Por la represión, Chile es el país con mayor cantidad de traumas oculares en el mundo

Una investigación de la revista Eye afirma que el mayor alza de los traumas oculares se dio durante los meses de protesta.

 

La revista científica Eye, vinculada a The Royal College of Ophthalmologists del Reino Unido, publicó un estudio realizado por oftalmólogos y distintos profesionales de la salud del Hospital del Salvador que indica que Chile es el país con mayor cantidad de traumas oculares en todo el mundo, esto a raíz de la represión que se vivió en la revuelta popular de octubre pasado.

La publicación señala que entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre fueron 259 pacientes quienes acudieron a la UTO con un traumatismo ocular ocasionado por proyectiles lanzados por las fuerzas represivas en las manifestaciones. Hasta el día de hoy hay contabilizadas 459 víctimas de trauma ocular, donde 26 casos son de estallido del globo ocular, 429 otro tipo de trauma y 9 de estos son de pérdida total de visión irreversible.

Entre los casos más conocidos se encuentra el de Gustavo Gatica, quien el 8 de noviembre en las cercanías de Plaza Dignidad en la capital del país estaba registrando de la represión policial y fue impactado con perdigones que le ocasionaron la pérdida total de la visión en ambos ojos, también está el caso de Fabiola Campillay, quien se dirigía a esperar un bus para poder llegar a su trabajo cuando lo golpeó una bomba lacrimógena en la zona frontal del cráneo, en un registro audiovisual de esa noche se escucha a un policía decir: “uh, se la piteó”, sin ser capaces de brindarle ayuda después de haber sido impactada por el proyectil. Como este son más de 400 casos que no han recibido ayuda de parte del estado, y los que sí, no han tenido un seguimiento constante y apropiado.

Según los informes realizados durante las protestas por el Instituto Nacional de DD.HH, Human Rights Watch y Amnistía Internacional en Chile existe una violación sistemática a los derechos humanos, y así quedó expresado con miles de denuncias y registros de abusos. Estas denuncias de abusos, torturas y traumas oculares han quedado al olvido de la justicia chilena, son miles los casos que siguen en impunidad, sin ningún responsable material de estos brutales actos, pero sí tenemos claros quiénes son los responsables políticos de estos ataques contra el pueblo movilizado.

El presidente Sebastián Piñera junto a sus ministros son los principales responsables políticos de la represión que millones vivimos en las calles de Chile durante la revuelta. El juicio y castigo para los responsables políticos y materiales de las violaciones a los DD.HH. es una exigencia que crece en el país. Durante el estallido social, se hicieron 466 denuncias a agentes del estado por "presuntas vulneraciones" a los derechos humanos contra civiles y hasta hoy son menos de 70 agentes acusados formalmente de esos cientos de denuncias.

El la situación en el país se encamina a debatir en torno al proceso constituyente, las trampas que trae el plebiscito y las propuestas de los partidos tradicionales. Las principales demandas se impusieron en la calle, pero las protestas demostraron ser insuficientes cómo método para conquistar esas exigencias, y la respuesta fue una brutal represión y un “acuerdo por la paz” firmado entre 4 paredes por quienes han profundizado la privatización del país durante los últimos 30 años.

Jueves 27 de agosto | 20:20

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Fuente: Rebelión

La detención domiciliaria del “colombiano más importante de la historia” aparte de constituir una parodia, ha mostrado hasta que punto hablar de Estado social de derecho en Colombia es una ficción fantasiosa, pese a que los cultores de tal pretensión sostengan lo contrario: que dicha detención ha mostrado la separación de poderes, la vigencia de los logros de la Constitución de 1991, la fortaleza de la democracia colombiana y mil cuentos imaginarios por el estilo.

Por el contrario, lo que están demostrando los actuales acontecimientos es que Estado de Derecho en Colombia no existe y nunca ha existido y para comprobarlo no se necesita ni tener el título de rábula, de los que tanto abundan en la patria de Francisco de Paula Santander, ni pertenecer a ciertas “prestigiosas” ONG, como De Justicia, cuyos empresarios y periodistas exaltan nuestra democracia de pacotilla, porque eso les dispensa miles de dólares de sus investigaciones financiadas desde los Estados Unidos, ni tampoco ser un vocero de  Human Right Watch, esa instancia seudodemocrática que forma parte del aparato legal del imperialismo estadounidense.

Seguir el proceso contra el intocable expresidente es toda una lección de impunidad, que bien vale recalcar en sus aspectos principales, porque desmiente las falacias del pretendido Estado de Derecho y demuestra que es un estado “torcido”. Recordemos que torcido en la jerga imperante en Colombia está asociado a delincuencial, vinculado al mundo de la lumpemburguesia (en donde se fusiona lo chic y lo traqueto), es decir, al entorno que ha dominado la política, la sociedad, la farándula y falsimedia en este país en las últimas décadas

¿Detención domiciliaria o vacaciones en el campo?

El sistema judicial colombiano que es un órgano al servicio de los poderosos que persigue y encarcela a los pobres y humildes, los cuales no gozan de ningún tipo de garantía, ni pueden contratar abogados, tiene en detención a miles de colombianos que no han sido sometidos a juicio. Y ellos no están en latifundios de 1800 hectáreas, como el Ubérrimo, sino hacinados en terribles condiciones en las mazmorras de todo el país. Muchos de ellos inocentes, sin señalamientos claros, con pruebas falsas, llevan años en esas cárceles y sus nombres nunca se mencionan, como si no existieran. Esta es una característica de este “Estado de derecho”, en el cual como lo indica no solo el caso del señor de las sombras sino de los mandamases de este país (como el extraditado Andrés Felipe Arias), la “justicia es para los de ruana”. Si aquí existiera Estado de Derecho hace años estaría en una prisión de alta seguridad el exsenador y expresidente, y condenado a varias cadenas perpetuas por sus numerosos crímenes de lesa humanidad.

“La justicia tarda, pero llega”

Un consuelo que circula en estos días se sustenta en esa máxima para señalar que, por fin, el dueño del ubérrimo fue apresado, tras un largo proceso que comenzó en el 2012. Llama la atención en este caso que, con miles de evidencias, de centenares de grabaciones y de pruebas incontrovertibles la decisión se haya demorado tantos años, cuando eso se debió haber hecho hace tiempo. Y no solo eso, sino que sorprende la celeridad y “eficiencia” de la justicia colombiana que opera en cuestión de días, cuando se trata de perseguir, encarcelar y torturar con saña a alguna persona que declaran su enemigo, a partir de montajes y de mentiras, como sucede a diario con luchadores sociales y dirigentes populares o a todos aquellos que son señalados, sin pruebas, por falsimedia como responsables de atentados o acciones similares.

