Lunes, 21 Octubre 2019 16:16

Al rojo vivo. ¿Por qué en el Cauca?

Al rojo vivo. ¿Por qué en el Cauca?

Entre el anhelo social comunitario de justicia y vida digna, y un Estado inclinado por una pax incierta que recurre a formas de control y de guerra que se creían superadas, el departamento del Cauca está sometido a diversos conflictos económicos, ambientales, territoriales, militares, en creciente, y su población mayoritaria desgastada por la desidia estatal. ¿Se impondrá la voluntad y el sueño comunitario o logrará el status quo prolongar su dominio?

 

El río Cauca recorre de sur a norte buena parte de la geografía de Colombia, desde el nudo donde nacen sus cordilleras y ríos más grandes hasta su unión con el río Magdalena, cuando se acercan a su desembocadura en el Caribe. Por esas cuencas y entre el nudo de montañas que se conocen como el Macizo colombiano, se dio el repoblamiento de la región cuando llegaron colonizadores en busca del oro y de las mejores tierras.


En una historia de cinco siglos los pueblos originarios fueron desplazados de las mesetas y valles hacia las montañas, y los sobrevivientes de las matanzas y del hambre fueron obligados a replegarse a las parte alta y pendiente de las cordilleras. Los descendientes de los encomenderos, se repartieron dominios y ejercieron como señores en sus feudos hasta que sus herederos, acostumbrados a la renta fácil, fueron decayendo y vendiendo a pedazos a los indios a nuevos terratenientes o a los lavadores de activos de las bonanzas ilegales del siglo XX. Es una historia cruzada o entrelazada con la de los buscadores de oro que llegaron desde el Atrato y el Cauca antioqueño al norte de lo que hoy es el Cauca. Los aventureros del Dorado llegaron con miles de esclavos secuestrados por portugueses y españoles en las costas de África y se fueron apoderando del valle interandino, en donde formaron, primero, feudos de las llamadas “encomiendas” y luego de la Independencia de España se renombraron las haciendas, antecedente de la gran propiedad en el norte del Cauca.


Un tiempo pasado pero que está presente. El Cauca de hoy heredó de esa historia una maraña de conflictos no resueltos que se entrelazan con la historia de insurgencias, contrainsurgencias, paramilitares y narcoparamilitares, con las nuevas formas de disputa por los territorios en la cual entran en acción otros actores llegados con la agroindustria, la expansión minero-energética y el narcotráfico.


Es más visible la violencia pero más trascendental la resistencia


El Cauca de hoy es conocido por noticias contradictorias. La mayor alarma es por ocupar el primer lugar en asesinato de lideres y lideresas sociales, en amenazas y recomposición de la violencia armada después de la firma de los acuerdos de paz en 2016. Pero al mismo tiempo el Cauca es visible por la fortaleza de organización social en su diversidad.


No solo es un departamento triétnico y rural sino que también esta repartido poblacional y territorialmente por partes iguales entre campesinos (28%), indígenas (24%), negros (26%) y mestizos urbanos (22%). Ocupa, al lado de los departamentos del Chocó y La Guajira, los primeros lugares en pobreza, desigualdad, necesidades básicas insatisfechas y en indicadores de violencia, pero también en organización social y capacidad de resistencia a los impactos de guerras y formas de exclusión y discriminación.


En años recientes, e incluso en el actual, ha llamado la atención el impacto de las protestas indígenas, que bajo el nombre de Minga, unen fuerzas y capacidades con campesinos y comunidades negras para exigir derechos territoriales y fundamentales, a través de movilizaciones y bloqueos de la vía Panamericana que comunica el suroccidente hacia Nariño y el Valle. El Consejo Regional Indigna del Cauca, (Cric), y la organización de Autoridades Indígenas (Aico), lideran la mayor concentración de cabildos indígenas del país y son referente en el conjunto del movimiento indígena en Colombia.

 

 


Como parte de esta dinámica composición poblacional, en el Norte del Cauca se encuentra uno de los procesos más dinámicos de organización de las comunidades negras con liderazgos de significación nacional. Esta región, integrada con los municipios del sur del Valle, con Cali, Buenaventura y el Pacífico medio, tiene la concentración poblacional negra, afrodescendiente, de mayor peso en Colombia. La defensa de derechos, identidad y culturas se sustenta en fuertes organizaciones y en los procesos de defensa y construcción de consejos comunitarios negros en las zonas rurales (1).


También los campesinos ocupan un lugar importante por su organización, por ser el Cauca un departamento mayoritariamente rural en población y Producto Bruto Interno y por tener en Colombia, junto a Nariño y Boyacá, la mayor presencia de minifundistas y pequeños productores campesinos. No sólo hay organizaciones campesinas importantes como Fensuagro, Cima, Anuc y el Consejo Nacional Agrario, sino siete asociaciones para la formación de Zonas de Reserva Campesina, una red activa de juntas comunales y un fuerte proceso asociativo agroalimentario.


Conflictividades armadas y reordenamiento violento del territorio


En el Cauca están ubicados dos de los más grandes campamentos de excombatientes de las Farc que firmaron el pacto de paz; sucede ahora como ocurrió 30 años atrás con la ubicación de los campamentos finales de las guerrillas del M-19 y del Movimiento Guerrillero Indígena Quintín Lame. Desde su nacimiento en 1964 las Farc estuvieron en el Cauca y al momento de los pactos de paz y la dejación de armas operaban seis de sus frentes con un radio de influencia en 26 de los 42 municipios del departamento. Sus columnas y frentes tenían su retaguardia en la alta montaña y en la selva, pero su presencia se ubicó hasta el final cerca de cabeceras urbanas importantes, y a solo una hora de Cali (2).


El desmonte de la organización armada, desde la firma de los Acuerdos de Paz y la dejación efectiva de las armas en abril de 2017, tiene un gran impacto en la región no solo por desaparecer un ejército guerrillero sino por los cambios en los negocios que servían para su sostenimiento, en especial por rentas y seguridad derivadas de cultivos de coca y marihuana, y de la minería del oro.


Con el desarme de esta guerrilla se aceleró el reposicionamiento de grupos armados que venia dándose desde 2015 cuando se hizo evidente la posibilidad de un acuerdo final en La Habana. El Eln amplió su presencia desde sus baluartes en el sur del departamento hacia el norte, por las dos cordilleras. Movieron los frentes Manuel Vázquez y José María Becerra y las compañías Milton Hernández y Camilo Cienfuegos.


En todos los frentes de las Farc quedaron milicianos al margen de la dejación de armas, así como pequeños grupos residuales con mandos bajos que buscaron reinstalarse en las relaciones con los narcotraficantes y en el cobro de supuesta seguridad a pequeños cultivadores y mineros. A la altura de septiembre de 2019 estos grupos han llegado a estabilizar áreas de control y se distribuyen unos en los municipios de Suárez, Buenos Aires y hacia el Pacífico, y otros en la parte baja de la Cordillera Central.


El negocio de la cocaína en el Cauca supera los 200 millones de dólares al año, que se quedan en más del 95 por ciento en el lavado de activos en el exterior y en los circuitos financieros, pero el 0,5 por ciento que llega al territorio es suficientemente atractivo como para desatar luchas sangrientas por su control. Así lo indican las cifras de cultivos: En 2016 la Onudoc registró 12.600 hectáreas de cultivos de coca en territorio caucano, concentrados en los municipios de Argelia y el Tambo; en 2018 esa cifra ascendió a 22.000 has y según el informe de la DEA de marzo de 2019 la expansión llega a 31.000 has ubicando al Cauca como el tercer productor de base de coca con un potencial de exportación de 300 toneladas métricas de cocaína, las cuales salen por las rutas del Pacifico que van paralelas a los ríos Micay y Naya.


Detrás de estas rentas han llegado varios grupos, entre ellos pequeños destacamentos del Epl –que entran por Jamundí–, agentes financiadores de carteles mexicanos que vienen a asegurar continuidad y calidad de los envíos, emisarios del Clan del Golfo (AGC) y sicarios de narcotraficantes de otras regiones. Entre ellos se desataron fuertes enfrentamientos en 2017 y 2018 en los que ganaron terreno los rearmados desde residuos de las Farc, quienes lograron mayor control en la parte norte de la Cordillera Occidental y hacia el Pacifico por el rio Naya. El Eln neutralizó competidores en El Tambo, Guapi y parte de Argelia. La disputa por las rentas y seguridad impuesta se desató en el norte del Cauca en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda y Toribio.


Los protagonistas de la nueva violencia en zonas de marihuana son los pequeños grupos residuales que ajustaron cuentas entre sí y retomaron viejas practicas para imponer por el terror el control sobre los pequeños cultivadores. En los municipios y veredas clave para la producción y tráfico de la marihuana las mayores tensiones se dan por la resistencia de pequeños cultivadores indígenas y campesinos a someterse a las órdenes y cobros de los nuevos grupos armados. En los territorios indígenas las autoridades han proscrito el porte de armas y toda actividad de narcotráfico colocándose en antagonismo abierto con narcoparamilitares y grupos residuales ex Farc.


El otro es otro cuento


La conflictividad violenta por el oro tiene más complejidades que el narcotráfico, dada la pugna de intereses entre compañías legales, con comunidades mineras sobre todo afrodescendientes, con autoridades locales relacionadas con el manejo de regalías y ordenamiento territorial, mafias políticas, grupos de sicarios y nuevos grupos armados ilegales. Los mayores productores legales e ilegales de oro están en Suárez, Buenos Aires, Quilichao, López, Timbiquí y Guapi. Y algo en el sur, en Mercaderes y Almaguer. La mayoría de los títulos mineros están en el sur y norte del departamento; es también allá en donde se pelean a tiros la explotación mecanizada en los principales ríos.
La disputa por el oro golpea a los mineros artesanales y tradicionales que son presionados a entregar sus unidades a medianas y grandes empresas; los traficantes de títulos acompañan marrullas jurídicas con amenazas y las multinacionales ponen su huella con solicitud de titulación desde el sur del departamento hasta las zonas más prometedoras que son territorio de comunidades negras. La intimidación y la violencia directa recurre, en mayor medida, al sicariato que a los servicios de grupos armados organizados.


Los conflictos territoriales: tierra, agua y ambiente


Hasta los años setenta del siglo XX los conflictos por tierra y recursos naturales en el Cauca enfrentaron a indígenas y campesinos con terratenientes rentistas. Ese conflicto se resolvió en parte con la revolución agraria pacífica de los cabildos y la ampliación territorial de los resguardos y, por otra parte, por la expansión acelerada de la agroindustria de la caña en el norte plano, y de la industria forestal en las planicies interandinas. Pero en el siglo XXI el conflicto territorial va acrecentándose por la instalación de grandes industrias militarmente protegidas y por la continuidad de acaparamiento de tierras dedicadas a la caña para azúcar y etanol.


La comunidades negras, ahora más organizadas que nunca, reclaman territorio para consejos comunitarios y sus poblados, al tiempo que los pueblos indígenas, reducidos al minifundio en tierras de altas pendientes, no ven otra alternativa que buscar tierras ancestrales y de las viejas haciendas en la parte plana. Desde hace tres décadas los pueblos étnicos reclaman recuperar la madre tierra y gobernantes y poderosos grupos agroindustriales piden seguridad privada o estatal para enfrentarlos (3).


Durante los años noventa y primera década del siglo XXI los paramilitares cumplieron el papel de fuerza privada de contención a las demandas campesinas y étnicas, emplazando en el Cauca una alianza múltiple entre paramilitares, empresarios legales violentos, narcotraficantes y fuerza pública (4). Durante el quinquenio 1999-2004 controlaron alcaldías y pusieron gobiernos como declaró el jefe paramilitar HH en audiencia pública ante los tribunales de Justica y Paz. Esa historia cambió a raíz de la desmovilización del Bloque Calima, pero en los últimos dos años parece que se reactivan tácticas de amenazas aprendidas en esas escuelas y ahora animadas para atemorizar poblaciones y líderes.


En el posacuerdo de paz se despiertan expectativas y respuestas violentas


Desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, los diversos sectores sociales del Cauca se movilizaron para reclamar derechos ahora respaldados en compromisos en reforma rural integral, sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, garantías políticas y de seguridad en los territorios, reincorporación de excombatientes y garantías de verdad, justicia y reparación a las víctimas y a la sociedad. Más de 31.000 líderes/as acudieron al proceso de elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial; los pueblos indígenas y comunidades afro se organizaron para facilitar la implementación del “Capitulo Étnico” del acuerdo de La Habana.


Pero ante toda la movilización por la implementación de los Acuerdos de Paz en el Cauca y la búsqueda de una paz más completa, la respuesta del Gobierno fue y sigue siendo lenta o nula. Las comunidades y sus líderes han encontrado, por un lado, la recomposición de grupos armados y de mafias narcotraficantes y narcoparamilitares, la proliferación de sicarios al servicio de negocios legales e ilegales y, por otro, el desinterés del gobierno en llegar con recursos de inversión extraordinarios para ganarle la última batalla a la violencia armada residual, al narcotráfico y sus mafias. A la fecha, y no obstante la formulación de 22 planes de desarrollo territorial y tres de alcance intermunicipal, no hay recursos nuevos y sólo se muestran inversiones marginales de infraestructura de vieja programación.


En lo relativo a la sustitución concertada y reconversión económica de zonas cocaleras, la decidía gubernamental ha sido escandalosa desde que se firmaron los acuerdos. El gobierno le dejó el campo libre al narcotráfico, a pesar de que más de 20.000 familias cocaleras acudieron a firmar los pactos de sustitución. Solo quinientas familias fueron vinculadas realmente en 4 acuerdos colectivos de sustitución voluntaria firmados desde 2017. En Argelia se desconoció el plan propuesto por todas las comunidades y en El Tambo sólo se atendió una vereda. El resultado estaba anunciado: la incapacidad de respuesta del Gobierno colocó a las comunidades frente a la presión económica y las amenazas de muerte de los narcotraficantes. “O me vende la pasta o negociamos con la viuda” volvieron a decir los agentes armados y desarmados de los narcotraficantes alebrestados por la ausencia del Estado social y la continuidad de las rutas y bonanzas de la demanda externa. La trampa quedó armada: ante la ausencia del Estado crecieron los cultivos y el narcotráfico y ante el peligro de la droga y las exigencias de la DEA y la CIA lo que sigue es la erradicación forzada con aspersión aérea con agrotóxicos y otros venenos.


