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Lawfare y guerra asimétrica vs. Venezuela
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Elliot Abrahms, representante especial para temes relacionados con Venezuela, del Departamento de Estado de EU. Foto Afp

Ciudad de México. En la coyuntura de la llamada “epidemia del siglo”, la diplomacia de guerra de Estados Unidos ha decidido profundizar su guerra no convencional, asimétrica, contra Venezuela. Con una serie de acciones sucesivas que pretenden generar miedo y pavor (shock and awe) en filas “enemigas”, la administración Trump activó el 26 de marzo pasado el miserable plan diseñado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el representante especial para Venezuela, Elliott Abrams, cuyo objetivo final es intentar producir un “cambio de régimen” en el país que tienen la reservas probadas de hidrocarburos más grandes del mundo.

Ese día, en lo que parece marcar un nuevo punto de no retorno ahora bajo la pantalla judicial del golpismo (Lawfare), el fiscal general de EU, William Barr, anunció cargos criminales por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, lavado de dinero y corrupción contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro; una docena de altos funcionarios civiles y militares así como dirigentes del proceso bolivariano −e, incluso, un par de generales prófugos de la justicia venezolana−, bajo la grotesca argumentación de “haber participado en una asociación delictiva” que involucraría a una “organización terrorista extremadamente violenta” –las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC−, así como de “conspirar” para utilizar la venta de drogas como un “arma” contra Estados Unidos.

El 31 de marzo, en otra inadmisible intromisión –que viola  el Derecho internacional y los principios de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos, el de no intervención, la libre determinación de los pueblos  y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales−, Pompeo y Abrams hicieron público su “plan” denominado eufemísticamente “Marco para la transición democrática en Venezuela” (cuyo único fin es el derrocamiento de Maduro), lo que fue seguido, el 1 de abril, por el anuncio de Donald Trump, del lanzamiento de un nuevo operativo militar naval antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

Trump, quien apareció flanqueado en la Oficina Oval por el secretario de Defensa, Mike Esper, y el jefe del estado mayor, general Mark Milley, dijo que las operaciones marítimas antinarcóticos estarán dirigidas contra lo que, afirmó, es una “creciente amenaza” de “narcotraficantes y terroristas” que buscarán “aprovecharse” de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus para introducir drogas a EU y afectar a la ciudadanía.

A su vez, el secretario Esper identificó a Venezuela como una amenaza en particular, al acusar al “régimen ilegítimo de Maduro” de depender de las ganancias del narcotráfico para mantenerse en el poder. Con lo cual, se cumplirían los propósitos encubiertos denunciados a mediados de marzo por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, de que en el marco de una nueva fase de agresiones unilaterales estadunidenses contra su país, el Pentágono y el jefe del Comando Sur, Craig Faller, estaban contemplando un “bloqueo naval” a Venezuela, acción reconocida por la ONU como “uso de la fuerza”; medida que podría ser reforzada en la coyuntura con acciones coercitivas bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA), vía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ambos, viejos instrumentos de la guerra fría al servicio de Washington.

Pino Arlacchi y los bulos de la CIA y el Pentágono

En el marco de la nueva fase de guerra híbrida de EU contra el proceso bolivariano de Venezuela, cabe recordar que el 15 de abril de 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Texas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó entre risas y aplausos: “Yo era director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia). Mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento”. (Aunque la transcripción oficial del Departamento de Estado no incluyó esas aseveraciones, sí quedaron registradas en video).

La confesión de Pompeo vino a confirmar lo que es público y notorio y está registrado en cientos de documentos oficiales y literatura sobre la CIA de los últimos 60 años. Pero no deja de ser grave que el jefe de la diplomacia estadunidense se refiera a sí mismo como mentiroso y ladrón. Máxime, en la actual coyuntura, cuando expertos comunicacionales del Pentágono y la CIA han echado a andar una nueva etapa de la guerra no convencional contra Venezuela, diseñada en base a operaciones de guerra psicológica, propaganda encubierta y mensajes indirectos a través de los medios de difusión masiva (radio, televisión, prensa escrita, Internet), direccionadas a conseguir el control y la manipulación de la llamada opinión pública mediante distorsiones informativas (noticias intoxicadas).

Al respecto, las acusaciones del fiscal general William Barr contra el presidente Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el ministro del Interior, Néstor Reverol y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entre otros, de emprender junto con las FARC una “conspiración narcoterrorista” para inundar a EU de cocaína, no admite la prueba del ácido. La teoría de un “narco-Estado” en Venezuela es pura ficción y las agencias estadunidenses lo saben.

 Tras enterarse del insólito entuerto, el ex vicesecretario de la ONU, Pino Arlacchi, ex director ejecutivo del Programa Antidroga de la organización mundial (UNODC, por sus siglas en inglés), escribió en su cuenta de facebook: “La acusación a @Nicolás Maduro por tráfico de drogas es una basura política. En 40 años de experiencia antidroga y como Vice Secretario ONU, nunca me  topé con #Venezuela, siempre lejos de los circuitos: EEUU primer consumidor, Colombia productor”.

Luego, en un artículo firmado difundido por Telesur, Arlacchi señaló que al conocer la noticia  de la acusación contra Maduro y miembros de su gobierno por tráfico de drogas, se quedó “sin palabras”. Escribió que al observar la persecución contra Venezuela ha visto muchas cosas, “pero honestamente no pensé que la asociación delictiva en el poder en los Estados Unidos llegaría a tanto”. Y añadió: “Después de robar $ 5 mil millones de los recursos financieros de Venezuela depositados en bancos de 15 países. Después de establecer un bloqueo de toda la economía del país a través de sanciones atroces, con el objetivo de golpear a la población civil para empujarla a rebelarse (sin éxito) contra su gobierno. Y después de un par de intentos de golpe fallidos, aquí está el tiro final, la calumnia más infame”.

