Jueves, 17 Septiembre 2020 06:15

"Que grite la economía"

"Que grite la economía"

Génesis y legado del golpe de Estado ordenado por Nixon y patrocinado por la CIA en Chile

El 3 de septiembre de 1970, durante una reunión de 30 minutos en la Oficina Oval, entre las 3:25 y las 3:45 de la tarde, el presidente Richard Nixon ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) promover un golpe militar en Chile. Según notas manuscritas tomadas por el director de la agencia, Richard Helms, Nixon giró órdenes para evitar que el nuevo presidente de Chile, Salvador Allende, tomara posesión de su cargo en noviembre… o crear condiciones para derrocarlo en caso de que asumiera la presidencia.

"Una probabilidad de una en 10, quizá, pero salven a Chile." "No importan los riesgos". Helms garrapateaba sus notas mientras el presidente exigía un cambio de régimen en la nación sudamericana, que se había convertido en la primera en el mundo en elegir libremente a un candidato socialista. “Trabajo de tiempo completo… los mejores hombres que tengamos”. "Que grite la economía".

Escrito en una semana como ésta, hace 50 años, el crítico memorando de Helms sobre la conversación con Nixon continúa siendo el único registro conocido de la orden de un presidente estadunidense de derrocar a un líder extranjero electo democráticamente. Desde que desclasificó el documento, en 1975, como parte de una investigación del Senado sobre las operaciones encubiertas de la CIA en Chile y otras partes, las notas de Helms se han vuelto la representación de la intervención estadunidense en Chile, y un símbolo de la arrogancia hegemónica de Washington hacia naciones más pequeñas, en particular en América Latina.

¿Cómo llegó un presidente estadunidense, dotado de poderes imperiales, a ordenar un cambio encubierto de régimen en otra nación? La desclasificación, en fecha más reciente, de cientos de documentos etiquetados como top secret sobre el papel de la CIA en Chile proporciona componentes críticos de tan siniestra y sórdida historia. Éstas son las principales revelaciones:

– Funcionarios estadunidenses comenzaron a explorar en secreto un golpe militar como parte de los planes de contingencia ante una posible victoria de Allende desde un mes antes de que los chilenos acudieran a las urnas, el 4 de septiembre de 1970. Una "revisión urgente" solicitada por Nixon sobre los intereses y opciones en Chile, conocida como Estudio de Seguridad Nacional Memorando 97, contenía un anexo ultrasecreto titulado "Opción extrema: derrocar a Allende". Presentado por la CIA a principios de agosto de 1970, el anexo mencionaba las presunciones, ventajas y desventajas de un golpe militar si Allende resultaba electo.

– El 8 de septiembre de 1970, apenas cuatro días después de la estrecha victoria de Salvador Allende, el "Comité de los 40", que supervisaba las operaciones encubiertas estadunidenses, se reunió para abordar el caso de Chile. Al final de la reunión, el presidente del comité, Henry Kissinger, solicitó una "evaluación a sangre fría" de los "pros y los contras, los problemas y perspectivas implicados si se organizara ahora un golpe militar en Chile con asistencia de Estados Unidos". Al día siguiente, el cuartel general de la CIA envió instrucciones a su jefe de estación en Santiago para emprender “la tarea organizacional de entablar contactos directos con los militares chilenos… que puedan utilizarse para estimular un "golpe" (en español en el original) en caso de que se tome una decisión en ese sentido”.

– El jefe de estación de la CIA, Henry Hecksher, junto con el embajador estadunidense, Edward Korry, objetó esas instrucciones por considerarlas imprácticas e improbables. Un número significativo de funcionarios de la CIA, la embajada estadunidense y del Departamento de Estado se oponían a los planes de una intervención estadunidense por juzgarla poco realista, destinada al fracaso y peligrosa desde el punto de vista diplomático.

"Lo que proponemos es una flagrante violación de nuestros principios y dogmas políticos", advirtió Vaky a Kissinger en un memorando secreto el 14 de septiembre de 1970. "Si esos principios tienen algún significado, normalmente sólo nos apartamos de ellos para enfrentar graves amenazas a nosotros, es decir, a nuestra supervivencia. ¿Es Allende una amenaza mortal para Estados Unidos? Es difícil argumentarlo".

– Kissinger, el director de la CIA Helms y, sobre todo, el presidente Nixon rechazaron estos argumentos. Durante la reunión del 15 de septiembre de 1970 con Helms, a la que también asistió Kissinger, Nixon expresó que no le preocupaban los "riesgos implicados" al fomentar un golpe. El presidente estadunidense parecía tomar la elección de Allende como un insulto a Estados Unidos. "Ese hijo de puta, ese Allende hijo de puta", exclamó Nixon en una reunión posterior con Korry en la Oficina Oval. "Vamos a aplastarlo".

La directiva de Richard Nixon a Helms puso en marcha la más infame serie de actos en los anales de la política exterior estadunidense. Para instigar un golpe, la CIA se enfocó en proveer armas, fondos e incluso pólizas de seguro de vida a los operativos militares para remover al comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas, general René Schneider, quien se oponía a un golpe.

Asimismo, el esfuerzo clandestino de la CIA por bloquear la toma de posesión de Allende evolucionó en una extensa campaña para desestabilizar a Chile y crear un "clima golpista" que provocó la toma militar del poder encabezada por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Un año después, cuando la historia de la intervención estadunidense en Chile apareció en la primera plana del New York Times, la exposición generó uno de los mayores escándalos internacionales del siglo XX, y dejó un legado de política exterior estadunidense envenenada que continúa persiguiendo a Chile, a Estados Unidos y al resto del mundo hoy en día.

Versión reducida. La completa puede consultarse en https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/16/que-grite-la-economia-peter-kornbluh-4109.html

* Analista senior del Archivo de Seguridad Nacional en Washington y autor de Pinochet: los archivos secretos

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Misión de la ONU constata violaciones de DDHH en Venezuela y responsabiliza a funcionarios del Gobierno de crímenes de lesa humanidad

"Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes"

16-09-20.- El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó hoy que funcionarios del Estado venezolano, han cometido "violaciones flagrantes" de Derechos Humanos, altamente coordinadas con políticas del Estado, lo cual constituye crímenes de lesa humanidad, según un primer informe de la Misión Internacional encargada de investigar la situación de Derechos Humanos en Venezuela.

La investigación constató que el Gobierno venezolano, funcionarios estatales y grupos que trabajaban con ellos, han cometido "violaciones flagrantes de los Derechos Humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad," reza un comunicado de prensa emitido por el Consejo de DD.HH. de la ONU.

La Misión, cuyo reporte cubre el periodo desde 2014 hasta ahora, investigó 223 casos, de los cuales 48 fueron exhaustivos, y examinó otros 2.891 casos de froma parcial para corroborar los patrones de violaciones y crímenes, y pudo constatar evidencias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y torturas por motivos políticos, violaciones de DDHH durante protestas, así como una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho.

El informe responsabiliza a altos personeros el gobierno venezolano, incluyendo al Presidente Nicolás Maduro y varios de sus ministros. "La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes," reza el comunicado.

El informe ofrece amplia información "que demuestra que las autoridades del Estado, tanto a nivel presidencial como ministerial, ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".

"La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el Presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe", se señala en las conclusiones de la investigación.

Las graves violaciones de los Derechos Humanos denunciadas, fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

Los investigadores han recogido evidencias de que, a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora, incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.

"Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes", denuncia el informe, que será presentado la próxima semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Cabe mencionar que el pasado 14 de septiembre el Gobierno de Venezuela renovó su acuerdo de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, y aceptado que sus funcionarios en el país tengan una mayor autonomía jurídica a lo que Bachelet valoró como "un salto cualitativo" en la colaboración con las autoridades.

A continuación, el comunicado de prensa de la ONU:

 

Venezuela: Informe de la ONU insta a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad

 

El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

"La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad," dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

"Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno."

Ejecuciones extrajudiciales

Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular "enfrentamientos", un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar "semillas". Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales "luz verde para matar". Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a "matar criminales sin compasión".

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

"Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen," dijo Marta Valiñas.

Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en "casas seguras" no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un "comportamiento cultural" de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

"Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante," dijo Francisco Cox.

El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.

"Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro" dijo Francisco Cox.

"Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados."

Violaciones relacionadas con las protestas

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.

"La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta," dijo Paul Seils.

"Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara."

Un poder judicial comprometido

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

"Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido," dijo Marta Valiñas.

"Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó."

 

Por: Aporrea | Miércoles, 16/09/2020 01:29 PM |

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n fotoperiodista cubre las protestas y disturbios raciales en Portlan, Oregón, EEUU.-REUTERS/Carlos Barria

La UNESCO alerta en su último informe de una preocupante tendencia de la que responsabiliza a dirigentes políticos, policía y fuerzas de seguridad. Señalamientos, agresiones, detenciones, secuestros y uso de munición real y no letal son los aspectos más preocupantes para la organización.

 

Desde 2015 hasta junio de 2020, 125 periodistas han sido atacados o arrestados cuando realizaban su trabajo cubriendo protestas en 65 países del mundo, y al menos diez profesionales fueron asesinados, según el último informe de la UNESCO titulado "Seguridad de los periodistas que cubren protestas: preservar la libertad de prensa en tiempos de disturbios".

En el estudio, basado en documentación "confiable" de organismos asociados, informes de prensa y de las oficinas de la institución, se alerta de una "clara tendencia creciente en el número de ataques sufridos por los periodistas que cubren protestas". Concretamente, 15 de estas detenciones o ataques ocurrieron en 2015, 16 en 2016, 21 en 2017, 20 en 2018, 32 en 2019 y 21 solo en la primera mitad de 2020.

