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Hidroituango:  “Si no se van, el agua los va a sacar”

Declaran alerta roja en Hidroituango. El 16 de mayo fueron evacuadas más de 4.500 personas de los municipios Valdivia, Cáceres, Tarazá, Nechí, Caucasia, Guaranda, entre otros. Esto se suma a las 600 personas damnificadas el pasado jueves 10 de mayo en el corregimiento de Puerto Valdivia. Este es el resultado de la decisión tomada por las EPM para salvar Hidroituango, después de que el embalse aumentara su nivel. Hay que resaltar que los responsables de la hidroeléctrica ignoraron las constantes advertencias de las comunidades campesinas que habitan el área de influencia del megaproyecto, quienes previeron lo sucedido.

 

A pesar de lo informado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) el pasado 10 de mayo, confirmando que la emergencia reinante en Hidroituango, causante de la inundación del corregimiento de Puerto Valdivia estaba controlada, más pudo la naturaleza que la palabrería y la desinformación que cargan los comunicados emitidos por las EPM.

 

Así quedó en evidencia al medio día del 16 mayo, cuando de nuevo fueron activadas las alarmas que le anunciaban a los pobladores del sector que el Río Cauca podía inundar y llevarse sus vidas, viviendas y enseres.

 

Luego de escuchar las alarmas, más de 4.800 personas salieron de sus casas con los enseres que pudieron rescatar. Los afectados habitan los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Nechí, Caucasia, Briceño, Ituango; en Antioquia. Majagual, Guaranda en Sucre; Ayapel en Córdoba, y Achí y San Jacinto del Cauca en Bolívar.

 

Mucho más que lluvia

 

El parte oficial del 10 de mayo informó que las constantes lluvias aumentaron el caudal del río Cauca, lo que sumado a los derrumbes que taponaron el túnel de desviación del río, terminaron por aumentar el nivel de agua en la represa, poniendo en riesgo todo el proyecto hidroeléctrico. Buscando bajar el nivel del agua, las EPM decidieron inundar la sala de máquinas del megaproyecto y habilitar uno de los túneles de generación para liberar más de 6.000 metros cúbicos de agua por segundo, incrementando el cauce del Cauca río abajo e inundando el corregimiento de Puerto Valdivia.

 

El 16 de mayo, pasadas las 12 del medio día, el túnel que evacúa el agua de la sala de máquinas colapsó, ésta se inundó y dirigió el agua hacia la vía de acceso a la presa. La solución fue destapar dos túneles de evacuación que llevan el agua al cauce del Cauca, incrementado a niveles insospechados su caudal y poniendo en riesgo inminente a las comunidades que habitan la rivera del río aguas abajo del proyecto hidroeléctrico.

 

De esta manera, lo hecho indica que los intentos de los operadores de Hidroituango por evitar los desastres que pudiera causar la represa son inútiles; todo su esfuerzo está dedicado a proteger el megaproyecto, mas no la tranquilidad de quienes allí habitan, sus viviendas, enseres y cultivos.

 

Emergencia del 10 de mayo

 

Una tragedia con rostro humano. Juan Pablo Soler, vocero de Movimiento Ríos Vivos cuenta que hoy los impactos río abajo son desastrosos, pues todo el corregimiento de Puerto Valdivia se desplazó a dos albergues en donde las familias se mantienen con mucho temor y desazón por lo ocurrido y lo que les depara. “Existe una situación muy compleja porque hay viviendas totalmente destruidas y a la comunidad se le dijo que les van a pagar tres o seis meses de arriendo para luego ver su reubicación, o que van a recibir un alivio temporal y podrán retornar a sus casas. Adicionalmente, las comunidades que viven entre el kilómetro 15 y 14, y que perdieron sus cultivos de yuca, maíz y plátano por la inundación, luego de 6 días del incidente no han sido asistidas por ningún funcionario de la hidroeléctrica” añadió.

 

Pero lo sucedido no solo afecta a las poblaciones que se encuentran ubicadas aguas abajo de la represa, sino que también hay una seria afectación aguas arriba del embalse en los municipios de Toledo, Briceño e Ituango, ya que allí el impacto social se relaciona con el desplazamiento forzado ocasionado por las inundaciones imprevistas y el eventual llenado del embalse.

 

Soler manifiesta que es por esto que la población en general pide que la reubique, frente a lo cual no hay respuesta ni de la Gobernación ni de las EPM. Como vocero de Ríos Vivos, Soler expresa que “el reporte de EPM dice que este fenómeno puede ocurrir en cualquier momento. Nuestra pregunta es, ¿en qué dimensión?”, porque el caudal del Cauca no superó los niveles promedio que alcanza en una época invernal cualquiera, y se sabe que lo sucedido en Puerto Valdivia fue causado por el vertimiento descontrolado de grandes cantidades de agua.

 

Frente a esto, ¿quién responde por los impactos psicosociales que genera a las poblaciones vivir al lado de una represa que tiene problemas técnicos? Existe una sensación generalizada en los habitantes de que Hidroituango perdió el control del río, y explican que “si no hubo muertos fue porque pudimos correr, pero las alarmas instaladas por la empresa sonaron tarde, es decir, si nos confiamos en las alarmas más de uno hubiese muerto”.

 

La hidroeléctrica más grande de Colombia

 

El proyecto Hidroituango inició su etapa de construcción en el 2009, cinco décadas después de haberse concebido. Este megaproyecto abarca 75 km de longitud desde Santa Fé de Antioquia hasta el municipio de Ituango. y se espera que contenga más de 2.700 millones de metros cúbicos de agua. Su importancia radica en la influencia que tendrá para los sectores cafeteros y mineros del Bajo Cauca y del occidente del país, además de garantizar la supuesta soberanía energética nacional, gracias a la producción de 2.400 MW hora.

 

Una obra planeada y construida en contra de las comunidades que allí habitan, y con profundas implicaciones. Así, a lo largo de los 9 años transcurridos desde su inicio de obras, se han visto afectados 12 municipios del noroccidente de Antioquia (ver mapa). Bajo el discurso del desarrollo y la producción de energía “limpia”, las EPM arrasó 4.500 hectáreas de bosque seco tropical, desvió el Río Cauca y, amparada en el argumento de que en esa zona no hay mayor cantidad de pobladores, inició procesos de desplazamiento, amenazas y persecuciones en contra de las comunidades campesinas que habitan este territorio, llegando incluso a desplazar más de 400 campesinos en el 2013, que tuvieron que refugiarse durante 5 meses en la Universidad de Antioquia.

 

Además, la ejecución de este megaproyecto generó una creciente preocupación en las comunidades que fueron víctimas del conflicto armado a finales de la década de los noventa e inicios del 2000, ya que al finalizar la obra se inundarán las fosas comunes donde fueron enterradas más de 600 personas asesinadas en numerosas masacres cometidas por los paramilitares y el ejército. La casa de la memoria de Toledo fue quemada en el proceso de construcción del embalse, y el Puente Pescadero, uno de los puntos claves en el proceso de recuperación de la memoria histórica de éstas comunidades, también será destruido después de que la hidroeléctrica comience a operar; frente a todo esto, cabe preguntarse si es más importante la represa o la voluntad de las comunidades y su necesidad de verdad y reparación.

 

A todo este cóctel de negligencia por parte del Estado, hay que añadir que en el área de influencia se han otorgado 18 títulos mineros para explotar en Ituango, 20 para Briceño, y en Buriticá las concesiones a la multinacional Continental Gold que superan el área del municipio. Todo esto deja ver algunas de las intenciones secundarias que hay en este megaproyecto, como lo es el abastecimiento de energía para las empresas mineras que poco a poco se han instalado en este territorio.

