Empieza el juicio a Julian Assange y EE.UU. suma acusaciones

El gobierno de Trump aprovechó la demora por la pandemia para agregar cargos contra el fundador de WikiLeaks

Según la defensa del periodista, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir su extradición. 

 

En medio de una ofensiva política y legal del gobierno de Donald Trump, comienza este lunes en Londres el juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks Julian Assange.Estados Unidos lo acusa de violar su ley de Espionaje por la publicación de documentos secretos en 2010 sobre la guerra de Irak y Afganistán. La defensa pide la liberación y nulidad del proceso a Assange debido a la violación de derechos humanos y civiles consagrados por la ONU, la Convención Europea de los Derechos Humanos y la ley consuetudinaria inglesa.

El tortuoso caso Assange comenzó en 2010 con la publicación de cientos de miles de documentos clasificados que revelaban crímenes de guerra, corrupción y prevaricato en la política bélica estadounidense en Irak y Afganistán. La primera y sorprendente vuelta de tuerca, digna de un thriller, fue la denuncia contra el carismático fundador de WikiLeaks en Suecia unos dos meses más tarde por presunta violación y abuso sexual de dos mujeres. Suecia pidió la extradición de Assange que fue arrestado por la policía británica y puesto en libertad bajo fianza mientras duraba el juicio por extradición en el Reino Unido. Cuando en 2012 la Corte Suprema británica falló a favor de que se lo extraditara a Suecia, Assange solicitó asilo político en la embajada de Ecuador en Londres.

Desde entonces estuvo a merced de los vientos políticos y diplomáticos: los vaivenes judiciales en Suecia, los cambiantes aires de Ecuador, la presión de Estados Unidos y el Reino Unido. La decisión de Suecia de retirar los cargos contra Assange se vio más que compensada por la salida de Rafael Correa, el acelerado giro a la derecha de su sucesor, Lenín Moreno, y el deterioro de la situación económico-social ecuatoriana. A cambio del visto bueno de Estados Unidos para un préstamo con el FMI por 4 mil millones de dólares, el gobierno de Lenín Moreno abandonó a Assange a su suerte. En abril del año pasado la policía inglesa ingresó en la embajada ecuatoriana y lo arrestó por no haberse entregado a la corte cuando estaba libre bajo fianza en 2012. Desde entonces permanece en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres.

La larga extradición de Assange

Este segundo proceso de extradición debía comenzar en abril: se demoró con la pandemia. Estados Unidos aprovechó esta demora para añadir nuevos cargos a los 18 delitos que se le imputan. Estos cargos se extienden más allá de la figura misma de Assange. Dos de sus socios en WikiLeaks y un empleado de la organización son acusados de cómplices en la conspiración contra la seguridad estadounidense. El mensaje del departamento de estado es una advertencia a cualquier “whistleblower” tentado de revelar los trapos sucios del gobierno: Estados Unidos los seguirá hasta el fin del planeta.

El argumento estadounidense es que la publicación de estos documentos clasificados pone en peligro la vida de personas o la seguridad del estado. El secretario general de la Association of American Lawyers, Luis Carlos Moro refutó este argumento, un clásico de los estados sean democráticos o dictatoriales. “Una extradición de Assange sentará un peligroso precedente para todo el mundo democrático porque lejos de representar la vigencia del estado de derecho significará una victoria de la persecución política”, dijo Moro.

Según la defensa, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir la extradición. Los argumentos legales son sólidos y fueron adelantados en una carta abierta al primer ministro Boris Johnson en agosto firmada por más de 150 prominentes abogados y organizaciones legales de Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y Australia. Entre los puntos citados se encuentran algunos de casi irrebatible contundencia:

- el artículo 4 del tratado de extradición bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido prohíbe la extradición por motivos políticos.

- También la prohíbe en caso de que haya “un riesgo de ser sometido a un juicio injusto”, es decir, sin las garantías mínimas de imparcialidad de un estado de derecho.

  • ·-El riesgo de tortura citado por el Rapporteur sobre tortura de la ONU en el caso de extradición de Assange.

- y la violación a la libertad de prensa y expresión: la extradición consagraría como delito la divulgación de información gubernamental.

Trump, Brexit y George Orwell

Al sesgado entorno judicial se le agregan incomprensibles restricciones a la prensa para la cobertura de un juicio seguido en todo el mundo: solo 10 periodistas podrán ingresar a las sesiones. Además de comprometer la transparencia del proceso, esta restricción es una manera de invisibilizar el estado de salud de Assange: la última vez que se lo vio fue en su arresto en la embajada ecuatoriana. La información de las pocas personas que han tenido acceso a Assange en todos estos meses – su actual pareja, sus abogados - es que su estado de salud es precario.

El proceso de extradición comienza en un momento sobrecargado políticamente: el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, el 1 de enero la definitiva salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al calor de la gigantesca polarización del Brexit, los conservadores con Boris Johnson a la cabeza y la poderosa prensa afín a la carga, han lanzado en los dos últimos años una ofensiva contra el poder judicial con titulares de tapa que calificaban a los jueces de “enemigos del pueblo”, con nombre y foto de los magistrados que fallaran en contra de la ruta legal que buscaba imprimirle el gobierno a la salida británica de la Unión Europea. El Rasputinesco cerebro de Johnson, Dominic Cummings, quiere reformar el sistema judicial de cuajo, en especial sus rasgos más progresistas, “herramientas de campaña de izquierda”, según el ultra conservador matutino Daily Mail.

Esta ofensiva, que puede hacer pensar en una suerte de “lawfare” a la británica, tiene límites institucionales y colectivos que van a pesar en el caso Assange. En un célebre ensayo en medio de la segunda guerra mundial, el autor de 1984, George Orwell, rescataba el respeto a la justicia como un rasgo inglés que trascendía clases e ideologías. “Todos creen que la ley es algo incorruptible que está por encima del estado y del individuo y que debe ser impartida de manera imparcial. Se dirá que es una ilusión, pero es una ilusión muy poderosa que tiñe la conducta social y la vida colectiva”, escribe Orwell.

