Seguridad contrainsurgente y construcción del enemigo interno

El 21 de octubre se realizó un Conversatorio sobre el tema de Seguridad y Defensa en Colombia. Concepciones y desafíos, que convocó la Comisión de la Verdad. Con antelación se nos enviaron seis preguntas (en realidad eran más, porque algunas de ellas tenían otras preguntas incorporadas). Desde el momento en que recibí las preguntas consideré que eran demasiadas y no habría ocasión de afrontarlas con profundidad por el poco tiempo disponible y por el número de personas que íbamos a participar en el Conversatorio. Y en efecto eso fue lo que aconteció, porque además de los cinco foristas que participamos, intervinieron otras personas (aunque en forma breve y puntual), con lo que el tiempo y las posibilidades de argumentar se redujeron en forma significativa.

De todas formas, yo escribí las respuestas, pensando en la brevedad de tiempo y el público general que participaba en la convocatoria, por lo que empleo un lenguaje coloquial y directo.

No se alcanzaron a afrontar todos los temas que se proponían en las preguntas y solamente se abordaron unos pocos. Dado que pensé con cuidado lo que iba a responder, decidí escribirlo como texto orientador y eso es lo que hoy ofrezco a los lectores interesados.  

Enfatizo en la construcción del enemigo interno como lógica contrainsurgente de larga duración en Colombia, porque ese fue el asunto que se me pidió en forma expresa que resaltara en el Conversatorio mencionado.

¿Cómo se entiende la seguridad en Colombia y cuál es su relación con la democracia?

La pregunta que habría que hacer a esta pregunta es de ¿quiénes se está hablando, cuando se nombra la relación entre seguridad y democracia? Si estamos hablando desde la lógica del bloque de poder contrainsurgente (formado por el Estado, las clases dominantes, las altas jerarquías de la iglesia católica, los gremios económicos y los medios de desinformación) que se ha construido en este país en los últimos 70 años tenemos un tipo de respuesta, en la cual existe una relación estrecha entre una forma de entender la seguridad (considerada como seguridad nacional, confeccionada en Estados Unidos) para defender los intereses de ese bloque de poder contrainsurgente y para ellos la democracia se reduce, cuando mucho a unas elecciones periódicas, en las que se escoja al representante de ese bloque de poder que va a ejercer la presidencia de la República.

Si, por el contrario, nos situamos en la perspectiva de las grandes mayorías sociales para las cuales la democracia no debería reducirse a un ritual electoral, sino a una forma sustancial de entender la sociedad, en la que la desigualdad no sea lo dominante, haya justicia, empleo, respeto a las libertades individuales y colectivas y no se persiga y mate a la gente por pensar distinto y tener otro proyecto de mundo y de sociedad. En ese caso se tiene otra idea de seguridad, referida a la garantía de esos derechos, para que puedan ejercerse realmente y no queden en el papel. De qué sirve, por ejemplo, hablar de Estado social de derecho y de “tradición democrática” si somos uno de los países más desiguales del mundo, en donde se asesinaron a 3000 dirigentes sindicales en los últimos 35 años, se exterminaron movimientos políticos y mataron a miles de sus militantes (UP, A luchar, Frente Popular, ahora el Partido de la Rosa), si somos el primer país del mundo en asesinato de ambientalistas, el segundo en asesinato de profesores, durante mucho tiempo el primer país del planeta en desplazamiento forzado de población. Un país donde el racismo, el clasismo, el sexismo son pan cotidiano, como se demuestra a diario, para no ir más lejos con el trato dado en estos momentos a la Minga indígena y popular. Y todavía se repite la mentira de que somos un país que una gran tradición democrática, cuando la democracia colombiana, como lo dijo el político liberal Darío Echandía “es como un orangután en Sacoleva”.

¿A partir de qué modelos se han diseñado históricamente las políticas de seguridad y defensa en Colombia?

Dos modelos, uno informal, y otro formal, que corresponden a dos épocas diferentes. Y aquí voy a presentar un punto de vista heterodoxo que puede escandalizar a los “expertos en seguridad”.

Un primer modelo, el impuesto durante la República Conservadora (1886-1930), tutelado por un poder extranjero: El Vaticano. Este modelo no tenía doctrina militar específica (que se llamara así de Seguridad), ni instructores militares, ni ejércitos en Italia, a donde se prepararan los policías y militares colombianos. Pero si irradiaba un dominio ideológico, cultural y simbólico de gran alcance que se transmitía a través de diversos sectores del Partido Conservador, y principalmente las jerarquías católicas, que tenían presencia nacional y controlaban en forma férrea la educación, los territorios nacionales con la “Reducción de salvajes”, manejaban prensa, y ejercían poder local en las parroquias y veredas. (en virtud del Concordato de 1887).

Los lineamientos venían directamente desde el Vaticano, a través de las encíclicas papales, en las que periódicamente se señalaban los enemigos de la iglesia católica, que se renovaban con relación a las grandes luchas sociales que se vivían en Europa. Las encíclicas las asimilan los obispos y las difunden con un mensaje de odio hacia el liberalismo (la revolución francesa) y lo que fuera considerado comunista o socialista y luego circulan por el país a través de los curas de parroquia, y llegan hasta los lugares más distantes y recónditos.

Esta concepción de seguridad reposa en la idea de fundar un orden teocrático, basado en la máxima Dios y Patria ‒que sigue siendo el lema de la Policía colombiana‒ que en lugar de formar ciudadanos moldea buenos cristianos, sumisos, obedientes, serviles, intolerantes, sectarios, autoritarios, machistas, antiliberales y anticomunistas. Esto hace que la iglesia católica como cancerbera de dicho orden teocrático imponga una noción clerical de seguridad dentro del país, que supone el control de lo que hace y piensa la gente. La iglesia católica controla desde el nacimiento hasta la muerte, tiene el monopolio del bautismo y de los cementerios y logró que durante cincuenta años no existiera otra forma de identificación que no fuera la Partida de Bautismo. Por eso, se va a oponer con saña a la expedición de la cedula de ciudadanía en 1936, y para rechazar ese documento (un reconocimiento elemental de derechos civiles) se alía con el partido conservador para que no se toquen sus privilegios de control de los cuerpos y las mentes. La Violencia de las décadas de 1940-1950 de alguna forma está relacionada con la negación de un derecho civil, que deja de ser un monopolio de la iglesia católica y los ciudadanos puedan tener un documento de identidad expedido por el Estado y no queden a merced de una corporación privada, como es la iglesia católica. Este saboteo al reconocimiento de un elemental derecho civil fue encabezado por Laureano Gómez, ese promotor de odio y de muerte, que se expresaba en la consigna falaz de que el “liberalismo tenía 1,800.000 cedulas falsas”.

De allí surge la doctrina de seguridad que el poder conservador y clerical tenía que enfrentar a sus numerosos y diabólicos enemigos, empezando por el Partido Liberal y poco después a todo lo que se involucraba con el vocablo gaseoso de comunismo.  Las implicaciones militares de esa concepción de seguridad se materializaron en las últimas guerras civiles del siglo XIX que asolaron al país, principalmente la más sangrienta y prolongada, la de los Mil Días (1899-1902), en donde se demostró lo que implicaban las enseñanzas clericales sobre la seguridad, que era la del partido conservador y la iglesia católica. Sus palabras de odio y muerte salieron de la boca santificada de Ezequiel Moreno, Obispo de Pasto, nacido en España, quien afirmó que “matar liberales no era pecado”.  Decía este mismo personaje en 1897: “No es posible la conciliación entre Jesucristo y el diablo, entre la Iglesia y sus enemigos, entre catolicismo y liberalismo. No; seamos firmes: nada de conciliación; nada de transacción vedada e imposible. O catolicismo, o liberalismo. No es posible la conciliación”[1].

Ahí está la esencia de esa doctrina de seguridad nacional, la que se corresponde con la defensa de los intereses del partido conservador y la iglesia católica. Quienes los criticaran y los cuestionaran eran enemigos de la nacionalidad católica, apostólica y romana y debían ser perseguidos, encarcelados o asesinados. Como las fuerzas militares y de policía eran conservadoras en su mayoría, a esas fuerzas también se trasladaba la lógica de que liberales y comunistas eran enemigos que había que combatir y exterminar como bacilos, enfermedades o plagas.

Señalemos un ejemplo. En un documento de 1932, que se encuentra en el AGN de 1932, el gobernador de Caldas transcribe las palabras del cura párroco de Mocatán, cuyos dichos llenos de “fraternidad cristiana” son de este tenor: “Es necesario negarles el agua y el pan a los liberales”; “es mejor ser asesino, es menor pecado clavarle un puñal a la madre que ser liberal”; “las mujeres de los liberales son iguales a las prostitutas. Es menos pecado ser adultera que ser mujer de un liberal”; “las leyes humanas castigan el robo, pero ante Dios no es pecado robar y si es pecado ser liberal”[2]. Esta lógica es trasladada a los comunistas y socialistas, con el mismo tipo de vocabulario, como lo han documentado diversas investigaciones. En esa dirección en 1949, Ernesto Reyes sacerdote de la Diócesis de Tunja aseguraba que el comunismo es “una lepra galopante y le declaraba la guerra a muerte”[3].

Y el segundo modelo, el de 1945 en adelante, tutelado por otro poder extranjero, los Estados Unidos, se instaura durante el período de la hegemonía conservadora y la dictadura militar (1946-1957) y traza los lineamientos básicos de la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta preserva de la fase anterior por lo menos cuatro aspectos: la contrainsurgencia, el anticomunismo, el miedo al pueblo y el miedo a la democracia. Estados Unidos se convierte en el formador de la mentalidad castrense (militar y policial) desde entonces hasta el día de hoy. Un momento clave de la instauración de esa doctrina se da en el período señalado, cuando las clases dominantes de este país se pliegan de manera incondicional a los Estados Unidos, incluyendo el plano militar. Las consecuencias de eso son bien conocidas y tienen que ver con los modelos de represión que se imponen en el país, entre los cuales están la persecución a todos los que son catalogados de comunistas y subversivos (trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesores, defensores de derechos humanos…). El trato militar y represivo a cualquier protesta, por justa y legitima que sea, la oposición a cualquier reforma real de la estructura económica y política del país, el aprendizaje de métodos de tortura que son enseñados en los manuales de guerra de Estados Unidos, que son traducidos y adaptados por las fuerzas armadas de Colombia, la creación de grupos paramilitares para combatir a lo que se denomina el “enemigo comunista”. Todo eso se da durante el Frente Nacional y se proyecta hasta el día de hoy, porque hay que decirlo en Colombia la guerra fría nunca ha terminado.

En resumen, en materia de la seguridad contrainsurgente y la construcción del enemigo interno, se “evolucionó” sustancialmente: mientras en la primera época de la seguridad vaticana matar liberales y comunistas no es pecado, en la segunda de estirpe estadounidense matar comunistas no es delito.

¿Qué sujetos han sido considerados como amenazas o enemigos de la seguridad nacional? ¿por qué?, ¿De qué manera ha influenciado la vida social, política y cultural de la sociedad colombiana la configuración de enemigos de la seguridad nacional?

