Domingo, 14 Junio 2020 06:33

La revuelta contra el Estado policial

Pintada en la Avenida 16, en las inmediaciones de la Casa Blanca, Washington DC / Foto: Afp, Tasos Katopodis

Reducir la Policía, el reclamo de las protestas estadounidenses.

Por más de dos décadas Estados Unidos multiplicó sus “fuerzas del orden”, las dotó de equipo militar y dio respuesta policíaca a casi cualquier problema social. Ahora, la combinación explosiva de pandemia, desempleo, racismo y brutalidad represiva reabre el debate sobre la reforma de la seguridad.

 

Desde Washington

La muerte de afroamericanos a manos de agentes policiales es un hecho repetido en Estados Unidos, y los juicios habitualmente concluyen con la exoneración de los encausados. Por ello, muchos de los participantes de la revuelta que por estos días estremece el país se mantienen enfocados en el enjuiciamiento de los cuatro policías involucrados en la muerte de George Floyd.

Pero la masificación inédita de las protestas ha instalado el debate sobre propuestas más generales y, en cierto modo, más radicales, que van desde la desfinanciación hasta la abolición de la Policía. Quienes proponen la abolición promueven una idea casi sin antecedentes y sin muchos detalles prácticos, que ahora es utilizada por Donald Trump para proclamar que los “extremistas” dejarán el país en manos de la delincuencia irrestricta.

La desfinanciación es una propuesta más detallada y consiste, básicamente, en reasignar los recursos que ahora se vuelcan en la Policía a distintos servicios sociales, para que se encarguen de problemas en los que la Policía no debería estar involucrada y, frecuentemente, sí lo está. Ese es muchas veces el caso de la delincuencia juvenil, la violencia doméstica y la drogadicción. Un fortalecimiento de los servicios de asistentes sociales, consejería psicológica, intervención en conflictos, tratamiento de los drogadictos, construcción de refugios y facilidades para adquirir viviendas quitaría a la Policía de situaciones en las que la prevención es más necesaria que la represión.

El reclamo ha sido recogido esta semana por el Consejo Municipal de Mineápolis, que el domingo 7 prometió desmantelar el actual Departamento de Policía de la ciudad. El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, se oponía hasta la semana pasada a considerar un redireccionamiento de los fondos de los uniformados bajo su mando. Tras la permanencia de las protestas en la calle, anunció que, pensándolo bien, ahora sí está dispuesto a hacerlo. Algo similar dijo a comienzos de mes su par de Los Ángeles, Eric Garcetti, que prometió un recorte de 150 millones de dólares al gasto policial de su ciudad.

LA POLICIALIZACIÓN. 

En Estados Unidos hay casi 18 mil agencias policiales. Desde la del municipio o condado hasta las de cada uno de los 50 estados, más distritos federales y otros territorios, más las federales, como el conocido Buró Federal de Investigaciones (Fbi), y los contingentes policiales que trabajan para una maraña de agencias del gobierno federal.

Desde los ataques terroristas en setiembre de 2001, la policialización de la sociedad estadounidense ha crecido a razón de unos 2.500 agentes añadidos cada año. Tan sólo del lado civil del gobierno federal hay unos 132 mil agentes policiales, mientras que las unidades de investigación y Policía militar incluyen unos 2 mil agentes en la fuerza aérea, 1.200 en la Policía naval, 900 agentes en la división criminal del Ejército y más 40 mil miembros de la Guardia Costera, una fuerza que opera como Policía en los ríos, lagos y océanos del país.

A todo ello puede sumarse la multiplicación y presencia ubicua de las cámaras de seguridad, que nos vigilan a todos en sitios públicos y de otros. Y la proliferación de los vigilantes privados, que, con uniformes parapoliciales, custodian los bancos, tiendas, centros comerciales, escuelas y universidades, y los que sin uniforme sirven de guardaespaldas armados de quienes pueden pagarlos.

LA MILICALIZACIÓN DE LA POLICIALIZACIÓN. 

En 1990 el Congreso aprobó el Programa 1033 del Departamento de Defensa. El Pentágono ha distribuido a través de él y entre las Policías de todo el país excedentes de equipos militares que incluyen tanquetas blindadas, transportes de personal diseñados y fabricados para resistir minas en Afganistán o Irak, fusiles de asalto, uniformes y cascos de combate, y millones de balas.

Entre 1997 y 2014 –fechas de los datos disponibles más recientes– el Pentágono distribuyó pertrechos por 5.100 millones de dólares a unas 8 mil agencias policiales. Casi un tercio de los equipos era material nuevo, y el ramo de transferencia más común fue la munición. Hasta setiembre de 2014 las Policías de más de 20 distritos escolares habían recibido material militar mediante el Programa 1033.

Casi dos décadas de intervenciones continuadas en Afganistán, Irak y otros escenarios en todo el planeta han dejado 2,7 millones de veteranos y veteranas de guerra. Muchos de ellos, al retornar a Estados Unidos, a veces después de varias asignaciones en teatros bélicos, hallan empleo en las agencias policiales o en las compañías de vigilancia privadas. Y algunos pocos encuentran su hogar en las milicias de supremacía blanca, o entre los paramilitares que se aprestan para sobrevivir al colapso de la civilización.

Estos ingredientes han sazonado la labor de la Policía en Estados Unidos y la han hecho propensa al uso de la fuerza excesiva, al despliegue de armamento, chalecos antibala, cascos, y guantes y rodilleras de combate. Las comisarías se han convertido en minifortalezas rodeadas de muros, y dentro de ellas los agentes, apartados de la comunidad, aguardan la llamada para salir en incursión por los barrios donde ellos no viven y donde la población los ve como extraños.

COPSDurante los últimos 32 años, una de las series de más alta audiencia televisiva en Estados Unidos ha sido Cops. Esta semana, cuando apenas se han apagado las fogatas y millones de estadounidenses claman por cambios radicales en la Policía, Paramount anunció que no reanudará el show, como estaba programado para el 15 de junio.

 

Cops y sus imitaciones han mostrado miles de intervenciones policiales en casos de drogas, violencia doméstica, robos, prostitución, tráfico humano, homicidios y todo tipo de malandrería. Los agentes policiales, con bala en la recámara de pistolas y fusiles, revientan puertas y ventanas, irrumpen en residencias de sospechosos, esposan gente, apabullan y arrastran o golpean a los detenidos, particularmente de noche y en medio de ladridos de perros policía.

Como, en general, la criminalidad de los pobres coincide con que estos son en su mayoría negros o latinos, las escenas del reality show abundan en redadas, allanamientos y capturas de negros o latinos, sin que poco o nunca se vea a los estafadores, a los financistas que vacían cajas de ahorro, a los inversionistas de malabarismos bancarios o a los ejecutivos de empresas que las han llevado a la bancarrota.

