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Miércoles, 26 Octubre 2016 09:22

Plebiscito por la paz, antagonismo traumático

Escrito por Libardo Sarmiento Anzola*
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Plebiscito por la paz, antagonismo traumático

El plebiscito y sus resultados arrojados el pasado 2 de octubre, obligan a una reflexión sobre lo acontecido. Una reflexión a partir de sus cifras, pero también desde la historia y el futuro del país.

 

La cotidianidad de las cuatro últimas generaciones de connacionales ha transcurrido en medio de un costoso, cruento y doloroso conflicto interno bélico.

 

Según el registro oficial de la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República, los mártires de esta guerra civil suman ocho millones durante el período 1985-2015. Los datos institucionales referencian 260.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos, 6,8 millones de desplazados por la violencia y el despojo de 4,2 millones de hectáreas a los pobladores pobres del campo. Además de los campesinos y pueblos indígenas y afros, la guerra afectó de manera directa a comunidades populares urbanas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes populares, ambientalistas, militantes de partidos de izquierda e intelectuales demócratas.

 

El más reciente cálculo del Global Peace Index, realizado por el Institute for Economics and Peace (IEP) muestra que el impacto económico de la violencia en Colombia ha crecido 53 por ciento desde 2008 hasta alcanzar los US$139.481 millones en el año 2015, equivalente al 30 por ciento del Producto Interno Bruto, constituyéndose en el séptimo país en el mundo donde más impacto negativo de carácter económico, político, social, cultural y ambiental, ha tenido la violencia dentro de su territorio.
El 2 de octubre de 2016, la sociedad colombiana tenía la posibilidad histórica de terminar, a través de un plebiscito, con una buena parte de la confrontación armada e iniciar la construcción de una paz duradera y sostenible. La renuncia generalizada a la violencia como forma de hacer política requería el compromiso de la sociedad.

 

En esta consulta, la única pregunta a la cual deberían responder los colombianos con un Sí o un No era la siguiente: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una PAZ estable y duradera?”.

 

El triunfo del “Sí” refrendaría democráticamente los acuerdos de paz, ordenando al Gobierno y demás entidades del Estado a tramitar las normas necesarias para implementarlos. Con la victoria del No se malograría el proceso seguido durante los últimos seis años (2 exploratorios y 4 de negociación) y obligaría al Gobierno y la insurgencia a entrar en una compleja renegociación con los sectores ultraderechistas del país. Con los resultados que favorecieron el No, Colombia se sumió en la incertidumbre; encrucijada que no la resuelve ni el otorgamiento del premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), concedido por el Comité Noruego y que le será entregado el 10 de diciembre de 2016.

 

Dos pruebas debía superar el plebiscito en las urnas para ser vinculante: i) ganar por mayoría simple el Sí; ii) superar el umbral aprobatorio del 13 por ciento del censo electoral, esto es, alcanzar como mínimo cuatro millones y medio de votos.

 

Votantes y territorios

 

El total de población habilitada para participar en este plebiscito sumaba 34.899.945 (51,7% mujeres y 48,3% hombres). El número de votantes que se abstuvieron de ejercer su derecho político sumó 21.833.898 (ver recuadro 1: La constante), esto es, 62,6 por ciento. El 37,4 por ciento que acudió a las urnas se distribuyó de la siguiente forma: votos inválidos (votos no marcados y nulos) 257.189 (0,7%); votos por el Sí, 6.377.482 (18,3%); votos por el No, 6.431.376 (18,4%) (Ver gráfico 1 y mapa 1).

 

 

 

 

En las 33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá como Distrito Capital y “Consulados”, esto es, los 203 puestos de votación donde los 600 mil colombianos habilitados que viven en el exterior podrían votar) el Sí ganó en 20 (60,6%) y el No en 13 (39,4%). En resumen, como siempre sucede en la exánime democracia colombiana, la reducida pero poderosa, agresiva y organizada oligarquía extremo-derechista impuso su voluntad e intereses, con mentiras, manipulaciones y amenazas, a las mayorías nacionales. Del lado opuesto, una exageración de los beneficios que traería para las mayorías la aprobación de los acuerdos, fue la nota más destacada (Ver recuadro 2: La cultura política de los colombianos, 2015).

