Viernes, 03 Julio 2020 06:09

Así pudo acabar Israel con Palestina

Así pudo acabar Israel con Palestina

Israel mantiene su política de limpieza étnica, negándose a permitir el retorno de los palestinos a su tierra, en un 78% ocupada.

 

Pasan justo cien años desde que los vencedores de la Primera Guerra Mundial, reunidos en San Remo (Italia), planearan expulsar a los judíos europeos de sus tierras natales, enviándoles- ¡por su propio bien!- a Palestina, ocupada por Gran Bretaña tras la desintegración del Imperio Otomano. Se les prometió un estado propio en aquellas tierras ajenas, donde los dos pueblos semitas, los árabes y los judíos de Oriente Próximo, vivirían en paz.

Dos décadas después, tres hechos paralelos acelerarían este proceso:

1) El mundo conocería el horror de los crímenes fascistas contra los marxistas, anarquistas, eslavos, judíos, gitanos, personas con discapacidad y homosexuales, entre otros colectivos considerados "subhumanos"; lo curioso es que dicha barbarie justificase el plan de los países imperialistas ganadores de la Segunda Guerra Mundial de vaciar Europa de los judíos enviándolos a Oriente Próximo, mientras protegían a las fuerzas y personalidades fascistas (como Franco), siendo después sus aliados naturales en la lucha contra el socialismo.

2) Se consolidaría el movimiento anticolonial de liberación de los pueblos cuyos resultados inmediatos acabarían sentando un novedoso precedente en la estrategia del dominio de las potencias:

- En Asia central, antes de verse obligada a reconocer la independencia de la India, los británicos rompen al gigante asiático y sacan de sus entrañas un nuevo Estado cliente llamado República Islámica de Pakistán.
- En Oriente Próximo, y con el respaldo de la ONU, se funda la república judía de Israel.

Estos son dos casos únicos de cómo gestar un Estado sobre un fundamento religioso, que no étnico. Así, los británicos junto con los franceses (en el Líbano) siembran en estas vastas regiones regímenes de extrema derecha religiosa como retén al contundente avance de las fuerzas de izquierda nacionales y la Unión Soviética. La llegada de EEUU al escenario sólo intensificará la dinámica de esta ley de la jungla.

3) El calvario palestino que hoy entra en una nueva fase con el llamado Acuerdo del Siglo, diseñado por Trump-Netanyahu (Trumpyahu), empezó entonces con el proceso de Nakba La Catástrofe, que tuvo lugar entre 1947 y 1949, cuando el 80% de la población palestina, alrededor de 850.000 personas, fueron expulsadas de sus hogares y su tierra, primero por las bandas armadas sionistas y, luego, tras la fundación del Estado israelí en 1948, por el ejército de los ocupantes.

A pesar de la resolución 194 de la ONU de 1948 y la 3.236 de 1974 sobre una solución definitiva al conflicto y "los derechos de los refugiados palestinos al regreso y a la restitución", Israel mantiene su política de limpieza étnica, negándose a permitir el retorno de los palestinos a su tierra, en un 78% ocupada. A los pocos que podrán permanecer en sus casas se les llamará árabes israelíes.

La Guerra de 1967: el segundo asalto

A partir de los años cincuenta, el recién nacido nacionalismo árabe se une a las fuerzas de izquierda y la Unión Soviética para contrarrestar el avance de EEUU e Israel en Oriente Próximo. Los intentos del panarabismo de construir una confederación árabe fracasan: son excluyentes, están basados en la alianza supremacista de una "etnia", la árabe, contra otras, y aunque se llamen "socialismo árabe", está encabezado por hombres militares-burgueses.

El 5 de junio de 1967, la aviación israelí ataca de forma "preventiva" al Egipto de Jamal Abdel Nasser, dando inicio a la Guerra de Junio o de los Seis Días entre Israel (respaldado por el Occidente y también las monarquías árabes) y una coalición de los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria y Palestina. Los judíos ocupan el Sinaí egipcio, el Golán sirio, y el Jerusalén Este, la Cisjordania y la Gaza, o sea, la totalidad de Palestina. La URSS lanza un ultimátum al presidente de EEUU Lyndon B. Johnson: si en unas horas no saca de Siria las tropas israelíes que marchaban hacia Damasco, les lanzaría un ataque militar en defensa de su aliado. Johnson acepta y Moscú corta sus relaciones diplomáticas con Tel Aviv, a pesar de que la URSS es el primer país en reconocer el Estado israelí.

El resultado de esta guerra es una contundente derrota del nacionalismo árabe, pero también es el nacimiento del "nacionalismo palestino", liderado por Yaser Arafat, y de la «palestinización» de la lucha contra el colonialismo israelí, respaldada por las fuerzas progresistas del mundo. Se organizó la resistencia en los campos de refugiados palestinos levantados en el Líbano, Jordania y Siria, desde los partidos políticos, asociaciones, sindicatos y comités locales. Este fue el momento más glorioso de la lucha palestina.

1987: tiene lugar la primera Intifada: el enfrentamiento de un pueblo desarmado que lucha por su supervivencia utilizando piedras contras los artefactos más mortíferos utilizados por el régimen israelí. Mueren 3.162 palestinos y 127 israelíes, mientras el mundo, de nuevo, mira para otro lado.

1991: fin de la URSS: desaparece el principal amigo de los palestinos. EEUU empieza a convertir en escombros a los estados árabes rivales de Israel. La Guerra del Golfo Pérsico contra Iraq el mismo año es la pedagogía del terror del Nuevo Orden Mundial. El apoyo de Arafat a Sadam Husein es su sentencia de muerte. Miles de palestinos emigrantes son expulsados con sus familias de las petromonarquías que financiaron aquella maldita guerra. 

1993: Arafat firmará los Acuerdos de Oslo, que entrega más territorios fértiles palestinos a los israelíes, donde se instalarán decenas de miles de colonos judíos.Durante estos años, Israel, además de matar a decenas de miles de palestinos (incluidos niños), los encarcela, tortura, demuele sus viviendas, arranca millones de sus árboles frutales, se apodera de sus recursos naturales (agua y gas del Mediterráneo), los encierra en una inmensa cárcel de la que ni el presidente Mahmud Abbas puede salir sin el permiso de Tel Aviv, les corta el agua, la luz, los alimentos y medicinas, como si se tratase de un experimento con humanos.

El "Acuerdo del siglo": la "Solución Final"

Si EEUU tiene al menos 14 motivos para defender a Israel de forma incondicional, Donald Trump ha tenido dos para presentar en enero del 2020 una propuesta redactada por su yerno Jared Kushner y Netanyahu a la que llama Plan Estadounidense de Paz y Prosperidad, y que marca la tercera partición de las tierras palestinas:

Necesita: 1) el apoyo financiero del lobby israelí para su reelección en noviembre del 2020 y el voto de los fundamentalistas evangélicos, y 2) una victoria en su política exterior, tras sus fracasos con Irán, Venezuela, Corea del Norte China y Rusia.

El acuerdo, que se firmó entre EEUU e Israel -que no entre Israel y los palestinos-, estipula:

- El fin de un Estado palestino.
- Aunque la cartografía final no ha sido revelada y la anexión podrá llevarse a cabo por fases, se extiende la soberanía israelí sobre el 33 % de Cisjordania, que incluye el Valle del Jordán (sus tierras fértiles y sus recursos hídricos), donde habitan unas 56.000 personas, y los más de 235 asentamientos ilegales israelíes. Los barrios palestinos estarán rodeados de colonos y sin conexión territorial ni contacto con el mundo exterior. Los palestinos podrán "vivir", hasta la próxima anexión, en el 15% de su tierra natal. El plan hará irreversible el control actual de Israel sobre Cisjordania.

 - Los palestinos que viven en las áreas anexionadas no recibirán la ciudadanía israelí y seguirán viviendo bajo el sistema de Apartheid.

- Los palestinos, si rechazan esta oferta, serán castigados severamente, y para demostrarles que esta amenaza va muy en serio, Trump ha cortado la financiación a la Autoridad Palestina y a todas las instituciones internacionales de ayuda al pueblo palestino. Además, Israel puede retirar la ciudadanía a los palestinos que viven en Israel.

Objetivos de Israel

El primero es ir avanzando hacia la creación el Gran Israel. Los líderes israelíes son conscientes de que sus bombas nucleares no son suficientes para convertir su país en la potencia hegemónica de la región, en un diminuto territorio con 9 millones de habitantes, sin agua, tierra ni petróleo. Justamente todos estos elementos están en los países vecinos: se quedarán así con las tierras palestinas, el agua siria, el gas palestino y el petróleo iraquí.

Lanzó su plan de anexión para el 1 de julio de 2020 (fecha de la nominación de Trump como candidato a la presidencia por la Convención Republicana para las elecciones de noviembre), mientras el mundo estaba preocupado por el coronavirus, "lavándose las manos".

Netanyahu, que iba a ser juzgado por corrupción, en una maniobra parecida a un golpe de Estado en el mes de abril, se mantuvo en el poder como primer ministro: anunció la emergencia nacional por posible muerte de decenas de miles de israelíes, pretexto para formar un gobierno de emergencia con poderes especiales: ¡El 4 de mayo anunció la victoria contra la covid-19 y un número de fallecidos de menos de 250 personas! El 1 de julio iba a ser su gran día: se anexionaría grandes parcelas de Judea y Samaria (Cisjordania) y el Valle del Jordán a Israel. Pero Netanyahu ya ha entrado en la historia por ser el fundador de un Gran Israel: ha conseguido que EEUU traslade su embajada a Jerusalén y reconozca el dominio de este país sobre los Altos del Golán sirios ocupados. Ahora, tiene prisa para el último paso: teme que Trump no sea reelegido.

Salvo reducidos sectores de la sociedad israelí, entre ellos el Partido Comunista, el resto se cree con el derecho "divino" a quedarse con la tierra ajena y tratar a la nación palestina como Utermunch ("subhumanos"), como llamaban los alemanes supremacistas a los no arios. Si hay discrepancia sobre este tema, ésta gira en torno a cómo eliminar a los palestinos: de una vez o de forma discreta y escalonada. De hecho, algunos colonos se oponen al plan porque no lo consideran suficiente: no quieren ver a los palestinos ni de lejos.

¿Qué "Comunidad Internacional"?

Israel goza del mismo estatus de excepcionalidad-impunidad que EEUU: le han llovido críticas desde los cuatro costados del planeta por su plan de anexión ilegal, que es una violación flagrante del derecho internacional, pero nadie se ha atrevido a imponerle unas medidas disuasorias o corrosivas a dicho régimen. Gran Bretaña "no apoyará" la anexión (¡hasta que se normalice!) y Francia, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda proponen medidas económicas punitivas en respuesta, pero hasta hoy no las han puesto en práctica.

Joe Biden "presionará" a Israel para salvarle de sí mismo, y 149 líderes judíos estadounidenses y 11 congresistas también le han aconsejado a Netanyahu desistir. Han propuesto lo mismo decenas de ex altos cargos militares, del Mossad, Shin Bet y miembros de Comandancia para la Seguridad de Israel (CEI). China está "profundamente preocupada" y Rusia se opone, mientras el Vaticano advierte de sus consecuencias.

Jordania muestra su enfado pero, al igual que el resto de los regímenes árabes, su dependencia militar y económica de EEUU le atan de manos y pies para "hacer algo". El plan Trumpyahu es una violación clara de la Carta de las Naciones Unidas y de los Convenios de Ginebra, que prohíben la adquisición del territorio por la guerra o por la fuerza.

Es hora de que los palestinos tejan lazos con las fuerzas progresistas de Oriente Próximo, y el resto del mundo, en vez de apoyarse en sus regímenes reaccionarios: Palestina necesita un Lenin. Quizás no sea tarde para plantear un cambio de estrategia: formar un movimiento popular de unidad nacional en torno a un programa político de liberación, y una diplomacia ofensiva en busca de apoyo real y efectivo (que no simbólico) de los trabajadores del mundo.

Por Nazanin Armanian

 02/07/2020 22:23

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La ONU pide una tregua mundial por la pandemia

Después de más de tres meses de negociaciones, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas alcanzó hoy un acuerdo y aprobó una resolución que apoya el pedido del secretario general António Guterres de una tregua mundial durante la pandemia.