Tras considerarlo como un “episodio de guerra asimétrica”, Arlacchi, quien se desempeñó como director ejecutivo de la UNODC entre 1997 y 2002, argumentó que “el golpe es tan fuera de medida”, que no cree que tenga consecuencias relevantes en Naciones Unidas ni en la Unión Europea. “No hay la más mínima evidencia” para apoyar esa “calumnia” que “sólo existe en la fantasía enferma de Trump y sus asociados”.

Agregó que bastaría consultar las dos fuentes más importantes sobre el tema: el Informe Mundial sobre Drogas 2019 de la UNODC y el último documento de la DEA, Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, para verificar sus dichos. Según este último, el 90% de la cocaína introducida en los EU proviene de Colombia, el 6% de Perú y el resto de orígenes desconocidos.  Pero según Arlacchi, es el informe de la ONU el que proporciona la imagen más detallada, mencionando a México, Guatemala y Ecuador como los lugares de tránsito de drogas a los Estados Unidos. Y la evaluación de la DEA cita a los famosos narcos mexicanos como los mayores proveedores en el mercado estadounidense.

“No hay rastro de Venezuela en ninguna página de los dos documentos. Y en ningún otro material de las agencias anticrimen de los Estados Unidos en los últimos 15 años (conozco muy bien el tema) se mencionan hechos que puedan conducir indirectamente a las acusaciones lanzadas contra el presidente legítimo de Venezuela y su gobierno. Por lo tanto, es exclusivamente basura política, que espero será tratada como tal fuera del sistema político mediático de los Estados Unidos”, remató Arlacchi.

Un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, publicado el pasado 5 de marzo, señala que los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron en 4 000 hectáreas, para alcanzar las 212 000; mientras que la producción de cocaína creció en un 8 %, pasando de 879 toneladas a 951, cifras que marcan récords históricos.

De las tres fuentes citadas y los dichos de Arlachi, se desprende que si EU quisiera realmente combatir el tráfico de drogas el objetivo sería Colombia, no Venezuela. Otro blanco sería perseguir a los cárteles que distribuyen la droga en EU, que se quedan con la mayor parte de la ganancia y la lavan allí.

Para complementar lo anterior, un informe reciente de The Washington Office on Latin America (WOLA), consideró “exagerado” el papel que se le otorga a Venezuela en el comercio transnacional de drogas. De acuerdo con la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB) del gobierno de EU, citado por WOLA, en 2018 pasaron por Venezuela 210 toneladas métricas de cocaína y en ese mismo lapso pasó aproximadamente 10 veces más cocaína (2,370 toneladas métricas) por Colombia y siete veces más (1,400 toneladas métricas) por Guatemala.

En declaraciones a BBC Mundo,  el director de WOLA, Geoff Ramsey, dijo que la afirmación de que Maduro está “inundando” deliberadamente EU con cocaína es “absurda”. Y al igual que Arlacchi, remitió a los propios datos de la DEA. Según Ramsey, el Departamento de Justicia de EU se ha visto sometido a una fuerte presión para formular esas acusaciones por parte de sectores duros de la oposición venezolana y la comunidad de exiliados en Miami, utilizando el mismo guión usado por el gobierno de George H.W. en Panamá, en 1989,  en el marco de la guerra fría.

La judicialización (lawfare) de la política de cambio de régimen de la administración Trump se centrará ahora en cuerpos de seguridad como el FBI y la DEA, con apoyo de las unidades militares desplegadas en el Caribe y el Pacífico y los llamados “contratistas privados de seguridad”. Cabe recordar que al actual fiscal general de EU, William Barr, le correspondió redactar en 1989 la justificación legal para la invasión de Panamá y para que el FBI pudiera ingresar a tierra extranjera sin el consentimiento del gobierno anfitrión. Asimismo, Barr fue quien gestionó el indulto del genocida Elliott Abrams, inculpado por el caso Irangate.

Sobre la DEA y el desertor Alcalá

Cuando el pasado 26 de marzo el fiscal Barr acusó a Nicolás Maduro y once funcionarios de alto rango (además de dos militares desertores) de formar parte de una  “conspiración narcoterrorista” y puso precio a sus cabezas, aseveró que todos formaban parte de un denominado Cártel de los Soles.

Para entonces, hacía años que las usinas de la guerra sucia en los sótanos del Pentágono y la CIA venían fabricando la trama conspiracionista, que fue sembrada de manera intermitente −con mayor profusión en 2015−  en los medios hegemónicos de Occidente adscritos a la también llamada guerra de cuarta generación.

Entre los carteles difundidos a la manera del Lejano Oeste por el Departamento de Justicia y la DEA el 26 de marzo último, con sus logotipos y una leyenda que decía “REWARD OF UP TO $ 10,000,000.00 U$S” (Recompensa de hasta 10 millones de dólares), y que incluía sendas fotos de los buscados por pertenecer al Cártel de los Soles, figuraron los de dos ex generales retirados prófugos de la justicia venezolana: Hugo Carvajal Barrios y Cliver Alcalá.