 

De las 33 entidades tomadas como referencia para el análisis, once (33,3%) concentran en conjunto el 70.6 por ciento del total de sufragios posibles al contar, cada una con más del 3 por ciento de las personas habilitadas. De estas, en cinco ganó el No: Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Tolima; en seis ganó el Sí: Bogotá D.C., Atlántico, Bolívar, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca. Como tendencia general, con la excepción del distrito capital y el Valle del Cauca, se observa que en las regiones donde tradicionalmente hay más alto “desarrollo” económico son las que votaron en mayor proporción por el NO (Ver cuadros 1 A y 1 B).

 

 

 

 

 

 

Antagonismo traumático

 

El número de votos válidos en el plebiscito por la paz sumó 12.808.858. Con la mínima diferencia de 53.894 sufragios (0,2% respecto al total de votantes habilitados), el No resultó triunfador.

 

El empate técnico no obedece a un relativismo cultural, según el cual la percepción del conflicto social depende de la pertenencia del observador a uno u otro grupo, en favor o en contra de refrendar los acuerdos Gobierno-insurgencia. La división entre las dos percepciones «relativas» implica una referencia oculta a una constante, a un núcleo traumático, un antagonismo fundamental que la sociedad colombiana es incapaz de simbolizar, explicar o asimilar, un desequilibrio crónico en las relaciones sociales que impide que la ciudadanía se estabilice en un todo armonioso. Las diferentes percepciones expresadas en el plebiscito, incluidos quienes se abstuvieron de acudir a las urnas, son tres intentos mutuamente excluyentes de lidiar con este antagonismo traumático, de sanar la herida histórica mediante el consenso democrático de construir colectivamente una estructura simbólica equilibrada, incluyente y justa. Lo «Real» no es el fenómeno expresado en los resultados del plebiscito por la paz, sino el núcleo traumático del histórico antagonismo entre clases sociales1 que distorsiona la visión del individuo frente a quienes, de una parte, tienen intereses en prolongar una guerra de la cual obtienen réditos y, de otra, a los que defienden el anhelo de paz con igualdad, democracia, trabajo digno, justicia social y soberanía2.

 

Los estudios que emprendió el economista, historiador, escritor y político socialista colombiano Antonio García Nossa (1912-1982) sobre la movilización insurreccional de los comunes de labriegos libres, artesanos, obreros de manufactura, peones y clases medias en 1781, coloca de presente este núcleo traumático o antagonismo fundamental de la sociedad colombiana. En la insurrección de Los Comuneros se encuentra, según García, embrionariamente, esta trama de la historia contemporánea, entendida como un contrapunto dialéctico entre la movilización popular orientada hacia la ruptura y superación –consciente o inconsciente– de las estructuras hispano coloniales de dominación y dependencia –modernizadas sólo a partir de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y de la subsiguiente integración a la metrópoli norteamericana– y la acción defensiva-ofensiva de las familias conservadoras, castas, burócratas, curas fanáticos, militares, políticos mafiosos, intelectuales fascistas y profesionales derechistas, oligarquías o clases dominantes; en el sentido de conservar aquellas estructuras (estrategia conservadora) o de promover la desarticulación o aplastamiento de la organización y movilización popular y de la clase trabajadora por medio de la violencia institucionalizada (estrategia contrarrevolucionaria)3.

 

Democracia exánime

 

La mayoría de la población apta para participar en el plebiscito por la paz, 63 de cada 100, se abstuvo de participar; expresión de la grave crisis de la democracia liberal colombiana. Este tipo de democracia que nació con las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y América, en su esencia, deja la soberanía popular relegada a una mera función electiva que le otorga poder exclusivo de gobierno a las oligarquías y a la representación de políticos profesionales. Al eliminarse la participación directa en la toma de decisiones (quedando sometida simplemente a una voluntad de cada proceso electoral), el pueblo termina perdiendo todo contacto inmediato con la solución de sus problemáticas, para dejarlas en manos de una minoría –clase política– de la sociedad, ajena también a esos problemas sociales populares y laborales. En esencia, no existe en Colombia una forma de gobierno democrática, pero es tal el peso de la ideología que la sociedad se cree el “cuento” que esta parodia de democracia es “la más antigua y sólida del continente”.