Hasta ahora, la división entre Estados Unidos y China -enfrentados por la gestión y los orígenes de la pandemia- había hecho imposible la aprobación del texto, que finalmente salió adelante gracias a una nueva versión de compromiso impulsada en los últimos días.

La resolución fue aprobada por unanimidad y reclama un “cese de las hostilidades general e inmediato” en todos los conflictos que figuran en la agenda del Consejo de Seguridad y llama a las partes a facilitar una tregua humanitaria de al menos 90 días para que todas las personas puedan protegerse y tratarse en medio de la pandemia.

El texto, sin embargo, deja claro que la tregua no se aplica a las operaciones militares contra grupos considerados terroristas por los miembros del Consejo de Seguridad, como el Estado Islámico, Al Qaeda o el Frente al Nusra, una antigua filial de Al Qaeda en Siria.

Hace más de una semana, una amplia mayoría de los Estados miembros de la ONU aprobaron una resolución similar en la Asamblea General, el órgano deliberativo de Naciones Unidas que, a diferencia del Consejo de Seguridad, incluye a todos los países miembro, aunque sus decisiones no son vinculantes.

En una declaración conjunta, los 170 firmantes -entre los que además de naciones también se encontraban organizaciones de la sociedad civil y el Papa Francisco- apoyaron el mensaje de paz de Guterres y pidieron al mundo entero que concentre sus esfuerzos en la “lucha común” contra la pandemia de la Covid-19 en vez de continuar con conflictos armados que agravan las condiciones sanitarias.

El llamado a una tregua mundial está dirigido a la guerra en Siria, en Yemen, en Libia y conflictos de intensividad más baja e intermitentes en África, Asia, Medio Oriente y América Latina, con Colombia.

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Netanyahu refuerza su política de hechos consumados con la anexión israelí de parte de Palestina

El primer ministro israelí ha anunciado que el país comenzará a extender su soberanía a partes de Cisjordania a partir de julio

 

La anexión de buena parte de Cisjordania, sea de un solo trago o por fases, no es el primer paso ni tampoco será el último. Son muchos los que Israel ha dado en esta dirección en los últimos 72 años.

A fuerza de insistir en el empeño, no solo parece haber perdido la sensibilidad para darse cuenta de ello, sino que también ha acostumbrado a los demás a aceptar como normal lo que no lo es. Porque violar directamente el derecho internacional y resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU –sea en relación con la capitalidad de Jerusalén, los Altos del Golán sirios, el castigo colectivo a la población ocupada o los asentamientos– no es lo normal.

Cabría pensar que a Israel le ocurre lo mismo que a Gregorio Samsa en la Metamorfosis de Kafka. Tras lo que inicialmente su familia recibe como una monstruosidad –su súbita conversión en algo parecido a un insecto– pronto da paso a una nueva normalidad que, a la postre, resulta mortal para él mismo. En este sentido, la comunidad internacional ha terminado anestesiada ante una secuencia imparable de violaciones israelíes que por mera acumulación se han convertido en "normales".

Israel ha denominado 'plan de paz' a lo que para los palestinos tan solo es el certificado de defunción de su sueño político y como resultado de una persistente (y consentida) estrategia de hechos consumados, ha logrado inclinar (¿irreversiblemente?) la balanza a su favor. Todo esto, con el salvoconducto concedido por Donald Trump para que Benjamin Netanyahu pueda proseguir su huida hacia adelante.

Una huida que ha acabado con la justicia pisándole los talones. Su estrategia deja una larga ristra de perdedores. Pierden, en primer lugar, los palestinos que sueñan con un Estado propio, tras haber renunciado en 1947 a aceptar el 44% de la Palestina histórica que les concedía el Plan de Partición (a pesar de ser el 70% de la población). En 1993 no les quedó más remedio que acepar quedarse reducidos al 26% del territorio y, ahora, el plan de Netanyahu es restar otro 30% de la menguada Cisjordania a partir del 1 de julio. El primer ministro israelí asegura que no se trata de una anexión, aunque implica aplicar la soberanía de Israel a partes de Cisjordania que contienen asentamientos y al Valle del Jordán.

A eso hay que añadir que no se ha escuchado la voz de los palestinos durante el proceso que ha llevado hasta aquí, que la anexión remata la discontinuidad física y que el control marítimo, aéreo y fronterizo del 'bantustán' palestino remanente estará en manos israelíes. Solo los que sueñan despiertos encuentran algún resquicio de esperanza política en el futuro. Y, por el camino, la decisión de Netanyahu se lleva definitivamente por delante a la depauperada Autoridad Palestina, con un Mahmud Abbas agotado y sin crédito alguno para pedir moderación a una población que hace tiempo le ha vuelto la espalda.

Pierden también los israelíes porque lo que se avecina no puede tampoco ser la ansiada paz, con el reconocimiento dentro de fronteras seguras por parte de sus vecinos (solo Egipto y Jordania lo han hecho) y con la normalización de relaciones. Nadie duda de la superioridad de fuerza de Tel Aviv, pero tras seis guerras y dos intifadas, nadie puede dudar tampoco de que no hay solución militar al conflicto.

Tratar de imponerse de este modo –sabiendo que Benny Gantz no se atreverá a romper la coalición porque es consciente de que, electoralmente, está en rumbo de caída sin freno– alimenta las opciones violentas tanto de los desesperados que ven arruinados sus proyectos de vida como de los grupos que, en ambos lados, siguen apostando por el "cuanto peor, mejor".

Igualmente, salen muy mal parados los Estados árabes, no solo sumisos ante los fuertes, sino también fragmentados entre sí y visiblemente acomodados a los dictados de Washington y Tel Aviv, lo que difícilmente va a encontrar eco positivo entre sus propias poblaciones. Y lo mismo cabe decir de la Unión Europea, que no ha logrado adoptar una línea de acción común por las diferencias internas entre sus miembros. El bloque comunitario sigue buscando en el diccionario palabras que expresen descontento y rechazo, pero se cuida de que no transmitan ninguna voluntad de pasar a los hechos y de que no hieran la sensibilidad de los gobernantes israelíes.

Estados Unidos, por su parte, dilapida así los últimos vestigios de credibilidad y de liderazgo que le quedan en la calle árabe, con un Donald Trump convertido en el valedor principal de Netanyahu. Trump sigue sin querer entender que, de ese modo, daña los intereses de su propio país, al tiempo que Washington pierde lustre inevitablemente como líder mundial, al bendecir una violación del derecho internacional. Y, en definitiva, pierde toda la comunidad internacional porque nunca es buena noticia que la ONU muestre su impotencia y que no se cumpla el derecho internacional.

A corto plazo, el único ganador es Netanyahu, pero son muchos los responsables de consentir su comportamiento.

Por Jesús A. Núñez

30/06/2020 - 21:22h

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Domingo, 28 Junio 2020 07:17

A vueltas con las revueltas

Las personas que frecuentaban el Stonewall Inn, mayoritariamente mujeres transexuales y travestis, se enfrentaron a la policía tras una redada en 1969.

Hoy, 28 de junio, todo el planeta conmemora los sucesos ocurridos en el neoyorquino Stonewall Inn en 1969 como ese momento inicial en que todo dio comienzo. ¿Es acertado considerar que fue aquel día cuando nació nuestro movimiento?

 

Algunas historias de nuestra Historia, además de haber sido deliberadamente invisibilizadas, están marcadas por la persecución. Así, la trayectoria vital de esas personas que hoy llamamos lesbianas, gais, bisexuales y trans ha estado marcada durante siglos por una constante amenaza que, con apariencia religiosa, legal o médica, o con un extraño disfraz de todas ellas, ha convertido en inhabitables cientos de miles de vidas.

Pero llegó un día en que empezó a producirse un cambio, un día en que algunas personas comenzaron a defenderse de ese continuo hostigamiento. Y en esa fecha nació todo un movimiento, una reivindicación que a lo largo de los años ha conseguido transformar un mundo hostil en otro que parece que empieza a dejar de serlo. Hoy, 28 de junio, prácticamente todo el planeta conmemora los sucesos ocurridos en el neoyorquino Stonewall Inn en 1969 como ese momento inicial en que todo dio comienzo, pero ¿es acertado considerar que fue aquel día cuando nació nuestro movimiento? Amicus Plato, sed magis amica veritas, y creo que es hora ya de desmontar algunos mitos para seguir acercándonos a la verdad.

Del mismo modo que estudiamos Historia centrándonos —quizá demasiado— en algunas grandes batallas, construimos nuestra memoria activista poniendo el foco en una gran revuelta. Pero sucesos como aquel de Stonewall los hubo antes en Estados Unidos. En agosto de 1966, en San Francisco, tuvo lugar uno similar en la cafetería Compton’s, de igual manera que ocurrió en Los Ángeles, en la Black Cat Tavern, durante la Nochevieja de 1967. Son dos los elementos comunes a estos tres hitos históricos: redada y revuelta; y es necesario preguntarse qué hace especial aquella de Stonewall sobre la que pesa hoy una leyenda tan elaborada, y tan repetida, tanto que es difícil bucear en ella intentando precisar cuál es su mérito y cuál es la verdad en torno a lo que ocurrió en aquellos disturbios.

Se sabe, aunque se ignora, que las célebres Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson no fueron las iniciadoras de la respuesta a la redada policial. Ellas mismas lo confesaron: Sylvia explicando que se sumó a las acciones de otras personas y Marsha reconociendo que llegó tarde aquella noche a la calle Christopher. Es imposible saber quién arrojó la primera piedra, y quizá no sea necesario saber más que conocer el hecho de que todo nació a partir del grito de Stormé DeLarverie, la mujer lesbiana que consideró injusta su detención y preguntó a la gente que observaba: “¿Es que no pensáis hacer nada?”. Por su parte, el mérito activista de Sylvia y Marsha, que lo tienen y mucho, debe encontrarse en la fundación de STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries), que en los años siguientes sirvió de ayuda a muchas personas que vivían en una situación crítica. Y, de igual manera, el mérito de Stonewall ha de hallarse en el año siguiente, 1970, cuanto tuvo lugar la primera manifestación que recordaba esos disturbios, la primera manifestación de lo que hoy llamamos nuestro Orgullo.

El resto forma parte del mito fundacional de nuestro movimiento que, como buen mito, no es más que una explicación marcadamente fantástica de la realidad. Y la realidad es que, antes de todas aquellas revueltas, existía ya un movimiento reivindicativo centenario que precisamente gracias a los disturbios del Stonewall comprendió al fin la necesidad de actualizar su discurso, de adaptarse a una nueva época, de adecuar su visión del mundo a los ojos con los que había aprendido a mirar una nueva generación de activistas jóvenes.

Como bien indica mi querido Ignacio Elpidio, la persona que más y mejor ha investigado en castellano las manifestaciones del Orgullo, la importancia de un suceso histórico no es nunca el suceso en sí mismo, sino su trascendencia. El movimiento LGTB, de este modo, no nace —renace, más bien— con Stonewall, sino con esa primera convocatoria de 1970.

Pero ese es el caso concreto de los Estados Unidos, que no por mucha globalización debe considerarse el único suceso que podemos tener en cuenta. ¿Qué sucedió en el territorio español? ¿Sobre qué acontecimiento trascendente es posible fundar la historia de nuestro propio movimiento? Suele aceptarse que en nuestro estado este activismo que reivindica la liberación sexual comienza con la respuesta al debate sobre la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que en 1970 organizaron dos activistas, Armand de Fluvià y Francesc Francino.

Ante la pretensión del Gobierno de la dictadura de aprobar un texto legal que, entre otras cuestiones, perseguía con mayor dureza la homosexualidad, nace gracias a la iniciativa de esos dos primeros héroes una campaña que solicita ayuda internacional a través de cartas condenatorias que acabarían llegando a las Cortes franquistas. El éxito del proyecto se limitó a una pequeña modificación en la propuesta de ley, que pasó de condenar la homosexualidad en sí misma a perseguir los actos, en plural, de homosexualidad; pero sirvió como impulso para la creación poco después del MELH, el Movimiento Español de Liberación Homosexual, que en 1972 comienza incluso a publicar una revista, AGHOIS, difundida en la clandestinidad durante los últimos años de la dictadura. Fue aquella, por lo tanto, una campaña trascendente, que provocó la aparición de una organización activista. Puede servirnos como verdadero punto de inicio, y así ha venido siendo considerada durante años.