Esta visión colectiva es un ideal cultivado desde la niñez (la queja favorita de los muy modosos niños ingleses es “it is not fair”: no es justo). Es también fuente de hipocresía como en el célebre “fair play”. En el mejor de los casos funciona como una salvaguarda contra la farsa judicial y los juicios amañados. En el otro gran caso de extradición de los últimos 30 años, el de Augusto Pinochet, la justicia británica estaba camino a conceder su extradición a España cuando intervino el poder político. El proceso estuvo cargado de ironías. Un supuesto refugio del privilegio como la Cámara de los Lores – corte suprema en aquellos años – falló dos veces a favor de la extradición. Un gobierno laborista, supuestamente de centro izquierda, terminó inventando una coartada de salud física y mental – senilidad – para que el ex dictador regresara a Chile.

Las audiencias del caso Assange se extenderán hasta el 25 de septiembre. El fallo de esta primera instancia podrá ser apelado. El caso seguirá con toda seguridad una trayectoria similar al caso Pinochet: la High Court de Londres y la Corte Suprema. Es un poco prematuro para los pronósticos, pero no habría que descartar un escenario similar al del caso Pinochet: la justicia moviéndose por un lado, el poder político por el otro. En buena medida dependerá de que las palabras de Orwell sigan describiendo a la sociedad británica del Brexit y las fake news unos 84 años más tarde.

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Dos operarios ponen una cámara de videovigilancia en la calle Ferran de Barcelona (Kim Manresa)

La mascarilla no protege (de la videovigilancia)

 

Un conglomerado formado por seis empresas tecnológicas, tres universidades y el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), asesorado y supervisado por el Ministerio del Interior, trabaja desde 2018 en un proyecto único en Europa de control policial con reconocimiento facial que roza la ciencia ficción: agentes dotados de gafas con hardware de realidad aumentada (AR) y de inteligencia artificial podrán distinguir entre una multitud tanto a delincuentes como objetos sospechosos.

El programa, denominado AI MARS (Artificial Intelligence system for Monitoring, Alert and Response for Security in events), permitirá rastrear millones de caras por segundo en grandes concentraciones, sean estadios de fútbol, estaciones de transporte, conciertos, centros comerciales, ferias o manifestaciones.

Las cámaras policiales barrerán el público y, en un cotejo prácticamente inmediato en los centros de control, podrán detectar sospechosos y alertar a los agentes sobre el terreno, que los verán marcados en sus propias gafas.

La latencia entre el barrido de caras en una muchedumbre y la alarma que recibirá en su pantalla interna el agente podrá ser cercana a cero. Décimas de segundo. Será posible gracias a las redes 5G, que están en pleno desarrollo. Esta conectividad es la que hace único el proyecto a nivel europeo.

Inmediatez

El uso de redes 5G permitirá latencia casi 0 en la detección de eventuales riesgos

Y no, la mascarilla contra el coronavirus –hoy obligatoria en el espacio público– no evitará que el sospechoso sea detectado por las fuerzas policiales.

Las empresas que desarrollan los algoritmos de reconocimiento facial han superado en los últimos meses ese handicap, y el reconocimiento del tercio superior de la cara ofrece ya fiabilidades del 99% en la identificación, según datos de dos empresas del sector. En los últimos años, las tecnologías de reconocimiento facial han superado problemas como la iluminación escasa, la inclinación del rostro, el uso de gafas, maquillaje, tatuajes o barbas.

AI Mars busca “una solución innovadora para la seguridad en estos entornos de gran afluencia de usuarios frente a ataques terroristas o de otro tipo de incidentes”, explica una fuente del consorcio, “buscando la detección de alarmas de forma predictiva y evitar el ataque o bien en caso de haberse producido la incidencia poder facilitar la investigación posterior”.

En este sistema, el centro de control “contará con técnicas de realidad virtual y aumentada para enviar la información a las patrullas y para que los mandos puedan gestionar las operaciones de forma remota”, explican dichas fuentes.

Sello catalán

Una ‘spin-off’ de la UPC creada en el 2010 desarrolla el algoritmo de detección facial

Porque el proyecto permitirá el procesado de información biométrica, con el reconocimiento facial, pero también la detección de vehículos y objetos (armas, por ejemplo), de comportamientos anómalos (tumultos, peleas...) y la vigilancia de dispositivos sospechosos de radiofrecuencia, como móviles o tabletas; esta última opción está en fase de desarrollo, por lo que el consorcio no puede dar más detalles.

Y va un poco más allá, porque la tecnología permitirá hacer un seguimiento según la vestimenta. Si se sospecha que un delincuente viste por ejemplo pantalón azul y camisa blanca, el sistema urbano de videovigilancia podrá localizar todas las personas con esa ropa que pasen ante las cámaras, de cara a su seguimiento y eventual detención.

Otra opción en desarrollo es la creación de un sistema de avisos masivo a la ciudadanía, en caso de emergencia de seguridad.

“Queremos dar una respuesta integrada a las necesidades de seguridad que acompañan a escenarios con gran concentración de personas. Actualmente en Europa no existe una solución que integre todas las necesidades en este ámbito”, explica el consorcio. La solución, explica el consorcio AI Mars, “tiene una finalidad de seguridad pero la plataforma es fácilmente adaptable a otro tipo de objetivos como puede ser la gestión del comportamiento de multitudes, conteo de personas, control de aforos, etcétera”, sin la identificación unívoca de personas.

Seguimiento

La red de cámaras permitirá seguir a un sospechoso en función de su vestimenta

“El objetivo de este proyecto –añaden– no es la monitorización de las personas sino permitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado y cuerpos de emergencia localizar a personas en situaciones concretas que así lo requieran”. “Como tal, el proyecto cumplirá el marco legal aplicable en cada país en el que se implante en su momento. El consorcio está en contacto permanente con las fuerzas de seguridad ente otras cosas, para asegurar este punto”.

El novedoso proyecto AI Mars de I+D+i tiene un presupuesto de 5.260.389 euros, apoyado y financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, y está liderado por Cellnex. Éste es uno de los principales operadores de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de Europa. Otros socios del proyecto son Herta Security, Sngular, Emergya, SHS y Televés, las universidades de Granada, la Politécnica de Madrid, Carlos III y el mencionado ITCL.