 

En este plebiscito, 20 de las 33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá y “Consulados”) registran niveles de abstención superiores al promedio nacional: 71,7 por ciento. Con la excepción de Arauca y Caquetá, la mayoría de la población votante lo hizo por la opción del Sí en estas entidades de alta abstención (Ver cuadros 1A y 1B).

 

En la capital del país, con el 15,9 por ciento del potencial de sufragantes, ganó el Sí al sumar 1.423.612 votos (25,7% respecto al total distrital). El Distrito Capital concentra una alta proporción del voto libre, informado y consciente de Colombia. Independiente del estrato socio-económico, en todas sus localidades el porcentaje de abstención fue inferior al promedio nacional y mayoritariamente ganó el Sí. Sólo en tres localidades, las que concentran la población que vive bajo condiciones de extrema pobreza y los desplazados por la violencia, ganó el No: Bosa, Ciudad Bolívar y Usme (Ver mapa 2).

 

 

Este fenómeno combinado de rechazo y abstención, en sus localidades más excluidas y pobres, se explica por ocho razones: i) el resentimiento en contra de las políticas antipopulares y neoliberales del gobierno Santos; ii) las mentiras y manipulaciones publicitadas desde las campañas por el No (en particular sobre los supuestos y exagerados beneficios económicos que recibirían los excombatientes); iii) la incomprensión referente a la figura jurídica y al contenido del plebiscito; iv) ignorancia política; v) desesperanza aprendida, en cuanto la persona se siente indefensa, cree no tener control sobre la situación y piensa que cualquier cosa que haga será inútil; vi) considerar que el plebiscito era una continuidad del enfrentamiento Santos-Uribe; vii) apego a una cultura que ha permeado desde arriba a todas las capas sociales de solucionar los problemas mediante la violencia y el exterminio; viii) El odio contra la insurgencia, producto de una intensa guerra política desplegada por años, así como por los errores propios de ésta y que afectaron a sectores populares.

 

Razones que atraviesan a la sociedad colombiana en su conjunto, no sólo a los sectores populares, Hay que agregar que si bien la juventud estaba a favor del Sí, esta mostró su animadversión de acudir a las urnas; a deshoras hizo conciencia del error, tratando de borrarlo con postreras movilizaciones en favor de la paz. La izquierda, apática, indecisa y autista, poco hizo en favor de una concientización social y masiva en favor del SÍ y, peor aún, nunca ha logrado ofrecer una propuesta realista, positiva, incluyente y constructiva de futuro a la sociedad colombiana.

 

De los 600 mil nacionales habilitados para votar en el extranjero sólo lo llevó a cabo el 13,9 por ciento, reflejando un alto desafecto por los destinos del país natal por parte de quienes están arraigados en tierras foráneas. Con la excepción de Estados Unidos, en los demás consulados ganó la preferencia por el Sí (44.801 votos por el Sí y 37.995 votos por el No).

 

En los seis departamentos que integran la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, la Guajira y Magdalena) tres de cada cuatro potenciales votantes se abstuvo. En todas estas entidades territoriales fue prevalente el voto por el Sí. La razón de esta alta abstención fueron dos: i) el impacto del huracán Matthew: las intensas lluvias impidieron que los ciudadanos salieran a votar; ii) las maquinarias políticas no se utilizaron para movilizar a los electores; como no estaba en juego las elecciones de los “caciques” políticos, no operó el tradicional clientelismo y la compra de votos.

 

Los departamentos que más han sufrido la inclemencia de la violencia efectivamente fueron los que mayor apoyo dieron al plebiscito. En nueve de las regiones más afectadas por el conflicto armado, con mayor pobreza y menos institucionalidad, ganó el voto por el Sí: Amazonas, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. No obstante, en estos departamentos el nivel de abstención promedio fue del 68 por ciento.