Un día antes (25 de marzo), en Caracas, el vicepresidente de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez, había develado un nuevo plan terrorista para asesinar de manera selectiva a altos funcionarios gubernamentales, incluido el presidente Maduro. La revelación se basaba en informaciones de medios de prensa colombianos, del 23 de marzo, sobre la incautación de un arsenal de guerra compuesto por 26 fusiles de asalto AR-15 y otros insumos bélicos, en la localidad de La Ciénaga, Barranquilla, que iban a ser introducidos a Venezuela por la frontera de Paraguachón, en el estado Zulia.

En ese contexto, el primero en reaccionar horas después del anuncio del fiscal Barr en Washington, fue Cliver Alcalá, militar desertor y prófugo de la justicia venezolana, acusado el 31 de agosto de 2019 −junto con Julio Borges y la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz− de haber participado en un plan para colocar aparatos explosivos en el Palacio de Justicia y sedes de la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar, y vinculado en el intento de golpe de Estado  del 30 de abril de ese año.

Radicado en Barranquilla, Colombia,  y entrevistado por locutores de la emisora colombiana W Radio, Alcalá confesó ser parte de la trama para cometer actos terroristas en Venezuela con la asesoría de expertos estadunidenses, y se adjudicó la propiedad de las armas incautadas en La Ciénaga el 23 de marzo anterior. Afirmó que ese arsenal había sido financiado con dinero suministrado por el diputado venezolano Juan Guaidó y que el gobierno de Iván Duque estaba al tanto de esos planes y había facilitado medios para la logística. En el audio Alcalá expresó literalmente: “Las armas incautadas en Colombia pertenecen al pueblo venezolano, en el marco de un pacto, o de un convenio, firmado por el presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos. Desde hace muchos meses vengo trabajando en la conformación de una unidad Libertad para Venezuela. A la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó y aportamos ahí, junto a militares venezolanos (…) hacer una unidad militar”.

En otra parte de la entrevista radial, Alcalá dijo: “Estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo”. Es decir, temía que lo asesinaran. El 27 de marzo fue detenido y trasladado en un avión de la DEA a Nueva York.

Un día después, la agencia Reuters, desde Washington, difundió un cable según el cual el ex jefe de la inteligencia  militar de Venezuela, Hugo Carvajal, otro hombre clave del presunto Cártel de los Soles y con paradero desconocido en España, donde se había exiliado, también estaba en proceso de entregarse a las autoridades estadunidenses.

 Carvajal, el Cartel de los Soles y la prensa amaestrada

Junto con los de Cliver Alcalá y Diosdado Cabello, el nombre de Hugo Carvajal había formado parte del núcleo duro del supuesto Cártel de los Soles, según la trama fabricada por la DEA y la CIA para implicar al ex presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, en una presunta conspiración criminal con la guerrilla de las FARC colombiana, para “inundar” de cocaína a Estados Unidos.

La maquinación, que tuvo su punto culminante en 2015,  estaba inscrita en la primera fase de la Operación Libertad Venezuela (Venezuela Freedom), perfilada en el “Informe sobre Venezuela” elaborado en 2012 por el director nacional de Inteligencia de EU, James R. Clapper, que ponía énfasis en la agitación propagandística de temas tales como el desabastecimiento programado de alimentos y medicinas, el incremento inusitado de precios, los apagones eléctricos generalizados, la delincuencia y la violencia criminal como parte de un proceso de descomposición político-social e ingobernabilidad inducido que utilizó entonces el accionar de bandas criminales (bacrim), narcotraficantes, grupos paramilitares y pranes con sus ejércitos de malandros.

En ese contexto, y como parte de la guerra irregular para desestabilizar al nuevo gobierno de Maduro, los guionistas de los servicios de inteligencia estadunidenses fueron sembrando en medios occidentales, su nuevo invento: el Cártel de los Soles.

El primer diario elegido para desatar el circo mediático fue el ABC de España, que a partir de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, en enero de 2015 comenzó a difundir “primicias” con base en “fuentes cercanas” a una investigación abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. “El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”, decía el titular de la nota. El blanco del despacho era el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sindicado en la fabulación como el “cabecilla” del Cártel de los Soles y “operador” del “narcoEstado” venezolano. Y estaba dirigido a dividir a la interna chavista en la transición generada por la muerte del líder del proceso bolivariano, Hugo Chávez, en 2013. Pero ya ahí aparecían implicados varios militares y el entonces gobernador de Aragua, Tareck Al Aissami.

Sin una sola prueba y con eje en los testimonios dudosos de un escolta desafecto, Blasco utilizó la socorrida fórmula de la guerra fría, “fuentes cercanas”, para encubrir las filtraciones de la CIA, la DEA y el Departamento de Justicia. Asimismo, para construir sus argumentos,  utilizó en un par de ocasiones el verbo “especular”, enemigo del periodismo de investigación.

El 19 de mayo de 2015, según reportó en una investigación Fernando Casado (“El nuevo invento para atacar a Venezuela: El Cártel de los Soles”, 1 de junio de 2015), una nueva filtración llegó a las páginas de The New York Times: “EEUU centra su amplia investigación  sobre cocaína en altos oficiales venezolanos”. Con un tono menos amarillista que el de ABC, el influyente diario neoyorkino daba como fuente a la DEA, pero la falta de pruebas seguía estando presente.

Tres días después era The Wall Street Journal, el que con  filtraciones de agentes de la DEA y fiscales federales de Nueva York y Miami, reforzaba el bulo sobre el Cártel de los Soles: “Oficiales venezolanos sospechosos de convertir el país en un centro de distribución internacional  de cocaína”. Igual que los anteriores, la falta de pruebas, persistía.