La cadena Fox, que en años recientes se ha convertido en una máquina de propaganda del presidente, Donald Trump, inicia cada noche su informativo con cuatro o cinco noticias de crímenes que, sorpresa, habitualmente ocurren en los “barrios malos” y entre “gente de color”. Arraigada en el racismo de siglos y regada con la abundancia de estas escenas, en la mente de los estadounidenses que no viven en esos barrios se ha nutrido la asociación entre “negro” o “latino” y “crimen”, acompañada por la noción de que contra esos “elementos” se justifica el uso de una fuerza policial abrumadora, estremecedora, aplastante.

CRIMEN Y CASTIGO. 

Los índices de delitos contra la propiedad en Estados Unidos han estado disminuyendo desde 1990, al igual que la tasa de homicidios cometidos por afroamericanos. Pero desde 1971, cuando el entonces presidente, Richard Nixon, lanzó una “guerra contra las drogas”, la población de cárceles y prisiones federales, estatales y de condado subió de unas 400 mil personas a más de 2,3 millones.

Con el 5 por ciento de la población mundial, Estados Unidos tiene ahora el 25 por ciento de la población carcelaria mundial. A esto ha contribuido un fenómeno complementario al crecimiento y expansión de la Policía: las leyes sobre sentencias y el funcionamiento de los tribunales. Desde 1993, un número creciente de estados ha adoptado leyes que estipulan sentencias mínimas identificadas por la expresión “three strikes you’re out”, que viene del béisbol y significa más o menos “la tercera es la vencida”. Bajo estas leyes, los jueces están obligados a imponer las penas máximas a quienes reincidan tres veces en delitos similares, aun cuando se trate de delitos no violentos. Una de cada cinco personas tras las rejas está allí por delitos de droga no violentos.

En Estados Unidos, cuando una persona es detenida, la fiscalía habitualmente la encausa por más de un delito, desde los menores hasta los de más gravedad que puedan encontrarse. Con los tribunales sobrecargados de trabajo, los encausados que son más pobres y no pueden pagar una defensa eficaz en general reciben el consejo de la defensoría de oficio de que se declaren culpables del delito que acarrea la sentencia más baja. Cumplida la sentencia, miles, millones de personas –¡oh, sorpresa!, en su mayoría negros, latinos y pobres– salen de prisión con las lecciones que allí se aprenden y con un historial criminal que saldrá a luz cuando luego busquen empleo.

Los blancos son el 64 por ciento de la población de Estados Unidos, pero son el 30 por ciento de los reclusos en cárceles y prisiones. Los negros son el 12 por ciento de los estadounidenses y los latinos, el 16, pero son el 33 y el 23 por ciento de los enrejados, respectivamente.

COYUNTURA. 

La pandemia de covid-19, el índice de desempleo más alto desde la Gran Depresión de la década de 1930 y la muerte de un afroamericano bajo la rodilla de un policía blanco levantaron en todo el país protestas sin precedentes. No sólo por el número de manifestantes, sino por la concurrencia masiva de latinos y blancos a lo que, hasta ahora, había sido mayormente una queja de los negros.

La revuelta ha estremecido al Estado policial, especialmente después de que Trump sacó a la calle contingentes sin identificación de sus unidades y destacamentos de la Guardia Nacional y el Ejército federal. Las protestas han llevado a las autoridades de varias ciudades y estados a prohibir, de inmediato, el uso del chokehold, una técnica que consiste en el estrangulamiento controlado del detenido, que le impide respirar y, según como se aplique, también obstruye el flujo de sangre al cerebro.

La crisis también ha puesto en el debate nacional el papel que desempeñan los gremios de policías, cuyos contratos estipulan que los prontuarios de agentes que cometan infracciones se mantengan reservados. De esa manera, los abusadores siguen empleados o, en ausencia de un registro nacional de antecedentes, los despedidos de una agencia policial pueden encontrar empleo en otras.

Los gremios y la Orden Fraternal de la Policía –una especie de cofradía que es la mayor asociación de agentes policiales del mundo– defienden, además, la noción de “inmunidad calificada”. Básicamente, esta es una doctrina legal en la que tú no puedes demandar a un agente por comportamiento irregular, a menos que otro tribunal de la misma zona del país haya tratado un caso estrictamente idéntico al tuyo y haya dictaminado que la acción policial fue ilegal.

El jefe de la Policía de Mineápolis, Medaria Arradondo, en línea con lo prometido por el Consejo Municipal, anunció este miércoles 10 la cancelación de negociaciones con el gremio policial de la ciudad donde murió George Floyd. Pero los sindicatos policiales de otras ciudades –que suelen recibir cuantiosas donaciones para defender a agentes acusados de abusos– han salido a anunciar que contratarán a los policías ahora sancionados por los abusos ocurridos durante las protestas.

La reforma policial de Camden

En el debate de estos días ha surgido como prueba de laboratorio lo ocurrido en Camden, una ciudad de unos 77 mil habitantes en el estado de Nueva Jersey. Allí, en 2012, la tasa de homicidios era de 87 por cada 100 mil residentes, esto es, un 50 por ciento mayor que la tasa de homicidios en Baltimore (Maryland), que es la más alta entre las de las ciudades grandes del país.

Ahora bien, el año pasado la tasa de homicidios en Camden fue casi dos tercios más baja que en 2012. El primer paso en la reforma realizada allí consistió en la disolución del gremio policial mediante el desbande de la fuerza en 2013. Por entonces, gracias al convenio colectivo, el costo anual promedio del agente policial era de 182.168 dólares, lo que permitía a la ciudad emplear apenas a 175 policías.

Con el despido de todos los policías antes agremiados y la recontratación de muchos de ellos como empleados del condado, el costo promedio por agente bajó a 99.605 dólares. En un par de años, la fuerza policial creció a más de 400 agentes, es decir, poco más de 50 por cada 10 mil residentes, lo que es casi el triple del promedio nacional en ciudades de tamaño similar. Se invirtieron recursos en la instrucción de los policías, el establecimiento claro de normas para el manejo de conflictos y los protocolos de toma de responsabilidades que antes estaban vedados por el convenio colectivo.

Otro aspecto de la reforma en Camden fue una función policial más vinculada a los barrios, a las comunidades. Se apostó a la participación de la ciudadanía en la prevención o manejo de los delitos menores, en sustitución de una intervención de la fuerza para cualquier problema secundario

Por Jorge A. Bañales

12 junio, 2020

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¿Cuál es la razón de la presencia abierta de tropas de los Estados Unidos en Colombia?

En un anuncio dado, no por el gobierno colombiano sino por la embajada de EEUU, nos enteramos de la presencia de tropas de élite gringas en el país, supuestamente para apoyar en la lucha antidrogas. El 1 de junio llegó al país una misión de 53 militares que integran una brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), para apoyar labores de "lucha contra el narcotráfico" que se "centrarán principalmente" en las "Zonas Futuro". 

Surgen, entonces, variadas hipótesis e interrogantes acerca del por qué y el para qué de su presencia. La tan promocionada y fracasada guerra contra las drogas ¿qué intereses esconde? Y en esa guerra, ¿cuál es el enemigo real? ¿Esta decisión del gobierno colombiano permite un ahondamiento de la narcotización de las relaciones bilaterales?, ¿se relaciona este envío de tropas con el mutuo interés de EE.UU y Colombia con respecto a Venezuela?