 

En uno de los principales centros agrícolas, industriales, comerciales y financieros del país, el Valle del Cauca, ganó el apoyo a la refrendación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc-Ep por parte del 18,6 por ciento del potencial de ciudadanos habilitados; el No fue refrendado por el 16,9 y la abstención alcanzó el 63,9 por ciento. En la capital, Cali, votaron 589.451 ciudadanos, el 54,3 lo hicieron por el Sí y el 45,7 por el No. En otros centros importantes de la economía y el turismo del país, Boyacá y San Andrés, igualmente salió triunfador el SÍ, aunque con escaso margen.

 

En 13 entidades territoriales el rechazo a los acuerdos del Gobierno con la insurgencia fue mayoritario: Antioquia, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Allí el nivel de abstención registró un promedio de 10.1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional: 52,4 por ciento. Es importante señalar, de una parte, que en toda la zona centro de Colombia la insurgencia ha operado como un ejército de ocupación y sus acciones más negativas (secuestro, extorsión y afectación de la infraestructura) han sido dirigidas en contra del empresariado agrícola medio y grande, como también, en no pocos casos, contra el campesinado y pueblos rurales. Existe, por tanto, en estas regiones, un resentimiento directo muy grande con las Farc que obviamente fue aprovechado por los promotores del No.

 

Pero de otra parte, y no menos importante, los rezagos de la república señorial, el latifundio ganadero, las economías extractivas dominadas por empresas transnacionales, una clase media rural fundamentada en el tipo patriarcal y católico de la familia antioqueña, la vigorosa influencia conservadora del partido del clero que subyuga la conciencia popular, el principio crematístico para medir la funcionalidad de toda actividad social fundamentado en el individualismo egoísta y la contra ética del “fin justifica los medios”, y el escalamiento del paramilitarismo como poder político, social y cultural en la mayoría de municipios que integran estas regiones afectadas por la guerra, explican estos resultados adversos al fin del conflicto armado y a la construcción de la paz.

 

En una de las principales ciudades de Colombia, Medellín, 431.173 ciudadanos votaron en favor del No (63%) y 253.548 por el SÍ (37%). Una ciudad bonita, con buena infraestructura y tecnológicamente avanzada, la economía moderna y un nivel educativo más elevado, no son suficientes para hacer evolucionar y transformar civilizadamente la mentalidad colonial, las creencias y formas de vida atávica, y el espíritu patriarcal, violento y de vindicta.

 

Se ha dicho que los extremos se tocan. En el departamento de Arauca, con arraigada presencia del Eln, ganó la opción por el No (30.274 votos). Por el Sí votaron 28.653 ciudadanos. Se abstuvieron 115.537 ciudadanos, el 65,4 por ciento, influenciados por el rechazo del Eln al proceso de negociación Gobierno- Farc-Ep. El Eln afirma que “los anhelos de paz con equidad, justicia social y soberanía tal como lo requieren las mayorías, exige la unión de todas y todos quienes buscamos una Colombia donde el pueblo y la nación sean partícipes y protagonistas de las nuevas construcciones; sin tal protagonismo popular y social, no es posible el logro de la paz”4. En consecuencia, el inicio de la negociación del fin del conflicto armado entre el Gobierno y el Eln, el próximo 27 de octubre en Quito, pondrá otro ritmo a la complejidad y encrucijada que enfrenta la sociedad actualmente y abrirá un espacio donde se exprese democráticamente la sociedad, paralelo a la negociación elitista y a puerta cerrada entre el Gobierno y los partidos ultraderechistas.

 

Al desagregar los resultados del plebiscito, encontramos que la tendencia del departamento de Arauca la define –como es de esperarse– el municipio con mayor potencial electoral, en este caso Arauca, capital, la cual tuvo como resultados un 34,9% (8.159 votos) por el Sí y un 65,1% (15.191 votos) por el No. Los datos sobre presencia de los grupos insurgentes en este departamento han demostrado que la intensidad del conflicto armado se ha concentrado en municipios como Saravena, Fortul, Arauquita, y Tame, municipios en los que el SI ganó (en Saravena ganó el No), corroborando que los territorios en los que más se ha vivido la guerra y por ende los principales beneficiarios del acuerdo, ganó la opción para la implementación de los acuerdos. En Cravo Norte y Puerto Rendón, con presencia paramilitar y base económica latifundista y ganadera, triunfó el No.