La “separación de poderes”

Algunos se sorprenden por la interferencia del sub-presidente Iván Duque, de sus funcionarios en la decisión de los jueces, como si eso fuera algo novedoso en nuestra historia, y no un hecho permanente, que ha caracterizado el funcionamiento del aparato judicial de este país como engranaje del Terrorismo de Estado y de la contrainsurgencia. Acaso se nos olvida que eso sucedió durante el Frente Nacional con sus permanentes declaraciones de Estado de Sitio, cuando los jueces actuaban bajo las órdenes directas del régimen de turno, en una especie de estado de guerra judicial permanente contra quienes desafiaran el “orden público” o durante la tal “justicia sin rostro” de la década de 1990, cuando con falsos testigos se llevaba a la cárcel y se acusaba sin pruebas a dirigentes sindicales como “terroristas y enemigos del Estado”, o en el régimen de la (in) seguridad (anti) democrática, cuando el propio señor de las sombras daba en público la orden de perseguir, encarcelar o eliminar a quien dispusiera por considerarlo un enemigo o un terrorista.

La “independencia del poder judicial”

Uno de los preceptos que se invoca para hablar de “Estado de derecho” es el de la pretendida independencia de la rama judicial que, se nos dice, existe como lo demostraría la decisión tomada el 4 de agosto, cuando ordenó la detención domiciliaria de un senador activo. Desde antes de esa decisión y hasta el momento lo que ha quedado claro es que tal independencia es, por decirlo de manera benigna, bastante frágil, si tenemos en cuenta las fuerzas que se han manifestado, con toda la complicidad criminal del caso, esos que a sí mismos se denomina “hombres y mujeres” de bien de este país: los miembros del Consejo Gremial y los grandes empresarios, los medios de desinformación (televisión, radio, prensa) y sus para-opinólogos (por sus abiertas simpatías con el paramilitarismo), y por si hubiera dudas hasta el vicepresidente de los Estados Unidos. Este último, para comprobar que somos una miserable colonia del Tío Sam, dijo: «Respetamos las instituciones colombianas y su independencia, pero estando el expresidente Álvaro Uribe bajo arresto domiciliario, nos unimos a todas las voces amantes de la libertad en todo el mundo para pedir a los funcionarios colombianos que permitan que este Héroe, que ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, se defienda como un hombre libre». Esta retórica si que ejemplifica el Estado de Derecho en Colombia, puesto que habla es el dueño del circo, y no solamente su payaso más patético (Duque, por supuesto), y recordemos que como dice el dicho “Washington no opina, ordena”. Todo esto evidencia que en Colombia puede existir de todo, menos un imaginario de la separación de los poderes, y mucho menos cuando medio se toca a alguno de los “héroes  (léase hedores) de este país”.

La “transparencia de la justicia”

Otro criterio exaltado es el de la pretendida “transparencia” de la justicia, con lo que se quiere dar a entender que esta opera en forma autónoma, sin que sea influenciada por ninguna fuerza externa, llámese prensa, abogados o terceros interesados… El caso del innombrable demuestra todo lo contrario, puesto que, desde un principio, el caso se ha ventilado a través de los medios de desinformación que han conocido los pormenores del proceso, han revelado asuntos internos (testimonios, grabaciones…), con la finalidad de favorecer al ahora exsenador. Y el asunto de esa poca transparencia ha quedado mucho más claro al comenzar la “detención domiciliaria” del expresidente, cuando sí que se ha metido la mano al proceso, hasta el punto de que el largo expediente de 1500 páginas se hizo público, sin que ni siquiera se haya iniciado el juicio.

Un hecho adicional que evidencia la falacia de esa “transparencia” lo indica que el pretendido prisionero # 1087985 siga delinquiendo, como lo hacia Pablo Escobar en su Catedral de Envigado, desde su finca del Ubérrimo, puesto que no se le han cortado las comunicaciones con el mundo exterior, dándose el lujo de conceder una “entrevista” de dos hora y media a esa cloaca periodística que se llama Semana, a dos adoratrices del expresidente, en el que acusa, calumnia, miente, amenaza, desdice y desobedece a la Corte que dio la orden de encarcelarlo en su domicilio. Si existiera transparencia y Estado de Derecho en Colombia, nada de eso se permitiría y de inmediato el preso # 1087985 hubiera sido sacado de su Hotel de Cinco Estrellas y llevado a una cárcel común y corriente por interferir la acción judicial. ¡Como para reforzar lo que es nuestro “Estado de derecho”, vale recordar que cualquier colombiano que esté en la cárcel puede dar entrevistas, transmitidas en vivo y en directo, durante varias horas, y acusar y amenazar a diestra y siniestra, como se hace desde el Ubérrimo!

Conclusión: Un Estado de Derecho muy “torcido”

El caso del preso #. 1087985 indica que antes que vivir en un Estado de Derecho nos encontramos en una terrible realidad completamente distinta (una dictadura, un Estado “torcido”) como lo dijo un periodista convencional, Julio Cesar Londoño, columnista de El Espectador, con unas palabras que deben tener horrorizados a los cultores del Estado de Derecho: “En la precaria historia de nuestra democracia, nunca padecimos una dictadura tan atroz como esta. Comparado con la patriótica malignidad de Uribe, el COVID-19 es un algodón de azúcar”.

Por Renán Vega Cantor | 25/08/2020

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Familiares velan el cuerpo sin vida de Óscar Andrés Obando Betancourt, una de las víctimas de la masacre de nueve jóvenes, en Samaniego, Nariño (Colombia). EFE /Sebastián Leonardo Castro /Archivo

Mientras el Gobierno niega su responsabididad, las masacres de los últimos días se han cobrado 34 vidas y reflejan la sangrienta disputa entre distintos grupos armados tras la firma del acuerdo de paz con las FARC

 

Las masacres de los últimos días en Colombia, que se han cobrado 34 vidas, reflejan una disputa sangrienta entre distintos grupos armados tras la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC que pone a la población más vulnerable en permanente estado de indefensión. En las últimas dos semanas se han cometido siete matanzas en varios puntos del país.

Las víctimas de las recientes matanzas en los departamentos de Nariño, Cauca, Arauca y Valle del Cauca, entre otros, son en su mayoría jóvenes, campesinos, indígenas o afrodescendendientes que históricamente están entre las comunidades más afectadas por el conflicto armado interno que no cesó con el acuerdo de paz con las FARC, firmado en noviembre de 2016.

"La crisis humanitaria que vive el departamento de Nariño crece de manera despiadada, la zozobra no nos permite vivir dignamente con el goce de derechos consagrados en la Constitución", manifestó este domingo en un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa).

Tres miembros de la comunidad Awá fueron asesinados hace una semana en una remota zona del municipio de Ricaurte (Nariño) y, según afirmaron este domingo, entre los seis muertos del sábado en la matanza de la aldea de La Guayacana, que forma parte de Tumaco, en el mismo departamento, hay otra persona de esa comunidad.

"No podemos seguir poniendo muertos en una guerra que no nos pertenece y que con el pasar de los días se agudiza", ha afirmado la Unipa. "Las cifras de víctimas siguen aumentando", así como "la angustia de las familias awá, campesinas y afrodescendientes", ha añadido.

Volver al pasado

El país no vivía un horror parecido hace años y aunque la firma de la paz y la desmovilización de las FARC trajo una esperanza, en zonas históricamente abandonadas por el Estado los enfrentamientos entre grupos armados han hecho imposible la reconciliación.

"Esto (las masacres) no es nuevo. Esto no es que haya salido de un momento a otro. Todo venía pasando desde hace dos años, lo que pasa es que la gente no había querido darse cuenta", señala a Efe el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Ariel Ávila. Sin embargo, el experto reconoce que la intensidad y la rapidez con la que se están perpetrando las masacres sí es nueva y se está incrementando.

