográficos en Miami, como también un cambio generacional que está alterando ese universo con enormes implicaciones políticas. Una encuesta de la Universidad Internacional de Florida realizada el mes pasado registró que por primera vez la mayoría de los cubanoestadunidenses (55 por ciento) se opone a la continuación del embargo. En sus sondeos del año pasado, 65 por ciento de los cubanoestadunidenses expresó su apoyo a un diálogo con el régimen cubano.
Diversos observadores subrayan que desde hace tiempo se anunció el “principio del fin” del sector conservador cubano que había controlado la política de Washington hacia La Habana, e incluso algunos de esa misma vieja guardia reconocen que los tiempos están cambiando. “Antes pensábamos que podíamos ir a Cuba, invadir y establecer la democracia por la fuerza, y que Estados Unidos nos ayudaría. Esos tiempos ya se acabaron. Un hombre como yo, que ha luchado y soñado, tiene que llegar a la conclusión que el futuro no pertenece a mi generación. El cambio en Cuba tiene que venir desde adentro”, dijo recientemente Francisco Hernández, director de la Fundación, a la columnista Ana Menéndez del Miami Herald.
Joe García, ex director de la CANF y quien este año estuvo cerca de derrotar al representante republicano Mario Díaz Balart en las elecciones federales, comentó a La Jornada hace unos meses que el apoyo al bloqueo se está deteriorando por sí mismo. “El embargo tiene un aspecto cuasi-religioso. Uno cree en el embargo. No puede probar que funciona… Es más religión que política porque la política es algo que uno cambia para tener efecto.”
Y García criticó la otra vertiente principal de la política hacia Cuba, al señalar que las iniciativas estadunidenses para apoyar a la sociedad civil cubana –entre cuyos promotores iniciales se cuenta él mismo– sólo acabaron beneficiado al exilio en Miami: “esos millones de dólares se han convertido en prebendas políticas en el exilio… la política hacia Cuba es política local simplemente, con poco efecto en Cuba”.
Sin embargo, los tres legisladores republicanos anticastristas de línea dura: Lincoln Díaz Balart, Mario Díaz Balart e Ileana Ros-Lehtinen lograron su relección este año, lo que demuestra que aún cuentan con suficiente poder local para sobrevivir lo que fue el mayor reto que han experimentado en sus carreras. Pero regresan a un Washington donde son parte de la minoría debilitada en el Congreso y con un nuevo presidente que a diferencia de las últimas décadas, no comparte los mismos intereses.
Tanto los cambios en Cuba como en Miami, dicen algunos observadores, abren un espacio de maniobra sobre la relación bilateral muy diferente a la del último medio siglo para el nuevo presidente. Algunos indican que tal vez se optará por modificar la relación bilateral, sobre todo en el rubro de viajes y envío de remesas.
Ahora se verá si el cambio de régimen en Estados Unidos está dispuesto, por primera vez en 50 años, a reconocer el principio básico de la autodeterminación y no intervención en las relaciones internacionales en el caso de Cuba y con ello de que un cambio o no de régimen en la isla es asunto exclusivo de los cubanos en la isla.
David Brooks (Corresponsal/II y última)