Con todo, en los últimos años, gracias a la investigación y a algunas iniciativas particulares, se han venido descubriendo nuevos hitos históricos que se empiezan a reivindicar. Quizá el más conocido hoy, gracias a la reciente campaña de Correos, sea el Pasaje Begoña, la cada vez más conocida callejuela de Torremolinos en la que en su día existieron varios locales de ambiente y donde, el 24 de junio de 1971, se produjo una redada que acabó con 114 personas arrestadas. La asociación que trabaja para recuperar la memoria del lugar ha conseguido ya el reconocimiento de aquel espacio histórico en diferentes ámbitos. Tanto el hermanamiento con el Stonewall Inn como sendas proposiciones no de ley defendidas en el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Andalucía, que instaban a Gobierno estatal y autonómico a impulsar la protección del lugar, han servido para que el Pasaje Begoña comience a ser reconocido como “lugar de memoria histórica” y “cuna de los derechos LGTBI” en el Estado español.

Grandilocuencia aparte, y dejando clara la importancia de reconstruir la memoria colectiva que nos ha sido negada durante tanto tiempo, parece evidente, parafraseando el refrán, que una redada no hace verano. Como dijimos antes, para considerar un suceso como punto de partida del nacimiento o renacimiento de un movimiento social es imprescindible que resulte verdaderamente trascendente, que dé pie a una respuesta social, mejor cuanto más organizada esté y más se mantenga en el tiempo. El caso del Pasaje Begoña carece de esas características y, además, es posible encontrar otras muchas actuaciones policiales contra locales de ambiente que tuvieron lugar años antes.

Si para designar un suceso histórico como “cuna de los derechos LGTBI” fuera necesaria sencillamente una redada, podríamos recordar las muchas que tuvieron lugar durante los años de la dictadura en ciudades como Madrid o Barcelona. E, incluso, sería posible remontarnos mucho más atrás en el tiempo. Existen varios testimonios de las últimas décadas del siglo XIX en los que encontramos ejemplos interesantísimos de fiestas que fueron interrumpidas por agentes externos, para sorpresa colectiva.

Así, en 1884 Teodoro Yáñez, en sus Elementos de medicina legal, nos refiere —con la terminología propia de la época— un escándalo acaecido años antes cuando nos habla de una reunión que realmente “era un club de pederastas; entraban aquellos individuos, se desnudaban, poniéndose otras ropas parecidas a las de las mujeres, y se dedicaban a su ejercicio”; y donde se realizaba incluso una suerte de rito iniciático con los neófitos: “Después de acreditar que no habían conocido varón con dos testigos, se les ponía una túnica blanca y una corona de azahar, y se les paseaba por el recinto, haciendo luego uno de ellos la primera introducción”.

De igual manera nos dice Rodríguez Solís, en su Historia de la prostitución, que en el Martes de Carnaval de 1879 fueron sorprendidos “más de cien sodomitas con elegantes trajes y ricas joyas” en el salón de baile El Ramillete de la madrileña calle de la Alameda. Aquella “grey de Urania”, como nos designaron entonces los autores de La mala vida en Madrid, convocaba “las fiestas en que se celebraban los bautizos de un homosexual; los bailes escandalosísimos; las fiestas sardanapálicas” de las que nos habla Max Bembo en La mala vida en Barcelona a través de sociedades secretas. Una de ellas fue retratada en la novela La Condesita, de Francisco de Sales Mayo, publicada en 1870: la Sociedad de San Guiñolé, con diferentes festejos convocados, una red de ayuda mutua y no pocos ‘guiños’ entre personas del mismo sexo.

Pero es posible, incluso, retrotraernos aún más en el tiempo. Rictor Norton ha estudiado las Molly houses británicas del siglo XVIII, que debieron tener como correspondientes en nuestro país muchas ‘casas de placer’ que quedan por investigar. Además, y antes aún, tras el asesinato del Conde de Villamediana el 21 de agosto de 1622, sabemos que al realizar el registro de su palacio fue descubierta toda una red de contactos entre sodomitas.

Con cada nueva investigación, con cada nueva lectura, será factible seguir viajando hacia atrás en el tiempo en busca de un pequeño espacio donde personas que deseaban a otras de su mismo sexo, o que deseaban vestirse, adornarse y nombrarse cuestionando los roles de género de la época podían encontrar un mínimo reducto de libertad frente a la persecución legal, médica y religiosa.

La clave para encontrar un punto de inicio a nuestra reivindicación debe ir, como decimos, más allá de la simple redada. Es necesario buscar la reacción, el levantamiento, aunque sutil, frente al acoso constante de quienes defienden una forma de sexualidad exclusivamente normativa. El primer caso del que tenemos constancia en nuestro país y que podría valorarse de este modo se produjo en la Barcelona de los años treinta, tal y como nos cuenta Jean Genet en su Diario del ladrón.

Una importante revuelta anarquista tuvo como consecuencia la destrucción de un urinario, una “vespasiana”, se llamaba entonces, que frecuentaban quienes buscaban contacto con personas de su mismo sexo. Dice Genet que “al constatar su muerte definitiva, las Carolinas, con chales, mantillas, trajes de seda y chaquetillas ajustadas acudieron a ella en solemne delegación para depositar un ramo de flores rojas anudado con un crespón de gasa”. Hoy suele considerarse esa curiosa procesión de las Carolinas, seres inclasificables según nuestra taxonomía actual basada en las siglas LGTB, la primera manifestación de algo similar a nuestro Orgullo. Fue una respuesta, sí, pero realmente no se respondió a la injusticia de una sociedad que nos perseguía, sino como forma de conmemoración de un espacio de libertad desaparecido que, además, no tuvo trascendencia más allá de aquel suceso concreto. 

Como decíamos más arriba, una redada no hace un movimiento. Ni siquiera lo hace una revuelta. Los movimientos sociales se fundamentan en un trabajo continuado a través del tiempo, realizado de una forma mínimamente organizada. Pueden tener, o pueden inventar incluso, un nacimiento mítico, una épica que ennoblezca aún más su ya noble trabajo. Pero, más allá de la poesía, la Historia debe ocuparse de la verdad. De esta suerte, el movimiento LGTB actual puede nacer, en Estados Unidos, en aquella primera manifestación de 1970 y la “cuna de los derechos LGTBI” en nuestro país es sin duda alguna aquel Movimiento Español de Liberación Homosexual cuya primera acción cumple ahora cincuenta años. Y, con todo, no hemos de olvidarnos de que, cuando se trata de una reivindicación, no importa tanto el punto de partida como la meta final, el objetivo que perseguimos y los caminos que recorreremos hasta alcanzarlo. Mientras tanto podemos y debemos seguir investigando y reconstruyendo nuestra memoria, que es tan nuestra como ha de serlo de todo el mundo, pero sin olvidarnos nunca de que nuestra historia no se limita a un solo pasaje.

Por Ramón Martínez

@ramonmartz

28 jun 2020 05:54

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La policía es irrelevante para la seguridad ciudadana

¿Tiene la policía actualmente el derecho a matar? Por supuesto. En Estados Unidos la policía ha matado al menos a 12.600 personas desde 2005 hasta 2019. En ese periodo, tres policías en total han ido a la cárcel por homicidio sin que los recursos hayan afectado a la condena. Es menos que una décima parte del 1%, pero se puede redondear fácilmente a cero.

 

Las recientes protestas, catalizadas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, piden el fin de la violencia policial racista. Con sus acciones, los manifestantes también han ido más allá de los debates obsoletos del pasado reciente acerca de la vigilancia policial. Recortar la financiación de la policía, disolverla o abolirla: gente que jamás había escuchado estas ideas en debates sobre la policía ahora las tienen en cuenta muy en serio.

Estos avances en el debate sobre la policía no habrían sido posibles sin los manifestantes, que se han mantenido firmes a pesar de haber sido golpeados y haber sufrido abusos policiales en cada rincón de EE UU. Pero lo importante de esto no es hacer avanzar el debate. Lo importante de esto es la vida y la muerte. Para que la policía deje de asesinar gente —1.000 personas cada año— serán necesarios cambios en el sistema. Los manifestantes serán recordados en el futuro sólo si los cambios conseguidos son los correctos.

Los programas de reforma solo tendrán éxito si parten de la premisa de que la institución policial ha perdido su legitimidad social, que jamás ha merecido. Las reformas que den por hecha la legitimidad de la policía, aunque pidan más cámaras incorporadas en el uniforme, mejor supervisión, un personal con más diversidad racial o más procedimientos legales contra los asesinos dentro de la policía, no van a funcionar.

Cuando la policía sea vista como una institución ilegítima estaremos en el camino correcto. Como sostiene Mariame Kaba en The New York Times, no estaría mal ejecutar un recorte del 50% en los presupuestos de la policía y dejar que la lógica de la austeridad haga el resto, como ha sucedido con otras partes del sector público.

Pero un recorte del 50% se puede regatear hasta el 10%, y el 10% hasta el 2%, mientras la policía y sus defensores puedan seguir relacionando la seguridad ciudadana con la vigilancia policial. La reacción contra la idea de abolir la policía como algo “poco realista políticamente” debido a la seguridad ciudadana ha empezado en el ámbito local, donde se está debatiendo este tema. El objetivo debe ser abolir una profesión que tiene el derecho legal a acabar con la vida (y a mentirte mientras tú estás obligado a decir la verdad).

¿Tiene la policía actualmente el derecho a matar? Por supuesto. Partiendo de estimaciones prudentes y de datos oficiales, el escritor Lee Camp calcula que la policía ha matado a una media de 900 personas al año. En otras palabras, al menos 12.600 personas desde 2005 hasta 2019. En ese periodo, tres policías en total han ido a la cárcel por homicidio sin que los recursos hayan afectado a la condena. Es menos que una décima parte del 1%, pero se puede redondear fácilmente a cero.

Por encima de todo, hay que retirarle a la policía su licencia para matar. Todavía existe debido a una mística —ayudada por los omnipresentes programas televisivos, libros y películas de policías— basada en tres ideas: la idea de que los policías son valientes porque su trabajo es peligroso, la idea de que mantienen protegida a la sociedad, y el hecho de que puedes llamarles en caso de emergencia.

¿Valentía? Sí, ser policía es el decimosexto trabajo más peligroso en EE UU, por detrás de los leñadores, pescadores, pilotos, techadores, recogedores de basura, camioneros, granjeros, trabajadores del metal, trabajadores de la construcción, paisajistas, operadores de la red eléctrica, jardineros, trabajadores del campo, ayudantes de obra y supervisores directos de mecánicos, instaladores y reparadores. Pero ningún trabajador en ninguno de los 15 empleos más peligrosos tiene la opción de matar cuando se sienten subjetivamente en peligro. La policía sí.

¿Seguridad? Proporcionar seguridad a la sociedad no es una función especial de la policía. En The End Of Policing, de Alex Vitale, éste cita al criminólogo David Bayley en su libro Police for the future, en el que Bayley consideraba este hecho como “uno de los secretos mejor guardados de la vida moderna. Los expertos lo saben, la policía lo sabe, pero el público no lo sabe”. Sabemos desde hace 50 años que la policía no ayuda a la seguridad ciudadana. El antropólogo francés Didier Fassin, en su libro de 2013 La fuerza del orden, cita el experimento de Kansas City en los años 70:

“Este estudio sin precedentes, único en su tiempo, comparó tres zonas de la ciudad: en la primera, brigadas “reactivas” limitaron su actividad a responder a las llamadas de los residentes; en la segunda, de carácter “proactivo”, como mínimo doblaron el tiempo que pasaban patrullando; en la tercera, que servía como zona “de control”, siguieron con su mezcla de actividades previa. Los resultados de todo un año de operaciones y mediciones parecían idénticos: ni ataques a personas, tanto agresiones como amenazas, ni agresiones sexuales ni atracos, ni ataques a la propiedad, tanto robos como daño a vehículos, variaron de manera significativa como resultado de los diferentes sistemas empleados; de manera similar, la percepción sobre los crímenes o la sensación de inseguridad expresada por residentes y dueños de negocios no mostró variaciones entre las zonas, ni tampoco el nivel de satisfacción con la policía; y resultó que en los tres casos, el 60% del tiempo de los agentes se gastaba en actividades que no estaban relacionadas directamente con hacer cumplir la ley, incluyendo un cuarto del tiempo que no mostraba relación alguna con el trabajo policial… En definitiva, era evidente que las patrullas usadas de manera preventiva no tenían efecto sobre la actividad criminal, tanto en términos de delitos registrados por el cuerpo de policía como desde el punto de vista de la “percepción de riesgo” de los residentes”.