El 24 de mayo, Jackson Diehl, uno de los editorialistas estrella de The Washington Post, venía a sumarse al cacareo mediático anglosajón. Diehl tituló su artículo de opinión “Un cártel de la droga en el poder en Venezuela” y trató como hechos fehacientes la “información” que publicó. Su fuente, que utilizó como prueba, eran supuestos correos electrónicos extraídos de la computadora del jefe de las FARC, Raúl Reyes, que ni la Suprema Corte de Justicia de Colombia había validado. Es decir, seguía sin haber pruebas sólidas.

Como suele ocurrir con la siembra de “carne podrida” en los medios, y en este caso a partir de la declaración de un desertor, Diehl, del Washington Post, tomó como referencia las notas publicadas en el ABC y The Wall Street Journal. Es decir, a partir de informaciones no verificadas, se utilizó a la prensa como prueba de lo que dice la prensa, para ir fabricando una “noticia”, que, a fuerza de repetición, se vuelve “verdad”.

En el marco de la guerra no convencional asimétrica en curso, los objetivos de las operaciones psicológicas e intoxicación (des)informativa del Pentágono, la CIA y la DEA habían sido expuestos por el general John Kelly, jefe del Comando Sur, el 12 de marzo de 2015 ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de Estados Unidos. Kelly dijo que las acciones estaban  dirigidas a generar una situación de caos y desestabilización política en Venezuela, combinándose con  acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada, etapa que incluyó a las guarimbas con su casi medio centenar de muertos, los asesinatos selectivos, sabotajes contra instalaciones estratégicas y acciones paramilitares desde la frontera colombo-venezolana.

En ese marco de la noticia como espectáculo para encubrir propaganda de guerra, el 20 de mayo, la intriga sobre el Cártel de los Soles sería retomada por el diario español El País, en un reportaje que tituló “Nueva luz sobre el misterioso cartel de los Soles”. Pero más allá de lo  enigmático del titular, no aportaba nada nuevo y fue una oda a la especulación.

Cinco días después, la revista Newsweek en español reproducía en su portada el rostro de Diosdado Cabello con un titular que rezaba: “El más buscado”. La publicación estadunidense reproducía una entrevista a Juan Forero, el periodista de The Wall Street Journal que había divulgado una “primicia” sobre el Cártel de los Soles. Como expresó Newsweek, “lo que para muchos era un secreto a voces, ahora estaba asegurado por un diario con el prestigio de The Wall Street Journal”.

El mecanismo para dejar plantada en la opinión pública una confabulación sin pruebas sólidas, había funcionado a la manera de un lavado de información, donde la fuente original de la filtración, en este caso la DEA −y de manera encubierta la CIA−, la más de las veces quedaba oculta.

No obstante, como mencionó Fernando Casado en la investigación citada, el origen de la cadena había sido el diario ABC de España, que reprodujo una “primicia” de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, célebre por otra “exclusiva” de 2012 a raíz de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, que entonces se convirtió en trending topics y dio la vuelta al mundo: “A Chávez le queda un año de vida a menos que acepte un tratamiento intensivo”. Blasco utilizó como  fuentes “informes confidenciales elaborados por informantes con acceso al equipo médico de Chávez, manejados por servicios de inteligencia” (sic). Blasco ocultó que su fuente era la CIA, porque entonces su credibilidad habría sido nula. Pero meses después, el ex director del diario ABC, Ángel Espósito, entrevistado por Casado, reconoció: “ABC tiene acceso a una información de la CIA, ABC publica la información de la CIA, ABC no dice ‘ABC considera que a Chávez le queda un año’. ABC publica un informe de la CIA, de su corresponsal en Washington”.

Sin embargo, ABC y Blasco, autor del libro por encargo Bumerán Chávez, habían ocultado que su fuente era la CIA y manejaron como propia la información con subterfugios como “informes confidenciales” manejados por “servicios de inteligencia”. Es decir, fuentes anónimas y difusas, sin legitimidad periodística.

Tres años después, Blasco y el ABC habían vuelto a las andadas, ahora con la “primicia” sobre el mito del Cártel de los Soles. Sólo que en esta ocasión, el nuevo director del periódico madrileño, Bieito Rubido,  reconoció que había una relación entre su medio y los servicios de inteligencia de EU: “Lo que publicamos siempre es cierto. En este caso las fuentes son muy serias: desde la inteligencia española, hasta la CIA y la DEA” (Ver “Denuncia sobre Diosdado Cabello por narcotráfico ‘está más que contrastada’: Director del diario ABC”, NTN24, 27 de enero de 2015).

Invención de los laboratorios de la guerra sucia, sin una sola evidencia y sin que se diera cuenta del decomiso de una sola panela de cocaína en Estados Unidos u otra parte del continente con su logo, pronto, el expediente del cártel de los generales y la fabulación del narcoEstado venezolano quedarían eclipsados en el marco de la segunda fase de la Operación Libertad Venezuela del Comando Sur, que requirió del posicionamiento mediático de una “crisis humanitaria” (por falta de alimentos, medicamentos, agua y electricidad) y una matriz de opinión que manejara a nivel internacional el escenario de que la nación sudamericana estaba “cerca del colapso” y de una “implosión”, como recurso para facilitar una “intervención humanitaria” a “pedido” de la ONU o la OEA. 