El Gobierno define como prioridad de seguridad el combate al Eln y a los grupos residuales no desmovilizados, la seguridad de la infraestructura y para las grandes empresas y coloca en tercer plano la seguridad humana y de las poblaciones en mayor riesgo. Aunque se predica la acción integral con inversión social y presencia de la fuerza pública, en la práctica lo que se anuncia ante cualquier crisis o masacre es la asignación de nuevos batallones. La nueva estrategia de seguridad y defensa identifica en el Cauca como grandes amenazas a los jefes de grupos armados y carteles transnacionales y convierte a los municipios con situación critica de violencia en campo de operaciones de guerra en los cuales la población civil queda atrapada entre las armas ilegales y las armas del Estado.

 


Las cifras de asesinatos y amenazas en clave de disputa territorial


En la lista de 169 líderes/as sociales asesinados en el Cauca desde enero de 2016 a septiembre de 2019, se observa que el 45 por ciento ocurren asociados a conflictos territoriales, 14 por ciento en contextos de cultivos ilícitos o de disputas por territorios y rutas frente a narcotraficantes de cocaína, 25 por ciento en conflictos alrededor de la marihuana y 16 por ciento asociados con la minería del oro. En ese total de asesinatos 44 por ciento corresponde a lideres/as indígenas, 33 por ciento campesinos, 9 por ciento afros, 6 por ciento sindicalistas y 8 por ciento lideres/as cívicos urbanos.
En cuanto a los presuntos autores materiales de los homicidios se tiene que el 78 por ciento son sicarios sin grupo de pertenencia conocido, 13 por ciento narcoparamilitares, 5 por ciento agentes de la Fuerza Pública, 2 por ciento residuales ex Farc y 2 por ciento Eln.


¿Qué pensar cuando todo el aparato del Estado dice que la clave para la protección de los lideres sociales es la guerra concentrada en disidentes o residuales y en el Eln?

La persistencia de agresiones contra comunidades y líderes/as va de la mano con la militarización y la resistencia


Es larga la lista de factores o variables que emergen cuando se intenta explicar el por qué en el Cauca se presentan hoy las mayores cifras de asesinato y amenazas de líderes y de lo aquí dicho se desprenden algunas. Pero tal vez la jerarquía de determinantes o el orden de causalidades tiene que ver con que la disputa por territorios para grandes negocios choca con la resistencia de comunidades organizadas que quieren construir planes de vida endógenos, desde sus culturas, identidades y autonomías. En el posacuerdo y la construcción de una transición al posconflicto, chocan las fuerzas sociales que quieren una paz democrática, justa y redistributiva con los que quieren una pax con statu quo para ampliar la acumulación violenta en economías legales e ilegales y la concentración de tierras para macroproyectos agroindustriales y minero energéticos. En ese choque interviene la violencia fragmentada de grupos rearmados con residuos de las Farc, pequeñas fracciones herederas de los paramilitares del Bloque Calima y sicarios al servicio del narcotráfico y otros negocios.


Poco ayuda a la seguridad humana de las poblaciones la actual estrategia de las Fuerzas Armadas de escalar la confrontación militar con operaciones de ocupación territorial, como las anunciadas con tres nuevos batallones en el Norte del Cauca. Se militarizan territorios y se confinan y desplazan familias y comunidades a nombre de una nueva guerra. Se omite la aplicación de estrategias efectivas para neutralizar la cooptación de agentes del Estado y de la misma Fuerza Pública por parte de intereses privados y del tráfico de marihuana o de insumos para la cocaína. Muchos hechos indican que la estrategia de las Fuerzas Armadas vuelve con todos sus bemoles a los diagnósticos de guerra del siglo pasado, y a las estrategias de consolidación territorial orientadas por el Plan Colombia. No hay una visión de posconflicto ni una estrategia de garantía a la implementación de los Acuerdos de Paz.
Algunos expertos y defensores de derechos humanos en el Cauca, afirman que no faltan efectivos pues lo que falta es innovar en doctrinas y orientarse hacia la seguridad ciudadana y humana y al combate efectivo para desestructurar a los nuevos grupos y neutralizar al Eln. Parece que la estrategia de seguridad se orientara por una nueva doctrina de seguridad del Estado, y hacia la creación de zonas especiales con estados de excepción, en lugar de una gran alianza con la gente para la garantía de seguridad y derechos humanos.


 

1. La región pacífico es la tercera cuarta parte del territorio (municipios de Guapi, Timbiquí y López del Micay). En su mayoría es zona selvática y de reserva forestal que se traslapa con consejos comunitarios de población negra que vive dispersa en la rivera de los ríos y en las cabeceras municipales. Ver el libro sobre zonas de reserva forestal en http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2016/09/ambiente-y-derechos-etnicos-vs-cultivos-prohibidos-libro-web-indepaz.pdf
2. Bloque Occidental “Alfonso Cano”, tenia tres columnas móviles (Arturo Ruiz, Jacobo Arenas Y Miller Perdomo) y los Frentes 6, 8, 9 29, 30 y 60. La mayor presencia era en los municipios del Norte del Cauca, en las Cordilleras Central y Occidental, y en el sur con fuerte presencia en Argelia y municipios vecinos.
3. Aproximadamente un 63 por ciento de los territorios indígenas del Cauca (unas 300.000 hectáreas) tienen carácter netamente conservacionista, 46.000 hectáreas de las cuales están traslapadas con parques naturales nacionales y casi 6.000 hectáreas corresponden a sus zonas de amortiguación. Unas 83.000 hectáreas corresponden a páramos, sitios sagrados y zonas de importancia vital para la conservación del agua y la biodiversidad; el resto a zonas de vocación forestal protectora.
4. CNMH, El Bloque Calima de las AUC. En http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/de/noticias/noticias-cmh/el-bloque-calima-cometio-119-masacres-entre-1999-y-2004

*Presidente de INDEPAZ
CamilogonzáEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Presidente de Indepaz. Agosto de 2019.

 Un autobús en llamas, en el centro de Santiago de Chile, durante las protestas. CLAUDIO REYES AFP

El estado de emergencia implica algunas restricciones a la libertad de locomoción y reunión por un máximo de 15 días, que pueden ser prorrogables, en ese caso con autorización del Congreso Nacional, y deja en manos del militar asignado la seguridad de las zonas bajo las que rige la medida.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó en las primeras horas de este sábado el estado de emergencia en Santiago, tras las numerosas protestas desatadas en la capital contra la subida del precio del billete del metro.

"Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana (...) he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región Metropolitana", dijo el mandatario.

Piñera compareció ante la prensa en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, y explicó que el objetivo de esta medida es volver a recuperar la normalidad que se ha visto seriamente afectada este viernes en las calles de la capital chilena por protestas, disturbios, barricadas, incendios y saqueos.

"El objetivo de este estado de emergencia es muy simple pero muy profundo: asegurar el orden público, la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y por sobre todo garantizar los derechos de todos", señaló el presidente.

Entre la tarde y la noche las protestas se han recrudecido en Santiago en numerosos puntos de la urbe, donde se han saqueado locales comerciales e incendiado estaciones de metro y algunos autobuses del transporte público.

"Nuestros compatriotas que se han visto seriamente complicados por la acción de verdaderos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie, que están dispuestos a destruir una institución tan necesaria como es el metro y que además no respetan los derechos ni las libertades de sus compatriotas", agregó el jefe del Ejecutivo chileno.

Recalcó, además, que el Gobierno ya había invocado la ley de Seguridad del Estado a lo largo de la jornada del viernes para que la Justicia persiga a todos los involucrados en los disturbios acaecidos.

Piñera confirmó también la designación del general de división Javier Iturriaga del Campo como jefe de la defensa nacional mientras dure el estado de emergencia. El artículo 42 de la Constitución chilena establece que en caso de estado de emergencia por grave alteración del orden público "las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la defensa nacional que designe el presidente" y asumirá atribuciones y deberes.

La capital chilena vivió este viernes una jornada de graves altercados por las protestas ciudadanas por el aumento del precio del billete de metro, que derivaron en incendios en varios puntos de la ciudad, barricadas, saqueos y graves destrozos de mobiliario urbano y de la red de suburbano.

Militares en la calle

Así lo confirmó el general de división Javier Iturriaga del Campo, designado como jefe de la Defensa Nacional por el presidente chileno, Sebastián Piñera, después de que el mandatario decretase el estado de emergencia en la provincia de Santiago -que alberga la mayor parte de las comunas de la Región Metropolitana (RM)-, en la provincia Chacabuco y en las comuna de Puente Alto y San Bernardo, sectores todos pertenecientes a

"Las fuerzas policiales siguen ejerciendo sus tareas de patrullaje y control de los servicios de vía pública y control de aquellos sectores que fueron afectados. Las fuerzas militares van a salir ya en este momento a patrullar la ciudad en aquellos sectores más conflictivos", dijo Iturriaga del Campo en rueda de prensa.

El militar, que en virtud de su nombramiento se hace cargo de la seguridad de los sectores en los que rige el estado de emergencia, destacó que su intención es "recuperar la normalidad a la mayor brevedad" posible y pidió a la gente que se fuera a sus casas.

"He asumido el control y el mando de las fuerzas militares y las fuerzas de orden y seguridad (...) y estamos mandatados para evitar que se sigan cometiendo desmanes y destrozos en la ciudad y, lo más importante, recuperar a la brevedad los derechos y las libertades de las personas para que puedan seguir ejerciendo su vida con normalidad", agregó.

El estado de emergencia implica algunas restricciones a la libertad de locomoción y reunión por un máximo de 15 días, que pueden ser prorrogables, en ese caso con autorización del Congreso Nacional, y deja en manos del militar asignado la seguridad de las zonas bajo las que rige la medida.

En ese sentido, el general de división del Ejército de Chile descartó por el momento que se vaya a decretar el toque de queda en estos lugares y explicó que el mando de Carabineros está ahora bajo la autoridad militar.

santigo de chile

19/10/2019 09:29 Actualizado: 19/10/2019 10:59

efe

Publicado enCrisis Chile
Jornada de huelga general en Cataluña: 6 preguntas para entender qué está pasando

El paro culmina una semana de protestas tras la sentencia de cárcel a la mayoría de los líderes independentistas catalanes juzgados por el Tribunal Supremo.

Este viernes los sindicatos catalanes independentistas Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) han convocado una jornada de huelga general en Cataluña. Aunque en el comunicado conjunto que ambas organizaciones han publicado aducen que las "políticas de austeridad y de gobernanza neoliberal" han configurado un escenario de "ataque a los derechos de la clase trabajadora", lo cierto es que el llamamiento se produce en una semana de convulsión en la vida catalana. Además, está previsto que las llamadas 'marchas por la libertad' confluyan en Barcelona.

Hasta el miércoles se habían producido más de 352 heridos, 97 detenidos y 174 agentes de policía lesionados, según comunicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de medios convocada para dar a conocer los últimos datos disponibles de la situación en Cataluña.

1- ¿Por qué comenzaron las protestas?

El 1 de octubre de 2017 se celebró en Cataluña un referéndum de autodeterminación calificado como ilegal por el Tribunal Constitucional de España. En un proceso que no gozó de garantías, votaron 2 millones de ciudadanos, alrededor de la mitad de quienes tienen derecho a voto en la región, y el resultado fue un apoyo muy mayoritario a la independencia de Cataluña. Unos días después, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró de forma unilateral la independencia, aunque la suspendió inmediatamente después.

Desde entonces se empezó a instruir una causa judicial que ha culminado con la sentencia que el Tribunal Supremo hizo pública este lunes, en la que condena a los responsables de ese proceso soberanista.

La mayoría debe cumplir penas de entre 9 y 13 años de cárcel, de los que ya han cumplido dos en prisión preventiva. Entre los condenados por los delitos de sedición, malversación y desobediencia, se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y cinco exconsejeros del Gobierno que encabezó Puigdemont.

La sentencia ha sido tachada unánimemente desde el ámbito independentista, que considera a los condenados presos políticos, de desproporcionada, por lo que dieron comienzo las protestas para denunciar por el proceso que ha desembocado en este fallo y para pedir el indulto.

2- ¿Qué ha pasado durante las protestas?

Desde el lunes por la mañana las protestas se han sucedido. Si bien el lunes se vivió una situación delicada con el colapso del aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat de Barcelona, lo cierto es que la tensión con las fuerzas del orden han ido subiendo de intensidad hasta desembocar en disturbios.

  • Lunes, 14 de octubre

La plataforma 'Tsunami Democràtic', que se gestó este verano y se dio a conocer a principios de septiembre, convocó nada más conocer el contenido de la sentencia una concentración en el centro de Barcelona y posteriormente hizo un llamamiento a acudir al aeropuerto de la ciudad para colapsarlo. Se trataba de una acción planificada con anterioridad y que finalmente fue un éxito al lograr que más de 8.000 personas tomaran la infraestructura barcelonesa.

Se cancelaron más de 100 vuelos y la jornada acabó con enfrentamientos con las fuerzas policiales, que cargaron contra la multitud. Las protestas también tuvieron lugar en otros puntos tanto de Barcelona, como del resto de Cataluña, y se saldaron con más de 130 heridos, uno de ellos, un joven de 22 años, perdió un ojo a consecuencia de un disparo con pelota de goma. Ese día se produjeron también las primeras detenciones.

  • Martes, 15 de octubre

Las protestas continuaron el martes con numerosas movilizaciones por todo el territorio catalán. Los manifestantes estaban llamados a concentrarse ante las sedes de las Delegaciones del Gobierno de diversas ciudades. En Barcelona la protesta comenzó a tener tintes violentos, con el lanzamiento de objetos, la construcción de barricadas y por primera vez, empezaron a verse hogueras en la ciudad.

La Policía volvió a cargar contra los manifestantes y esta segunda jornada dejó 125 heridos y 30 detenidos tan solo en la capital catalana.

  • Miércoles, 16 de octubre

Esta jornada comienzan las "marchas por la libertad". Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC) organizaron un nuevo acto de protesta. En esta ocasión cinco columnas partieron desde cinco puntos del interior de Cataluña con el objetivo de caminar 100 kilómetros y reunirse este viernes a mediodía en Barcelona como forma de manifestar el rechazo hacia la sentencia del Tribunal Supremo.

Por la noche, Barcelona volvió a vivir una jornada de disturbios con más de 400 contenedores y una decena de vehículos calcinados, y de nuevo barricadas, lanzamientos de objetos y enfrentamientos con las fuerzas del orden. También en Madrid cargó la Policía contra un grupo de manifestantes que se habían trasladado desde una concentración en la Puerta del Sol en apoyo al independentismo catalán hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados. En este momento, los detenidos en Cataluña ascendían en total a 97 y los heridos a 352.