Ricardo Vargas, investigador independiente, analista del tema de drogas, nos compartió su análisis crítico sobre la presencia de las tropas norteamericanas en Colombia. Pedro Arenas, investigador y dirigente social, nos explicó y brindó un panorama más amplio de la situación que viven los campesinos, como sus líderes defensores de derechos humanos, en medio de los operativos de erradicación forzada y violenta, en estos días de cuarentena. Y Alirio Uribe, abogado del colectivo CAJAR describió con detalle la tutela interpuesta para frenar una consulta malintencionada por parte del gobierno, que pretende lograr la aspersión con glifosato sin la debida participación de las comunidades afectadas. Alirio Uribe también habló sobre lo decidido por el Juzgado segundo administrativo de Pasto en relación a esta tutela.

Vea el informe ¿Cuál es la razón de la presencia abierta de tropas de los Estados Unidos en Colombia?, en la segunda emisión del informativo La vacuna, un antídoto contra la desinformación.

https://www.youtube.com/watch?v=qxjgtqjOx04&t=182s

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Coctel peligroso: implicaciones territoriales de la pandemia.

Grandes ríos de tinta han corrido para caracterizar los distintos impactos del covid-19 en el contexto colombiano. Sin embargo, estos escritos, aunque desarrollan en parte el problema pierden de vista que no solo se trata de las consecuencias en la esfera económica sino de las implicaciones territoriales de la pandemia en un contexto de violencia y aparente consolidación de un proceso de paz.

En un esfuerzo de desnaturalizar la violencia, romper con el ciclo de indiferencia e ignorancia, organizaciones como la FIP y Codhes han realizado estudios para ilustrar en qué términos llega la pandemia a los territorios PDET, en los cuales aún se viven dinámicas de conflicto y construcción de paz en medio de la emergencia sanitaria.

En los informes se demuestra que en los territorios ha crecido la violencia: se ha incrementado el asesinato de líderes sociales y desplazados[1].

Parece ser que la situación ha empeorado. Según la FIP, el impacto humanitario se incrementa, al aumentarse el desplazamiento forzado, en municipios PDET este aumento corresponde al 25% y en los municipios PNIS es de 56%. (Juan Carlos Garzón Vergara, Prada et al., 2020, p. 9) Algunos grupos armados ilegales han dado tregua a sus acciones criminales, mientras otros las han diversificado. Este es el caso del ELN. (ELN, 2020)

Por otro lado, los líderes sociales o el motor de la paz territorial, en términos de Carolina Naranjo Escobar se encuentran hoy por hoy en mayor riesgo[2]. Al respecto la FIB menciona que factores de riesgo como la restricción de movilidad, vuelta a rutina aumenta la posibilidad de predecir su ubicación, y, por tanto, su vulnerabilidad[3].

Aquellos más afectados por el covid-19 son las poblaciones más vulnerables, pues la oportuna decisión de las autoridades y la capacidad del sistema de salud es deficiente. El sistema de salud colombiano no tiene la capacidad para proveer con el servicio a todo el territorio.

Lo anterior se evidencia en la amazonica[4], Tumaco, dur del Tolima, Buenaventura, Costa Caribe donde la infraestructura hospitalaria es precaria, falta de seguridad alimentaria, la pobreza y los derechos de acceso a agua potable para consumo y riego de pancoger no están garantizados sobre todo en los dos últimos.(Codhes, 2020) Asimismo, el covid-19, desplazó a la virtualidad y en un segundo plano proyectos relativos a la implementación de paz en los territorios que están ralentizados. [5]

A pesar de que se trate del mismo virus, este afecta de forma diferenciada. Las implicaciones de la pandemia son distintas en las zonas más integradas por la globalización que en las periferias donde la infraestructura hospitalaria es precaria. De ahí que los eventos catastróficos del covid-19 puedan intensificarse en los territorios.

Así pues, puede afirmarse que la pandemia no ha construido problemas de la nada, en cambio, ha revelado que el avance en términos de paz como lo señala el instituto Kroc es un avance formal más no real o material. Con el covid-19 quedan en evidencia las vulnerabilidades, inequidades y desigualdad que persiste en los territorios. La paz se tambalea y la reparación colectiva no ha llegado. Así, en los territorios está concurriendo: violencia, miseria y pandemia.

 

[1] Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), en el 2020, en Chocó y Nariño: 944 personas que pertenecen al Consejo Comunitario El Progreso han tenido que desplazarse

[2] El clan del golfo amenazó el pasado 17 de marzo a los líderes de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), en Tumaco. (CODHES, 2020)

[3] “al menos el 60% de los asesinatos de líderes en 2019 ocurrieron en sus viviendas o en las inmediaciones de ellas” (Juan Carlos Garzón Vergara, Prada et al., 2020, p. 10)

[4] “Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las comunidades de 178 de los 775 resguardos del país —que suman 85.000 familias— están en riesgo debido a la pandemia” (Cárdenas & Montoya, 2020)

[5] Entre los espacios que se han suspendido debido al COVID-19, son:Foro Plan de Desarrollo, Taller elaboración y creación de proyectos con mujeres victimas, Escuela de Género, Escuela de Construcción de Paz (GIZ), Comités de Veedurías PDET, Mesa de diálogo y saberes de Sujetos de Reparación Colectiva(CODHES, 2020)

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La falta de regulación internacional sobre el material antidisturbios fomenta abusos como los de EEUU

"Las armas menos letales no están muy reguladas a nivel nacional e internacional y eso las convierte en un muy buen negocio para los productores y muy fácil de adquirir en grandes cantidades", señalan desde Amnistía Internacional 

 

Justin Howell, de 20 años, participaba en una manifestación en Austin, Texas, cuando la policía disparó sus escopetas del calibre 12 modificadas para descargar pequeños sacos de tela rellenos de perdigones. Uno de aquellos saquitos le dio en la cabeza. Cayó al suelo. Un grupo de manifestantes lo levantó y lo intentó llevar hacia los agentes para pedir ayuda. Delante del todo, una médica voluntaria con los brazos en alto intenta abrir camino y llamar la atención de la policía. La ven, pero responden con una nueva ráfaga de disparos. Howell está grave. Tiene una fractura en el cráneo y daño cerebral.

Las protestas contra el racismo de EEUU están dejando varias imágenes polémicas sobre la utilización del material antidisturbios. Este armamento se ha cobrado varias víctimas mortales por todo el mundo, pero la falta de regulación nacional e internacional ha fomentado su uso y abuso en muchos países. Un día antes del incidente de Howell, Brad Ayala, de 16 años, estaba alejado de la multitud manifestante en la misma ciudad cuando cayó desplomado tras recibir el impacto en la cabeza de las escopetas policiales. También tiene fractura de cráneo y daño cerebral.