 

La reciente inundación es otra de las tantas afectaciones soportadas por esta población, hoy más vulnerable. Soler le narró a desdebajo que a través de una manifestación realizada por la comunidad de Puerto Valdivia en el municipio de Sabanalarga el pasado 2 de mayo (día en el que fue asesinado Hugo George, integrante del movimiento y habitante de Puerto Valdivia), se increpó a las EPM cuestionándola sobre cuáles eran las estrategias para garantizar la tranquilidad de los habitantes que viven río abajo del proyecto, ante lo cual la empresa respondió reuniendo a las comunidades para decirles que no creyeran en chismes, que “todo está controlado, está controlado el caudal del río y cualquier riesgo posible”. Ocho días después quedó evidente que no había ningún control, que lo pretendido por las EPM era desmovilizar a la población para evitar las acciones de protesta.

 

¿Falla geológica o falla humana?

 

Una realidad dura, con profundo impacto social, que debe ser debatida por todo el país pues, más allá de la economía está, de manera prioritaria, la gente, garantizar el derecho fundamental a la vida, con dignidad. Por ello, desdeabajo entrevistó a Luis Alberto Arias López, profesor de geología y geomorfología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional sede Medellín, quién en el año 1980 trabajó en la fase de factibilidad del proyecto Hidroituango, con el fin de profundizar las causas y responsabilidades de lo sucedido con la represa.

 

En tal fase del proyecto, el equipo del cual él hizo parte concluyó que la represa se podía hacer, sin embargo su tamaño, la necesidad de energía del país y la envergadura del proyecto fueron razones suficientes para que su construcción se aplazara. A través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia –Idea– el proyecto pasó a manos de la Gobernación de Antioquia, quién más adelante llegó a un acuerdo con EPM, quien concentró el 95 por ciento de la propiedad del mismo.

 

Arias considera que “todo proyecto debe combinar varias racionalidades: económica, técnica, ambiental y social. En este proyecto, desde sus inicios, desde que está en manos de la Gobernación de Antioquia, no tiene todas esas racionalidades bien equilibradas. La racionalidad económica predomina sobre las otras”. Es por ello que para el profesor hay fallas en la ejecución técnica de las obras, que en su proceso de construcción no tuvieron en cuenta los impactos ambientales y sociales.

 

Frente a las recientes inundaciones, el profesor declara que “ni siquiera quienes manejan el proyecto saben qué está ocurriendo allá; son problemas técnicos en los túneles, son los problemas del embalse que está sosteniendo el río, que también se está llenando muy rápido; no tienen control del desembalse del río, y tampoco pueden desembalsar rápidamente porque es un problema”.

 

Por lo tanto, las declaraciones de las EPM y los diferentes medios de comunicación, que le atribuyen lo sucedido a una falla geológica inesperada no son del todo convincentes para el investigador, quien declara que el término falla geológica ha sufrido una devaluación en el medio de la geología, convirtiéndose en un “cliché usado en los medios para referirse a cualquier imprevisto”. En su criterio, Arias considera que “en lugar de una falla geológica lo que hay es una falla humana… Como geólogo veo que en Hidroituango el problema es un terreno que ya se ha caracterizado como muy frágil y por lo mismo hay que manejar eso con mucho cuidado. Hay que romper con esa costumbre de utilizar un caballito de batalla para explicar lo inexplicable”.

 

Arias considera que la actitud ligera asumida por las EPM respecto a los problemas geotécnicos que implican estas obras, tiene como consecuencia la falta de predicción de los sucesos que han acontecido los últimos días. Respecto a lo que pueda suceder, el profesor declara que hay que dar espera a que se supere la situación de emergencia para ver las consecuencias del aumento del caudal del río Cauca y para evaluar lo sucedido con los túneles, “en cuanto pase esto hay que ver si se continúa con el proyecto, si hay que hacer ajustes –que es lo más probable que suceda–, todavía no sé si lo ocurrido sea un elemento suficiente para descartar el proyecto. Pero si la emergencia empeora, la discusión será de otro tipo”.

 

Por su parte, Juan Pablo Soler menciona que el aumento de las aguas en el embalse se da por decisiones técnicas mal tomadas al interior del proyecto hidroeléctrico. “Nos han hablado de que los túneles fueron sellados prematuramente; debieron esperar hasta que el muro de la presa estuviera terminado. Entendemos que hoy el muro no está totalmente terminado, por eso deciden llenar la casa de máquinas; de no hacerlo, el nivel del agua hubiese afectado la estructura del muro. Si bien el invierno aumentó el nivel del río, esto debió ser previsto; contrario a esto optaron por tomar riesgos innecesarios”.

 

 


 

 

Recuadro 1

 

Por qué no se debió construir Hidroituango donde se construyó

 

Los investigadores y docentes de la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Luis Alberto Arias y Keneth Cabrera Torres, en su proyecto “estudio de actividad tectónica vigente en el cañón del Río Cauca”, encontraron que el Cauca, en su travesía por Colombia en vez de ampliar el valle se vuelve más estrecho, con una inclinación más fuerte y un cañón más cerrado. Este encañonamiento se debe, según los investigadores, a que en el departamento de Antioquia las cordilleras central y occidental están levantándose más al norte que al sur, situación que les ha permitido concluir que se trata de una zona que todavía tiene una actividad tectónica importante.

 

Según el desarrollo del estudio, existe un riesgo al haber construido la represa de Hidroituango en el lugar en donde está, ya que los datos recolectados en sus estudios les permiten asegurar que se trata de una zona que todavía se está asentando; esto podría significar deslizamientos y derrumbes de la montaña, por no mencionar eventos sísmicos y telúricos que pueden amenazar la vida de las personas que habitan el área de influencia, además del proyecto en sí mismo.

 

El pueblo negado se niega a claudicar

 

Un caso que grafica las vivencias de las comunidades de la zona y el paulatino deterioro de sus posibilidades de seguir en el territorio, son los relatos de Isabel Zuleta, directora del Movimiento Ríos Vivos, quien habló con desdeabajo e hizo una crónica de los padecimientos que ha generado para ellos la construcción del embalse y todo lo que antecede al proyecto.

 

Isabel recuerda “hace mucho tiempo que venimos hablando de cómo se ha vaciado el territorio, precisamente al hacer seguimiento de la cifras de desplazamiento forzado, uno se da cuenta que en los periodos históricos en los que se empieza a motivar más la obra por Álvaro Uribe Vélez en 1997, cuando crea la sociedad promotora de pescadores Ituango, es precisamente en ese periodo donde se intensifican las masacres en el Cañón del Río Cauca, hasta hoy documentamos 72 masacres, y en ese periodo de tiempo pues fruto de esas masacres, prácticamente se vació el cañón del río Cauca”.

 

“... cuando ellos entraron matando gente entraron los paramilitares, masacraron en ese punto y volvieron a salir matando gente, entonces una masacre para nosotros es el recorrido de muerte, nunca fue un hecho puntual. Y ese recorrido de muerte, coincide con la zona geográfica del proyecto Hidroituango”.

 

En la proyección de Hidroituango se trabaja sobre el supuesto de que en esa zona no hay población. La negativa de las comunidades que allí habitan a la construcción de la hidroeléctrica no ha impedido la planificación de este megaproyecto, ya que la empresa ha implementado métodos para la ejecución de las obras, que la población ha experimentado en carne propia.


“Para mí lo más fuerte que escuché fue decir que en la zona no había gente, entonces la gente dijo “¿yo que soy?”, no es que en esta zona no hay gente, por eso la represa es tan barata y demás afirmaciones; entonces claro, la gente era como ¿yo no existo?, se arrebató el derecho a la identidad básica del “yo estoy aquí”.