A tenor de los resultados en su investigación sobre la salud de la libertad de expresión, prensa e información, la organización  ha concluido que los líderes políticos y sociales de los Estados "deben evitar hacer declaraciones que puedan contribuir a generar un ambiente de hostilidad e intolerancia contra la prensa que pueda traducirse en ataques físicos de civiles a los periodistas", tal y como ya han advertido las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Policía y fuerzas de seguridad, principales responsables

El estudio concluye que "la mayoría de los ataques fueron realizados por la policía y las fuerzas de seguridad" al utilizar munición tanto letal como no letal. Desde balas de goma hasta balas de pimienta, que han provocado lesiones a decenas de reporteros, entre los que varios han perdido la visión de un ojo—; o nuevos proyectiles como flash balls (bolas de caucho o espuma condensada que impactan a gran velocidad) o butterfly bullets (balas expansivas, diseñadas para producir una pequeña descarga o desplegar una metralla tras el impacto), que causaron daño a un alto número de periodistas.

"Cientos de periodistas fueron acosados, golpeados, intimidados, arrestados,vigilados y secuestrados en todo el mundo"

Otros trabajadores de la información resultaron heridos, algunos de gravedad, por disparos de munición real efectuados por la policía, que también arrestó, golpeó y, en algunos casos, humilló a los periodistas, obligándolos, por ejemplo, a quitarse la camisa y tirarse al suelo mientras les pegaban y les realizaban preguntas humillantes, destaca el informe. Al menos 15 periodistas sufrieron graves lesiones por el uso de munición viva o balas letales durante el período analizado.

"Cientos de periodistas fueron acosados, golpeados, intimidados, arrestados,
vigilados y secuestrados en todo el mundo, además de haber sufrido la destrucción de sus equipos mientras intentaban cubrir protestas. Otros fueron incomunicados, humillados, asfixiados y recibieron disparos, tanto de munición no letal como de munición viva", especifica la UNESCO.

Su directora general, Audrey Azoulay, recuerda que "la tarea de los periodistas es esencial para informar y dar a conocer al público los movimientos de las manifestaciones", y pide a la comunidad internacional a todas las autoridades
competentes que "garanticen el respeto de estos derechos fundamentales".

Periodistas detenidos y factores de género

Las detenciones policiales se produjeron en países de Asia, África Subsahariana, América del Norte, Europa, América Latina, África septentrional y Oriente Medio. "Algunos de estos arrestos fueron temporales y, o bien no se presentaron cargos, o fueron desestimados por las autoridades", afirma el informe, mientras que en algunas ocasiones los periodistas sufrieron arrestos individuales o en grupo.

En EEUU, Europa y Oriente Medio, algunos reporteros han sido acusados ante la justicia penal por cubrir protestas presuntamente ilegales o contra el gobierno de turno por corrupción o la aprobación de medidas económicas leoninas o contra abusos policiales.

El documento destacada además la irrupción de factores de género, ya que en los últimos años se han registrado varios casos de mujeres periodistas víctimas de violencia a manos de las fuerzas de seguridad o de los manifestantes. En los peores casos, afirma la UNESCO, las profesionales "fueron perseguidas de forma deliberada y atacadas debido a su género".

Destaca el caso de una periodista francesa cuyo coche fue rodeado por los manifestantes, que amenazaron con violarla, durante una protesta de los chalecos Amarillos. En otra ocasión documentada por la UNESCO, dos mujeres periodistas y un colega fueron arrestados por las fuerzas de seguridad, pese a exhibir sus credenciales, "con la excusa de que habían violado una orden de toque de queda" y, una vez detenidas, "las mujeres habrían sido obligadas a desnudarse y fueron humilladas por los oficiales", quienes hoy enfrentan una denuncia por violencia sexual. Otro caso destacable es el de una periodista que fue agredida por manifestantes, llegando a arrancarle la ropa.

Al mismo tiempo, la ola de protestas raciales en EEUU bajo el lema Black Lives Matter, tras el asesinato de George Floyd por la policía, "han puesto de manifiesto la carga que pesa sobre de los periodistas negros y de color" y la "discriminación" que padecen en el ejercicio de su profesión. Un ejemplo que subraya la UNESCO es la detención de un reportero de la CNN de origen afrolatino mientras realizaba una conexión en directo, mientras que sus colegas blancos pudieron seguir informando.

El 'doxxing': señalar a periodistas y dar información personal

La UNESCO también pone en su diana la peligrosa práctica conocida como doxxing, que vincula con funcionarios de gobiernos locales. Consiste en obtener y hacer pública información privada e identificable de los periodistas, "llegando incluso a compartir sus direcciones y los nombres de sus hijos", al tiempo que critican su cobertura de las protestas.

"Algunas autoridades de gobierno censuraron o clausuraron medios de comunicación impresos, de radiodifusión o bloquearon sitios web en Internet, así como los SMS o los mensajes de texto que se envían a través de los teléfonos", lamenta el estudio, que también destaca acciones censurables por parte de los manifestantes.

"Clausuraron de forma temporal algunos medios de comunicación al ocupar las instalaciones para utilizar sus antenas para realizar radiotransmisiones y sacarlos del aire", precisa. En otras ocasiones, algunas autoridades ordenaron la "colocación de dispositivos de rastreo en las computadoras de los periodistas, otras sometieron a los periodistas a vigilancia física, electrónica o ambas", denuncia.

En la mayoría de estos casos, prosigue la UNESCO, "sin importar quién o qué grupo pueda ser responsable, la impunidad ha seguido siendo la norma en los últimos años en lo que respecta a los ataques a los periodistas que cubren protestas".

Los diez periodistas asesinados durante protestas

*Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO

 

Ferzat Jarban,camarógrafo independiente, fue arrestado después de filmar protestas contra el gobierno en al-Qasir en 2016. A la mañana siguiente encontraron su cuerpo gravemente mutilado. Fue el primer periodista reportado como asesinado en un período de ocho meses de medidas severas contra las protestas a favor de la democracia en la República Árabe de Siria.

Elidio Ramos Zárate, periodista el diario El Sur, fue abatido de un disparo en 2016 en la ciudad de Juchitan de Zaragoza (estado de Oaxaca, México), mientras cubría protestas y enfrentamientos.

Yaser Murtaja fue herido de muerte por un disparo cuando cubría protestas palestinas en la frontera con Israel en 2018.

Ángel Eduardo Gahona, le dispararon durante la transmisión en directo para su programa de noticias de la televisión local, El Meridiano, en abril de 2018, en la ciudad de Bluefields, al este de Nicaragua.

Lyra McKee, escritora y periodista de investigación independiente, de 29 años, que trabajaba para los sitios web Mediagazer y BuzzFeed News, fue asesinada a tiros en 2019, mientras cubría enfrentamientos en Creggan, un suburbio de Londonderry (Derry), en Irlanda del Norte, Reino Unido.

Precious Owolabi fue asesinado a tiros en 2019 mientras cubría unas manifestaciones para Channels Television, en Nigeria, que terminaron en enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.

Al periodista Ahmed Abdul Samad y al camarógrafo Safaa Ghali, les dispararon en 2020 mientras escapaban de las protestas en la ciudad de Basra, al sur de Iraq, que habían estado cubriendo para el canal iraquí de televisión por satélite Dijlah TV.

Alex Ogbu, reportero gráfico y de sitios web para el Regent Africa Times, le dispararon en 2020 cuando la policía dispersaba una manifestación del Movimiento Islámico de Nigeria en Abuya (Nigeria).

Ahmed Muhana Al-Lami, era un fotógrafo de noticias iraquí que trabajaba de manera independiente. El 6 de diciembre de 2019, mientras cubría una manifestación en una plaza pública de Bagdad recibió un disparo de bala y murió al poco rato en el hospital.

14/09/2020 10:30

Por JAIRO VARGAS

 

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Domingo, 13 Septiembre 2020 06:13

¿Quién dio la orden?

La policía avanza hacia los manifestantes en Bogotá el 9 de septiembre. Efe / Youtube

El 9 y 10 de septiembre la Policía Nacional de Colombia abrió fuego contra manifestantes durante las protestas por la muerte de Javier Ordoñez a manos de agentes de la institución. El país suma otra masacre y ya son 56 en lo que va del año

 

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Bogotá arde. Mientras, policías, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y guardias de seguridad armados con pistolas, palos y motos protagonizan una imagen que antes se entendía como aislada. Al caer la noche, miembros de la Policía Nacional se convierten en verdugos. Disparan contra el pueblo y, como lo registran decenas de videos en todo el país, asesinan indiscriminadamente. 

Los gritos, disparos y sirenas se mezclan en el aire. Agentes apuntan y disparan por las angostas calles bogotanas en contra de quien tengan en frente. ”Quiubo, gonorrea”, “apague eso”, “¿se va a hacer matar?”, son algunas de las consignas que se desprenden de las gargantas excitadas de policías en toda la ciudad. El sonido de los balazos es seco. Las motos aceleran sobre los cuerpos de manifestantes. La gente corre y responde con piedras, patadas, insultos. 

Van al menos once muertos y 403 heridos. 72 con heridas de bala. Claudia López, alcaldesa de la ciudad de Bogotá, afirma que las autoridades “desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía” y cierra con la pregunta que ronda a esta masacre: “¿Entonces a quién obedecen?”

Algunos culpan a vándalos. Hablan de violencia como si el Estado no tuviera responsabilidad. Lloran por buses y hormigón. Se pasan la pelota entre instituciones mientras la sangre de la noche anterior se seca en el adoquín cubierto de escombros y casquillos. 

Las protestas comenzaron tras el asesinato de Javier Ordoñez, un hombre de 43 años que, acusado de violar la cuarentena, fue sometido por miembros de la Policía con constantes descargas eléctricas. A pesar de esto, los forenses encontraron nueve fracturas craneales y golpes en el pómulo, el cuello, los hombros y el tórax que desembocaron en su muerte. La golpiza le fue propinada dentro de un Centro de Atención Inmediata (CAI).