  • Jueves, 17 de octubre

El jueves comenzó con una manifestación de los estudiantes que recorrió las calles del centro de Barcelona. Alrededor de 25.000 jóvenes protestaban principalmente por dos motivos: en primer lugar, para mostrar su rechazo a la condena de los líderes independentistas; y en segundo lugar, para pedir la dimisión del Gobierno catalán en su conjunto por haber reprimido las manifestaciones con "una brutalidad generalizada hacia manifestantes y periodistas".

Sin embargo, el hecho más destacable de esta cuarta jornada de protestas fue la irrupción de grupos de extrema derecha en las calles de Barcelona, provocando numerosos altercados con los manifestantes independentistas y cargas policiales. Hay al menos 19 heridos y 18 detenidos. 

3- ¿Cuáles son las próximas movilizaciones previstas?

Además de la huelga general convocada para este viernes, que coincide con la llegada de las denominadas "marchas por la libertad", se vaticinan otras acciones.

El próximo 26 de octubre está prevista la convocatoria de una macromanifestación respaldada por partidos políticos y entidades independentistas. Esta acción iba a coincidir con el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, pero finalmente La Liga ha aplazado el encuentro. 

Por otro lado, la plataforma 'Tsunami Democràtic' lleva días anunciando una próxima acción, aunque aún no se sabe en qué consistirá. De momento anima a sus seguidores a instalar su aplicación en el teléfono móvil y, aunque el miércoles anunciaban que ya eran más de 15.000 personas las que lo habían hecho, decían que necesitaban muchas más para llevar a cabo su próximo proyecto de protesta.

En sentido contrario, el partido político Ciudadanos ha convocado un acto en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra "los violentos". Este acción es considerada por muchos como una provocación, pues el partido encabezado por Albert Rivera está liderando el llamamiento de las formaciones de la derecha para que el Gobierno de España aplique el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana.

4- ¿Quién convoca las protestas?

Hay una diversidad de actores que se encuentran detrás de las convocatorias de los diversos actos de protestas por la sentencia del Tribunal Supremo. Los siguientes son los más importantes.

  • Tsunami Democràtic

Esta plataforma surgió durante el verano y aún no se sabe quién está detrás de ella, aunque ha trascendido que algunos de sus integrantes ya participaron en la preparación del referéndum declarado inconstitucional del 1 de octubre de 2017. No tienen cara visible, pero desde principios de septiembre han estado llevando a cabo acciones con el fin de preparar el terreno para cuando se conociera el veredicto.

Aunque su convocatoria más importante ha sido la del colapso del aeropuerto de Barcelona del pasado lunes, anuncian continuamente futuros actos que aún no han concretado.

  • Asamblea Nacional de Cataluña (ANC)

Se trata de una organización nacida en 2012 con la finalidad de conseguir la independencia de Cataluña. Su expresidente es Jordi Sánchez, uno de los políticos que han sido sentenciados en el juicio del 'procés'.

Ha estado detrás de grandes movilizaciones, como las de la Diada, la festividad oficial de Cataluña, que desde hace más de un lustro se ha convertido en un gran acto independentista.

  • Òmnium Cultural

Es una organización de la sociedad civil con más de cinco décadas de existencia. Su presidente, Jordi Cuixart, también es otro de los condenados por el Supremo. Al igual que ANC persigue la independencia de la región y ha coordinado sus esfuerzos para la preparación de las últimas Diadas.

  • Comités de Defensa de la República

Los CDR nacieron para defender el referéndum del 1 de octubre, pero tras su celebración y posterior declaración de inconstitucionalidad continuaron con sus actividades enfocadas en la consecución de la independencia y en la denuncia de la represión.

A diferencia de Tsunami Democràtic actúan de manera descentralizada en multitud de cédulas distribuidas por el territorio catalán y han sido vinculadas con actos de sabotaje y vandálicos. Hace apenas unas semanas nueve de sus integrantes fueron detenidos por estar en posesión de materiales con los que se podría fabricar artefactos explosivos.

5- ¿Hay más actores importantes?

  • Fuera de España

Además de los líderes condenados y los políticos catalanes en activo, el actor más importante es Carles Puigdemont.

Después de la organización del referéndum y de la declaración unilateral de independencia, huyó a Bélgica para escapar de la acción de la Justicia española, al igual que otros miembros de su Gobierno. Desde allí trata de internacionalizar el conflicto catalán y de recabar apoyos políticos del exterior.

En España se encuentra en busca y captura y su situación jurídica sería similar a la del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, que ha sido condenado a 13 años de cárcel, recibiendo la sentencia más dura de todas. Sin embargo, en los países europeos ya ha logrado sortear varias euroórdenes cursadas por la Justicia española, pues las autoridades judiciales de Alemania y Bélgica solo se avenían a entregarle por el delito de malversación de fondos, no por los de rebelión o sedición.

  • En España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pareció tener una postura más flexible con respecto a sus relaciones con las instituciones catalanas, aunque desde que está al frente del Ejecutivo no ha tenido acercamientos con la Generalitat. Tras conocer la sentencia ha asegurado que no habrá indultos para los líderes condenados y ha advertido que podría intervenir la autonomía catalana si se dieras las circunstancias.

Los partidos de la derecha, Partido Popular (PP), Ciudadanos y Vox, son partidarios de utilizar más mano dura con los independentistas. El abanderado del 155 es Albert Rivera, líder de Ciudadanos, no en vano su formación nació en Cataluña –antes de dar el salto a nivel nacional– y ha basado su discurso político en la oposición al independentismo.

Unidas Podemos es el único grupo parlamentario nacional partidario de buscar una solución política al conflicto y abandonar la senda judicial.

  • En Cataluña

El presidente catalán, Quim Torra, ha defendido siempre la actuación de su predecesor en el cargo. De hecho, en el pleno de urgencia celebrado el jueves por la mañana ha anunciado que entre sus planes se encuentra la celebración de un nuevo referéndum esta misma legislatura, lo antes posible.

El hemiciclo catalán se encuentra dividido entre los autodenominados constitucionalistas (socialistas, populares y Ciudadanos) e independentistas (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y Candidatura d'Unitat Popular), con los Comunes haciendo de bisagra entre ambas posiciones. Aunque los soberanistas tienen en la actualidad mayoría absoluta, se encuentran en un equilibrio que podría decantar la balanza hacia el lado contrario con cualquier pequeño cambio en la correlación de fuerzas en futuras elecciones.

6- ¿Cómo se originó el conflicto?

El conflicto se remonta a 2010, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una parte del Estatuto de Autonomía que había sido aprobado primero en el Parlamento catalán, después en las Cortes Generales de España y posteriormente había sido refrendado por la ciudadanía catalana en referéndum.

A pesar de la amplia legitimidad obtenida y de haberse cursado por los cauces legales, el Partido Popular interpuso un recurso ante en Tribunal Constitucional que fue en parte estimado.

Desde entonces el movimiento independentista comenzó a aumentar sus adeptos, que rechazaban el fallo judicial y denunciaban que su autonomía era recortada. Así, a partir de 2011 se comenzó a conmemorar la Diada de una manera masiva y con un claro corte independentista.

Los apoyos soberanistas fueron aumentando paulatinamente y en 2014 el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocó una primera consulta, en ese caso no vinculante. Las vías de diálogo con el Gobierno de Rajoy (2011-2018) fueron inexistentes y, finalmente, los partidos independentistas convocaron el referéndum de 2017.

Publicado: 18 oct 2019 07:23 GMT | Última actualización: 18 oct 2019 09:34 GMT

Publicado enInternacional
Jueves, 17 Octubre 2019 07:57

Al rojo vivo. ¿Por qué en el Cauca?

Al rojo vivo. ¿Por qué en el Cauca?

Entre el anhelo social comunitario de justicia y vida digna, y un Estado inclinado por una pax incierta que recurre a formas de control y de guerra que se creían superadas, el departamento del Cauca está sometido a diversos conflictos económicos, ambientales, territoriales, militares, en creciente, y su población mayoritaria desgastada por la desidia estatal. ¿Se impondrá la voluntad y el sueño comunitario o logrará el status quo prolongar su dominio?

 

El río Cauca recorre de sur a norte buena parte de la geografía de Colombia, desde el nudo donde nacen sus cordilleras y ríos más grandes hasta su unión con el río Magdalena, cuando se acercan a su desembocadura en el Caribe. Por esas cuencas y entre el nudo de montañas que se conocen como el Macizo colombiano, se dio el repoblamiento de la región cuando llegaron colonizadores en busca del oro y de las mejores tierras.


En una historia de cinco siglos los pueblos originarios fueron desplazados de las mesetas y valles hacia las montañas, y los sobrevivientes de las matanzas y del hambre fueron obligados a replegarse a las parte alta y pendiente de las cordilleras. Los descendientes de los encomenderos, se repartieron dominios y ejercieron como señores en sus feudos hasta que sus herederos, acostumbrados a la renta fácil, fueron decayendo y vendiendo a pedazos a los indios a nuevos terratenientes o a los lavadores de activos de las bonanzas ilegales del siglo XX. Es una historia cruzada o entrelazada con la de los buscadores de oro que llegaron desde el Atrato y el Cauca antioqueño al norte de lo que hoy es el Cauca. Los aventureros del Dorado llegaron con miles de esclavos secuestrados por portugueses y españoles en las costas de África y se fueron apoderando del valle interandino, en donde formaron, primero, feudos de las llamadas “encomiendas” y luego de la Independencia de España se renombraron las haciendas, antecedente de la gran propiedad en el norte del Cauca.


Un tiempo pasado pero que está presente. El Cauca de hoy heredó de esa historia una maraña de conflictos no resueltos que se entrelazan con la historia de insurgencias, contrainsurgencias, paramilitares y narcoparamilitares, con las nuevas formas de disputa por los territorios en la cual entran en acción otros actores llegados con la agroindustria, la expansión minero-energética y el narcotráfico.


Es más visible la violencia pero más trascendental la resistencia


El Cauca de hoy es conocido por noticias contradictorias. La mayor alarma es por ocupar el primer lugar en asesinato de lideres y lideresas sociales, en amenazas y recomposición de la violencia armada después de la firma de los acuerdos de paz en 2016. Pero al mismo tiempo el Cauca es visible por la fortaleza de organización social en su diversidad.


No solo es un departamento triétnico y rural sino que también esta repartido poblacional y territorialmente por partes iguales entre campesinos (28%), indígenas (24%), negros (26%) y mestizos urbanos (22%). Ocupa, al lado de los departamentos del Chocó y La Guajira, los primeros lugares en pobreza, desigualdad, necesidades básicas insatisfechas y en indicadores de violencia, pero también en organización social y capacidad de resistencia a los impactos de guerras y formas de exclusión y discriminación.


En años recientes, e incluso en el actual, ha llamado la atención el impacto de las protestas indígenas, que bajo el nombre de Minga, unen fuerzas y capacidades con campesinos y comunidades negras para exigir derechos territoriales y fundamentales, a través de movilizaciones y bloqueos de la vía Panamericana que comunica el suroccidente hacia Nariño y el Valle. El Consejo Regional Indigna del Cauca, (Cric), y la organización de Autoridades Indígenas (Aico), lideran la mayor concentración de cabildos indígenas del país y son referente en el conjunto del movimiento indígena en Colombia.

 

 


Como parte de esta dinámica composición poblacional, en el Norte del Cauca se encuentra uno de los procesos más dinámicos de organización de las comunidades negras con liderazgos de significación nacional. Esta región, integrada con los municipios del sur del Valle, con Cali, Buenaventura y el Pacífico medio, tiene la concentración poblacional negra, afrodescendiente, de mayor peso en Colombia. La defensa de derechos, identidad y culturas se sustenta en fuertes organizaciones y en los procesos de defensa y construcción de consejos comunitarios negros en las zonas rurales (1).


También los campesinos ocupan un lugar importante por su organización, por ser el Cauca un departamento mayoritariamente rural en población y Producto Bruto Interno y por tener en Colombia, junto a Nariño y Boyacá, la mayor presencia de minifundistas y pequeños productores campesinos. No sólo hay organizaciones campesinas importantes como Fensuagro, Cima, Anuc y el Consejo Nacional Agrario, sino siete asociaciones para la formación de Zonas de Reserva Campesina, una red activa de juntas comunales y un fuerte proceso asociativo agroalimentario.


Conflictividades armadas y reordenamiento violento del territorio


En el Cauca están ubicados dos de los más grandes campamentos de excombatientes de las Farc que firmaron el pacto de paz; sucede ahora como ocurrió 30 años atrás con la ubicación de los campamentos finales de las guerrillas del M-19 y del Movimiento Guerrillero Indígena Quintín Lame. Desde su nacimiento en 1964 las Farc estuvieron en el Cauca y al momento de los pactos de paz y la dejación de armas operaban seis de sus frentes con un radio de influencia en 26 de los 42 municipios del departamento. Sus columnas y frentes tenían su retaguardia en la alta montaña y en la selva, pero su presencia se ubicó hasta el final cerca de cabeceras urbanas importantes, y a solo una hora de Cali (2).


El desmonte de la organización armada, desde la firma de los Acuerdos de Paz y la dejación efectiva de las armas en abril de 2017, tiene un gran impacto en la región no solo por desaparecer un ejército guerrillero sino por los cambios en los negocios que servían para su sostenimiento, en especial por rentas y seguridad derivadas de cultivos de coca y marihuana, y de la minería del oro.


Con el desarme de esta guerrilla se aceleró el reposicionamiento de grupos armados que venia dándose desde 2015 cuando se hizo evidente la posibilidad de un acuerdo final en La Habana. El Eln amplió su presencia desde sus baluartes en el sur del departamento hacia el norte, por las dos cordilleras. Movieron los frentes Manuel Vázquez y José María Becerra y las compañías Milton Hernández y Camilo Cienfuegos.


En todos los frentes de las Farc quedaron milicianos al margen de la dejación de armas, así como pequeños grupos residuales con mandos bajos que buscaron reinstalarse en las relaciones con los narcotraficantes y en el cobro de supuesta seguridad a pequeños cultivadores y mineros. A la altura de septiembre de 2019 estos grupos han llegado a estabilizar áreas de control y se distribuyen unos en los municipios de Suárez, Buenos Aires y hacia el Pacífico, y otros en la parte baja de la Cordillera Central.