 

Las distintas estrategias, que buscan invisibilizar, negar, extinguir o desaparecer a un pueblo, se implementan de todas las formas posibles, a pesar de la fortaleza y la estoica posición de sus habitantes, que no dejan de luchar y recoger lo que quede de sus memorias. Isabel sigue narrando y ella misma establece la relación que hay entre hechos y desapariciones.

 

“A eso me refería y las cifras de los desplazamientos, de las masacres también coinciden y las cifras de los asesinatos selectivos, cuando empieza el proyecto HidroItuango… por eso es que todo eso se combina y por eso nosotros estamos hablando de un vaciamiento del territorio, literal, espiritual y emocional”.

 

Una vez más la imposición de una forma de vida sobre otra, por priorizar los intereses económicos sobre la gente y sus conocimientos, termina generando tragedias y dolores personales y colectivos, que desangran el corazón de los territorios y sus poblaciones.

 

Publicado enEdición Nº246
Lunes, 28 Mayo 2018 11:10

El diablo que son

El diablo que son

Ofrecieron vida y regaron el territorio de cadáveres. Prometieron bienestar y destruyeron los boques, inundaron tierras de labor y acabaron la economía tradicional de los sin tierra. Garantizaron progreso, el que hasta hoy no conocen los naturales de esta región, pero si cumplieron con la destrucción del entorno que encontraron. No es una exageración, es la realidad sembrada con el megaproyecto Hidroituango, la mayor hidroeléctrica del país.

 

Muerte y destrucción, que no solo llega ahora con la “sorpresiva” crecida del río Cauca y el caos observado en la calculada obra, con cientos de pobladores de las riveras de municipios como […] expuestos en su integridad física, sometidos a la angustia del ¿qué vendrá?, quienes perdieron buena parte de lo poco que tenían, y otros cientos trasladados a refugios temporales. Muerte y destrucción extendida entre 1990 y 2016, según un estudio de la Corporación Jurídica Libertad*, a “[…] 110.363 personas (que) fueron víctimas del conflicto en los municipios de la zona de influencia del megaproyecto (sobre una población estimada por el Dane para el año 2016 de 175.471 habitantes). De estos, 106.027 fueron desplazados forzosamente, 163 fueron víctimas de agresión sexual, 616 fueron desaparecidas forzosamente, 3.557 fueron asesinados en el marco del conflicto”.

 

Proceso de muerte y terror generalizado, marca indeleble de la estrategia paramilitar y su contubernio con las fuerzas oficiales. Protección, dejar pasar-dejar hacer, silencio cómplice, encubrimiento, y otras prácticas tan comunes en otras regiones del territorio nacional, acá también se hicieron lugar común, además de la acción directa de las propias fuerzas armadas oficiales, que además dejaron su huella con “34 ejecuciones extrajudiciales”.

 

Es así, por medio de este accionar, extendieron sus huestes los paramilitares; el bloque Mineros y el bloque Noroccidental. La inconformidad social con la obra en proyección, las protestas contra la misma, fueron acalladas con la brutalidad del poder. El desplazamiento se impuso: de Ituango salieron de manera forzosa 39.383 pobladores; de Peque 15.127; Valdivia vio partir 7.991; Yarumal, 6.975.

 

Otros no alcanzaron a dejar su terruño, pues las masacres no les permitieron partir: entre 1990-1994 fueron ejecutadas seis masacres, con 36 víctimas; entre 1995 y 2006, cuarenta masacres con 240 víctimas. Seis de las masacres se presentaron en territorios donde se realizaron las obras del megaproyecto. Entre 2007 y 2016 tres masacres con 14 víctimas.

 

La desaparición forzosa también extendió su vuelo: 616 personas la padecieron–así lo registra la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (Uariv), dato que desconoce que “[…] al solo bloque Mineros le imputan 1.150 desapariciones […]”. Como es reconocido, las víctimas fueron arrojadas al río Cauca o sepultadas en terrenos que terminaron inundados por la represa, garantizando con ello impunidad y la pervivencia de cientos de cuerpos insepultos, causa de dolor, violencia y venganza en nuestro país.

 

 

El potencial antioqueño

 

La región noroccidental de Antioquia está identificada como un territorio estratégico para la construcción de hidroeléctricas, la explotación minera y forestal, así como para el desarrollo de la industria lechera y turística.

 

Según el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (Bird), en un estudio del año 2011, el potencial hidroeléctrico instalado o en construcción de esta parte del país, es de 36 Gigawatios (GW); capacidad instalada o en construcción: más de 76 GW; y siguen en proyección casi 176 GW.

 

E indican, además que: “La región norte es el territorio con mayor potencial hidroeléctrico de Antioquia, aunque en el 2010 producía sólo el 17 por ciento de generación total. Tiene dos terceras partes (de este) potencial […] en construcción (Hidroituango); el 90 por ciento del (mismo) en diseño y la mitad de los proyectos en estudios de factibilidad”.

 

Es decir, en las proyecciones de las mal llamadas Empresas Públicas de Medellín (EPM), en sus cálculos por extender sus negocios de venta de energía a Centro América y otras partes de nuestra región, todavía hay mucha naturaleza por devastar y miles de miles por desplazar. Los proyectos de microcentrales ya públicos en distintos municipios del departamento, así lo corroboran. En tales territorios, como lo garantiza en Hidroituango la alianza Fuerzas Militares (con 2.000 efectivos al 2016 dedicados a la protección de la obra), Policía Nacional, y empresa, todo aquel que manifieste inconformidad saldrá de la zona, sino es que le sucede algo mucho peor. Y así actúan porque, de acuerdo a los manuales aún en uso entre militares, la población civil es asumida como el enemigo interno. Contra toda lógica y evidencia, la protesta social recibe tratamiento de guerra, lo que posterga una real democratización del país.

 

Es un tratamiento de fuerza y violencia, que durante los últimos días arrebató a los movimientos sociales colombianos, con activismo en el movimiento social Ríos Vivos, dos víctimas mortales más: Hugo Albeiro George Pérez –baleado junto a su sobrino Domar Egidio Zapata George el 2 de mayo– quienes a pesar de vivir en Ituango fueron asesinado en el corregimiento de Puerto Valdivia; y Luis Alberto Torres Montoya, baleado el 8 de mayo en el municipio de Valdivida, corregimiento de Puerto Valdivia.



* Caso Hidroituango: una lucha por la memoria y contra la impunidad, 2018, inédito

 

Publicado enEdición Nº246
¿Por qué Harvey dejó más víctimas en Texas que Irma en Cuba?
Los daños de los huracanes a las construcciones y las infraestructuras son similares en todo el Caribe. Sin embargo, Cuba se distingue porque la cantidad de personas que mueren durante estos fenómenos es muchísimo menor que en el resto de los países.

Desde el año 2000, Cuba sufrió 18 huracanes que provocaron la muerte de miles de personas en el Caribe y Estados Unidos. En Cuba el costo fue de sólo 45 vidas humanas, aunque hubo cientos de miles de casas destruidas y se perdieron cosechas.

El reciente huracán Irma dejó enormes destrozos en Cuba, provocó olas de hasta 11 metros en La Habana, produciendo penetraciones del mar de hasta 600 metros en el Malecón y barrió el país con vientos de 285 kilómetros por hora, siendo el mayor huracán del Atlántico en la historia. En esta ocasión hubo 10 muertos, algo inusual pero comprensible por la gravedad del fenómeno.

Las enormes diferencias entre los costos humanos que provocan los huracanes en los demás países, respecto a Cuba, nos hablan de las características de la sociedad. Creo que responden a tres factores muy ligados a la historia de la revolución.

El primero es la cultura de la solidaridad. Como en otras ocasiones, con la llegada del huracán Irma más de un millón de personas fueron evacuadas. El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil informó que el 77 por ciento de los evacuados se protegen en casas de familias, “prueba de la solidaridad característica del pueblo cubano ante situaciones difíciles”. Los demás evacuados son albergados en refugios oficiales.