Los resultados fueron pasados por alto: la policía siguió patrullando las siguientes cinco décadas. Fassin, que como parte de su estudio pasó tiempo con la policía de París, hizo sus propios cálculos sobre en qué empleaban el tiempo: “En mi experiencia, el tiempo empleado en responder llamadas representaba aproximadamente el 10% del total del turno; era raro que subiera hasta el 20% (cinco llamadas por equipo cada noche era un máximo que raramente se alcanzaba), mientras el resto del tiempo se dedicaba a patrullas aleatorias y al registro administrativo de la actividad desarrollada”.

¿Piensas que lo de París es una anomalía? Piénsalo otra vez:

“Una serie de estudios llevados a cabo en EE UU revelan que los agentes en patrulla dedicaban entre el 30 y el 40% de su tiempo a responder a llamadas (una media de cinco llamadas en una hora por equipo en distintas ciudades) de las cuales solo entre un 7 y un 10% están relacionadas de alguna manera con delitos o crímenes, y entre el 40 y el 50% de su jornada laboral en patrullaje aleatorio y papeleo, con el resto del tiempo dedicado a varias tareas”.

Así describe Fassin el trabajo cotidiano del grupo de policías a los que estudiaba:
“Mientras patrullan por calles tranquilas y vecindarios pacíficos, los policías esperan llamadas ocasionales que casi siempre terminan no teniendo ningún sentido, tanto porque están relacionadas con errores o bulos, o porque los equipos llegan demasiado tarde o echan a perder el caso por su torpeza o porque no hay causa para ningún interrogatorio o arresto”.

Fassin cita a un criminólogo de Ontario, Richard Ericson, que descubrió en 1982 que la policía pasa 76 minutos en un turno de ocho horas respondiendo a llamadas, con la opinión de que “la presencia de agentes de policía se ha convertido en un fin en sí mismo”.De modo que la policía tiene el decimosexto trabajo más peligroso, y es irrelevante para la seguridad ciudadana, pero la sociedad necesita alguien a quien llamar en caso de emergencia. Este rol puede cubrirse por trabajadores civiles formados, que tendrán que aprender a resolver problemas sociales diarios sin una licencia para matar, una dirección que podría tomar Minneapolis dada la promesa de los concejales municipales de disolver la policía en la ciudad.

El año pasado, los periódicos canadienses Globe y Mail informaron sobre un cuerpo policial en el Yukon que no llevaba armas y que no podía presentar acusaciones. Algunas ciudades tienen servicios de protección del menor que trabajan para proteger niños, con mayores o menores grados de intrusión. Los trabajadores sociales pueden recibir formación para intervenir en conflictos domésticos y en situaciones conflictivas abiertas relacionadas con la salud mental. Se pueden presentar en equipos para proteger su propia seguridad, como en otras profesiones.

Hay propuestas detalladas para que la responsabilidad sobre la seguridad recaiga en manos de la comunidad: Olúfẹ́mi O. Táíwò describe una en Dissent Magazine; Zach Norris reenfoca este asunto en su nuevo libro We Keep Us Safe; y Ejeris Dixon y Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha describen enfoques comunitarios sobre seguridad en su obra colectiva Beyond Survival: Strategies and Stories from the Transformative Justice Movement.

También debería haber reformas culturales. Boots Riley propone echar a los asesores militares y policiales, que funcionan como censores del Estado, de las producciones de cine y televisión. El movimiento #MeToo condujo a la creación de un puesto de coordinador de relaciones íntimas en la producción de películas para asegurar que las escenas de sexo fueran filmadas sin explotación sexista. Los estudios pueden ser responsables con este movimiento si reducen drásticamente la producción de programas de policías mientras echan a los censores de los programas que permanecieran. Esto podría tener su efecto al reducir la mística y la veneración a la policía.

Los defensores de la policía pueden argumentar que se darían pérdidas económicas como resultado de la abolición. Algunos cuerpos policiales viven de lo que obtienen a través de los decomisos, multas y sanciones, lo que permite mantener bajos los impuestos mientras la vida de los pobres es miserable. En general, no obstante, estas medidas ahorrarían dinero.

En un primer momento, buena parte del dinero ahorrado al recortar el gasto policial debería ir dirigido a facilitar la transición de aquellas personas en funciones policiales hacia otros trabajos. Las pensiones son un mecanismo para sacar a los policías de sus funciones por cualquier motivo, y las organizaciones de policías las usan de hecho muy generosamente. Pero dar una pensión indefinida a los policías, aunque salvara vidas, haría que no quedaran recursos disponibles para la seguridad ciudadana. En su lugar, los gobiernos pueden desarrollar programas de retiro y formación (los valientes policías pueden optar a formarse para alguno de los 15 empleos más peligrosos), como hacen con otros trabajadores que son despedidos.

En el periodo de vigencia de los actuales convenios colectivos, los policías podrían recibir dinero para prepararse para otros trabajos o simplemente para quedarse en casa, algo caro a corto plazo, pero que salvaría miles de vidas. Tras ese periodo inicial, los cientos de miles de millones de dólares que se gastan en vigilancia policial podrían redirigirse a crear y fortalecer los servicios públicos. Las posibilidades solo se verían limitadas por la cantidad de millones que podrían sacarse de la policía. Los trabajadores sociales, desde luego, son sólidos candidatos para esta reasignación de fondos, así como el transporte público y otros servicios básicos gratuitos (especialmente, en EE UU, la atención sanitaria).

Los datos criminológicos nos han dicho desde hace décadas que la policía es irrelevante para la seguridad ciudadana. Los investigadores británicos Richard Wilkinson y Kate Pickett, en su ensayo clásico de 2009 Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva, muestran que una buena parte de los problemas sociales, incluyendo la violencia, tienen una fuerte correlación con la desigualdad. Su obra también muestra diferentes opciones para alcanzar la igualdad: altos salarios en el sector privado (como en Japón) o altos impuestos y redistribución (como en el norte de Europa). En EE UU, todas las opciones a favor de una mayor igualdad han sido bloqueadas por los ricos que –como Martin Gilens y Benjamin Page dejan claro en su importante estudio de 2014- han capturado la política. Un auténtico Green New Deal haría más por la seguridad ciudadana que cualquier reforma policial concebible que no se basara en el abolicionismo.

Este artículo ha sido editado por Globetrotter, un Proyecto del Independent Media Institute. Justin Podur es un escritor que vive en Toronto y colaborador de Globetrotter. Puedes encontrarle en su página podur.org y en su cuenta de Twitter @justinpodur. Es profesor en la facultad de Estudios Ambientales de la Universidad de York. Es autor de la novela Siegebreakers.

Por Justin Podur

Tradución: Diego Sanz Paratcha

25 jun 2020 06:00

Artículo original: https://zcomm.org/znetarticle/policing-is-irrelevant-for-public-safety/

Traducido para El Salto por Diego Sanz Paratcha.


En Estados Unidos se debate la abolición de la policía

La petición de abolir la policía hasta hace poco tiempo parecía imposible, pero hoy se discute gracias a la presión popular. Las premisas de dicho movimiento pueden ser igual de válidas para todos aquellos territorios que se atrevan a soñar con otras formas de garantizar la seguridad de la gente.

El asesinato del afroamericano George Floyd ha visibilizado una discusión que hace décadas mantienen personas y grupos en Estados Unidos: la imposibilidad de la reforma a la brutalidad policial y, por lo tanto, la necesidad de acabar con la policía. Dichas discusiones se han dado ya hace varias décadas, reactivándose recientemente luego de motines populares provocados por sucesivos asesinatos de afroamericanos. Intentando apagar la rabia, el Estado ha construido un discurso de revisar la actuación de sus servidores, sin embargo, pasa el tiempo y las intenciones gubernamentales poco cambian la realidad.

No extraña que sean justamente las y los afroamericanos quienes hayan liderado estas discusiones y que el legado de la esclavitud en el país del norte defina fuertemente la política actual; ya Angela Davis ha planteado que si la pena de muerte existe aún en el siglo XXI es por la naturalización del asesinato de esclavos que buscaron liberarse siglos atrás. Así mismo, las ideas abolicionistas vienen del movimiento que buscó acabar de raíz con esa condición de propiedad de hombres blancos sobre negros. Por eso, entre otras cosas, es que los y las descendientes del pueblo esclavizado recuperan la misma noción de abolir, porque ya saben que hay momentos de la humanidad en que hay que empezar de nuevo para respetar la vida.

Buena parte del movimiento abolicionista actual justifica sus ideas en que desde hace años se dieron una tras otra comisión de investigación con resultados insuficientes para frenar los asesinatos causados por policías; sucesivamente se determinó promover reeducación incluyendo políticas antisegregacionistas, incluir cámaras corporales en procedimientos, alentar al ingreso de afroamericanos a las unidades e integrar el cuerpo policial con las comunidades. Todo eso se intentó hace años en Minneapolis, donde asesinaron a Floyd, y a pesar de ello la impunidad se mantuvo. Los policías asesinos saben que en los juzgados tienen pocas opciones de perder, y en parte porque su figura de autoridad es respaldada por una opinión mayoritaria que justifica la necesidad de ellos, con el fin de garantizar la seguridad; gran sofisma sobre el que se justifica la violencia institucional.

Sin embargo, organizaciones como el proyecto NIA plantean dejar de usar a la policía para enfrentar la inseguridad, volviéndola obsoleta con otras medidas: trasladar los recursos que se pierden en ese cuerpo armado, reinvirtiéndolos en salud, educación, vivienda y en general bienestar social. De hacerse esto cada vez habrá menos necesidad de policía y por lo tanto a largo plazo será obsoleta. Pero no solo allí está la apuesta; muchos discuten la necesidad de contratar en cambio a trabajadores del cuidado que reciban los salarios que ahora tienen asesinos policiales, de tal forma que puedan no solo intervenir cuando sea necesario sino prevenir al identificar problemas dentro de las comunidades.

Resultado de este activismo por años ha logrado que en las manifestaciones de las recientes semanas se visibilice el lema “Defund the police” que justamente recoge una de las propuestas del movimiento abolicionista: desfinanciar a la policía. Parte de este llamado viene del interior del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan), quienes denuncian que el incremento del presupuesto a la policía lo único que ha garantizado es más represión y asesinatos por parte de este cuerpo armado. Solo para entender esto, hay que reconocer como en los Estados Unidos hay días que la policía mata a más personas que las que en un año son asesinadas por estos cuerpos en otros países; por ejemplo, en los primeros 24 días del 2015 la policía de ese país mató a más personas que las asesinadas por la policía en Inglaterra y Gales en 25 años.

El llamado a la desfinanciación también ha sido hecho por otras comunidades; la American Friends Service Committee (Comité de servicios de los amigos americanos), organización religiosa que promueve la no violencia en ese país, lideró una petición a la que se unieron más de 5000 personas con este propósito. Su secretaria general afirmó que: «Esta no es una cuestión política. Esta no es una pregunta presupuestaria. Esta es una pregunta moral… el alma de nuestra nación está profundamente herida, y este momento nos ruega que tomemos medidas valientes… Nuestra fe nos llama a decir la verdad al poder y desafiar a las instituciones culpables hasta que las vidas de nuestros hermanas y hermanos negros, marrones e indígenas sean igualmente valorados”.

Mientras cientos de activistas en las calles de Chicago, Seattle, Boston o Nueva York siguen proponiendo que el problema no es transformar la policía sino acabar con la idea de vigilancia, y con ello acabar la necesidad de policía, ya en Minneapolis el consejo de la ciudad tomó la decisión de desmantelar y abolir la policía a largo plazo. Aun no es nítido cuáles son los pasos que tomarán para seguir esta decisión, pero se asegura que buscarán un modelo de seguridad distinta y que esto se discutirá con la comunidad. Frente a esto, el presidente Trump twitteó: “La ley y el orden, no desfinanciar ni abolir la policía. Los radicales izquierdistas demócratas se han vuelto locos”.