Ávila explica que las reacomodaciones criminales generalmente duran un año y medio o máximo dos, pero tras la dejación de armas de las FARC, ninguno de los grupos armados activos ha podido imponerse sobre los demás. "Aquí llevamos tres años desde que se fueron las FARC y nadie ha ganado porque nadie es lo suficientemente fuerte como para imponerse unos sobre", indica. 

Civiles bajo fuego cruzado

Esa imposibilidad de dominar territorios estratégicos para actividades como el narcotráfico o la minería ilegal ha hecho que los grupos armados se ensañen con la población civil con la excusa de que son bases sociales de otras organizaciones criminales. "Esto lo que indica es que como estamos en un desgaste, (las bandas) la emprenden contra la base social que creen que es del otro grupo y por eso ahora están metiendo más civiles (al conflicto)", explica Ávila. 

Mientras algunas zonas del país se desangran, el Gobierno y sus críticos debaten sobre la incapacidad de la administración del presidente Iván Duque para cumplir su promesa de llevar seguridad a las regiones acorraladas por el conflicto. Hay quienes critican a Duque por excusarse siempre en la herencia de la administración anterior y mirar por el retrovisor en momentos tan convulsos.

El sábado, mientras viajaba a Cali, donde el 11 de agosto cinco jóvenes fueron masacrados, Duque publicó que entre 2019 y lo que va de este año en Colombia han ocurrido 34 "homicidios colectivos", cifra que no coincide con la de 33 masacres que hasta hace una semana había documentado la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos solo durante 2020. 

El mandatario también comparó ese dato con las 189 masacres que, según sus datos, ocurrieron entre 2010 y 2018, periodo de su antecesor, Juan Manuel Santos, y dijo que los "muertos que deja la violencia" son "producto del narcotráfico y el terrorismo".

"Este es un pronunciamiento muy desafortunado porque confunde al público (al comparar ocho años con un año y medio) e ignora la tendencia al aumento en el número de masacres desde 2018. El reto es redoblar esfuerzos para enfrentar esta crisis, no maquillarla", cuestionó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. 

"Lectura ideológica"

Las respuestas del Gobierno ante la creciente inseguridad demuestran que el país está frente a una parálisis institucional, subraya Ávila.

Según el experto, la administración de Duque no entiende el problema de la violencia, se sigue justificando en el Gobierno anterior y no sabe qué hacer con la explosión de economías ilegales, mientras las Fuerzas Armadas están en medio de escándalos de corrupción y disputas internas. 

"Si uno escucha al ministro de Defensa (Carlos Holmes Trujillo) él lo que dice es que todo es culpa del anterior Gobierno y del narcotráfico", agrega el analista. 

El ministro criticó ayer la "mano acusadora de la politiquería injuriosa y calumniosa" que cuestiona al Gobierno cuando ocurre un crimen, pero "guarda silencio sobre el mal que le sigue causando al país el aumento de los cultivos ilícitos". 

"El Gobierno tiene una lectura ideológica del tema y no entiende el problema. Como no entiende el problema no es capaz de actuar. Echarle la culpa a Santos y solo al narcotráfico es una visión muy limitada del asunto", agrega Ávila. 

"Situación irreversible"

El incumplimiento de algunos puntos del acuerdo de paz es una de las raíces del problema que hoy vive el país, pero para Ávila "aún si el Gobierno decidiera cumplirlo desde mañana, la situación ya es irreversible en algunas zonas". 

"¿Es culpa de la falta de implementación del acuerdo? Sí, pero aún implementando eso hoy en el Catatumbo o en la zona del Pacífico nariñense, la cosa no va a mejorar. Ya hay zonas que se salieron de control y hay que esperar cinco o seis años para ver qué pasa", agrega. 

El presidente también visitó el sábado la localidad de Samaniego (Nariño) donde hace una semana ocho jóvenes de entre 19 y 25 años, algunos de ellos estudiantes universitarios, fueron masacrados en una casa rural.

Duque dijo en esa comunidad, horrorizada todavía por la matanza, que revisaría con las autoridades locales proyectos como el arreglo de un estadio de fútbol y la construcción de un centro de salud. 

Para Ávila, proyectos de infraestructura no son suficientes en regiones como el Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde la situación ya "se salió de madre".

"Como el Gobierno insiste en que el problema de seguridad obedece a un plan B de las FARC y a una conspiración santista (Juan Manuel Santos), no entiende que aquí lo que hubo fue una transformación del crimen muy grande", explica.

El experto asegura que "lo primero que el Gobierno tiene que hacer es entender esa nueva dinámica porque mientras no lo entienda y siga viendo esto con las lecturas tradicionales de hace diez años, va a seguir cometiendo errores".

EFE / Klarem Valoyes Gutiérrez

24 de agosto de 2020 12:07h

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Lunes, 24 Agosto 2020 05:59

Las claves de la reinserción social

Las claves de la reinserción social

La psicoanalista Viviana Berger y su trabajo en las cárceles

Su nombre es esencial en el cruce de la criminología y la teoría psicoanalítica. Aquí, explica en qué puede contribuir el dispositivo analítico en un contexto de encierro.

 

Cuando Michel Foucault se refirió al panóptico en relación al poder y su control disciplinario de una sociedad, presente también en las instituciones, seguramente no se imaginó que muchísimos años después se seguiría empleando el término al momento de hablar del sistema carcelario. Pero el psicoanálisis, de algún modo, busca agujerear los muros de las prisiones. Así lo propone la psicóloga y psicoanalista argentina Viviana Berger, directora del Programa de Investigación en Psicoanálisis y Criminología de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL), de la ciudad de México. El mismo se lleva a cabo en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, de la capital del país azteca y también en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial en la misma ciudad. Compiladora del libro Contribuciones a la Criminología (Grama Ediciones), donde se despliegan aquellas experiencias, Berger es un nombre esencial en el cruce de la criminología y la teoría psicoanalítica. “Si la indicación de Lacan fue no retroceder frente a la psicosis, ¿cómo habríamos de hacerlo nosotros? No solo se tratará, pues, de investigar sobre los fenómenos contemporáneos de las violencias y la segregación, sino también animarse a esta clínica muy particular, y en intersección con la criminología y en el seno de instituciones carcelarias”, explica esta analista.

--¿Cómo se trabaja la tensión entre el tratamiento psíquico y la política de la vigilancia?

--Como nosotros lo pensamos, es con un criterio de agujerear los muros. Y también agujerear la mirada vigilante. Esto quiere decir que cuando se tiene la política de la vigilancia indefectiblemente por la estructura misma del funcionamiento de la vigilancia, el sujeto queda como objeto de la mirada del otro y está bajo la mirada del control. Eso produce una objetalización del sujeto per se por cómo funciona la necesidad del control y de la contención. En los sistemas penitenciarios está dado así porque, entre otras cosas, se trata de poner muros y de contener lo que insertado en la sociedad es del orden de lo que altera la seguridad de las personas. Como nosotros venimos pensando la intervención es ofrecer allí un agujero que posibilite al sujeto alojarse como sujeto. Esto puede sonar un poco teórico pero se ve en lo concreto en la medida en que se reconoce un sujeto con derecho a ser escuchado y, además, de alojar el padecimiento del encierro. Con nuestra intervención se da una espacio para que el sujeto tome la palabra a partir de reconocerlo como sujeto de derechos pero también desde un interés. Y en interesarnos en las causas que lo llevaron a cometer el pasaje al acto criminal. Ya allí se empieza a abrir un espacio para que un sujeto se aloje y se rescate de la condición objetalizada que está por la estructura y el dispositivo mismo de la vigilancia.