Las viviendas de los evacuados son protegidas por soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que también custodian centros estatales. De ese modo la población no tiene temor a los robos, que en los demás países son una de las principales causas por la cuales la población rechaza la idea de abandonar sus viviendas.

En Cuba funciona además una cultura de la participación que va de la mano con la descentralización de servicios. Para enfrentar los inevitables cortes de luz que provocan los huracanes, Cuba utiliza algunos equipos que funcionan con diésel para generar electricidad de forma independiente. Las más importantes instituciones estatales cuentan con plantas propias para situaciones de emergencia, así como los centros de salud.

La segunda característica cubana frente a los huracanes se relaciona con la inexistencia de especulación inmobiliaria, que es una de las facetas más importantes de la acumulación capitalista. El ciclón Harvey en Texas provocó al menos 47 muertos y la inundación de amplias regiones de las ciudades, con el consiguiente aislamiento de la población. No se trata de inundaciones puntuales sino que grandes áreas fueron anegadas y el retroceso de las aguas se demora varias semanas.

Houston es la quinta ciudad más poblada de Estados Unidos y una de las que registró mayor expansión inmobiliaria. “Según Forbes, creció durante el boom inmobiliario sobre un terreno de miles de hectáreas cubierto de alforfón absorbente que pertenecía al equipo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y que estaba destinado a investigar sobre la prevención y control de inundaciones”.

Las zonas ahora inundadas formaban la cuenca natural por la que se vaciaban los dos embalses que protegen la ciudad de las catástrofes, que el ejército compró en la década de 1940 para evitar que se repitieran inundaciones en el centro urbano. Pero la especulación inmobiliaria llevó a la construcción masiva de viviendas.

“Empresas como Amazon y FedEx situaron delegaciones en la ciudad y llevaron allí cientos de empleados. La ciudad necesitaba crecer y consiguió hacerlo manteniendo precios de vivienda y de vida asequibles para su población, pero a costa de ocupar las 200.000 hectáreas destinadas a evitar situaciones como la que viven sus habitantes esta semana”, relata un informe de La Vanguardia.

Por el contrario, en Cuba las ciudades crecen muy lentamente y lo hacen conservando la trama urbana histórica. No existe la posibilidad de que personas privadas tomen iniciativas edilicias. No es la ganancia privada lo que determina la planificación urbana.

La tercera diferencia es la Defensa Civil. Según el diario Granma, “la estrategia cubana de defensa contra los huracanes, comenzó a forjarse durante la recuperación tras el paso del más famoso entre cuantos nos han azotado en los últimos 40 años”. Se refiere al huracán Flora, que en 1963 provocó la muerte de 1.200 cubanos.

La Defensa Civil fue creada en 1962 a partir de las Milicias Nacionales Revolucionarias, concebidas como “defensa popular con la misión fundamental de agrupar a los trabajadores en unidades de las milicias y defender sus industrias”, que incluye una amplia gama de funciones, desde el salvamento ante catástrofes hasta la reparación de averías.

Durante las situaciones de emergencia o catástrofes puede suspender clases, organizar la distribución de alimentos, la evacuación de la población, así como los trabajos de la compañía de electricidad y teléfonos con el objetivo de proteger a la población y minimizar los daños materiales.

El periodista Fernando Ravsberg describe el funcionamiento de la Defensa Civil: “La calma que se vive en Cuba ante la llegada del huracán Irma, uno de los más destructivos de la historia, no se debe a falta de previsión sino a todo lo contrario. En la isla cada actor sabe que hacer, la obra ha sido ensayada cientos de veces y estrenada ante la llegada de todos los huracanes que han pasado por la isla desde hace décadas”.

Uno de los aspectos más interesantes es que la Defensa Civil “resulta extremadamente barata”, ya que sólo los altos mandos son profesionales y los demás son voluntarios, “se eligen entre los vecinos, buscando a quienes tienen un mayor liderazgo”.

El ejemplo cubano debería servir de inspiración a todos los países pobres que tienen enormes dificultades para afrontar catástrofes naturales y humanitarias.

 
Sábado, 09 Septiembre 2017 14:53

Huracán Irma impacta en Cuba

En Matanzas están identificadas más de 152 mil personas necesitadas de protección en caso de huracanes. Foto: Girón.

El huracán Irma afectó el norte del oriente cubano desde la noche del jueves y durante toda la jornada del viernes. Es el primer huracán categoría 5 que toca con su ojo tierra cubana desde 1932. Su entrada a territorio nacional fue por Cayo Romano, al norte de Camagüey, a las 9 de la noche del 8 de septiembre. Cubadebate sigue paso a paso su trayectoria por el norte de Cuba, ahora con afectaciones importantes en Camagüey y en el centro de nuestro archipiélago.

 

13:08 - Todos los árboles de las laderas del Yayabo fueron arrancados
13:06 -Impacto de ciclón Katia deja al menos dos muertos en el este de México
13:02 - Evacuados más de 18 mil matanceros en viviendas familiares
13:00 - En video, destrucción del huracán Irma en la ciudad de Santa Clara
12:56 - En fotos, daños provocados por Irma en Yaguajay

Publicado enInternacional
Viernes, 28 Abril 2017 17:25

Mocoa: hundida más que en lodo

Mocoa: hundida más que en lodo

El desastre que vive Mocoa, más allá de la avalancha que afectó a su población el pasado 31 de marzo, es el producto de la histórica y desordenada colonización, de la deforestación resultado de la ganadería extensiva, de la explotación de los recursos naturales y de las condiciones socio-políticas de la ruralidad colombiana. Además, la falta de ejecución de un Plan Básico de Ordenamiento Territorial y un Plan de Gestión del Riesgo refleja la inoperancia de las instituciones gubernamentales y corporaciones ambientales.

 

Jueves 30 de marzo: Mocoa, municipio capital del departamento del Putumayo, un pueblo más, sumido en el olvido y la indiferencia social del Estado centralista. Sábado 1 de abril: Los medios de comunicación inician su agenda matutina de noticias con la tragedia que casi borra del mapa a Mocoa y su población. Domingo 2 de abril: El Estado colombiano deja entrever su incapacidad económica ante el mundo –producto de la voraz corrupción que lo carcome– al solicitar donaciones para “restaurar” esta ciudad, arrasada por una conjunción creciente de aguas. Lunes 10 de abril: Los muertos son más de 300, los damnificados superan las 3.000 personas y los desaparecidos... no se sabe. Las y los mocoanos, por ahora, están bajo la lente de las cámaras y la especulación mediática fruto de la tragedia. Miércoles 12 de abril: Los miles que allí habitan, además de las pérdidas materiales y humanas, a pesar de la reiterada presencia de Juan Manuel Santos para ‘coordinar’ las operaciones de restauración de la ciudad, permanecen bajo la incertidumbre de lo que será su bienestar, meses después.

 

Mocoa y su población

 

Ante la angustia de lo arrasado por la avalancha se llevó y dejó a su paso, sus pobladores, en su mayoría, dedican las horas de cada día a averiguar por familiares o conocidos cercanos, a tratar de salvar algo de sus bienes, a reparar su vivienda –cuando algo de ella quedó en pie– o, con vista preocupada, a meditar sobre lo sucedido y el porvenir.

 

Son miles los sometidos a esta cotidianidad. Según un censo realizado el presente año, allí habitan 43.731 personas –80 mil según el decir de su alcalde en entrevistas radiales–, miles de los cuales son colonos, o población desplazada por el conflicto armado, pero también indígenas Inga y Cämentsá Biyá cuyos 10 mil integrantes viven dispersos por todo el departamento1.