El negocio de la cocaína en el Cauca supera los 200 millones de dólares al año, que se quedan en más del 95 por ciento en el lavado de activos en el exterior y en los circuitos financieros, pero el 0,5 por ciento que llega al territorio es suficientemente atractivo como para desatar luchas sangrientas por su control. Así lo indican las cifras de cultivos: En 2016 la Onudoc registró 12.600 hectáreas de cultivos de coca en territorio caucano, concentrados en los municipios de Argelia y el Tambo; en 2018 esa cifra ascendió a 22.000 has y según el informe de la DEA de marzo de 2019 la expansión llega a 31.000 has ubicando al Cauca como el tercer productor de base de coca con un potencial de exportación de 300 toneladas métricas de cocaína, las cuales salen por las rutas del Pacifico que van paralelas a los ríos Micay y Naya.


Detrás de estas rentas han llegado varios grupos, entre ellos pequeños destacamentos del Epl –que entran por Jamundí–, agentes financiadores de carteles mexicanos que vienen a asegurar continuidad y calidad de los envíos, emisarios del Clan del Golfo (AGC) y sicarios de narcotraficantes de otras regiones. Entre ellos se desataron fuertes enfrentamientos en 2017 y 2018 en los que ganaron terreno los rearmados desde residuos de las Farc, quienes lograron mayor control en la parte norte de la Cordillera Occidental y hacia el Pacifico por el rio Naya. El Eln neutralizó competidores en El Tambo, Guapi y parte de Argelia. La disputa por las rentas y seguridad impuesta se desató en el norte del Cauca en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda y Toribio.


Los protagonistas de la nueva violencia en zonas de marihuana son los pequeños grupos residuales que ajustaron cuentas entre sí y retomaron viejas practicas para imponer por el terror el control sobre los pequeños cultivadores. En los municipios y veredas clave para la producción y tráfico de la marihuana las mayores tensiones se dan por la resistencia de pequeños cultivadores indígenas y campesinos a someterse a las órdenes y cobros de los nuevos grupos armados. En los territorios indígenas las autoridades han proscrito el porte de armas y toda actividad de narcotráfico colocándose en antagonismo abierto con narcoparamilitares y grupos residuales ex Farc.


El otro es otro cuento


La conflictividad violenta por el oro tiene más complejidades que el narcotráfico, dada la pugna de intereses entre compañías legales, con comunidades mineras sobre todo afrodescendientes, con autoridades locales relacionadas con el manejo de regalías y ordenamiento territorial, mafias políticas, grupos de sicarios y nuevos grupos armados ilegales. Los mayores productores legales e ilegales de oro están en Suárez, Buenos Aires, Quilichao, López, Timbiquí y Guapi. Y algo en el sur, en Mercaderes y Almaguer. La mayoría de los títulos mineros están en el sur y norte del departamento; es también allá en donde se pelean a tiros la explotación mecanizada en los principales ríos.
La disputa por el oro golpea a los mineros artesanales y tradicionales que son presionados a entregar sus unidades a medianas y grandes empresas; los traficantes de títulos acompañan marrullas jurídicas con amenazas y las multinacionales ponen su huella con solicitud de titulación desde el sur del departamento hasta las zonas más prometedoras que son territorio de comunidades negras. La intimidación y la violencia directa recurre, en mayor medida, al sicariato que a los servicios de grupos armados organizados.


Los conflictos territoriales: tierra, agua y ambiente


Hasta los años setenta del siglo XX los conflictos por tierra y recursos naturales en el Cauca enfrentaron a indígenas y campesinos con terratenientes rentistas. Ese conflicto se resolvió en parte con la revolución agraria pacífica de los cabildos y la ampliación territorial de los resguardos y, por otra parte, por la expansión acelerada de la agroindustria de la caña en el norte plano, y de la industria forestal en las planicies interandinas. Pero en el siglo XXI el conflicto territorial va acrecentándose por la instalación de grandes industrias militarmente protegidas y por la continuidad de acaparamiento de tierras dedicadas a la caña para azúcar y etanol.


La comunidades negras, ahora más organizadas que nunca, reclaman territorio para consejos comunitarios y sus poblados, al tiempo que los pueblos indígenas, reducidos al minifundio en tierras de altas pendientes, no ven otra alternativa que buscar tierras ancestrales y de las viejas haciendas en la parte plana. Desde hace tres décadas los pueblos étnicos reclaman recuperar la madre tierra y gobernantes y poderosos grupos agroindustriales piden seguridad privada o estatal para enfrentarlos (3).


Durante los años noventa y primera década del siglo XXI los paramilitares cumplieron el papel de fuerza privada de contención a las demandas campesinas y étnicas, emplazando en el Cauca una alianza múltiple entre paramilitares, empresarios legales violentos, narcotraficantes y fuerza pública (4). Durante el quinquenio 1999-2004 controlaron alcaldías y pusieron gobiernos como declaró el jefe paramilitar HH en audiencia pública ante los tribunales de Justica y Paz. Esa historia cambió a raíz de la desmovilización del Bloque Calima, pero en los últimos dos años parece que se reactivan tácticas de amenazas aprendidas en esas escuelas y ahora animadas para atemorizar poblaciones y líderes.


En el posacuerdo de paz se despiertan expectativas y respuestas violentas


Desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, los diversos sectores sociales del Cauca se movilizaron para reclamar derechos ahora respaldados en compromisos en reforma rural integral, sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, garantías políticas y de seguridad en los territorios, reincorporación de excombatientes y garantías de verdad, justicia y reparación a las víctimas y a la sociedad. Más de 31.000 líderes/as acudieron al proceso de elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial; los pueblos indígenas y comunidades afro se organizaron para facilitar la implementación del “Capitulo Étnico” del acuerdo de La Habana.


Pero ante toda la movilización por la implementación de los Acuerdos de Paz en el Cauca y la búsqueda de una paz más completa, la respuesta del Gobierno fue y sigue siendo lenta o nula. Las comunidades y sus líderes han encontrado, por un lado, la recomposición de grupos armados y de mafias narcotraficantes y narcoparamilitares, la proliferación de sicarios al servicio de negocios legales e ilegales y, por otro, el desinterés del gobierno en llegar con recursos de inversión extraordinarios para ganarle la última batalla a la violencia armada residual, al narcotráfico y sus mafias. A la fecha, y no obstante la formulación de 22 planes de desarrollo territorial y tres de alcance intermunicipal, no hay recursos nuevos y sólo se muestran inversiones marginales de infraestructura de vieja programación.


En lo relativo a la sustitución concertada y reconversión económica de zonas cocaleras, la decidía gubernamental ha sido escandalosa desde que se firmaron los acuerdos. El gobierno le dejó el campo libre al narcotráfico, a pesar de que más de 20.000 familias cocaleras acudieron a firmar los pactos de sustitución. Solo quinientas familias fueron vinculadas realmente en 4 acuerdos colectivos de sustitución voluntaria firmados desde 2017. En Argelia se desconoció el plan propuesto por todas las comunidades y en El Tambo sólo se atendió una vereda. El resultado estaba anunciado: la incapacidad de respuesta del Gobierno colocó a las comunidades frente a la presión económica y las amenazas de muerte de los narcotraficantes. “O me vende la pasta o negociamos con la viuda” volvieron a decir los agentes armados y desarmados de los narcotraficantes alebrestados por la ausencia del Estado social y la continuidad de las rutas y bonanzas de la demanda externa. La trampa quedó armada: ante la ausencia del Estado crecieron los cultivos y el narcotráfico y ante el peligro de la droga y las exigencias de la DEA y la CIA lo que sigue es la erradicación forzada con aspersión aérea con agrotóxicos y otros venenos.


El Gobierno define como prioridad de seguridad el combate al Eln y a los grupos residuales no desmovilizados, la seguridad de la infraestructura y para las grandes empresas y coloca en tercer plano la seguridad humana y de las poblaciones en mayor riesgo. Aunque se predica la acción integral con inversión social y presencia de la fuerza pública, en la práctica lo que se anuncia ante cualquier crisis o masacre es la asignación de nuevos batallones. La nueva estrategia de seguridad y defensa identifica en el Cauca como grandes amenazas a los jefes de grupos armados y carteles transnacionales y convierte a los municipios con situación critica de violencia en campo de operaciones de guerra en los cuales la población civil queda atrapada entre las armas ilegales y las armas del Estado.

 


Las cifras de asesinatos y amenazas en clave de disputa territorial


En la lista de 169 líderes/as sociales asesinados en el Cauca desde enero de 2016 a septiembre de 2019, se observa que el 45 por ciento ocurren asociados a conflictos territoriales, 14 por ciento en contextos de cultivos ilícitos o de disputas por territorios y rutas frente a narcotraficantes de cocaína, 25 por ciento en conflictos alrededor de la marihuana y 16 por ciento asociados con la minería del oro. En ese total de asesinatos 44 por ciento corresponde a lideres/as indígenas, 33 por ciento campesinos, 9 por ciento afros, 6 por ciento sindicalistas y 8 por ciento lideres/as cívicos urbanos.
En cuanto a los presuntos autores materiales de los homicidios se tiene que el 78 por ciento son sicarios sin grupo de pertenencia conocido, 13 por ciento narcoparamilitares, 5 por ciento agentes de la Fuerza Pública, 2 por ciento residuales ex Farc y 2 por ciento Eln.


¿Qué pensar cuando todo el aparato del Estado dice que la clave para la protección de los lideres sociales es la guerra concentrada en disidentes o residuales y en el Eln?

La persistencia de agresiones contra comunidades y líderes/as va de la mano con la militarización y la resistencia


Es larga la lista de factores o variables que emergen cuando se intenta explicar el por qué en el Cauca se presentan hoy las mayores cifras de asesinato y amenazas de líderes y de lo aquí dicho se desprenden algunas. Pero tal vez la jerarquía de determinantes o el orden de causalidades tiene que ver con que la disputa por territorios para grandes negocios choca con la resistencia de comunidades organizadas que quieren construir planes de vida endógenos, desde sus culturas, identidades y autonomías. En el posacuerdo y la construcción de una transición al posconflicto, chocan las fuerzas sociales que quieren una paz democrática, justa y redistributiva con los que quieren una pax con statu quo para ampliar la acumulación violenta en economías legales e ilegales y la concentración de tierras para macroproyectos agroindustriales y minero energéticos. En ese choque interviene la violencia fragmentada de grupos rearmados con residuos de las Farc, pequeñas fracciones herederas de los paramilitares del Bloque Calima y sicarios al servicio del narcotráfico y otros negocios.


Poco ayuda a la seguridad humana de las poblaciones la actual estrategia de las Fuerzas Armadas de escalar la confrontación militar con operaciones de ocupación territorial, como las anunciadas con tres nuevos batallones en el Norte del Cauca. Se militarizan territorios y se confinan y desplazan familias y comunidades a nombre de una nueva guerra. Se omite la aplicación de estrategias efectivas para neutralizar la cooptación de agentes del Estado y de la misma Fuerza Pública por parte de intereses privados y del tráfico de marihuana o de insumos para la cocaína. Muchos hechos indican que la estrategia de las Fuerzas Armadas vuelve con todos sus bemoles a los diagnósticos de guerra del siglo pasado, y a las estrategias de consolidación territorial orientadas por el Plan Colombia. No hay una visión de posconflicto ni una estrategia de garantía a la implementación de los Acuerdos de Paz.
Algunos expertos y defensores de derechos humanos en el Cauca, afirman que no faltan efectivos pues lo que falta es innovar en doctrinas y orientarse hacia la seguridad ciudadana y humana y al combate efectivo para desestructurar a los nuevos grupos y neutralizar al Eln. Parece que la estrategia de seguridad se orientara por una nueva doctrina de seguridad del Estado, y hacia la creación de zonas especiales con estados de excepción, en lugar de una gran alianza con la gente para la garantía de seguridad y derechos humanos.


 

1. La región pacífico es la tercera cuarta parte del territorio (municipios de Guapi, Timbiquí y López del Micay). En su mayoría es zona selvática y de reserva forestal que se traslapa con consejos comunitarios de población negra que vive dispersa en la rivera de los ríos y en las cabeceras municipales. Ver el libro sobre zonas de reserva forestal en http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2016/09/ambiente-y-derechos-etnicos-vs-cultivos-prohibidos-libro-web-indepaz.pdf
2. Bloque Occidental “Alfonso Cano”, tenia tres columnas móviles (Arturo Ruiz, Jacobo Arenas Y Miller Perdomo) y los Frentes 6, 8, 9 29, 30 y 60. La mayor presencia era en los municipios del Norte del Cauca, en las Cordilleras Central y Occidental, y en el sur con fuerte presencia en Argelia y municipios vecinos.
3. Aproximadamente un 63 por ciento de los territorios indígenas del Cauca (unas 300.000 hectáreas) tienen carácter netamente conservacionista, 46.000 hectáreas de las cuales están traslapadas con parques naturales nacionales y casi 6.000 hectáreas corresponden a sus zonas de amortiguación. Unas 83.000 hectáreas corresponden a páramos, sitios sagrados y zonas de importancia vital para la conservación del agua y la biodiversidad; el resto a zonas de vocación forestal protectora.
4. CNMH, El Bloque Calima de las AUC. En http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/de/noticias/noticias-cmh/el-bloque-calima-cometio-119-masacres-entre-1999-y-2004

*Presidente de INDEPAZ
CamilogonzáEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Presidente de Indepaz. Agosto de 2019.

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Toque de queda en Ecuador; vía libre para el uso de armas letales

Quito. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cuyas fuerzas armadas tienen la orden de usar armas letales contra manifestantes, dispuso ayer el toque de queda a partir de las tres de la tarde y la militarización de Quito en una jornada en la que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) –que aceptó dialogar con el régimen la "derogatoria o revisión" del decreto que eliminó los subsidios a los combustibles– se deslindó del incendio y saqueo a la Contraloría, y otros ataques a medios de comunicación.

En una señal de distensión la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas anunciaron anoche que el gobierno y las organizaciones indígenas sostendrán una reunión hoy a las tres de la tarde en Quito, luego de que Moreno anunció su disposición para analizar el decreto 883, el cual eliminó los subsidios a combustibles, y otras medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional.

El toque de queda fue anunciado con 38 minutos de anticipación, y prohíbe la circulación por esta capital de 2.7 millones de habitantes. Luego el mandatario, atrincherado en Guayaquil, a donde trasladó la sede del gobierno, lo amplió a todo el país desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana.

"He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, inmediatamente, tomar las medidas y operaciones que sean necesarias", señaló el mandatario en un breve mensaje, flanqueado por el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Ante el anuncio, se viralizó una entrevista que hace una semana Jarrín concedió a Teleamazonas, en la que señaló que los militares están "listos para el uso de armas letales (...) No olviden que nuestra Fuerza Armada, orgullosamente, tiene experiencia de guerra".

