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El jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de EE.UU., Mark Milley.JONATHAN ERNST / Reuters

El general Mark Milley sugirió durante una audiencia ante el Congreso estadounidense que "el presidente está considerando un enfoque mucho más amplio" que el suyo.

El oficial de más alto rango del Pentágono afirmó este jueves que Rusia y China representan las "mayores amenazas" para EE.UU., un día después de que el presidente Joe Biden asegurara que los líderes militares de su país le informaron de que el cambio climático estaba en el primer lugar.

Durante una audiencia en el Congreso, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, respondió a la pregunta de un senador sobre su opinión respecto a las recientes declaraciones del mandatario, realizadas en su visita al Reino Unido.

"El cambio climático tiene un impacto, pero el presidente está considerando un enfoque mucho más amplio que el mío. Yo lo veo desde un punto de vista estrictamente militar. Y desde un punto de vista estrictamente militar, estoy poniendo a China y Rusia por encima", señaló Milley.

El pasado miércoles, dirigiéndose a las tropas estadounidenses en una base británica, Biden recordó una antigua discusión que tuvo con altos funcionarios del Pentágono. "Esto no es una broma. ¿Saben cuál es la mayor amenaza a la que se enfrenta Estados Unidos, según los jefes de Estado Mayor? El calentamiento global", aseveró el mandatario.

Sin embargo, aclaró que dicha conversación tuvo lugar poco después de que él se convirtiera en vicepresidente durante la Administración de Barack Obama, lo que significa que en ese momento había mandos militares diferentes.

En todo caso, el pronunciamiento de Biden desató una serie de cuestionamientos, a los que se sumó el expresidente Donald Trump. "Biden acaba de decir que el Estado Mayor Conjunto le dijo que el cambio climático es nuestra mayor amenaza. Si ese es el caso, y realmente dijeron esto, debería despedirlos inmediatamente por incompetentes", arremetió Trump.

A pesar de restar importancia al cambio climático, el general Milley reconoció que esta problemática no deja de ser una "amenaza" y que incluso podría tener un "impacto significativo en las operaciones militares".

Publicado: 11 jun 2021

Una pancarta con la frase "Aceptamos el bitcóin, libre, rápido y sin contagios" en una cafetería en una playa, La Libertad, El Salvador, el 25 de abril de 2021Jose Cabezas / Reuters

El presidente salvadoreño anunció este sábado que planea convertir a su país en el primer Estado en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal en su territorio.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enumeró este domingo las ventajas de la vida en El Salvador, un día después de anunciar sus planes para convertir a su país en el primer Estado en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal en su territorio.

Como primer punto en la lista, el mandatario mencionó "buen tiempo, playas para hacer surf de clase mundial, propiedades frente a la playa en venta". Además, destacó a través de su cuenta en Twitter que El Salvador es "uno de los pocos países en el mundo sin impuestos a la propiedad".

Otros dos puntos en la lista están relacionados con la intención de las autoridades de usar al bitcóin como moneda de curso legal. De esta manera, Bukele reiteró que no habrá "impuestos sobre la ganancia de capital para el bitcóin", ya que será una moneda legal en el país, mientras los criptoemprendedores podrán contar con "la residencia permanente inmediata".

El presidente señaló este sábado que la próxima semana enviará al Congreso un proyecto de ley para darle al bitcóin un nuevo estatus. "A corto plazo, esto generará empleos y ayudará a proporcionar la inclusión financiera de miles [de personas] fuera de la economía formal", indicó.

Publicado: 7 jun 2021 01:32 GMT

Sábado, 22 Mayo 2021 05:57

Gaza, entre el dolor y el triunfo

Gaza, entre el dolor y el triunfo

Los palestinos buscaron sus muertos y festejaron una victoria

Más de 1800 viviendas destruidas, más de 17 mil dañadas y esfuerzos por encontrar personas vivas entre los escombros.

 

A las dos de la mañana de este viernes entró en vigor el alto al fuego que devolvió una relativa calma a la Franja de Gaza y a Israel. Miles de palestinos festejaron el anuncio y el fin de los bombardeos israelíes en las calles Gaza. Durante el día no hubo aviones de combate ni alerta de cohetes, mientras continuaron los esfuerzos por encontrar personas entre los escombros de los últimos once días, aunque los choques entre la policía israelí y palestinos continuaron.

Cerca de las 11 de la mañana Israel reabrió el paso de Kerem Shalom para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja. El paso había permanecido cerrado durante todo el conflicto. Desde el viernes llegaron medicinas, equipamiento médico y comida a través del cruce Kerem Shalom.

El ministerio de Salud de Gaza informó el viernes por la noche que el número de muertos llegó a 248, 66 de ellos niños, y 1948 heridos. Según informó el diario israelí Haaretz, el viernes también encontraron el cuerpo de un niño entre los escombros de la ciudad de Gaza. Además, identificaron los cuerpos de nueve miembros del ala militar de Hamas en un túnel que había sido bombardeado.

Los habitantes de Gaza aprovecharon el alto al fuego para recorrer las calles de la ciudad, inspeccionar los daños y sus casas, muchas devastadas por los bombardeos israelíes. "Ha sido una verdadera guerra, aterradora, durante 11 días. Ni nosotros ni los niños pudimos dormir a causa de los bombardeos. Estamos muy felices tras el alto al fuego", declaró Mohamad Abu Odeh, un palestino de la Franja de Gaza.

Desde el ministerio de Vivienda y Obra Pública de Gaza informaron que más de 1.800 viviendas fueron destruidas y más de 17 mil dañadas, que resulta en pérdidas económicas de unos 350 millones de dólares. Además, detallaron que cinco torres fueron demolidas y 74 edificios quedaron reducidos a escombros.

Los enfrentamientos nuevos fueron registrados en la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén Este, el sector palestino de la Ciudad Santa ocupado por Israel. Allí informaron sobre nuevos choques entre la policía israelí y palestinos, donde también un fotógrafo de la AFP fue golpeado por la policía. Según fuentes oficiales palestinas, quince personas resultaron heridas producto de disparos de balas de goma y gases lacrimógenos utilizados por la policía israelí contra los palestinos.

En Cisjordania miles de palestinos realizaron protestas en las ciudades de Belén, Hebrón Y Nablus. Decenas resultaron heridos en enfrentamientos con el ejército israelí. Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, se trató de demostraciones de solidaridad con los palestinos en Gaza y en oposición a las políticas colonialistas de Israel. Otros incidentes estallaron en barrios de Jerusalén Este y en el paso fronterizo de Qalandiya entre Jerusalén y la Cisjordania ocupada, explicó la policía.

22 de mayo de 2021

Amnistía Internacional insta a EE.UU. a suspender venta de armas y equipo a Colombia porque son usadas para "reprimir las protestas"

La organización no gubernamental documentó que las fuerzas de seguridad colombianas emplearon el lanzador múltiple de proyectiles Venom contra manifestantes.