“Por favor, no más”, fueron las palabras del abogado que suplicaba por su vida. Una vez difundida la noticia de su muerte, el coronel Alexander Amaya declaró ante medios nacionales que durante el procedimiento una persona  “presenta molestias en su salud física y de inmediato es trasladada al centro médico más cercano. Lastimosamente llega sin signos vitales”. 

Bogotá arde y en las calles agentes persiguen a manifestantes para golpearlos entre varios. Los patean en el piso. “¡Asesinos!” gritan los testigos. 

Durante dos noches los Centros de Atención Inmediata son abrazados por las llamas. No sólo por el caso de Javier. La lista es interminable. 1. En el CAI de Bosa Laureles policías abusaron de una mujer. 2. En el CAI de Codito policías torturaron y obligaron a detenidos a jugar ruleta rusa. 3. En el CAI de Soledad los policías torturaron y robaron a defensores de derechos humanos. 4. En el CAI de La Gaitana se denunció que secuestraron y torturaron a un joven. 5. En el CAI de Britalia doce policías fueron vinculados con microtráfico de drogas. 6. En el CAI de Oneida policías extorsionaban a los residentes. 7. En el CAI de Las Américas cuatro policías violaron a una niña de 13 años que fue a usar el baño. 8. En el CAI de San Diego, dos mujeres de 22 y 23 años denunciaron abuso sexual por parte de uniformados durante las protestas del 10 de septiembre.

Bogotá arde y la gente se pregunta: ¿quién nos cuida? 

Son las diez de la noche del 10 de septiembre y mientras el fuego se atiza, el miedo crece. Los videos son contundentes y no dejan espacio para supuestos: La Policía está disparando contra manifestantes. Lo hacen apuntando a la cabeza, al corazón y a las piernas. No son balas perdidas, no son errores de procedimiento. Nos están matando. 

Los videos inundan las redes. En Twitter se habla de muertos. Cuerpos tirados en el piso sobre charcos de sangre son iluminados por las llamas. “¡Lo mataron, lo mataron!, tombos hijueputas. No lo dejemos ahí. Lo mataron”— se puede escuchar en un video en el que un manifestante con un disparo en la cabeza es rodeado por otras personas. 

Luego de dos noches de masacre a manos del Estado el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo afirma que todo es orquestado a través de las redes sociales. Saltan las siglas ACAB, el término antifa, y una declaración: “Se reforzará el dispositivo de policía en Bogotá con 750 uniformados, más 850 que llegan de otras regiones del país. 300 soldados de la brigada 13 del ejército apoyarán la labor de la Policía Nacional en la capital de Colombia”. A la par, la senadora del partido Centro Democrático María Fernanda Cabal afirma, en un medio de amplia difusión nacional, que el expresidente Juan Manuel Santos está detrás de todo. 

¿Cómo se ve una dictadura? Hace una semana Transparencia Internacional alertó sobre la concentración de poder del presidente Iván Duque. Resaltó el hecho de que el Gobierno se “convirtió en legislador transitorio” y que la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría están en manos de allegados y exfuncionarios del gobierno. Todo esto poco después de que se dio a conocer que el ejecutivo pagó a la firma Du Brands para perfilar a los influenciadores que hablaban bien o mal del gobierno, misma compañía que firmó un contrato de más de $3.000 millones de pesos, de recursos para la paz, con el fin de mejorar la imagen del mandatario.

A esto se le suman las 55 masacres ocurridas en Colombia durante lo corrido de 2020. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en nueve meses ha habido doce masacres en Antioquia, ocho en Cauca, Nariño y Norte de Santander, cinco en Putumayo, cuatro en Chocó, dos en Córdoba, Valle del Cauca y Bolívar, tres en Atlántico, una en Arauca, Huila, Magdalena, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Meta y Cesar. Y a pesar de que Iván Duque insista en llamarlos “homicidios colectivos”, la lengua no tiene medias tintas. La matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida es una masacre. 

Bogotá arde y todos son culpables menos los que disparan.

Los disturbios crecen. Los proyectiles se incrustan en rejas, postes, muros y carne —“¡Socio, no se vaya. No se vaya, perro!” se puede escuchar en otro video mientras jóvenes intentan mantener a un manifestante con vida después de recibir un disparo. 

Cabe resaltar que la brutalidad policial no es nueva en Colombia. Hace poco más de dos meses Anderson Arboleda, un joven de 24 años, murió en Puerto Tejada después de que un policía lo golpeara en la cabeza por violar la cuarentena. Al igual que en noviembre de 2019 Dylan Cruz fue asesinado por el ESMAD con una escopeta calibre 12 durante el Paro Nacional. En Colombia la muerte no envejece. 

¿Dios y Patria? El lema institucional de la Policía Nacional de Colombia habla de amor perfecto, generosidad absoluta y justicia plena. Pero el accionar de sus miembros durante décadas no deja más que rabia y frustración. Las manifestaciones siguen, así como los disparos y el fuego. El ritmo febril de la violencia se toma la capital del país.

En la mañana del 11 de septiembre, entre las cenizas de los CAI, se erigen bibliotecas comunitarias en respuesta a la brutalidad policial. Los ciudadanos las bautizan en honor a los muertos. Se pintan murales, decenas de libros son donados y la música aparece. En la noche las protestas serán pacíficas aunque la Policía seguirá persiguiendo y atacando. 

El gobierno ofrece recompensas y las calles siguen tibias. Los testimonios de personas agredidas por agentes aumentan. Incluso gente que estaba en su casa, como Alexis Valencia Conto, relata el momento en el que desde la misma dirección en la que estaba la Policía empezaron a llover balas calibre 9mm. Una de ellas se alojó en el pecho de su hermano, Robert. 

Agentes con chaquetas al revés para que no puedan ser identificados, amenazas a periodistas, golpizas deliberadas en grupo, persecución, perfilamiento, ataques a residencias y nombres que no deben ser olvidados: Andrés Felipe Rodríguez, 23 años; Julieth Ramírez Mesa, 18 años; Alexander Fonseca, 17 años; Fredy Alexander Mahecha, 20 años; Germán Fuentes, 25 años; Angie Paola Baquero, 29 años; Jaider Alexander Fonseca, 17 años; Christian Andrés Hurtado, 27 años; Larwan Estiben Mendoza, 26 años; Gabriel Estrada Espinosa, 31 años y Julián Mauricio González, 27 años.

Son las nueve y treinta y siete de la mañana del 12 de septiembre de 2020 y anoche, durante una alocución presidencial, Iván Duque habló de que la Policía tuvo una actitud gallarda durante la masacre, mencionó deportaciones e invitó a tener confianza en las instituciones. Se sabe, también, que el mandatario rechazó la reforma estructural de la Policía. Por ahora, mientras la sangre ya es una mancha seca, los políticos le “ofrecen el perdón a las víctimas”, los actos simbólicos continúan y la cúpula de la institución sigue intacta después de que, en palabras de la alcaldesa, ocurriera el hecho “más grave que ha pasado en Bogotá desde la toma del Palacio de Justicia”, el 6 de noviembre de 1985. 

Mientras Bogotá arde Colombia es manejada desde una finca.

Por Nicolás Rocha Cortés 12/09/2020

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Más de 37 millones de desplazados por guerras ‘contra el terror’ de EU

Nueva York. Entre 37 y 59 millones de personas han sido desplazadas por la llamada “guerra global contra el terror” de Estados Unidos desde 2001 al presente -más que en cualquier otra guerra o desastre a lo largo del siglo 20 con la excepción de la Segunda Guerra Mundial- según una nueva investigación del Instituto Watson de la Universidad Brown presentada hoy.

La investigación del reconocido proyecto Costos de Guerra calcula que por lo menos 37 millones de personas huyeron de sus hogares en las ocho guerras más violentas lanzadas por Estados Unidos, o en las que ha participado, desde octubre de 2001 cuando lanzó la primera de éstas contra Afganistán y después la invasión de Irak en 2003.

“Al final, desplazar a 37 millones -y tal vez hasta 59 millones- presenta la interrogante de quién tiene la responsabilidad para reparar los daños padecidos por los desplazados”, afirma el informe, “Creando refugiados: desplazamiento causado por las guerras pos-11/9 de Estados Unidos”.

El informe afirma que los desplazados -aquellos obligados a abandonar sus hogares para buscar refugio en otros países o ser desplazados internos dentro de su propio país- como resultado de las guerras realizadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 2001 superan por mucho los provocados por cualquier otra guerra o desastre desde 1900, con la excepción de la Segunda Guerra Mundial.

El número total es equivalente a hacer huir de sus hogares y tierras a casi toda la población de Canadá o toda California.

Los desplazados, combinando refugiados que salieron del país y los internos, en Afganistán es de por lo menos 5.3 millones (un 26 por ciento de la población antes de la guerra), para Irak es de 9.2 millones (37 por ciento de la población), Siria, 7.1 millones (37), Pakistán 3.7 millones, Libia 1.2 millones, Yemen 4.4 millones, Somalia 4.2 millones y Filipinas 1.7 millones.

“Cualquier número es limitado en reflejar el daño del desplazamiento. Las personas detrás de los números son difíciles de ver, y los números no pueden comunicar cómo se puede sentir uno al perder su hogar, sus pertenencias, su comunidad y tanto más. El desplazamiento ha causado daño incalculable a individuos, familias, pueblos, ciudades, regiones y países completos de manera física, emocional y económica”, afirman los investigadores.

Y estos números son sólo los de las ocho guerras más violentas ya que las fuerzas armadas de Estados Unidos han participado en conflictos armados en por lo menos 24 países dede 2001.