El plan conspirativo y de guerra psicológica del Pentágono contemplaba entonces una “fase terminal” del proceso venezolano hacia julio-agosto de 2016.  Y para ello, Washington intensificó su política  de “cerco y asfixia” contra el gobierno de Nicolás Maduro, que en el marco de la Guerra de Espectro Completo elaborada en junio de 2000 por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de EU (ver documento Joint Vision 2020), intensificó el empleo de recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos, y echó mano de grandes corporaciones y lobbys empresariales, operadores políticos de la derecha internacional y sus intelectuales orgánicos, actores no estatales (ONGs), jerarcas de la Iglesia católica y agrupaciones estudiantiles.

El caso Carvajal y el relato novelado de la DEA

Tras cuatro años de permanecer en las sombras, la construcción ficticia del Cártel de los Soles reaparecería en España luego de la detención por la Policía Nacional, el 12 de abril de 2019, del  ex jefe de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela entre 2000 y 2011, Hugo Carvajal.

En febrero de ese año, luego de la fabricación made in USA del diputado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, y en vísperas del 23/F −el enésimo “Día D” para derrocar a Maduro, que tuvo como epicentro pantalla a la ciudad colombiana de Cúcuta en el fracasado intento de introducir “ayuda humanitaria” a Venezuela−, Hugo Carvajal, discípulo de Chávez en la academia militar, defeccionó, llamó a sus ex pares a la rebelión y dio su apoyo al “autoproclamado” impuesto por el trío John Bolton, Mike Pompeo y Elliott Abrams.

En medio de amagos y preparativos de invasión y cuando se estrechaba el cerco militar del Pentágono a Venezuela, Carvajal, según relató su esposa Angélica Flores al diario El País, huyó en marzo siguiente a Madrid con la ayuda de agentes del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), que incluso lo fueron a esperar al aeropuerto de Barajas. En abril, cuando iba camino a reunirse con agentes del CNI y ofrecer información, Carvajal fue capturado por una orden de extradición de Estados Unidos, y su caso fue ventilado en la tercera sala penal de la Audiencia Nacional.

El 13 de septiembre de 2019, en el marco de la comparecencia de Carvajal ante la Audiencia Nacional, el titular de primera plana del diario español El Mundo decía: “Hugo Chávez ordenó ‘inundar EEUU de cocaína de las FARC’”. El cintillo destacaba: “El Mundo accede al informe secreto de la DEA de Estados Unidos sobre Venezuela”. En interiores, el periódico afirmaba haber tenido acceso en “exclusiva” al informe de la DEA que el día anterior el Departamento de Justicia de EU había remitido a la Audiencia Nacional.

El “informe secreto” no agregaba nada nuevo sobre la trama divulgada en 2015 por la prensa mercenaria occidental, ni tampoco a la recopilación publicada en mayo de 2018 por la fundación estadunidense InSight Crime, bajo el título “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?” La investigación de ese centro de investigación sobre crimen organizado patrocinado por Open Democracy −del magnate George Soros, ligado al Grupo Carlyle del clan Bush−, que volvía a dar por cierta la existencia del Cártel de los Soles, adolecía de los mismos defectos de los bulos periodísticos mencionados arriba: se basaba en supuestos y creencias y no presentaba evidencias sólidas, pero fue evidente que había sido elaborado para poder justificar, a posteriori, las prácticas de la guerra judicial (lawfare) que, con apariencia de legalidad, habían venido siendo utilizadas por Washington y sus aliados contra países considerados enemigos.

Carvajal rechazó, por falsas, las acusaciones de la justicia estadunidense, y sus abogados calificaron la petición de Washington como “persecución política”; subrayaron que la acusación se basaba en el testimonio de una decena de “delincuentes confesos” que no conocían al ex militar; denunciaron la “ligereza” con la que EU vinculaba a Carvajal con el Cártel de los Soles –dijeron que igual podrían haberlo relacionado “con el Ku Klux Klan o la Asociación Nacional del Rifle”− y pidieron la denegación de la extradición por no cumplir los requisitos y principios básicos, formales y no informales.

Fue evidente que la filtración de la justicia de EU al diario El Mundo buscaba presionar a los magistrados de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el 16 de septiembre el tribunal colegiado denegó la extradición por considerar que la reclamación de EU estaba fundamentada “en una motivación política” y había sido gestada “dentro de la estrategia política estadunidense respecto a Venezuela”.

Los magistrados resaltaron “la falta de un verdadero relato de hechos concretados en la persona del reclamado” y argumentaron que la “conducta” que las autoridades estadunidenses  imputaban a Hugo Carvajal “se refiere indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia militar”. Relataron, asimismo, que la justicia de EU había fundamentado su reclamación en delitos de asociación ilícita para involucrarse en narcoterrorismo y para importar cocaína controlada dentro de Estados Unidos desde un lugar fuera del país, además de un delito de uso o posesión de armas de fuego.

Sin embargo, el tribunal advirtió que esa solicitud “está acompañada sólo de la declaración jurada de un agente de la DEA a cargo de la investigación” y “no se precisa qué actos concretos de carácter delictivo” realizó Carvajal. Por lo que el tribunal consideró la descripción de los hechos “huérfana de determinación”, y señaló que la declaración del agente de la DEA “no puede utilizarse para integrar el necesario relato fáctico que se precisa para atribuir a Carvajal los delitos de los que se le acusa”. Es más, el tribunal reprochó a EU que sus acusaciones estaban dirigidas a “una conducta abierta, abstracta e inconcreta en tiempo, lugar y actos que realizados formasen parte del delito imputado”.