Todos los sectores populares y quienes pudieran presentarse como sus voceros son concebidos como enemigos, siendo el típico miedo al pueblo y miedo a la democracia. Los primeros que entraron en la lista de enemigos fueron, por supuesto, los indígenas y la población negra, desde la misma conquista y eso se amplió y se reforzó durante todo el período republicano, y se proyecta hasta el presente (como lo podemos ver con la Minga). La Regeneración los considero menores de edad, salvajes, y dispuso su reducción por las misiones católicas, que se repartieron el país como un ponqué. En cuanto a la población negra, los esclavistas caucanos se negaron a la abolición de la esclavitud y organizaron una guerra civil en 1851 para oponerse a la misma. Entre esos traficantes de carne humana se encontraba la familia Arboleda que después seguiría explotando a los negros como agregados en las haciendas. Uno de eso prohombres era Sergio Arboleda, cuyo nombre hoy ostenta una universidad, en la misma que se graduaron Iván Duque y otros funcionarios del gobierno actual.

Luego, después de 1918 los trabajadores, sus movilizaciones, luchas, reivindicaciones. Con ellos se formularon desde el año mencionado afirmaciones de odio, provenientes de diversos sectores (empresarios nacionales y extranjeros, jerarquías católicas, prensa). Ese odio se expresó en diversas masacres, entre ellos vale recordar la del 16 de marzo de 1919 (a sastres y artesanos), la de 1928, las bananeras, la del 23 de febrero de 1963, el asesinato de nueve dirigentes sindicales durante el paro nacional estatal de 1998, entre ellos el de Jorge Ortega, vicepresidente de la CUT. En la visión contrainsurgente que domina en Colombia, ninguno de esas eran acciones legitimas, que tenían que ver con las reivindicaciones de los trabajadores, con mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, sino que eran planes bolcheviques, subversivos, de comunistas enemigos de la patria.

Desde la década de 1920, con las movilizaciones agrarias, se demoniza a los campesinos y pequeños propietarios y se coloca como estigma, que podía y puede conducir a la muerte, la lucha por la propiedad de la tierra para quienes la trabajan. Nunca se realizó una reforma agraria de verdad y las veces que se plantearon tímidos intentos, vino la reacción y revancha terrateniente, aupada por la iglesia, el partido conservador e importantes sectores del partido liberal, con miles de campesinos muertos y expulsados de sus tierras.

Los sectores urbanos pobres fueron considerados como enemigos a liquidar después del 9 de abril, aunque existieran manifestaciones anteriores. Pero fue ese día cuando se convirtieron en carne de cañón para las fuerzas represivas del régimen conservador, que dejo solo en las calles de Bogotá unos 5000 muertos. De ahí surge el epíteto despectivo de “chusma nueveabrileña”. Un escritor conservador de la época, Pedro Nel Giraldo, los catalogó como “negros, indios, mulatos y mestizos, rencorosos, vengativos, hombres de palo y cuchillos, defraudados, frustrados y ambiciosos”[4].

Los estudiantes fueron convertidos en enemigos desde 1954, con la masacre del 8 y 9 de junio.

Los profesores universitarios después del 9 de abril, cuando fueron perseguidos intelectuales colombianos y extranjeros en la Universidad Nacional y en La Escuela Normal Superior. Y los profesores de primaria y bachillerado desde la década de 1960, a raíz de importantes luchas y movilizaciones en todo el país.

Y, en general, desde finales de la década de 1950 se amplía la noción del “enemigo interno” hasta incluir a la mayor parte de la población civil, a los que empezó a denominarse “guerrilleros de civil”, “guerrilleros sin armas”, “cómplices de la subversión”, “terroristas sin armas”, “brazo desarmado de la subversión”, “población civil insurgente”, en los que se incluyen  a sindicatos, asociaciones agrarias, movimientos reivindicativos de toda índole. Eso se define en el libro del francés Roger Trinquier (uno de los “grandes torturadores galos”),  titulado La Guerra Moderna y la lucha contra las guerrillas, que el ejército colombiano traduce en 1963 y donde se dice: “En la guerra moderna es difícil de definir el […] límite entre amigos y enemigos [que] está en el seno mismo de la nación, en una misma ciudad, y algunas veces dentro de la misma familia […] Todo individuo que de una u otra manera favorezca las intenciones del enemigo debe ser considerado traidor y tratado como tal”[5]

Esto conduce directamente a las campañas cívico-militares y a los crímenes de Estado, presentados con el eufemismo de “falsos positivos”, como resultado de lo cual han sido asesinados miles de colombianos desde la década de 1960, aunque esos asesinatos se hayan reforzado en el período 2002-2010, por una directriz del Ministerio de Defensa, en 2005, cuyo documento está a la vista de todos, en la que se pagaba con dinero y otras prebendas la muerte de los enemigos, en una clara muestra de imposición de la pena de muerte, cotizar la vida humana a un vil precio y medir el éxito militar en litros de sangre[6].

Enemigos son todos los jóvenes humildes y pobres, y a ellos se les persigue y mata y para justificar su muerte se afirma que no son mansas palomas que estaban recogiendo café, como lo dijo el principal responsable de esos crímenes de Estado, bautizados con el eufemismo benigno de Falsos Positivos.

La idea de incluir como enemigos a gran parte de la población civil, la planteó sin eufemismos el general Rafael Samudio Molina, Ministro de Defensa, en su informe al congreso del período 1987-1988: “La subversión actúa en los campos políticos, económicos, educativos, sindical y armado, con propósitos bien definidos […] los grupos subversivos actúan simultáneamente en zonas urbanas y rurales, desarrollan actividad militar paralela a la acción política y utilizan la estrategia de convergencia en los campos político, social, laboral, educativo, judicial y armado”[7].

En el Manual de instrucciones generales para operaciones guerrilleras del Ejército, de 1979, se clasificó a la población civil en tres categorías: la que apoya al ejército (listas blancas), la que apoya a los grupos subversivos (listas negras), y la que tiene una imposición indefinida respecto a los dos bandos en conflictos (listas grises). A partir de allí se planteaba este procedimiento: una acción primordial con boletos (amenazas de muerte) al personal de la lista gris y de la lista negra, para obligarlos a abandonar la región o el país, o abandonar sus posiciones políticas. Y se agrega en ese Manual que la guerra revolucionaria se expresa en “paros y huelgas” y en “la motivación y organización de grupos humanos por la lucha revolucionaria, estudiantado, obrerismo, empleados de servicios públicos, etc.”[8].

Otro elemento, directamente relacionado con los Estados Unidos, en la construcción de un enemigo interno, es el de la supuesta “guerra contra las drogas”, en la cual se califica como peligrosos terroristas a los miles de campesinos cocaleros, a los que el estado ha declarado como enemigos, y contra los cuales viene librando desde hace varias décadas una campaña de criminalización, persecución y exterminio, como se pone de presente con el uso de glifosato, que se quiere volver a usar de acuerdo a los mandatos de Donald Trump.

Entre quienes han contribuido a construir esta imagen del enemigo interno se pueden señalar: las jerarquías de la iglesia católica, los empresarios del campo y la ciudad (grandes propietarios, ganaderos, industriales, comerciantes y sus gremios económicos), la prensa (escrita, radial y televisiva), Estados Unidos, importantes políticos liberales y conservadores o sus derivados y, por supuesto, el Estado colombiano y sus diversos órganos (ejecutivo, legislativo y judicial). Por eso, cuando se habla de la doctrina de seguridad nacional hay que remitirse al bloque de poder contrainsurgente, en el que están involucrados los sectores mencionados, todos funcionales y entrelazados. Al respecto, solo un ejemplo. En 1976 el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal decía: “No es lícito para ningún católico o simple ciudadano de buena fe y voluntad votar por las listas de quienes por principio, objetivos, formas de lucha o alianzas, sostienen doctrinas o políticas marxistas de cualquier tendencia o grado que sea”[9].

Y en cuanto a la otra parte de la pregunta. ¿Por qué se construye un enemigo interno? La respuesta no es difícil de encontrar, y está en la configuración de una sociedad desigual, injusta y antidemocrática y para mantenerla se requiere generar la idea de que la propiedad y la riqueza se deben defender a sangre y fuego y quienes las cuestionen son enemigos que deben ser eliminados, porque son antipatriotas y representan intereses foráneos que conspiran contra la supuesta colombianidad que los dueños del país encarnarían.

Y, por último, ¿de qué manera ha influenciado la vida social, política y cultural de la sociedad colombiana la configuración de enemigos de la seguridad nacional?

Los impactos en el largo plazo son amplios. Se genera un ambiente de violencia generalizada, de persecución a quienes son señalados como enemigos, se entroniza la intolerancia, el odio como patrones de la vida cotidiana, que busca resolver los problemas mediante la fuerza física directa.

Se generaliza el fanatismo que se basa en la ignorancia y el odio, y lleva a que se considere la eliminación del que es diferente como normal, puesto que es mostrado como un virus que debe erradicarse.

Se justifica la formación de los grupos paramilitares, que hacen justicia por sus propios medios, a nombre de la defensa de los supuestos valores de patria y libertad que encarnarían ellos mismos y sus patrocinadores. Cuando se mata a un sindicalista, a un campesino, a un ambientalista… de labios para afuera muchos dicen en Colombia: “por algo será”, “algo habrá hecho”, “se lo merecía”, “quien lo manda…pensar, criticar, oponerse a los ricos” … Esta es la generalización de la impunidad, que se convierte en un nuevo sentido común, que justifica los supuestos valores de grandeza de los colombianos, que tenemos algo especial, un no sé qué, que nos diferencia de los otros países. Que el colombiano se distingue por su viveza, que si se da papaya hay que aprovecharla. Es una mezcla entre neoliberalismo y la lógica traqueta que se ha impuesto en la vida colombiana. Que se difunde además como un gran logro a través de los medios de comunicación, que ensalzan el enriquecimiento fácil, el todo vale, con tal de ser exitosos y triunfadores. Los exitosos pueden ser violentos y criminales pero el éxito y la riqueza ocultan y justifican ese ascenso, y eso es lo que representan Pablo Escobar y los uribeños.

No otra cosa se puede pedir, si desde las altas instancias del poder se exalta la violencia y el crimen, se premian a los que delinquen y se llama a la población a que repliquen esa conducta. Eso se comprueba en momentos críticos, tal como sucedió durante la masacre del 9 y 10 de septiembre, cuando el subpresidente se fue a un CAI (Centro de Asesinato Inmediato) y se disfrazó de policía, lo cual quería decir que legitimaba los lugares, las armas y, sobre todo, a la institución que perpetró una acción criminal contra colombianos humildes e indefensos, por el solo hecho de que se atrevieron a protestar con indignación por el asesinato de un colombiano, Javier Ordóñez, en el interior de un CAI.

¿Por qué desde la perspectiva de seguridad nacional se ha privilegiado la militarización de algunos territorios y procedimientos relacionados con la seguridad ciudadana?