El proyecto Costos de Guerra también calcula de manera constante los costos humanos y económicos de las guerras estadunidenses pos-11s. Las tabulaciones más actualizadas (noviembre 2019) registran un total de entre 770 mil a 800 mil muertos por violencia directa de las guerras en Afganistán, Irak y Paquistán, incluyendo unos 335 mil civiles, y 536 periodistas o trabajadores de medios. Un número aún superior pero no contabilizado ha perecido por consecuencias indirectas de estas guerras.

Más de 7 mil combatientes estadunidenses han perecido en esas tres guerras, y cientos de miles más han sido heridos a lo largo de los últimos 19 años.

Desde 2001 hasta el año fiscal 2020, el gobierno de Estados Unidos ha dedicado 6.4 billones de dólares en las guerras en Afganistán, Paquistán e Irak.

El presidente George W. Bush anunció su “guerra global contra el terror” poco después de los atentados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001, y ahora es la guerra más larga en la historia del país.

Washington está por iniciar el vigésimo año de su llamada “guerra contra el terror” el 7 de octubre cuando inició sus operaciones bélicas en Afganistán.

David Brooks, Corresponsal | martes, 08 sep 2020 18:07

Para consular la investigación y otros datos: https://watson.brown.edu/costsofwar/

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Sadín señala que en estos tiempos se está viviendo “un Leviatán algorítmico”. Imagen: Gentileza Diego Spivacow

El filósofo francés publicó el libro "La inteligencia artificial o el desafío del siglo"

El autor de "La silicolonización del mundo" señala, en su último trabajo, que el tecnoliberalismo está imponiendo en los hechos "un nuevo régimen de verdad”.

 

 Como Eric Sadin sigue la tradición de los filósofos franceses del siglo XX, no le escapa al debate político-cultural pero, mucho menos, a las frases provocativas: “Francis Fukuyama se equivocó: el fin de la historia no habría advenido luego de la caída del Muro de Berlín en 1989 y del triunfo planetario del liberalismo político y económico, sino que se consumaría hoy en favor de la generalización del uso de la inteligencia artificial”, plantea en su último libro, La inteligencia artificial o el desafío del siglo, publicado recientemente en la Argentina por el sello Caja Negra. 

A partir de trabajos como La humanidad aumentada y La silicolonización del mundo, Sadin ganó terreno entre los pensadores distópicos del siglo XXI, a la vez que puso en palabras y en tiempo presente, desde una perspectiva fenomenológica, lo que millones de televidentes apreciaron como una advertencia en la serie Black Mirror: el advenimiento de cambios radicales en el modo de construcción de "lo real". Estas modificaciones, señala el filósofo, son subsidiarias de transformaciones evidenciadas en el estatuto de las tecnologías digitales, que pasaron de ser "prótesis acumulativas" a erigirse en entidades capaces de "enunciar la verdad" a partir de la interpretación automatizada de situaciones. La tecnología se vuelve, así, "antropomórfica", concretando en el siglo XXI lo que Simone Weil, filósofa y activista del siglo XX había sabido ver en La condición obrera: “las cosas desempeñan el rol de los hombres y los hombres desempeñan el rol de las cosas; es la raíz del mal”. 

Sadin entiende el poder de seducción que ejerce la inteligencia artificial. Analiza sus trucos y su herramienta coactiva más eficaz: a partir de los nuevos avances de la tecnología patentada en Silicon Valley, la IA es capaz de establecer diagnósticos (sobre las cuestiones más diversas, desde la ciencia médica hasta la intimidad del individuo) más precisos que la inteligencia humana, porque dispone de un manejo y de una correlación de datos imposible de igualar, en tiempo real, por el hombre de carne y hueso. En ese sentido, el filósofo francés denuncia "la propagación de un antihumanismo radical", cada vez que el tecno-liberalismo, a través de una neo-lengua gerencial, busca “reducir ciertos elementos de lo real a códigos binarios excluyendo una infinidad de dimensiones que nuestra sensibilidad sí puede capturar y que escapan al principio de una modelización matemática”.

El autor pone sobre el papel argumentos que linkean con el imaginario sartreano, aunque obviamente traducido a otro contexto: “De ahora en más, esperamos de los procesadores que nos gobiernen con maestría, que nos liberen del fardo que soportamos desde el alba de los tiempos y que sin embargo constituía hasta hace poco la sal de la vida y nuestra relación con el mundo: el hecho de tener que pronunciarnos a cada instante y generar un compromiso; en síntesis, el hecho de poner en juego nuestra responsabilidad”. Y sigue: “Lo que se juega es la negación de nuestra vulnerabilidad, esa fragilidad constitutiva de nuestra humanidad que le hace decir a Aristóteles que 'una vida tan vulnerable, sin embargo, es la mejor'”. 

En su genealogía de la verdad, Sadin cita a Nietzsche. Dice que el autor de El origen de la tragedia ya señalaba que la voluntad de "hacer sentido con todo" se derivaba de una negación de la complejidad irreductible que gobierna la vida. Nietzsche relacionaba esta negación con la locura. La relativización de esa noción de Verdad, que rastrea en Foucault, en Derrida ("La verdad: es en su nombre maldito que nos hemos perdido”) y en Baudrillard (“la verdad es aquello de lo que hay que liberarse lo más pronto posible y pasarle el problema a otro”) encuentra hoy un nuevo cambio de paradigma, que le restituye la potestad perdida.

En este nuevo régimen de verdad, sostiene el filósofo, ya no sirven las categorías posmodernas impuestas en las últimas décadas del siglo XX.  “No se trata tanto de 'control' y recolección abusiva de 'datos personales' sino de una conformación bastante distinta cuyo objetivo no es vigilar sino influir sobre los comportamientos”, escribe.  A este "Leviatán algorítmico" no se lo puede enfrentar como a los viejos dispositivos de poder institucionales, ya que “nunca lo podemos tener frente a nosotros, a fin de que, con total lucidez, podamos saber de qué se trata, porque nunca nos muestra la totalidad de su rostro y huye indefinidamente, libre así de ejercer, al abrigo de cualquier forma de oposición consecuente, sus plenos poderes”.

Sadin alerta también contra la inminente instauración de un "Estado plataforma". Una institución política que operaría en retirada, según su visión, "para que todo funcione como un procesador que regularía la actividad pública". El nuevo ethos económico se legitima a través de una falsa idea de "eficacia" que permea sobre la administración automatizada de las conductas, a través de las aplicaciones. A todo esto la política se pega un tiro en el pie: “El designio consensuado social-liberal no hace sino satisfacer la ambición ultraliberal que ve en dicha automatización la oportunidad histórica de reducir las prerrogativas del Estado, percibido como un vector de perturbación del orden espontáneo del mercado”. El Estado que tiene más cerca es el que conduce Emmanuel Macron, líder que pretende instituir “una nación que piensa y actúa como si fuera una start-up”. La mayoría de los funcionarios actuales se desempeñan, dice, como "community managers". 

El autor no es optimista, como puede apreciarse en estas líneas. Porque inclusive en las manifestaciones de descontento actuales percibe la reproducción de esa matriz filosófica: “todas estas comunidades no saben ver más allá de la idea fija de la protección de la vida privada tan emblemática del egoísmo generalizado de la época: jamás se preocupan por los modos de organización inducidos por los sistemas, por el utilitarismo creciente, por las lógicas de poder que se están implementando. No: están obnubiladas únicamente por la preocupación por la preservación de los datos personales. La libertad se restringe a una dimensión estrictamente individual, pero se defiende en el seno de una 'causa común'”.

Aunque desencantado, Sadin vuelve a Foucault para exigir de la gente una "intolerancia activa" que enfrente, en este caso, la deshumanización radical producida por el tecno liberalismo. “Defender lo real se convierte en el nuevo nombre singular de la principal lucha política de nuestro tiempo”, concluye, tratando de contagiar a los lectores un entusiasmo que evidentemente no le sobra.   

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Los periodistas han allanado el camino de Assange al Gulag de EE.UU.

La muerte del periodismo

 

Esta semana han comenzado las audiencias en un tribunal británico para dictaminar sobre la extradición de Julian Assange. Las vicisitudes de más de una década que nos ha llevado hasta el punto en que nos encontramos deberían horrorizar a todo aquel preocupado por la creciente fragilidad de nuestras libertades.

Un periodista y editor ha sido privado de libertad durante diez años. Según los expertos de Naciones Unidas, Assange ha sido arbitrariamente detenido y torturado la mayor parte de ese tiempo mediante un estricto confinamiento físico y una presión psicológica continuada.  La CIA ha pinchado sus comunicaciones y le ha espiado cuando estaba bajo asilo político, en la embajada de Ecuador en Londres, vulnerando sus derechos legales más fundamentales. La jueza que ha supervisado las vistas tiene un grave conflicto de intereses (su familia está muy relacionada con los servicios de seguridad británicos) que no ha declarado y que debería haberla impedido hacerse cargo del caso.

Todo indica que Assange será extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a un juicio amañado frente a un gran jurado dispuesto a enviarle a una prisión de máxima seguridad para cumplir una sentencia de hasta 175 años de prisión.

Todo esto no está pasando en una dictadura de pacotilla del Tercer Mundo. Está teniendo lugar bajo nuestras narices, en una gran capital occidental y en un Estado que dice proteger los derechos de la prensa libre. Está ocurriendo no en un abrir y cerrar de ojos, sino a cámara lenta, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año.

La única justificación para este ataque implacable a la libertad de prensa –dejando de lado la sofisticada campaña de ataque que los gobiernos occidentales y los medios de comunicación sumisos han llevado a cabo  contra la personalidad de Assange– es que un hombre de 49 años publicó documentos que mostraban los crímenes de guerra de EE.UU. Esa es la razón –la única razón– por la que Estados Unidos pretende su extradición y por la que Assange ha estado languideciendo en confinamiento solitario en la prisión de alta seguridad de Belmarsh durante la pandemia del covid-19. La solicitud de libertad bajo fianza promovida por sus abogados fue rechazada.