Ayer las calles de Quito se convirtieron en un virtual campo de batalla, con las fuerzas de seguridad lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, la Casa de la Cultura, y otros puntos de la capital.

Más tarde, Moreno insistió que su antecesor Rafael Correa y el mandatario venezolano Nicolás Maduro están detrás de una "violencia nunca antes vista" en Quito. “Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigidaS por Correa y Maduro –en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas y con ciudadanos extranjeros violentos– causaron zozobra, violencia nunca antes vista”, señaló Moreno en un mensaje a la nación.

Cientos de manifestantes, muchos encapuchados, se apoderaron de diversos sectores de la capital y áreas periféricas, paralizando calles y atacando con palos y piedras vehículos particulares.

Decenas de encapuchados incendiaron y saquearon el edificio de la Contraloría General, institución que investiga actos de corrupción, especialmente cometidos durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), muchos de cuyos más altos funcionarios están bajo investigación y procesados.

La ministra del Interior, María Paula Romo, tuiteó que fueron detenidas 30 personas en las inmediaciones de la Contraloría.

Telesur, fuera del aire

El diario El Comercio y el canal privado Teleamazonas fueron también blanco de ataques durante la tarde, aunque los manifestantes no lograron entrar a las instalaciones. La Conaie se deslindó de las agresiones contra la Contraloría y ambos medios.

La cadena TeleSur denunció en Twitter que está sin señal de cable y satelital para sus transmisiones.

En los alrededores de la Asamblea Legislativa, indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno, indicaron periodistas de la Afp.

Entre las protestas se destacó ayer una multitudinaria de mujeres al grito de "No más muertes", mientras otros manifestantes bloquearon las vías al aeropuerto capitalino.

La Conaie denunció anoche que fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas a la Casa de la Cultura, donde miles de indígenas, entre ellos niños y mujeres, se mantienen concentrados.

Desde que estallaron las manifestaciones el pasado día 3, han muerto seis civiles y se registran 937 heridos y mil 127 detenidos, dijo la Defensoría del Pueblo.

El toque de queda decretado ayer por Moreno, que se suma al estado de excepción dispuesto el 3 de octubre, siguió al anuncio de la Conaie de aceptar el diálogo propuesto por el mandatario para buscar una salida a la crisis, en medio de nuevos y cada vez más focos de violencia.

La organización indígena declaró ayer en un comunicado que decidió "participar" en las conversaciones después de "un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales".

Precisó que negociará "la derogatoria o revisión" del decreto 883 –que eliminó los subsidios a los combustibles y encareció los precios hasta en 123 por ciento de la gasolina y el diésel–, pero continuarán las movilizaciones a escala nacional.

Leonidas Iza, dirigente de la Conaie, dijo al canal de televisión Ecuavisa que las condiciones para las conversaciones incluían que fueran públicas y transmitidas por los medios. Más tarde, Iza pidió ayuda a las fuerzas armadas para "garantizar la paz y a regresar el orden constitucional".

Iza añadió que ese movimiento no va a caer "en las intenciones de ciertos grupos políticos que han intentado aprovecharse de la reacción del movimiento indígena del pueblo ecuatoriano", aunque no hizo precisiones, indicó Ap.

Al cierre de esta edición, la Conaie destacó en un tuit "la conmovedora e incansable voluntad de nuestra gente de luchar, mujeres, jóvenes, mayores y toda la población", y reiteró que "realizaremos los acercamientos para tratar la derogatoria del decreto 883".

Después, Moreno anunció cinco medidas para abrir negociaciones. La primera, que se analizará el decreto 883 "para estudiar sus efectos y asegurar que los recursos lleguen al campo".

Dijo que se evaluará también la reducción de sueldos por renovación de contratos ocasionales y sobre el recorte de vacaciones, incluidos en un proyecto enviado a la Asamblea Nacional y que propondrá un bono de 20 dólares mensuales que pagarán las empresas privadas a sus empleados.

Como cuarta medida señaló que se trabaja para apoyar a quienes han perdido su producción lechera o sus cultivos y animales tras la paralización, y por último que se incluirá un impuesto para grandes empresas "para que aquellos que más ganan, sean los que más contribuyan al país".

Habitantes de Calderón, un pueblo cerca de la capital, soltaron a decenas de policías y militares que habían capturado. En Guayaquil y otras ciudades hubo enfrentamientos y caos.

Por la noche, miles de ciudadanos hicieron sonar sus cacerolas exigiendo paz, e incluso en algunos barrios pequeños grupos se han animado a salir a la calles formando improvisadas brigadas de vigilancia, para exigir su deseo de paz. Los militares junto con policías patrullan las calles de la capital..

El transporte de petróleo, la mayor fuente de divisas, se mantuvo interrumpido a causa de la ocupación en la Amazonia de pozos del principal ducto del país.

En el gobierno desde 2017, el mandatario enfrenta su mayor crisis debido a los ajustes económicos que impuso a cambio de préstamos por 4 mil 200 millones de dólares que contrajo con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal. Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos y despidos masivos.

Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

Publicado enCrisis Ecuador
Ecuador: Intransigencia, toque de queda y represión

 La represión del gobierno se extiende de día y de noche, y ya no solo abarca los alrededores de la Asamblea sino todo Quito y alrededores.

 El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó este sábado el "toque de queda y la militarización" de Quito y sus alrededores a causa de la violencia en las manifestaciones iniciadas hace 11 días contra las reformas económicas pactadas por su gobierno con el FMI.

"He dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia", dijo el mandatario en Twitter. En un mensaje televisado para explicar su decisión el mandatario agregó: “son los traficantes, los narcotraficantes, los Latin kings criminales y los correístas los que están dedicados a los actos vandálicos. Los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas.”

Más allá de la constante búsqueda de chivos expiatorios para explicar el estallido social --Moreno ya había culpado a su par venezolano y al chavismo por el levantamiento popular-- lo cierto es que el centro de Quito se había convertido un campo de batalla constante. La represión del gobierno de Lenin Moreno se extiende de día y de noche y el acceso a la Asamblea Nacional está cortado por decenas de barricadas donde se repite una consigna central: “fuera Moreno fuera”.

La pulseada lleva diez días y ha escalado en masividad popular y violencia estatal. Primero fueron los transportistas, luego el movimiento indígena, centralmente la Coordinara de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), y en los últimos días se ha vuelto más amplia: jóvenes, barriadas, mestizos, blancos, trabajadores.

El punto de inicio, la gota que rebasó el vaso, fue el anuncio de Moreno de llevar adelante una serie de medidas de ajuste en el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de 10 mil millones de dólares. El punto crítico, dentro del llamado “paquetazo”, fue el decreto 883 que quitó el subsidio a la gasolina con su consecuente aumento desde la estación de servicio hasta el plato de comida.

La postura del gobierno ha sido desde el primer momento la negación a dar marcha atrás: decretó el estado de excepción y luego el toque de queda. Moreno se desplazó de la ciudad de Quito a Guayaquil --no se sabe ahora donde se encuentra-- y desde allí comandó la respuesta a la movilización que subestimó.

Con el correr de los días la amplitud de la respuesta popular creció: movilizaciones en diferentes ciudades, bloqueos de carreteras a nivel nacional, y la confluencia de una gran movilización de la CONAIE y otros movimientos indígenas que llegó a la ciudad de Quito el miércoles pasado.

La postura de la CONAIE se ha mantenido idéntica desde el inicio de las protestas: no dialogarán ni se retirarán de las calles hasta tanto Moreno no dé marcha atrás con el decreto 883 y el conjunto de medidas pedidas por el FMI.

Hasta el viernes, la respuesta de Moreno había sido en cambio la de no retroceder y aumentar los niveles de represión, con un total de cinco muertos según la Defensoría del Pueblo -algunas organizaciones hablan de siete- más de mil detenidos y heridos. La noche del viernes fue particularmente violenta: la represión ingresó hasta los puntos acordados como de descanso para el movimiento indígena.

Quito amaneció el sábado con barricadas y gases, en una escenografía de levantamiento popular protagonizado por mujeres y hombres indígenas venidos de las sierras, las costas y la Amazonía, por jóvenes, trabajadores, una multitud frente al poder legislativo y presidencial. Con el correr de las horas se sumaron manifestantes de distintos barrios de la capital.

El anuncio de un posible cambio de escenario vino con la declaración del alcalde de Quito, Jorge Yunda: “el señor presidente, ante la sensibilidad de lo que está pasando en el país, ha aceptado analizar el decreto 883”. El impacto de ese anuncio parece incierto, tomando en cuenta que el día anterior el presidente había llamado al diálogo para luego recrudecer la dimensión de la represión. 

Sin embargo, la CONAIE no dejó pasar la oportunidad para reiterar su posición. "Insistimos en la necesidad del diálogo de manera directa y pública sobre el decreto 883 para su respectiva derogatoria o revisión del mismo. Dejamos claro que no dialogaremos sobre ningún tipo de compensación," declaró en un comunicado.

Mientras la postura de la CONAIE se mantiene firme en su condición para dialogar, el ex presidente Rafael Correa --quien se encuentra en Bélgica y enfrenta diferentes acusaciones judiciales en lo que ha sido denunciado como un proceso de lawfare-- llamó a realizar elecciones generales anticipadas. “La Constitución del 2008 estableció en sus artículos 130 y 148 que en caso de ‘grave política o conmoción interna’ la Asamblea o el presidente podrán anticipar elecciones generales, ¿entonces a qué esperan?”

Por el momento el bloque de poder que sostiene a Moreno no ha dado señales de quitarle el respaldo. Cuenta con ese apoyo para sostener una posición de dureza, pero enfrenta una conmoción interna que no tiene horizonte de finalización dentro de esta espiral ascendente de movilización y represión que no disuade a los manifestantes, sino que agudiza la confrontación.

Según dirigentes indígenas, como Ricardo Ulcuango Farinango --quien fue vicepresidente de la CONAIE-- el movimiento tiene posibilidad de sostener este nivel de protesta y bloqueos. Cuenta, además, con la solidaridad de muchos habitantes de Quito que se acercan a aportar comida, bebida, ropa, medicinas, logística para enfrentar la situación.

Si bien la CONAIE no es el único actor en las calles, es quien sostiene el principal nivel de movilización y radicalidad. Su recorrido reciente ha estado enmarcado por una política de oposición al anterior gobierno de Rafael Correa por parte de sectores de su dirigencia, así como por la participación de algunos dirigentes en el gobierno de Moreno que han roto a partir de este escenario.

La crisis abierta en Ecuador es entonces doble: de un presidente que traicionó su promesa de gobierno y enfrenta niveles muy bajos de legitimidad, y de un proyecto de reconquista neoliberal con el último paso consistente en subordinarse al FMI. Eso está impugnado en las carreteras del país y las calles de Quito que se han vuelto un campo de batalla en un país donde en el pasado reciente tres presidentes han sido destituidos por la movilización indígena y popular.  

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Jorge Majfud y Noam Chomsky.

El conocido lingüista, filósofo y politólogo estadounidense fija su posición frente a la crisis ecuatoriana en particular, y del neoliberalismo en general, junto al sociólogo y economista español Manuel Castells, profesor en la Universidad de Berkeley, y los uruguayos Jorge Majfud, escritor y educador radicado en Estados Unidos, y Emilio Cafassi, profesor en Buenos Aires.

 

¿Cómo lograr que una micro minoría del uno por ciento continúe, década tras década acumulando más riqueza que el restante noventa y nueve por ciento de una sociedad? Quienes lo han hecho lo saben bien: (1) propaganda masiva y ubicua, invisible pero real, como el aumento de CO2 en la atmósfera, y (2) acoso político, económico y militar de cualquier otra opción que contradiga el asalto.

Otra forma es enlazar disputas y axiomas diversos sin una necesaria relación lógica: la religión de las armas y el amor religioso, el aborto y la baja de impuestos a los más ricos, la negación del cambio climático y el odio a los inmigrantes, la libre circulación del capital y el patriotismo, etc.

De esta forma, el uno por ciento continúa recogiendo los frutos de toda una sociedad y de toda una historia, con el apoyo necesario de una elite criolla dominante o, incluso (cuando existen elecciones) de un número significativo de quienes no pertenecen al uno por ciento.

Así, en América Latina, las opciones al neoliberalismo, cuando han fracasado, han fracasado por errores propios y, sobre todo, por el criminal bloqueo económico de la superpotencia del mundo. Eso cuando no han recurrido a los más tradicionales golpes militares para defender la libertad del capital de la minoría criolla (clasista y racista) aliada a las más poderosas transnacionales.

Así, por otro lado, en América Latina las imposiciones neoliberales han fracasado a pesar de repetidas inundaciones de capitales en formas de créditos multimillonarios que no dejaron en sus países ni progreso ni desarrollo sino deudas masivas y más pobreza.

Para el neoliberalismo, solo el éxito económico cuenta como éxito. No obstante, este mito del éxito económico ni siquiera ha tenido éxito en la economía de los países colonizados por el mito del éxito económico. No, por el contrario, se insiste en “el probado fracaso” de sus otras opciones apuntando a países acosados, bloqueados y en ruinas, lo cual es un patrón de acción y de narración política.

América Latina es parte de esta ola que, a falta de mejor nombre, se suele denominar neoliberalismo. Esa ola que arrasa, quema y destruye cualquier malla de contención social y ambiental hasta poner en riesgo la propia supervivencia planetaria y cuyas consecuencias económicas y sociales volvemos a presenciar en todo el continente como una historia que se repite de forma cíclica.

Si bien en estos días la atención está mayormente concentrada en el vergonzoso estado de sitio en Ecuador y la consecuente represión de las movilizaciones contra las medidas antipopulares del gobierno de Lenin Moreno, una amplia mayoría de países vive en estado de permanente amenaza e incertidumbre al mismo tiempo que los inversores presionan, amenazan y aumentan sus ganancias.

No habrá que soslayar que mientras escribimos estas líneas la respuesta gubernamental ecuatoriana viene cobrándose muertos, heridos y detenidos y aún inciertos por el ejercicio de la censura y el toque de queda. Pero las movilizaciones que comienzan a resistir esta crisis humanitaria, producto de políticas adulatorias del poder mundial y generadoras de miseria, se extienden de norte a sur. Como en Colombia (sede de la mayor cantidad de bases militares de Estados Unidos en el hemisferio y sede del narcotráfico mundial y del paramilitarismo impune) se opone al único proceso de paz concreto propuesto en cincuenta años. Como en Perú, donde idéntico desconocimiento mutuo entre dos poderes fundamentales del Estado (ejecutivo y legislativo), es considerado una opinable cuestión constitucionalista mientras que en Venezuela (no se lea este manifiesto como un apoyo a su gobierno) la mafia hegemónica llama a la intervención militar. Argentina vive envuelta en piquetes frente a la aceleración exponencial de la pobreza y el endeudamiento súbito, mientras en Chile y en Brasil se sigue profundizando la inequidad social, la desprotección, el narcotráfico y la violencia civil y policial que ya amenazan hasta países como Uruguay por razones de proximidad.