Porque esa doctrina se basa en la lógica de la militarización de la vida interna de una sociedad y supone que cualquier problema que se presente no responde a causas que se origen en el malestar que genera la desigualdad y la injusticia sino a acciones del “comunismo internacional”. Y a ese enemigo hay que enfrentarlo con instrumentos militares y paramilitares, como lo enseñaron sus maestros estadounidenses y en menor medida franceses. Esa una contrainsurgencia que abarca muchos aspectos, pero que refuerza el poder de lo militar y de la represión. El resultado está a la vista, Colombia es uno de los países más militarizados del mundo en su vida cotidiana. Tiene unas fuerzas armadas hipertrofiadas, con unos 450 mil miembros directos (sumando ejército y policía), sin contar los indirectos, que devora buena parte del presupuesto nacional. Se gasta más dinero en formar soldados que en preparar profesores, médicos o enfermeros.

No es que se militaricen solo unos territorios, son todos en el plano geográfico, pero peor aún es la militarización en el plano mental y cultural. De ver militares y policías a granel y a diario, nos han acostumbrado a su presencia permanente como si fueran parte natural del paisaje social. Se militarizan universidades, huelgas, movilizaciones, protestas y acciones populares.

Todo asunto o problema social se pretende solucionar con militarización, e incluso la presencia del Estado se reduce a ese componente militar, pero se dejan de lado las soluciones a las cuestiones de fondo de injusticia, desigualdad, pobreza, distribución de la propiedad territorial…

¿Cómo se relacionan las políticas de seguridad y defensa con el impulso estatal de proyectos agroindustriales y minero energéticos en algunos territorios?

Dentro de la guerra mundial por los recursos que está en marcha, Colombia ha vuelto a ser una economía minero-exportadora (una buena parte de sus ingresos en el comercio exterior provienen de la venta de carbón, petróleo, níquel, oro) y se anuncia con gran bombo nuestra conversión en un “país minero” (como Perú o Chile). En este contexto extractivista (recordemos que Colombia ya no es un país cafetero, y han existido momentos recientes en que incluso se ha tenido que comprar café en el exterior para abastecer el mercado interno). El Plan Colombia, entre otras cosas ha estado ligado a ese proyecto de limpiar el territorio para dejarlo libre a multinacionales y a algunos capitales nacionales (entrelazados y subordinados a esas multinacionales y a Estados Unidos) y como parte de esa limpieza del territorio, habitado por indígenas, campesinos, comunidades raizales, se ha extendido la militarización por el territorio nacional. Los batallones minero-energéticos son una expresión de ese hecho. Y hablamos de unos batallones que protegen los enclaves mineros y petroleros con una gran cantidad de personal militar destinado a ello: 70 mil soldados (algo así como un tercio de la fuerza militar). Para que ese proyecto extractivista sea posible se necesita ocupar militarmente el territorio (y despejarlo) a nombre de la seguridad inversionista. Eso se encubre con el sofisma de la “guerra contra las drogas”. Quienes se opongan van a ser sacados a las buenas o a las malas, porque no pueden ser enemigos del progreso, que beneficia a sectores minoritarios de la población. Presentar esa estrategia de control territorial como un asunto de la “guerra contra las drogas” permite que siga fluyendo la ayuda económica y militar de los Estados Unidos y que se use justamente en algo que beneficia a sus empresas: la inversión minero- energética. Y al mismo ritmo siguen fluyendo armas, asistencia militar, glifosato, odio y muerte. Todo eso para mantener lo que Germán Castro Caycedo denomina en un libro Nuestra guerra ajena.

¿Es necesaria una transformación de la doctrina militar en Colombia?, ¿Por qué? ¿Qué debería cambiar?

Por supuesto, si se quiere democratizar de verdad a la sociedad colombiana, hay que abandonar la doctrina contrainsurgente y anticomunista presente en las fuerzas armadas, debe reducirse su pie de fuerza, debe eliminarse el servicio militar obligatorio (que es de clase, excluyente), cesar los pactos con los Estados Unidos, dejar de enviar militares a la Escuela de las Américas (allí se instruyeron los responsables militares de los falsos positivos, por ejemplo). Que cese la presencia de tropas de Estados Unidos en nuestro territorio, y se revele la documentación interna y externa sobre esos vínculos. Que se desclasifiquen los archivos de las fuerzas armadas y de las agencias de inteligencia del Estado.

La policía debe dejar de ser una fuerza militar y convertirse en una fuerza civil y abandone su lema de Dios y Patria. Tarde o temprano tendrá que asumirse el asunto de la legalización de las llamadas drogas ilícitas (cocaína, marihuana), por lo que representa en términos militares y represivos para este país, así como por sus elevados costos económicos y destrucción ambiental.

Para terminar, cómo no va a ser necesaria una transformación de la doctrina militar y de las fuerzas armadas, luego de conocer lo sucedido los días 9 y 10 de septiembre con la masacre perpetrada por la policía en Bogotá y Soacha, con un saldo trágico de 14 colombianos asesinados y decenas de heridos y detenidos. Como no se a requerir de una modificación de esa doctrina militar, luego de conocer la denuncia de la periodista Adriana Villegas Botero en La Patria del domingo anterior (18 de octubre de 2020), en el artículo “No es Broma, es violencia”. Ella presenció y escuchó lo que describe a continuación:

Hacia las 7:30 p.m. del lunes festivo un grupo del Batallón Ayacucho trotó 60 vueltas en una calle cerrada. Sé la cantidad porque al cruzar por un punto gritaban: “van 25, faltan 35”, y luego “van 26, faltan 34”. El espacio entre cada conteo lo llenaron con cantos en los que los reclutas repetían en coro lo que gritaba su jefe: su dragoneante, su cabo, su sargento, su teniente, su capitán, su mayor, su coronel, su general. Da igual.

El vecindario entero oyó al pelotón. Cantaron sobre los bigotes de Lucifer, matar delincuentes, la sed de sangre subversiva, la guerra, el betún de las botas, “sube sube guerrillero, que en la cima yo te espero con granadas y morteros”, “los hombres cuando ven un buen trasero” y “taca t ca taca taca taca taca ta”. Izquier, 2, 3, 4.

Un minuto antes de morir / Escuché la voz de mi novia / Que con voz de perra me decía /Si te mueres se lo doy al policía. Porque yo soy, ja, soy, ja, el vampiro negro / Yo nunca tuve madre, ni nunca la tendré / Si alguna vez yo tuve con mis manos la ahorqué. / Yo nunca tuve novia, ni nunca la tendré, / Si alguna vez yo tuve, los ojos le saqué[10].

Estas no son manzanas podridas, es el árbol completo que está irremediablemente descompuesto, por las doctrinas de odio y muerte Made in Usa y remarcadas por la contrainsurgencia nativa. Si eso no requiere ser cambiado, en qué tipo de país queremos que vivan nuestros hijos y con qué noción de seguridad, acaso la seguridad de las fosas comunes, de los asesinatos de Estado, del genocidio permanente,  de la violación de niñas indígenas, en una palabra, una seguridad simbolizada por los huesos y las calaveras que convoca a la población a honrar la muerte fratricida y el odio perpetuo.

Por Renán Vega Cantor | 27/10/2020

 

[1]. Ezequiel Moreno, O catolicismo o liberalismo. No es posible la conciliación, Contra la segunda carta del señor presbítero Baltasar Vélez, Imprenta de La Verdad, 1898.

[2]. Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección Primera, Tomo 1024, f. 371.

[3].Boletín diocesano, mayo – junio de 1948, Tunja, citado por Andrés Felipe Manosalva, Los obispos colombianos en la época de la violencia: paz, guerra y anticomunismo (1945-1965), Tesis de Maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2013, p. 47.

[4]. Pedro Nel Giraldo, Don Fernando. Juicio sobre un hombre y una época, Granámerica, Medellín, 1963, p. 217.

[5]. Roger Trinquier, La guerra moderna, Librería del Ejército, Bogotá, 1963, pp. 32-33.

[6]. El documento con el título de “Circular del Ministerio de Defensa sobre recompensas (Falsos Positivos)” lleva la firma de Camilo Ospina Bernal. Lo hemos publicado como anexo en nuestro libro Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado. Informe presentado a la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas (CHCAV), Ocean Sur, Bogotá, 2016, pp. 280-297.

[7]. Ministerio de Defensa, (Rafael Samudio), Memoria al Congreso, 1987-1988, Imprenta Nacional, Bogotá, 1988, pp. 14 y 15.

[8]. Comando General de las Fuerzas Militares, Instrucciones generales para las operaciones de contraguerrilla, Bogotá, 1979, p. 188. Citado en Movice, Paz sin crímenes de Estado. Memoria y propuestas de las víctimas, Bogotá, 2013, p. 111.

[9]. Citado en “El ideario común. Los intereses del hampa”, Alternativa No. 77, abril 5-12 de 1976, p. 7.

[10]. Adriana Villegas Botero, “No es broma, es violencia”, La Patria, octubre 18 de 2020. Disponible en: https://www.lapatria.com/opinion/columnas/adriana-villegas-botero/no-es-broma-es-violencia  

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Más de 3.000 chilenos sufrieron violaciones de DDHH durante las protestas de 2019

Informe a casi un año del estallido social en Chile

Se presentaron 2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las víctimas denuncian que siguen estancadas las causas judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad.

 

Más de 3.000 chilenos sufrieron violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social del año pasado, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile. Además se presentaron 2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país, explicó el director del organismo Sergio Micco. También dijo que el objetivo de la investigación es llegar a la verdad para que no se repitan estos hechos. A casi un año del estallido social del 18 de octubre las causas judiciales contra miembros de las fuerzas policiales chilenas siguen estancadas. Las víctimas exigen justicia y que avancen las investigaciones. A su vez, el 25 de octubre tendrá lugar el plebiscito donde los chilenos podrán decidir la modificación o no de la Constitución sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Información para llegar a la Verdad

El INDH reveló que durante las protestas hubo 3.023 víctimas de violación a los Derechos Humanos. De ese total 1.810 fueron hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes varones, 132 niñas y adolescentes mujeres, y 124 los calificó como “otros”. Además el organismo resaltó que 163 personas sufrieron trauma ocular. De ese número 110 tuvieron algún tipo de lesión en el ojo y 32 presentaron pérdida de la visión por “trauma irreversible”.

En cuento a las querellas el INDH destacó que 2.340 fueron dirigidas contra efectivos de Carabineros, 97 contra militares del ejército, 34 contra integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y 49 a “otros”. El organismo detalló que sólo se formalizaron 31 causas y se imputaron a 72 involucrados en violaciones a derechos fundamentales. La Región Metropolitana, a la cual pertenece Santiago, fue el principal centro de protestas en todo el país y también donde se presentaron 986 de las querellas. Le sigue la región del Biobío, cuya capital es Concepción, con 248. La tercera región con más querellas fue la de Los Ríos con 158.

Al momento de presentar el informe Micco señaló la importancia de avanzar en las investigaciones de estos casos. "Si no sabemos qué ocurrió ni por qué ocurrió, difícilmente podremos saber cómo no repetir esto", sostuvo el abogado. Además indicó que su trabajo debe ser la base para una reunificación del pueblo chileno. "El camino de la verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición es para encontrarnos”, dijo el académico. El INDH también presentó un mapa online de libre acceso donde ubicaron cada uno de los casos, informó la jefa de la Unidad de Estudios y Memoria del organismo Diana Rodrigo. “Lo que aquí se describe no es todo lo que sucedió en el marco de la crisis social. Pero se muestra lo que efectivamente ocurrió, permitiendo responder tres preguntas básicas: quién, cómo y dónde”, explicó Rodrigo.