--¿Cuáles son los efectos en la subjetividad de alguien que ha estado detenido muchos años?

--Es duro. Nosotros no hemos tenido posibilidades de escuchar sujetos que han salido; o sea que han terminado su proceso de detención. Pero hay efectos de por sí iatrogénicos que tiene el encierro. Hoy día, los estamos experimentando todos en una medida mucho menor, pero todo lo que es el aislamiento y el encierro trae efectos iatrogénicos para el sujeto en sí mismos. Lo observamos sobre todo en personas que han recibido condenas muy extensas. Me viene a la mente el caso de una mujer de 23 años que le dieron 29 años de condena. En su cálculo, va a pasar toda la vida en prisión. Frente a la perspectiva de que no hay futuro se producen efectos de depresión muy grandes, situaciones de desesperanza y como una especie de inercia a quedar fijos en la escena del crimen. Es como que el sujeto no puede trascender, no puede ir más allá a lo que le sigue, después del acto cometido.

-Como si se quedara paralizado...

-Exactamente, en la escena misma del crimen. Parte del reto para el tratamiento es ver de qué manera se puede movilizar y producir un después.

--¿De qué factores depende la reinserción social de un sujeto que ha estado preso?

--Para nosotros depende de la posibilidad de ubicar los recursos con los que el sujeto podría recuperar algún lazo con el otro de la sociedad. El tratamiento orientado y en la perspectiva de la reinserción tiene que trabajar al interior de los muros en las posibilidades que ese sujeto tendría una vez que sale de la prisión; es decir, que no sólo hay que trabajar por lo que es su momento en la prisión sino pensando en cuando esté afuera. Esa es otra manera de agujerear los muros.

--¿Cómo influye la persecución social en alguien que logró su reinserción?

--Es un punto importante porque está la sentencia que da el juez después que la persona pasó por todo los procesos jurídicos correspondientes y después está la condena de la sociedad. Hay una tensión entre el rechazo social y lo que concluye el veredicto del juez. Hubo un caso de mucha repercusión en los medios que fue el de una mujer que asesinó a sus tres hijos en una ciudad pequeña de México. La ciudad pequeña es mucho más dura, mucho más severa en ese sentido que una megaurbe, donde la cuestión es más anónima. A esta mujer le dieron 39 años de condena. Cumplió la condena, salió el año pasado. Y todo el problema que había en el Centro era de qué manera esa mujer se iba a reinsertar en la sociedad una vez que salió. De alguna manera, los muros del Centro la contenían del rechazo social y familiar. Hubo situaciones con insistencia de la prensa para entrevistarla, a lo cual la mujer contestó: "Yo ya estoy juzgada por un juez. Entonces, no tengo nada que decirle a usted ni al resto de la sociedad". En ese sentido, es muy importante el valor y el poder que toma pasar por un juicio porque eso tranquiliza, da un amarre para lo que después pueda hacer una reinserción social porque el sujeto tiene el reconocimiento de que cumplió con la condena y con la deuda que tenía para con la sociedad por un sistema legal. Eso le da a la persona que se va a reinsertar una especie de tranquilidad, a partir de lo cual podría llegar a reconstruir. Por supuesto, no se da en todos los casos.

--¿Cuáles son las patologías más comunes que, producto del encierro carcelario, ha podido observar en personas que están en el proceso de reinserción social?

--No es la población en la cual nosotros estamos concentrados en este momento. Todavía la población que trabajamos es la que está dentro de los muros. No sabemos muy bien lo que pasa después al salir de los muros. Al interior de los muros, en relación al tipo de crímenes cometidos, hay una diferencia muy clara entre los crímenes de las mujeres y los crímenes de los hombres. En el caso de los crímenes de las mujeres, el porcentaje de asesinatos con grado de parentesco es mayor. Generalmente, son filicidios o que matan a sus padres; en general, a la madre. En el caso de los hombres no es tanto porcentaje así. Está la cuestión feminicida. Ahora, para que estas personas, en la gravedad de estos crímenes cometidos, después se reinserten es muy complicado porque son crímenes que, además, tienen un valor moral importante; es decir, no es lo mismo una madre que ha matado a los hijos que una mujer que mató a alguien porque le quería robar a un desconocido. Es mayor el nivel de censura y rechazo social. Es como vemos en los otros tipos de reclusorios, los que no son de atención psiquiátrica sino que más bien son cuestiones que podemos llamar de “la escuela del crimen”, que tiene distintos niveles. No es lo mismo el que violó niños, por ejemplo, que el que robó o el que mató. Hay distintas escalas de repudio social. También se da esto al interior de los muros, no sólo cuando salen.

--¿De qué manera puede contribuir el psicoanálisis en ese contexto?

--Para mi sorpresa, la verdad es que mucho. Cuando nosotros fuimos llamados por el Sistema Penitenciario en México para colaborar en los tratamientos que brindan, mi primera pregunta fue esa. Es decir, ¿en qué medida el psicoanálisis puede ayudar? Después, me di cuenta del dato de la presencia del psicoanálisis en las instituciones, de los efectos que tiene la presencia del psicoanálisis en este tipo de instituciones. No es el tratamiento psicoanalítico que uno hace en el consultorio privado por supuesto sino que es más del orden del psicoanalista ciudadano, que lleva el psicoanálisis a los centros de reclusión. Entonces, la primera cuestión que pasa es que se instala un discurso donde se recupera la dignidad del sujeto. En esto que hablábamos al principio, es una manera de agujerear el discurso de la política de la vigilancia. De buena manera, porque es en colaboración con los centros. No es en absoluto una manera crítica sino que es para colaborar. Entonces, lo primero que pasa es que se rescata la dimensión del sujeto en este tipo de instituciones que tienen una inercia muy fuerte a objetalizar a las personas que están allí alojadas. La otra cosa que pasa es llevar el exterior al interior al estar en una condición de extimidad. Tenemos una palabra técnica en psicoanálisis que es extimidad: es una conjunción entre el exterior y la intimidad del interior. Es un neologismo muy interesante porque presenta una lógica que no es la del afuera ni del adentro sino que es junción del afuera y del adentro, donde se trasciende esta cuestión del encierro de los muros. Esto quiere decir que ya el hecho de ser ajeno a la institución y que uno tenga una cierta regularidad de presencia adentro hace presente una lógica distinta que no es la de los profesionales de planta que trabajan adentro. Estos últimos, de alguna manera, son vistos como del interior, aunque entren y salgan. En cambio, el psicoanalista, como no pertenece a la institución de planta, tiene una relación más externa pero, a la vez, desde adentro. Esto solo ya tiene un efecto muy importante. Por supuesto, tiene una incidencia en los profesionales que allí trabajan, porque es un trabajo con el que se ocupan del real social más crudo. Están en el día a día. Entonces, los profesionales que trabajan allí y el personal técnico también están tomados, de alguna manera, por los mismos muros de la institución. Entonces, la posibilidad de trabajar con alguien externo pero en la intimidad eso ya produce un alivio, una operación de relanzamiento del interés por lo que se hace. Las rutinas traen una cuestión muy automática y muy aplanadora, en cierto sentido. Entonces, el espacio del trabajo con nosotros ya produce también un horadamiento en ese sentido. Ahora, las personas que escuchamos tienen que hablar.