El tiempo dirá si dicho desmantelamiento en Minneapolis se hace realidad; por ahora, es suficiente con documentar que una petición que hasta hace pocas décadas parecía imposible hoy se discute gracias a la presión popular. Las premisas de dicho movimiento pueden ser igual de válidas para aquellos territorios que se atrevan a soñar con otras formas de garantizar la seguridad: desarmar, desmontar, abolir… solidarizarse.

Por Oscar Vargas | Rebelión. 25/06/2020

Publicado originalmente en el periódico argentino Virginia Bolten.

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Los camuflajes de la muerte en la verdadera pandemia

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se dirige nuevamente al país y al mundo para compartirle los hechos que siguen revelando una política criminal del Estado colombiano y su tolerancia y connivencia con todos los procesos criminales que vienen del pasado.

La matanza de colombianos de a pie, inconformes y/o vulnerables, comenzó hace muchas décadas. La fuerza armada del Estado se consideró con licencia para matar durante mucho tiempo, apoyándose solamente en la calificación de las víctimas como enemigos del poder de turno. Con el paso del tiempo, los Estados Unidos le enseñaron   a los gobiernos colombianos, secretamente, a meter en la guerra a la población civil, no sólo como objetivo militar, que ya lo era en sus capas pobres e inconformes, sino también como combatientes, en forma de paramilitares o brazos armados clandestinos del Estado; esto ocurrió en 1962 con la misión a Colombia del General norteamericano  William Yarborough y sus directrices secretas, para que así el Estado no cargara con todo el peso del deterioro moral e ilegitimidad de su imagen y con una condena universal. Cuando el paramilitarismo comenzó a estar en la mira de algunos jueces, el Estado se empeñó en hacerlo desaparecer mediáticamente y acuñó el nombre de BACRIM o Bandas Criminales, llevando a la sociedad a creer que todo era problema de delincuencia común. Cuando los Acuerdos de Paz impidieron llamar guerrilleros a todas las víctimas de ejecuciones y desapariciones, la muerte de los líderes sociales y de los sectores inconformes o “desechables” comenzó a atribuirse a violencia intrafamiliar, a problemas de linderos entre vecinos, a picaduras de culebras o a peleas entre borrachos. En general, las falsas razones se han impuesto contra el conocimiento de poblaciones enteras que callan la verdad por temor al asesinato o al estigma.

Las muertes violentas perpetradas por el paramilitarismo, el cual continúa controlando nuestra zona de San José de Apartadó, han buscado últimamente formas de camuflaje que desafían el saber del campesinado del entorno. En el caserío de San José, fue palpable el silencio que rodeó la ejecución del joven Rafael Antonio Guerra el pasado 12 de mayo, en el paraje Caño Seco de la vereda Alto Bonito. Según el comentario que circula entre los pobladores de San José, la familia tuvo que camuflar el crimen bajo la versión de una “muerte por picadura de culebra”, para que se permitiera pasar el ataúd por el centro urbano. La última ejecución, ocurrida el pasado domingo 7 de junio, está siendo leída por muchos pobladores como efecto de “las borracheras dominicales” o de “peleas entre colegas” o conflictos entre los mismos paramilitares. Los medios no hablan de diligencias judiciales en estos casos ni se refieren al contexto de completo control de la zona por las estructuras paramilitares. Los medios locales y regionales, en lugar de ayudar a esclarecer los hechos, han ayudado siempre a difundir versiones de camuflaje que favorecen los intereses del sector político dominante, intereses que a veces se proyectan en la necesidad de eliminar a sus mismos servidores paramilitares, cuando éstos se sienten cansados o decepcionados en su misión asesina y manifiestan deseos de abandonar las filas criminales, o se enfrentan entre los mismos paramilitares por los recursos que incluyen el mercado de drogas alucinógenas. Versiones de las últimas muertes apuntan en algunas de estas direcciones.

Nuestra Comunidad quiere dejar constancia de los siguientes hechos:

·         El domingo 10 de mayo de 2020 los paramilitares permitieron y promovieron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Unión, con gran consumo de licor, desconociendo las normas de control de la pandemia.

·         El sábado 16 de mayo de 2020, nuevamente los paramilitares autorizaron e impulsaron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Resbalosa, con abundante consumo de licor.

·         El jueves 4 de junio de 2020 fue visto nuevamente en la finca del Señor Muñoz, en la vereda La Esperanza, un grupo de paramilitares armados con armas largas y uniformados. Ya varias veces antes nuestra Comunidad había sorprendido, fotografiado y filmado a los miembros de ese grupo paramilitar en el mismo sitio y los miembros del Senado de la República pudieron examinar los videos, pero eso no ha traído ninguna medida de represión o contención, menos de enjuiciamiento y sanción, a esa estructura paramilitar. En varias ocasiones, posteriormente, se les ha sorprendido en la misma finca, armados y uniformados, sin que ninguna institución haya hecho absolutamente nada para investigarlos y enjuiciarlos.

·         El viernes 5 de junio de 2020, tuvo lugar una convocatoria de paramilitares en la vereda Playa Larga. En dicha reunión, a la cual acudieron al menos 50 paramilitares, se insistió en la necesidad de controlar más fuertemente a la  población de la zona cercana a San José, donde hay personas que deben ser eliminadas.

·         El sábado 6 de junio de 2020 unidades de la Brigada XVII del ejército llegaron a la vereda La Unión e ingresaron a un establecimiento público donde consumieron licor. Cuando su mando fue interrogado por pobladores de La Unión para que explicara por qué el ejército no combate a los paramilitares, respondió que no los combatían porque después, cuando ellos estuvieran de licencia, los podrían atacar. Dicho oficial afirmó que asumiría el mando de la base de San José a partir del 15 de junio.

·         El domingo 7 de Junio de 2020, hacia las 20:00 horas, en la vereda La Victoria de San José de Apartadó, un grupo de paramilitares asesinó al joven JESÚS ALBERTO MUÑOZ YEPEZ, de 35 años, apodado “El Tato”, residente del e barrio Policarpa de Apartadó, e hirió a una joven llamada Leidy quien lo acompañaba y estaba embarazada y es prima del jovenYeminson Borja Jaramillo, asesinado el 7 de  julio de 2019 en la vereda aledaña de La Balsa, por paramilitares que controlan esa ruta y someten a la población civil a sus órdenes mediante amenazas y ejecuciones. Varias versiones circulan sobre los móviles de este crimen, incluyendo la que presenta a la víctima como activo del paramilitarismo que se encontraba en retirada, mereciendo por ello la pena de muerte. El silencio permisivo y cómplice de las autoridades, acompañado por el silencio temeroso de la población del entorno, configura el mecanismo monstruoso de la total impunidad reinante.

·         El viernes 12 de junio de 2020, los paramilitares convocaron a las juntas de acción comunal en la vereda Mulatos Medio, en el recinto de la escuela recién construida en el lindero de la Aldea de Paz de nuestra Comunidad. En dicha reunión participó un líder político paramilitar, quien impartió normas a los pobladores. Ya nuestra Comunidad había presentido que esa construcción, motivada en ofertas del gobierno, iba a servir para eventos políticos y para fiestas y consumo de licor, todo como sabotaje a los principios de nuestra Comunidad de Paz, fuera de utilizar los espacios de nuestra aldea para sus reuniones.

·         El domingo 14 de junio de 2020, la junta comunal de la vereda Arenas Altas organizó en la escuela veredal, que es terreno de nuestra Comunidad de Paz, una fiesta con consumo de licor, violando todas las normas de aislamiento vigentes, derivando en riñas y heridos. Uno de los paramilitares organizadores fue John Edinson Góez, alias “El Pollo”.

·          El miércoles 17 de junio de 2020, A partir de los controles de seguridad que realiza la población civil de San José de Apartadó en la vereda La Balsa para evitar la expansión del coronavirus (Covid-19) se está organizando desde allí el cómo restringir la libre movilidad de nuestra Comunidad, supuestamente con el decir que los extranjeros van a entrar y a traer el virus, por lo que ya se comenta que: allí están ingresando gente de otros lugares violando la cuarentena Nacional y este es un caso que debe pasar a las autoridades porque si llega a haber un enfermo por el virus es culpa de la Comunidad de Paz. Como Comunidad de Paz rechazamos dichas acusaciones pues no es responsabilidad de nuestra Comunidad de Paz evitar que se infecte la población, más cuando toda la gente de la zona está bajando al casco urbano diariamente sin ninguna medida de protección. Son el mismo paramilitarismo y la fuerza pública los que están llevando el riesgo de contagiar a la población porque son los que más patrullan la región, además frecuentan lugares públicos de San José y sus veredas a tomar licor y ahora se quiere responsabilizar a nuestra Comunidad como culpable, cuando somos los únicos en la zona que mejor hemos manejado una cuarentena autónoma, por lo que no será nuestra responsabilidad ni la de nuestros acompañantes nacionales e internacionales; si llegase  haber un contagio con el virus covid-19 en la zona, la responsabilidad es de las mismas autoridades competentes por que no se ha tomado una verdadera medida necesaria de precaución para garantizar que cada día no hayan más contagiados  en la Región de Urabá, la misma fuerza pública es la que más tiene contagiados en Urabá, además está  la libre movilidad del paramilitarismo que le ha permitido ejercer mayor control sobre la población civil, pues se están transitando por carreteras y caminos desde la Región de Urabá hasta el chocó y otros lugares del país sin restricción  alguna.   

En las diversas veredas del corregimiento de San José nuestra Comunidad de Paz sigue comprobando la presencia de estructuras de control paramilitar de la población a través de personas o familias espías denominadas “puntos”, los cuales informan permanentemente a los jefes paramilitares de la zona sobre los movimientos y pensamientos de los pobladores, mientras, los mandos “paras” se movilizan libremente por el territorio portando armas y a través de los “puntos” imparten normas a los pobladores, los convocan a reuniones y les cobran impuestos ilegales, amenazándolos de muerte si no se muestran sumisos a sus órdenes y a su dominio. Ninguna institución del Estado ha demostrado controlar esa estructura criminal, la cual está detrás de las amenazas de muerte y de las ejecuciones, hoy camufladas bajo causas ficticias.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo siguen nuestro proceso y nos animan moralmente a defender nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 22 de 2020

Publicado enColombia
¿Edwin Dagua, autoridad indígena de Huellas Caloto asesinado en vano?

"¿Cuál es el direccionamiento de nuestras autoridades a la guardia indígena frente a grupos armados?"

Los Kiwe Thegnas (Guardias Indígenas) se han pronunciando con dolor, valentía y frustración a partir de la Audiencia de juzgamiento y armonización realizada ayer 16 de junio de 2020, en el resguardo indígena de Huellas Caloto. Acá compartimos esa reacción y sus preguntas, así como la noticia de Comunicaciones CRIC al respecto.

Dados los hechos a partir de la captura de 7 personas que confiesan su participación en el asesinato de un comunero de Huellas;
Dado el transcurrir y los resultados de la audiencia mencionada;
Dados los hechos graves que se suman a muchos otros que se vienen presentando en diversos territorios indígenas del Cauca;
¿Podría asumirse que la guardia indígena y quienes arriesgan y entregan sus vidas en defensa del territorio, del proceso organizativo y de sus comunidades -haciéndole frente a la ocupación delincuencial, del narcotráfico y de toda clase de actores armados y no armados vinculados al despojo-; estarían siendo un estorbo a negociaciones y acuerdos entre algunas autoridades indígenas y estos actores que causan desarmonía, terror y muerte?

¿Cómo es posible que las armas con las que se intimida, amenaza, somete y asesina sean ofrecidas y entregadas a un tercero como prenda para convocar un diálogo con estos actores armados?

¿Si el diálogo se iniciara, les devolverían las armas con las que delinquen y asesinan?