Hugo Carvajal quedó en libertad provisional, con prohibición  de salir de España y debía presentarse cada 15 días en el juzgado. El 8 de noviembre la Fiscalía apeló el fallo de la Audiencia Nacional, y el Tribunal Supremo autorizó la extradición a EU. Varios magistrados no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria y, además, denunciaron presiones del consejero jurídico de la embajada de España en Washington, Jorge Carrera Domenech. Uno de los jueces plasmó su desacuerdo al salvar su voto y consideró que la investigación por narcotráfico contra Carvajal respondía “mucho más a lo que sería una especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo” contra EU “por parte de un enemigo de dicho Estado, que a una descripción jurídica de hechos delictivos concretos”.

Enterado de la situación por un periodista que lo quiso entrevistar, Carvajal se dio a la fuga y Elliott Abrams calificó la huida como una “vergüenza” para el gobierno de España. Desde entonces el tema había desaparecido del circo mediático, hasta que el pasado 26 de marzo el fiscal William Barr revivió el caso de Hugo Carvajal y la ficción sobre el Cártel de los Soles.

En un año electoral en EU, la nueva ofensiva de la Casa Blanca, que incluye un renovado cerco naval a Venezuela en el Caribe, está dirigida a boicotear las negociaciones del gobierno de Maduro con partidos de oposición, y se da cuando en medio de la pandemia del coronavirus que sumió en una grave crisis sanitaria a la administración Trump, ha quedado evidenciada la declinación de la industria del shale (gas/petróleo lutita) basada en la fracturación hidráulica (fracking), con la quiebra el 1 de abril de la productora Whiting Petroleum Corporation (con proyectos en Dakota del Norte y Colorado), primera víctima de la guerra de precios del crudo, que en los próximos días podría arrastrar a otras 50 compañías del sector. Con lo que Venezuela, con las reservas más grandes de hidrocarburos del mundo, vuelve a ser el objetivo principal de Washington, en su pugna geopolítica con las potencias que le disputan la hegemonía del sistema capitalista.

 

Por Carlos Fazio | sábado, 04 abr 2020

Publicado enInternacional
Un grupo de personas hace cola para comprar alimentos en Venezuela durante la crisis del Covid-19. Euronews

En América Latina hacer frente al Covid-19 es especialmente complejo debido a la pobreza y las desigualdades económicas y sociales. Casi seis de cada diez personas trabajan en el mercado informal

 

Casi seis de cada diez latinoamericanos, según la Organización Internacional del Trabajo(OIT), forman parte del mercado de trabajo informal y representan un tercio de la economía. Para estas personas que viven al día, las drásticas medidas de cuarentena obligatoria, recomendadas por la OMS para enfrentar el Covid-19 y adoptadas por la mayoría de los gobiernos, suponen dejar de tener ingresos. Quedarse en casa es un lujo para los que trabajan en el sector informal. Sobrevivir a la cuarentena se convierte en un reto en sí mismo. En países como España o Italia, el confinamiento puede ser posible porque hay un espacio fiscal para subsidiar empresas y familias vulnerables. Sin embargo, en América Latina, con sectores públicos quebrados y un gran número de personas viviendo de la informalidad, la situación empuja a preguntarse si no será más peligroso “quedarse en casa” que el virus en sí. 

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Hector y Amparo fabrican artesanalmente unos tableritos didácticos para niños y niñas en Ibagué, Colombia. Normalmente los venden a librerías pero también reciben encargos y a veces los venden en la calle. Están a punto de jubilarse, con 61 y 60 años respectivamente, aunque ahora, con la falta absoluta de ingresos debido a la cuarentena del Covid-19, no pueden cotizar. “¿Qué vamos a hacer más de un mes sin recibir sustento?”, se pregunta Hector mientras cuenta que lo más importante es la comida y la salud, y lo difícil que le es conciliar el sueño. Cuando se le pregunta sobre los saqueos en Bogotá de estos días, resopla. “Yo entiendo a esa gente que no tiene, a los que venden su tintico (café), sus calditos… no están pudiendo vender”, dice por teléfono. “Ojalá que el gobierno nos vea”, repite. 

Antes del coronavirus, América Latina ya lidiaba con el estancamiento económico, la agitación política y social y la epidemia de dengue más grave de los últimos años –con más de tres millones de personas afectadas y 1.500 muertes. La caída del PIB latinoamericano a causa de los efectos del coronavirus se calcula que estará en casi el 2%. Y la recuperación dependerá en gran medida del restablecimiento de China al ser el segundo socio comercial, en algunos casos el primero, de la mayor parte de los países.

El lunes 16 de marzo las bolsas latinoamericanas se desplomaron por la bajada del precio del petróleo. Como también lo hicieron la industria relacionada con importaciones o exportaciones con China, los precios de otras commodities como el cobre y la multimillonaria industria del turismo en lugares masivos como Cuzco, Cancún o Buenos Aires. Comenzó el pánico. Las dificultades que ya venían de antes como resultado de la dependencia del mercado internacional y la inestabilidad de sus economías se sumaron a la crisis derivada del Covid-19.