 

Odio y actitud psicótica

 

El odio sobredeterminó los resultados del plebiscito por la paz. El odio es una pasión que lleva a hacer daño a alguien o desearle mal. Esta fue la principal motivación de las campañas por el No, al impugnar los acuerdos de paz.

 

Pero además de éste, entre los líderes de estos movimientos de ultraderecha política-religiosa-empresarial-militar predomina la actitud psicótica: la de un autoproclamado salvador que imagina que su ley interior es la Ley para todo el mundo. Para que el mundo siga sus preceptos, el “Mesías” recurre a construcciones paranoicas, al complot de fuerzas ocultas: el centro de la publicidad por el No buscaba generar el miedo de las masas ante la amenaza “castrochavista” o la entrega del Estado a los “terroristas encabezados por Timochenko”.

 

También los líderes de los partidos ultraderechistas son megalómanos (condición psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, relevancia, omnipotencia y por una henchida autoestima), no conciben un proceso de transformación social sin su dirección y liderazgo, de lo contrario patean el tablero sin reparar en costos de vidas, económicos y sociales.

 

No obstante, detrás del odio y de las formas de hacer la política, está el tema de intereses de clases o fracciones de clase que quieren a toda costa evitar políticas económicas, sociales y democráticas que los afecten (redistribución de tierras, impuestos a la propiedad, etc.) y además prevenir que puedan surgir gobiernos que desarrollen políticas progresistas y cercanas a determinadas formas de izquierda democrática o socialistas.

 

De la Apen (1935) al Mur (2016)

 

La violencia es un método consuetudinario empleado por las clases dominantes en Colombia para el ejercicio político y para oponerse a cualquier reforma social o apertura democrática que afecte sus intereses. El crimen y la impunidad son facilitados por el sectarismo político que practican.

 

Así, por ejemplo, las reformas impulsadas durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, elegido en 1934, incluían nuevas formulaciones del derecho de propiedad, un replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y una serie de medidas modernizadoras en el campo social y político que pretendían dar solución a la crisis económica de 1929 y a los graves conflictos rurales y obreros de la década de 1920. Para neutralizar estas reformas, se creó la Apen (Asociación Patriótica Económica Nacional) en marzo de 1935, movimiento político formado por terratenientes, latifundistas, industriales, financieros, intelectuales, altos políticos y veteranos de las guerras civiles colombianas. Fue creado para oponerse abiertamente al movimiento de masas campesino y, sobre todo, para arrasar con la política de Alfonso López Pumarejo. La Apen tuvo una actividad intermitente hasta los años 1940, enlazándose con el período histórico conocido como “La Violencia5.

 

La historia se repite. En agosto de 2016, dieron vida al Movimiento de Unidad Republicana en contra de los acuerdos de paz Gobierno Nacional-Farc-EP y del plebiscito que refrende popularmente los acuerdos. Hacen parte de este movimiento dos expresidentes de la República, exalcaldes, dirigentes políticos (en su mayoría de los partidos Centro democrático, Conservador y Liberal), empresarios (sobresale Ardila Lule, dueño de RCN y zar de las bebidas edulcorantes), ganaderos, militares retirados, dueños de medios de comunicación (principalmente los periódicos de Medellín), dirigentes de gremios agropecuarios, alta jerarquía de la iglesia católica (en especial, Monseñor Libardo Ramírez Gómez, presidente del Tribunal Eclesiástico Colombiano), intelectuales y columnistas defensores de la derecha nacional, entre otros. En general, esta oposición que recoge la ultra derecha político-religiosa-empresarial-militar-intelectual de Colombia enarbola las banderas de la defensa de Dios, patria, familia, propiedad y tradición.