Brilló por su ausencia durante la audiencia, un verdadero análisis de contexto que, sin lugar a dudas, tendría que empezar por la guerra en la que se está sumiendo el territorio y que tiene como telón de fondo el narcotráfico. Es, para decir lo menos, sorprendente que estos asuntos no se hayan abordado. Sin este análisis resulta incomprensible el accionar de los asesinos en estos territorios ancestrales:

¿Cuáles son las razones o intereses detrás de que estos temas de fondo no se aborden? ¿cuáles son las razones para que el CRIC no tenga una posición política clara frente al narcotráfico como la reclamó en su momento Sath Tama Kiwe?.

Ante estos y otros hechos, es obvio asumir que si las comunidades organizadas, el proceso como un todo incluidas sus autoridades a partir de mandatos asamblearios no asume con la guardia la defensa digna y consciente de sus territorios y lucha ancestral, el resultado inminente es la consolidación de la ocupación y reclutamiento a sangre y fuego de estos territorios y luchas por parte de actores armados al servicio del negocio y de la política integral del narcotráfico. Las preguntas que hacen y se hacen los Kiwe Thegnas no pueden ser ignoradas en esta hora de vida o muerte para una de las luchas más ejemplares, sabias y valientes de las y los hijos de la Madre Tierra. No es un Problema de indígenas en el Cauca. Si este proceso cae, ¿qué puede esperarse del resto del país? ¡Así No! ¡Ya Basta! Pueblos en Camino

 


 

El futuro de los Kiwe Thegnas frente al control territorial en el norte del Cauca

 

Con profundo dolor, tristeza, temor, indignación, preocupación e incertidumbre compartimos la palabra de Lxs Kiwe Thegnas de Huellas Caloto. Aquí preguntas concretas de las cuales depende la vida misma en los territorios

 

Se llevó a cabo la asamblea extraordinaria en el resguardo indígena de Huellas Caloto con los 7 disidentes de las FARC EP, columna móvil delincuencial Dagoberto Ramos, dando un veredicto final de: tres (3) disidentes condenados a patio prestado y cuatro (4) de ellos entregados a sus familias para que sigan matando guardias y autoridades.

 

Hoy surge una gran preocupación dentro del ejercicio de guardia indígena y nos hacemos las siguientes preguntas:

 

¿Cuál es el direccionamiento de nuestras autoridades a la guardia indígena frente a grupos armados?

 

¿Hay que dejar las armas para luego canjearlos con guardias y autoridades que detengan?

 

¿En dónde queda la muerte del gobernador Satwesx, EDWIN DAGUA IPIA, asesinado por el mismo grupo en el mismo resguardo?

 

¿Dónde queda la muerte de los 11 guardias asesinados y de la Autoridad Neejwesx Cristina Bautista?

 

¿Por qué no se destruyen las armas?

 

¿Será que están llegando a acuerdos con los delincuentes, mientras la guardia da su vida por un territorio libre de actores armados?

 

Hoy queremos hacer reflexión porque todo se ha convertido en protagonismo, hablan duro los mediadores políticos de control territorial pero ¿será que ellos son los que recorren el territorio o mandan a los más bobos a la guerra para que mueran por ellos?.

 

Lo argumentamos porque todas las acciones que se realizan en el marco del control territorial las realiza la guardia indígena pero no se les tiene en cuenta para nada, –les da lo mismo el guardia que piensa, que siente, que quiere, y que opina.

 

Hoy caímos en la estrategia del gobierno cuando decía que no había necesidad de gastar un tiro en un indígena porque ellos solos se acabarían, y hoy vemos que ese dicho se está haciendo realidad.

 

Hoy desde el posicionamiento del sentir y el actuar de la guardia indígena le decimos a los grupos armados que nuestra lucha continuará contra subestructura delincuencial, porque la muerte de nuestros compañeros guardia y nuestras autoridades no quedarán en vano. Si en verdad piensan en la defensa del pueblo, es hora que empiecen a reflexionar y a pensar si es conveniente seguirnos matando porque estamos dispuestos, nuestro territorio lo tiene que gobernar nuestras comunidades, NO los grupos armados así nuestros líderes continúen cargando sillas para el guadual a negociar.

 

Como guerreros milenarios NO estamos en contra de nuestras autoridades, al contrario los apoyamos y base sus orientaciones tratamos de llevar el control territorial, pero si estamos en contra del direccionamiento que les dan, hoy hablan duro los asesores, pero no son ellos los que enfrentan el control territorial.

 

A las comunidades y familias debemos sentarnos a reflexionar para ¿dónde va esta situación?

 

¿Quién estará ganando esta lucha milenaria?

 

¿La guardia, los grupos armados, la fuerza pública, ACIN, el CRIC, la ONIC? ¿O EL GOBIERNO?…… somos nosotros los que vivimos y sufrimos a diario la guerra, las muertes, amenazas y señalamientos, por lo tanto somos nosotros los que conjuntamente debemos plantear la ruta del buen vivir de nuestros hijos e hijas.

 

Somos guerreros milenarios”

Kiwe Thegnas Huellas Caloto

Junio 17 de 2020

Publicado enColombia
Las muertes de líderes sociales en Colombia durante el confinamiento

1.- La Paz y su Incertidumbre

El 26 de septiembre de 2016 se firmó oficialmente el Acuerdo de Paz entre una de las guerrillas más antiguas de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado Colombiano. No alcanzó el raitng de un partido de la selección de futbol, pero en los televisores, mucha gente siguió el evento entusiasmada, nostálgica. La ciudad de Cartagena de Indias fue sede de este primer momento para la Paz. Alrededor de cuatro años de intensas negociaciones en Oslo y La Habana culminaron en un hecho histórico que generó reacciones encontradas en el país del vallenato, la cumbia y la chirimía.

Recuerdo que el 2 de octubre de 2016, fecha del plebiscito nacional para consultar si el pueblo colombiano respaldaba la Paz, yo me encontraba en un Consejo Comunitario (jurisdicción Afrodescendiente en Colombia) del departamento del Cesar en la Costa caribeña. En ese momento visitaba a la familia de Campeón, apodo cariñoso con el que se le conocía a Nestor Martínez en su pueblo, quien varias veces me ofreció amablemente su casa; así pude conocer de cerca la realidad que viven los líderes sociales en la Costa. Ademas me compartió sus ideas profundas en torno a la lucha política, es decir, los sueños por defender su tierra, mientras escuchábamos la música de Diomedes Díaz, compartíamos el tinto mañanero o la viuda de pescado bocachico.

Su muerte no figura en el numeral de los muertos durante esta Paz enlutada, porque fue asesinado el 11 de septiembre de 2016, aunque sí forma parte de esa lista de líderes asesinados que, como una elipse infinita, pareciera no tener inicio ni fin en este país. Él era afrodescendiente y vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC).

A pesar del dolor por su muerte y el coraje por el nivel de impunidad e injusticia, o tal vez precisamente por ello, ese día, la familia de Campeón salió a votar por el Sí a la Paz. Así pasó prácticamente en todos los sectores rurales que vivieron y aún viven la guerra en sus territorios, en sus cuerpos. Sin embargo, al final de la jornada de este segundo momento, un contundente abstencionismo, y el triunfo del No, principalmente en las ciudades, se tradujeron en uno de los primeros golpes políticos al Acuerdo de Paz. La campaña mediática aplicada por los detractores del proceso de paz sustentada en mentiras y encabezada por el senador Álvaro Uribe Vélez del Centro Democrático (CD), días previos al ejercicio, cosechó sus primeros frutos.

2.- Los asesinatos en medio de la Paz

En esta esquina del planeta, Macondo, donde ahora vivo, hermoso rincón de mangos, yuca, malanga y platanares, Corazón del Mundo según los Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, las comunidades campesinas, pescadoras, afrodescendientes e indígenas, con su sabiduría y picardía ancestral, bromean, “maman gallo” como dicen acá, en referencia al partido político del actual presidente de Colombia: “ No joda, el CD es el partido de las tres mentiras porque ni es partido, tampoco es de centro y mucho menos es democrático; es la voz autoritaria de Uribe…”

Con el triunfo en 2018 de Iván Duque, fiel representante del uribismo y con la abierta decisión de “hacer trizas el Acuerdo de Paz”1, rápidamente se encendieron las alarmas en el seno del movimiento social en todo el país. La memoria viva de las décadas recientes, esa memoria de quienes han nacido, crecido y sobrevivido a la guerra en todo Colombia, no estaba equivocada en leer el destino próximo que se avecinaba; cual campesinos en víspera de siembra que avizoran en las cabañuelas del cielo, se pronosticó una sequía prolongada para el cultivo de la Paz.

El proyecto PACIFISTA!, medio de información alternativo enfocado en contenidos sobre los derechos humanos y la construcción de paz en Colombia, ha hecho esa tediosa,valiosa y nada sencilla tarea de dar seguimiento al asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP que se acogieron a los Acuerdos; lo viene haciendo juiciosamente desde el 1 de diciembre de 2016 fecha en que entró en vigor el tercer momento importante de los mismos, su implementación, es decir, dar paso a su materialización, hacer que la palabra firmada se hiciera realidad para todo el pueblo colombiano. Así, PACIFISTA! afirma que, paradójicamente, al día de hoy, suman 293 los colombianos y colombianas que en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Paz, han perdido la vida en este nueva era que prometía garantizar la vida y la felicidad.2

3.- La otra pandemia en Colombia

El 25 de marzo del presente año, marcó el inicio del confinamiento obligatorio en Colombia y sus efectos represivos ya han sido denunciados por víctimas de atropellos por parte de las fuerzas del Estado en plena cuarentena. Dos ejemplos bastan para evidenciar que las salidas autoritarias para enfrentar la pandemia resultan mal para los mismos de siempre, sobre todo en lugares del mundo donde la violencia estatal ha sido documentada. El caso del operativo de desalojo en Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar en la capital de país3, cinturón de miseria de la Nevera, como se le conoce popularmente a Bogotá, es sólo una muestra de las dramáticas historias de familias de escasos recursos que en plena contingencia sanitaria son desalojadas de sus viviendas; hechos que se replican en otros lugares de la capital. Y el caso denunciado de racismo registrado en el municipio de Puerto Tejada cerca de la ciudad de Cali, donde Anderson Arboleda, afrodescendiente de 24 años de edad, falleció el 22 de mayo luego de una brutal golpiza, a manos de la policía, por incumplir el confinamiento4.

La pandemia por el Coronavirus y la serie de decretos oficiales de cuarentena obligatoria emitidos por el gobierno de Colombia no han sido obstáculo para que los agravios en contra de la vida de mujeres y hombres que representan liderazgos sociales a lo largo y ancho de Colombia continúen perpetrándose. Por el contrario, las denuncias de amenazas y hechos de sangre demuestran que, dentro de este confinamiento obligatorio, las y los líderes sociales así como [email protected] defensor@s de derechos humanos se encuentran hoy más vulnerables a las agresiones en sus territorios por parte de nuevas formas de paramilitarismo – estructuras que siempre son negadas por el gobierno de Duque. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el confinamiento obligatorio, han sido asesinados y asesinadas: 49 líderes sociales y [email protected] de derechos humanos, 5 familiares de líderes sociales y [email protected] de derechos humanos; y 6 excombatientes de las FARC-EP.5

Desde antes de la coyuntura en torno al Covid 19, el gobierno colombiano venía negando la sistematicidad de los asesinatos en mención, declarando que no existe un patrón a seguir que pueda dar cuenta de un exterminio de líderes sociales en curso, la Ministra del Interior, Alicia Arango, interpelada por esta situación, se atrevió a señalar que en Colombia morían más gentes por robo de celular que defensores de derechos humanos.6

No obstante, un informe publicado en octubre de 2018 en Bogotá por el CINEP y el IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros organismos de derechos humanos7, concluye que “las víctimas presentan unas características comunes determinadas por sus cualidades y sus luchas” (CINEP, et. al., 2018:210) además de que “en general, las víctimas de violaciones al derecho a la vida llevaban a cabo ejercicios de poder contra-hegemónico en el ámbito local que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de grupos económicos, empresas o personas que son consideradas por el Estado y la sociedad como inscritos en la legalidad.”(Ídem:211)

4.- Edwin Acosta, asesinado durante el confinamiento obligatorio por defender la Vida y el Territorio