La organización Amnistía Internacional (AI) instó al Gobierno estadounidense a suspender inmediatamente la venta directa e indirecta de armas, equipo y tecnología a Colombia, debido a que han sido utilizadas por la fuerza pública para reprimir a ciudadanos durante las protestas sociales que iniciaron hace tres semanas en el país latinoamericano. 

"El papel de Estados Unidos en alimentar los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es indignante", expresó en un comunicado de prensa Philippe Nassif, director de promoción de la oficina de Amnistía Internacional en EE.UU.

La organización pidió al secretario de Estado, Antony Blinken, que el Gobierno de Joe Biden "cese de inmediato el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta de equipo" que ha sido utilizado para reprimir las protestas.

Esta exigencia hace referencia al fin del suministro de armamento, equipo y asistencia con Colombia, hasta que las fuerzas de seguridad "cumplan plenamente con el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza" y los abusos de los uniformados sean investigados "de manera independiente e imparcial".

La lista incluye la prohibición de las siguientes herramientas:

  • Escopetas, armas pequeñas y municiones.
  • Gas lacrimógeno y proyectiles antidisturbios.
  • Vehículos blindados.
  • Tecnologías de vigilancia de doble uso.
  • Capacitación y cualquier otra asistencia técnica o financiera.

Abusos policiales

En el contexto del paro nacional en Colombia, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza pública y las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por los uniformados. 

En particular, Human Rights Watch documentó que la Policía disparó gases lacrimógenos directamente hacia manifestantes desde un puente, en la ciudad de Cali, durante las protestas del 3 de mayo. Además, la organización comprobó que uniformados dispararon desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia los civiles.

El pasado 12 de mayo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) utilizó un lanzador de proyectiles múltiples de alta velocidad Venom, desde el suelo y de forma horizontal, para reprimir a manifestantes en Popayán (Cauca). "Esta es un arma indiscriminada y es peligrosa usarla de esta forma", señaló el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. 

Amnistía Internacional denunció que la fuerza pública ha utilizado los lanzadores de proyectiles de gran capacidad Venom y lanzaproyectiles de mano Penn Arms, ambos fabricados por la empresa estadounidense Combined Systems.

En ese sentido, la organización señala que el Gobierno de EE.UU. ha sido históricamente uno de los principales proveedores de armas y equipos policiales de Colombia. Por lo tanto, tiene una responsabilidad en los "asesinatos, desapariciones, violencia sexual y otras torturas", y en la "horrenda represión de decenas de manifestaciones" en el país suramericano, según denunció la organización.

Víctimas de violencia

El Gobierno colombiano ha informado sobre el fallecimiento de 42 personas (41 civiles y un policía). De esta cifra, 15 muertes tienen relación directa con las manifestaciones, según la Fiscalía General de la Nación. 

En contraste con la información oficial, organizaciones sociales reportan 51 fallecimientos en el marco del paro nacional, de los cuales 43 corresponden a personas que "fueron asesinadas por presunta autoría de la fuerza pública"

Según las denuncias recibidas por la organización Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hay 2.387 casos de violencia policial, incluyendo 18 víctimas de abuso sexual y 33 personas con lesiones oculares. 

Publicado: 20 may 2021

Fuentes: Al Jazeera [Foto: Israel arroja con frecuencia agua de mofeta en el pueblo cisjordano de Bilin ( Anne Paq / ActiveStills)]

Las fuerzas israelíes la utilizan como arma de “control de masas” para castigar colectivamente a los civiles palestinos que se atreven a protestar

En Nazaret, Haifa, Ramala, Jerusalén y otros lugares, las y los palestinos se manifiestan contra la limpieza étnica permanente que practica el régimen israelí. Motivados e inspirados ahora por la firme resistencia de las familias palestinas que se enfrentan a los desalojos forzosos de sus hogares en el barrio de Sheij Yarrah de Jerusalén, han salido a la calle con valentía –porque lo hacen a sabiendas de que lo que les espera es una brutal represión por parte del ejército y la policía israelíes.

De hecho, en el recinto de Al Aqsa, donde se ha producido gran parte de la violencia contra los y las manifestantes, los palestinos fueron atacados con gases lacrimógenos y disparos mientras rezaban. Más al sur, Israel ha lanzado ataques aéreos sobre Gaza que han alcanzado edificios civiles y han matado a más de 40 personas, entre ellas al menos 14 menores.

Además de los muertos, centenares de personas han resultado heridas por balas reales y de goma, por gases lacrimógenos y palizas, pero también por un arma menos conocida por los medios de comunicación internacionales que cubren las protestas. Muchos se han referido erróneamente a ella como cañón de agua o camión de aguas residuales.

En árabe lo llamamos jarara –literalmente “el cagadero”, por su olor pútrido. En inglés, se llama skunk water, o agua de mofeta, por el olor ostensiblemente putrefacto que desprenden las mofetas. El agua de mofeta la ha desarrollado como “arma de control de multitudes” una empresa israelí llamada Odortec.

Se trata de un compuesto líquido con un olor horrible descrito por quienes lo han experimentado como el olor de aguas residuales mezclado con cadáveres en descomposición. En realidad se trata de una mezcla de sustancias químicas que provoca intensas náuseas, impide la respiración normal y provoca violentas arcadas y vómitos. El informe de seguridad de la empresa que lo fabrica indica asimismo que puede causar irritación de la piel, dolor ocular y abdominal. Los palestinos también han informado de que provoca la caída del cabello.

Las fuerzas de seguridad que utilizan agua de mofeta afirman que no es letal ni tóxica. Sin embargo, en dosis altas puede tener un efecto letal, y disparada desde un cañón de agua y rociada a una presión extremadamente alta puede causar lesiones graves. Una pequeña rociada de agua de mofeta deja hedor en la piel durante días. En la ropa y en los edificios el hedor puede prolongarse aún más. Las fuerzas israelíes, claro está, no sólo la utilizan para reprimir las protestas; también la emplean como castigo colectivo. Los camiones con agua de mofeta pasan por los barrios palestinos rociando los edificios en represalia contra los residentes locales que protestan contra la ocupación israelí y el apartheid.

Cuando eso ocurre, las tiendas y negocios tienen que cerrar durante días y las familias tienen que abandonar sus casas durante un tiempo prolongado hasta que el hedor desaparece. Eso es lo que la convierte en una brutal herramienta de castigo colectivo.

Además de vender agua de mofeta al gobierno israelí para que la utilice contra los y las palestinas, Odortec también la exporta. En Estados Unidos la suministra la empresa Mistral Security, que recomienda su uso en “pasos fronterizos, centros penitenciarios, manifestaciones y sentadas”. Varios departamentos de policía como el de Ferguson (Misuri) ya la adquirieron tras las protestas de 2015 contra la brutalidad policial y el racismo institucional.