El INDH es una de las principales organizaciones que denuncia el accionar represivo de fuerzas de seguridad desde el inicio de las manifestaciones sociales del año pasado. Su financiamiento proviene del Estado, sin embargo no depende del poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. El ente se define como independiente y autónomo. Está integrado por 11 personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos que permanecen en su cargo por un período de seis años.

Para Micco las cifras del informe hablan por sí solas. Sin embargo manifestó que los avances realizados en la investigación no son suficientes. Durante la Asamblea General de la ONU de septiembre pasado, el presidente de Chile Sebastián Piñera aseguró que su gobierno buscaría esclarecer los hechos. “Haremos todos los esfuerzos para que no haya impunidad. Ni para los que vulneran los Derechos Humanos ni para los violentistas", sostuvo el mandatario. Sin embargo el director del INDH señaló aún no hubo acciones concretas. "El compromiso de que no va a haber impunidad se expresa aumentando los recursos para el sistema procesal y con la reforma integral del cuerpo de Carabineros", sostuvo el abogado. Pero señaló que ninguna de las dos ocurrieron hasta ahora.

El lento camino de la Justicia

Entre las razones de los escasos avances judiciales, Micco destacó los problemas estructurales del sistema procesal chileno. Según el funcionario hay un bajo nivel de eficacia e insuficiente respuesta del gobierno a la sobrecarga del sistema, que se agravó con la pandemia de la covid-19. Desde la llegada del coronavirus al país austral en marzo pasado, se redujeron a un tercio las audiencias judiciales, lo que detuvo aún más las investigaciones. Miles de denuncias contra las fuerzas de seguridad siguen sin resolverse un año del estallido social.

Pasaron casi 12 meses desde que el estudiante ecuatoriano Romario Veloz fue asesinado durante una manifestación en La Serena, al norte de Chile. Recién en los últimos días la Fiscalía solicitó la formalización de un capitán del ejército. Se lo acusó como presunto responsable de ordenar los disparos que acabaron con la vida de Veloz. La madre del joven Mery Cortez describió la odisea que está pasando su familia. "Yo pensé que con la muerte de mi hijo terminaba la historia, pero recién ahí fue cuando empezó mi calvario", reconoció Cortez. La lentitud judicial la llevó esta semana a tomar medidas extremas. La mujer marchó hasta el Palacio de La Moneda, la sede del gobierno chileno. Allí se desnudó para mostrar un mensaje que llevaba pintado en el pecho: "Justicia para Romario". "Cayó un herido antes que él. Debieron haber cesado el fuego, pero siguieron disparando y le tocó la parte más fea a mi hijo", lamentó Cortez.

Para Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), la pandemia es una excusa para la inacción judicial. "Históricamente las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por Carabineros se investigan poco", dijo Guevara. Varias organizaciones plantearon la necesidad de emplear recursos especiales para reforzar la PDI, el único cuerpo policial encargado de indagar este tipo de delitos. Además pidieron aumentar los recursos del Ministerio Público.

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Oficiales de la Policía patrullas las calles de Cali, Colombia, el 22 de marzo de 2020.Luis Robayo / AFP

La familia de Carlos Esteban Brown Mosquera declaró que el joven se encontraba observando la escena desde la ventana de una vivienda, cuando una bala le impactó el rostro.

 

Un joven colombiano que soñaba con ser futbolista murió la madrugada del martes durante un polémico operativo policial en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, lo que ha provocado una nueva ola de indignación por los excesos de las fuerzas de seguridad.

La familia de Carlos Esteban Brown Mosquera denunció que el joven murió a manos de la Policía con un disparo que impactó en su cabeza, mientras el joven veía desde la ventana de su hogar el desarrollo de un operativo policial en el barrio Laureano Gómez, al oriente de Cali.

"Fue un tiro certero.Mi hijo medía más de 1.80 y el tiro fue directo a la cara", dijo Diana Sugey Castillo, madre de la víctima, según información de El Tiempo. "No quiero que el crimen quede impune y sigan matando jóvenes inocentes", agregó.

Postura oficial

La versión de la familia del joven difiere de la postura oficial. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Manuel Vázquez Prada, los uniformados llegaron a atender un caso de riña entre dos mujeres, cuando se presentó una "asonada" contra los oficiales que terminó en los disparos que impactaron en Brown Mosquera.

"Se presentan disparos, y como consecuencia, una persona resulta lesionada, quien posteriormente fallece en centro hospitalario", dijo Vázquez Prada en un reporte a medios. 

La familia trasladó a Brown Mosquera al Hospital Carlos Holmes Trujillo de Cali, y posteriormente, el joven fue remitido al Centro Médico Imbanaco, en donde falleció.  

Indignación

Los vecinos y conocidos de la víctima protestaron el martes 13 de octubre en la estación de Policía El Vallado, para exigir el esclarecimiento del caso. 

"No era un vándalo, y no son manzanas podridas, son una banda criminal armada y pagada por nosotros", criticó una usuaria de Twitter sobre la actuación policial en la muerte de Brown Mosquera.

En medio de la polémica por los recientes casos de abuso policial en Colombia —que motivaron fuertes protestas contra el Gobierno de Duque—, el general de la Policía de Cali informó que se investigará internamente el caso, a la par de la pesquisa que desarrolle el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

"De tal forma que sean los jueces judiciales y administrativos los que se pronuncien de cara al esclarecimiento de este lamentable hecho", dijo Vázquez Prada. 

El violento actuar de las fuerzas de seguridad colombianas ha sido objeto de fuertes críticas en el país, principalmente tras el reciente homicidio del abogado Javier Ordóñez, a quien la Policía le aplicó descargas eléctricas en el suelo antes de llevarlo detenido a un Comando de Atención Inmediata (CAI), en donde la víctima falleció por politraumatismos.

El homicidio de Ordóñez a manos de la Policía provocó multitudinarias protestas en las principales ciudades colombianas, que dejaron un saldo de 13 fallecidos y más de 500 heridos, reavivando el debate sobre el abuso de la fuerzas de seguridad durante las manifestaciones sociales. 

El pasado 7 de octubre, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial aquellos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) durante las protestas, después de que el Tribunal Superior de Bogotá dictara un ultimátum para que el funcionario se pronunciase sobre el tema

Publicado: 14 oct 2020 21:10 GMT

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“Guerra” y “Paz” en el lenguaje paramilitar

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.

Desde el pasado 14 de septiembre está activa una campaña calumniosa,  difamatoria y ultrajante contra nuestra Comunidad de Paz, pues ese día comenzó a circular por WhatsApp un panfleto titulado “No te queremos comunidad de Paz”, que busca explícitamente colocar al campesinado de la zona en contra nuestra. Según se deduce de uno de sus párrafos, el panfleto se origina en las Juntas de Acción Comunal de las veredas Mulatos Medio y Mulatos Cabecera, pues el redactor o redactores invitan a funcionarios del gobierno a visitar esas sus veredas.

Aunque el panfleto haya sido redactado, según se deduce del texto, por campesinos miembros de juntas comunales, el contenido no deja ninguna duda de su origen paramilitar y militar. Hace ya varios años que el ejército y otras instituciones estatales vienen cooptando a varias juntas comunales para que se integren a la estrategia paramilitar de control de la región. Esto se hizo muy explícito cuando nuestra Comunidad de Paz cumplió sus 20 años de existencia, en marzo de 2017: en esos días el comandante de la Brigada 17 invitó a miembros ya cooptados de juntas comunales para que calumniaran a nuestra comunidad ante las delegaciones internacionales que pidieron una cita en la Brigada con ocasión del aniversario. Ante tan perversa actitud, las delegaciones extranjeras se retiraron de la reunión ofendidas. Se descubrió entonces con claridad que al desmovilizarse las FARC, los paramilitares querían controlar la totalidad del territorio, como de hecho lo han logrado, colocando “puntos” de espionaje y control en cada vereda, con total anuencia de la fuerza pública y demás instituciones del Estado.

Pero lo que más revela el origen paramilitar/militar del panfleto es su contenido: tratan de presentar la situación de la región como un remanso de paz, para lo cual tienen que ocultar la red de espionaje que han montado para controlar toda la vida de los pobladores a través de “puntos” instalados en cada vereda; tienen que hacerse los de la “vista gorda” sobre la circulación permanente de armados en motos por la carretera entre San José y Apartadó; sobre los impuestos ilegales que están cobrando; sobre las normas que les imparten a los pobladores en las reuniones que convocan, prohibiéndoles usar sus fincas para sus cultivos alimentarios e imponiéndoles modelos de “desarrollo” o de “progreso” que a la larga los van arruinar y a desplazar; tienen que esconder las amenazas permanentes a quienes no se someten a sus planes, así como las listas de gente para matar y las muertes que ya llevan a sus espaldas; tampoco mencionan allí los grupos de civiles con armas largas y cortas que patrullan las veredas, muchas veces con uniformes de camuflaje, y menos la convivencia permanente y amistosa entre los líderes paramilitares y las unidades de fuerza pública en el caserío de San José. Esconden, además, la llegada de empresas extranjeras extractivistas cuya labor arrasante del medio ambiente la camuflan a través de ilegales consultas y de ilegales trazados de vías financiadas y ejecutadas con dineros y maquinarias de los paramilitares. Tal es el remanso de paz que dibujan, donde, según dicen, los desmovilizados viven en absoluta tranquilidad.

Según el panfleto, el único grupo que rechaza esa “paz” es nuestra Comunidad de Paz, la cual, según ellos, implanta un modelo de “guerra”. Pero así como no se atreven a describir los componentes reales y concretos de lo que ellos llaman “paz”, porque evidentemente de paz no tienen nada, tampoco se atreven a describir nuestra “guerra”. El panfleto deja muy en claro que lo que les molesta es que nuestra Comunidad no transija con el paramilitarismo y no se calle ante los crímenes. Por eso es evidente que para ellos optar por la “guerra” es no aceptar los crímenes, ni las manipulaciones, ni los espionajes, ni los patrullajes ilegales, ni la imposición de modelos de “desarrollo” o de “progreso” que arruinan la libertad, la dignidad y la soberanía de las comunidades y la vida de la naturaleza. Para ellos, optar por la guerra es denunciar lo que está destruyendo a los pobladores y el ambiente y está hipotecando el territorio a intereses extranjeros destructivos. Tal es la “guerra” que ellos nos endilgan: no callarnos ante todo esto. No se atreven a confesar que nos han hecho seguimientos y espionajes y han llegado a concluir que no tenemos ni un cuchillo para defendernos y que por lo tanto es fácil asesinarnos. En cambio, ellos entraron armados el 29 de diciembre de 2017 a nuestra propiedad privada San Josesito, con intención de asesinarnos y, gracias a Dios y a nuestra comunidad que actúo rápidamente, se pudo evitar que nuestros líderes fueran asesinados, pero nunca los hemos enfrentado con armas. Sin embargo, en el panfleto, nosotros somos los que optamos por la “guerra” y ellos por la “paz”.