El pasado 26 de mayo, Edwin Emiro Acosta Ochoa, líder social y agrominero del Sur del Departamento de Bolívar, fue asesinado en su domicilio frente a su familia cuando cumplía la cuarentena en el municipio de Tiquisio. A su hogar, en el corregimiento de Mina Seca, tres paramilitares llegaron preguntando por él y abrieron fuego sobre el miembro de la Asociación Agrominera de Tiquisio y accionista de la Sociedad de Economía Mixta Ambiental Agropecuaria y Minera (SEMAAM). Al igual que Campeón, Edwin Acosta pensaba colectivamente y era parte de un proceso organizativo en territorio, de esos donde se enfrenta concretamente el modelo minero energético hegemónico, tal como lo señala el informe del CINEP antes citado; su Asociación y SEMAAM también forman parte de la CISBCSC. Cuál Crónica de una muerte anunciada, la SEMAAN venía denunciando, mucho antes del suceso, la presencia de grupos paramilitares en su territorio amedrentando y reclutando jóvenes de sus comunidades frente a la complacencia del Ejército Colombiano que también hace presencia en su territorio. Mientras se escribe este texto las denuncias continúan llegando no sólo de Tiquisio, sino de otros proceso colectivos que forman parte de la CISBCSC.8

La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), es un entramado de procesos organizativos que, cual chinchorro, tejen una red que desafía la realidad trágica que ha querido imponer el régimen económico neoliberal hegemónico. Entre sus pilares como organización se encuentran: el derecho a la vida digna y a la permanencia en el territorio; plantear la recuperación y el fortalecimiento de la economía campesina. La organización ha enfrentado directamente la megaminería, los monocultivos de palma aceitera (africana), la ganadería extensiva, el fracking y proyectos de infraestructura que privilegian el tránsito de mercancías por sobre el Río Magdalena y el complejo cenagoso de la región; también, ha reivindicado las identidades culturales como pescadores, agromineros, campesinos, afrodescendientes y la defensa y exigencia de sus derechos humanos. Su propósito inicial en el sur del departamento de Bolívar, se extendió al centro y sur del Cesar y hoy también congrega a organizaciones de familias pescadoras y campesinas ubicadas en municipios al sur de Magdalena y al sur del departamento de Norte de Santander. “Al paso que vamos tendremos que llamarla Comisión de los Sures”, dicen en las asambleas sus integrantes en alusión a este hecho. Todos estos procesos conviven y habitan un territorio que trasciende las fronteras jurisdiccionales trazadas por el estado colombiano y poseen una cultura compartida en un sancocho de identidades en lo que se denomina la región del Magdalena Medio.

Alfredo Molano Bravo, fue un intelectual que dedicó su vida a caminar las trochas campesinas recuperando la voz de protagonistas de experiencias concretas como las que describimos aquí y logró construir una de las mejores crónicas del Conflicto Armado en Colombia. En un reciente conversatorio virtual en su memoria, organizado por el departamento de Sociología de la Universidad Nacional, Gloria Inés Restrepo nos recordaba las herencias que él nos legó a quienes creemos que la sociología debe comprometerse y tomar partido como acto ético, estar al lado de los personajes que no hacen parte del Establecimiento, narrar esas pequeñas grandes historias de la gente que queda en el anonimato9. En medio de la avalancha de información que hoy satura nuestros dispositivos móviles y medios masivos de comunicación, se requiere una máquina contra el olvido como la de Cien años de soledad. Es urgente alzar la voz fuerte y contundente en torno a la doble invisibilización de la otra pandemia de Colombia, más añeja y con secuelas en la vida comunitaria de muchas más personas. Ninguna de estas muertes es aislada, tenemos que sacar del frío conteo estadístico esas historias que luchan por la vida en medio de la muerte; he aquí un humilde homenaje a Edwin Acosta, Nestor Martínez, los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra en el Cauca y los cientos de víctimas de este genocidio en ciernes.

1 NoticiasUnoColombia] (2017, Mayo 7), Fernando Londoño y Alejandro Ordóñez prometen volver trizas el acuerdo de paz [archivo de video) recuperado de https://youtu.be/vIRJK2d84-8

2 PACIFISTA!(2020). #NiUnMuertoMás. Colombia. Recuperado de https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/

3 Colombia Informa (2020).Altos de la Estancia: los desalojos no se detienen con la pandemia. Colombia. Recuperado de http://www.colombiainforma.info/altos-de-la-estancia-los-desalojos-no-se-detienen-con-la-pandemia/

4 BBC Mundo (2020). Anderson Arboleda: la muerte de un joven negro tras una presunta golpiza policial que desató un debate sobre el racismo en Colombia. Noticias América Latina. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52914249

5 Indepaz(2020) #PazAlLiderazgoSocial. Registro permanente desde el 1 de enero de 2020. Colombia. Recuperado de http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/

6 RT en Español (2020) “»Mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de DD.HH.»: La insólita comparación de la ministra de Interior de Colombia”. Recuperado de https://actualidad.rt.com/actualidad/344864-mueren-personas-robo-celulares-defensores

7 CINEP, IERPI-UN, et. al. (2018) ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuetrdo. Bogotá, Recuperado de https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/cuales-son-los-patrones-asesinatos-de-lideres-sociales-en-el-post-acuerdo/

8[1]CISBCSC(2020) “Acción urgente: inminente riesgo de masacre y desplazamiento masivo”. Comunicado de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, archivo PDF circulado por redes sociales, 2 de junio. Colombia.

9[1]Departamento de Sociología (2020) “Homenaje a Alfredo Molano Bravo”. Universidad Nacional de Colombia , Conversatorio virtual por Facebook Live, recuperado de https://www.facebook.com/DepartamentodeSociologiaUNAL/videos/305090303988322/

* Maestro en Desarrollo Rural, mexicano radicado en Colombia

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En repudio al racismo, miles de personas marcharon ayer en el centro de Atlanta convocadas por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color.Foto Ap

Cae el orgullo de ser estadunidense, según sondeo // Forense determina que el caso de Brooks fue homicidio

 

Nueva York. Comienza la cuarta semana de protestas por la violencia racista oficial en Estados Unidos nutrida por más casos de abusos de fuerza policiaca, lo que ha profundizado el debate sobre reformas y ha creado una emergente crisis dentro de las filas de seguridad pública, mientras –entre la pandemia del Covid-19 y la pandemia del racismo– los estadunidenses ya no están tan orgullosos de su país.

La jefa de la policía de Atlanta, Erika Shields –una reformadora–, entregó su renuncia horas después de que uno de sus policías asesinó a Rayshard Brooks, otro afroestadunidense, el viernes pasado. El servicio forense del condado donde se ubica esa ciudad determinó la noche del domingo que la muerte de Brooks fue homicidio causado por dos balazos que policías blancos le dieron por la espalda. El lunes, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, anunció una serie de reformas inmediatas sobre el uso de fuerza por policías.

Mientras, la Casa Blanca dejó saber que el presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva, posiblemente hoy, sobre el tema de abuso policiaco, pero reiterando su apoyo a "la ley y el orden", aunque obviamente procediendo bajo presión de la opinión pública que de manera mayoritaria apoya el grito masivo en las calles.

Por su parte, legisladores demócratas se preparan para aprobar en la Cámara de Representantes –donde tienen mayoría– un proyecto de ley que incluye una serie de reformas a la conducta policiaca, entre ellas mayor rendimiento de cuentas, pero es improbable que prospere en el Senado, bajo control republicano, y menos que sea promulgado en ley por el presidente.

El casi abanderado demócrata para la presidencia, Joe Biden, se encuentra bajo presión para anunciar propuestas más ambiciosas que su sugerencia de incrementar –justo contrario a una de las demandas de los manifestantes– el gasto federal para la policía por 300 millones de dólares para impulsar mayores controles.

En Nueva York, el comisionado de policía, Dermot Shea, anunció de manera sorpresiva que la unidad anticrimen violento compuesta por unos 600 agentes de policía y responsable de la mayoría de casos de uso de fuerza letal, será desmantelada.

Estas son sólo algunas de las promesas de reforma en respuesta a la ola de protestas que siguen sacudiendo al país, pero líderes de derechos civiles, historiadores y diversos protagonistas de este movimiento critican que este debate sobre reformas no es nuevo ni suficiente.

Como para ilustrar eso, en las últimas semanas y meses, jefes de varios departamentos de policía han sido despedidos o han renunciado, entre ellos, hace hace unos días, el de Louisville, Kentucky; y, en los últimos meses, en Chicago y Baltimore, entre otros, adonde llegaron para reformar esos departamentos después de severos abusos de fuerza e impunidad.

A su vez, algunos policías señalan que a veces ellos son los chivos expiatorios de los políticos que giran las órdenes que ellos cumplen, sólo para después ser acusados de abusos. “No nos traten como animales… Los legisladores nos han abandonado”, chilló Pat Lynch, jefe del gremio de policías en Nueva York hace unos días.

Ante esto, está creciendo el coro entre manifestantes con la nueva consigna de "desfinanciar a la policía" o hasta abolir los departamentos de policía para sustituirlos con otro tipo de protección de seguridad pública.

El concejo municipal de Minneapolis ya aprobó la medida de disolver su departamento de policía y en otras ciudades, incluidas Nueva York y Los Ángeles, se está contemplando reducir los presupuestos de la policía y trasladar esos fondos a programas sociales.

Críticos han señalado que esos presupuestos se han multiplicado en años recientes, junto con el sistema penal que encarcela a más gente que cualquier otro país del mundo, que se ha militarizado la policía con la compra de equipo de guerra y estrategias de "ocupación" de comunidades, mucho de ello justificado en las últimas dos décadas como parte de la lucha antiterrorista, y antes de eso como parte de la "guerra" contra las drogas.

El presupuesto del departamento de policía de Nueva York es de 6 mil millones de dólares, lo cual lo colocaría como el número 33 de los gastadores militares en el planeta, calculó Public Citizen.

A la vez, algunos están subrayando que la violencia policiaca es sólo una expresión del racismo sistémico en Estados Unidos, y que una solución tiene que abordar la violencia de las injusticias económicas y sociales contra minorías que prevalecen en el país.

“Nunca hemos sido testigos de manifestaciones sostenidas de estas dimensiones y tan diversas… eso es lo que le está dando mucha esperanza a la gente. Antes, muchos, en respuesta a la consigna ‘las vidas negras valen’, preguntaban ‘¿no deberíamos decir que todas las vidas valen?’ Pero finalmente están entendiendo que mientras la gente afroestadunidense es tratada de esta manera, mientras continúe la violencia del racismo tal como está, entonces nadie está seguro”, comentó la veterana luchadora de liberación afroestadunidense y derechos civiles Angela Davis en entrevista con The Guardian.

Quizá por todo esto, el "orgullo nacional" de los estadunidenses se desplomó a su nivel más bajo. Según la encuesta de Gallup, el nivel de orgullo de ser estadunidense sufrió un declive de 7 puntos a sólo un 63 por ciento comparado con el año pasado, para llegar a su nivel más bajo desde que la encuestadora empezó a registrar esta opinión en 2001.

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Sandra Cartasso

Valeria Carbone, especialista en estudios sobre la sociedad norteamericana

La historiadora explica las causas detrás del asesinato de George Floyd, repasa los acontecimientos que le sucedieron y analiza las contradicciones de la supuesta democracia norteamericana. El racismo estructural y sus desigualdades.

 

El 25 de mayo último George Floyd fue asesinado en el vecindario de Powderhorn, en la ciudad de Mineápolis, Minesota, Estados Unidos, a manos de un agente policial. En diálogo con Página/12, Valeria Carbone --historiadora, secretaria de redacción de la revista “Huellas de Estados Unidos: Estudios, perspectivas y debates desde América Latina” y autora de “Una historia del movimiento negro estadounidense en la era posderechos civiles (1968-1988)”--, analiza los últimos hechos en un país desigual, signado por la violencia institucional.

--En estos días fue George Floyd en Mineápolis, Minesota, como en 2014 fue Michael Brown en Ferguson, Missouri, y la lista sigue. ¿Cuánto de estructural y cíclico hay en estos sucesos de violencia policial?