 

Precisamente, ellos, los indígenas asentados en Mocoa fueron las más afectados por esta avalancha, al estar establecidas en la vereda San Antonio y el barrio San Agustín, lugares totalmente arrasados y sin posibilidades de ser habitados de nuevo, según lo afirmó en diálogo con desdeabajo el Taita Marino Peña (Ver recuadro...)

 

¿Desastre natural u ocasionado?

 

En entrevista con El País de Cali, Sorrel Aroca, gobernadora del Putumayo, explicó lo sucedido como “[...] un desastre que no podía ser previsto”, de ahí que para ella lo más grave de la situación sea soportar los señalamientos que buscan un culpable ante algo que fue un desastre natural.

 

Nada más alejado de la realidad. El Putumayo es un departamento empobrecido por la explotación de recursos que en nada han o muy poco han contribuido al bienestar de sus pobladores. En el caso de la capital, el desastre sirve cómo prueba de los intereses del Estado y la negligencia de la Gobernación y la Alcaldía ¿Por qué? Porque es evidente la falta de un Plan Básico de Ordenamiento Territorial–Pbot2 efectivo que estudie e identifique el tema de la tierra, su uso y propiedad, así como el estado de los recursos hídricos, minerales y petrolíferos de la zona.

 

Para el caso de Mocoa, un municipio con alta población indígena, ésta no participa en la estructuración del Pbot, de manera que viven en territorios desintonizados de su cosmovisión. Además, no cuentan con un Plan de Gestión de Riesgos que dé cuenta de las condiciones meteorológicas e hidrológicas del municipio. Ante la carencia de estos dos planes, se asume como responsable de lo acontecido al Estado nacional, a la Gobernación del departamento, a la alcaldía de Mocoa y Corpoamazonia, instituciones que ante el riesgo inminente de crecientes y estancamiento de aguas no ejecutaron acciones preventivas, negligencia y falta de gobierno más evidente cuando existen diversidad de alertas tempranas, emitidas incluso desde el año 1989 y hasta el 2015, además de la realidad geográfica del municipio, de sus particularidades climatológicas y geográficas por estar ubicado en el piedemonte amazónico, todas las cuales ameritan acciones de prevención y control, que por lo menos, ante un hecho de tal magnitud como el acaecido no acabara con la vida de tantas personas.

 

Alertas tempranas

 

En 1993 fue creada la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia –Corpoamazonia–, institución responsable de asesorar a los municipios de su jurisdicción en el proceso de planificación ambiental. Un apoyo fuerte para su acción radica en el Plan de Acción para la Gestión de la Prevención y Atención de Emergencias y Mitigación de sus Efectos (Papaeme), básico para la gestión territorial en lo referente a las amenazas ambientales, generando mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión y cumplimiento de los planes. Dentro de las acciones de Corpoamazonia también está ejecutar los programas y actuaciones consignados en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (ver anexo tabla 1).

 

Lo que más llama la atención del caso de Mocoa, es que como ciudad de piedemonte amazónico, cuenta con diversos estudios que hablan de la inestabilidad climática y del subsuelo. Uno de estos, es el realizado por los investigadores de la Universidad Nacional Kim Robertson y Miguel A. Castiblanco Amenazas fluviales en el piedemonte amazónico colombiano, en el que abordan un análisis geomorfológico regional donde identificaron 3 factores o sucesos ambientales graves en la región: erupciones volcánicas, terremotos fuertes y lluvias torrenciales (ver mapa 1). Identifican que Mocoa es una de las ciudades que tiene precipitaciones que superan los 4.000 milímetros anuales, con altas probabilidades de precipitaciones extremas que pueden superar los 200 milímetros en 24 horas. ¿Dónde fue a parar este estudio?

 

En esta misma senda el profesor José Daniel Pabón Caicedo, meteorólogo y docente del departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, afirmó en entrevista con desdeabajo (ver recuadro), que el piedemonte amazónico y Mocoa cuentan con una serie de estudios, tal como se evidencia. Sin embargo, eso no es suficiente para prevenir, hay que ejecutarlos. Tener archivados los análisis y estudios, que en últimas pueden ofrecer un mejor bienestar a las poblaciones, es una evidencia de negligencia y desgobierno.

 

El Pbot de Mocoa

 

Ante el desconcierto de sus habitantes, tras la pérdida de familiares y amigos, de sus casas y locales comerciales derrumbados y averiados, las continuas preguntas de la comunidad son, ¿por qué sucedió todo esto? ¿por qué nadie avisó que podía ocurrir? ¿por qué no se tomaron medidas preventivas?

 

Según la gobernadora del Putumayo, el POT de Mocoa debe cambiar a partir de la tragedia. Pero, ¿En qué argumentos se basa para esta afirmación? ¿A qué se refiere exactamente? Esto es necesario preguntarlo pues en el –Pbot– vigente de Mocoa, elaborado en el año 2008 y con vencimiento en el 2019, se reconoce la permanente amenaza de deslizamientos sobre los cauces de los ríos que pueden ocasionar avenidas torrenciales, y recomienda manejar de manera adecuada los sistemas de alerta, así como también desestimular la construcción de viviendas sobre zonas de riesgos y la reubicación de las familias que viven allí.

 

El Plan es enfático en que las políticas para esta reubicación deben atender a la población “dando prioridad a las familias que se encuentran en alto riesgo por amenazas de inundación, deslizamientos, desbordamientos y otro tipo de riesgos. Atendiendo a las familias que se les debe construir obras de mitigación que eviten los riesgos ya mencionados y readecuación y restitución de las zonas que hayan sido desalojadas por las reubicaciones realizadas”.

 

También orienta al fortalecimiento del Comité local de atención y prevención de desastres, a la articulación con Corpoamazonia y la oficina de Prevención y atención de desastres de la Presidencia, para consolidar un equipo técnico que oriente al Comité local “[...] a fin de evitar al máximo el impacto sobre la población y la infraestructura del municipio a través de análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos”.

 

Ante esto, cabe preguntarse ¿Qué hicieron las administraciones de Mocoa y el Putumayo al respecto? ¿Qué acciones emprendió este Comité local para desarrollar las tareas que orientó desde hace casi una década el Pbot? ¿Por qué no se activó un sistema de alerta para evitar las pérdidas humanas y materiales arrojadas ahora por esta tragedia? La población de Mocoa exige justicia. La muerte de más de 300 personas, y un indeterminado número de desaparecidos no puede quedar impune; los responsables de esta tragedia tienen nombre y apellido. No fue un hecho fortuito, es una tragedia anunciada.

 

Es más. El Pbot reconoce la explotación de balastreras en los ríos Mocoa, Sangoyaco, y la quebrada Taruca, sin estudiar a profundidad su incidencia en la tragedia, pues esta actividad requiere remoción del suelo para extraer arena, arcilla y yeso, lo cual puede provocar gran cantidad de material de arrastre, pudo agravar lo sucedido en Mocoa, pues la avenida torrencial se caracterizó por la absurda cantidad de lodo y piedras de gran tamaño arrastradas por el caudal, las mismas que también ocasionaron numerosas muertes, así como la destrucción de casas de los más pobres de la ciudad.

 

Con el fin de revisar las zonas destinadas para la expansión urbana, suburbana y rural, y determinar la efectividad de las políticas de planeación territorial en Mocoa, el Plan menciona el tema, sin embargo, la información es muy confusa e incompleta, no están los mapas y planos que la complementan, expone los polígonos que delimitan las zonas pero no específica la metodología usada y, por tanto, no presenta un sistema de coordenadas geográficas para espacializar los puntos, información, en estas condiciones, imposible de entender por parte de los expertos y mucho menos por parte de la ciudadanía.

 

Está información bien explicada sobre el particular, de manera sencilla, clara y verificable, debe reposar en las páginas de internet de los entes territoriales para que la población colombiana, en general, haga uso de la misma.