Diferentes procesos electorales aún están pendientes en Argentina, Bolivia y Uruguay en lo que resta del año. Otros seguirán en los años por venir. La disyuntiva continúa siendo entre la narrativa del uno por ciento (el autoritarismo de las elites, el militarismo reaccionario, el odio de los racistas, de los nacionalistas, de los clasistas, del machismo que se resiste a ceder paso, del neomedievalismo, de la destrucción del medio ambiente a cambio de unos dólares) y la construcción de una democracia progresiva, solidaria, no consumista, que ponga el énfasis en el ser humano y no en las riquezas de unos pocos a costa de unos muchos. Una sociedad capaz de construir un mundo para todos y no sólo para una minoría elegida por un dios que nunca la eligió.

Por Noam Chomsky, Jorge Majfud, Manuel Castells, Emilio Cafassi

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Manifestantes ecuatorianos corren para escapar de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en Quito.Foto Ap

Cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos en nueve días de protestas

 

Quito. La Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Ecuador (Conaie) condicionó ayer el diálogo con el presidente, Lenín Moreno, a que derogue el decreto que eliminó los subsidios al combustible, que llevó a aumentos de hasta 123 por ciento, al cumplirse la novena jornada de protestas contra el paquetazo, cuya represión ha dejado cinco muertos, más de 500 heridos, más de 900 detenidos, y muchos desaparecidos.

La policía reprimió ayer nuevamente a manifestantes en Quito al mantener los indígenas la presión en las calles y carreteras contra los ajustes económicos pactados por Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Después del llamado de la Conaie a radicalizar las acciones tras el fracaso de una tentativa de diálogo, la capital ecuatoriana vivió ayer un rebrote de las confrontaciones que ya dejó cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

La Conaie manejó las mismas cifras como saldo de la "violencia exacerbada interpuesta por la fuerza pública y militar", pero agregó que hay "otros tantos desaparecidos".

Los disturbios se reactivaron en los alrededores de la Asamblea Legislativa, ocupada brevemente por los indígenas el martes, y en los alrededores del parque El Arbolito, cerca de la Casa de la Cultura, donde se concentran miles de indígenas llegados de todo el país.

Al cierre de esta edición, las fuerzas de seguridad continuaban lanzando gases lacrimógenos a los indígenas que se manifestaban en ese parque.

Los manifestantes arrojaron piedras y pirotecnia a los uniformados que lo hicieron con gas lacrimógeno y proyectiles de goma. Vehículos antimotines se dirigieron amenazantes hacia encapuchados que llevaban lanzas y escudos de madera.

"¡Asesinos!", gritaron los indígenas que, según sus testimonios, fueron interceptados por fuerzas de seguridad cuando pretendían concentrarse en la Casa de Cultura, donde está reunida la Conaie, que lidera la protesta.

Fotógrafos de la Afp registraron el traslado de heridos en camillas improvisadas por los manifestantes. También otras imágenes captaron a indígenas trepando por edificios públicos, mientras militares se atrincheraban a las afueras de la sede del Legislativo.

El gobierno aseguró en un comunicado que hubo ataques "de forma violenta contra la fuerza pública" cerca de dos hospitales, los cuales se vieron afectados por gases lacrimógenos. No se reportaron situaciones de gravedad al interior de esos centros.

Los choques recrudecieron con la llegada a Quito de un millar de indígenas de la Amazonia armados con lanzas. "Aquí se están violando los derechos humanos", declaró enfurecido Marlon Vargas, dirigente de esas comunidades.

Vargas lanzó un nuevo llamado a intensificar la protesta en la selva amazónica: "Dentro de nuestros territorios están los destacamentos, los batallones (militares). Ahora sí hay que accionar, hermanos, con fuerza porque aquí nos están matando".

Los amazónicos, al grito de "¡Fuera Lenín, fuera!", se adhirieron a los indígenas del centro andino que entraron a la capital desde el lunes a pie y en autobuses, desafiando el estado de excepción y toque de queda parcial impuesto por Moreno.

Decenas de taxis recorrieron las calles de Quito en respaldo a los manifestantes. En otras ciudades del centro del país, entre ellas Loja, también se realizaron marchas.

En 17 de las 24 provincias se registraron cortes de carreteras, indicó ayer el Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

Tras la muerte del líder indígena Inocencio Tucumbi durante la represión en el contexto del paro nacional del miércoles, la Conaie prometió "radicalizar" sus acciones mediante bloqueos de vías y toma de instalaciones públicas.

La dirigencia indígena canceló el jueves los contactos con el gobierno, que buscaba una salida a la crisis que desató la eliminación de los subsidios al combustible.

Moreno, quien acosado trasladó el gobierno a Guayaquil, llamó ayer a un diálogo directo para "encontrar soluciones", aunque insistió en que no renunciará ni derogará las medidas porque a su juicio son necesarias para mejorar la economía dolarizada del país petrolero.

La Conaie advirtió que no habrá diálogo a menos que se derogue el decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina y el diésel. "El diálogo que el gobierno dice promulgar se ha sustentado (...) en una de las peores masacres en la historia del Ecuador", afirmó en un comunicado publicado en Twitter

Destacó la "exitosa movilización nacional y acciones de resistencia en todo el país", subrayó que en su lucha están unidos "indígenas, estudiantes, campesinos, la clase trabajadora y los sectores empobrecidos del país", al tiempo que de nuevo responsabilizó de la violencia a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al titular de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El transporte de petróleo por el principal ducto fue suspendido a causa de la ocupación de pozos en la Amazonia. El sector registró pérdidas acumuladas por más de 877 mil 678 barriles de crudo, incluida la parte de las petroleras privadas, indicó el Ministerio de Energía.

Los bloqueos en carreteras del centro y norte del país complicaron el abastecimiento de alimentos y derivados. En tanto, el sector exportador de flores se declaró en emergencia por ataques a sus fincas y problemas para movilizar la producción.

Moreno, en el gobierno desde 2017, enfrenta su mayor crisis debido a préstamos que negoció con el FMI, con el que pactó un crédito por 4 mil 209 millones dólares a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsidios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años. Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

Los indígenas, que representan 25 por ciento de los 17 mil 300 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.

Respaldo de EU a las reformas

El secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, apoyó al Lenín Moreno y sus "necesarias" reformas para "promover un crecimiento económico duradero".

Desde su exilio en Bélgica, el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) llamó a la desobediencia a la fuerza pública."No puede seguir reprimiendo a sus hermanos, protegiendo no a la patria sino a un gobierno acabado por su propia traición, mediocridad y entreguismo", dijo en redes sociales.

Colombia descalificó los comentarios de las autoridades ecuatorianas sobre que la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia participó en las manifestaciones, al tiempo que el premio Nobel de la Paz, Adolfo Peréz Esquivel, pidió nuevas elecciones y un cese a la represión policíaca, tras asegurar que el gobierno ecuatoriano es insensible ante el reclamo social, en un video publicado en Twitter.

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Micohaumado es uno de los focos de un conflicto que dura ya décadas. David F. Sabadell

Dos periodistas de El Salto han formado parte de la misión internacionalista de verificación de derechos humanos que durante nueve días ha recorrido tres focos del conflicto que vive hoy Colombia. Mil días después del plebiscito sobre los acuerdos de paz, la voz de los grupos armados legales e ilegales sigue entonando el presente político del país. Los movimientos sociales exigen justicia y reparación y alertan del incremento de la violencia contra el campesinado y el hostigamiento de los movimientos sociales.

La bebida nacional de Colombia es el tinto, llamado coloquialmente tintico, un café ligeramente aguado que funciona como el primer signo de hospitalidad en cualquier hogar o reunión. El café impulsó la prosperidad colombiana a finales del siglo XIX, hoy es junto al aceite de palma, el principal cultivo legal del país. El concepto cultivo ilícito se utiliza en exclusiva para las matas de hoja de coca, la base de la cocaína, el estigma del campesinado de determinados departamentos del país, el ingrediente secreto de la economía colombiana, y uno de los símbolos de una guerra por el territorio que la colombiana institucional libra a través de su ejército en hasta cinco territorios: el Chocó, el Bajo Cauca, Nariño, Sur de Bolívar y Catatumbo. Una misión internacionalista de verificación de derechos humanos impulsada por la ONG Paz con Dignidad con el apoyo de dos organizaciones del terreno, Sembrar y Cisca, recorrió entre el 15 y el 24 de septiembre dos de los focos de ese conflicto en curso. Los sonidos de la guerra se recrudecen en un país con seis décadas de guerra a sus espaldas.

El brigadier comandante Jairo Leguizamón y sus subordinados ofrecen un tintico a los integrantes de la misión internacionalista. Leguizamón, que dice a los visitantes que anhela la paz tras varias décadas en el servicio, dirige desde febrero de 2019 la operación Fuerza de Tarea Marte (el dios romano de la guerra) sobre el territorio del sur de del departamento de Bolívar, un alargado departamento que se extiende desde el mar Caribe hasta el interior del país.

Después de advertir que no se puede grabar la conversación ni tomar fotografías, el comandante despliega ante la misión sus dotes para la comunicación. Cuida la imagen que el ejército quiere mostrar a la opinión pública colombiana: un ejército con la mente abierta —“open minded”— para pacificar el país mediante la erradicación de las guerrillas que operan en el Sur de Bolívar, la persecución de la minería y “combatir el narcotráfico”.

La fuerza Marte es la evidencia del último fracaso de Colombia en su esfuerzo por construir la paz, un fracaso programado por el poder económico y político aglutinando en torno al expresidente Álvaro Uribe, figura fundamental en la campaña por el no a los acuerdos en el plebiscito llevado a cabo el 2 de octubre de 2016. La salida del presidente que impulsó la Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Juan Manuel Santos, y la llegada a la presidencia de Iván Duque, delfín de Uribe, ha dejado en vía muerta unos acuerdos que no modificaban la estructura económica, política y social del país y no se extendían a otros grupos, especialmente el ELN, que iniciaron conversaciones para su propio proceso, suponían la esperanza de poner fin a una concatenación de conflictos que arrancó en el año 58. Mil días después de aquel referéndum que se perdió para la paz, y a pesar de la propaganda del Ejército y el Gobierno, el conflicto sigue vivo y el futuro inmediato está teñido por la misma sangre de más de 60 años de guerra.

 

Micoahumado, sur de Bolívar

 

Es de noche en Micoahumado y el pueblo se prepara para una fiesta de recepción a la veintena de personas que desde los ámbitos del derecho internacional humanitario, los derechos humanos, las redes de solidaridad internacionalista y el periodismo conforman la misión. Poco después de las seis de la tarde, la luz se apaga. No volverá en toda la noche. Con la ayuda de tres focos, la celebración sigue. El público lo componen mayoritariamente niños y niñas. Los adultos saben que los próximos años serán cruciales para mantener la comunidad. El futuro es de esos chicos y chicas que se asientan en un territorio extraordinariamente rico y excepcionalmente violentado.

 

Víctimas

 

Acnur estima que más de siete millones de personas se encuentran ahora mismo desplazadas por la guerra, lo que lo convierte en el primer país del mundo con más desplazamientos internos por delante de México. Hasta julio de 2018, el Centro Nacional de Memoria Histórica contabilizaba 262.197 muertos en el periodo transcurrido desde 1958. Pese a que los medios de comunicación resaltan la responsabilidad de los grupos armados —FARC y ELN principalmente— en la lógica de la guerra, las cifras oficiales explican que el mayor número de víctimas procede de la actividad de los grupos paramilitares, que eliminaron a más de cien mil personas en 60 años de conflicto.

Hoy, para las instituciones del Estado, el paramilitarismo sigue siendo un secreto a voces. No se refieren a esas estructuras fascistas el ejército y apenas constatan su presencia otros organismos como la procuraduría o la defensoría del pueblo. Han cambiado sus nombres, pero no han dejado de existir: hoy son los rastrojos, las águilas negras, el clan del golfo o los gaitanistas. Controlan distintos territorios y, como las guerrillas, funcionan como para-Estado para cubrir necesidades y ejercer su concepto de justicia.

En la ciudad de Aguachica es posible apreciar la presencia de dos Colombias: el país “despejado” por los “paracos” y la otra Colombia de las víctimas. En plena campaña electoral para el Gobierno de departamentos y municipios —unos comicios que tendrán lugar el 27 de octubre—, la corporación Sembrar y el colectivo de Víctimas de Crímenes de Estado del Sur del Cesar, Sur de Bolívar y el Catatumbo rinden homenaje a sus muertos y desaparecidos en una reunión con la comisión internacionalista. Una vela y un puñadito de piedras recuerdan a los fallecidos. Muy especialmente a Alejandro Uribe, líder comunal de la Federación Agrominera Del Sur De Bolívar, asesinado hace 13 años y disfrazado de falso positivo por el ejército.

En una historia de violencia como la que vive Colombia, el caso de los Falsos Positivos destaca con un resplandor siniestro. Una historia de la infamia que se destapó en 2008 y que involucra al Estado y altos mandos del Ejército en la desaparición y asesinato de al menos 2.248 personas —varones jóvenes en su mayoría— que fueron hechas pasar por guerrilleros. El Gobierno de Álvaro Uribe, a través de la a Directiva Ministerial 029, estableció unos incentivos para el abatimiento de insurrectos que llevaron a soldados y militares de graduación y sectores del paramilitarismo al asesinato de civiles.

Uno de esos jóvenes secuestrado y asesinado fue Ismael Quintero, hijo de Marlene Quintero Díaz. Su madre cuenta cómo Ismael, que tenía problemas de aprendizaje y para las relaciones sociales, fue engañado con la promesa de un trabajo, asesinado y hecho pasar por un guerrillero de las FARC. “Se aprovechan de la inocencia de las personas, de la necesidad” rompe a llorar Leslie, tía de Ismael, quien se despidió de ella con la ilusión de “por fin” haber encontrado un trabajo. Sólo en Aguachica, 809 personas fueron desaparecidas en la fase anterior del conflicto. Las víctimas tienen que ver cómo el líder paramilitar conocido por el seudónimo de Juancho Prada vive libre e impune en una población a unos pocos kilómetros de la escena de sus crímenes.