Una cabeza en una pica

Mientras toda la prensa le abandonaba hace una década, y se hacía eco de los comentarios oficiales que lo ridiculizaban por su higiene personal y el tratamiento a su gato, Assange se encuentra actualmente en la situación que predijo en su día que estaría si los gobiernos occidentales se salían con la suya. Está a la espera de su entrega a Estados Unidos para ser encerrado el resto de sus días.

Dos son los objetivos que Estados Unidos y Reino Unido querían lograr mediante la evidente persecución, reclusión y tortura de Assange.

En primer lugar, la inhabilitación de el propio Assange y de Wikileks, la organización de transparencia que fundó con otros colaboradores. El uso de Wikileaks tenía que ser demasiado arriesgado para potenciales denunciantes de conciencia. Esa es la razón por la que Chelsea Manning (la soldado estadounidense que filtró los documentos sobre crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán por los que Assange se enfrenta a la extradición) también fue sometida a una rigurosa reclusión. Posteriormente sufrió repetidos castigos en la prisión para forzarla a testificar contra Assange.

El propósito era desacreditar a Wikileaks y organizaciones similares y evitar que publicaran nuevos documentos reveladores, del tipo de los que muestran que los gobiernos occidentales no son los “chicos buenos” que manejan los asuntos del mundo en beneficio de la humanidad, sino matones globales muy militarizados que promueven las mismas políticas coloniales de guerra, destrucción y pillaje que siempre han aplicado.

Y, en segundo lugar, había que sentar ejemplo. Assange tenía que sufrir horriblemente y a la vista de todos para disuadir a otros periodistas de seguir sus pasos. Sería el equivalente moderno de colocar la cabeza del enemigo en una pica a las puertas de la ciudad.

El hecho evidente –confirmado por la cobertura mediática del caso– es que esa estrategia promovida principalmente por EE.UU. y Reino Unido (con Suecia jugando un papel secundario) ha tenido un enorme éxito. La mayor parte de los periodistas de los grandes medios siguen vilipendiando con entusiasmo a Assange, ahora al ignorar su terrible situación.

 Una historia oculta a vista de todos

Cuando Assange se apresuró a buscar asilo político en la embajada de Ecuador en 2012, los periodistas de todos los medios convencionales ridiculizaron su afirmación (ahora claramente justificada) de que intentaba evadir la iniciativa de EE.UU. para extraditarle y encerrarle de por vida. Los medios continuaron con su burla incluso cuando se acumularon pruebas de que un gran jurado se había reunido en secreto para redactar acusaciones de espionaje contra él, y que dicho jurado actuaba desde el distrito oriental de Virginia, sede central de los servicios de seguridad e inteligencia estadounidense. Cualquier jurado de la zona está dominado por el personal de seguridad y sus familiares. No tenía ninguna esperanza de lograr un juicio justo.

Llevamos ocho años soportando que los grandes medios eludan el fondo del caso y  se dediquen complacientes a atacar su personalidad, lo que ha allanado el camino para la actual indiferencia del público ante la extradición de Assange y ha permitido la ignorancia general de sus horrendas implicaciones.

Los periodistas mercenarios han aceptado, al pie de la letra, una serie de razonamientos que justifican el encierro indefinido de Assange en interés de la justicia –antes incluso que su extradición– y que se pisotearan sus derechos legales más básicos. El otro lado de la historia –el de Assange, la historia oculta a vista de todos– ha permanecido invariablemente fuera de la cobertura mediática, ya sea de la CNN, o del New York Times, la BBC o el Guardian.

Desde Suecia hasta Clinton

Al principio se dijo que Assange había huido para no responder a las acusaciones de agresión sexual presentadas en Suecia, a pesar de que fueron las autoridades suecas las que le permitieron salir del país; a pesar de que la fiscal original del caso, Eva Finne, descartara la investigación contra él por “no existir sospecha alguna de cualquier delito”, antes de que otra fiscal tomara el caso por razones políticas apenas ocultas; y a pesar de que Assange posteriormente invitara a la fiscalía sueca a interrogarle en el lugar donde se encontraba (en la embajada), una opción que normalmente no supone ningún problema en otros casos pero fue absolutamente rechazada en este.

 No se trata solo de que los grandes medios no proporcionaran a sus lectores el contexto de la versión de Suecia. Ni de que se ignoraran muchos otros factores a favor de Assange, como la prueba falsificada en el caso de una de las dos mujeres que alegaron agresión sexual y la negación por parte de la otra a firmar la acusación de violación que la policía había preparado para ella.

Se mentía burda y repetidamente al decir que se trataba de una “denuncia de violación”, cuando Assange simplemente era requerido para un interrogatorio. Nunca se levantaron cargos de violación contra él porque la segunda fiscal sueca, Marianne Ny –y sus homónimos británicos, entre otros Sir Keir Starmer, entonces fiscal jefe del caso y ahora líder del Partido Laborista– aparentemente intentaban evitar la poca credibilidad de las alegaciones interrogando a Assange. Era mucho mejor para sus propósitos dejar que Julian se pudriera en un pequeño cuarto de la embajada.

Cuando el caso sueco se vino abajo –cuando resultó evidente que la fiscal original tenía razón al concluir que no existía prueba alguna que justificara nuevos interrogatorios, por no decir acusaciones firmes– la clase política y los medios de comunicación cambiaron de táctica.

De repente la reclusión de Assange estaba implícitamente justificada por razones completamente diferentes, razones políticas –porque supuestamente había contribuido a la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump publicando correos electrónicos, presuntamente “hackeados” por Rusia de los servidores del partido Demócrata. El contenido de esos correos, ocultos por los medios en aquel entonces y muy olvidados en la actualidad, desvelaban la corrupción en la campaña de Clinton y las iniciativas llevadas a cabo para sabotear las primarias del partido y debilitar a su rival para la nominación presidencial, Bernie Sanders.

The Guardian fabrica una mentira

A la derecha autoritaria no le ha preocupado mucho el prolongado confinamiento de Assange en la embajada y su posterior encarcelamiento en Belmarsh por haber sacado a la luz los crímenes de guerra de EE.UU., por tanto la prensa no ha invertido ningún esfuerzo en unirla para la causa. La campaña de demonización contra Assange se ha centrado en temas a los tradicionalmente son más sensibles los liberales y la izquierda, que de otro modo tendrían escrúpulos en tirar por la borda la Primera Enmienda y encerrar a la gente por hacer periodismo.

Al igual que las alegaciones de Suecia, a pesar de que no concluyeran en ninguna investigación, se aprovecharon de lo peor de las impulsivas políticas identitarias de la izquierda, la historia de los correos “hackeados” fue diseñada para distanciar a la base del partido Demócrata. Por extraordinario que parezca, la idea de que Rusia penetró en los ordenadores del partido Demócrata persiste a pesar de que pasados los años –y tras una ardua investigación del “Rusiagate” a cargo de Robert Mueller– todavía no se puede sostener con pruebas reales. De hecho, algunas de las personas más cercanas a la materia, como el antiguo embajador británico Craig Murray, han insistido todo el tiempo en que los correos no fueron hackeados por Rusia, sino filtrados por un miembro desengañado del partido Demócrata desde el interior.

Pero todavía es un argumento de mayor peso el hecho de que una organización de transparencia como Wikileaks no tenía más opción que exponer los abusos del partido Demócrata, una vez que obraron en su poder dichos documentos, fuera cual fuera la fuente.

Una vez más, la razón por la que Assange y Wikileaks acabaron mezclados con el fiasco del Rusiagate –que desgastó la energía de los simpatizantes demócratas en una campaña contra Trump que lejos de debilitarle le fortaleció– es la cobertura crédula que realizaron prácticamente todos los grandes medios del caso. Periódicos liberales como el Guardian fueron aún más lejos y fabricaron descaradamente una historia –en la que falsamente informaban de que el asistente de Trump, Paul Manafort, y unos “rusos” sin nombre visitaron en secreto a Assange en la embajada– sin que ello les trajera repercusiones ni llegaran a retractarse en ningún momento.

Se ignora la tortura de Assange

Todo ha posibilitado lo ocurrido posteriormente. Una vez que el caso de la fiscalía sueca se desvaneció y no existían motivos razonables para impedir que Assange saliera en libertad de la embajada, los medios de comunicación decidieron en comandita que el quebrantamiento técnico de la libertad vigilada era motivo suficiente para su reclusión continuada en la embajada o, mejor aún, para su detención y encarcelamiento. Dicho quebrantamiento se basada, desde luego, en la decisión de Assange de buscar asilo en la embajada motivada por el justificada creencia en que Estados Unidos planeaba pedir su extradición y encarcelamiento.

Ninguno de estos periodistas bien pagados pareció recordar que, según el derecho británico, está permitido no cumplir las condiciones de la fianza si existe una “causa razonable”, y huir de la persecución política entra evidentemente dentro de las causas razonables.

Los medios de comunicación también ignoraron deliberadamente las conclusiones del informe de Nils Melzer, académico suizo de derecho internacional y experto de Naciones Unidas en la tortura, según las cuales Reino Unido, EE.UU. y Suecia  no solo habían negado a Assange sus derechos legales básicos sino que se habían confabulado para someterle a años de tortura psicológica –una forma de tortura, según señalaba Melzer, perfeccionada por los nazis por ser más cruel y más efectiva que la tortura física.