 

El Plan tampoco presenta un análisis de la distribución de la tierra en el municipio, para poder así determinar las acciones por emprender con quienes están asentados en sitios de riesgo –reubicación en las zonas de expansión urbana autorizadas–, y el desarrollo social, productivo y ambiental de las zonas rurales. No es comprensible como puede ordenarse el territorio sin partir de reconocer la distribución de la tierra.

 

Por ello, ante los hechos comentados, debería aprovecharse para actualizar el Pbot del municipio y garantizar la debida reparación de las familias que lo perdieron todo durante la noche del último día de marzo y el amanecer del primer día de abril.


Desplazamiento y concentración de la tierra

 

Problemática que no es casual, pues en Colombia, con un modelo de desarrollo rural excluyente, la concentración de la tierra explica porqué la población más pobre y desplazada fue la que más sufrió con esta tragedia. Los barrios cercanos a los ríos fueron levantados por población que llegó a Mocoa principalmente por desplazamiento forzado. Según el Informe de Desarrollo Humano del Pnud 2011, el Putumayo es el segundo departamento con mayor despojo de tierras en Colombia. Solo en 10 años (1998-2008) Mocoa recibió 20.520 personas desplazadas.

 

Aunque la expansión urbana de la capital empieza en los años setenta del siglo pasado, es a principios de los años ochenta que la bonanza coquera3 incide en su crecimiento, evidente con la inversión en locales comerciales, viviendas, negocios –entre los años 1985-1993 la población de Mocoa creció el 70 por ciento–. El aumento de los conflictos en las zonas rurales (el asesinato de campesinos, colonos, dirigentes sociales, atribuidos al paramilitarismo y al Estado, así como a los enfrentamientos entre ejército y guerrilla) provoca el desplazamiento forzado, incrementándolo de la población rural hacia la ciudad. Desplazados que llegan a barrios como Las Américas, San Agustín, La independencia, El Progreso, La Esmeralda, todos ellos azotados por la avalancha la noche del 31 de marzo. Destrucción también vivida por la vereda San Antonio, donde todo el cabildo Musurunakuna quedó destruido y la comunidad no quiere volver al territorio.

 

Conflicto también alimentado por la fumigación aérea con glifosato, iniciada en el 2000, la que impacta no sólo los cultivos de coca sino en la selva, cultivos de pancoger, plantas medicinales, tanques piscícolas, generando problemas de salud, provocando miedo en cientos de colonos y con ello la salida hacia el casco urbano.

 

Por su parte, la expulsión de sus tierras de miles de campesinos e indígenas en el departamento explica los altos índices de concentración de la propiedad: para el año 2000 el 82,18 por ciento del área estaba en manos del 36,76 por ciento de propietarios y tan sólo el 17,81 del área estaba en manos del 63,23 por ciento de propietarios, en forma de microfundio, minifundio y pequeña propiedad. Pero en 2009 las cifras cambiaron, el 76,16 del área estaba en manos del 26,62 por ciento de propietarios y el 23,23 de la propiedad estaba en manos de 73,98 por ciento de propietarios. Como se ve, en nueve años aumentaron los propietarios de microfundios, minifundios y pequeña propiedad y disminuyeron los propietarios de la mediana y gran propiedad en el Putumayo (Ver gráfica 1)4.

 

El índice de Gini de tierras es alto en el departamento, 0.738 pero alcanza valores de 0.799 (más cercano a 0 indica equidad en distribución de la propiedad y más cercano a uno indica desigualdad) en municipios como Mocoa, Puerto Caicedo, Colón y Valle del Guamez (Ver mapa 2).


La evidencia de la alta concentración de la propiedad en Mocoa explica la única alternativa que tienen las familias y comunidades desplazadas: ocupar áreas cercanas a los ríos, zonas inundables y de riesgo, lugares de alto riesgo para sus viviendas y calidad de vida.

 

Es por ello que lo sucedido en Mocoa, una vez más, revive el debate sobre la necesidad, inaplazable, de la reforma agraria en Colombia, pues sin distribución equitativa de la propiedad de la tierra no será posible frenar este tipo de asentamientos humanos ni prevenir los riesgos.

 

Deforestación

 

Ante tanta tierra en tan pocas manos, miles de miles de campesinos e indígenas tienen que seguir buscando el preciado tesoro selva adentro. Tumbar monte es parte de su misión para sobrevivir, y el desastre para el país.


A esto también contribuyen otros actores, y no en menor medida. Sin duda una de las causas de la avalancha que afectó a Mocoa radica en la deforestación5. La contención de unos pocos árboles evitó que la tragedia fuera mucho mayor, pues contuvo la fuerza de las aguas, y con ello la caída de algunas casas, así como el paso de la avalancha por barrios enteros. Una deforestación fruto de la explotación petrolera, la apertura de vías, la minería, el comercio de madera, la expansión ganadera y coquera en la región.

 

Las cifras de deforestación son alarmantes: el Instituto Amazónico de Investigación Científicas –Sinchi– revela en un estudio que la pérdida de bosques en Putumayo durante los años 2007-2012 fue de 62.812 hectáreas, una tasa media anual de 12.562 hectáreas/año. En Mocoa se registra la pérdida de 596,38 hectáreas en ese mismo periodo y una tasa media anual de 119,28 hectáreas.


La variante San Francisco–Mocoa

 

Precisamente sobre este particular, uno de los conflictos territoriales que aporta con el desmonte de bosques es la construcción de la variante San Francisco-Mocoa (ver mapa 3), la cual pasa cerca a la quebrada Taruca, una de las zonas del desastre. Variante que hace parte del proyecto Iirsa –Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana–, la cual comunicará Belém do Pará en Brasil con Tumaco, con el fin de facilitar la salida de mercaderías de Brasil hacia el Pacífico. Reducir el tiempo del recorrido de 3 horas y media a 1 hora es parte del cometido. El trayecto está dividido en cinco tramos, dos de los cuales atraviesan la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa. Los indígenas Kamentsá e Inga se oponen a la carretera porque destruirá territorios ancestrales6.

 

El oro brilla, también otros metales preciosos

 

Los intereses estratégicos en esta región son muchos: primero fue el petróleo y ahora es la minería. La población sabe que existe exploración minera en el departamento, comentan que hay exploración de cobre y que puede haber intereses en abrir a la producción la que sería la segunda mina de cobre más grande del mundo.

 

A comienzos de este año la Agencia Nacional Minera emitió un informe sobre esta actividad en el departamento: existen allí 47 títulos mineros, 39 están en explotación, 1 en exploración y 7 en construcción y montaje; 38 son de materiales de construcción, 1 de oro y metales preciosos, 1 de oro, metales preciosos y materiales de construcción, 5 de oro, metales preciosos y otros minerales, y 2 de otros minerales. En Mocoa, Sibundoy y Puerto Leguízamo, se concentra la producción de oro y plata, y en Puerto Caicedo, Orito y Mocoa la producción de materiales de construcción. No menciona el informe las empresas que realizan estas actividades.

 

Sin embargo, el informe de 2014 sobre minería en Colombia realizado por la Contraloría General de la República, presenta conflictos mineros por oro en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Francisco, Puerto Guzmán, Orito. Conflictos por coltán en Puerto Asís y San Miguel y conflictos por oro, mármol, cobre y uranio en el municipio de San Francisco.

 

También menciona el conflicto ocasionado por el Proyecto La Vega–Mocoa (Cauca y Putumayo) de la Anglo Gold Ashanti para la explotación de oro, cobre y molibdeno, por las exploraciones realizadas por esta multinacional en la región, proyecto que no se encuentra en explotación.

 

Como quedó anotado antes, y como lo enfatizamos en este punto, la situación que hoy enfrenta el municipio no es un hecho fortuito, viene desde su fundación, agravada por la concentración de la tierra, la explotación de recursos naturales y las condiciones socio-políticas de la ruralidad colombiana.