--¿Se podría decir que se trabaja sin un dispositivo analítico o no?

--Podemos decir que no es el diván. No es el psicoanálisis tradicional. Una colega argentina, que tiene una larga trayectoria en este campo, Irene Greiser, escribió un libro titulado Psicoanálisis sin diván. Y es verdad. Es tal cual así. Es un psicoanálisis que más bien tiene que ver con la presencia del analista, de la escucha del analista y de la intervención del analista, pero sobre todo su presencia. Y es totalmente analítico, no lo deja de ser, pero no es el dispositivo clásico del psicoanálisis ortodoxo.

--¿Por qué Jacques-Alain Miller dijo que “nada es más humano que el crimen”?

--Es una fórmula verdaderamente preciosa que dijo Miller. Ahí toma un cierto oxímoron, donde pone en asociación lo humano con el crimen e introduce el lado oscuro del sujeto. Ese lado nos hace tan humanos porque en la medida en que hablamos, en que somos tomados por el lenguaje, tenemos ese lado oscuro. Eso es lo que nos hace humanos, pero a la vez alude a las acciones o a los pasajes criminales. Es interesante porque los animales no cometen crímenes. El crimen es un concepto humano.

--¿Todos somos criminales inconscientes?

--(Risas). Freud tiene un texto que trabajó eso: si por el hecho de soñar con crímenes es que somos todos criminales. Lo que podemos decir es que una cosa es matar al padre o a la madre y otra cosa es pensarlo o tener fantasías o pesadillas. Hay que discriminar que no es lo mismo la acción, la realización de eso que el deseo inconsciente o la fantasía inconsciente.

--Jacques Lacan dijo: “Siempre somos responsables de nuestra posición de sujetos”.

--Sí, y eso es justamente la orientación que da el psicoanálisis para los tratamientos en estos casos. Lacan hacía un claro hincapié en que no se trataba de eximir al sujeto de su responsabilidad. Y justamente decía --y lo hemos comprobado-- que cuando eso pasa se le hace un mal al sujeto porque justamente el sujeto no logra salir de la escena del crimen. Para que el sujeto se restablezca, necesita asumir esa responsabilidad. O que por lo menos haya una consecuencia por ese acto, porque lo que también vemos en cuestiones psiquiátricas es que hay una imposibilidad del sujeto en asumir esa responsabilidad.

--¿Qué diferencia existe entre responsabilidad y culpa para el psicoanálisis en relación a la conducta criminal?

--Cuando decimos responsabilidad es la cuestión de que el sujeto pueda responder, pueda hacerse cargo, pueda asumir el acto. Hay estructuras en las que esto no es posible. Lo que vemos es que no hay inscripción de la culpa, que no hay dimensión del arrepentimiento porque el arrepentimiento no es que uno diga declarativamente: "Pido disculpas". Vemos que también pasa que después se acomoda el discurso socialmente aceptado a lo que conviene, como cierta especie de cálculo. No es a eso a lo que el psicoanálisis escucha como la asunción de la responsabilidad o a la dimensión de la culpa. Esto tiene que trasuntar en lo que aspiramos a que sea un reordenamiento de ese goce mortífero que habita al sujeto. Hubo un caso que yo mencioné en el texto: una mujer que había cometido un crimen y estaba en proceso de ser juzgada, pasando por todas las instancias y los pasos jurídicos. Cuando llegó al Centro, estaba en una situación de total desidia. No cumplía con las rutinas, no respondía a las obligaciones de lo que hay que hacer, como los aseos, la participación en determinadas tareas y demás. Y pasó que, en el momento en que el juez iba a determinar su sentencia, el magistrado dijo si las personas que estaban presentes en el juicio, tenían algo que decir. Y esta mujer se levantó, se puso de pie y dijo que ella quería agradecer que su caso haya sido atendido de la manera en que fue atendido, que le prestaran atención a todos los detalles que ella había declarado, que todo el proceso haya sido correcto y que quería agradecer eso. Dicen que cuando regresó después de la sentencia, lo hizo supertranquila y cambió totalmente su forma de insertarse en el Centro, y su conducta y su relación con los demás. O sea que algún ordenamiento en todo ese proceso operó. Quizás no puede asumir la culpa a nivel neurótico o las cuestiones de responsabilidad en ese punto, pero sí produjo un ordenamiento de su desorden pulsional.

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Domingo, 23 Agosto 2020 06:05

Caos en Colombia: 33 muertos en 11 días

Manifestación en Bogotá contra el aumento de violencia en el país, este viernes. Foto: El periódico.

En Colombia, durante los últimos 11 días se han reportado 33 muertes a manos de grupos financiados por el narcotráfico, tras el alivio que trajo el pacto de paz de 2016 con la exguerrilla FARC, también blanco de la violencia. Entre viernes y sábado, las autoridades registraron 17 muertos y dos desaparecidos en dos masacres ocurridas en un país supuestamente semiparalizado por la pandemia.

Cinco de las víctimas cayeron en Arauca, en la frontera con Venezuela, y seis en el departamento de Cauca, ambas zonas fuertemente militarizadas. Este sábado Jhon Rojas, gobernador de Nariño, departamento vecino del Cauca y fronterizo con Ecuador, también informó sobre una “nueva masacre” con seis víctimas y dos desaparecidos en el municipio de Tumaco, donde hay gran cantidad de plantaciones de coca.

Los episodios se encadenan más o menos de la misma forma: un grupo armadoirrumpe y abre fuego en alejadas zonas o se lleva a sus víctimas para luegoabandonar los cuerpos. La mayoría de los asesinados son jóvenes. El viernes, en la matanza de El Tambo (Cauca), ultimaron a seis hombres.Los agresores los fotografiaron “cuando se los llevaron para mostrarlos antes de masacrarlos”, dijo el presidente de la comisión de paz del Senado, Roy Barreras.

El senador compartió las imágenes en Twitter. “Actúan con sevicia y crueldad que mas allá del crimen envía mensaje de control del territorio”, escribió. De su lado, el presidente Iván Duque lamentó que estos “hechos dolorosos” no hayan “desaparecido”.“Entre el año 2019 y lo que va corrido del año 2020, podemos estar hablando de 34 hechos de esa naturaleza”, dijo en un discurso en la ciudad de Cali (suroeste).

La más reciente ola de violencia comenzó el 11 de agosto con la masacre decinco menores en una zona de cultivos de caña en Cali; siguió con la de ocho jóvenes que departían en una fiesta en Samaniego, Nariño, y el asesinato de tres indígenas Awá en ese mismo departamento.