Fuentes del proyecto detallan que en este 2020 se prevé realizar pruebas de laboratorio, en 2021 sobre el terreno y lanzarlo en 2022, aunque en las fases preliminares ya se han hecho algunas catas.

En un campo de fútbol de la Liga Española, sin ir más lejos. “Nuestro primer objetivo son los grupos ultras. Lo hemos probado con cámaras de la UCO, se está estudiando y se han hecho pruebas, porque puede ser un buen apoyo para mayor seguridad en los estadios”, admite una fuente de la Liga de Fútbol Profesional. La UCO es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dedicada a la investigación policial.

En pruebas

Cámaras tuteladas por la Guardia Civil han hecho pruebas en un estadio de La Liga

“El ministerio ha dado un apoyo por carta a este proyecto, y ha habido un ofrecimiento por parte de la Guardia Civil para poder asesorar y probar la fase piloto del proyecto, aunque dependería de la firma de un protocolo de colaboración más firme”, explican fuentes de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La mascarilla, en todo caso, no va ser un obstáculo.

Herta Security, una de las socias del consorcio, es una spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya, nacida en el año 2010; además de AI MARS, ofrece su tecnología a muchos otros clientes. En enero, intuyendo que la crisis sanitaria se extendería, aceleraron sus investigaciones para tener un hardware que permitiera el reconocimiento facial incluso con mascarilla. Estaba en marcha porque su uso en Asia se ha ido extendiendo en los últimos años, por la polución. Cuando estalló la crisis, lanzaron un programa beta, esto es, en fase de laboratorio, y funcionaba. “El reto era la nariz, sin la nariz a la vista perdíamos eficacia”, explica Laura Blanc, responsable de marketing de Herta.

“Los algoritmos de reconocimiento facial han evolucionado muchísimo en cinco años, a partir de los puntos fiduciarios de las caras, esto es, los que no varían, como la forma y distancia entre comisura de los labios, los ojos... Antes los algoritmos eran precisos pero muy lentos. Con el tiempo hemos solventado problemas como la iluminación, la no frontalidad, la falta de enfoque, oclusiones como las de las mascarillas… Hoy, identifican con hasta el 60 o 70 % del rostro tapado”, explica Carles Hernàndez, CTO (por chief technology officer ) de Herta. “Desde luego este es un sector en crecimiento, han nacido muchas empresas que venden imágenes a tanto el kilo, algunas te ofrecen 10.000 imágenes al mes”.

“Salvo contadísimas excepciones, la tecnología funciona muy bien”, promete Javier Mira, CEO de Facephi, potente compañía alicantina especializada en la identificación facial de cliente bancario. “La tecnología contactless ya era tendencia, pero con el coronavirus, muchísimo más”.

Por Ignacio Orovio, Barcelona

06/09/2020 01:02 | Actualizado a 06/09/2020 11:43

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Navalny tiene 44 años y pelea por su vida en un hospital de Berlín.   ________________________________________ Imagen: AFP

Qué es y cómo funciona el agente químico detectado en Alemania 

 

 “Se han encontrado pruebas inequívocas del suministro de un agente nervioso del grupo Novichok”. De este modo, el gobierno de Alemania, a través de la canciller Angela Merkel, confirmó que el Alexei Navalny, el opositor ruso, recibió dosis del poderoso agente surgido en la antigua URSS. Navalny, de 44 años, sigue internado en el hospital Charité de Berlín. "Es la víctima de un crimen que mi gobierno repudia", agregó Merkel.

Tras la confirmación del gobierno alemán de que hay rastros de Novichok en el organismo de Navalny se acrecientan las sospechas de un atentado del gobierno de Vladimir Putin contra el dirigente opositor. Navalny arribó a la capital alemana el 22 de agosto luego de sentirse mal dos días antes en la ciudad de Omsk, en la estepa siberiana, lo cual motivó sospechas de haber sido envenenado por orden del Kremlin.

¿Qué es Novichok? Se trata de un agente químico desarrollado en la entonces URSS en los años 70. En ruso quiere decir “recién llegado”. Los soviéticos trabajaron en lo que es un arma química en el marco de un programa militar cuyo nombre clave era “Foliant”. 

No sería la primera vez que se atenta contra un opositor con Novichok: ese agente se usó contra el ex espía ruso Sergei Skripal y su hija en marzo de 2018. En esa ocasión, el ataque se produjo en Salisbury, en el Reino Unido. Aquel episodio derivó en una seria crisis diplomática entre el gobierno conservador de Theresa May y Vladimir Putin.

Según se sabe por un desertor, el Novichok se experimentó en un campo de ensayo en Uzbekistán. Allí viajaron a fines de los 90 técnicos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para desmantelar ese campo y descontaminar el área donde se producía y probaba el agente en pequeños lotes.

Dentro del Novichok figura el Novichok A-230, que es entre cinco y ocho veces más potente que el agente nervioso VX, y que asimismo es difícil de detectar. El VX fue el agente usado en el atentado contra Kim Jong-nam, el medio hermano del líder de Corea del Norte, Kin Jong-un, muerto en 2017.

Se han fabricado variantes del A-230 y, de acuerdo a la prensa norteamericana, se aprobó el uso de una de ellas en el Ejército para usarse como arma química.

Ahora bien, aunque es líquido, se cree que funciona en estado sólido y que también puede esparcirse como polvo extrafino. Funcionaría como “arma binaria”, esto es, se almacena dividido en dos componentes químicos menos tóxicos, que activan al Novichok cuando se mezclan. Esto facilita su desarrollo, dado que los componentes, por separado, no figuran en las listas de sustancias prohibidas

¿Cómo es el efecto? La reacción al contacto es muy rápida, no importa que sea por inhalación o por tocar Novichok. Los primeros síntomas aparecen a los dos minutos, aunque podrían tardar casi 24 horas en algunos casos. Al exponerse al agente, lo primero que hay que hacer es quitarse la ropa y lavarse el cuerpo con agua y jabón, además de enjuagarse los ojos y recibir suministro de oxigeno.

El agente actúa a través del bloqueo de las señales nerviosas a los músculos, lo que deriva en el colapso de las funciones del organismo. Los síntomas van de los ojos en blanco, convulsiones, babeo y dificultades para respirar, hasta la entrada en coma.