"Las armas menos letales [conocidas hace años como armas no letales] no están muy controladas. No hay mucha regulación a nivel nacional e internacional. Eso lo convierte en un muy buen negocio para los productores y muy fácil de adquirir en grandes cantidades para las fuerzas de seguridad sin el escrutinio de las organizaciones de derechos humanos", sostiene Ara Marcen Naval, exdirectora adjunta de control de armas y derechos humanos de Amnistía Internacional en una reciente investigación de la organización sobre el uso del gas lacrimógeno.

La organización Physicians for Human Rights sostiene en uno de sus informes (2018) que "mientras el armamento antidisturbios puede teóricamente ofrecer una opción de uso reducido de la fuerza, en la práctica –y quizá por la suposición de que son siempre menos letales–, a menudo se utilizan las armas de una forma indiscriminada y sin haber gastado primero el resto de opciones pacíficas". "Esto se debe, en gran parte, a la falta de pruebas antes de su uso, a una formación insuficiente, a la falta de regulaciones y a mecanismos pobres de rendición de cuentas".

Isabel Mendoza, portavoz del equipo de comercio de armas de Amnistía Internacional recuerda que el uso del gas lacrimógeno está prohibido en conflictos armados, pero que se permite a nivel interno por parte de las fuerzas de seguridad: "Por eso creemos que debe haber una clara limitación o restricción sobre su uso".

En las protestas de EEUU de estos días también se ha visto un abuso del gas lacrimógeno y ciudades como Seattle han prohibido su uso durante los próximos 30 días tras hacerse público que se utilizaron para disolver manifestaciones pacíficas.

En Filadelfia, los agentes utilizaron botes de gas lacrimógeno contra los manifestantes que estaban bloqueando la autopista. Una vez que estos quedaron atrapados y sin salida en lo alto de una colina, la policía siguió disparando.

"El primer paso que necesitamos es una clasificación clara de estos instrumentos como armas y eso tendría que estar estandarizado en todos los tipos de intercambios comerciales", sostiene en la investigación de Amnistía Internacional Anna Feigenbaum, autora del libro ‘Gas lacrimógeno: de los campos de batalla de la Primera guerra Mundial a las calles de hoy’. "También debería haber un requisito legal de etiquetar todos los botes de gas lacrimógeno no solo con el lugar de procedencia, sino también con los ingredientes y componentes. Es una regulación básica para la comida y no hay ninguna razón para que no sea una regulación en las armas menos letales", añade.

Marcen Naval opta por "poner un sistema de licencias que vigile cómo se utilizan estas armas, de modo que cuando haya ejemplos de que se han utilizado para graves violaciones de derechos humanos, que se suspenda esa transacción". "Cuando hay un país que utiliza las armas para dispersar manifestaciones pacíficas, pedimos a los Estados productores que paralicen ese comercio de forma inmediata", añade. Isabel mENDOZA

"Hay un creciente consenso entre expertos legales de que algunos usos del gas lacrimógeno pueden constituir actos de tortura o maltrato", señala la investigación de Amnistía Internacional, la cual ha detectado 80 casos de uso indebido del gas en 22 países diferentes. "Amnistía ha documentado numerosos casos de grave dolor y sufrimiento causado por el gas, así como situaciones en las que su uso es claramente punitivo. Con esto en mente, nuestra conclusión es que en estas instancias el uso del gas lacrimógeno constituye tortura bajo la legislación internacional", añade.

Los relatores especiales de la ONU sobre los derechos de reunión y asociación pacífica, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y sobre ejecuciones sumarias, arbitrarias o extrajudiciales advirtieron este miércoles en un comunicado que "disparar gases lacrimógenos y golpear a manifestantes pacíficos no los silencia, solo reafirma la urgencia de la lucha por la reforma policial y justicia racial en EEUU". El texto señala que hay "centenares de vídeos" que ponen de manifiesto "el uso injustificado por parte de la policía de porras, gases lacrimógenos y pelotas de goma para dispersar a manifestantes pacíficos".

"Desafortunadamente, los mecanismos internacionales no han seguido el ritmo del rápido desarrollo de las tecnologías y técnicas antidisturbios. Los estándares internacionales que abordan este uso de armamento son muy limitados y no hay limitaciones sobre el tipo de armas que se puede utilizar en manifestaciones o sobre la producción y comercio de las armas antidisturbios", señala el informe de 2018 de Physicians for Human Rights (PHR). No ha sido hasta este año que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) ha publicado una guía con recomendaciones sobre el uso de armas menos letales en la policía.

"La falta de regulaciones se ve exacerbada por los estándares poco desarrollados sobre cómo controlar las protestas; como aislar pequeños grupos violentos sin recurrir al uso de la fuerza indiscriminada; cómo prevenir la escalada y la confrontación entre los manifestantes y la policía; y cómo mitigar cualquier daño o perjuicio cuando es necesario usar la fuerza", añade el informe de PHR.

En su guía, la OHCHR recuerda: "El armamento menos letal y equipamiento relacionado también puede matar o provocar heridas graves, especialmente cuando no se utilizan por personal formado de acuerdo con las especificaciones, los principios generales del uso de la fuerza o de acuerdo con la legislación de derechos humanos". "Además, muertes extrajudiciales y actos de tortura u otras formas de castigo cruel, inhumano o degradante han sido perpetrados utilizando armas menos letales y algunos equipos relacionados", añade el organismo de la ONU.

Por Javier Biosca Azcoiti

11/06/2020 - 22:15h

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Los combatientes leales al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) de Libia. / EFE /EPA/STR

El desarrollo del conflicto libio está experimentando en los últimos días un vuelco por ahora limitado. Pese al avance del Ejército de Trípoli y sus mercenarios, ninguna de las dos partes parece estar en posición de controlar todo el país, lo que pone en el horizonte una partición que sería un mal menor para los contendientes y para las potencias regionales y mundiales implicadas.

 

En Libia se está cociendo otra guerra innecesaria en la que están implicadas las potencias regionales y mundiales. El Gobierno de Trípoli, de orientación islamista, y las milicias de Khalifa Haftar combaten por el dominio del país, pero ya no por el control de todo el país sino por el control de solo una parte del país, más exactamente combaten por su partición.

Después de una cadena de derrotas seguidas, el pasado sábado Haftar visitó de urgencia en El Cairo al presidente Abdel Fattah al Sisi, quien lanzó una propuesta de alto el fuego que debía haber comenzado el lunes, aunque lógicamente fue rechazada por el Gobierno de Trípoli puesto que sus tropas estaban avanzando rápidamente hacia el este.

Si hasta hace apenas unos días, las milicias de Haftar parecían estar a punto de ocupar Trípoli, hoy el horizonte de la guerra parece distinto gracias a la ayuda militar de Turquía, que se ha hecho decisiva y ha cambiado las expectativas de las dos partes, aunque a estas alturas no sabemos si está tendencia se mantendrá durante mucho tiempo. La propuesta de tregua de Al Sisi muestra cierta debilidad de Haftar, que hasta el sábado, desde su regreso a Libia en 2014, nunca había dado señales de buscar un compromiso.