Todavía no sabemos a ciencia cierta muchas cosas del virus: no conocemos su tasa de mortalidad, todas sus formas de contagio, si se genera algún tipo de inmunidad o el trastorno económico-social que causará. Hay algunos que ya hablan del periodo poscovid-19 como si hablaran de una posguerra. Lo que sí está claro es que sus consecuencias serán ecológicas, económicas y sociales. Es decir, convierte a la pandemia en un asunto político, y por lo tanto sistémico. Las dietas alimentarias deficitarias, la informalidad laboral, el hacinamiento urbano, los sistemas de agua residuales defectuosos o inexistentes, los sistemas de salud débiles, entre otros factores, hacen que la salida latinoamericana a la pandemia mundial quizás no sea seguir la misma receta que en Europa, Norteamérica o Asia. 

En la segunda mitad del año pasado América Latina, de Chile a Colombia, se levantaba indignada por la desigualdad social. Las clases medias se movilizaron denunciando una falta de recursos y dificultad de acceso en sanidad y educación en los diferentes procesos de privatización de la región. Es decir, con el aumento exponencial de infectados en coronavirus, el sistema sanitario se verá absolutamente desbordado: sólo Costa Rica y Uruguay destinan más del 6% del PIB a gasto público en salud,  como indica la Organización Mundial de la Salud. El gasto en España en sanidad sobre el PIB, por ejemplo, es del 8,9%. 

“La cuarentena desnuda desigualdades que ya estaban presentes”, señala Inés Nercesián, doctora en ciencias sociales y profesora de sociología histórica de América Latina en la Universidad de Buenos Aires. El acceso a la vivienda, a la salud, a la tecnología, a la cultura y la educación, a la economía o al territorio son aspectos que se vuelven más crudos durante la cuarentena, “pero esto no es algo nuevo, es una herencia”, apunta la experta. 

La responsabilidad es individual y colectiva

Sita vive en la provincia de Buenos Aires con su hija de 15 años. Sus ingresos provenían en su totalidad de la venta de inciensos en ferias de la ciudad y desde que se impuso la cuarentena obligatoria no puede salir a trabajar. Ahora vivirá de ayudas del gobierno. La cuarentena “es un compromiso a nivel social que resulta difícil de cumplir para todos, algunos porque no les da la gana y otros por necesidad”, comenta Sita por teléfono. Estar en casa es más sacrificio justamente para los que menos tienen: no saldrían a la calle por irresponsabilidad sino por subsistencia, pero ¿qué otra manera hay de combatir el virus? 

La medida Quedate en casa impulsada con mayor o menor flexibilidad en toda la región latinoamericana se apoya en la posibilidad de realizar teletrabajo. El problema viene cuando la mayor parte de la población no tiene un trabajo que pueda realizarse desde casa vía online, o cuando su trabajo necesita de un transito callejero como pequeños comercios, taxistas, empleadas domésticas o vendedores ambulantes. El cese de las actividades cotidianas impide que puedan generar los ingresos suficientes para subsistir a una población ya de por sí vulnerable y carente de ahorros. 

En Colombia, por ejemplo, con más de un 60% de la población en el sector laboral informal, antes de la cuarentena oficial se impuso un simulacro “para aprender bien”. En un vídeo publicado en su cuenta de twiter, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, en principio sin el apoyo del presidente Iván Duque, pedía que los bogotanos se quedaran en casa “aprendiendo cómo hacer una cuarentena cuando nos toque, por ahora es solo un simulacro de cuatro días”.

 “En el caso boliviano, la presidenta decide copiar pedazos del discurso y medidas del presidente de Gobierno español y leyendo en teleprónter lanza un paquete de medidas como si estuviera sentada en Madrid y no en La Paz”, sentencia la activista boliviana María Galindo en el blog de Radio Deseo, la emisora que codirige. Para poder quedarse en casa, primero hay que tener una casa y hay que estar a salvo dentro de ella. Para no salir de ella hay que tener el acopio suficiente de comida y para ello el suficiente dinero. Para seguir las recomendaciones de la OMS y de las autoridades sanitarias hay que tener una serie de facilidades, como el acceso a agua, por ejemplo. “Romantizar la cuarentena es un privilegio de clase” es el lema que circula por las redes sociales esta última semana. 

El primer caso registrado de Covid-19 en América Latina fue en Brasil el 26 de febrero. Hasta ahora es el país con más contagios y muertos y, sin embargo, el que menos medidas está tomando, al menos a nivel federal. Su presidente, Jair Bolsonaro, criticó la “histeria” global sobre la “gripecita”, mientras se hacía el test del virus al saberse que personal de su círculo estaba contagiado. Cuando fue consultado sobre la posibilidad de que la situación fuera similar a la de Estados Unidos, país en el que su presidente también ha desplegado una actitud negacionista, Bolsonaro contestó que “el brasileño tiene que ser estudiado, no coge nada. Usted ve a alguien buceando en una alcantarilla y no le pasa nada”, aseguraba con la excentricidad que le caracteriza. 

Algunos estados como los de Sao Paulo, Brasilia o Rio de Janeiro tomaron algunas medidas, por ejemplo en Rio se prohibió el acceso a las playas. 

Según el pronóstico de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), la economía brasileña puede contraerse un 4,4% en 2020, más del doble de lo estimado para el resto de América Latina. Al inicio de la semana pasada, el Gobierno anunció el apoyo a empresas afectadas por la crisis del virus, como Gol Linhas Aéreas, con 30.000 millones de dólares. A los trabajadores del sector informal, unas 38 millones de personas, a regañadientes por las críticas recibidas en un descontento social generalizado, el gobierno accedió a otorgarles una ínfima ayuda mensual de 200 reales (unos 35 euros). 