A esta arremetida por el control de puntos estratégicos de la producción y tráfico de drogas se suman los asesinatos de 224 exguerrilleros que firmaron la paz, según el ahora partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), así como cientos de líderes o activistas dederechos humanos.

Aunque el acuerdo de 2016 redujo sensiblemente la violencia - analistas estiman que por año se han evitado unas 3 000 muertes -, el repunte del narcotráfico y la falta de control efectivo del extenso territorio por parte del Estado han contribuido al regreso a las épocas de terror y plomo.

“Lo que ha sucedido en una semana es algo horripilante. Son cuatro masacres”, dijo a la AFP Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Las mafias del narcotráfico “están aprovechando la situación de la pandemia y la debilidad de la presencia del Estado en (cuanto a) políticas deprotección y sociales en esos territorios”, dijo.

Hasta el 17 de agosto Naciones Unidas había documentado 33 masacres en locorrido del año. Se habla de matanza cuando son asesinadas tres o más personas en el mismo hecho. Este sábado el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la creación de una unidad especial para capturar a los responsables de las matanzas.

Los agresores“harán parte del cartel de los más buscados por ser perpetradores de homicidios colectivos”, así como de un “programa derecompensas”, declaró desde Arauca.

Presionado por las críticas ante el deterioro de la seguridad, el gobierno insistió en su plan para retomar las fumigaciones aéreas contra los narcocultivos, pese a las protestas de los campesinos que alegan falta dealternativas. Nariño y Cauca, dos de los departamentos afectados por las masacres, conectan con la principal ruta para la salida de droga por el océano Pacífico.

“La presencia de Estado es solamente militarizada”, y aun así no se detiene la violencia, comentó el director de Indepaz, al apuntar el retraso o incumplimiento de los compromisos del acuerdo de 2016 que buscaban la “protección de comunidades, de su incorporación a la legalidad y de desarrollo rural”.

Colombia, el mayor proveedor mundial de la cocaína que se consume en Estados Unidos y Europa, arrastra un historial de violencias que en seis décadas deja poco más de nueve millones de víctimas, en su mayoría desplazados, además de muertos y desaparecidos.

22 agosto 2020  

(Con información de AFP)

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Sábado, 22 Agosto 2020 05:40

Los dientes

Los dientes

1.Washington. George Washington (1732-1799), el primer presidente de Estados Unidos que más que una guerra por la Independencia –subraya Gerald Horne– encabezó una “‘contrarrevolución” para preservar la esclavitud en vías de abolición por Gran Bretaña en sus colonias norteamericanas (bit.ly/320sKPa), era, como tantos otros padres fundadores (Jefferson, Franklin et al), dueño de esclavos. Si bien −supuestamente− sus sentimientos hacia la esclavitud eran encontrados (bit.ly/31bFp2M), hacía todo para seguir lucrándose de ella, dejando este asunto para resolver a las futuras generaciones (uno por el que finalmente estalló la guerra civil). En sus tiempos no sólo perseguía con todo el peso de la ley a sus esclavos fugitivos (una preciada mercancía, no seres humanos)− o gobernando temporalmente desde Filadelfia usaba un agujero legal para negarle la libertad a su propiedad –Pennsylvania era uno de los primeros estados comprometidos en erradicar la esclavitud y según su Acto estatal de emancipación gradual de 1780 si uno no era su ciudadano podía traer sus esclavos únicamente por seis meses; pasado este lapso, automáticamente éstos obtenían la emancipación− rotándola periódicamente a su Virginia natal o sacándola no más por la frontera a Nueva Jersey reseteando en práctica el reloj de la libertad (Erika Armstrong Dunbar dixit), sino también pagaba a sus esclavos para que se extrajeran dientes sanos con los cuales completaba su dentadura. Unos chelines por allí, unos chelines por allá, según su propia libreta de cuentas. Plagado por problemas dentales desde los 20 años, asumiendo la presidencia (1789) con un sólo diente natural (bit.ly/2E334JG), Washington usaba varias prótesis −del marfil de hipopótamo, dientes de vacas, caballos, etcétera (bit.ly/2FCAgZ6)− y trataba de mejorar su estado con implantes primitivos de dientes de los esclavos. Desde 1619 cuando el primer contingente de esclavos negros fue traído de África a la todavía británica colonia de Virginia −157 años antes de la Declaración de la Independencia según la cual, sólo en la teoría liberal, todos han sido creados iguales− el racismo y la esclavitud han sido imprimidos en la futura nación que forjó Washington (bit.ly/3axABaU). Fueron base material de su acumulación primitiva (bit.ly/2Q6Z9hF) y la riqueza de las élites blancas (cuando en 1808 se prohibió la importación de esclavos, los criadores de caballos y ganado se dedicaron a criar negros para el mercado interno). El capital –tal como escribía Marx− vino también a Estados Unidos chorreando sangre de pies a cabeza. Junto con la boca.

2. Lumumba. Los dientes. Lo único que quedó de él. Cuando Patrice Lumumba (1924-1961) el primer jefe de gobierno del Congo independiente anunció que las riquezas naturales de aquel país africano finalmente iban a servir a sus habitantes y no a los colonizadores –y buscó ayuda soviética para fortalecerla independencia− tuvo que enfrentar una invasión belga (su antiguo colonizador), dos levantamientos secesionistas de unas ricas regiones mineras, la campaña estadunidense de desestabilización y un golpe de Estado anticomunista (bit.ly/3aFcfvR). La CIA trató de envenenarlo, pero luego optó por delegar la tarea a los verdugos locales y asesinos belgas (el uranio para las bombas atómicas de Estados Unidos provenía de Congo y éste “no podía ser ‘segunda Cuba’”). Lumumba fue raptado, torturado y ejecutado. Su cuerpo, cortado en pedazos, disuelto en ácido. A finales de la década de los 90 un policía belga detalló cómo se deshizo de su cadáver. Abrió el cajón y sacó dos de sus dientes y una bala sacada del cráneo (bit.ly/2Q3wMAG). Cómo recuerda Adam Hochschild –autor de un seminal King Leopold’s ghost: a story of greed, terror, and heroism in colonial Africa (1998) que detalla la brutal historia de la colonización belga− el asesinato de Lumumba fue un punto de inflexión que sofocó muchas de las esperanzas en toda la África en vías de la descolonización (bit.ly/2PXxakm). Congo (rebautizado como Zaire) se tornó otra vez el corazón de las tinieblas conradiano bajo la dictadura de Mobutu. Pero cuando un siglo antes el rey Leopoldo, un monarca iluminado, filántropo y liberal, invadió a Congo tenía boca llena de ideales: quería liberarlo del dominio de los esclavistas musulmanes, diseminar civilización, cristiandad y libre comercio. Acabó convirtiéndolo en una gran finca (marfil y caucho) con trabajo esclavo, explotación, saqueamiento y terror −cuerpos podridos, manos cortadas, cráneos y esqueletos en las cercas a los largo de la colonia, salvajes castigos con chicote, el látigo de piel de hipopótamo, en total entre 5 y 8 millones de muertos− mucho peor que el régimen anterior. Allí también el capital llegó chorreando sangre... Los “ zoo humanos” con congoleses traídos a Bélgica en condiciones nativas han sido el entretenimiento predilecto de las masas hasta... 1958 (unas décadas antes un joven congolés al cual sus captores le afilaron los dientes para que se viera más salvaje estaba exhibido en un pabellón de monos en el zoológico de Nueva York bit.ly/2YdBaSi). Ya llegó la hora de que nos dejen de ver como monos, le dijo en 1960 Lumumba en la cara al rey Balduino, el heredero de Leopoldo, que le concedió la independencia a Congo sólo para pronto querer dar marcha atrás... (bit.ly/2YhLZmr).