Que esta arma desarrollada por una empresa israelí esté ganando adeptos en el extranjero no es sorprendente. Israel es el mayor exportador de armas per cápita del mundo y utiliza a los y las palestinas como conejillos de indias para probar su “eficacia” y “letalidad”. Odortec y otros fabricantes de armas israelíes ni siquiera tienen que invertir en la comercialización y propagada de sus armas; los canales de noticias que difunden las imágenes de los ataques brutales del ejército israelí les hacen el trabajo.

Las empresas israelíes que fabrican armas para matar en masa tienen Gaza para probarlas. Los israelíes han llegado a calificar a la superpoblada Franja –en la que los civiles no tienen una “cúpula de hierro” ni sofisticados refugios militares para protegerse– como una “vaca lechera”. El trágico resultado de décadas de prácticas y “pruebas” de las empresas armamentísticas israelíes han sido miles de palestinos y palestinas muertas y mutiladas.

Israel exporta armas probadas en civiles palestinos a unos 130 países, incluidos gobiernos con un historial execrable de derechos humanos. A las poblaciones de esos países, que son las receptoras finales de la agresión de las fuerzas locales que utilizan armas israelíes, los palestinos pueden darles muchos consejos. En concreto, para hacer frente a la “jarara” se recomienda lo siguiente: si se mancha la piel hay que frotar tomates y aceite de oliva para ayudar a quitar el olor; si se mancha la ropa, mejor tirarla. En general, lo mejor es evitar a toda costa que te rocíe. Y para hacer frente a los efectos psicológicos de la represión violenta y el castigo colectivo, las y los palestinos también tienen una recomendación: el humor negro. La “jarara” ya es un clásico en la temática de los chistes palestinos. Por ejemplo: ¿con qué prefieres, que te ataquen, con balas o “jarara”?

 

Por Yara Hawari | 13/05/2021


Traducción del inglés para Rebelión de Loles Oliván Hijós

Yara Hawari es miembro de Al Shabaka

En las garras de un “progreso” antihumano

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.

En las últimas semanas se viene implementando una arremetida de construcción ilegal de carreteras por las veredas de San José de Apartadó. Sabemos que los mayores impulsores de estas carreteras son los paramilitares, pues ya han venido reuniendo a los pobladores de las diversas veredas del corregimiento, imponiéndoles altas sumas de dinero, que son impuestos ilegales y extorsivos, para comprar supuestamente el combustible para las máquinas de la Brigada XVII del Ejército que son las que van a ser utilizadas en las obras.

Todo comenzó por Nuevo Antioquia hace un tiempo, con una carretera hasta La vereda La Esperanza y luego otro ramal desde Nuevo Antioquia hasta La vereda Rodoxali. En ese momento se  hicieron indagaciones y se comprobó que esos proyectos de vías no tenían ningún sustento legal; alcaldes e instituciones nacionales y regionales afirmaron no estar enteradas en absoluto de esos proyectos puestos en marcha por los paramilitares.

 Ahora de nuevo se impulsan todas estas carreteras ilegales por las demás veredas. Ya han comenzado con la apertura ilegal desde el casco urbano de San José hacia la vereda La Linda; días antes ya los paramilitares habrían reunido a la población civil de las veredas Cristalina, Miramar, La Miranda, La Pancha, Salsipuedes, entre otras, para exigirle a cada poblador un aporte de 800. 000,oo (ochocientos mil pesos) para comprar el combustible para las maquinas que entrarían a trabajar, y según informaciones, estas máquinas pertenecen a la Brigada XVII del Ejército.

Se sabe que se está implementando el arreglo o mejoramiento de la carretera que desde un punto conocido como Campamento conduce a la localidad de Belencito, del  corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa. ¿Quien la está mejorando? Es de público conocimiento que todo poblador del área tiene que aportar dinero  obligatoriamente  para abrir o mejorar las carreteras.

Como comunidad nos preocupa la doble estrategia que se está poniendo en juego para explotar los recursos naturales de nuestra región. Lo más preocupante es que la población de nuestro entorno se está prestando para que sea despojen de su propia tierra.

Es evidente que todo este plan, que se presenta con apariencia de “progreso” o “desarrollo” de la región, se está implementando de manera ilegal, como ha sido la costumbre en la región. En primer lugar, esas vías no hacen parte de ningún Plan de Ordenamiento Territorial ni cuentan con licencias ambientales y menos con consultas previas a las comunidades; se apoyan en recaudación ilegal de impuestos extorsivos, rodeados de amenazas; su implementación está coordinada por una estructura criminal que ha inundado de sangre la región y ha sido premiada por un Estado criminal garantizándole absoluta impunidad por sus crímenes; la maquinaria pertenece a una estructura armada del Estado: la Brigada XVII, implicada también en centenares de crímenes impunes y que ha querido “lavarse las manos” de tanta sangre asumiendo tareas que no pueden ser asumidas legítimamente por una estructura armada, pues son tareas civiles, ya que su relación con las armas constituye una violación más extensiva y profunda de los derechos de la población civil. Pero quizás lo más perverso es que los objetivos de ese falso “progreso” o “desarrollo” está disimuladamente orientado al sevicio de empresas transnacionales de extracción de recursos mineros y energéticos que destruyen el ambiente y la salud humana y de una transformación económica de la agricultura a la ganadería, no menos destructiva, no solo del ambiente sino también de la producción alimentaria tradicional, esencial para la vida.

Algún funcionario del gobierno ha salido a defender tal monstruosidad, alegando que esas carreteras hacen parte de los PDETs (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que están previstos  en el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP en 2016 (Numeral 1,2). Pero tal funcionario - Consejero Presidencial- no cae en cuenta que está actuando en contravía de lo que el Acuerdo de Paz establece sobre los PDETs. En efecto, allí se definen como objetivos primordiales de los PDETs: “el bienestar y el buen vivir de la población de las zonas rurales –niños y niñas, hombres y mujeres- haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto (…) y El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de las comunidades …” (No. 1.2.1)

¿Cree el gobierno que cumple con el Acuerdo  de Paz sin consultar lo más mínimo a las comunidades, a no ser en asambleas convocadas por paramilitares y juntas comunales cooptadas por éstos, engañando a los campesinos al destruir su economía campesina y familiar para cambiárselas por estrategias que arruinan los suelos y desplazan a sus pobladores, entregando la planeación, diseños e implementación a los victimarios que con más saña han destruido vidas en la zona: militares y paramilitares, y sometiendo a la población a impuestos extorsivos ilegales y empobrecedores? Esto es demasiado perverso.

 Ya son muchos los años que llevamos dejando constancias públicas de este tipo de barbarie que se esta implementando en la zona. De sobra conoce el gobierno que se están creando carreteras ilegales en esta región y todo con intereses corruptos de los poderosos de facto.