El colectivo de víctimas discute sobre los acontecimientos del día siguiente, 19 de septiembre. La campaña electoral va a llevar a Álvaro Uribe a Aguachica. El expresidente, que en estos momentos está siendo juzgado por los vínculos de su familia con el paramilitarismo en el conocido como caso de los 12 Apóstoles, tiene millones de partidarios en el país. Su mandato es el de los falsos positivos y el de la expansión de los paracos, el de la expansión de los monocultivos de palma y también el de las fumigaciones de coca de los años 2002 hasta 2005. Hoy Uribe es la voz de la Colombia que rechazó los acuerdos de paz bajo consignas como que iban a suponer la implantación de “la ideología de género” en el país. Las víctimas de su mandato saben que se arriesgan a nuevas amenazas si acuden a expresar su desprecio a Uribe. Pero se insuflan unas a otras el arrojo para hacerlo. En medio del conflicto, reclaman su derecho a no ser despojadas de la memoria, reclaman el fin de la impunidad.

El Sur de Bolívar es rico en aceite de palma, también tiene las reservas más importantes de petróleo de Colombia, es además territorio en disputa por la presencia de oro y plata en sus minas. A la presencia de la petrolera estatal Ecopetrol y la conflictividad obrera ligada a los derechos laborales que ha marcado una historia no concluida de asesinato de líderes, lideresas y sindicalistas, se sumó hace más de una década la ofensiva de la multinacional minera AngloGold Ashanti por acaparar y expulsar de sus explotaciones a las pequeñas comunidades mineras que se despliegan en esa zona con el beneplácito de la institucionalidad. La disputa sobre la propiedad de la tierra supone el no reconocimiento de títulos a sus pobladores, tiene su correlato en la expedición de licencias mineras para AngloGold.  

La región del Magdalena Medio, y su capital oficiosa Barrancabermeja, en el departamento de Santander, han sido históricamente escenario de masacres, de la presencia paramilitar y asesinatos extrajudiciales. Desde la casa de la memoria y los derechos humanos de las mujeres de Barrancabermeja, Kelly Campos, de la Organización Feminista Popular, define el momento actual como una “reocupación del territorio y una reconfiguración de la guerra” en un contexto de aumento de la pobreza en la zona, de aumento del desempleo femenino y con nuevos elementos de riesgo para las mujeres. Al aumento de los feminicidios se le suma la extensión de microcréditos —llamados “gotagotas”— con créditos usurarios, un sistema controlado por clanes mafiosos vinculados con el paramilitarismo, una realidad que afecta a las mujeres como principales organizadoras de los tejidos familiares. Campos destaca también un tipo de violencia diferenciada contra las lideresas sociales, violencia aplicada contra sus cuerpos en forma de violaciones, torturas y abusos sexuales y contra sus familias.

Siguiendo el río Magdalena desde Barrancabermeja por el norte, y después de un viaje en autobús, ferry, chalupa y cuatro por cuatro se llega al corregimiento de Micohaumado, dentro del municipio de Morales. Una zona de hombres y mujeres de “la otra Colombia, la Colombia de hacha y machete”, como lo define Juan B. el veterano líder social que da la bienvenida a la comisión internacionalista de derechos humanos en una reunión con presidentes de las juntas de acción comunal y delegados de toda la zona.

Micoahumado es una comunidad humilde, de trabajadores del campo, que se estableció en el año 58 en el territorio y que sufren la condena de asentarse sobre una zona rica y fértil, terreno para “el asedio sobre las riquezas renovables y no renovables”, explica Narciso Beleño, otro de los líderes presentes en el encuentro. “Siempre estamos en un punto crítico”, define Beleño, “siguen evidentes los riesgos de muertes y desapariciones”.

A la falta de una carretera desde la que sacar los alimentos producidos en el corregimiento se une la falta de comunicaciones a través de internet. El agua contaminada genera problemas de salud para tres cuartas partes de una población estimada de 2.000 personas que no tienen un doctor ni un dentista en el pueblo. El evidente abandono estatal es reconocido por la procuraduría de la nación y es la principal demanda de la comunidad que ven cómo la única respuesta es la presencia del ejército.

Eran las cinco de la tarde del 7 de marzo cuando la fuerza de tarea Marte en una ofensiva sobre el pueblo disparó y mató al joven de 18 años José Dolores Sánchez. La muerte en la cancha de fútbol de un chico que nunca hizo mal a nadie, como resalta la comunidad, ha dejado una nueva cicatriz en un pueblo en el que los jóvenes tienen escasas oportunidades de llegar a la universidad y son vistos como carne de cañón para los grupos armados legales e ilegales. En julio, la policía judicial y el ejército llevaron a cabo otra operación con resultado de nueve detenidos, también varones en el borde de la mayoría de edad. Hoy se encuentran en una prisión a varias horas de viaje, en Cartagena, la capital de Bolívar. La fuerza pública los vincula con el ELN; el pueblo de Micoahumado denuncia que las detenciones se produjeron con pruebas falsas y manipuladas y acusan al Gobierno de un proceso de judicialización contra los líderes y jóvenes del pueblo.

Pablo, de la Federación Agrominera del sur de Bolívar, denuncia que la guerra “de Uribe e Iván Duque” que se está produciendo contra los campesinos: “Generan guerra para que nos dé miedo, y que eso nos desplace”. Pablo, uno de los líderes de Micoahumado fue testigo de una muerte a menos del ELN, y vive en sus carnes la conflictiva relación con la guerrilla. Durante años, los “elenos” cooperaron con las comunidades supliendo algunos de los abandonos del Estado pese a que, como dice Pablo, Micoahumado fue capaz de “decir al ELN que respetara su territorio”. En 2019, con el despliegue de la fuerza de tarea Marte contra el ELN “y la minería ilegal”, la comunidad se siente hostigada, “vuelta mierda”, define otro de los líderes presentes en la reunión con la comisión internacionalista.

Aunque el plebiscito por la paz se perdió, el Estado colombiano asegura estar comprometido —y recibe ayudas internacionales para ello— en poner fondos para la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas o a una Comisión de la Verdad, pero el dinero para la memoria no llega a su destino. Los colectivos denuncian que engrasan los circuitos de corrupción institucional y que no se ejercen sanciones contra quienes no cumplen con la reparación de las víctimas. Otras organizaciones denuncian que los cuestionarios de la Comisión de la Verdad tienden a la exclusión de la fuerza pública como actor en el conflicto y están contribuyendo a la estigmatización de las comunidades. Está en juego, indica Gladys Rojas, de la corporación Sembrar, que el relato de la paz y la memoria dé prioridad “a la verdad de los víctimas o a la verdad de los militares”.

El año que comenzó con el primer atentado suicida de la historia de Latinoamérica en la escuela de policía General Santander en Bogotá, que se cobró 23 víctimas, concluye con un incremento de la violencia. El anuncio, este verano, de que una parte de las FARC firmantes del acuerdo de La Habana, encabezados por Iván Márquez, ha dado al Estado y el Ejército el pie para el incremento de la presión sobre los territorios en disputa. Zonas con activos estratégicos para el capital colombiano, que aspira a la integración del país en la OCDE, y poblaciones acostumbradas a la guerra.

 

Catatumbo

 

En medio de la carretera, alguien pide una sábana o un trapo para tapar el cadáver que se encuentra en medio de la vía. En la buseta en la que viaja la misión hacia el territorio del Catatumbo suena el vallenato “Los caminos de la vida” del grupo los Diablitos, del departamento del Cesar. Es la entrada al Catatumbo desde la histórica ciudad de Ocaña, en la que Simón Bolívar encontró la financiación para su campaña contra la corona española. Catatumbo significa “la casa del trueno” en la lengua de los barí, una comunidad indígena atropellada por el progreso que aún se asientan sobre dos zonas de reserva en el parque nacional que se estableció sobre sus tierras. Hoy es uno de los cinco focos que la ONU y el ejército reconocen como vivos en la Colombia “de la pacificación” de Duque y Uribe. Sobre el Catatumbo operan el ELN, el frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no participó en los acuerdos de La Habana, y el Ejército Popular de Liberación (EPL) un grupo armado a medio camino entre la lucha política y la organización criminal enfrentado en los últimos años con el ELN.

María Lázaro es, por su edad, una de la pocas mujeres que ha conocido la paz en el Catatumbo. Recuerda que las mayores amenazas eran los truenos, cómo cambiaba pescado por grano, el reparto no escrito por el que los pioneros y los barí se desplegaban en el territorio a ambos lados del río Catatumbo. Hasta finales de la década de los 50, María no supo qué eran la guerra ni el ejército. Hoy la fuerza pública ocupa la finca de su hija, Luisa María Prieto, de 50 años. El incremento de los combates en el último año ha alterado aún más su vida: los cilindros —balas— vuelan alrededor de su casa a cualquier hora del día. Los helicópteros han acabado con cincuenta de las cien gallinas que le proporcionó el Comité de integración social del Catatumbo (Cisca), y la ocupación dejado inutilizada media hectárea de cacao y una de leña.

A los diez años, Luisa María Prieto perdió a su padre a manos de un grupo armado. Hace trece, a su hermano. Hace tres años “un cilindro afeitó mi cabeza”. Recibió tres disparos de bala y ninguna indemnización por parte del Estado. Desde entonces tiene dolores de oído, de cabeza y pérdidas de memoria. Cuando el ejército ocupó su predio, Prieto se desplazó, pero tampoco entonces recibió ayuda más allá de arroz y lentejas. A los diez días, decidió regresar. “Usted en mi finca encuentra de todo, encuentra conejitos, cerditos, pollitos, plantitas, aguacates, café, cacao, de todo”, explica. El trabajo se interrumpe cuando comienzan los combates, pera veces se traslada a una pequeña habitación en la que puede seguir elaborando jabones y cremas que vende con la ayuda del Cisca, que promueve un movimiento social autónomo en varios frentes que van desde el empoderamiento de las comunidades hasta la participación electoral desde una premisa que es no pelear por la legalización sino mantener un pulso por la construcción de tejidos ajenos a la lógica estatal.

Por encima del carbón, y por encima del contrabando de gasolina en la porosa frontera con Venezuela, la planta de coca es el principal insumo de la economía de Catatumbo. Los cultivos ilícitos son un reflejo de la paradoja que vive Colombia: un formidable activo y una formidable lacra. En el marco de los acuerdos de paz y en el contexto del Plan Colombia que, desde el año 2000 estableció una relación fluida entre el Gobierno de Estados Unidos y el ejecutivo colombiano, se ha fijado el año 2020 para el comienzo de una nueva campaña para la fumigación y la erradicación de plantas de coca. Algo que amenaza la vida del campesinado, como explica otra agricultora: “Al fumigarnos la coca nos veremos desplazados de nuevo, porque se acabarían los cultivos del plátano, del café, del cacao, todo lo que tenemos sembrado muere porque muere si nos echan veneno”.

José De Dios Toro, alcalde de El Tarra, en Catatumbo, está convencido de que hay que buscar una alternativa viable a la fumigación que, si se produce va a venir de la mano de un estallido mayor de “confrontación armada, desaparecidos, desplazamientos y falsos positivos”. Como en Sur de Bolívar, ante la falta de alternativas, los jóvenes son candidatos al reclutamiento en los grupos armados. En Catatumbo hay un médico por cada cinco mil habitantes y solo uno de cada mil estudiantes puede llegar a la universidad.

Entre las mujeres, especialmente entre las migrantes venezolanas, la amenaza es el reclutamiento para trabajo esclavo y la explotación sexual por parte de los grupos armados. En primavera de este año, una joven que había sido raptada por uno de estos grupos y que, tras huir se encontraba bajo custodia estatal, fue asesinada en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por la Fiscalía. La Defensoría del Pueblo habla del “tabú” de esas prácticas que son el motivo de desplazamiento de muchas familias, que no pueden denunciar las prácticas de violación y abuso por parte de esos actores armados.

En la Casa de la Cultura, algunos niños y jóvenes del municipio de El Tarra presentan un conjunto de canciones y bailes tradicionales. Al requinto y a guacharaca, al bajo y el acordeón, chicos y chicas con menos de un año de experiencia musical despliegan un talento asombroso ante las personas que integran la comisión internacionalista que recorre la zona del Catatumbo. María Siro, del Cisca, ha contado antes cómo la suya, es una “generación que nació en medio del conflicto y no conoce la paz, por eso nos cuesta imaginar cómo es la paz”. Quizá el sonido del grupo musical Son Folclor sea uno de esos fogonazos de vida digna en medio del conflicto. Lo cierto es que esa misma noche, se produjo un ataque de la escisión Frente 33 de las FARC en torno al municipio de El Tarra, Teorama, Sardinata y Tibú que dejó 17 personas heridas por explosivos.

A la mañana siguiente, a la salida de San Pablo, un retén del Frente 33 detuvo al convoy de la comisión internacionalista —entre otros vehículos— para distribuir un papel con una invitación a todos los exguerrilleros que permanecen en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación​ para reincorporarse a la lucha armada. “Mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer”, finaliza la carta “desde las montañas del Catatumbo, Estado mayor del Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC-EP”.

Intentando sustraerse de los sonidos de la guerra, la Comisión por la Vida, la Paz y la Reparación del Catatumbo es una de las organizaciones que, como Cisca o Sembrar, disputan el relato de la paz que el Gobierno colombiano exporta fuera de sus fronteras. Tres años después del plebiscito que agrietó la confianza de los distintos actores de los acuerdos de La Habana, el movimiento social y las comunidades de las regiones en disputa, apelan a la unidad y la autoprotección para salvar los próximos meses de zozobra y dolor. Como se explican unos a otros en sus reuniones, el objetivo es morir en las zonas en las que han crecido y vivido, pero morir de viejos.

 

Las recomendaciones de la misión

 

La Asociación Paz con Dignidad, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo planteó la Misión Internacional de verificación de Derechos Humanos con un objetivo de acompañamiento a las comunidades en conflicto, para incidir en políticas locales, departamentales y nacionales y para sensibilizar a la opinión pública internacional, especialmente en Europa para la implementación completa de los Acuerdos de Paz. Tras la misión sobre el terreno, el equipo de derechos humanos y derecho internacional humanitario, se entrevistó con diputados de la bancada por la paz —formado por varios partidos de la oposición al Gobierno del Centro Democrático de Iván Duque y con la embajada española en Bogotá.