Novichok puede llevar a la muerte. Primero se produce la ralentización del ritmo cardíaco y las vías respiratorias se obstruyen, lo cual produce la muerte por asfixia.

Los expertos estiman que hay variantes de Novichok diseñadas especialmente para resistir los antídotos ya desarrollados para combatir a los agentes nerviosos. 

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En América usan pandemia para “criminalizar” libertad de expresión: informe

Washington. La pandemia de covid-19 ha servido de excusa a varios países de las Américas para "criminalizar" la libertad de expresión y han tomado medidas que restringen el trabajo de periodistas, activistas, profesionales de la salud y ciudadanos, según un informe del Diálogo Interamericano.

El reporte también señala que hay una "estigmatización" de la prensa por su cobertura de la emergencia sanitaria, señalando especialmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y contabiliza que el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, ha realizado 32 ataques verbales contra la prensa.

"El informe plantea la fragilidad de las libertades de expresión y el acceso a la información, en general, en la región", explicó este martes a la Afp Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según el reporte, publicado el lunes, hay gobiernos que han usado la pandemia como justificación para la opacidad y no han compartido datos sanitarios fidedignos, no han respondido pedidos de acceso a la información, ni han garantizado la transparencia del gasto público relacionado con el nuevo coronavirus.

Los autores también señalan que "algunos líderes políticos han engañado deliberadamente a sus ciudadanos acerca del virus y han estigmatizado a los periodistas o expertos en salud que los contradijeron".

Los expertos denunciaron que los jefes de Estado de Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua han "estigmatizado" a la prensa por sus informes de la pandemia.

En tanto Trump atacó a los medios a fines de marzo durante una conferencia de prensa, llamándolos deshonestos por la cobertura de su manejo de la crisis, declarando además que los periodistas dañan al país, recordaron los expertos.

Esto según los autores contribuyó a la "infodemia" de desinformación online y puso más presión sobre las plataformas de internet que deben mantener un balance entre la protección de la salud pública y el respeto a la libertad de expresión.

Países con "regímenes autoritarios"

"Se agravó la situación en los países en los que ya había regímenes autoritarios, y que buscan la persecución de periodistas y de disidentes", explicó lanza a la AFP citando el caso de Venezuela y de Nicaragua.

En el caso de Venezuela el informe denunció que "el gobierno ha detenido a periodistas y médicos que publican información sobre la expansión del virus o cuestionan la respuesta" oficial.

Como ejemplo citó el caso del periodista Darvinson Rojas que fue detenido el 21 de marzo por la unidad de policía FAES (Fuerza de Acciones Especiales) debido a su trabajo sobre el coronavirus y quien, pese a que fue liberado, enfrenta cargos de "promoción del odio", según los investigadores.

Esta represión también afectó a Julio Molino, líder de un sindicato médico de Venezuela, luego de que criticara la carestía de equipamiento médico en hospitales, reportaron los expertos.

En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega acusó a los medios de difundir noticias falsas sobre el supuesto ocultamiento de las cifras de covid-19 por parte del gobierno, caracterizando esos reportes como "terrorismo desinformativo".

Sobre Cuba, el informe señaló que "las autoridades han usado el Decreto Ley 370 'sobre la informatización de la sociedad cubana' para someter a por lo menos 30 periodistas a interrogatorio y confiscar su equipo de trabajo" por su cobertura de la pandemia.

Una excusa para cerrar el cerco

Pero también en otros países con gobiernos democráticos el estado de emergencia por la covid-19 fue usado como una suerte de excusa o justificación para tratar de cerrar el cerco, impedir el acceso a fuentes de información.

En Brasil, Bolsonaro realizó 32 ataques verbales contra periodistas y medios de comunicación entre enero y marzo, cuando el virus ya estaba en el país, y seguidores del presidente han cometido actos de hostigamiento contra periodistas fuera del Palácio da Alvorada en Brasilia.

El presidente Alejandro Giammattei de Guatemala declaró en tanto el 21 de marzo que "desearía poner a la prensa en cuarentena", a raíz de la cobertura negativa de su manejo de la pandemia.

"No hay una justificación en relación con la pandemia para restringir la libertad de expresión", concluyó Lanza.

Afp | martes, 01 sep 2020

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Documentos desclasificados revelan que EE.UU. sospechaba hace más de 20 años de los presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo

El secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, fue informado que era "casi seguro" de los nexos del expresidente colombiano con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

 

Desde hace más de 20 años, el Gobierno estadounidense tuvo conocimiento sobre los presuntos vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) con los grupos paramilitares, según documentos de las agencias de EE.UU. que fueron desclasificados por la organización sin fines de lucro Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés). 

En un documento desclasificado de 1997, el exlegislador Jorge Valencia Cardona contó a funcionarios de la Embajada de EE.UU. en Colombia la cercanía que tenía Uribe Vélez con los grupos paramilitares. Valencia narró sobre "la red de relaciones" de Uribe —quien en ese entonces era gobernador del departamento de Antioquia— con "terratenientes, paramilitares y guerrillas".

De acuerdo con la declaración de Valencia, Uribe Vélez tenía nexos con terratenientes del oriente antioqueño que pagaban a los paramilitares para ir "tras las guerrillas". 

El padre del expresidente colombiano, Alberto Uribe, fue asesinado en 1983 por presuntos miembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Según consta en un cable dirigido al Departamento de Estado de EE.UU., Valencia contó que en una ocasión fue detenido con violencia por paramilitares, quienes amenazaron con matarlo si no admitía que había colaborado con grupos guerrilleros

Los grupos paramilitares no aceptaron el dinero que Valencia les ofreció, pero lo que aparentemente salvó su vida fueron unos documentos que llevaba en una maleta y que mostraban que conocía al entonces gobernador de Antioquia, Uribe. 