Es claro que los que están coordinando y controlando estos planes de “progreso” y “desarrollo” son los paramilitares y los que ponen el trabajo son las brigadas militares. Así lo han manifiestan personajes como Cesar Jaramillo, quien hace parte a la Federación Nacional de Cacaoteros – FEDECACAO-; según lo manifesta dicho personaje: ahora sí se van abrir carreteras por las veredas, lo cual ya es un hecho y ya existe la plata para ello. ¿Cuál será esa plata? ¿Será la que le quitan los paramilitares a los campesinos como impuestos extorsivos? 

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos dejando CONSTANCIAS de hechos ocurridos recientemente:

  • El domingo 28 de marzo de 2021, en horas del día, en el corregimiento de Frasquillo, de Tierralta, Córdoba, fue visto un reconocido político de los paramilitares que controlan aquella región. Allí el control paramilitar es evidente y a la vez hay un puesto militar antinarcóticos recientemente colocado, que supuestamente controla, pero lo que se deja ver es que los que controlan son los paramilitares que permanentemente se movilizan por allí en embarcaciones tipo Johnson, de su propiedad, sin ser molestados por nadie.
  • El miércoles 31 de marzo de 2021, cuando una comisión humanitaria de nuestra comunidad pasaba por la vereda Baltazar, del municipio de Tierralta, Córdoba, se pudo notar que allí había una fuerte presencia paramilitar, pues en el camino se dejaban ver los puntos o informantes con radios de comunicación, los cuales pasaban con mucha prisa, seguramente para informar la presencia de nuestra comunidad.
  • El domingo 11 de abril de 2021, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz conoció informes según los cuales el señor CÉSAR JARAMILLO comentó de un plan que se estaría realizando desde la Brigada XVII del Ejército para continuar abriendo las carreteras ilegales por las veredas de San José de Apartadó.
  • El lunes 12 de abril de 2021, nos llegaron informes de que los paramilitares estaban reuniendo a las juntas de acción comunal de diferentes veredas de San José de Apartadó para imponer a sus pobladores cuotas de $ 800.000 (ochocientos mil pesos) para empezar a abrir las carreteras que se estarían impulsando con maquinarias de la Brigada XVII del Ejército.
  •  El martes 13 de abril de 2021, en horas del día, se notó una fuerte presencia paramilitar en la vereda La Unión, de San José de Apartadó. Según informaciones recibidas, estaban muy cerca de nuestro asentamiento Aldea de Paz Rigoberto Guzmán, en la vereda La Unión, y al parecer están haciendo recorridos desde la vereda El Porvenir, donde llevan varias semanas acantonados.
  • Este mismo martes 13 de abril de 2021, un grupo de paramilitares prohibió a unas familias de la vereda Las Nieves, de San José de Apartadó, trabajar sus tierras, al tiempo que les ordenaron abandonar los potreros, cultivos y viviendas en la propiedad, o de lo contrario tendrían que abandonar la región.
  • El jueves 15 de abril de 2021, en horas del día, nos comunicaron que la junta de acción comunal de la vereda La Esperanza, de San José de Apartadó, se había reunido con otras juntas comunales para organizar una posible invasión a nuestra propiedad privada allí, según ellos, porque nuestra Comunidad de Paz no les ha permitido pasar por allí una carretera, carretera que está siendo construida por los paramilitares. Nuestra comunidad ha rechazado dicha carretera, pues los impulsores de la misma son los paramilitares. Es de conocimiento público que los paramilitares empezaron con maquinaria pesada a abrir esta carretera desde el corregimiento de Nuevo Antioquia de Turbo hasta la vereda La Esperanza y un ramal hacia la vereda Rodoxalí,  y cuando se investigó la legalidad de estas vías, ninguna institución de las que por ley debe intervenir en las licencias sabía nada de ese proyecto. La misma junta local manifiesta que se va a empezar a abrir con maquinaria de la Brigada XVII del Ejército, pero en días anteriores los mismos paramilitares habrían reunido a la población de la zona e impuesto unas cuotas entre $ 500.000 (quinientos mil pesos) y $ 800.000 (ochocientos mil pesos) para comprar el combustible para las máquinas de la Brigada.
  • El sábado 17 de abril de 2021, en horas del día, en la vereda El Porvenir, de San José de Apartadó, fueron vistos dos grupos de paramilitares que se movilizaban camuflados y portando armas largas, cada uno de esos grupos contaba con unos 15 hombres, y se dividieron para patrullar y controlar la zona. Se sabe que uno de los encargados de mando es ALIAS SAMUEL, reconocido paramilitar de la vereda La Unión. Estos paramilitares llevan ya varias semanas allí, portando vestidos militares y armas largas y actúan a todas sus anchas y nadie los molesta. Aún se encuentran acantonados en esa vereda.
  • El miércoles 21 de abril de 2021, en la vereda Arenas Altas del corregimiento de San José de Apartadó, muy cerca a la propiedad de nuestra Comunidad de Paz, hizo presencia un grupo de paramilitares fuertemente armados.
  • El jueves 22 de abril de 2021, hacia las 13 horas, y por más de 3 horas en la vereda la Cristalina del corregimiento de San José de Apartadó, un grupo de paramilitares reunió a los pobladores de varias veredas, Miramar, San José, La Linda entre otras, para imponer la suma de dinero que deben pagar, para contribuir con la construcción de la carretera que ya llega a la vereda la Linda proveniente del casco urbano de San José. La advertencia de los paramilitares en dicha reunión es que todo el mundo debe pagar la tarifa impuesta por ellos, quien no lo haga asume las consecuencias.  
  • En los últimos días, por las redes sociales han circulado fotos de reuniones y acuerdos entre pobladores del corregimiento de San José, con efectivos de la brigada XVII para la construcción de carreteras en San José de Apartado. Mismos proyectos que hoy impulsa e impone los paramilitares en veredas del corregimiento de San José con maquinaria y operadores de la Brigada XVII. Según las informaciones allegadas, en dicha reunión entre pobladores de San José y efectivos del Batallón Vélez ultimaban detalles para la apertura de carreteras en San José, después de terminado el encuentro un coronel afirmo a uno de los asistentes que la relación entre militares y paramilitares es conjunto. Que mas evidencia que por un lado los militares con sus máquinas y operadores de la Brigada XVII abren nuevas carreteras mientras los paramilitares van adelante imponiendo y obligando a los campesinos a contribuir con dicho proyecto.

El control paramilitar sigue siendo el sostén de los intereses económicos. Se ha llegado  al punto de que se prohíbe incluso trabajar la tierra, como estrategia para expropiar al campesino de su tierra o para que termine aburriéndose y vendiéndosela al mismo empresariado que contrata a los paramilitares para realizar el trabajo sucio.

Ahora no hay caminos aptos para transitar, pues el barro y el agua se apoderaron de lo que era un camino construido a pico y pala por muchos años.