Como resultado, Assange ha sufrido un importante deterioro en su salud  física y cognitiva y ha perdido mucho peso. Nada de ello ha merecido más allá de una simple mención por parte de los grandes medios –especialmente cuando su mala salud le ha impedido asistir a alguna audiencia. Las repetidas advertencias de Melzer sobre el maltrato a Assange y sus efectos han caído en oídos sordos. Los medios de comunicación simplemente han ignorado las conclusiones de Melzer, como si nunca hubieran sido publicadas, en el sentido de que Assange ha sido, y está siendo, torturado. Solo tenemos que detenernos a pensar la cobertura que habría recibido el informe de Melzer si hubiera sido motivado por el tratamiento a un disidente de un Estado oficialmente enemigo como Rusia o China.

La sumisión de los medios de comunicación ante el poder

El año pasado la policía británica –en coordinación con un Ecuador presidido por Lenin Moreno, ansioso por estrechar sus lazos con Washington– irrumpió en la embajada para sacar a la fuerza a Assange y encerrarle en la prisión de Belmarsh. Los periodistas volvieron a mirar hacia otro lado en la cobertura de este suceso.

Llevaban cinco años manifestando la necesidad de “creer a las mujeres” en el caso de Assange, aunque eso supusiera ignorar las evidencias, y luego proclamando la santidad de las condiciones de la fianza, aunque se usaran como un simple pretexto para la persecución política. Ahora, todo eso había desaparecido en un instante. De repente, los nueve años de reclusión de Assange basados en la investigación de una agresión sexual inexistente y una infracción menor de la fianza fueron sustituidos por la acusación por un caso de espionaje. Y la prensa volvió a unirse contra él.

Hace unos pocos años la idea de que Assange pudiera ser extraditado a EE.UU. y encerrado de por vida, al considerar “espionaje” su práctica del periodismo, era objeto de mofa por su inverosimilitud. Era algo tan ofensivamente ilegal que ningún periodista “establecido” podía admitir que fuera la verdadera razón para su solicitud de asilo en la embajada. La idea fue ridiculizada como un producto de la imaginación paranoide de Assange y sus seguidores y una excusa fabricada para rehuir la investigación de la fiscalía sueca.

Pero cuando la policía británica invadió la embajada en abril del pasado año y le detuvo para facilitar su extradición a Estados Unidos, precisamente acusándole de espionaje, lo que confirmaba las sospechas de Assange, los periodistas informaron de ello como si desconocieran el trasfondo de la historia. Los medios olvidaron deliberadamente el contexto porque les habría obligado a aceptar que son unos ingenuos ante la propaganda estadounidense, unos apologistas del excepcionalismo de Estados Unidos y de su ilegalidad, y porque habría demostrado que Assange, una vez más, tenía razón. Habría demostrado que él es el verdadero periodista, y no ellos y su periodismo corporativo apaciguado, complaciente y sumiso.

La muerte del periodismo

En estos momentos todos los periodistas del mundo deberían rebelarse y protestar ante los abusos que ha sufrido y está sufriendo Assange, un fatídico destino que se prolongará si se aprueba su extradición. Deberían estar publicando en las primeras páginas y manifestando en los programas informativos de televisión su protesta por los abusos interminables y descarados del proceso contra Assange en los tribunales británicos, entre otros el flagrante conflicto de intereses de Lady Emma Arbuthnot, la juez que supervisa el caso.

Deberían armar un escándalo por la vigilancia ilegal de la CIA  a la que fue sometido Assange mientras se hallaba recluido en las instalaciones de la embajada ecuatoriana, e invalidar la falsa acusación contra él por haber violado las relaciones entre abogado y cliente. Deberían mostrarse indignados ante las maniobras de Washington, a las que los tribunales británicos aplicaron una fina capa del barniz del procedimiento reglamentario, diseñado para extraditarle bajo la acusación de espionaje por realizar un trabajo  que está en el mismo núcleo de lo que se supone es el periodismo: pedir cuentas al poder.

Los periodistas no tienen por qué preocuparse por Assange ni este tiene por qué caerles bien. Tienen que manifestar su protesta porque la aprobación de su extradición marcará la muerte oficial del periodismo. Significará que cualquier periodista del mundo que desentierre verdades embarazosas sobre Estados Unidos, que descubra sus secretos más oscuros, tendrá que guardar silencio o se arriesgará a pudrirse en una cárcel el resto de su vida.

Esa perspectiva debería horrorizar a cualquier periodista. Pero no ha ocurrido así.

Carreras y estatus, no la verdad

Claro está que la inmensa mayoría de periodistas occidentales no llegan a desvelar un secreto importante de los centros de poder en toda su carrera profesional, ni siquiera aquellos que aparentemente se dedican a monitorizar esos centros de poder. Dichos periodistas reescriben los comunicados de prensa y los informes de los grupos de presión, sonsacan a fuentes internas del gobierno que los utilizan para llegar a las grandes audiencias y transmiten los chismes y maledicencias de los pasillos del poder.

Esa es la realidad del 99 por ciento de lo que llamamos periodismo político.

No obstante, el abandono de Assange por parte de los periodistas  –la completa falta de solidaridad ante la persecución flagrante de uno de ellos, similar a la de los disidentes que tiempo atrás eran enviados a un gulag– debería deprimirnos. No significa solo que los periodistas han abandonado la pretensión de hacer auténtico periodismo, sino también que han renunciado a la aspiración de que cualquier otro lo haga.

Significa que los periodistas de los grandes medios, los medios corporativos, están dispuestos a ser considerados por sus audiencias con mayor desdén de lo que ya lo son. Porque, a través de su complicidad y su silencio, se han puesto del lado de los gobiernos para que cualquiera que pida cuentas al poder, como Assange, termine entre rejas. Su propia libertad les encasilla como una élite cautiva; la prueba irrefutable de que sirven al poder es que no lo confrontan.

La única conclusión posible es que a los periodistas de los grandes medios les importa menos la verdad que su carrera profesional, su salario, su estatus y su acceso a los ricos y poderosos. Como Ed Herman y Noam Chomsky explicaron hace tiempo en su libro Los guardianes de la libertad, los periodistas alcanzan la clase media tras un largo proceso diseñado para deshacerse de aquellos que no están claramente en sintonía con los intereses ideológicos de sus editores.

Una ofrenda sacrificial

En resumen, Assange desafió a todos los periodistas al renunciar a su “acceso” (a dios) y a su modus operandi: revelar destellos ocasionales de verdades muy parciales obtenidas de sus fuentes “amigables” (e invariablemente anónimas) que utilizan los medios de comunicación para marcar puntos a sus rivales de los centros de poder.

En vez de eso, a través de denunciantes de conciencia, Assange desenterró la verdad cruda, sin adornos, plena, cuya exposición a la luz pública no ayudaba a ningún poderoso, solo a nosotros, al público, cuando tratábamos de entender lo que se estaba haciendo y se había hecho en nuestro nombre. Por primera vez pudimos ser testigos del comportamiento peligroso y a menudo criminal de nuestros dirigentes.

Assange no solo puso en evidencia a la clase política, también a los medios de comunicación, por su debilidad, su hipocresía, su dependencia de poder, su incapacidad para criticar el sistema corporativo en el que están inmersos.

Pocos de ellos pueden perdonarle ese delito. Y esa es la razón por la que estarán ahí, alentando su extradición, aunque solo sea mediante su silencio. Unos pocos escritores liberales esperarán hasta que sea demasiado tarde para Assange, hasta que haya sido empaquetado para su entrega, y expresarán en columnas dolientes, con poco entusiasmo y de forma evasiva, que por muy desagradable que se supone que sea Assange no se merecía el tratamiento que Estados Unidos le había reservado.

Pero eso será demasiado poco y demasiado tarde. Assange necesitaba hace tiempo la solidaridad de los periodistas y de las asociaciones de prensa, así como la denuncia a pleno pulmón de sus opresores. Él y Wikileaks estaban a la vanguardia de un combate para reformular el periodismo, para reconstruirlo como el verdadero control del poder desbocado de nuestros gobiernos. Los periodistas tenían la oportunidad de unirse a él en esa lucha. En vez de eso huyeron del campo de batalla, dejándole como una oferta sacrificial ante sus amos corporativos.

Más información sobre la persecución a Assange (vídeo en inglés): The War on Journalism: The Case of Julian Assange (38’)

Por Jonathan Cook | 09/09/2020 

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Fuente: https://www.counterpunch.org/2020/09/04/journalists-have-paved-assanges-path-to-a-us-gulag/

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Dibujo de Julian Assange durante la vista de este lunes sobre su extradición a EEUU. Elizabeth Cook /PA Wire/dpa

Este lunes ha comenzado la segunda fase del proceso de extradición de Assange a EEUU por el que se enfrenta a 175 años de prisión por 17 cargos de espionaje

 

"¿Está dispuesto a consentir su extradición?", preguntó la Fiscalía. "No", respondió Julian Assange. Así arrancaba este lunes la segunda fase del proceso de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks encarcelado en Reino Unido. Tras una larga batalla legal, el caso puede sentar un precedente que limite la libertad de prensa, que tiene un estatus de protección especial en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

Estados Unidos le acusa de haber violado su Ley de Espionaje por haber filtrado y publicado secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. Su defensa alega que su función fue equivalente a la de un periodista y cualquier límite que se ponga a su acción tendrá un impacto en cualquier periodista estadounidense.

"Los cargos que formula Estados Unidos están basados directamente en su trabajo como editor y periodista y pueden sentar un precedente terrible para quienes publican información clasificada de interés publico", dice a elDiario.es Olatz Cacho, experta de Amnistía Internacional que ha seguido el caso de Assange.

"El enjuiciamiento de Julian Assange, si se produce, podría tener un efecto disuasorio para la libertad de prensa y hacer que editores y periodistas se autocensuren por miedo a las represalias", dice Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa.