 

El No, campaña de mentiras, miedo y amenazas

 

El excandidato a la alcaldía de Medellín y gerente de campaña por el No del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, confesó, en entrevista con el periódico La República, que “apelamos a la indignación, queríamos que la gente saliera a votar verraca (de mal genio)”, por ejemplo “la imagen de Santos y ‘Timochenko’ con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla, la publiqué en Facebook y tuvo un alcance de seis millones”.

 

La profundización de esta campaña fue mandar el mensaje direccionado para ‘sacar la piedra de los electores’, por estrato y ubicación geográfica, afirmó el excandidato del Centro Democrático: “En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios”; “en cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos: en la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela; y aquí (Antioquia y Eje Cafetero) el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas”.

 

La campaña por el No costó cerca de $1.300 millones que aportaron 30 personas naturales y 30 empresas. Los principales financiadores de esta sucia campaña (estrategia de la “clínica del rumor”, la llaman los asesores políticos) fueron entre ellas la Organización Ardila Lülle (RCN, Win, Postobón, Atlético Nacional, Heineken), Grupo Bolívar (Seguros Bolívar, Davivienda, Codiscos), Grupo Uribe (Mango, Sprit, Naf Naf París, Chevignon, Americanino), Grupo Corbeta (AKT, Alkosto, K-Tronik, Foton, Castrol), cuyos presidentes y propietarios respectivamente son Carlos Ardila Lüle, José Alejo Cortes, Manuel Santiago Mejía Carlos Gilberto Uribe y la familia Díaz, los tres últimos empresarios antioqueños cercanos al expresidente Álvaro Uribe. La organización Ardilla Lule, propietaria de RCN (radio y televisión), desde el canal de televisión su directora, Claudia Gurisatti, fue una de las principales críticas de los acuerdos y compulsiva promotora de la campaña del No.

 

En paralelo, los líderes del Centro Democrático llamaron en su auxilio a las iglesias cristianas y evangélicas, para adoctrinar a sus creyentes en contra de los acuerdos de paz entre la insurgencia y el gobierno. En particular atacaron el enfoque de género de los acuerdos de paz y desinformaron con los riesgos que enfrenta la familia y las instituciones ante las políticas que promueven las libertades de identidad sexual.

 

Los resultados del plebiscito muestra la fuerza de los grupos de extrema derecha en Colombia, su capacidad para conectarse con un amplio segmento social, realidad que realza, al mismo tiempo, la incapacidad de la izquierda para comprender sus formas de ser, su enraizamiento cultural y sus capacidades, más allá de su ser violento. Además, se ponen de presente las fracturas y conflictos entre las fuerzas de las clases y fracciones de clase; en concreto entre el latifundismo premoderno y las ideologías de extrema derecha que representan el Centro Democrático y el Partido Conservador, de una parte, y la oligarquía modernizante y transnacional que representa el santismo, de otra parte.

 

 

 

 

Miedo a la verdad

 

Las Naciones Unidas han indicado que en los procesos de paz debe respetarse plenamente el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a obtener reparación y garantías de no repetición. La verdad consiste en el reconocimiento que la sociedad y las instituciones hacen acerca de las violaciones cometidas, las víctimas perjudicadas por ellas y los responsables de tales hechos. El derecho a la justicia permite el reconocimiento de las víctimas; las respalda en sus reclamos y exigencias, las protege y reestablece formalmente sus derechos. La reparación es el mecanismo fundamental para hacer justicia a las víctimas y evitar la repetición de las violaciones; mediante la reparación se identifica el daño, se reconoce a las víctimas, se les protegen sus derechos y se busca anular los efectos de las violaciones que han sido cometidas.

 

El principal miedo que tiene la ultraderecha en Colombia es que se conozca la verdad; esto es, que un día nuestra sociedad y la opinión pública mundial conozcan la verdad sobre los autores del genocidio ocurrido en el país durante los últimos sesenta años. Los líderes de estos partidos políticos, movimientos sociales, iglesias, militares y grupos paramilitares, intelectuales de derecha, burócratas, empresarios, empresarios, dueños de los medios de comunicación y representantes de las transnacionales buscan por todos los medios enterrar la verdad y evitar ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.
En particular, como lo afirmó el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro: “El gran temor de Álvaro Uribe es que los militares que están incursos en delitos en medio del conflicto confiesen ante el Tribunal Especial. Uribe le tiene pavor a que los militares hablen y los lleva a un sacrificio, les pide que no vayan al Tribunal Especial, que se quite ese organismo y que vayan a la justicia ordinaria, con lo cual los está es condenando literalmente a la Corte Penal Internacional. Solo porque él no quiere que hablen”.