Persiste el afán por exterminar nuestra Comunidad Paz y para ello el Estado y los paramilitares incentivan a la población a actuar en contra de nuestra Comunidad, todo con la promesa de construir carreteras ilegales a las cuales después no les van a hacer mantenimiento, porque no le interesa el campesino sino su destrucción y lastimosamente los campesinos se están prestando para su propia destrucción.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 24 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no siga destruyendo  nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 23 de 2021

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Comunidad de Paz de San José de Apartadó

La mayoría de los países latinoamericanos no ratifican el acuerdo de Escazú para proteger a defensoras ambientales

En el Día de la Tierra

 

El acuerdo solo ha sido ratificado por 12 de los 46 países y territorios de la región. Algunos de los que más agresiones registran contra personas que lideran luchas ambientales, como Brasil, Guatemala, Colombia, Honduras o Venezuela, no lo han firmado.

Con motivo del Día de la Tierra, que se celebra este 22 de Abril, Alianza por la Solidaridad-ActionAid denuncia la falta de compromiso de los países de América Latina  y el Caribe con el acuerdo internacional Escazú, auspiciado por la ONU, con el objetivo de garantizar un entorno seguro a personas y grupos defensores de derechos humanos y ambientales. El acuerdo, en principio adoptado en 2018, solo ha sido ratificado por 12 de los 46 países y territorios de la región. De hecho, faltan algunos de los que más agresiones y persecuciones registran contra personas que lideran luchas ambientales, como Brasil, Guatemala, Colombia, Honduras o Venezuela.

Aunque este jueves, 22 de abril, entrará en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, a día de hoy, el acuerdo solo ha sido firmado por Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Antigua y Barbuda, Guyana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, México y Argentina. 

Alianza por la Solidaridad-ActionAid recuerda que en 2020 fueron asesinadas 331 personas defensoras de derechos en el mundo. El 69% estaban implicadas en la defensa de la tierra y los recursos naturales, de ellas 44 fueron mujeres, según el informe de FrontLine Defenders. La organización destaca que, en el listado de países firmantes del Acuerdo, faltan casi todos los países más peligrosos para las defensoras –solo en Colombia, en 2020, fueron asesinados 177- y denuncia las presiones que están teniendo lugar en los países con más conflictos ambientales para que no se ratifique este acuerdo, aludiendo a una supuesta pérdida de soberanía nacional o perjuicios para el desarrollo económico. 

La ONG, que trabaja en América Latina y Caribe desde hace más de 35 años, ha lanzado la campaña #GuardianasDelAguaylaTierra para visibilizar el trabajo de las mujeres defensoras y denunciar su persecución. Desde que se comenzó a negociar el Acuerdo han sido asesinadas más de 2.500 personas en todo el mundo, la mayoría en una región, cada vez más codiciada por empresas extranjeras y, a la vez, muy afectada por los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La mercatilización de los recursos naturales cuesta vidas de muchas personas, las asesinadas y las que son encarceladas durante años, como el guatemalteco Bernardo Caal Xol, a las que hay que recordar en días como éste. Son quienes están en primera línea defendiendo derechos que se vulneran con la connivencia de sus gobiernos, algo que vemos que va en aumento y hace muy necesario este tipo de regulaciones”, ha señalado Almudena Moreno, responsable de Desarrollo Sostenible de la organización.

Asimismo, una reciente investigación en la revista Nature ha concluido que, sólo a causa del cambio climático, la producción agrícola en América Latina y Caribe ha disminuido casi un 26%. Esto implica que, a menor producción, hay más dificultades para las comunidades campesinas, que deben, además, afrontar el expolio de sus territorios a manos de compañías extranjeras.

Por ello, Alianza por la Solidaridad reclama a todos los países de la región –y especialmente a Colombia, Guatemala, Honduras o Brasil- que ratifiquen el Acuerdo de Escazú. Asimismo, pide a la Unión Europea y al Gobierno de España que se involucren en la puesta en marcha de instrumentos como éste, exigiendo su cumplimiento en los acuerdos comerciales firmados con países no comunitarios; así como favoreciendo las inversiones privadas en países que lo hayan ratificado. En este sentido, también se insta al Gobierno de España a poner en marcha una ley que regule la debida diligencia de las empresas respecto a los derechos humanos y ambientales, dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Por | 22/04/2021

Un hombre con mascarilla pasa junto a un vagabundo sentado en una acera en Manhattan, Nueva York (EE.UU.), el 5 de mayo de 2020.Mike Segar / Reuters

Se estima que las economías avanzadas se verán menos afectadas por el virus, mientras que los países de bajos ingresos y los mercados emergentes sufrirán más.

De igual forma que algunos pacientes que superan el covid-19 tienen síntomas de larga duración, la economía global seguirá notando efectos negativos "una vez que se desvanezca el rebote en forma de V de este año", pronostica un artículo de Bloomberg.

Según la publicación, si bien los estímulos por valor de 26 billones de dólares y la llegada de vacunas han impulsado "una recuperación más rápida" de lo que muchos anticipaban, "el legado de la educación atrofiada, la destrucción de puestos de trabajo, unos niveles de deuda propios de periodos de guerra y las desigualdades cada vez mayores entre razas, géneros, generaciones y geografías dejarán cicatrices duraderas, la mayoría de ellas en las naciones más pobres".

Los efectos que "duran décadas"

El profesor asistente Vellore Arthi, de la Universidad de California en Irvine, que ha examinado el impacto económico y de salud a largo plazo de crisis pasadas, explica que, aunque "es muy fácil después de un año agotador, o de más, sentirse realmente aliviado de que las cosas hayan vuelto a la normalidad", muchos de los efectos que vemos históricamente a menudo "duran décadas y no se abordan fácilmente".

En total, la caída del producto interno bruto el año pasado fue la mayor desde la Gran Depresión, lo que equivaldría a 255 millones de personas en trabajos a tiempo completo, según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Entretanto, los investigadores del Pew Research Center calculan que la clase media mundial se contrajo por primera vez desde la década de 1990.

"Volver al estándar anterior al covid llevará tiempo", confirma Carmen Reinhart, economista jefe del Banco Mundial, al tiempo que recalca que las secuelas de coronavirus "no se revertirán" en muchos países.

De hecho, Bloomberg explica que no todas las naciones se verán afectadas por igual. Así, el Fondo Monetario Internacional considera que las economías avanzadas se verán menos afectadas por el virus este año y en el futuro, mientras que los países de bajos ingresos y los mercados emergentes sufrirán más.

¿"Una década de decepciones"?

El pasado mes de enero, el Banco Mundial advirtió en un informe que nos adentramos en "una década de decepciones en el crecimiento global" a menos que se tomen medidas correctivas. Los expertos consultados por la agencia matizan que no es necesario que se pierda una década si se toman las medidas políticas adecuadas, especialmente en las áreas de reconversión de las habilidades de los trabajadores y de apoyo a los más afectados por la crisis. 