"Oh, tú conoces a 'El Viejo'", le dijeron sus captores, en referencia a un apodo que recibía Uribe. Después de este incidente, supuestamente los paramilitares dejaron de hostigar a Valencia

Trato con las AUC

Durante el Gobierno de George W. Bush (2001-2009), el subsecretario de Defensa para asuntos de Seguridad Internacional, Peter Rodman, advirtió al secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, sobre los vínculos de Uribe cuando fue gobernador de Antioquia con el grupo paramilitar conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

"Es casi seguro que Uribe tuvo tratos con los paramilitares (AUC) mientras era gobernador de Antioquia", escribió Rodman en una nota dirigida a Rumsfeld en 2004. 

Sin embargo, Rodman le expresó a Rumsfeld que no conocía "informes que sugirieran que las drogas fueran parte del panorama".

El presunto vínculo de Uribe con las AUC ha sido también señalado por miembros del grupo paramilitar. El antiguo comandante del Bloque Cacique Pipintá, Pablo Hernán Sierra, aseguró en septiembre de 2019 que las reuniones entre los excombatientes ilegales y el político ocurrieron en una finca propiedad del expresidente.  

"Todos los jefes de las autodefensas saben que Álvaro Uribe fue nuestro referente político, él nos entregó el fusil y después nos lo quitó", dijo el excomandante Sierra. El exmandatario ha negado reiteradamente los nexos con los grupos paramilitares.  

Financiamiento del Cártel de Medellín

En otro cable de la Embajada de EE.UU. revelado por NSA, se hace referencia a una declaración de un conocido de Uribe, que aseguró que los hermanos Ochoa Vásquez, quienes fueron socios del narcotraficante Pablo Escobar, exlíder del Cártel de Medellín, habrían financiado la campaña del político conservador al Senado.  

Uribe se encuentra en prisión domiciliaria por orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que lo investiga por fraude procesal y soborno a testigos. 

En 2012, Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente pedir a exparamilitares testificar en su contra a cambio de beneficios. Sin embargo, en 2018, la Corte archivó esta investigación contra Cepeda y abrió una nueva indagación, esta vez al propio exmandatario, por la presunta manipulación de testigos.

Cepeda mantuvo conversaciones con varios exparamilitares que le aseguraron que Uribe propició la existencia de un bloque narcoparamilitar en los años 90.

Publicado: 1 sep 2020 00:03 GMT

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Lunes, 31 Agosto 2020 06:09

Alarma

Alarma

Recuerdo que buscábamos la revista Alarma para leer historias "reales" de horror, para asustarnos, para confrontar con historias de horror –como ha explicado Guillermo del Toro varias veces– nuestros propios terrores. Pero eso era un acto voluntario. El reality show de horror político (nadie ha hecho uno antes, ¿verdad?) que se está produciendo en Estados Unidos es algo con consecuencias devastadoras reales no sólo para la superpotencia, sino para todos, y es momento de gritar: ¡Alarma!

Aquí hay nada menos que un intento para consolidar un régimen neofascista, con todo lo que eso implica: El régimen y su campaña de relección proclaman que Trump es el único salvador de Estados Unidos, según Dios. La Casa Blanca, institución pública, ya fue convertida en la Casa Trump. Todos los días el régimen declara que los medios no alineados son el "enemigo del pueblo"; cada día más familias y niños son enjaulados por el régimen como parte de la persecución brutal de migrantes para frenar la "invasión" por “extranjeros ilegales”; todos los días hay amenazas y acciones de represión contra disidentes y sus protestas por fuerzas federales; el mandatario ha dado su bendición a fuerzas civiles paramilitares que buscan confrontar manifestantes opositores (según un nuevo informe, ultraderechistas se han presentado casi 500 veces en busca de enfrentamientos con manifestantes de Black Lives Matter este año, hiriendo a varios y matando a tres); procede la concentración extrema de riqueza (unos 467 multimillonarios ganaron 800 mil millones de dólares en los últimos cinco meses mientras decenas de millones sufren desempleo, pobreza y hasta hambre); avanza el desmantelamiento de la educación, salud pública y programas de bienestar social, como tambien la anulación de regulaciones y normas de protección ambientales y laborales. Todo esto, decorado por retórica de "la defensa del pueblo", la libertad, la familia, Dios y "la ley y el orden" al construirse una "realidad alternativa" para anular la realidad empírica, la historia y la ciencia.

Uno de los mensajes centrales de la campaña de relección de Trump es algo que debería ser cómico, pero se vuelve alarmante, ya que parece funcionar: resulta que existe una "izquierda radical" conformada por anarquistas, socialistas, comunistas y marxistas tan poderosa que está al borde de tomar el poder (usando al neoliberal débil Joe Biden como su "caballo de Troya"). Aún no está claro si Cuba y Venezuela están detrás de todo esto, pero siguen asustando al país mas poderoso del mundo. Trump declaró que sólo él puede salvar al país de tal amenaza. Ni la izquierda estadunidense se había dado cuenta de su poder antes de ser informada por el régimen. Esta narrativa nostálgica de la época de la guerra fría siempre ha sido empleada en este país para justificar pues, casi todo, desde represión interna hasta espionaje, intervenciones, etcétera.

A lo largo de las últimas dos semanas, ambas convenciones nacionales, la demócrata y la republicana, proclamaron en esencia el mismo mensaje: el triunfo del contrincante representa una amenaza existencial a la república democrática de Estados Unidos. La pregunta es: ¿qué tal si ambos tienen razón?

“Este es el momento más decisivo en la historia de este experimento que llamamos Estados Unidos de América….”, comentó el filósofo político Cornel West. "Hemos visto esta semana la cristalización de una forma estadunidense de neofascismo". Agregó que votará por "el neoliberal débil Biden, pero sólo porque es un voto antifascista". Aunque no es la solución, subrayó, primero "tenemos que sacar al gánster neofascista de la Casa Blanca".

Casi todos saben que las cúpulas no tienen soluciones reales para la crisis democrática de este país. Ésas tendrán que salir de esa oposición vasta y dinámica, aunque fragmentada, que se ve en las calles, en las aulas y hasta en las arenas del deporte (la extraordinaria huelga de la semana pasada) y que es clave tanto para frenar el proyecto neofascista, como para la continuación del neoliberalismo dentro de Estados Unidos.

https://www.youtube.com/ watch?v=vq3sdF0YXkM

https://open.spotify.com/track/ 07ZuuDjwtyMzKVnayq0tEr?si=6kCoO5ZBR9GoAMLf5IXD5w

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La abogada Ebru Timtik antes de su encarcelamiento (EP)

Fue condenada a 13 años de cárcel “por pertenencia a organización terrorista”

 

En Turquía, donde la nueva guerra fría se solapa con la anterior, las tragedias de hoy pueden parecer páginas arrancadas de los 80. Este año, el goteo de fallecimientos de presos izquierdistas en huelga de hambre evoca tiempos aún peores.