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Sábado, 22 Agosto 2020 05:36

Navalny

Navalny

El intento de asesinato de Aleksei Navalny, una de las voces más críticas con el Kremlin –envenenado con una sustancia tóxica no identificada que lo dejó en estado de coma y conectado a un aparato de respiración artificial en un hospital de Omsk, en Siberia–, se añade a una larga lista de crímenes cuyo denominador común es quedar sin castigo.

Por más que se investigue nunca se autoriza revelar quién ordenó atentar contra la vida –con balas y veneno, sobre todo– de políticos, como Boris Nemtsov y Serguei Yushenkov, o periodistas, como Anna Politkovskaya y Yuri Schekochijin, o activistas, como Piotr Verzilov o el propio Navalny, todos ellos una suerte de piedra en el zapato de los miembros de la élite gobernante, sin hablar de otra categoría que ni siquiera hace falta investigar: los ex espías, como Aleksandr Litvinenko o Serguei Skripal, que cometieron alta traición.

Es obvio que el Kremlin no se deshace de sus adversarios ordenando su muerte, pero a la vez contribuye a que recaiga sobre él la sombra de la sospecha al proteger al autor intelectual de cada crimen, ofreciendo completa impunidad al responsable, y distrayendo la atención con todo tipo de especulaciones difundidas desde los medios de comunicación bajo su control.

El envenenamiento de Navalny no es la excepción y hay canales de la televisión pública que no se sonrojan al afirmar que la víctima sufrió una intoxicación etílica por tomar en ayunas dos vasos grandes de vodka o que tuvo una sobredosis de algún narcótico, mientras no se permitía a Yulia Navalnaya ver a su marido por no haber llevado el certificado de matrimonio o por que el paciente en coma no quería que entrara.

También se negaban a entregarle la ropa de su esposo y tardaron en permitir que un avión-ambulancia, equipado con un quirófano, transportara a Navalny a una clínica especializada de Berlín, pues en opinión del director del hospital de Omsk su delicado estado podría empeorar con un vuelo tan largo, a pesar de que su esposa asumía el riesgo.

Muy larga es la relación de políticos y funcionarios, legisladores y empresarios cercanos al poder, cuyas corruptelas exhibió Navalny en Internet, que pudieran querer vengarse de él. Ahora, lo importante es que el líder opositor se recupere cuanto antes y que el veneno no le cause graves secuelas.

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Viernes, 21 Agosto 2020 06:14

Entre Orwell y Kafka

Entre Orwell y Kafka

Un amigo que seguramente nunca ha leído a Kafka, llamó el otro día por teléfono al inspector Dolores Morales, que ya retirado tiene en Managua su oficina de detective privado, y que tampoco ha leído a Kafka, y le comentó que cada día ocurre en Nicaragua una situación kafkiana: muchachos que ya estuvieron en la cárcel como reos políticos son vueltos a capturar, sacados de sus casas con toda violencia y sin orden judicial alguna, y llevados a centros de detención desconocidos, para ser condenados después por jueces sin rostro mediante sentencias que ya están escritas en machotes en los que sólo hay que rellenar el nombre del procesado.

Entonces el inspector Morales recordó que otro amigo, que ese sí ha leído a Orwell, le había dicho el día anterior en un chat, que vivimos en un país orwelliano, donde la mentira oficial busca crear una realidad paralela que a través de la reiteración del discurso llegue a volverse dominante. Este otro amigo es profesor de literatura en la Universidad Nacional, y oculta su nombre bajo seudónimo porque esas opiniones suyas pueden llevarlo cuando menos al despido fulminante de su cátedra.

El inspector Morales desconoce a Orwell, pero está familiarizado con el caso que origina el comentario de su amigo. Hace poco un encapuchado entró en la catedral de Managua con el ánimo fanático de prender fuego a la imagen centenaria de la Sangre de Cristo, la más venerada del país, la cual resultó seriamente dañada. Sacerdotes, templos, imágenes, se hallan hoy día bajo ataque.

La vocera oficial del régimen, que es la primera dama y vicepresidenta, se adelantó a declarar que se trataba de un accidente provocado por una vela que había prendido fuego a un cortinaje; verdad ficticia que una vez establecida debe ser llevada hasta las últimas consecuencias, opina el profesor de literatura que se oculta bajo seudónimo.

El cardenal Brenes, arzobispo de Managua, aclaró que en la capilla donde se venera al cristo no hay cortinajes y está prohibido encender velas, y que se trataba de un acto premeditado de profanación ejecutado por un terrorista que tenía prevista la ruta de escape.

En respuesta, la policía se llevó presos a los testigos, sacándolos a la fuerza de la propia catedral, quienes terminaron declarando que no habían visto entrar a ningún encapuchado. La verdad iba camino de ser sometida.

El paso siguiente fue descubrir en el lugar de los hechos un pequeño rociador de alcohol de 200 mililitros, de los que se usan para desinfectar las manos, y a partir de ese trascendental hallazgo los expertos forenses determinaron que el incendio se había producido por el fenómeno químico llamado "solvatación"; los vapores del alcohol entraron en contacto con el aire caliente y avivaron la combustión de una veladora.

La veladora no podía faltar porque estaba en la esencia de la explicación oficiosa inicial. Por tanto, donde no hay veladoras, aparece la veladora. Si no hay cortinaje, el cortinaje debe materializarse de la nada. Y el terrorista encapuchado deja de existir.

El inspector Morales se rasca la cabeza, y vuelve al comunicado de la policía: la solvatación fue provocada por el atomizador de alcohol isopropílico. Pero el artefacto, que cabe en la palma de la mano, aparece intacto en la escena del crimen, sin haber sufrido mengua alguna, a pesar de su poder destructor.

Nadie lo ha llamado a investigar, y tiene casos pendientes de los que suele llevar, esposas que necesitan fotografías del marido en casa de la amante, sorprendido en intimidades que el distanciamiento social impuesto por la pandemia no aconseja. Pero el caso del fanático incendiario lo apasiona.

Recurre entonces a otro amigo suyo, químico de profesión, quien también tiene que ocultar su nombre porque trabaja en una institución del Estado. Otro que iría al desempleo.

"El alcohol isopropílico", le explica, "alcanza su punto de inflamación a partir de los 12 grados Celsius; para que sea capaz de producir vapores que causen semejante conflagración, se necesitaría al menos un barril".

El inspector Morales inscribe los datos en su acostumbrado cuaderno de notas, aunque sea sólo para su propio descargo, y luego agrega sus conclusiones acerca del caso:

"El poder en Nicaragua no es capaz de detener la mano criminal de ninguno de los suyos. No tiene partidarios, sino cómplices a los que no se puede castigar, así incendien, así maten. La impunidad es el precio de la complicidad. Sólo les queda protegerse unos a otros, los de arriba a los de abajo y viceversa, así se hundan todos juntos".