Las vistas durarán tres o cuatro semanas. Uno de los abogados de Assange, Edward Fitzgerald, se quejó de que no ha podido ver a su cliente en seis meses y propuso aplazar la vista hasta enero. La jueza lo rechazó y así comenzó este lunes el desfile de testigos.

En la puerta, decenas de manifestantes y activistas de diversas ONG como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras mostraron su apoyo a Assange. Unos pocos periodistas pudieron entrar en el Tribunal Penal Central. La mayoría esperaba fuera.

Poco antes del comienzo de la vista, la directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Rebecca Vincent; la pareja de Assange, Stella Moris; y el director de RSF Alemania, Christian Mihr, intentaron entregar sin éxito al Gobierno una petición de 80.000 firmas para evitar la extradición. Como alternativa, acudieron a las puertas del juzgado con una pancarta en la que aparecen los nombres de los 80.000 firmantes.

"El periodismo no es un crimen", rezaba la pancarta sobre el hombro de Eric Levy, un veterano activista de 92 años que en 2003 viajó a Irak en autobús con otros pacifistas para hacer de "escudos humanos". Se alojaron en instalaciones civiles como estaciones eléctricas, almacenes de comida y plantas de tratamiento de agua para evitar que fuesen bombardeados. "Estoy aquí por la misma razón que estuve en Irak. Porque creo en la justicia y en la paz. Wikileaks habla por toda la humanidad decente y progresista", cuenta en una breve conversación con Stefan Simanowitz, de Amnistía Internacional.

Durante la vista, además, Assange fue detenido otra vez este lunes por las autoridades británicas al amparo de una nueva solicitud de extradición formalizada hace pocas semanas por EEUU y que amplía la base de sus acusaciones contra el australiano. Estados Unidos acusa a Assange también de haber conspirado con hackers para reclutar a desarrolladores para publicar información clasificada.

Entre quienes se mofaron del procedimiento legal está Edward Snowden, que está refugiado en Rusia para huir de la justicia de Estados Unidos por la revelación del programa de vigilancia masiva de la agencia para la que trabajaba, la Agencia de Seguridad Nacional.

"Literalmente le han vuelto a arrestar el día de su juicio. Sí, han vuelto a arrestar a un hombre que ya está en prisión. El proceso entero es menos juicio que una broma soviética", tuiteó.

Debido a la crisis sanitaria, las autoridades habían concedido permisos a decenas de personas para seguir la vista de forma telemática. Sin embargo, algunos de los que habían recibido dicha autorización, entre ellos el responsable de Amnistía Internacional, han visto como se revocaba dicho permiso poco antes del comienzo del proceso.

La jueza Vanessa Baraitser aseguró que esos permisos se concedieron "por error" ya que le preocupaba "mantener la integridad del tribunal" y "ver lo que ocurre en la sala".

"Estamos sorprendidos. Esto es un trabajo fundamental para Amnistía Internacional, llevamos a cabo seguimientos de juicios en todo el mundo y estamos reconocidos internacionalmente como observadores acreditados", se quejó Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central. "Primero nos negaron la presencia física en agosto, pero nos garantizaron la presencia online de seis observadores, que hace un par de días se redujeron a solo uno y ahora nos enteramos que incluso esa plaza ha sido rechazada". La organización sigue haciendo trámites para poder seguirlo durante estos días.

Rebecca Vincent, de Reporteros Sin Fronteras, fue una de las pocas observadoras que pudo entrar en la sala el lunes y dijo que lo había conseguido por "la intervención de políticos alemanes y un representante de la embajada alemana".

Dentro de la sala también estaba el padre de Julian Assange, John Shipton.

175 años de prisión

Si es extraditado a EEUU, Assange se enfrenta a 175 años de prisión por 17 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y uno por fraude y abuso informático. Según Courage Found, se trata de la primera vez que se utiliza esta legislación de 1917 contra un editor. "Es un tipo controvertido, pero pensamos que este caso está ligado directamnte a la libertad de expresión. No deberían existir estos cargos y Reino Unido no se debería plantear estar extraditando a Assange", dice Cacho. La experta de Amnistía Internacional cree que el fundador de Wikileaks no tendrá un juicio justo en EEUU y que "las altas autoridades del país ya lo han condenado".

Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Ecuador le concedió el asilo en 2012 y desde entonces Assange vivía en la embajada. Horas antes de su detención, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció por Twitter la retirada del asilo diplomático por considerarlo "insostenible". El arresto se produjo a petición de EEUU.

En 2010, la Fiscalía de Suecia ordenó la detención de Assange, acusado de violación y abuso sexual, y Suecia emitió una orden europea de detención. Reino Unido aceptó extraditarle y Assange entonces pidió asilo en la embajada de Ecuador. Assange dijo que este proceso era una excusa para su extradición a EEUU, donde podría ser juzgado por la filtración masiva de documentos secretos en 2010 a través de Wikileaks.

El relator especial de la ONU para casos de tortura, Nils Meizer, aseguró en una entrevista publicada en elDiario.es que Assange no intentó en ningún momento huir de la justicia sueca. "Cuatro países democráticos unieron fuerzas [Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido] para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara".

Por Javier Biosca Azcoiti

7 de septiembre de 2020 23:27h

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Una milicia negra surge en reacción a los abusos policiales

En EE.UU., el grupo NFAC se moviliza contra la violencia de agentes y supremacistas blancos

Su líder, conocido como el Gran Maestro Jay, es un excandidato presidencial independiente en las elecciones de 2016, veterano de las fuerzas armadas y artista de hip hop. 

 

Tiene un nombre curioso para una milicia: Not fucking around Coalition (NFAC) que en castellano significa algo parecido a “Coalición No estamos jodiendo”. Surgió en Estados Unidos como un grupo de autodefensa negro entre tanto racismo desatado por la policía y los supremacistas blancos. Están armados como si fueran a la guerra y el 4 de julio – día de la independencia en EE.UU – se hicieron ver en un video que recorrió el mundo. No había sido la primera vez, pero resultó suficiente para que nadie les saliera al paso. Ni siquiera los encapuchados del Ku Klux Klan (KKK) que seguramente los vieron como intrusos en lo que consideran su propio reducto: el parque Stone Mountain cerca de Atlanta, Georgia. Los milicianos pedían la destrucción de un monumento ubicado en ese lugar que homenajea a tres confederados de pasado esclavista: Jefferson Davis, Robert E. Lee y Thomas Stonewall Jackson. Su líder es un excandidato a presidente que se postuló de manera independiente en las elecciones de 2016, veterano de las fuerzas armadas y artista de hip hop. Se llama John Fitzgerald Johnson aunque se lo conoce más como el Gran Maestro Jay.

Los integrantes de la NFAC ya anunciaron que seguirán marchando como lo hicieron el 12 de mayo por el asesinato de Ahmaud Arbery cerca de Brunswick, Georgia, a manos de un ex policía y su hijo. También se movilizaron el 25 de julio en Louisville, Kentucky, cuando protestaron por el crimen de Breonna Taylor, una trabajadora de la salud ejecutada en su propia casa durante un operativo policial. Los dos eran jóvenes afroamericanos. Como George Floyd y Jacob Blake, las últimas víctimas de la brutalidad en uniforme. El grupo miliciano “100 por ciento negro” como lo describe su referente y vocero Johnson tiene la cohesión de los militares. No en vano la mayoría pasó por las fuerzas armadas. Cuando desfilan lo hacen en formación cerrada.

En Estados Unidos se los asocia con las Panteras Negras, la organización socialista nacida en Oakland, California, en 1966, por la iniciativa de estudiantes universitarios. Como aquel grupo que fue influido por el ideario de Malcom X, la NFAC no solo se basa en la autodefensa de la comunidad afroamericana. Sus miembros exigen una reivindicación clave como el acceso a la tierra y un estado propio dentro de los EE.UU y solo para negros. Se declaran prisioneros políticos por ser descendientes de los esclavos y tienen en Johnson a un líder locuaz, decidido y que habla megáfono en mano en los actos donde la organización se mostró hasta ahora. En Louisville ya desfilaron un par de veces con su respetable poder de convocatoria. La coalición informó que en julio había movilizado a 3.500 militantes y los videos que pueden verse en youtube acreditan bastante esa cifra.

Vestidos completamente de negro, son hombres y mujeres camuflados con pasamontañas o pañuelos, llevan armas largas, usan porta balas, equipos de comunicación y algunos de sus miembros lucen máscaras antigas y binoculares. Un abundante equipo de combate que en Estados Unidos está permitido tener y portar al amparo de la Segunda Enmienda de la Constitución. Por eso cuando se movilizan en un país donde la violencia está institucionalizada, no llaman tanto la atención por su arsenal bélico. Pero sí porque se trata de afroamericanos armados. Un derecho que hasta pocos meses parecía que solo ejercían las milicias racistas blancas del KKK y sus derivados. Informaciones de la prensa mencionan que en Estados Unidos hay unos 1.300 movimientos de ultraderecha y a 2017 había 165 grupos de milicianos que pueblan su territorio. Una cifra que bien podría haberse incrementado por la tensión racial en ascenso de los últimos años.

La NFAC no se considera parte del Black Lives Matters que con su presencia diaria y multiracial se instaló este año en las calles de EE.UU. Pero si se observan con detenimiento los videos que produce, convive en armonía con la consigna que se instaló en la sociedad desde el asesinato de George Floyd en Minneapolis el 25 de mayo pasado. Cuando Johnson dio su discurso desde las escalinatas de un edificio ubicado en el Jefferson Square Park de Louisville, dijo que “la Not fucking around Coalition ha sido tergiversada por muchos en las redes sociales y demás, y estamos aquí para terminar con esas teorías”. Explicó que no se habían reunido ahí “para causar el caos porque hay rumores de que veníamos a cazar gente. Una vez más, simplemente estamos ejerciendo nuestros derechos constitucionales de reunirnos y portar armas”.