El último, el pasado viernes, corresponde a Ebru Timtik, una abogada de la izquierda revolucionaria, que expiró en el hospital en Estambul tras 238 días de ayuno voluntario. Timtik protestaba por un juicio lleno de irregularidades en el que fue condenada a trece años de cárcel “por pertenencia a organización terrorista” .

Su hermana mayor, Barkin, recibió una pena todavía más abultada, en tanto que “fundadora”, junto a otros quince miembros de la Asociación de Abogados Progresistas y del despacho Ley del Pueblo. Los magistrados, en línea con Ankara, los considera parte integrante del Partido Revolucionario del Pueblo (DHKP-C).

El bufete de las hermanas Timtik asumía sistemáticamente la defensa de los miembros de esta organización, considerada terrorista por la UE. Aunque también defendían otras causas políticamente sensibles.

Timtik, de 42 años, se apagó sin que el Estado turco moviera una ceja para liberarla. Antes que ella, habían muerto por inanición voluntaria dos músicos del grupo Yorum, la vocalista Helin Bölek y el bajista Ibrahim Gökçek. Este último, dos días después de desconvocar la huelga, en protesta por la prohibición de sus conciertos.

Todos ellos pertenecen a la misma matriz de izquierda revolucionaria, marginal pero todavía con peso simbólico entre los alevíes de Turquía. Una minoría que nutre sus filas desde los años Setenta, en abierta oposición, tanto a los islamodemócratas de Recep Tayyip Erdogan como antes a los herederos del golpismo.

La abogada fallecida fue homenajeada el viernes en el cemevi o centro de culto de los alevíes, en el barrio estambulí de Gazi, en cuyo cementerio fue enterrada, entre encontronazos con la policía.

Los alevíes –uno de cada cinco turcos– no pisan las mezquitas, ni rezan cinco veces al día, ni ayunan en Ramadán, ni dan precedencia al Corán. Como en el caso de los chiíes y los alauíes de Siria, el yerno del profeta, Alí, está en el centro de su devoción. En ella, hombres y mujeres se mezclan y hasta bailan en el principal día de culto, que es el jueves.

Tres de cada cuatro alevíes votan por el CHP, en la oposición, mientras que es suní en un 99% el electorado de la actual coalición gobernante, del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y los ultranacionalistas del MHP, muy dados a levantar mezquitas.

Cabe decir que el DHKP-C era un dinosaurio político que resucitó extrañamente al calor de la guerra de Siria. En enero del 2013 la Fiscalía ya lanzó una primera redada contra decenas de supuestos miembros, entre ellos varios abogados de la asociación ahora en la picota. El cabecilla del partido estaba entonces en Beirut, rumbo a Damasco, donde también reside bajo la protección de El Asad el fundador de su predecesor THKP-C, un turco-árabe alauí que propugna la reintegración a Siria de Antioquía.

El bufet de Timtik defendía a una víctima adolescente de la represión de Gezi Park, en 2013. Para exigir justicia para este quinceañero aleví, un comando del DHKP-C secuestró y mató de un tiro en la sien, en pleno Palacio de Justicia, al fiscal del caso. Luego, el mismo bufet representó a los acusados por el atentado. Uno de ellos, Mustafa Koçak, condenado por “colaboración” tras la confesión de un arrepentido, ha muerto en el 2020 en huelga de hambre.

Aquel mismo 2013, el DHKP-C perpetró un atentado suicida contra la legación de EE.UU. en Ankara y dos años después lo hizo contra la de Estambul.

Un colega de Timtik, Aytaç Ünsal, sigue en huelga de hambre. Mientras, el gremio de abogados de Estambul siente “vergüenza” y, décadas después de El expreso de medianoche , la UE denunciaba ayer “las graves deficiencias del poder judicial en Turquía”.

Por Jordi Joan Baños | Estambul, Corresponsal en Turquía

30/08/2020 02:20| Actualizado a 30/08/2020 09:49

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Contra Trump, contra la violencia policial

La marcha de protesta en Washington fue masiva

En el aniversario del histórico discurso de Martin Luther King, miles de personas se reunieron para protestar contra la violencia policial y el discurso autoritario de los republicanos.

 “No podemos estar nunca satisfechos mientras que el negro sea la víctima de los horrores abominables de la brutalidad policial”. La frase es parte de "Yo tengo un sueño", el discurso más famoso de Martin Luther King Jr., que acaba de cumplir 57 años. Pero para las miles de personas que este viernes se manifestaron en la ciudad de Washington es la descripción de una realidad muy actual.

Bajo el lema “Saquen la rodilla de nuestros cuellos”, la marcha quiso conmemorar un nuevo aniversario de la histórica manifestación organizada por King en el centro de la capital estadounidense. Si en 1963 la marcha pedía trabajo y libertad, la de este viernes se hizo eco de la ola de protestas que sacude al país desde el asesinato de George Floyd en mayo.

Precisamente, la idea de una manifestación masiva que coincidiera con el aniversario del discurso de King empezó en junio, después del funeral de Floyd. Al final, coincidió también con el cierre de una semana agitada en Estados Unidos, en la que el ataque de un policía a un hombre negro en Wisconsin provocó una nueva ola de protestas mientras, en paralelo, la Convención Nacional Republicana prometía defender a la policía.

Como respuesta al mensaje que el Partido Republicano transmitió  en las cuatro noches de la convención, miles se reunieron este viernes en la zona del Lincoln Memorial. Llevaron carteles con mensajes contra Donald Trump y el racismo. Como a principios de junio, los colores del movimiento Black Lives Matter -verde, negro y rojo- volvieron a apoderarse de las calles de Washington, al igual que las remeras con la leyenda “No puedo respirar”, las últimas palabras de Floyd.