Del informe publicado por la misión destacan las recomendaciones que instan al Gobierno de Duque a “velar por la protección de todas las personas que habitan estos territorios, especialmente las más vulnerables, e impulsar políticas públicas que tengan como objetivo final garantizarles una vida digna y el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales”. Facilitar la actividad social y económica de las comunidades —especialmente los tejidos de economía social— y garantizar la protección de líderes y lideresas sociales, son otros de los puntos que destacan las organizaciones que participaron en la misión. “Abordar las causas estructurales de la desigualdad” y cuestionar la militarización como estrategia de pacificación son pasos clave para alcanzar “una paz real y duradera”, según Paz con Dignidad y las organizaciones que participaron en la misión de verificación de derechos humanos.

 

Por Pablo Elorduy

@pelorduy


publicado

2019-10-12 05:59

Publicado enColombia
Crónica desde Quito, capital de la revuelta contra Lenin Moreno

La revuelta de los sectores populares e indígenas contra las medidas neoliberales del Gobierno de Lenin Moreno abre un nuevo escenario en el Ecuador post-Correa donde todo es posible.

 

El pasado jueves 3 de octubre, la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó, junto a sectores del sindicalismo tradicional, un paro nacional con el objetivo de expresar su discordancia respecto a las últimas medidas económicas establecidas por el Gobierno.

El anuncio de la Conaie conllevó el inicio de una serie de movilizaciones en distintas localidades del país y asambleas permanentes en territorios con fuerte presencia indígena bajo el objetivo de coordinar una gran movilización a Quito demandando la derogación del Decreto 883, que incluía el alza de precios de los combustibles en todo el país.

El antecedente de dicha medida se encuentra en los acuerdos establecidos por el Gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante el cual este organismo financiero multilateral exige a las arcas públicas una optimización económica del 1,5% de su PIB mediante reformas de carácter tributario a cambio de otorgarle algo más de 10.000 millones de dólares en concepto de financiamiento durante los próximos tres años.

El problema de desequilibrio económico del Ecuador no es nuevo: ya en 2016 —última fase de la década de mandato de Rafael Correa— existían informes que recomendaban un ajuste fiscal asertivo para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera del país fruto del desequilibrio entre gastos e ingresos existentes en esta economía dolarizada desde inicio de siglo. El Gobierno correista decidió en aquel momento mantener en reserva dichos informes y no hacerlos públicos ante su población.

Dos opciones tuvo que manejar el Gobierno presidido por Lenín Moreno ante tales exigencias fondomonetaristas: o incrementar el IVA en tres puntos porcentuales —medida que según los medios de comunicación parecía ser la más probable y en principio más regresiva— o la que definitivamente fue aprobada.

A priori la opción tomada por el Gobierno ecuatoriano parecía ser la menos conflictiva. La escasa eficiencia de un modelo de subsidio que carecía de focalización y que mayormente beneficiaba a grandes empresas con alto consumo de combustible, grandes flotas de transporte y sectores de las élites económicas que disponen de más de un vehículo por unidad familiar, parecía ser la que menos rechazo social podría generar.

De esta manera el presidente Lenín Moreno decretó el fin de los subsidios, lo que implicó un notable incremento de precios de la gasolina “extra” —la más usada en el país— pasando el galón de 1,45 a 2,41 dólares. De igual manera la gasolina Eco País (extra con etanol) de 1,45 a 2.53 dólares y la Súper de 2,3 a 3,07 dólares.

La reacción inmediata fue el bloqueo de carreteras por parte del sector del transporte y de vías urbanas por parte de los taxistas, aunque al día siguiente se desconvocó el paro tras negociar con los huelguistas un incremento de tarifas. El sector del transporte está acostumbrado a acomodarse de forma sistemática a los distintos gobiernos que han transitado en el poder en Ecuador. Durante la época correísta llegaron incluso a legalizar una formación política en connivencia con el partido de gobierno y ocupar curules en el legislativo.

Sin embargo, por experiencia histórica, el pueblo ecuatoriano es consciente de que el incremento de precios del combustible afecta al bolsillo del conjunto de la sociedad sean propietarios o no de vehículos. Los precios de los productos básicos y los indicadores de inflación suelen ser afectados de manera indirecta por este tipo de medidas.

El descontento generalizado entre la sociedad no hizo cambiar la posición Lenín Moreno, quien ha manifestado de forma permanente que la liberalización del precio del combustible a costos internacionales es una política —entre otras— necesaria para el mejoramiento e las finanzas públicas y sobre la cual “no hay marcha atrás”.

Las organizaciones sociales ecuatorianas definieron las medidas económicas establecidas por el Gobierno como un “paquetazo” neoliberal, argumentando que forman parte de un modelo de políticas públicas que beneficia fundamentalmente a sectores empresariales, flexibiliza el mercado laboral y achica al Estado enviando al desempleo a cada vez mayor número de funcionarios públicos sin que estos sean posteriormente demandados por el sector privado.

Así las cosas, durante todo el pasado fin de semana se sucedieron movilizaciones y asambleas indígenas en gran parte del territorio nacional pese a que el Gobierno Nacional optó por declarar el estado de excepción buscando suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilios, libertad de tránsito, libertad de asociación y de reunión. Con movilizaciones cada vez de mayor afluencia en todos los territorios afectados por la convocatoria, las resoluciones fueron unánimes: se determinó una gran movilización indefinida en el conjunto del país en rechazo a las medidas económicas y en defensa de los territorios indígenas, ríos, agua, páramos, la justicia indígena, la educación intercultural, salud, transporte y radios comunitarias.

300 cortes de carretera

Los cortes de carretera se sucedieron por gran parte de la red vial nacional, llegándose a contabilizar 300 cortes de carreteras al mismo tiempo durante diferentes momentos del pasado sábado y domingo. En paralelo, el Gobierno intentó combinar dos estrategias disímiles. Por un lado, se intensificaba la represión bajo el eufemístico argumento del uso de la fuerza progresivo. Por otro, sus interlocutores buscaban desesperadamente el diálogo con los manifestantes intentando establecer propuestas de compensación a los sectores movilizados (créditos productivos a bajo tipo de interés, apoyo para la adquisición de maquinaria agrícola, reconocimiento de autoridades locales…). Nada sirvió, la dirigencia nacional de Conaie manifestó públicamente que el diálogo con el régimen está totalmente cerrado. “No habrá ningún acercamiento con ningún representante del Estado hasta que se revea el decreto que eleva el precio de los combustibles”, manifestaron de forma homogénea todos sus voceros. El conflicto se agudizó a lo largo y ancho de la geografía nacional, llegándose a retener en diversos territorios indígenas a unidades militares y policiales para posteriormente ser entregadas tras haberse liberado extraoficialmente a civiles detenidos en dichas comunidades. La Conaie, bajo el principio de autodeterminación de los territorios indígenas, también había declarado su estado de excepción, prohibiendo la entrada de infiltrados y grupos armados pertenecientes a los aparatos de seguridad del Estado.

Amaneció el lunes más tranquilo, los voceros del Gobierno Nacional —titulares de muy diversas carteras ministeriales— salieron a los medios de comunicación a autofelicitarse. El número de detenidos civiles ya sumaban más de 320 en aquel momento. De los 300 cortes de vías se había bajado a cincuenta, de igual manera el número de movilizaciones en diferentes localidades del país también había bajado… el paro indígena y las movilizaciones urbanas en diferentes partes del país aparentemente estaban en retroceso. “Se impone paulatinamente la normalidad”, llegó a aseverar en su ignorancia María Paula Romo, ministra del Interior. Sin embargo, la versión indígena era radicalmente distinta. Según Jaime Vargas, presidente de la Conaie, “la represión de la fuerza pública permitió la movimiento fortalecerse y coordinar con sus bases y otras organizaciones sociales en cada provincia para poder desplazarnos hacia la capital”.

Apenas un par de horas más tarde comenzaban los mensajes de alerta en la capital. La Policía Nacional y el servicio de inteligencia del Estado detectaban fuerte movimiento en carreteras desde las provincias indígenas de la Sierra Central hacía Quito. La reacción no pudo ser más desafortunada, el ministro de Defensa, un general del Ejército en servicio pasivo que responde al nombre del Oswaldo Jarrín amenazó directamente a los movilizados: “Que no se provoque a la fuerza pública, no la desafíen o sabremos responder…”. Estas declaraciones encendieron aún más los ánimos de los movilizados.

Durante todo el día de este lunes 7 de octubre llegaron diversos contingentes de indígenas a la capital ecuatoriana y de forma sorpresiva también a Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. En diversos barrios populares de la periferia quiteña los indígenas fueron recibidos con actos de solidaridad por los pobladores locales, pese a una fuerte campaña de desprestigio y racismo posicionada por influencers de perfil ideológico conservador en las redes sociales. Con los acceso de entrada a las ciudades altamente custodiadas por las fuerzas de orden público —militares y cuerpos de élite de la policía nacional— los enfrentamientos se sucedieron por doquier. Más manifestantes detenidos, más violencia en medio de llamados poco creíbles llamados al diálogo e incluso algún que otra tanqueta policial incendiada durante las reyertas.

Distintas puntos geográficos de la capital ecuatoriana se convirtieron en focos de conflicto entre movilizados y fuerzas del orden público. El presidente Moreno anunció una cadena televisiva gubernamental que fue tres veces aplazada y los periodistas destinados a cubrirla desalojados por los militares del palacio presidencial de Carondelet.

Las movilizaciones populares, tanto en Quito como en Guayaquil, se combinaron con actos de vandalismo protagonizados por grupos organizados que aprovechaban la protesta para sus fines delictivos. De igual manera, militantes políticos que responden a la tendencia correísta se infiltraron en las movilizaciones protagonizando asaltos de edificios públicos —Asamblea Nacional y Contraloría General del Estado— que fueron censurados por la Conaie y otras organizaciones sociales convocantes de la marcha. En otras provincias, los movilizados ocuparon instituciones públicas tales como la Gobernación o el Consejo de la Judicatura en la provincia de Bolívar. Las movilizaciones fueron permanentes en las provincias amazónicas y en la Sierra Central, todas ellas con fuerte ascendencia indígena.

A las 21 h del lunes por fin se produjo la tan esperada cadena nacional. El presidente Lenin Moreno, custodiado por su vicepresidente a la derecha y su ministra de Defensa a la izquierda, junto a los jefes de los diferentes cuerpos militares atrás, manifestaba —con cierto nerviosismo— que el pueblo ecuatoriano está asistiendo a un intento de “golpe de Estado” con asideros en un complot internacional. “El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, aseveró el mandatario ecuatoriano, insistiendo en que las medidas tomadas “no tienen marcha atrás” y que “los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”.

Para sorpresa de los ecuatorianos la cadena nacional se emitió desde la ciudad de Guayaquil, lo que implica que el Gobierno Nacional abandonó el Palacio de Carondelet en la capital quiteña para, recordando lo que hizo Charles de Gaulle en mayo de 1968, instalarse en otra ciudad.  

La estrategia política y comunicacional del Gobierno de Lenín Moreno no pudo ser más desacertada. Nuevamente una escenografía de fuerza, el presidente de la República rodeado de militares, que realmente emitía comunicacionalmente toda su debilidad —un Gobierno sin base social que tiene un credibilidad inferior al 16%—. En paralelo, un confuso llamado al diálogo en medio de soflamas sobre que bajo ningún concepto se revisará el Decreto 883. Por último, una alerta sobre una supuesta trama internacional desestabilizadora tan poco creíble como las anteriormente posicionadas por Rafael Correa ante cada levantamiento indígena o paro obrero.

La noche quiteña fue larga, el vandalismo se apoderó de algunas zonas de la ciudad mientras manifestantes indígenas y estudiantes universitarios portaban carteles y pancartas cuya consigna era “Ni Correa ni Moreno”, buscando desmarcarse de la pretendida capitalización política correísta de las movilizaciones.

Con la situación al límite, los movilizados se repartieron para pasar en la noche en tiendas de campaña situadas en parques públicos, en coliseos universitarios y locales de organizaciones sociales.

Sectores sociales ciudadanos solidarios con los movilizados suministraron en la noche alimentos y mantas a los recién llegados, estudiantes universitarios de enfermería atienden a los heridos y el periodismo alternativo trata de hacer coberturas coherentes sobre el qué y el porqué de lo que demandan los movilizados. En paralelo, otros sectores de ciudadanos capitalinos expresan su miedo ante la algarabía y convocan para hoy una movilización de rechazo a las movilizaciones, supuestamente para defender Quito. Mensajes xenófobos corren por las redes sociales y líderes conservadores llaman a movilizarse supuestamente contra el correísmo, intentando a su vez desmarcarse oportunistamente de Moreno, pero claramente antagónicos a lo que consideran una invasión de su ciudad por parte de “indios ignorantes”.

Así amaneció el día hoy, martes 8 de octubre, un país donde en estos momentos todo puede pasar… Al cierre de la redacción de esta crónica, los movilizados comienzan a agruparse en zonas aledañas al centro de la ciudad Quito mientras van recibiendo nuevos contingentes de compañeros que van llegando a la capital.

Hoy posiblemente las movilizaciones serán calientes, mañana está convocada huelga general.

40 años de democracia, 7 presidentes y tres constituciones

El pasado 10 de agosto, Ecuador cumplió 40 años de democracia tras una dictadura militar que tuvo distintas fases políticas y que se extendió entre 1972 hasta 1979. En ese período se han desarrollado 11 contiendas electorales, tres constituciones —1978, 1998 y 2008— y una década de desestabilización política que comenzó con la caída Abdalá Bucaram y que perduró hasta la llegada de Rafael Correa a la poltrona presidencial del Palacio de Carondelet. Durante esa década Ecuador asistió a como siete personajes, cada cual políticamente más deplorable, cruzaron sobre su pecho la banda presidencial.

La década correísta estabilizó políticamente el país, si bien terminó decepcionando notablemente a la mayoría del pueblo ecuatoriano y desinstitucionalizando aun más Ecuador, tras haber implementado el predominio del poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado.

La última fase de deterioro económico del país comenzó en el año 2014, momento en el que la caída de los precios del petróleo comenzó a golpear fuertemente a la economía nacional. Fue durante la última fase del Gobierno de Rafael Correa cuando el país comenzó a entregarse al Fondo Monetario Internacional. El Presupuesto General del Estado pasó de 44.300 millones de dólares en 2014 a 37.600 millones en 2016, el endeudamiento público —interno y externo— pasó de 2,8% del PIB en 2012 al 8,1% en 2016 y 9% en 2017, las urgencias por obtener financiamiento internacional hizo que el Gobierno correísta llegase incluso a negociar parte de la reserva nacional de oro con Goldman Sachs. Incluso se firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea y llegó a hipotecar el petróleo aun no extraído del subsuelo ecuatoriano con China y Tailandia.


publicado

2019-10-08 21:14

Publicado enCrisis Ecuador
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