 

Los artículos 5º y 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional –aprobado en Colombia por la Ley 742 de 2002– incluyen estos crímenes entre las conductas punibles sobre las cuales ejerce su competencia ese alto tribunal. Un crimen de lesa humanidad es el que por su carácter especialmente grave ofende no sólo a la víctima, sino a toda la familia humana.

 

El Punto 5 del acuerdo de paz contiene el tema de “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012 entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, se acordó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. En el firmado, crean el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

 

El filósofo griego Aristóteles solía decir que “No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad”.

 

 

 

 

La encrucijada

 

Colombia se encuentra ante una situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuación; sus actores sociales y políticos alternativos parecieran no saber cuál de ellas escoger. Esta es una de las encrucijadas decisivas de su historia, que requiere buscar una gran confluencia por la paz y la solución negociada al conflicto bélico interno, que implique justicia social y una novedosa y protagónica participación de su ciudadanía en el diseño y definición de su presente y futuro inmediato, y mucho más allá.

 

Es importante impedir un acuerdo excluyente, entre las oligarquías que han conducido históricamente al desastre de país que tenemos. No es posible, en pleno siglo XXI, otro Frente Nacional para el beneficio de las clases dominantes. Su sociedad democrática (en particular la clase trabajadora, los movimientos sociales, los defensores de derechos humanos, la intelectualidad orgánica y los partidos políticos de izquierda) debe enfrentar, de manera decidida, al sector minoritario alineado con las ideologías de extrema derecha y las lógicas de guerra y exclusión, con sus fines deshumanizantes y sus actividades explotadoras del trabajo nacional y depredadoras y rentistas de la riqueza territorial mediante el modelo neoliberal que arbitraria y violentamente impusieron al país. Pero estos núcleos sociales demócratas también deben enfrentar al conjunto de la clase dominante que encabeza el actual modelo económico, político y social dominante en nuestro territorio, a partir del cual se excluye a las mayorías de los beneficios de su trabajo y esfuerzo, criminalizando sus protestas e inconformidad. Es necesario que estos núcleos democráticos, conciten el favor mayoritario del país en pro de un emplazamiento al gobierno de turno, a partir del cual quede claro que la paz sin justicia económica, y sin transformar el modelo de acumulación no es soportable en el tiempo. Impedir que la anunciada reforma tributaria sea aprobada sería el primer reto de este emplazamiento.

 

En los acuerdos de paz firmados, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificaría la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito que debía refrendar política y popularmente estos acuerdos, se comprometían a convocar a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo político nacional, encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Con la crisis política generada por los resultados del plebiscito, este compromiso y propósito es más necesarios que nunca.

 


 

* Economista político y filósofo humanista. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Integrante del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.
1 No obstante, dentro de cada uno de los grupos del Sí y el No están presentes una variedad de estratos socioeconómicos unidos por factores ideológicos principalmente.
2 Zizek, Slavoj; (2016). Contragolpe absoluto. Para una refundación del materialismo dialéctico. Ediciones Akal, España, p. 111.
3 García, Antonio; (1981). ¿A dónde va Colombia? Tiempo americano editores Ltda., Colombia, p. 16.
4 Revista Insurrección N° 549
5 Conflicto que causó 300.000 asesinatos y el desplazamiento forzoso de más de dos millones de personas, equivalente casi a una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes La superación de este período se realizó a través de un pacto de élites conocido como "Frente Nacional", vigente en Colombia entre 1958 y 1974, caracterizado por el reparto del poder entre las oligarquías y la exclusión política de los sectores populares.

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  • Antetítulo:Colombia:
  • Autor:Libardo Sarmiento Anzola*
  • Edición:Sociedad y política Nº8
  • Fecha:Oct-Nov 2016
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