Esta vez no hubo solo un pedido de justicia racial, sino también de ir a votar en noviembre. “Mi hermano no puede hablar hoy”, dijo Bridgett Floyd, hermana del hombre asesinado en Minnesota este año. “Nosotros tenemos que ser esa voz, nosotros tenemos que ser ese cambio”, afirmó durante el acto principal de la marcha.

El acto principal se situó en las escalinatas del Lincoln Memorial, pero la manifestación se repartió por distintos lugares del centro de la ciudad. Algunos caminaron al Departamento de Justicia a reclamar que se abrieran los casos cerrados de violencia policial. Otros marcharon hasta las cercanías de la Casa Blanca cantando las palabras que ya se volvieron el lema de estas protestas: “No hay justicia, no hay paz”.

Bianca y Alexis Harmon son hermanas y viven en el estado de Virginia, vecino a la ciudad de Washington. La primera es maestra y decidió ir a la marcha porque el tema impacta en sus estudiantes. “Nuestro abuelo en los años 50 y nuestro tío en los 70 fueron golpeados por la Policía. Estas cosas todavía siguen pasando en 2020”, dijo Bianca a Página|12. “¿Cómo no nos vamos a enojar si nuestro dinero está yendo a algo que nos impacta negativamente? Hay que desmantelar un sistema que nunca nos apoyó y que, a pesar de eso, seguimos pagando”, agregó su hermana. Las dos esperan que la siguiente generación no tenga que pasar por esto.

Saeed N. manejó diez horas desde Atlanta, Georgia, para estar presente en la marcha. No había participado de las protestas de junio, pero está convencido de que Estados Unidos necesita un cambio y llegó a la capital del país para pedirlo. “Estar acá es como llamar a la puerta de la Casa Blanca. Quería ser parte de algo histórico”, dijo a este diario desde la plaza Black Lives Matter, creada por la ciudad de Washington en junio.

No fue solo la comunidad negra la que se movilizó el viernes. “Vengo en solidaridad con el movimiento y a apoyar la iniciativa de desfinanciar a la policía”, explicó Sammy Fries, también desde la plaza Black Lives Matter.

A algunos, el sol y los 34 grados los obligaron a refugiarse a la sombra de los árboles o a refrescarse en las fuentes del National Mall. El área del Monumento a Washington, el obelisco de la capital estadounidense, estuvo completamente cercada. Mientras los manifestantes buscaban caminos alternativos para cruzar la zona, una empresa de eventos todavía trabajaba para levantar los restos de los fuegos artificiales que cerraron la convención republicana, esos que iluminaron el cielo nocturno el jueves por la noche, mientras la zona de la Casa Blanca también era escenario de protestas. “Trump fracasó. Más de 180.000 murieron”, decía un cartel con luces armado por una docena de personas. En ese mismo momento, el presidente cerraba la Convención Nacional Republicana convencido de que hizo un buen trabajo para manejar la pandemia de la covid-19.

En contraste con el acto de Trump del jueves, en el que pocos asistentes usaron barbijo, la marcha instaló carteles en la zona del Lincoln Memorial para pedir a la gente que use máscaras. “Mantener la distancia social. Usar máscara. Usar alcohol en gel. Proteger el voto”, fueron las cuatro consignas que difundió la organización de la manifestación. A diferencia de marchas anteriores, la de este viernes puso el foco en la elección de noviembre como un momento crucial para lograr un cambio en el país.

Eso es lo que considera Yolonda, una mujer de la ciudad que se acercó porque quería “ser parte de algo positivo”, algo que “permita crear otra cultura”. Su principal objetivo ahora es sacar a Trump de la presidencia. “Voy a ser la primera persona en ir a votar el día de la elección. Hay que mandarlo a su casa”, aseguró.

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Viernes, 28 Agosto 2020 06:11

Epidemia de crímenes contra los pueblos

Epidemia de crímenes contra los pueblos

Los malos gobiernos que administran estados policiales están lanzando una fenomenal ofensiva militar contra los pueblos en toda América Latina. En las favelas de Brasil, en las periferias urbanas de Argentina, en las áreas rurales de Colombia, en territorios en resistencia mapuche y en la Chiapas zapatista.

Allí donde la dignidad de los abajos sigue intacta, donde la fuerza colectiva de los pueblos resiste y construye otros mundos, es donde los de arriba están aprovechando las cuarentenas que se autoimponen aquellos para contener la pandemia, para intentar destruir las resistencias a los megaproyectos extractivos.

El 22 de agosto, paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) saquearon e incendiaron casas y almacenes del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, en el sitio crucero de Cuxuljá, en la comunidad rebelde de Moisés Ghandi, municipio de Ocosingo, Chiapas (https://bit.ly/3lj4qB5).

Como señala el comunicado del Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno, los paramilitares operan junto al partido Morena y al gobierno regional, como parte de "la guerra que, desde arriba, se está desplegando en contra de la organización de las comunidades zapatistas".

En Colombia, la ofensiva paramilitar asesinó a 33 personas en apenas 11 días, en cuatro masacres "a manos de grupos financiados por el narcotráfico" (https://bit.ly/3aWQaJw). Este año se produjeron 33 matanzas. Uno de los departamentos más afectados es el Cauca, donde los pueblos agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca ofrecen tenaz resistencia al modelo de muerte.

En el Cauca, el Proceso de Liberación de la Madre Tierra recuperó 16 fincas en casi cinco años, donde siembran vida y cuidan 26 mil 200 ojos de agua y 123 lagunas naturales (https://bit.ly/3jfhAgB). En la cuarta parte del Cauca se busca petróleo y en 40 por ciento de la superficie se explora en busca de metales. Además se pretenden construir dos grandes carreteras y un puerto de aguas profundas en el Pacífico.

En Argentina, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional registró, del 20 de marzo al 6 de agosto, 92 muertes a manos de integrantes de la fuerzas estatales, cuando “no existía situación real de peligro para el ‘matador’ o terceros”. De ese total, 34 fueron fusilamientos de gatillo fácil, 45 muertes bajo custodia en cárceles o comisarías, cuatro fueron feminicidios y tres desapariciones forzadas (https://bit.ly/2QmFmLi).