Pero toda esta difamación y ataques ultrajantes y perversos no son nuevos sino que hacen parte de una estrategia que lleva varias décadas y que ha tenido como meta el exterminio de nuestra Comunidad de Paz. Primero se propusieron nuestra eliminación física en una acción conjunta entre militares y paramilitares, logrando asesinar a más de tres centenares de nuestras compañeras y compañeros, incluyendo niños y ancianos, con derroche de sevicia. Esa acción genocida estuvo acompañada, como elemento de justificación, de una campaña de estigmatización criminal dirigida desde la Presidencia de la República, pues agentes del paramilitarismo que hoy han confesado sus crímenes ante las instituciones del Sistema Integral de Paz, han relatado cómo el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy sometido a numerosos procesos penales por un aparato de justicia que vive fluctuando entre innumerables mecanismos de impunidad que lo enredan, los convenció de que nuestra Comunidad era una comunidad guerrillera, para que asesinaran sin compasión a todos nuestros integrantes, pero ellos hoy no pueden ya soportar el peso de sus remordimientos cuando comprenden que fueron forzados a matar a tantos inocentes. Tal estigmatización ideológica fue apoyada por perversas campañas mediáticas, como las de los  diarios El Colombiano y El Mundo de Medellín y periódicos y emisoras de Urabá, que difundieron mentiras, calumnias y entraron en complicidad evidente con todos esos  crímenes horrendos, por los cuales no han pagado un solo día de cárcel, ni han dado garantía alguna a los familiares de no repetición de sus crímenes.

En un trayecto de varios años, la alianza militar/paramilitar se propuso además exterminar por hambre a nuestra Comunidad, cortando todo suministro de alimentos, para lo cual no tuvieron empacho en asesinar a varios conductores de chiveros, a todos los tenderos del caserío y a todos los pequeños comerciantes de alimentos y bebidas instalados en la carretera entre Apartadó y San José. Todo este afán de exterminio fue complementado con la labor corrupta y criminal del aparato judicial, haciendo montajes de increíble perversidad con falsos testigos, torturas, encarcelamientos arbitrarios y violación de todas las normas procesales. Cuando nuestra Comunidad acudió a las altas Cortes demostrándoles con precisión e identificando actores, los delitos judiciales de fiscales, jueces, magistrados, agentes criminalísticos, procuradores y defensores, las Cortes no se atrevieron a actuar y mantienen hasta hoy en sus puestos a los corruptos y criminales operadores de “justicia”.

Cuando ya nuestra Comunidad comprobó que no contaba con el auxilio de la justicia, quedando privada de sus derechos constitucionales y se acogió a una ética objeción de conciencia, se remitió sólo a  Cortes internacionales, pero simultáneamente decidió mantener sus llamados a la conciencia solidaria de las franjas humanas nacionales e internacionales que aún conservan principios éticos; por ello se ha mantenido las CONSTANCIAS que relatan por las redes sociales las agresiones concretas a que nos tienen sometidos.  También este último recurso a la solidaridad humana de los limpios, ha querido ser bloqueado: la Brigada 17 del ejército introdujo una Acción de Tutela, el 28 de septiembre de 2018,  para que se nos privara del derecho a la comunicación y a la denuncia y le exigió a una Jueza Promiscua de Apartadó que nos obligara a retirar de las redes sociales todos nuestras Constancias. Nos negamos a acatar semejante villanía. La corrupta Jueza Segunda Promiscua de Apartadó se dejó arrastrar por los militares para violar el derecho constitucional a la comunicación, el que en la jurisprudencia de los tribunales internacionales constituye “la esencia de la democracia”. Hasta ahora la Corte Constitucional mantiene en suspenso (y en un suspenso demasiado prolongado) tan absurdas sentencias.

No extraña, pues, que los redactores del sucio panfleto que mencionamos aquí, se quejen de que se ponga en cuestión su comportamiento como algo perverso, pero al mismo tiempo le piden al gobierno que los apoye en uno de los crímenes más graves: el de “acabar con nuestra comunidad” (crimen tipificado en el Derecho Internacional como Genocidio, y también bajo las modalidades de Crímenes de Exterminio y Persecución, ambos tipificados como Crímenes de Lesa Humanidad).

Quieren, además, los panfletarios, que se les deje circular por todos nuestros predios privados. Ya tuvimos la experiencia el 29 de diciembre de 2017 cuando incursionaron en San Josesito 5 paramilitares de los que departen día y noche en el caserío de San José con la fuerza pública, con el objetivo de asesinar a nuestro representante legal y a los miembros de nuestro concejo interno: ¿Quieren que  les abramos todos los candados para que puedan seguir entrando a asesinar? ¿No es acaso ese comportamiento el típico de las bandas criminales?

En todo el panfleto se está exigiendo que se llame “paz” a la guerra de exterminio que ellos practican, y que se llame “guerra” a nuestros afanes por no callar los crímenes, los ultrajes, agresiones y amenazas a que constantemente nos someten y sobre todo a nuestras constancias históricas y censuras morales.

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos aquí con nuestras CONSTANCIAS de hechos ocurridos recientemente:

  • El sábado 19 de septiembre  de 2020en horas del día, fue visto un grupo de paramilitares con armas largas en el camino que conduce de la vereda las Nieves hacia la vereda la Esperanza, de San José de Apartadó.
  • El martes 29  de septiembre de 2020, en horas del día, se percibió un tránsito intenso de hombres portando armas cortas, en motocicletas, por la carretera que pasa al lado de nuestro asentamiento de San Josesito. En horas de la tarde del mismo día, se vio cruzar por allí al paramilitar conocido como ALFREDO. Al parecer, todos estos paramilitares estaban ese día coordinando la repartición de panfletos que luego dos días después fueron encontrados en toda la zona y en muchos municipios de Antioquia y el país.
  • El miércoles 30 de septiembre de 2020, en horas de la noche, llegaron informaciones sobre un supuesto plan de exterminio que se estaría organizando en la zona contra nuestra Comunidad de Paz,  por parte de los paramilitares en asocio con algunos pobladores de la zona. Se afirma que nuestra Comunidad “no deja entrar el progreso a la región” y denuncia mucho la presencia paramilitar en las veredas del corregimiento, lo cual les perjudica y les impide ejercer el control con mayor fuerza sobre la población civil.
  • El jueves 1º de octubre de 2020, en horas de la mañana, fueron encontrados muchos panfletos de los paramilitares impresos en papel y muchos grafitis en los árboles y casas, suscritos por las autodenominados AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) que controlan esta región y muchas otras en el país. Dichos panfletos, al parecer, no solo fueron difundidos en el corregimiento de San José de Apartadó y sus veredas, sino también en otros muchos municipios del país y sus corregimientos y veredas. En dicho panfleto protestan por la brutalidad de la Policía Nacional contra las manifestaciones populares de protesta y al mismo tiempo denuncian las actividades de las guerrillas en la zona. No deja de ser desconcertante que una estructura paramilitar cuya tolerancia por parte del Estado ha sido total, como el mismo Obispo de Apartadó lo denunció hace unos meses, al señalar que no se percibe ninguna voluntad del Estado en perseguirlos, quiera ahora ganar respaldo de la población al denunciar a su mismo Estado protector en un asunto que tiene tan enorme consenso nacional, como es el rechazo a la brutalidad policial.
  • El mismo jueves 1º de octubre de 2020, en horas de la mañana, por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra pasó una tropa de militares de la Brigada XVI del ejército, violando nuestra propiedad privada. Cerca de allí, según informaciones, se encontraba un grupo de paramilitares portando fusiles y vestidos de civil.
  •  El mismo jueves 1º de octubre de 2020, en horas del día, llegaron  a nuestra Comunidad informaciones según las cuales los paramilitares conocidos como “JESUSITO” y WILFER HIGUITA eran los que habrían dejado los panfletos y los escritos en los árboles, en los frentes de las casas y hasta en las piedras, en la vereda la Unión de San José de Apartadó. Es sabido que  WILFER HIGUITA siendo parte de los paramilitares se integró en el 2009 a la Brigada XVII del ejército, prestando sus servicios como paramilitar. El 17 de enero de 2009 se hizo de mensajero del Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, para someter a un inmundo chantaje a un miembro de la Comunidad de Paz, conminándolo a ayudarle a destruir la Comunidad de Paz o de lo contrario le inventaría un proceso penal por narcotráfico o por rebelión, con falsos testigos. El 16 de noviembre del mismo año 2009, el mismo Wilfer Higuita hizo pública, en la vereda Caracolí de San José de Apartadó, una lista de personas para asesinar, varias de las cuales fueron asesinadas en los días siguientes, como Don Fabio Manco y Don Luis Arnelio Zapata. Según el anuncio de Higuita, por cada muerte  pagarían 7 millones de pesos. Durante esos años fue visto patrullando con militares de la Brigada XVII, como paramilitar.
  • El miércoles 7 de octubre de 2020, a las 7:00 a.m., un grupo de 4 militares de la Brigada XVII del ejército ingresó sin autorización alguna a nuestros espacios privados de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra. Más tarde, a las 11:00 a. m., otros 3 militares violaron de nuevo nuestro predio, alegando que estaban verificando  unas coordenadas y simulando que estaban extraviados en la zona. Hay que anotar que el predio de la Aldea de Paz está suficientemente señalizado como territorio privado y menos se comprende que funcionarios del mismo Estado ignoren su inviolabilidad legal.

Es claro que los paramilitares han buscado cómo destruir nuestro proceso de vida y para ello utilizan diversos puntos de espionaje que están informando permanentemente sobre las actividades de nuestra comunidad día a día. Ahora se escucha que llega un supuesto nuevo comandante paramilitar a la zona el cual reemplazará a alias “Pueblito” o “Pueblo”, asesinado por la fuerza pública.  

Las empresas mineras son las más interesadas en apoderarse de esta región, pues estos últimos meses se han realizado muchas encuestas verbales ilegales para empezar a explotar los minerales y todo esto llevado a cabo por los mismos paramilitares que realizan el trabajo sucio del empresariado de Urabá y desafortunadamente el campesino va cayendo en el juego de esas empresas, sabiendo que ellas buscan sólo llenar sus arcas de divisas y desmantelar los precarios recursos de los campesinos, quienes terminan entregando la tierra y desplazándose, forzados por los que hoy defienden y apoyan ese despojo como “progreso y desarrollo” de la zona. Basta mirar cómo han quedado las otras regiones del país donde estas empresas han explotado los recursos, donde ahora sólo se vive en miseria, el desplazamiento, con dolor y rabia por haber hecho caso a las promesas falsas que las empresas habían propagado. Sabemos que existe un gran interés de las empresas mineras y de las mismas instituciones del Estado por arrebatarle las tierras colectivas a nuestra Comunidad de Paz y para lograrlo están utilizando el paramilitarismo y cooptando a una gran parte de la población civil de la zona, como estrategia para terminar con el estorbo que somos para ellos, que les impide robar los recursos naturales acabando con esta hermosa zona. Ese tipo de “progreso de muerte y de exterminio” nuestra Comunidad de Paz lo rechaza rotundamente.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Octubre 12 de 2020

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Magda Fisas, la madre del rapero asesinado en el 2013 por un miembro de Aurora Dorada, celebra el histórico veredicto (LOUISA GOULIAMAKI / AFP)

La justicia dictaminó que se trata en realidad de una organización criminal

 

Grecia enterró ayer al monstruo más oscuro que alumbró la recesión: Aurora Dorada, un partido neonazi y violento que llegó a tercera fuerza parlamentaria. En un veredicto calificado unánimemente de histórico, tras cinco años y medio de juicio, la justicia dictaminó que se trata en realidad de una organización criminal, en la cual la cúpula ordenaba, las estructuras intermedias planificaban y las bases ejecutaban los ataques a inmigrantes, izquierdistas o gais.