Algunos analistas se preguntan si Egipto y/o Rusia, dos países que apoyan a Haftar, van a meterse directamente en el conflicto. Otros países que están en la misma trinchera son los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, que combaten el islam político allí donde surge. Con todo ese gran apoyo económico y militar es difícil entender cómo el Ejército de Trípoli ha sido capaz de dar un vuelco a la situación sobre el terreno.

Egipto está interesado en que en el país vecino no reine el islamismo. Al Sisi dio en 2013 un golpe de estado justamente para apartar a los Hermanos Musulmanes y no es cuestión de que ahora los Hermanos Musulmanes pasen a controlar Libia y el islam político cuente con una base segura a su lado. Esta circunstancia hace pensar a algunos analistas que si el Ejército de Trípoli sigue avanzando hacia la frontera con Egipto, Al Sisi dará luz verde a la aviación para detenerlo.

El problema de Rusia

Los rusos, por su parte, están metidos en un buen lío. Han enviado a Libia apoyo militar, en su mayor parte mercenarios sirios que han reclutado con el visto bueno del presidente Bashar al Asad, quien en principio no tendría nada que hacer en Libia, pero que no puede negar ese favor a los rusos ni a los Emiratos Árabes Unidos, el país que financia a los mercenarios y que al parecer está proporcionando ayuda económica a Damasco.

Por lo tanto, la pintoresca coalición que lucha contra el Gobierno de Trípoli apoyado por los turcos incluye a Rusia, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Siria e Israel, a través de los Emiratos Árabes Unidos, sin contar con el apoyo político, y seguramente más allá de político, que Haftar recibe de otros países occidentales como Francia.

En Rusia se reveló recientemente que su implicación está avalada por el ministerio de Defensa pero no por Exteriores. En Exteriores, con muy buen criterio, piensan que es una aventura que puede volverse contra Moscú, pero de momento quien lleva la batuta es Defensa. Aparentemente, los intereses de Moscú pasan por evitar el triunfo del islam político, por meter un pie en Libia como ya lo hizo en Siria y por participar en la explotación del petróleo libio.
¿Compensan esos intereses para que Rusia incremente su presencia en Libia? A esta pregunta tratan de responder en Moscú estos días. Hay analistas que sostienen que probablemente Rusia tirará adelante, aunque se trataría de una jugada arriesgada a medio y largo plazo.

En este contexto, el objetivo inmediato del ejército de Trípoli es conquistar la ciudad de Sirte, situada casi 400 kilómetros al este de Trípoli, en una zona rica en petróleo. Sin embargo, parece muy difícil que el ejército de Trípoli continúe avanzando mucho más hacia el este. En este escenario lo más probable es que el país quede dividido en dos partes, una para Trípoli, el oeste, y otra para Haftar, el este.

Una partición de este tipo no sería negativa para los intereses de Occidente ni para los intereses de la coalición árabe "moderada", puesto que el grueso de la riqueza petrolera seguiría en manos de Haftar, de 76 años y excolaborador de la CIA. Es decir, el Gobierno islamista de Trípoli no tendría unos ingresos holgados, lo que limitaría su eficacia considerablemente, así como su influencia en el norte de África, es decir sería débil e inestable.

Con la división de Libia saldrían ganando todas las potencias regionales y mundiales, o como mínimo sería un mal menor para ellas, de ahí que no se deba descartar tal escenario. La visita que el sábado realizó Haftar a El Cairo y la propuesta de un alto el fuego para esta semana, que de momento no se está observando, casan perfectamente con la hipótesis de la división.

Este martes la oficina del presidente Recep Tayyip Erdogan ha dado cuenta de una conversación telefónica con el presidente Donald Trump en la que ambos han alcanzado varios acuerdos en lo tocante a Libia. Aunque no se ha hecho público el contenido de la conversación, es posible que en los próximos días se aclaren las circunstancias de la guerra y la dirección que seguirá.

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Lunes, 08 Junio 2020 06:46

La rodilla

La rodilla

Hay violencia abierta, visible, palpable. Hay violencia que se ejerce de muchas maneras, soterradamente. Las formas y los niveles de violencia conforman todo un inmenso catálogo histórico, social, humano, político. No es lo mismo presenciarla que saber de ella, sea por relatos o imágenes; el grado de impresión que provocan es distinto. No es lo mismo imaginar el objeto de la violencia que verlo. No es igual el resultado que el proceso de cómo se perpetró el acto violento, saber cómo es que eso ocurrió.

No puede haber candidez alguna con respecto a los actos, los dichos, las actitudes violentas. Eso lo sabemos bien en México (desde Tijuana irradiando por todo el mapa) durante mucho tiempo y sin menguar.

El hecho concreto que hoy convoca a la protesta a millares de personas por todas partes, el hecho comprobable, es que la rodilla del oficial de la policía de Minneapolis estaba encima del cuello de George Floyd, que había sido esposado anteriormente y sometido con exceso de fuerza y saña, indefenso. Murió ahí mismo. El hecho es que otros tres oficiales asistieron de algún modo en el asesinato: omisos, diligentes, al parecer convencidos de que eso es lo que debe hacerse a un hombre como Floyd. Esa es hoy la imagen icónica de los excesos de la fuerza policial. La de Floyd es la imagen de un racismo incrustado en el tuétano de esa sociedad. No fue el único hecho ocurrido durante los días recientes que quedó grabado. Son muchos. Así fue el empujón a un hombre durante una protesta reprimida en Búfalo (Nueva York), que provocó la rotura de la cabeza. Es otra pieza maestra de la violencia y la soberbia ejercida oficialmente.

La violencia tiene muchas caras. La que involucra el abuso físico impresiona de manera particular. Son muy diversos sus significados, pero los hechos son contundentes. A menudo como individuos y como sociedad nos acomodamos ante un hecho violento, al igual que a su abundancia, tal vez por la impotencia que provocan. Lejos de acostumbrarnos a ella la asimilamos de alguna manera para poder eludirla. Deja marcas. El acomodo es sólo un remedio incompleto, únicamente escapamos temporalmente, pues sabemos bien que la violencia está ahí con su efecto demoledor que se acumula. El caso del joven asesinado en Guadalajara, tras haber sido detenido por la policía, es uno más de la misma serie de Floyd. En México no somos bisoños en cuanto a violencia se refiere.

En el caso de Estados Unidos se advierte, como no podía ser de otro modo, que la violencia verbal no para en lo que se dice, sino que tiene un impacto concreto en los hechos. El discurso de Trump durante años, desde la campaña a la presidencia, tiene un efecto real de confrontación. Lo ha promovido a sabiendas de lo que ocasiona, que su base de apoyo lo celebra y ese es su objetivo principal.

Un rasgo de ese discurso violento, de los desplantes que lo acompañan y que en estos días de protestas se han multiplicado, es que sus declaraciones no paran, embisten contra todo y todos los que le estorban. No escucha, pues para eso se necesita silencio, elemento del que carece como hombre y político. Lo que hace, la provocación que alienta como método, representa una real crisis del lenguaje, que se diferencia radicalmente de un lenguaje de la crisis que envuelve a su país y al resto del mundo.