Además denuncian, en el mismo periodo, alrededor de 100 casos de uso abusivo de la fuerza policial, con "golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas". Todo esto sucede bajo un gobierno que se autodenomina "progresista".

En Brasil, las muertes policiales durante la pandemia crecieron 26 por ciento, "a pesar de la reducción de gente en las calles", según una encuesta realizada por el diario O Globo (https://glo.bo/3gvBZvP). Menos personas en las calles, significa "menor control social de la actividad policial", lo cual redunda en mayor impunidad, ya que se constata "una policía sin control".

Un informe de la Universidad Federal Fluminense señala que “el número de muertes en las favelas de Río de Janeiro cayó 72.5 por ciento en el mes en que fueron suspendidas las operaciones policiales en esas comunidades” (https://bit.ly/31onaH8). El patrullaje militar en favelas fue suspendido en mayo por el Tribunal Supremo Federal, luego de una masacre de 12 personas en el Complexo do Alemão (https://bit.ly/3hnTYpo).

En los territorios mapuche, de Chile, se ha incrementado la represión, con la activación por parte del Estado de grupos paramilitares integrados por agricultores, quienes ocupan tierras usurpadas a las comunidades (https://bit.ly/31njy8w).

Tres consideraciones finales:

La primera es que la violencia contra los abajos se incrementó en toda la región, con gobiernos de derecha, como en Colombia, Chile y Brasil, y con gobiernos "progresistas", como en Argentina y México. Es, por tanto, una violencia estructural y sistémica.

Las segunda es que las clases dominantes están aprovechando la pandemia para quebrar las resistencias al despojo que representan los pueblos en movimiento. Para conseguir ese objetivo, aceleran la militarización y la guerra contra las comunidades.

La tercera es que sólo la autodefensa colectiva de los pueblos puede frenar esta ofensiva. Debemos tener claro que estamos en las primeras fases de una extensa guerra contra los pueblos originarios destinada a rediseñar el mapa del mundo, expulsando a las comunidades de sus tierras para profundizar el extractivismo.

En esta guerra los de arriba utilizan ejércitos estatales, paramilitares, narcos y una brutal desinformación. Nosotros no resistimos la muerte con la muerte. No actuamos de forma simétrica. La reacción del EZLN ante el asesinato del maestro Galeano, en mayo de 2014, nos inspira: seguir construyendo nuestros mundos, mientras resistimos.

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Cientos de manifestantes contra el racismo marcharon de manera pacífica en Kenosha, Wisconsin, para recordar a las dos personas que fueron abatidas el pasado miércoles durante una jornada de protesta por la brutalidad policiaca contra el afroestadunidense Jacob Blake, quien fue tiroteado por la espalda. En esta nueva movilización se ignoró el toque de queda decretado por autoridades. Foto Afp

Kenosha. Después de tres madrugadas de disturbios, cientos de manifestantes rindieron homenaje, de manera pacífica, a los dos muertos durante las protestas contra el racismo en Kenosha, Wisconsin. En contraste, Portland fue escenario de nuevos enfrentamientos entre los uniformados y personas que protestaban contra el abuso policial.

En Kenosha los organizadores multiplicaron los llamados a la calma, conscientes de que habían desafiado el toque de queda.

"Todo el mundo está esperando que salgamos con furia, que nos volvamos locos en la cuarta noche, pero ésta es una protesta pacífica", señaló un manifestante.

"Están tratando de silenciarnos, pero no lo van a lograr, seguiremos marchando", añadió.

La violencia en este condado de 100 mil habitantes de Wisconsin comenzó el domingo, luego de que un afroestadunidense resultó gravemente herido durante su detención.

Jacob Blake recibió siete disparos a quemarropa del policía blanco Rusten Sheskey, delante de sus hijos de tres, cinco y ocho años.

Este acto de brutalidad policiaca contra la comunidad negra, que fue filmado y se hizo viral en las redes sociales, acentuó la ola de protestas en el país contra el racismo y el abuso.

"Las vidas de los negros importan". "Sin justicia no hay paz", fueron las consignas más coreadas durante las manifestaciones en varias ciudades de Estados Unidos.

En Kenosha ha aparecido un peligroso grupo de alborotadores, policías y autodefensas.

Mientras, la fiscalía fincó cargos contra Kyle Rittenhouse, de 17 años, por los dos muertos y el herido durante las movilizaciones del pasado martes por la noche.

Anthony Huber, una de las víctimas, cayó en mitad de la calle luego de tratar de detener al tirador.

"Era un ser dulce. No tenía más que amor en su corazón por esta ciudad, por eso estaba en la marcha", dijo entre lágrimas una amiga de Huber.

Luego se hizo un momento de silencio entre la multitud.

Más adelante, frente a una gasolinera, una flor y una botella de alcohol marcan el lugar donde murió el otro manifestante de un disparo en la cabeza.

En los paneles de madera que cubren la gasolinera, se puede leer: "Rusten Sheskey, es tu culpa".

La policía en Kenosha espera la llegada de refuerzos para tratar de calmar las protestas.

En Portland, manifestantes y agentes federales se enfrentaron la noche del miércoles frente a un edificio del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en una nueva noche de violencia en la ciudad más grande del estado de Oregon.

Algunos de los 300 manifestantes desconectaron o vandalizaron cámaras de seguridad, apuntaron con luces láser a los ojos de los uniformados y les arrojaron piedras y botellas, informó la policía.

Los agentes fueron enviados para proteger la propiedad federal. Durante los enfrentamientos, dispararon municiones no letales hacia la multitud y detonaron granadas aturdidoras que formaron columnas de humo verde y blanco, informó la página de Internet del diario The Oregonian/Oregonian Live.

El medio agregó que un manifestante aparentemente herido fue atendido por otros participantes de la protesta. Un agente federal resultó con una herida leve y la policía realizó 11 arrestos.

Portland se ha visto afectada por protestas nocturnas durante casi tres meses desde el asesinato de George Floyd por un policía que le puso una rodilla en el cuello hasta que dejó de respirar. Las manifestaciones, a menudo violentas, suelen tener como objetivo edificios policiales y federales.

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