Johnson anunció el 15 de agosto que volverían a Louisville, el día en que se corre en la ciudad el famoso Derby de Kentucky. La convocatoria de la carrera de caballos fue la excusa para hacerle recordar al gobernador del estado, Andy Beshear, una promesa. Cuando dijo que el 5 de septiembre iba a quedar resuelto el asesinato de la enfermera Breonna Taylor. “Es bueno que el gobernador diga eso porque compartimos ese sentimiento también. Esperamos, tenemos esperanzas, de que eso es lo que va a suceder. Si no, también asistiremos al Derby de Kentucky” comentó el líder de la NFAC en un video. Cumplió su promesa y su organización se hizo presente para protestar el último sábado.

Algunas señales políticas de Johnson y su milicia están en su plataforma presidencial de 2016. Sobre el grave conflicto racial que atraviesa toda la historia de EE.UU sostiene: “Los Estados Unidos de América se han polarizado y paralizado en su esencia debido a su falta de voluntad para abordar el cáncer del racismo institucionalizado que ha habitado esta nación desde su nacimiento. Este cáncer se manifiesta de múltiples formas que afectan las funciones críticas de esta nación, desde la aplicación de la ley hasta el empleo. Impide que una nación que se decreta estar unida se convierta en todo lo contrario. ¡No debemos permitir que lo que hace grande a esta nación nos separe y es nuestra diversidad!”.

La propuesta política sugiere una reforma policial que contemple la creación de “una Fiscalía Federal Especial que reciba todos los casos a nivel nacional que involucran específicamente el uso de fuerza letal contra un ciudadano desarmado por un oficial de la ley”. Johnson y sus partidarios están a favor de asimilar a los inmigrantes que lleguen a EE.UU. Plantean una reforma fiscal con medidas para “exigir que las corporaciones ricas y grandes paguen su parte justa en impuestos”, la prohibición “de trasladar sus ganancias y empleos al extranjero para evitar pagar impuestos sobre la renta en Estados Unidos” y la implementación de “un impuesto al patrimonio del 0,3 por ciento de los estadounidenses que hereden más de 3,5 millones de dólares”.

Aquel candidato a presidente casi desconocido que solía aparecer de impecable traje y corbata entre 2015 y 2016 viste ahora en ropa de fajina como jefe del movimiento que se moviliza por las calles de Georgia y Kentucky. Su transformación es un símbolo del clima político-social violento e inestable que vive Estados Unidos.

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Empieza el juicio a Julian Assange y EE.UU. suma acusaciones

El gobierno de Trump aprovechó la demora por la pandemia para agregar cargos contra el fundador de WikiLeaks

Según la defensa del periodista, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir su extradición. 

 

En medio de una ofensiva política y legal del gobierno de Donald Trump, comienza este lunes en Londres el juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks Julian Assange.Estados Unidos lo acusa de violar su ley de Espionaje por la publicación de documentos secretos en 2010 sobre la guerra de Irak y Afganistán. La defensa pide la liberación y nulidad del proceso a Assange debido a la violación de derechos humanos y civiles consagrados por la ONU, la Convención Europea de los Derechos Humanos y la ley consuetudinaria inglesa.

El tortuoso caso Assange comenzó en 2010 con la publicación de cientos de miles de documentos clasificados que revelaban crímenes de guerra, corrupción y prevaricato en la política bélica estadounidense en Irak y Afganistán. La primera y sorprendente vuelta de tuerca, digna de un thriller, fue la denuncia contra el carismático fundador de WikiLeaks en Suecia unos dos meses más tarde por presunta violación y abuso sexual de dos mujeres. Suecia pidió la extradición de Assange que fue arrestado por la policía británica y puesto en libertad bajo fianza mientras duraba el juicio por extradición en el Reino Unido. Cuando en 2012 la Corte Suprema británica falló a favor de que se lo extraditara a Suecia, Assange solicitó asilo político en la embajada de Ecuador en Londres.

Desde entonces estuvo a merced de los vientos políticos y diplomáticos: los vaivenes judiciales en Suecia, los cambiantes aires de Ecuador, la presión de Estados Unidos y el Reino Unido. La decisión de Suecia de retirar los cargos contra Assange se vio más que compensada por la salida de Rafael Correa, el acelerado giro a la derecha de su sucesor, Lenín Moreno, y el deterioro de la situación económico-social ecuatoriana. A cambio del visto bueno de Estados Unidos para un préstamo con el FMI por 4 mil millones de dólares, el gobierno de Lenín Moreno abandonó a Assange a su suerte. En abril del año pasado la policía inglesa ingresó en la embajada ecuatoriana y lo arrestó por no haberse entregado a la corte cuando estaba libre bajo fianza en 2012. Desde entonces permanece en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres.

La larga extradición de Assange

Este segundo proceso de extradición debía comenzar en abril: se demoró con la pandemia. Estados Unidos aprovechó esta demora para añadir nuevos cargos a los 18 delitos que se le imputan. Estos cargos se extienden más allá de la figura misma de Assange. Dos de sus socios en WikiLeaks y un empleado de la organización son acusados de cómplices en la conspiración contra la seguridad estadounidense. El mensaje del departamento de estado es una advertencia a cualquier “whistleblower” tentado de revelar los trapos sucios del gobierno: Estados Unidos los seguirá hasta el fin del planeta.

El argumento estadounidense es que la publicación de estos documentos clasificados pone en peligro la vida de personas o la seguridad del estado. El secretario general de la Association of American Lawyers, Luis Carlos Moro refutó este argumento, un clásico de los estados sean democráticos o dictatoriales. “Una extradición de Assange sentará un peligroso precedente para todo el mundo democrático porque lejos de representar la vigencia del estado de derecho significará una victoria de la persecución política”, dijo Moro.

Según la defensa, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir la extradición. Los argumentos legales son sólidos y fueron adelantados en una carta abierta al primer ministro Boris Johnson en agosto firmada por más de 150 prominentes abogados y organizaciones legales de Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y Australia. Entre los puntos citados se encuentran algunos de casi irrebatible contundencia:

- el artículo 4 del tratado de extradición bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido prohíbe la extradición por motivos políticos.

- También la prohíbe en caso de que haya “un riesgo de ser sometido a un juicio injusto”, es decir, sin las garantías mínimas de imparcialidad de un estado de derecho.

  • ·-El riesgo de tortura citado por el Rapporteur sobre tortura de la ONU en el caso de extradición de Assange.

- y la violación a la libertad de prensa y expresión: la extradición consagraría como delito la divulgación de información gubernamental.

Trump, Brexit y George Orwell

Al sesgado entorno judicial se le agregan incomprensibles restricciones a la prensa para la cobertura de un juicio seguido en todo el mundo: solo 10 periodistas podrán ingresar a las sesiones. Además de comprometer la transparencia del proceso, esta restricción es una manera de invisibilizar el estado de salud de Assange: la última vez que se lo vio fue en su arresto en la embajada ecuatoriana. La información de las pocas personas que han tenido acceso a Assange en todos estos meses – su actual pareja, sus abogados - es que su estado de salud es precario.

El proceso de extradición comienza en un momento sobrecargado políticamente: el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, el 1 de enero la definitiva salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al calor de la gigantesca polarización del Brexit, los conservadores con Boris Johnson a la cabeza y la poderosa prensa afín a la carga, han lanzado en los dos últimos años una ofensiva contra el poder judicial con titulares de tapa que calificaban a los jueces de “enemigos del pueblo”, con nombre y foto de los magistrados que fallaran en contra de la ruta legal que buscaba imprimirle el gobierno a la salida británica de la Unión Europea. El Rasputinesco cerebro de Johnson, Dominic Cummings, quiere reformar el sistema judicial de cuajo, en especial sus rasgos más progresistas, “herramientas de campaña de izquierda”, según el ultra conservador matutino Daily Mail.

Esta ofensiva, que puede hacer pensar en una suerte de “lawfare” a la británica, tiene límites institucionales y colectivos que van a pesar en el caso Assange. En un célebre ensayo en medio de la segunda guerra mundial, el autor de 1984, George Orwell, rescataba el respeto a la justicia como un rasgo inglés que trascendía clases e ideologías. “Todos creen que la ley es algo incorruptible que está por encima del estado y del individuo y que debe ser impartida de manera imparcial. Se dirá que es una ilusión, pero es una ilusión muy poderosa que tiñe la conducta social y la vida colectiva”, escribe Orwell.

Esta visión colectiva es un ideal cultivado desde la niñez (la queja favorita de los muy modosos niños ingleses es “it is not fair”: no es justo). Es también fuente de hipocresía como en el célebre “fair play”. En el mejor de los casos funciona como una salvaguarda contra la farsa judicial y los juicios amañados. En el otro gran caso de extradición de los últimos 30 años, el de Augusto Pinochet, la justicia británica estaba camino a conceder su extradición a España cuando intervino el poder político. El proceso estuvo cargado de ironías. Un supuesto refugio del privilegio como la Cámara de los Lores – corte suprema en aquellos años – falló dos veces a favor de la extradición. Un gobierno laborista, supuestamente de centro izquierda, terminó inventando una coartada de salud física y mental – senilidad – para que el ex dictador regresara a Chile.

Las audiencias del caso Assange se extenderán hasta el 25 de septiembre. El fallo de esta primera instancia podrá ser apelado. El caso seguirá con toda seguridad una trayectoria similar al caso Pinochet: la High Court de Londres y la Corte Suprema. Es un poco prematuro para los pronósticos, pero no habría que descartar un escenario similar al del caso Pinochet: la justicia moviéndose por un lado, el poder político por el otro. En buena medida dependerá de que las palabras de Orwell sigan describiendo a la sociedad británica del Brexit y las fake news unos 84 años más tarde.

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