 

1 Según el libro La ciudad-refugio. Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia, entre los años 1985 y 2009, en el país han sido desterradas alrededor de 4,9 millones de personas. De esa cifra, algunos miles, llegaron al departamento del Putumayo y su capital. A su vez, 9 departamentos, entre ellos Putumayo, eran expulsores de un aproximado de 97.973 –188.565 personas.
2 La ley 338 de 1997, definió tres tipos de Planes de Ordenamiento Territorial, se clasifican de acuerdo a la población que tenga el municipio. Mocoa, tiene un Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Pbot) porque tiene una población entre 30.000 y 100.000 habitantes. Hay municipios que tienen menos de 30.000 y deben construir un Esquema de Ordenamiento Territorial (Eot), los municipios con más de 100.000 habitantes tienen un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) su población no supera los 100.000 habitantes.
3 Para el año 1999, Putumayo 57.297 hectáreas, en el 2000, 66.022 en 2001, 47.120 en 2002, 13.725 en 2003, 7.559; según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para el 2014 eran 13.609 y para el 2015 sumaban 20.068 hectáreas.
4 El Igac explica que así pudo precisarse por la actualización catastral realizada en este periodo. Las cifras, alarmantes, resaltan el alto nivel de concentración de la propiedad, como de minifundización, lo cual es una constante en todo el país.
5 La economía del ahora departamento incorporó la ganadería a gran escala a partir del 1910, con la llegada de los misioneros capuchinos –quienes, tras los intentos fallidos de sus pares jesuitas y franciscanos, toman el control de los territorios y de las comunidades indígenas para su evangelización (léase sometimiento y control)–. Esta actividad, como es conocido, promueve la deforestación, razón principal de la avalancha ocurrida la noche del 31 de marzo.
6 Dicen estos pueblos que el equilibrio del territorio –para ellos sagrado– se verá afectado por la construcción de la vía, de ahí la aparición de desastres y otros sucesos, los cuales serán más recurrentes. Además de destruir la cultura indígena, por la transformación económica, ambiental y social que sufrirá la región, el miedo y la preocupación los embarga.

 

Bibliografía

 

Agencia Nacional de Minería. (2017). Caracterización de la actividad minera departamental. Disponible en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/bullets_putumayo_23-01-2017.pdf
Contraloría General de la República. (2014). Minería en Colombia: Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto.
Consejo municipal de Mocoa. (2008). Acuerdo 028 Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
Consorcio Ambiental San Francisco–Mocoa. Disponible en: http://www.varianteinterventoria.com/descripcion.php#esquema
Igac. (2012). Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia.
Murcia, U., Rodríguez, J. M., Castellanos, H., Medina, R., Herrera, E y. Hernández, A. (2013). Monitoreo de los bosques y otras coberturas de la Amazonia colombiana, a escala 1:100.000. Cambios multitemporales en el período 2007 al 2012. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. Bogotá, D.C
Observatorio para la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia. Disponible en: http://observatorioadpi.org/inga
Pnud. (2011). Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia Rural razones para la esperanza.
Robertson, K. y M. Castiblanco. (2011). Amenazas fluviales en el piedemonde amazónico colombiano. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rcdg/v20n2/v20n2a10.pdf
Sánchez. L. (2012). La ciudad-refugio. Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia. El caso de Mocoa.

 


 

Recuadro 1


En diálogo con desdeabajo el Taita Marino Peña, del cabildo Musurunakuna, manifestó que su comunidad fue víctima del desplazamiento forzado en el costado oriental de los Andes colombianos. Por esta razón, y por la negligencia del Estado que no se responsabilizó de su reubicación, llegaron a la vereda San Antonio de Mocoa, donde adquirieron, con recursos propios, un terreno para asentarse, cerca de la quebrada La Taruca. A la fecha, con su terruño arrasado, no tienen un lugar fijo y seguro dónde vivir, por lo que se albergan en la Asociación de Mujeres Indígenas (Asomi).

 


 

Recuadro 2


“En el caso de Mocoa, hay algunos aspectos que debemos considerar, del por qué ese conocimiento de los estudios y análisis no se incorporó en el Plan de Ordenamiento Territorial y en la gestión de riesgo; además, que hemos avanzado mucho a nivel mundial en Sistemas de Alerta Temprana. Lo que sucede es que las gobernaciones y las alcaldías compran estaciones automáticas de alertas tempranas, pero estos pronósticos no llegan a la gente. Hay que poner al tanto del estado ambiental de los territorios a las poblaciones y, claramente, ejecutar planes de evacuación y prevención del riesgo”.
Daniel Pabón Caicedo, meteorólogo y docente de la UNAL sede Bogotá.

 


 

Recuadro 3


La avalancha sume a la comunidad en la incertidumbre, pues temen que el Estado no cumpla con las reubicaciones de sus casas, que las entidades territoriales se embolsillen la plata y no se reconstruya el municipio, que las oportunidades de vida en este lugar se agoten y deban salir de la ciudad que tanto quieren. Pero también temen que no se tomen las acciones necesarias para establecer responsables en lo sucedido, y que todo quede en la impunidad.

 

A tal posibilidad los enfrenta el desgobierno que vive nuestro país, manifestación de lo cual es la corrupción que galopa a rienda suelta, las prioridades dadas al capital privado en todas las inversiones, la demagogia politiquera que pulula en todos los tiempos pero que en los electorales –los que ahora se avecinan– toma más cuerpo, tiempos que favorecen el accionar particular de los funcionarios públicos, entre ellos alcaldes, gobernadores, senadores y representantes a la Cámara. En esta constante del poder político y oligárquico en Colombia, la investigación por irregularidades en contratación y detrimento patrimonial que tuvo la gobernadora Sorrel Aroca no auguran un buen futuro para Mocoa.

Publicado enEdición Nº234
Mocoa: La esperanza reside en la energía de su pueblo –Segunda entrega-

Más allá de las víctimas y las perdidas materiales ocasionadas por la avalancha que afectó con toda fuerza a la población residente en Mocoa-Putumayo durante la noche del pasado 31 de marzo y el amanecer del primero de abril, los damnificados intentan, desde cada uno de los albergues, continuar su vida por medio de la organización comunitaria. En algunos de ellos estuvieron nuestras enviadas especiales, así como en buena parte de los barrios afectados, donde evidenciaron de manera directa la magnitud de esta tragedia, al tiempo que la fortaleza de las comunidades allí residentes.

Hay que resaltar que la mayoría de quienes están concentrados en los albergues, es población integrante de los cabildos indígenas, quienes luego de haberlo perdido todo luchan por su autonomía a la hora de administrar las ayudas y de discutir la posible reubicación de su comunidad.

Albergue Asociación de mujeres indígenas (Asomi): Cabildo Musurunakuna, habitantes de la vereda San Antonio.

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 Las personas integrantes del cabildo debatieron sobre la organización del albergue y la administración de las ayudas recibidas. Al tiempo, reflexionaron acerca de las causas de la avalancha, retomando argumentos desde su visión ancestral del territorio y desde la problemática del desarrollo.

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Acá, realizan el censo del albergue para evaluar la posibilidad de recibir más damnificados.

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De todos los albergues, Asomi es el único que puede ofrecer camas a los afectados.

 

Vereda San Antonio: Cabildo Musurunakuna

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La casa cabildo quedó destruida por la avalancha, además de todas las casas de la vereda.

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Al fondo, en la montaña, se visualiza el riesgo de nuevos deslizamientos. El daño es devastador, son pocas las casas que quedaron en pie.

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Los indígenas del cabildo se niegan a regresar a la vereda; delegaron un grupo de personas para la recuperación de algunos enseres.