--Lo que estamos viendo es bronca; no es solamente un reclamo, es bronca y frustración contenida. Es darse cuenta de que a pesar de que se salga a la calle, hay cosas que no van a cambiar. Creo que se combinan un montón de cuestiones diferentes; no hay cuestiones monocausales. Hay aspectos que tienen que ver con la sociedad norteamericana, que tiene un problema de racismo estructural innegable y un problema enorme de brutalidad y violencia policial. Ésta se ha visto acentuada en las últimas dos décadas, producto también de cuestiones contextuales que tienen que ver los ataques terroristas a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Ahí vimos una innegable militarización de las fuerzas de seguridad. Vemos a la policía en las calles con un nivel de militarización que no se condice con las protestas domésticas. Luego, si uno se remite a las protestas de la década del ‘60 y piensa en la reacción de la policía en ese momento, claramente la cosa no cambió. Hay un comportamiento estructural que tiene que ver con que la protesta social es en sí misma una manifestación en contra de cómo funciona un sistema. En estos momentos particulares vemos una suerte de conjunción o de convergencia de un episodio de violencia policial, con un alto componente de racismo, en un contexto de crisis económica y pandemia en donde además la gente que se manifiesta por cuestiones clasistas.

--¿Por qué clasistas?

--Porque lo de George Floyd no es solamente un problema racial. Se origina por la detención de un hombre que además de tener una determinada identidad racial tenía una determinada identidad de clase. Todo empieza porque supuestamente él trato de hacer pasar un billete de veinte dólares falso en un comercio. Y entonces surgen un montón de preguntas. Primero, si lo hizo sabiendo, pudo haber sido porque probablemente fuera el único dinero que tenía; segundo, la reacción del comerciante de llamar a la policía en vez de pedirle otro billete... Lo mismo sucede con la percepción de los saqueos y la violencia, que suceden en un contexto de crisis económica y de pandemia en la cual la gente no tiene trabajo, en donde los índices de desempleo aumentaron el doble en un mes, y en donde además la gente que se ve más afectada por el desempleo es al mismo tiempo la gente que ha estado más expuesta a la pandemia. Son los mismos colectivos de siempre, los afroestadounidenses y los latinos, que son los que siguen sosteniendo la economía. Entonces se genera un caldo de cultivo en el que estas protestas son cíclicas, porque esto pasa también cíclicamente, y explotó en un momento en el cual los episodios de violencia policial hacia los afroestadounidenses se venían sucediendo y viralizando.

--El Departamento de Seguridad Pública de Minnesota calificó a las protestas como una situación de “guerra urbana”. ¿Hay una intención de militarizar la crisis? ¿Es una manera de justificar políticas represivas y al mismo tiempo apuntalar a Donald Trump, a tan poco de las elecciones generales?

--Esto también es histórico. Si uno observa la década del ’60 --la referencia más clásica y que está surgiendo mucho en los medios--, esta forma de estigmatizar la protesta social cuando se torna violenta no es solamente en este caso particular. Es un clásico. Es una excusa para reprimir, por eso también el gobierno apela mucho a esta caracterización de la violencia. En este caso lo que se está viendo --sobre todo los últimos días, y acá es muy interesante también el rol que juegan las redes sociales--, es una narrativa particular. Ciertos medios masivos de comunicación ponen la lente en un solo lugar. Y cuando analizamos quién origina esa violencia vemos que es más complicado. Lo que se observa es que hay momentos en los cuales las protestas se tornan muy violentas pero, ¿por qué? Porque la policía lo incita, porque también las instituciones necesitan de esa narrativa.

--De alguna manera la política plantea y recurre a un círculo vicioso...

--Si el motivo de las protestas es la violencia policial, y la policía sigue respondiendo con represión, si los políticos se paran desde un lugar en el que aparentemente no pueden solucionar nada, a pesar de que son quienes dan las órdenes a la policía, ¿cómo se frena esto? Si en el contexto de protestas contra la violencia institucional y brutalidad policial las instituciones responden con violencia y brutalidad policial estamos en un círculo del que no podemos salir. A todo esto se suma un presidente como Donald Trump, que tiene un discurso incendiario, violento, y que apunta a que la respuesta a la protesta por represión y brutalidad policial sea más violencia y brutalidad policial.

--¿Cambió algo a partir de la presidencia de Barack Obama?

--Más allá de lo que uno pueda analizar del gobierno de Obama en cuestiones económicas y política exterior, la presidencia de Obama tuvo un impacto cultural como no había tenido ninguna otra presidencia por lo menos del siglo xx, del siglo XXI incluso, pero también me parece que pone la solución de un problema en un lugar complicado. Le estamos poniendo el problema de la solución del racismo a la víctima y no al victimario; ¿por qué pensamos que un presidente negro va a llegar a la Casa Blanca y que eso ya me va a implicar una solución, cuando los 43 presidentes anteriores no hicieron sino reforzar ese problema de racismo estructural? Algo semejante sucede ahora. Estamos poniendo el problema de la solución en los activistas o los militantes, suponiendo que tienen que ser pacíficos, en lugar de ver de dónde surge la violencia original. Es un clásico tornar el victimario en víctima y la víctima en victimario. Andrew Mark Cuomo, el gobernador de Nueva York y la estrella más reciente de la política norteamericana, días atrás decía que él estaba de acuerdo con las protestas, que el movimiento Black Lives Matter y que la gente que se está manifestando tienen razón en protestar.

--¿Pero?

--Pero quien tiene la prerrogativa para para hacer algo en función de las protestas y de lo que pasa a nivel de racismo estructural y de la militarización de las calles es el gobernador del Estado. Incluso, en el caso puntual de Nueva York, de resolver, en lugar de reforzar, lo que ha sucedido con el sistema del denominado complejo industrial carcelario, en el cual los afroestadounidenses y latinos tienen una proporción muchísimo mayor de terminar presos que otros sectores por el mismo delito. ¿Entonces, qué rol tienen los políticos, que hoy parece que se ponen por arriba? Y esto atraviesa a demócratas y republicanos. Parece que aceptan que hay un problema estructural pero la posición mayoritaria es que la situación es muy difícil de modificar. En este sentido, ¿qué puede hacer el colectivo afroestadounidense? Dicen que ya intentaron todo, que intentaron arrodillarse en los partidos de fútbol americano, intentaron componiendo canciones de rap, se pusieron remeras con hashtags, protestaron en forma pacífica... ¿Qué queda por hacer?

--¿Por qué habla de “racismo estructural”?

--Porque en Estados Unidos el racismo estructural es una forma de organización social. Ser negro en Estados Unidos está dado por un conjunto de estructuras sociales y económicas de subordinación racionalizadas y justificadas por una ideología de supremacía de la raza blanca. Históricamente, el significado de la realidad concreta de la raza fue un producto de la dominación de clase; al mismo tiempo que se inventa la raza blanca dominante se inventa la raza negra dominada; una no puede existir sin la otra. Pero al mismo tiempo, retomando una frase de un historiador norteamericano, para los afroestadounidenses la raza pasó a ser un lugar de resistencia. Creo que la sociedad se piensa en términos raciales, donde hay una raza blanca y una negra, y que fue eso lo que estructuró la sociedad no solamente en el período de la esclavitud sino en el período de la segregación racial, de una época de la que no estamos muy lejos. El período de la esclavitud fue seguido de un período de segregación racial. Entonces lo que vemos es que el sistema se reinventó a sí mismo, porque la idea es sostener esto, es que sobreviva a pesar de los cambios del sistema, porque probablemente las leyes no pueden fácilmente modificar comportamientos que están arraigados desde lo cultural. Después del fin legal de la segregación racial, mucha gente, e incluso muchos liberales y progresistas, se preguntaban en relación a la población afroestadounidense: “¿y ahora qué más quieren? Si ya tienen el derecho al voto, bueno, vayan y voten”. ¿Pero esto se solucionar con una votación?

--Y más a la luz de los candidatos presidenciales en vísperas de las elecciones de noviembre próximo...

--Joe Biden, el candidato demócrata, no necesariamente se ha caracterizado por ser una persona progresista. En la década del ‘60 se opuso a la integración educativa y a la integración racial en las escuelas. El mismo que hace unos días declaró que había que tirarles a las piernas... Además de todo esto, desde 1913 se están sancionando leyes que expresamente dificultan el ejercicio del derecho al voto y cuyas disposiciones atentan mayormente contra colectivos de minorías étnicas, raciales y de clase. Para votar en Texas, por ejemplo, antes alcanzaba con presentar el registro de conducir. Ahora es necesario sacar una tarjeta de identificación especial para votar; pero esa tarjeta se tramita en una ciudad que está a cinco horas de tu casa porque no hay otro centro para hacerlo; como si fuera poco, para sacarla hay pagar 200 dólares. Sí, votar podés, pero te meten estas disposiciones y entonces se entrecruza todo. Es un sistema que te da y te quita al mismo tiempo.

--Una de las hijas de George Floyd publicó en redes sociales que su padre había cambiado el mundo. ¿Cree que algo se modificará a partir de ahora?

--Estos hechos son cíclicos y recurrentes pero eso no significa que la protesta social no pueda cambiar las cosas. De hecho me parece que la situación en la que estamos ahora y el estallido también tienen que ver con eso. Esto es un detonante; no es otra cosa. Es un detonante de una cuestión cíclica, histórica, que tiene cuestiones estructurales detrás. Y creo que son estos momentos de quiebres en la historia los que marcan un cambio, que van a marcar un cambio. No creo que las cosas vayan a cambiar radicalmente pero hubo otros momentos en los cuales procesos de movilización extensos han cambiado las cosas. El Movimiento por los Derechos Civiles, por ejemplo. Entonces me parece que la protesta social es lo que hace cambiar el proceso histórico, más que las instituciones, porque es la gente la que demanda un cambio institucional en este caso. Y me parece que las cosas van a cambiar en tanto y en cuanto sigamos aceptando la validez de estas protestas. Me parece que los movimientos sociales existen para controlar a las instituciones y para exigirles a esas mismas instituciones que sigan sus procesos de cambio y de expansión de derechos. La historia de los negros en los Estados Unidos es una historia de lucha y resistencia; si no fuese por la lucha sostenida de este colectivo nada hubiese cambiado.

--En Estados Unidos, al igual que en muchos otros países, las minorías sufren el coronavirus de forma particular: tienen más probabilidades de perder su trabajo, más probabilidades de infectarse y un desarrollo más grave de la enfermedad. ¿Por qué?

--De alguna manera estamos hablando de lo mismo. Tenemos el dato y sabemos que son los más afectados por la pandemia y por la crisis económica. Ahora, ¿por qué? No es que se enfermen o se mueran más porque sean más biológicamente proclives sino que hay una cuestión de clase en el medio que los hace más proclives, porque son los que siguieron sosteniendo la economía, porque son las personas más empleadas en el sector servicios --y acá no solamente hablo de los afroestadounidenses sino también de los latinos en Estados Unidos, que son también los primeros en ser despedidos en cualquier escala jerárquica laboral. Y ahí me parece que hay una cuestión de clase y hay que empezar a preguntarse cómo se entrecruza todo esto. Hay que empezar a pensar el rol de las mujeres afroestadounidenses, que son las más afectadas en todo esto. Las mujeres afroestadounidenses representan uno de los sectores más empleados en el sector salud; un componente enorme de las enfermeras que trabajan en el sector salud pertenece a este grupo poblacional. Son los que están más expuestos porque son los que siguieron trabajando, porque los sectores en los cuales desempeñan sus funciones fueron los más afectados por la cuarentena y la pandemia. Y además tenemos estos polos explosivos de enfermedad, que son las cárceles, en donde los afroestadounidenses y los latinos son una amplia mayoría en relación a los índices poblacionales en general. Lo que hace de Floyd un caso particular es que, además, compendiaba un montón de estos problemas. Hace poco, cuando le hicieron la autopsia, se conoció que él además se había infectado de coronavirus antes de ser asesinado. Floyd es un símbolo de todo esto; una persona con problemas de empleo, que le había pasado algo particular por su situación de clase, que además había estado enferma, y que sufrió lo que sufren muchos afroestadounidenses en la calle. Y que los afroestadounidenses de clase baja también son más proclives a tener estos problemas, pero no quita que haya afroestadounidenses de otras clases sociales que no les pase esto. Creo que lo que está pasando ahora en Estados Unidos es que están explotando otra vez todas las contradicciones de la supuesta democracia norteamericana.

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