El jefe y fundador de Aurora Dorada, Nikos Mijaloliakos, admirador de Hitler, fue declarado culpable de dirigir la banda criminal, al igual que otros seis altos cargos, entre ellos el eurodiputado Yanis Lagos y el portavoz Ilias Kasidiaris, que ha fundado un nuevo partido. Ninguno estaba presente. Las penas, que se conocerán en los próximos días, pueden ir de 5 a 15 años de cárcel. Otras 43 personas –entre ellas, policías– fueron condenadas por pertenencia a la organización. Y Yorgos Rupakias, un simpatizante sin carnet, fue declarado culpable del asesinato del rapero Pavlos Fisas, el caso que detonó el proceso.

El veredicto fue recibido con gritos de júbilo por las miles de personas, activistas antifascistas en su mayoría, congregadas ante el tribunal de Atenas. “Estamos contentos y orgullosos. Es lo que pedíamos desde hace mucho –decía Lefteris Papayanakis, exvicealcalde de Atenas para los refugiados y miembro de un observatorio que ha seguido el juicio, en declaraciones a La Vanguardia–. Es una decisión histórica no solo para Grecia, sino para toda Europa y el mundo, porque envía un mensaje a todos los imitadores de Aurora Dorada. La democracia tiene y debe tener límites”.

Aurora Dorada, cuyo símbolo es un meandro que recuerda a la esvástica, se hizo fuerte en los barrios de Atenas más golpeados por la crisis, donde repartía comida y recogía sangre solo para griegos. Era su cara amable. Había otra más sórdida: las caceríasde inmigrantes, izquierdistas y gais en las que participaban sus escuadrones, tipos fornidos con camiseta negra que sembraron el terror en las calles. A veces se quedaba en una paliza, otras salían las navajas y a veces había muertos. El asesinato en el 2013 de Pavlos Fisas, un rapero conocido, colmó el vaso. Los líderes del partido fueron detenidos. El Parlamento les retiró la financiación y la inmunidad.

Fue el principio de un proceso que fue creciendo. Al caso Fisas se unieron el intento de asesinato de cuatro pescadores egipcios en el 2012 y el ataque a un sindicato comunista en el 2013, además de la propia estructura de Aurora Dorada como banda criminal. Los abogados de las víctimas habían subrayado la importancia de que la
cúpula del partido, y no solo los meros ejecutores de los crímenes, fueran condenados. No estaba garantizado: en diciembre del 2019, la fiscal pidió la absolución de los dirigentes y solo la condena del asesino de Fisas.

Al final, el panel de tres jueces, encabezados por la magistrada Maria Lepenioti, lo ha tenido claro. Durante el proceso han testificado antiguos miembros, se han examinado cientos de vídeos y más de 6.000 documentos –muchos secretos– que demuestran la estructura militar y jerárquica del partido, a semejanza de los nazis.

También los registros telefónicos de las noches de los ataques. “Hay un patrón que se repite: la cúpula se emitía una orden, los seguidores se reunían en las oficinas de los barrios y luego salían con motos a hacer lo encargado”, señala Papayanakis.

Muchos han descrito el veredicto como una “catarsis nacional”, una oportunidad de corregir los errores. “Hay muchas excusas para explicar el auge de Aurora Dorada: la crisis financiera, la corrupción política... la realidad es que la sociedad griega es muy conservadora. Es la hora de la autocrítica, de examinar lo que hicimos y lo que no. La gente que decía ‘sí, es cierto que son neonazis, pero han sido elegidos’. O los que les entrevistaron como si fuesen políticos normales –reflexiona Papayanakis–. Cuando pase otra vez, no podremos eludir la respuesta institucional y democrática. Espero que esto empuje al sistema de justicia a moverse, por ejemplo para poner límites al racismo y el discurso de odio. Es la justicia quien debe marcar los límites de la Constitución, pero no han ejercido esta responsabilidad. Tampoco la policía, que ha mostrado mucha simpatía hacia Aurora Dorada”.

El veredicto supone el fin de Aurora Dorada, pero no de sus ideas. A la nutrida familia ultraderechista griega se le ha sumado Griegos por la Patria, el partido fundado por Kasidiaris, que sostiene que los griegos pronto serán minoría en su país. Con solo cuatro meses de vida, y con su líder en el banquillo, suma un 1,5% de la intención de voto en los últimos sondeos.

Por Gemma Saura, Barcelona

08/10/2020 00:45| Actualizado a 08/10/2020 10:55

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Miércoles, 07 Octubre 2020 05:30

“Asesinato colateral”. Posdata

Reflexiones sobre el video destapado por Wikileaks que desató las iras de Washington

 

Antes de acabar con su vida en Dodge Center, Minnesota, el veterano de 30 años de la guerra de Irak Danny Holmes solía sentarse delante de la pantalla de su ordenador a mirar las fotografías guardadas en un archivo llamado “Irak/Imágenes”.

En esas ocasiones, según cuenta su novia, su labio inferior se contraía en un tic nervioso. Las imágenes habían sido tomadas para un informe a posteriori sobre el ataque realizado por un helicóptero Apache, el 12 de julio de 2007. El ataque adquirió una infausta fama en 2010, cuando Julian Assange y Wikileaks publicaron el video de la masacre con el título “Asesinato colateral”.

Como Vijay Prashad escribió en Counterpunch hace unos días, de todos los crímenes cometidos por el gobierno de Estados Unidos que son la auténtica razón de la persecución, encarcelamiento y actual juicio contra Assange, ninguno avergonzó tanto a los apologistas de la guerra como la publicación de dicho video, que registra con despiadado detalle el ataque contra doce hombres y dos niños.

Entre los muertos estaba el fotógrafo de Reuters de 22 años Namir Noor-Elden y su conductor y ayudante de 40 años Saeed Chmagh. Los artilleros del Apache no habrían visto a los niños; iban en el interior de una camioneta conducida por un hombre, su padre, quién con otros dos buenos samaritanos intentaron ayudar al herido Chmagh. Les llamo samaritanos porque no hay ninguna razón para llamarles de otra manera. No devolvieron los disparos y no iban armados. Los artilleros estadounidenses especularon con la idea de que eran insurgentes, igual que especularon que Noor-Eldeen y Chmagh llevaban armas. El informe posterior determinó que todo lo que provocó esta atroz carnicería había estado justificado. Lo mismo hizo David Finkel, un reportero del Washington Post que acompañaba al ejército de EE.UU. y narró este ataque en su libro de 2009 “The Good Soldiers” (Los buenos soldados). Aunque la descripción de los hechos es la de un crimen de guerra, él concluye que los 140 disparos con el cañón de 30 milímetros del Apache son parte de la realidad de una guerra que el resto de nosotros, cómodos con nuestras opiniones, a salvo en nuestras casas y sin poder hacernos cargo del contexto, nunca podremos entender y no deberíamos cuestionar.

Pero el caso de Danny Holmes nos obliga a plantearnos su relato.

También conocemos su historia por Finkel, que siguió a algunos de los miembros del batallón con los que había convivido cuando volvieron a casa, y sobre cuyas tribulaciones escribió en otro libro, publicado en 2013, “Thank You for Your Service” (Gracias por vuestro trabajo).

El pelotón se aproximó orgulloso tras el ataque, y al menos uno de los soldados que acompañaban a Holmes hizo fotos para documentar lo sucedido. Se supone que esas fotografías eran material reservado, pero los soldados suelen llevarse a casa fotografías reservadas de Irak, que en ocasiones muestran como si fueran trofeos de guerra. Finkel describe de este modo las fotos posteriores a la acción que obsesionaron a Danny Holmes:

“Cabezas medio desaparecidas, torsos completamente abiertos derramando sangre, con las entrañas fuera.

Primeros planos, bien enfocados, con la luz perfecta y el color perfecto.

En otras palabras, la guerra tal como la experimentan los soldados que la vivieron”.

Las imágenes granulosas en blanco y negro de “Asesinato colateral”, por muy perturbadoras que sean, no tienen nada que ver con esas fotografías.

Danny se las enseñó a su novia de 19 años, Shawnee, dos años antes de suicidarse. Le dijo que él había matado a “unas cuantas” personas y que eso no le causaba problemas. Pero ella había visto como le temblaba el labio al decirlo. Él no hablaba mucho de la guerra. La historia que contaba más a menudo era la de estar metido en un tiroteo con un hombre que sujetaba a una niña pequeña. Danny decía que disparó al hombre y también a la niña; que no tenía otra opción. Los detalles de la historia has sido narrada algunas veces, una niña de tres años con cabello largo, pero el lugar y el momento de los hechos está poco claro; nadie del batallón podía confirmarla. Pero Danny se despertaba una y otra vez de sus pesadillas diciendo a Shawnee: “veo niños por todas partes”.

La niña pequeña a la que sacaron de la camioneta de su padre tenía 3 o 4 años. Llevaba cristales en los ojos y en el pelo y había sufrido una herida en el vientre. Uno de los soldados que descubrió a los niños en el vehículo volcado vomitó y echó a correr, según el entonces soldado especialista Ethan McCord, quien sacó a la niña y luego volvió a por su hermano, de 7 u 8 años, que tenía una herida en la cabeza. McCord contó años después al sitio web World Socialist que cuando llevaba a la niña en brazos pensó en su propia hija. El jefe de su pelotón le gritó: “¡Deja de preocuparte por esos putos niños!”. De regreso a la base, después de limpiarse la sangre de los niños del uniforme, McCord acudió a su sargento primero y le dijo que necesitaba ver a alguien de salud mental. “No seas mariquita”, dice McCord que le contestó.

Muchos meses más tarde, cuando regresó a Estados Unidos, McCord consideró meterse una bala en la cabeza, “pero cada vez que lo pensaba, miraba las fotos de mis hijos y pensaba en aquel día y en cómo se llevaron al padre de esos niños y lo horrible que debió ser para ellos”.

Cuando Wikileaks publicó el video en 2010, McCord empezó a tener pesadillas otra vez, y “la ira, la sensación de haber sido utilizado volvió de nuevo”. Él y otro miembro de la compañía, el soldado especialista Josh Stieber, que no estuvo en el lugar de los hechos ese día, escribieron una carta abierta de reconciliación y asunción de responsabilidad al pueblo iraquí. En ella reconocían su responsabilidad “por llevar el combate a su barrio” y solicitaban el perdón porque “hicimos con ustedes lo que no querríamos que hicieran con nosotros”.