Sin embargo, Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional, advierte de la existencia de "una incertidumbre genuina sobre cuánto cambia el comportamiento de la gente en términos de patrones de consumo como resultado de esta crisis". Si las personas vuelven a "comer en restaurantes, realizar viajes de placer, hacer ejercicio en gimnasios", muchas de las industrias afectadas revivirán, pero también es posible que "los gustos de la gente cambien de verdad", en cuyo caso habrá más desempleo, a lo que se une el hecho nada reconfortante de "no hay una buena solución del Gobierno para eso", recalca.

Por otro lado, como la crisis ha acelerado el uso de robots, tanto en la fabricación como en la industria de servicios, millones de puestos de trabajo se verán amenazados, con importantes interrogantes sobre si se crearán suficientes empleos nuevos en el proceso. De hecho, según McKinsey & Co, más de 100 millones de personas en ocho de las economías más grandes del mundo pueden necesitar cambiar de ocupación para 2030, viéndose más afectados los menos educados, las mujeres, las minorías étnicas y los jóvenes. 

Los efectos a más largo plazo también serán evidentes en el capital humano después de que la pandemia sacara de las aulas a niños y a los estudiantes universitarios durante un año en algunos países.

Finalmente, la forma de financiar una recuperación total será complicada por los 24 billones de dólares adicionales en préstamos que el mundo asumió en 2020, lo que eleva la deuda total a un nuevo récord de 281 billones, según el Instituto de Finanzas Internacionales.

Publicado: 19 abr 2021 02:19 GMT

Sábado, 17 Abril 2021 06:34

Opuestos, pero no tanto

Pedro Castillo en campaña electoral en Lima AFP, GIAN MASKO

Castillo versus Fujimori

El maestro rural de provincia y la hija del último dictador de Perú, que se disputarán la presidencia de ese país, tienen planes económicos contrapuestos, pero coinciden en dos aspectos: su conservadurismo social y su magra votación.

Un 45 por ciento del electorado peruano no votó por ninguno de los 18 candidatos presidenciales el 11 de abril, cuando dos políticos conservadores pasaron a la segunda vuelta con el menor porcentaje de votos que haya registrado el país andino: con el 19 por ciento el dirigente magisterial de izquierda dura Pedro Castillo y el 13 por ciento la candidata derechista Keiko Fujimori, a quien el Ministerio Público ha acusado de lavado de activos, organización criminal y obstrucción de la Justicia, luego de dos años de investigar aportes de campaña electoral no declarados, procedentes de Odebrecht y del principal grupo financiero peruano.

Los comicios han ocurrido en la fase más severa de la pandemia –con cifras diarias de muertes más altas que en la primera ola–, así como en un contexto de grave crisis económica: la reducción del producto bruto interno el año pasado fue de 11 puntos, debido a las medidas para contener la transmisión de la covid-19. Este contexto de precarización y pugna por la supervivencia podría ser una clave para comprender por qué Castillo y Fujimori disputarán el balotaje aun con esos bajos porcentajes de votación. Antes de la pandemia era un 20 por ciento de la población el que estaba por debajo de la línea de pobreza. Aún no hay cifras oficiales sobre los nuevos pobres y es esta población la que ambos candidatos han priorizado en sus discursos de campaña. En lo que va de la crisis sanitaria, además, unos 300 mil escolares han dejado las clases, debido a la imposibilidad de conectarse a Internet o a la carencia de radio y televisión para educarse a distancia, y han fallecido más de 151 mil personas debido al nuevo coronavirus, según el Sistema Nacional de Defunciones.

Una alta cantidad muere en sus casas, por evitar morir sin contacto familiar ni oxígeno en los hospitales: desde enero el país tiene un déficit semanal de 100 toneladas de dicho insumo médico. Gran parte del personal de salud aún no ha recibido los bonos que el gobierno aprobó por trabajar en la pandemia y labora hace un año con tensión por la insuficiencia de camas de cuidados intensivos, así como de ventiladores artificiales y oxígeno. El cuadro es de agotamiento para el personal sanitario y miedo para los pacientes y sus familiares. Sin dinero, quienes no alcanzan un espacio en los hospitales tienen más posibilidad de morir, pues tienen que comprar cilindros de oxígeno o concentradores de este gas en el sector privado.

LA HORA DEL MAESTRO

Castillo se hizo conocido en 2017 como cabeza de una huelga de profesores que duró dos meses y tuvo alcance nacional. Los docentes se oponían a someterse a una evaluación periódica si el Ministerio de Educación no aprobaba un alza salarial y mejores condiciones de trabajo. Durante la campaña electoral, una estudiante universitaria que participó en las protestas de noviembre contra la corrupción del Congreso y fue herida durante la violenta represión policial (véase «Tiempos turbulentos», Brecha, 20-XI-20) comentó a esta periodista que la primera vez que vio tanta brutalidad de los agentes contra manifestantes pacíficos fue durante la huelga de maestros que lideró Castillo.

El dirigente sindical se ha postulado por el partido Perú Libre, que preside Vladimir Cerrón, un médico formado en Cuba que fue gobernador de la región Junín y fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por corrupción. Ambos promueven nacionalizar el gas de Camisea –el principal yacimiento de ese combustible en el sur de Perú–, que las empresas extractivas reinviertan sus ganancias en el país e impulsar las empresas estatales –que el fujimorismo eliminó al inicio de los años noventa–. Esta candidatura quitó votos a Verónika Mendoza, de izquierda moderada, quien proponía abiertamente una agenda de derechos sociales –incluidos los de la población LGTBI–, además de la defensa del medioambiente y de un mayor acceso a la salud y la educación.

«No más pobres en un país rico» es el eslogan que ha repetido sin aburrimiento el profesor Castillo durante su campaña hecha a ras de tierra, a diferencia de los otros candidatos, que viajaron menos que él –debido a las restricciones de bioseguridad por la pandemia– e invirtieron tiempo y recursos en campañas en Tiktok y otros medios sociales. Cuatro candidatos a la presidencia se contagiaron durante la campaña electoral. Castillo tiene una cuenta de Twitter, que usó muy poco: no estaba buscando allí a sus votantes.

COINCIDENCIAS: FAMILIA Y MANO DURA

La excongresista Fujimori, quien se postula por tercera vez a la presidencia, hizo una campaña distinta a la de 2016 (véase «El fujimorismo social», Brecha, 10-VI-16), cuando quiso distanciarse de la imagen del padre, quien cumple una condena de 25 años de prisión por corrupción, robo y crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. Esta vez reivindicó los supuestos logros de los dos gobiernos de Alberto Fujimori, usando un discurso que el fujimorismo ha asentado en 30 años: el de que salvó al país de la crisis económica y venció al terrorismo. Ello pese a que el grupo especial de inteligencia policial que capturó a la cúpula de Sendero Luminoso trabajaba sin apoyo gubernamental y enfrentado al jefe de facto de las Fuerzas Armadas, Vladimiro Montesinos, la mano derecha de Fujimori.