Más noche me llama, porque me cuento también entre sus amigos. ¿Le podría prestar un libro de Kafka? ¿Por cuál empieza? Le recomiendo La metamorfosis. Me pide explicarle de qué se trata. Me escucha atento. "Un día todos vamos a amanecer en este país convertidos en cucarachas", me dice, y se ríe con esa risa suya que yo le conozco.

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Lunes, 17 Agosto 2020 06:49

Colombia. La otra pandemia

Colombia. La otra pandemia

Contra las violencias que asolan el territorio colombiano

En los últimos días las cifras de delitos violentos en el país han aumentado de manera alarmante. Asesinatos de jóvenes, de mujeres, de defensoras y defensores de derechos humanos, de indígenas o de excombatientes son más graves, si cabe, que las muertes causadas por el coronavirus.

Es hora de volver a gritar ¡basta ya!, tal como rezaba el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de 2013 que recogía una parte de la historia de violencia de Colombia. De poner nuevamente en el orden del día de todas las instituciones y colectivos una demanda cívica contra todas las violencias que desangran este país. Un grito sordo, a lo que parece por el poco caso prestado desde las autoridades, para atajar los delitos contra la vida.

Es hora de terminar con los crímenes que señalan a Colombia como una nación violenta. No se puede seguir cayendo en el delito de silencio, como escribió Mayor Zaragoza “Ha llegado, por fin, el momento de los pueblos, de las mujeres y hombres del mundo entero de tomar en sus manos las riendas de su destino. Ha llegado el momento de no admitir lo inadmisible. De alzarse. De elevar la voz y tender la mano”.

En la guerra contra el coronavirus están quedando en la cuneta las otras luchas, las de las gentes de abajo, las de quienes nunca cuentan, salvo que se conviertan en portada de noticieros por el drama que suponen. Está volviendo, si es que alguna vez se fue, la violencia extremista de la derecha más recalcitrante del continente.

Nada justifica un asesinato. No sirve el “algo habría hecho”, no es pertinente aludir a la condición social o sexual de las víctimas. Matan a las mujeres por su género, a las y los jóvenes por serlo, a excombatientes por haberlo sido. No vale afirmar que “se llegará al fondo del asunto”, no se necesitan palabras huecas, falsos discursos y vanas promesas. Se requiere un cambio profundo, de mentalidad, de actitud y de manera de ver y entender el mundo. Y sobre todo, un cambio de política de Estado.

El presidente está más pendiente de cómo intentar cambiar la justicia a favor de los suyos que de legislar para que se aplique y se cumpla la ley. Ni la firma de los acuerdos de La Habana ni ninguna otra resolución “oficial” y burocrática podrá instaurar la paz si el Gobierno no se pone a trabajar en serio y se compromete con ella de verdad.

El papel de los medios masivos de difusión de noticias, los tradicionales, es penoso -de lástima y de vergüenza-, dedicándole más tinta a la situación del preso número x, aislado en su finca mansión, o a la farándula que a los crímenes contra la población civil.

Una ciudadanía a la que se pide guardar una cuarentena para cuidar su salud mientras otros se dedican a quitársela a tiros. El aislamiento favorece que el poder no se sienta presionado por la sociedad y así seguir haciendo lo que quiera. Es decir, NADA.

El informe del CNMH empezaba con una cita de Todorov que dice “El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir”. Hoy en Colombia, el presente y el futuro pintan oscuros y tristes por esta otra pandemia.

16AGO2020

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Más de 200 mil personas se manifestaron en Minsk para exigir la dimisión del presidente, quien ha encabezado la nación eslava desde 1994. Especialistas califi caron la protesta como la más numerosa de la historia postsoviética. La concentración se dio en respuesta a un mitin de apoyo al mandatario, organizado por las autoridades, con miles de acarreados. En discurso, Lukashenko advirtió que el país le debe todo y que sin él desaparecerá como Estado soberano. Volvió a rechazar nuevos comicios. Foto Afp Juan Pablo Duch

Moscú. La capital de Bielorrusia, Minsk, se convirtió ayer en escenario de un mitin que reunió al menos a 200 mil personas que pidieron la dimisión de quien ha sido, desde 1994, su invariable líder, Aleksandr Luka-shenko, en lo que los observadores califican de la protesta más numerosa de la historia postsoviética de este pequeño país eslavo.

El día comenzó con un mitin de apoyo al mandatario, organizado por las autoridades con los recursos todavía a su alcance (las empresas públicas son 70 por ciento de la economía bielorrusa): miles de acarreados desde varias ciudades –el propio Lukashenko estimó que asistieron 50 mil seguidores suyos–, entre jubilados, soldados de civil y trabajadores bajo la amenaza de perder subsidios o el empleo en caso de no asistir, según numerosos testimonios.

Lukashenko –acompañado de su hijo Nikolai, de quien ha llegado a decir que le gustaría que algún día fuera su sucesor– agradeció las muestras de respaldo y dedicó la media hora que duró su discurso a advertir que Bielorrusia le debe todo y que sin él desaparecerá como Estado soberano, ante la agresividad de sus vecinos, Ucrania y varios países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que exigen a Bielorrusia repetir los comicios, lo cual él de ningún modo acepta por, sostiene, haberlos ganado sin trampas.

La inmediata respuesta de la mayoría de los bielorrusos que no temen el despido –muchas empresas del sector público ya se declararon en huelga– y consideran que, después del escandaloso fraude que Lukashenko cometió hace una semana, debe dimitir ya, se dieron cita de manera espontánea en otro mitin, esta vez de rechazo al todavía presidente, que reunió cuatro veces más participantes: al menos 200 mil personas frente a las 50 mil que por la mañana tuvieron que acudir al mitin de apoyo.

"¡Vete ya!", "¡Vivan las mujeres!" (en alusión a Svetlana Tijanovskaya, candidata unificada de la oposición que desconoció la victoria de Luka-shenko, se declaró ganadora y tuvo que exiliarse en Lituania, así como a las miles de mujeres que estos días salieron a protestar), "¡Las mujeres débiles son más fuertes que los tiranos!" y "¡Gloria a Bielorrusia!", entre otras consignas acompañaron la intervención de María Kolesnikova, quien ejerce de portavoz de Viktor Babariko, candidato presidencial encarcelado, y que forma parte del equipo de Tijanovskaya.

Al terminar el mitin, decenas de miles de inconformes –formando una columna de tres kilómetros de largo– marcharon hacia el centro de Minsk, a la plaza de la Independencia, para reiterar –en otro discurso de Kolesnikova– sus demandas frente a la sede del gobierno bielorruso, la principal de ellas: la renuncia inmediata de Lukashenko.

También exigen la libertad de los presos políticos y de los 4 mil manifestantes que aún permanecen entre rejas, así como castigar a quienes dieron la orden de reprimir a la gente que expresaba de manera pacífica su inconformidad.

Los actos de repudio a Luka-shenko ayer se extendieron por 27 ciudades de Bielorrusia, entre otras Baranovichy, Borisov, Bobruisk, Brest, Gomel, Grodno, Moguiliov, Vitevsk y Zhlovin.

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