Danny Holmes tenía una hija con su novia. Tras su nacimiento, según Shawnee, empezó a contar la alucinada historia del asesinato de la niña pequeña en Irak con más frecuencia. En su segundo libro, David Finkel desdeña los “absolutos y las certeza” de quienes observan horrorizados el video de Wikileaks pero él mismo no hace nada por poner en duda su propia certeza, expresada en el primer libro, de que el ataque estuvo justificado. En cualquier caso, de todas las historias de veteranos con secuelas de la guerra que cuenta Finkel en su libro, Danny Holmes es el único a quien vemos obsesionado por las imágenes de personas con los cuerpos reventados por las balas de un cañón de 30 milímetros.

Danny tenía 32 años cuando acabó con su vida. Se había deteriorado mucho desde la época en que Shawnee lo conoció en una fiesta. Se enfadaba con frecuencia y daba miedo. Le pidió a ella que escondiera su colección de cuchillos. Shawnee le sugirió que buscara ayuda, él dijo que lo haría, pero nunca lo hizo. Una historia familiar. El último día de su vida ella había hecho planes para salir por la noche con amigos. “Necesito hablar”, le dijo él esa mañana, pero ella tenía que hacer la colada, luego teñirse el pelo; “Quiero hablar… ¿Serías tan amable de hablar conmigo?”… mientras ella limpiaba la casa, lavaba el coche, se duchaba y se preparaba para salir. Esa noche ella bebió demasiado, la policía le paró el coche y pasó la noche en la cárcel. Cuando llegó a casa de madrugada se encontró a su pareja ahorcada en las escaleras con su cordel del paracaídas militar.

Shawnee se figuró que ató un extremo del cordel en lo alto de la escalera, hizo un lazo en el otro extremo y se lo colocó alrededor del cuello, para luego echar a correr y dar un salto. La operadora del 911 le pidió que lo bajara cortando la cuerda. Según explicó a Finkel, se produjo un sonido, un “boing”, que resuena en su cabeza una y otra vez. El forense dijo que probablemente tardó 10 minutos en morir. Cuando subió a la habitación del bebé encontró una almohada en el suelo, junto a la cuna. Ella se pregunta si Danny lo había dejado allí antes de saltar, al despedirse de su hija.

Ese día lleno de distracciones Shawnee, entonces con 21 años, podría haber sido cualquier estadounidense y Danny cualquier soldado angustiado. Desde entonces, las distracciones en todo el país se han multiplicado muchas veces, lo que solo explica en parte por qué no se ha producido una protesta masiva por Chelsea Manning, la primera que vio y luego filtró el video del Apache, que vuelve a estar en prisión por negarse a colaborar con Estados Unidos para procesar a Assange; tampoco se ha producido ninguna protesta masiva por Assange; ni movimientos de masas contra la guerra; ni una preocupación particular por los muertos y mutilados, incluyendo los 60.000 veteranos de guerra de EE.UU. que se suicidaron entre 2008 y 2017, según un informe del año pasado del Departamento de Asuntos de los Veteranos.

McCord y Stieber hicieron hincapié en su carta abierta en que “lo que se mostraba en el video de Wikileaks solo es una pequeña muestra del sufrimiento que hemos causado”. La enormidad de ese sufrimiento es lo que devoró a Danny Holmes. Eso es lo que querían expresar Manning y Assange al revelar los secretos de la maquinaria bélica de EE.UU, arriesgando su libertad y su vida al hacerlo. Eso es, en realidad, lo que Finkel hace en sus libros, aunque Finkel dice que él no pretende otra cosa que explicar las realidades de la guerra a los estadounidenses. Su labor le valió una “beca para genios” [de la Fundación MacArthur]. Por su parte los soldados, que no recibieron elogios, denunciaban “las políticas destructivas de los líderes de nuestra nación” y hacían un llamamiento a honrar “nuestra humanidad común”.

Eso pasó hace una década. No hemos avanzado nada. Assange es un enemigo público.

De alguna manera, la carta escrita por los soldados llegó hasta Ahlam Abdelhussein Tuman, la viuda del hombre que conducía la camioneta en Irak y la madre de los niños que McCord había llevado en brazos. En 2010 esta mujer declaró al Times de Londres: “Puedo aceptar sus disculpas porque salvaron a mis hijos y, de no ser por ellos, tal vez mis dos pequeños estarían muertos”.

Luego añadió: “Me gustaría que el pueblo estadounidense y el mundo entero comprendieran lo que ha ocurrido aquí, en Irak. Hemos perdido nuestro país y han destrozado nuestras vidas”.

Por Joann Wypijewski | 07/10/2020

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Fuente: https://www.counterpunch.org/2020/09/07/collateral-murder-post-script/

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En riesgo de muerte, al menos dos tercios de ex guerrilleros de las FARC, advierte la ONU

Bogotá. La misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia contabilizó 297 ataques contra antiguos guerrilleros desde la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 24 de noviembre de 2018.

Un informe del secretario general de la ONU, António Guterres, notificó 224 asesinatos, 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio. La Unidad Nacional de Protección puso en marcha hasta ahora 94 medidas urgentes de protección. Al menos 19 ex combatientes han sido asesinados mientras esperaban una respuesta a su solicitud.

El organismo denunció 42 matanzas y el asesinato de 48 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, incluidos nueve de co­mu­nidades indígenas y cinco mujeres, en 2020, en Colombia, y advirtió del riesgo de muerte que corren más de dos tercios de los 11 mil guerrilleros desmovilizados.

El escrito, basado en un reporte trimestral de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz en el país sudamericano, señala que, aunque han disminuido las tasas nacionales de homicidio durante el primer semestre de 2020, "la violencia en las regiones más afectadas por el conflicto aún continúa", y añadió que 13 presuntas masacres siguen en proceso de verificación, que se sumarían a las 42 confirmadas.

Guerrilla reconoce crímenes cometidos

Por otra parte, la ex guerrilla de las FARC reconoció ayer ante la justicia de paz su responsabilidad en varios crímenes que han estremecido a Colombia, entre ellos el del ex candidato presidencial conservador Álvaro Gómez, perpetrado por sicarios en Bogotá en 1995.

El tribunal, que investiga los peores delitos cometidos durante el conflicto colombiano, informó que recibió una carta de los antiguos rebeldes en la que ofrecen "aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad" en seis sonados casos.

Entre ellos los asesinatos de Gómez, del general retirado del ejército Fernando Landázabal, en 1998; del ex consejero de paz Jesús Antonio Bejarano, en 1999, y del diputado anticomunista Pablo Emilio Guarín, en 1987.

También admitieron su participación en los crímenes de José Fedor Rey (2002) y Hernando Pizarro (1995), quienes comandaron una disidencia de las FARC.

El anuncio de la ex guerrilla sobre el magnicidio de Gómez causó sorpresa, pues por muchos años se creyó que detrás del ataque contra el histórico líder conservador estuvieron políticos rivales aliados con militares y narcotraficantes.

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Araya yace en el lecho del Mapocho, luego de haber sido arrojado al río.  ________________________________________ Imagen: Twitter

Indignación contra el accionar de los Carabineros

 

Anthony Araya estuvo inconsciente, además sufrió fracturas en el cráneo y las muñecas. A pesar de los videos que incriminan a los agentes, el teniente coronel Rodrigo Soto insiste con negar su responsabilidad.  “Carabineros hace su trabajo, Carabineros está restableciendo el orden público”, alegó. La Comisión Interamericana de Derechos reclamó que se investigue el caso. 

Las protestas en Chile dejaron este viernes una imagen estremecedora: un joven de 16 años fue arrojado al Río Mapocho por efectivos de Carabineros, que pese a la existencia de videos que captan el momento, negaron la responsabilidad en lo sucedido. No obstante, más tarde la Fiscalía Centro Norte chilena anunció la detención del agente que provocó la caída del adolescente bajo la imputación de "homicidio frustrado".

El hecho sucedió en medio de una refriega entre policías y manifestantes, cuando en Chile falta menos de un mes para el plebiscito del 25 de octubre que determinará si habrá o no una nueva Constitución que reemplace a la de Augusto Pinochet. Los videos muestran cómo un efectivo de la Policía Nacional chilena tiró al menor de edad al río Mapocho.

El joven, identificado como Anthony Araya, estaba inconsciente cuando los rescatistas bajaron a buscarlo y recibió reanimación. Quedó internado y, de acuerdo a lo informado, su estado es grave pero estable, con fracturas en el cráneo y las muñecas. “Por ningún motivo Carabineros arrojó a esta persona al lecho del río”, aseguró el teniente coronel Rodrigo Soto, comisario de Providencia, pese a la evidencia en contra de sus palabras. “Carabineros hace su trabajo, Carabineros está restableciendo el orden público, Carabineros lo único que desea es que estemos tranquilos”, agregó Soto. 

Más tarde, Soto volvió a hablar. “Lo que Carabineros desmintió y vuelve a desmentir absolutamente es que se haya tomado de los pies o que haya sido botado al río por un carro lanzaaguas como inventaron testigos en redes sociales”. Y añadió: Afortunadamente existe un video que muestra que este lamentable accidente se produjo en un contexto intenso de detención de personas que causaban desórdenes”, al tiempo que aseguró que “el carabinero que aparece en el video está totalmente identificado”.

Carabineros está en la mira por su acción represiva como nunca antes desde la dictadura pinochetista. Se acumulan decenas y decenas de denuncias por la violencia desde que hace casi un año comenzó la revuelta popular. Una de las marcas de la represión han sido los perdigonazos a los rostros de que manifestantes, muchos de los cuales han perdido la visión de uno o ambos ojos. Según se denunció, ayer hubo no menos de diez carros hidrantes y gases. 

Tras lo ocurrido ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su "firme condena" y llamó al gobierno de Sebastián Piñera a "realizar investigaciones con debida diligencia" así como a respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, "particularmente en el contexto de las películas". 

La oposición reclama la renuncia de Mario Rozas, titular de Carabineros, que ha sostenido el accionar de la fuerzas en los últimos meses. Mientras, esta mañana se registraron incidentes en la puerta de la clínica donde esta internado el adolescente: un grupo de carabineros fue a reprimir a quienes se congregaron en la entrada del centro de salud para saber la evolución del agredido.

La detención del carabinero

La Fiscalía chilena anunció a las pocas horas que el policía acusado por el hecho fue detenido por presunto "homicidio frustrado". Según explicó, la solicitud se presentó “tras múltiples diligencias que permitieron establecer que hay antecedentes de su responsabilidad en los hechos”.

El carabinero será trasladado el domingo a la Fiscalía de Alta Complejidad, a cargo de  Ximena Chong, quien habló de su responsabilidad en el hecho. Según Chong, el uniformado, “en el contexto de una arremetida realizada por personal de la Unidad de Control de Orden Público, habría impulsado al joven de 16 años, lo que habría provocado su caída, a una altura aproximada de siete metros”.

Siguiendo esta línea, la fiscal a cargo del caso determinó que la “evidencia audiovisual y testimonial dan cuenta de la existencia de una conducta, que a nuestro juicio, es de carácter dolosa”.