El conflicto que ha abierto con las fuerzas armadas apunta al campo constitucional. Al mismo tiempo, se exhibe la naturaleza represiva del poder concentrado en las policías y sus organizaciones, que rebasa a las autoridades electas y que el presidente parece ni siquiera cuestionar. Ley y orden es la respuesta que da, más fuerza de contención ante la gente que protesta en la calle (con los provocadores y oportunistas que siempre los acompañan como un virus social). Y luego la foto fuera de la iglesia episcopal de San Juan; el arrogante lenguaje del poder.

El poder del lenguaje es un elemento clave en el quehacer político y la conformación de una sociedad. Hay un tipo de congruencia entre la forma del lenguaje –qué, cómo y cuándo se dice– y el tipo del cuerpo político que se establece. Desde el lado conservador, Joseph de Maistre plantea explícitamente esa relación ( Las veladas de San Petersburgo, 1821) y Orwell lo hace en sus obras apuntando cómo se descomponen el individuo y la nación en su conjunto cuando se tiñe el lenguaje y se planta como el núcleo de una ideología determinada y del sistema político.

Trump no inventó el racismo y la discriminación. Tampoco a la derecha alternativa que se ha extendido por su país ni la brutal represión policiaca, pero ciertamente nunca las ha confrontado directamente y mucho menos las ha condenado. Las usa en su favor groseramente. Para eso ha contado con el respaldo en bloque y disciplinado del otrora partido de Abraham Lincoln, creado en 1854, opuesto a la extensión de la esclavitud.

Cuántas veces se ha repetido esto en la historia, de uno y otro lado de las concepciones ideológicas y las prácticas políticas. Ningún lenguaje político es inocuo, pero sí los hay de distinta naturaleza. Sobre esto no caben demasiadas ilusiones, sólo un acercamiento pragmático y cauteloso.

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Lunes, 08 Junio 2020 06:31

En el precipicio

Manifestantes en la calle 42, cerca de Times Square, en Nueva York, en repudio al asesinato del afroestadunidense George Floyd en Minnesota.Foto Afp

Estados Unidos está en el precipicio entre lo que se llama democracia y algún tipo de estado autoritario con tintes fascistas. Eso advierten generales y almirantes, ex altos funcionarios, líderes religiosos, figuras públicas e intelectuales progresistas y conservadores, un coro que tal vez no comparte otra cosa más que la necesidad urgente de sonar la alarma.

La ola de protesta más amplia jamás vista en la historia de Estados Unidos (según algunos cálculos) es en el fondo una defensa de los principios democráticos fundamentales que podría llevar –esperan muchos– al rescate de este país.

Pero la respuesta de la Casa Blanca y sus aliados amenazando con el uso de tropas militares para reprimir a ciudadanos estadunidenses ejerciendo sus derechos constitucionales provocó un estado de alerta sobre el futuro inmediato de la democracia en este país. Cinco generales –dos de ellos ex integrantes del gobierno de Trump (el ex secretario de Defensa James Mattis y el ex jefe de gabinete John Kelly), otros dos que fueron jefes del Estado Mayor (Martin Dempsey y Colin Powell, quien también fue secretario de Estado con George W. Bush), un ex comandante de la guerra en Afganistán y de la OTAN (John Allen) y un almirante también ex jefe del Estado Mayor (Mike Mullen) han expresado que el actual comandante en jefe está amenazando a la Constitución y a la democracia.

El ex general de cuatro estrellas de los marines Allen escribió: "podríamos estar viendo el inicio del fin del experimento estadunidense", pero las protestas podrán ser lo que rescate al país con un cambio que "tiene que venir desde abajo".

Bill Moyers, el venerado periodista veterano, escribió esta semana que Trump está tomando un camino bien conocido por historiadores de Alemania e Italia en los años 30 y, ofreciendo una lista de avances en esa misma dirección por el presidente, advierte que "el hombre en la Casa Blanca ha dado todos los pasos necesarios para lograr el sueño de dominación de un déspota. ¿Puede ocurrir aquí? Está sucediendo aquí. La democracia en Estados Unidos ha sido una serie de escapes en el último momento. Podría ser que se nos está acabando la suerte, y nadie va a venir a salvarnos. Para eso, sólo contamos con nosotros mismos".

Noam Chomsky señaló recientemente que el gobierno de Trump está guiado con una “máxima… que fue articulada más elocuentemente por un general de Franco en 1936: ‘abajo con la inteligencia. ¡Viva la muerte!’” al abordar múltiples crisis como la pandemia, el cambio climático y ahora la ola de protestas. Al comentar sobre si Trump podría intentar recurrir a la mentira de un fraude electoral para mantenerse en el poder, Chomsky indicó que "ya están promoviendo esa estafa de manera enérgica, y no por primera vez. Saben que tienen un partido minoritario y que tienen que recurrir al engaño y fraude para mantener poder político" y que "no se puede descartar" el uso del poder extraoficial, como una "milicia" para mantenerse en el puesto. Señaló que, con la estructura antidemocrática del sistema electoral, una minoría blanca puede mantener control, y "no está fuera de las posibilidades de que en manos de Trump, esta crisis inminente podría estallar muy pronto". A la vez, Chomsky subrayó que las protestas no sólo están buscando un cambio en el comportamiento policiaco, sino de las instituciones sociales y económicas del país, y cuentan con un apoyo mayoritario notable entre el público.

Cornel West, el filósofo político y profesor en Princeton y Harvard, coincide con estos diagnósticos, pero señala que "la respuesta multirracial al asesinato policiaco de George Floyd que ahora se está virtiendo en una resistencia política al saqueo legalizado de la avaricia de Wall Street, el despojo del planeta y la degradación de mujeres y los gays significa que aún estamos luchando a pesar de todo. Si la democracia radical muere en Estados Unidos, que se diga que hicimos todo con todo contra las botas del fascismo estadunidense que intentaron aplastar nuestros cuellos".

El país está en un precipicio.

https://youtu.be/ZVHOqrw3Jks

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Un manifestante de 75 años cae al suelo después de ser empujado por la policía de Buffalo, imagen cortesía de la estación de televisión National Public Radio y tomadas por Mike Desmond.Foto Afp

Nueva York., Las vidas negras valen y sin justicia no habrá paz fueron las consignas que retumbaron en la boca de cientos de miles de manifestantes de costa a costa este sábado al continuar un levantamiento civil que a lo largo de 12 días ha estado presente en 50 estados y más de 600 localidades y que ha obligado a Donald Trump a instalar un nuevo muro alrededor de su casa.

En Nueva York hubo más de una docena de marchas, una de ellas fue encabezada por maestros que caminaron desde el sur de Manhattan a Washington Square, para ahí fusionarse con otras –una se nombró La marcha por los sueños robados y las vidas saqueadas– para proceder en un flujo incesante por toda la ciudad.

En Filadelfia, decenas de miles se congregaron alrededor del Museo de Arte (las escalinatas hechas famosas en la película Rocky) y otras partes del centro de la ciudad llamada cuna de la democracia estadunidense.