La lideresa del partido Fuerza Popular ha dicho que el fujimorismo volverá a rescatar al país de la crisis económica y enfrentará con mano dura la pandemia y la delincuencia. Además, ha destacado su identificación con los grupos que se oponen al aborto –salvo el previsto en la ley, el aborto terapéutico– y al enfoque de género en el currículo educativo. También ha dicho que, si bien «tiene amigos» de la comunidad LGTBI, no está de acuerdo con el matrimonio igualitario.

El profesor Castillo, en una entrevista en la principal radio de noticias peruana, respondió sobre esos temas pocos días antes de las elecciones, pues no se mencionan en el plan de gobierno de Perú Libre, de 77 páginas. El periodista le recordó que el líder de su partido dijo en alguna entrevista: «Nuestro pueblo, lleno de valores familiares, jamás podrá aceptar el enfoque de género». Y le preguntó si él es «profamilia». «No sólo somos profamilia: hay que defender a la familia en la escuela. Pensar en otra cosa es quebrar a la familia. Como maestro, respetamos los valores de la familia y hay que profundizarla», contestó.

Esta posición coincide no sólo con la de Fujimori, sino con la de otros sectores de ultraderecha, que a partir del 28 de julio, cuando sea el cambio de gobierno, tendrán por primera vez escaños en el Congreso, de la mano del grupo político Renovación Popular. Desde 2016 un movimiento llamado Con mis Hijos No te Metas se ha opuesto, con marchas, plantones y un constante litigio judicial, al enfoque de género en las escuelas, pues señala que con él se promueve la homosexualidad en los niños. En dicho movimiento se encuentran seguidores de grupos ultracatólicos y sectas escindidas de los evangélicos.

En la misma entrevista radial, a la consulta de si legalizaría el aborto, Castillo respondió: «Para nada. Trasladaría el tema a una asamblea constituyente. Personalmente, no estoy de acuerdo». ¿Y sobre la eutanasia?: «Para nada». ¿Matrimonio igualitario?: «Peor todavía: primero la familia. La familia y la escuela: estas dos instituciones tienen que ir de la mano», añadió el candidato de la izquierda.

En tanto, así como la hija mayor de Fujimori ha usado desde 2016 el populismo penal en campaña y los congresistas de su partido lo usan constantemente en el debate parlamentario (pidiendo, por ejemplo, la pena de muerte en caso de violación y, por tanto, exigiendo que Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José), también Castillo y Cerrón apuestan por esa retórica. «Muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo que se han robado. Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata y analice el Pacto de San José», manifestó Castillo en un reciente debate. El candidato de Perú Libre, que ha hecho campaña con un lápiz como símbolo, dice que la pena de muerte servirá para eliminar las lacras de la sociedad peruana.

Sin embargo, en el plan de gobierno que representa Castillo y firma Cerrón, la motivación para apartarse del sistema legal interamericano es distinta a la del fujimorismo: Perú Libre, desde una proclamada posición marxista y anticapitalista, señala que la Organización de los Estados Americanos es un mecanismo de dominación e injerencia en la Justicia de los países del continente, y por ello la rechazan. Castillo no menciona ese motivo en sus intervenciones públicas, pero este está plasmado en el documento inscrito por su partido ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Además de ser maestro de escuela primaria rural en la provincia de Chota, en la región de Cajamarca –en los Andes del norte del país–, Castillo ha sido dirigente rondero. Las rondas de Cajamarca fueron fundadas por campesinos a mediados de los años setenta para librarse de los ladrones de ganado –los abigeos– y se convirtieron en un sistema de administración de justicia paralelo al tradicional. El látigo es una de las herramientas de los ronderos. El candidato ha ofrecido trasladar esa experiencia a la lucha contra la delincuencia. «Convocaremos a las rondas campesinas para organizar a los barrios y hacemos el llamado a los licenciados de las Fuerzas Armadas y los reservistas para consolidar una sola fuerza», señaló en el debate presidencial oficial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, con los 18 candidatos. La idea de que quienes hicieron el servicio militar o han sido militares se sumen al trabajo contra la inseguridad ciudadana es compartida hace años por congresistas y dirigentes del fujimorismo, así como por el candidato más votado de Renovación Popular, un oficial retirado de la Marina.

LAS DIFERENCIAS

En la primera vuelta, Castillo ha enfrentado –al igual que Mendoza– la fuerte contracampaña de los grupos políticos de derecha y la prensa tradicional, que alientan el miedo a que Perú se convierta en Venezuela o Cuba si ellos llegan a la presidencia. Pero, en el caso de Castillo, han ido más allá, al repetir alegaciones no comprobadas de que estaba vinculado a una organización de fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso, llamado Movimiento por los Derechos Fundamentales (Movadef). En Perú, los maestros que han cumplido una condena por terrorismo no pueden volver a ejercer la docencia. Sin embargo, en la huelga magisterial de 2017 la prensa indicó que algunos agitadores pertenecían al Movadef y cuestionaban a Castillo por esa presencia. Los remanentes actuales de Sendero Luminoso son una columna pequeña dedicada al narcotráfico y la extorsión, en un valle cocalero entre las montañas de las regiones Ayacucho, Junín y Huancavelica, y el propio Movadef, que intenta infiltrarse en sindicatos y universidades. Castillo se ha deslindado muchas veces de esa agrupación. Es más: los ronderos combatieron a Sendero Luminoso en las décadas del 80 y el 90 e impidieron su entrada en la región de Cajamarca.

Pese a esto, ese será el mejor blanco de los ataques de la campaña del fujimorismo a la segunda vuelta, que está habituado desde 2000 a buscar votos promoviendo o alentando el miedo al terrorismo e insistiendo en que el padre de la actual candidata fue quien acabó con Sendero Luminoso. Sin embargo, en los años noventa, Alberto Fujimori usó la lucha antisubversiva como pretexto para que un destacamento del Ejército, el llamado Grupo Colina, desapareciera y asesinara a estudiantes de universidades públicas y a dirigentes campesinos y sindicales que denunciaban la corrupción de su gobierno y los retrocesos en los derechos laborales causados por la nueva Constitución de 1993 –aprobada luego del autogolpe de abril de 1992–, que cambió el modelo económico peruano y que hoy defiende Keiko Fujimori.