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Viernes, 02 Octubre 2020 06:06

Palestina: la ocupación sin fin

Palestina: la ocupación sin fin

“Que nunca experimente la agonía de que le roben su país; que nunca sienta el dolor de vivir en cautiverio bajo la ocupación; que nunca sea vendido por sus ‘amigos’”, escribió Hanan Ashrawi, integrante del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en reacción al auspiciado por la administración trumpista y firmado hace un par de semanas "acuerdo de paz" entre Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin e Israel (bit.ly/346EzEp ). Cuando el año pasado EU presentó su "plan de paz para el Medio Oriente" ( The deal of the century), para el cual uno de los talleres” propagandísticos se realizó en Bahréin. Asimismo, Ashrawi remarcó que el meollo de este "acuerdo" en el que se concedía todo a Israel y nada a Palestina era "la ocupación", una palabra que ni siquiera aparecía en el documento (bit.ly/2S9vMfo). De manera similar –como "una agenda para la ocupación permanente"−, Ashrawi calificó los planes israelíes para los nuevos asentamientos alrededor de Jerusalén (bit.ly/33Kj3p3). Mientras en aquel entonces censuró la hipocresía del mundo que teme decirle algo a Trump respecto a su incondicional apoyo a Israel y al propio Israel por su interminable ocupación de Palestina, ahora se lo reprochó a EAU y Bahréin, que traicionando la causa palestina "sacaron no más a la luz sus tratos secretos con Israel" (bit.ly/33dtHpj).

En efecto. Más que "un acuerdo de paz" –los tres países nunca han estado en guerra y desde hace años mantenían relaciones no-oficiales−, lo firmado bajo la tutela de Trump ha sido sólo un burdo trato de armas. ¿Los beneficiados? La industria militar estadunidense (bit.ly/2EIL6wt) y la israelí que desde hace años surte a los ricos regímenes del golfo con sus avanzadas tecnologías de vigilancia usadas para reprimir la disidencia interna (bit.ly/32NgF1l, bit.ly/3cnE10L). Si bien oficialmente, como parte del "acuerdo", Israel se comprometió con EAU "a no anexar (por ahora) a Cisjordania", la decisión de frenarla (sin descartarla en el futuro) ya se tomó anteriormente a nivel de la política interna israelí (bit.ly/2FRToCs). Si hay algún efecto práctico de dicho acuerdo es la normalización de la ocupación de Palestina –siendo ésta, en la práctica, una forma de anexión (bit.ly/3kxF9lb)− y la eternalización del sufrimiento del pueblo palestino. Igualmente el auspiciado por Trump y firmado en el mismo tiempo "acuerdo de paz" entre Serbia y Kosovo que parecía ideado sólo para poder incluir en él cláusulas respecto a Medio Oriente (sic), igualmente apuntaba a legitimar la ocupación obligando a ambas partes a reconocer a Jerusalén como "la capital de Israel" (bit.ly/349xUcy).

Si bien tras la guerra de los Seis Días –"una guerra de conquista" (Tom Segev)−, que convirtió a Israel en un imperio colonial al ocupar Cisjordania, Gaza, los Altos de Golán y la península de Sinaí (de los cuales éste sólo evacuó a Sinaí y cambió la ocupación de Gaza por un inhumano bloqueo convirtiendo la ocupación de Palestina en la más larga ocupación militar en la historia moderna: 53 años y contando) varios prominentes políticos israelíes alertaban "que la prolongada ocupación destruiría el tejido de la sociedad israelí" (Avi Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World, 2000, p. 317), Israel más bien aprendió a organizar la sociedad alrededor de ella. Convirtió la debilidad (todo el derecho internacional está aquí del lado de los palestinos) en una fortaleza que lo hacía atractivo sobre todo para los regímenes represores en el mundo. Los territorios ocupados se convirtieron en un enorme laboratorio para el armamento y las tecnologías de vigilancia y control de masas con palestinos en calidad de conejillos de indias (bit.ly/3cisuQw). El reciente "acuerdo de paz" ni siquiera pretende tapar esta realidad. Más bien la confirma, demostrando que lo más provechoso es continuar la ocupación –y seguir en una perpetua "zona gris" entre ocupación y anexión, la ambigüedad de la que es especialista Netanyahu, bien remarca Avi Shlaim bit.ly/2ZThvb5)− que terminarla.

Escenificar su firma en el mismo césped sur de la Casa Blanca (bit.ly/33IOlfP) donde en 1993 se firmaron los Acuerdos de Oslo (Arafat/Clinton/Rabin), fue igualmente revelador: ha sido precisamente Oslo que más que "abrir el camino a la paz" le permitió a Israel "rempacar la ocupación" y bajar sus costos reales y políticos al transferirle la carga de controlar la población ocupada a la Autoridad Palestina encargada ahora de sofocar la resistencia armada y pacífica a la ocupación (bit.ly/30eYO1w) sin comprometerse prácticamente a nada (la conformación del Estado palestino, el retiro de los asentamientos ilegales, etcétera). La formación de un régimen colaboracionista bajo Arafat (y luego Abbas) −"un subcontratista de la ocupación"−, igual que en otros casos históricos, ha sido crucial para manejarla sin tener que ceder nada del territorio. En su tiempo Ashrawi censuró a Arafat diciendo que ni él ni los demás dirigentes de la OLP vivieron bajo la ocupación –estaban en el exilio− y no tenían idea que firmaban con Oslo en su forma presentada por los israelíes (Avi Shlaim, Israel and Palestine, 2009, p. 220), aunque luego se incorporó a autoridades encargados de administrarla. En este sentido tanto los acuerdos con EAU y Bahréin, como el previo "acuerdo del siglo", se vislumbran no como la "traición", sino consolidación y continuación del "espíritu de Oslo".

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El juicio contra Julian Assange impacta en el periodismo

Se estrenó el documental "Guerra contra el periodismo. El caso de Julian Assange"

Estados Unidos dejó expuesto cuáles son sus límites a la libertad de expresión tras la persecución judicial al creador de WikiLeaks. “Al criminalizar la publicación de información clasificada están atentando contra el periodismo de investigación”, dijo el documentalista Juan Passarelli. 

 

Las publicaciones que hizo WikiLeaks en 2010 dejó expuestos cuáles son para Estados Unidos los límites a la libertad de expresión. El sitio creado por Julian Assange reveló crímenes de guerra y permitió dar a luz atrocidades que de otra manera no hubiéramos conocido. Sin embargo hoy Assange está sentado en el banquillo de los acusados. La justicia de Inglaterra debe decidir si concede o no su extradición a EEUU. Juan Passarelli, director de cine que trabajó diez años junto al periodista australiano, acaba de publicar el documental “Guerra contra el periodismo: El caso de Julian Assange”. Allí sostiene que el juicio contra el creador de WikiLeaks representa el fin del periodismo tal como los conocemos. “Al criminalizar recibir y publicar información clasificada EEUU está atentando contra todo el periodismo de investigación”, sostuvo el documentalista guatemalteco.

“Assange hizo enojar el Imperio”

El documental de Passarelli bien podría parecer una película de ciencia ficción. Expone una trama que vimos cientos de veces en argumentos hollywoodenses: persecución, espionaje y traición. Allí radica la fuerza de su relato. Sin embargo cuenta una historia real: la persecución a un periodista luego de haber revelado los secretos de la mayor potencia mundial. Las consecuencias están a la vista. Desde hace casi un año y medio Assange se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad de Inglaterra. Antes había pasado siete años como refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. Su caso sentó un precedente que está cambiando el periodismo. Esa es la idea fuerza que desarrolla el documental de Passarelli. “Decir que un periodista que reveló crímenes de guerra es un espía enemigo, como hace el gobierno norteamericano, es algo muy serio para cualquier trabajador de prensa alrededor del mundo”, sostuvo el realizador.

De los 18 cargos presentados contra Assange, 17 son por violar la Ley de espionaje de EEUU. La Justicia de ese país lo acusa por conspirar, revelar documentos de defensa nacional, obtener y recibir información de manera ilegal, en muchos casos actuando en connivencia con la exsoldado Chelsea Manning, que confesó ser la fuente de los archivos reservados. El cargo restante es por violar la Ley de abuso y fraude informático. Todas estas acusaciones fueron por publicar documentos secretos sobre la las guerras de Irak y Afganistán, cables del Departamento de Estado, e informes sobre sobre detenidos en la cárcel de Guantánamo. Passarelli explicó que estas revelaciones dejaron al descubierto crímenes gravísimos. “Hay torturas a niños, asesinatos de población civil inocente y ejecuciones a sangre fría. En un caso se ve cómo luego de cometer estos crímenes los militares piden que un avión bombardero pase a destruir la evidencia de lo que acaba de ocurrir”, informó el realizador. Además explicó que el creador de WikiLeaks está pagando las consecuencias de haber hecho pública esta información. “Assange está siendo perseguido por un Estado enojado de que hayan revelado sus crímenes”, sostuvo el periodista.

Espionaje en la embajada de Ecuador

La película muestra que Assange fue espiado durante buena parte de su estadía en la embajada de Ecuador. Las autoridades diplomáticas de ese país habían avalado conectar un sistema de cámaras a cargo de la empresa española UC Global, dirigida por David Morales. Trabajadores de esta compañía les revelaron a los abogados de Assange que habían colocado cámaras y micrófonos secretos en todo el edificio. “Julian siempre pensó que podría estar siendo espiado. Entonces se reunía con sus abogados en el baño de mujeres. Abría las canillas y hablaba bajito con ellos. Pero había un micrófono escondido en una caja. Toda esa información llegó a la CIA”, explicó Passarelli.

Las imágenes de Assange siendo detenido el 11 de abril de 2019 recorrieron el mundo. En ese momento ya estaba en el gobierno el actual presidente de Ecuador Lenín Moreno. Para Passarelli el mandatario entregó a Assange a cambio de un préstamo del FMI. “El vicepresidente de EEUU, Mike Pence y el Secretario de Estado, Mike Pompeo, habían viajado en diferentes ocasiones para visitar a Moreno. Ahora sabemos que vendieron a Julian a cambio de un préstamo de cuatro mil millones del FMI”, señaló el documentalista. 

La razón de ser de WikiLeaks

Assange expuso la idea filosófica detrás de WikiLeaks en una clase que brindó en 2010. Allí el periodista había afirmado que las teorías políticas están en crisis ya que abordan una realidad incompleta, de la que les falta información vital. “Hasta que no conozcamos las estructuras básicas de nuestras instituciones, (...) penetrando en la enorme cantidad de información existente, ¿cómo podremos hacer un diagnóstico?, ¿cómo podremos establecer el camino a seguir?”, reflexionó el creador de WikiLeaks. Y siguió: “Nuestra primera tarea es crear un tipo de herencia intelectual que nos permita saber dónde estamos. Y una vez que eso ocurra podremos tener la esperanza de establecer el rumbo hacia una dirección diferente. Hasta que eso pase creo que las teorías políticas, en mayor o menor grado, están en quiebra”, afirmó Assange. Pasarrelli abonó esta teoría. “Sino sabemos qué hacen los gobiernos en nuestro nombre, no podemos tomar una decisión informada sobre quién debería ser nuestro próximo líder. El periodismo pretende darnos esa información, y contra él se está librando una guerra”, sostuvo el documentalista guatemalteco.

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