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La quebrada que normalmente es más pequeña de lo que aquí se visualiza, la noche del pasado 31 de marzo alcanzó una altura aproximada de unos 15 metros.

Barrio San Agustín: Lugar de vida del cabildo Cämentsá Biyá

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Algunas de las personas del cabildo intentan limpiar lo poco que dejó la avalancha en el barrio San Agustín.

 

Albergue José Homero Alto: Cabildo Cämentsá Biyá.

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El albergue ubicado en el barrio José Homero Alto, por su cercanía al río Mulato y por posibles deslizamientos, no es seguro; sin embargo, la comunidad no tiene otro lugar para asentarse.

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La olla comunitaria, medio que garantiza la alimentación de la comunidad reunida en el cabildo.

 

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El circo de la desinformación

El circo de la desinformación


Una noticia que en poco tiempo fue compartida más de 1.600 veces y alarmó al país


A propósito de la noticia publicada el día sábado 8 de abril por Cablenoticias, donde alude a los supuestos 4.000 millones de pesos destinados para el “apoyo a la mitigación de riesgos mediante la realización de estudios detallados de amenaza de inundación con referencia a una máxima avenida de las quebradas taruca y conejo en el municipio de Mocoa departamento del Putumayo” constatado en el decreto 0253 del 31 de julio de 2015.


Integrantes de el periódico desdeabajo verificaron la información en cuestión, constatando su falsedad. De acuerdo al decreto en cuestión, la cifra para ejecutar el “apoyo a la mitigación de riesgos mediante la realización de estudios detallados de amenaza de inundación con referencia a una máxima avenida de las quebradas taruca y conejo en el municipio de Mocoa departamento del Putumayo” asciende a doscientos millones quinientos cuarenta y ocho mil pesos ($200.548.000).


Presupuesto que resulta del recaudo de cien millones de pesos ($100.000.000) entregados por Corpoamazonia y cien millones quinientos cuarenta y ocho mil pesos ($100.548.000) aportados durante el 2015 por la Gobernación del Putumayo.


La ciudad de Mocoa, más allá de la tragedia que le agobia, está bajo la presión de la especulación mediática que agrava su realidad. Los medios de comunicación deben ser responsables y éticos con la información, en general, que brindando al país. Ni distorcionar, ni miniminar, ni ocultar, ni favorecer, ni dejar supuestos por interpretar, la información en todo momento debe ser veraz garantizando con ello el control del poder y la entrega total de la información que requiere la sociedad para poder tomar decisiones en cada uno de los momentos de su vida colecriva e individual.

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Mocoa: La esperanza reside en la energía de su pueblo

A cuatro días de la tragedia que lo enluta, el municipio de Mocoa, sostenido en la esperanza por obra de la energía y persistencia de sus pobladores, intenta reorganizarse. Todos, hombres y mujeres, saben que vivir como antes será dificil, pero están decididos a que así sea.


Como es conocido, los ríos Sangoyaco y Mulato, y la quebrada Taruca a la media noche del viernes 31 de marzo, por causas aún no confirmadas plenamente, salieron de su curso para inundar buena parte de la población, acabando con la vida de cientos de ellos e hiriendo a varias decenas, así como sumiendo a otros cientos en la desazón y en la angustia de haberlo perdido todo.


Desastre propiciado, seguramente, por la deforestación a la que desde hace años están sometidas sus laderas y cuencas en general, por el maltrato de la tierra, por los inefectivos Planes de Ordenamiento Territorial que no toman en cuenta el cambio climático al cual estamos sometidos como humanidad, Planes que tampoco consideran el empobrecimiento que viven muchas de las familias que componen el municipio, las que de manera obligada terminan por asentarse y construir vivienda al borde de las fuentes de agua. Regiones ricas en tierra pero a la cual la mayoría no tiene acceso. Regiones ricas en agua, pero que por su maltrato terminan siendo, en vez de una ventaja, un problema.

 

Río Sangoyaco, retomó su cauce natural. Algunas viviendas quedaron en pie gracias a los pocos árboles que tenían cerca.

 

La población está en la constante búsqueda de agua. Sin organización ni aviso previo los carrotanques se estacionan en cualquier calle y reparten el líquido, lo que impide su distribución equitativa.

 

En los albergues las comunidades cocinan para las personas que lo han perdido todo.

 

En la Galería o plaza de mercado, zona de restaurantes.

 

Lo que quedó de la plaza de mercado.

 

Más allá de las escasas retroexcavadoras movilizadas por el Gobierno, es la población la que adelanta las labores de recuperación de sus casas y negocios que quedaron en pie.

 

Tierra para todos. No. La montaña que se visualiza al fondo es propiedad de unos pocos.

 

Mocoa, de la que todos hablan y de la que todos se conduelen, pero la que en realidad depende del esfuerzo, organizadión, dedicación, imaginación, de quienes la habitan. Todos, mujeres y hombres, esforzándose por salir de los efectos del desastre, con la incertidumbre de lo que será la vida en el municipio el día de mañana, el año entrante o durante los próximos de 25 años...


Importante: Las comunidades requieren con urgencia agua, alimentos no perecederos, plantas de energía, colchones, frazadas, ropa en buen estado y apoyo voluntario.

 

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A cuatro días de la tragedia que lo enluta, el municipio de Mocoa, sostenido en la esperanza por obra de la energía y persistencia de sus pobladores, intenta reorganizarse. Todos, hombres y mujeres, saben que vivir como antes será dificil, pero están decididos a que así sea.


Como es conocido, los ríos Sangoyaco y Mulato, y la quebrada Taruca a la media noche del viernes 31 de marzo, por causas aún no confirmadas plenamente, salieron de su curso para inundar buena parte de la población, acabando con la vida de cientos de ellos e hiriendo a varias decenas, así como sumiendo a otros cientos en la desazón y en la angustia de haberlo perdido todo.


Desastre propiciado, seguramente, por la deforestación a la que desde hace años están sometidas sus laderas y cuencas en general, por el maltrato de la tierra, por los inefectivos Planes de Ordenamiento Territorial que no toman en cuenta el cambio climático al cual estamos sometidos como humanidad, Planes que tampoco consideran el empobrecimiento que viven muchas de las familias que componen el municipio, las que de manera obligada terminan por asentarse y construir vivienda al borde de las fuentes de agua. Regiones ricas en tierra pero a la cual la mayoría no tiene acceso. Regiones ricas en agua, pero que por su maltrato terminan siendo, en vez de una ventaja, un problema.

 

Río Sangoyaco, retomó su cauce natural. Algunas viviendas quedaron en pie gracias a los pocos árboles que tenían cerca.

 

La población está en la constante búsqueda de agua. Sin organización ni aviso previo los carrotanques se estacionan en cualquier calle y reparten el líquido, lo que impide su distribución equitativa.

 

En los albergues las comunidades cocinan para las personas que lo han perdido todo.

 

En la Galería o plaza de mercado, zona de restaurantes.

 

Lo que quedó de la plaza de mercado.

 

Más allá de las escasas retroexcavadoras movilizadas por el Gobierno, es la población la que adelanta las labores de recuperación de sus casas y negocios que quedaron en pie.

 

Tierra para todos. No. La montaña que se visualiza al fondo es propiedad de unos pocos.

 

Mocoa, de la que todos hablan y de la que todos se conduelen, pero la que en realidad depende del esfuerzo, organizadión, dedicación, imaginación, de quienes la habitan. Todos, mujeres y hombres, esforzándose por salir de los efectos del desastre, con la incertidumbre de lo que será la vida en el municipio el día de mañana, el año entrante o durante los próximos de 25 años...


Importante: Las comunidades requieren con urgencia agua, alimentos no perecederos, plantas de energía, colchones, frazadas, ropa en buen estado y apoyo voluntario.

 

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Publicado enColombia
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