Sin embargo, la candidata de Fuerza Popular ha invocado este miércoles a sus seguidores a «no abrir heridas» y no hacer campaña contra Castillo ligándolo al terrorismo. «Es cierto que el oponente ha planteado la vieja tesis comunista de lucha de clases, odio y confrontación, pero no voy a terruquear a nadie», anunció. El terruqueo es la ofensa a una persona o grupo llamándolo terrorista cuando no lo es: la palabra viene de terruco, la forma como se denominaba en el campo a los subversivos en la década del 80. «Propongo generar riqueza, no estatizar; que Perú sea un país de primer mundo, no Corea del Norte. Proponemos una economía social de mercado, no marxismo. Propongo que los peruanos nos demos la mano, no una lucha de clases», añadió en un pronunciamiento público cuando el escrutinio llegó al 99 por ciento de las cédulas de votación. Además, ha encarado a Castillo diciéndole que no se atribuya la representación de los pobres, porque «el fujimorismo fue el gobierno que más trabajó por ellos». El candidato aún no ha respondido. Sin embargo, en cierto modo, su vida y su trayectoria hablan por él. Es maestro rural desde 1995 en una de las regiones con mayor pobreza extrema y menos acceso a la salud, pese a que en Cajamarca se ubica la mina con mayor producción de oro de Sudamérica.

El maestro ofreció ahora convocar en los primeros seis meses de su gobierno una asamblea constituyente y pretende que la educación y la salud sean derechos constitucionales, «y no servicios, como ahora», mientras que Fujimori defiende el modelo neoliberal. «Yo no necesito disfrazarme de paisano para llevar una propuesta a mis hermanos agricultores. Soy chacrero, obrero, rondero, agricultor y profesor a mucha honra», afirmó en una entrevista anterior a los comicios. El voto «por el lápiz, por el lapicito», como decían algunos electores días pasados, puede haber sido no sólo por una necesidad de orden en una sociedad caótica e impredecible por causa de la pandemia, sino también por un personaje ajeno al repertorio de políticos visibles desde 2016, cuando se ha agudizado la corrupción en la política y en el sistema judicial.

En Cajamarca, Castillo fue dirigente entre 2005 y 2017 de Perú Posible, el partido que fundó el expresidente Alejandro Toledo. Es decir, navegó en el sistema formal de la política, pero no saltó a la escena nacional desde esa plataforma. Todos los presidentes que asumieron de 1990 en adelante, con la excepción del presidente de transición Valentín Paniagua, están presos, investigados o enjuiciados por corrupción: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra. Y Alan García se suicidó en abril de 2019, cuando llegaron a su casa un fiscal y la Policía con una orden de prisión preliminar por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El politólogo Arturo Maldonado destacó recientemente en conversación con la emisora radial Radioprogramas que tanto Castillo como Fujimori tienen muy poca legitimidad debido al bajo porcentaje de votos que obtuvieron, a lo que debe sumarse que hubo un 5 por ciento de votos nulos y un 12 por ciento de votos en blanco, además de un alto ausentismo, de un 28 por ciento, aun cuando el voto es obligatorio. Quizás ese 28 por ciento se explica por las múltiples desconfianzas y dificultades de ir a votar en pandemia, el temor a las colas y el consiguiente contagio, la obligación de ir con mascarilla, la necesidad de cuidar a un pariente enfermo y el hecho de estar en una ciudad distinta a la del lugar de votación: en mayo, miles de peruanos se desplazaron de los centros urbanos al campo porque se quedaron sin trabajo en las ciudades (véase «Los caminos del hambre», Brecha, 8-V-20). En ciertos casos es más barato pagar la multa que costear un pasaje interprovincial. Tampoco los cuidados sanitarios son accesibles para todos: una radio reportó el domingo que una mujer se acercó a votar en Lima sin cubrebocas porque no tenía dinero para comprarlo, un policía sacó dinero de su bolsillo y compró uno, y la mujer pudo ejercer su derecho.

Lo cierto es que el próximo presidente (o presidenta) peruano, sea de izquierda o de derecha, será conservador y populista. Pero no fue esa la voluntad de un amplio sector del electorado.

Por Jacqueline Fowksdesde Lima 
16 abril, 2021

El canciller Serguei Lavrov anunció las medidas y repudió las sanciones.  ________________________________________ Imagen: EFE

Fuerte respuesta rusa a las sanciones de Biden

El Kremlin no permitirá el ingreso a Rusia de ocho funcionarios estadounidenses y limitará a las ONG y fundaciones que operan en el país.

 

Rusia anunció que expulsará a diez diplomáticos estadounidenses además de otras medidas en respuesta a las sanciones anunciadas ayer desde EE.UU. “El presidente ruso ha aprobado estas medidas en respuesta a los actos absolutamente inamistosos y gratuitos anunciados por Washington contra Rusia, nuestros ciudadanos, personas físicas y jurídicas, y nuestro sistema financiero", declaró Serguei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, en una rueda de prensa.

La respuesta del Kremlin viene un día después de que la administración de Joe Biden sorprendiera con la expulsión de diez diplomáticos rusos. El demócrata también amplió las restricciones a los bancos estadounidenses que negocian la deuda que emite el Gobierno ruso.

Según el ministro Lavrov, la expulsión de diez diplomáticos estadounidenses fue anunciada debido a las violaciones sistemáticas cometidas por los funcionarios norteamericanos, incluidos agregados militares. Desde la Cancillería de Rusia acusaron a EE.UU. de apostar por una continua degradación de las relación y su política que apunta a contener a Moscú.

Lavrov también hizo pública una lista de ocho funcionarios estadounidenses que no podrán ingresar al país por su política antirrusa. Entre ellos figuran Merrick Garland, fiscal general; Michael Carvajal, director de la Oficina de Prisiones; Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional; Susan Rice, directora del Consejo de Política Doméstica; Christopher Wray, director del FBI, y Avril Danica Haines, directora de Inteligencia. También integran la lista John Bolton, quien fue asesor de Seguridad Nacional en la Administración de Donald Trump, y James Woolsey, antiguo director de la CIA.

Por otra parte, limitará y ordenará el cese de actividades de organizaciones no gubernamentales y fundaciones que interfieren en abiertamente en los asuntos internos de Moscú. Mientras que también se prevé que las sanciones demoren el retorno a Washington del embajador ruso Anatoli Antónov, que fue convocado por la administración de Vladimir Putin por consultas luego de que Biden lo llamara “asesino” en una entrevista televisiva.

"El embajador Antónov continúa las consultas. La situación es muy compleja", explicó Lavrov. El ministro agregó que el Kremlin recomienda al embajador de EE.UU., John Sullivan, regresar a su país para consultas con sus superiores.

El ministro de Exteriores apeló a la cordura de EE.UU. y pidió renunciar a la política de confrontación. "Los pasos dados son sólo una parte de los que están a nuestra disposición. A nosotros nos gustaría evitar una nueva escalada con EEUU", señala en el comunicado oficial.

“La realidad es que de Washington escuchamos una cosa y en la práctica vemos otra. No debe haber dudas. Ni una ola sancionadora quedará sin respuesta", continúa el comunicado del ministerio de Exteriores. También se refiere a la propuesta de Biden de llevar a cabo una cumbre ruso-estadounidense en un tercer país. “Cuando se hizo esta oferta, se recibió positivamente y ahora se está considerando en el contexto de los acontecimientos concretos”, afirmó el comunicado del ministro Lavrov.

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