En Seattle, una marcha encabezada por trabajadores de la salud llevaban pancartas en las que se leía: El racismo es una emergencia de salud pública. Este sector se ha solidarizado con la protesta en varias ciudades del país en días recientes. En Brooklyn, el viernes en la noche, una trabajadora de emergencia en una ambulancia tomó el micrófono del vehículo para trasmitir su mensaje de apoyo a los manifestantes que pasaban por esas calles: “salgan todos los días, estamos haciendo el cambio… mantengámonos unidos –lo tenemos que hacer ¡chingá!– las vidas negras valen” [https://twitter.com/scottheins/ status/1268701444607270917].

La clase política, desde legisladores federales y locales hasta alcaldes se sumaron. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, marchó con los manifestantes y declaró en referencia a Donald Trump: Hoy decimos que no, en noviembre decimos el que sigue.

En Filadelfia se repitió algo cada vez más frecuente en varias ciudades: el alcalde Jim Kenny y la jefa de la policía Danielle Outlaw se hincaron (el gesto de solidaridad con el movimiento contra la brutalidad policiaca y la violencia racial).

Sin embargo, en días recientes, en Filadelfia y en decenas de ciudades –incluyendo Nueva York y Los Ángeles– supuestamente en manos de gobiernos municipales liberales, se registraron múltiples incidentes de violencia policiaca contra manifestantes e incluso periodistas. Aunque algunos uniformados han sido suspendidos y otros cesados, la gran mayoría sigue impune.

En Buffalo se hizo viral el video de dos policías tumbando a un activista de 75 años, quien sangraba sobre el pavimento mientras pasaban otros oficiales y fue llevado a un hospital; fueron suspendidos dos agentes, pero 57 de sus colegas renunciaron en protesta a la unidad antimotines a la que todos pertenecían.

Sin embargo, la violenta represión contra los manifestantes sirve para demostrar qué tan enraizado está el problema, y nutre una nueva demanda por todo el país: reducir de manera dramática el gasto en la policía y por el fin a la impunidad oficial.

Los protagonistas en esta ola de protestas no son los políticos ni tampoco viejos líderes sociales –veteranos de la lucha por los derechos civiles–, sino una nueva generación de activistas, algunos marchando por primera vez, y sus aliados provenientes de diversos movimientos, desde ambientalistas hasta sindicalistas progresistas (el gremio de enfermeras, por ejemplo), entre otros.

Las marchas de ayer fueron más grandes que nunca en varias ciudades y estuvieron marcadas por la ira colectiva contra la violencia racista como por la celebración del surgimiento de este movimiento. Algunos bailaban al avanzar, otros ponían música en bocinas portátiles, sirviendo de DJ’s para la multitud. Se escuchó rap, soul, rock y a veces los coros eran masivos. También hubo viejos himnos de las luchas de derechos civiles, como el icónico We shall overcome.

A lo largo del día se compartieron reportes de manifestaciones, algunas fueron las más grandes en tiempos recientes, de diferentes puntos del país, de Jersey City a Atlanta, de Denver a Chicago, pero aún más notables son las protestas en ciudades más pequeñas y hasta pueblos alrededor del país, incluso en algunos donde no hay minorías, reportan algunos medios.

Figuras del mundo de las artes y cultura, junto con los del deporte profesional se han sumado a las marchas y/o expresado su apoyo. Gregg Popovich, el técnico del equipo de basquetbol los Spurs de San Antonio –al que ha llevado a cinco campeonatos– declaró que lo que todos vieron en el caso de George Floyd, un afroestadunidense muerto por policías blancos en Minneapolis hace 12 días, fue un linchamiento y estoy avergonzado como persona blanca de saber que eso puede ocurrir, y llamó a la lucha antirracista para rescatar a este país.

Mientras tanto, la campaña electoral de Trump envió hoy un correo electrónico a sus bases solicitando firmar una petición: “Nuestra bella bandera estadunidense debería ser respetada y cualquiera que piense otra cosa es sencillamente antiestadunidense. El presidente Trump desea enviar un mensaje a la izquierda de que protestar contra la bandera estadunidense es absolutamente inaceptable….”

La Guardia Nacional informó que más de 43 mil integrantes en 34 estados y en la capital están apoyando a fuerzas de seguridad pública en lo que llama disturbios civiles (civil unrest) actuales.

Ese disturbio o agitación o revuelta civil expresado durante los últimos 12 días son tal vez las protestas más amplias en la historia de Estados Unidos, según algunos cálculos iniciales, con acciones registradas en más de 600 ciudades en los 50 estados y la capital del país, reportó el Washington Post.

Por David Brooks

 


Pese al Covid-19, marchan en ciudades de todo el mundo contra el racismo

Afp, Ap, Sputnik y Notimex

París. En ciudades de todo el mundo cientos de miles de manifestantes exigieron ayer, nuevamente, poner fin al racismo y justicia para el afroestadunidense George Floyd. Más de 23 mil 300 personas marcharon ayer en la capital francesa contra la violencia policial.

La mayor manifestación se celebró en París, donde salieron a las calles unas 5 mil 500 personas, mientras la concentración en Lyon contó con más de 5 mil participantes. Otra protesta masiva, de unas 2 mil personas, tuvo lugar en Lillle. Hubo concentraciones menores en las ciudades de Metz, Rennes, Poitiers y Nancy.

En Australia decenas de miles de personas se manifestaron, desafiando el llamado del gobierno a quedarse en casa por la crisis sanitaria en el país. Sin embargo, grupos de indígenas australianos sostienen que han hecho suya la indignación por el asesinato de Floyd, pues más de 400 miembros de sus comunidades han muerto a manos de la policía en los pasados 30 años.

En frente a la catedral de Christchurch, en la capital de Nueva Zelanda, miles de personas se reunieron para presenciar una masiva puesta en escena de la danza tradicional maorí haka, hecha en honor a Floyd. La danza tradicionalmente se usaba en el campo de batalla, pero con el tiempo se ha vuelto una muestra feroz del orgullo y la unidad del pueblo neozelandés.

En el Reino Unido se registró una manifestación ante el Parlamento. Luego de varias horas de manifestación pacífica, incidentes se presentaron al final de la jornada alrededor de Downing Street, en el centro de Londres. Botellas fueron lanzadas contra la policía, que trató de dispersar a los manifestantes.

El Reino Unido no es inocente, exclamaron los manifestantes. Como en la capital británica, fueron muchos los manifestantes en Mánchester que salieron a la calle para terminar con el racismo, que es una pandemia. Debido a las medidas de confinamiento por el Covid-19, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, había pedido el viernes no manifestarse.

En Alemania unas 10 mil personas se reunieron en silencio en la famosa Alexanderplatz, la mayoría de ellas vestidas de negro y con máscaras. El silencio blanco es violencia, coreaban.

Los jugadores del Bayern Múnich, el líder del campeonato de Alemania, realizaron este sábado el calentamiento con una camiseta con la inscripción Tarjeta roja al racismo - BlackLiveMatters, antes del partido en campo del Bayer Leverkusen.

En Lieja, este de Bélgica, 700 personas hicieron caso omiso a la prohibición y participaron en una marcha contra el racismo, según la policía.

En Varsovia participaron mil personas, muchos de ellos jóvenes vestidos de negro, y el candidato de la izquierda a la presidencial, Robert Biedron, usando mascarilla se unió a ellos.

 

Corresponsal

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Palestinos escapan del gas lacrimógeno disparado por soldados israelíes en la aldea cisjordana de Qusin durante una protesta contra la iniciativa de Trump sobre Oriente Medio y el plan de Israel de anexar partes de Cisjordania. Foto Ap

Tulkarem. Grupos de palestinos se manifestaron ayer en varias ciudades de Cisjordania ocupada para protestar contra el proyecto israelí de anexión de zonas de ese territorio. Decenas de personas se congregaron en Tulkarem, en el norte de Cisjordania, con banderas palestinas, gritando lemas contra la colonización israelí y el proyecto de anexión.

El ejército israelí disparó granadas ensordecedoras y gases lacrimógenos para impedirles acercarse hasta uno de los pasos fronterizos bajo vigilancia militar.

"Esta marcha muestra nuestro rechazo ante cualquier proyecto de anexión. Esta es nuestra tierra y la defenderemos con todos los poderes y la energía a nuestro alcance", afirmó Iyad Jarada, secretario general del partido Fatah en Tulkarem.

Cerca de Tubas, también en el norte de Cisjordania, un manifestante resultó herido en la cabeza por una bala de goma del ejército israelí, según la Media Luna Roja.

También se produjeron concentraciones en Naplusa y Qalqilyah, en Ramalá y Jericó, en el valle del Jordán, que Israel quiere anexar. En Hebrón, los centenares que se manifestaron lanzaron gritos contra Israel y Estados Unidos.

El nuevo gobierno de unión israelí presentará a partir del 1° de julio una estrategia para aplicar el plan del gobierno estadunidense para Oriente Medio, que allana el camino para la anexión por parte de Israel del valle del Jordán y las colonias en Cisjordania ocupada.

Más de 450 mil israelíes viven en colonias consideradas ilegales según el derecho internacional en Cisjordania, donde viven 2.7 millones de palestinos.

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Viernes, 05 Junio 2020 06:37

El movimiento popular resiste al narco

El movimiento popular resiste al narco

En la delegación Iztapalapa (Ciudad de México) la Comunidad Habitacional Acapatzingo, donde viven 596 familias, viene siendo acosada por personas armadas que se autodefinen como "colombianos". Se trata de uno de los movimientos populares que desde hace décadas lucha por la vivienda, con ocho núcleos en la ciudad que pertenecen a la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente (OPFVII).

Las agresiones e intimidaciones comenzaron a mediados de abril, esgrimiendo armas de fuego ante la guardia vecinal que controla el ingreso a la comunidad. “El viernes 22 de mayo –relatan referentes de la comunidad– dos sujetos que bajan de un coche le dicen a la guardia que en los próximos días vendrán a entregar sobres, como primer y último aviso, que contendrán sus demandas e instrucciones y que la comunidad tendría que acatarlas en un plazo máximo de 72 horas”.

Al día siguiente llegaron los sobres, pero la guardia en acuerdo con la comunidad, procedió a destruirlos sin conocer su contenido. "La asamblea por la tarde-noche de ese mismo día, decidió hacer frente a las amenazas reforzando las guardias en todos los turnos y tomando otras acciones en caso de que la comunidad fuera atacada", sigue el relato de los miembros del Consejo General de Representantes de la comunidad.

Entre las decisiones de la asamblea general, con más de 500 participantes, figura reforzar las guardias, resguardar incluso las azoteas, realizar rondines permanentes por las calles y andadores, reforzar los dos accesos principales de la comunidad además de aumentar la cantidad de personas que participan en la guardia rotativa y la realización de fogatas en diferentes puntos. "Las demás comunidades de la organización se encuentran alertas y preparadas para acudir y actuar en caso necesario", aseguran.

Hasta aquí, un breve resumen de los hechos. Creo que necesitamos debatir, en toda América Latina, los modos de enfrentar al narcotráfico, además de profundizar en su comprensión.

Desde hace varios años sostengo que el negocio de las drogas es una forma más de acumulación por despojo y que las élites económicas del mundo se comportan cada vez más como narcotraficantes (https://bit.ly/2zYR6Pc). Además el narco es uno de los modos utilizados por la clase dominante para controlar y disciplinar a los movimientos populares.

Son los pueblos organizados los que pueden enfrentar y poner límites al narco, algo que los estados ni desean ni pueden hacer, en este periodo debacle y colapso de las instituciones del sistema.

En primer lugar, tenemos antecedentes de cómo una sólida organización popular ha conseguido detener el ingreso de fuerzas depredadoras a los territorios de los pueblos. Las rondas campesinas peruanas impidieron que los ladrones de ganado impusieran su ley a cientos de comunidades para, más adelante, ponerle límites a las multinacionales de la minería, frenando su actividad.

Algo similar puede decirse de la Guardia Indígena nasa del Cauca colombiano, capaz de recuperar comuneros secuestrados por grupos armados; del pueblo organizado de Cherán que expulsó a los talamontes y del EZLN que ha impedido que narcos y paramilitares impongan su ley en los territorios zapatistas.

El caso de las ciudades es, ciertamente, más complejo. Son el eslabón fuerte de la cadena de dominación del capitalismo, donde se asientan los poderes centrales del Estado y resultan el espacio más fácil de controlar para las instituciones armadas, legales o no. Sin embargo, la experiencia de la Comunidad Acapatzingo, conocida como La Polvorilla, puede darnos pistas sobre cómo encarar el desafío de los armados.

Lo decisivo es una sólida organización. En este barrio autoconstruido de unas 4 mil personas, cada familia pertenece a un sector donde funciona una brigada. Existen diversas comisiones, siendo en estos momentos las más importantes la de salud y la de vigilancia, siendo ocho comisiones en total, incluyendo educación y comunicación.

Las decisiones importantes las toma la asamblea general, pero funciona un Consejo General de Representantes con responsables de las 28 brigadas en que se divide el barrio, que se reúne cada semana. Para que la organización sea sólida, no alcanza con una asamblea trimestral o mensual, como suelen hacer las organizaciones populares más activas. Es necesaria una red de espacios que gestionen la vida cotidiana, desde salud y educación hasta deporte, cultura y mantenimiento.

En Acapatzingo han construido dos huertas, espacios de salud y de formación. Hasta los niños y las niñas están organizados y tienen sus propias actividades, incluyendo un boletín informativo. Durante la pandemia instalaron comedores en los ocho espacios habitados y extreman las medidas de protección con amplia participación comunitaria. El autogobierno colectivo es la clave para la formación de vínculos comunitarios, los únicos capaces de defender la autonomía territorial de los de abajo y, de ese modo, enfrentar al narcotráfico.

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