A pesar de haber registrado ya cincuenta muertes, México tampoco parece estar tomándose muy en serio las recomendaciones de la OMS. Algunas universidades y escuelas privadas han cerrado por iniciativa propia ya que el gobierno federal solo había propuesto la eufemística campaña Una sana distancia para evitar contactos cercanos. “Igualmente la gente se está quedando en sus casas, los restaurantes están cerrando, los lugares de turismo especialmente dedicado a norteamericanos también”, cuenta Ivonna, una artesana española que lleva años viviendo en Ensenada, al norte de México.

La falta de tránsito en las calles, la “cuarentena voluntaria” y el descenso de la actividad económica global están haciendo que el 53% de la población mexicana que trabaja de manera informal se vea especialmente afectada: por el lado económico pero también sanitario, al estar exponiéndose al contagio del virus. Ivonna nos explica que al no haberse implementado medidas fuertes a nivel federal, seguramente “el gobierno no va a ofrecer ayudas para los sectores más vulnerables”.

En Ecuador, el segundo país de América Latina al que más está afectando la pandemia, “las medidas adoptadas por el gobierno tienen un sesgo social de clase media-alta” advierte Diana Massa, trabajadora en gestión social en una organización en Quito. El 10 de marzo el gobierno lanzó unas medidas económicas ante la caída del petróleo a nivel mundial para intentar contrarrestar los posibles efectos del coronavirus. Estas medidas se parecían mucho a las que produjeron los levantamientos sociales a finales del año pasado: eliminar los subsidios a los combustibles y despidos y bajada de sueldos a funcionarios públicos. Esto lleva a muchas personas a trabajar en régimen de informalidad, que ya de por sí llega casi al 60% de la población ocupada.

En Guayaquil, la ciudad ecuatoriana con el 80% de los contagiados de coronavirus, el gobierno ha recogido más de trescientos cadáveres de personas que ni siquiera llegaron a ser atendidas en centros médicos. La falta de infraestructura básica, servicios y equipamientos sanitarios ha quedado totalmente al descubierto. Las autoridades locales anunciaron la apertura de una fosa común en vista de los muertos que empezaron a aprecer en las calles, las aceras y los barrios. Mientras, el presidente Lenin Moreno, habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa. La ministra de salud, Catalina Andramuño renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis. Y, el director de cultura de Guayaquil publica en sus redes un texto donde culpabiliza de la expansión de la pandemia a “gente extramadamente ignorante”, “primitiva”, “de corto criterio y capacidad de análisis”, entre los que incluye a la migración venezolana “que viven como parásitos”. 

Mientras el presidente ecuatoriano habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa, la ministra de salud, Catalina Andramuño, renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis. 

Venezuela impuso el aislamiento obligatorio desde el 17 de marzo, y con ello se suspendió el pago de servicios como luz, gas, o agua, y de alquileres durante los próximos seis meses. El Sistema Patria anunció el pago de las nóminas de las pymes y un bono para los trabajadores informales, unos 12 millones de personas aproximadamente. Ante el miedo al desbordamiento del sistema público de salud, que suma las enfermedades provocadas por el Covid-19 a la crisis humanitaria venezolana ya existente, el gobierno de Nicolás Maduro, en contra de lo que históricamente había criticado el chavismo, pidió un crédito de 5.000 millones de dólares al FMI. Esta institución lo rechazó.

En Perú, casi siete de cada diez personas no cuenta con trabajo formal, ni con seguro social, ni pensión, ni en la mayoría de las ocasiones con pago fijo (salvo algunas excepciones como empleadas domésticas). El Gobierno de Martín Vizcarra impuso una cuarentena total y obligatoria, cerró las fronteras y sacó el ejército a la calle para mantener a la gente en sus casas. Según sus propias estimaciones, “nueve millones de personas forman parte de una familia donde si no se trabaja no se come mañana”. Por ello, el Ejecutivo anunció una medida extraordinaria: un bono de 308 soles (unos 100 euros). Varios colectivos han apuntado que esta medida no llega a las personas que no siendo “pobres de solemnidad” no podrán realizar sus trabajos con normalidad a causa de la cuarentena impuesta por el gobierno.

¿Son más peligrosos los efectos de la cuarentena que el virus?

En Argentina ya de por sí muchos de los trabajadores informales son pobres: “La falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de la actividad económica, les hará de manera casi inmediata más daño a la salud que el coronavirus”, asegura el economista Jorge Colina en el informe IDESA (Instituto de Desarrollo Social Argentino). Para él, en este país, con aproximadamente un 45% de las familias viviendo en la informalidad, parar la actividad económica y aislar a la población es un remedio que tiene costos sociales más elevados que el beneficio de evitar la enfermedad. “El remedio será peor que la enfermedad”, sentencia Colina ante la situación del sector público argentino endeudado y sin mucho margen de actuación.

Para hacer frente a la cuarentena obligatoria, el gobierno argentino presentó un bono de 10.000 pesos (140 euros) para tres millones y medio de familias que viven de ingresos laborales informales. Además de que la cantidad no es suficiente si se tiene que pagar un alquiler, la ayuda excluye a las personas migrantes que no lleven más de dos años regularizadas en el país. Los trabajadores migrantes se llevan así la peor parte: “Somos vistos como enemigos internos”, critica Jorge, miembro del Bloque de Trabajadores Migrantes. La falta de posibilidades de radicación legal y los entorpecimientos burocráticos les condenan a trabajos informales y especialmente precarizados. 

La gran mayoría de los bolivianos –el 83%, según la OIT– viven al día de los productos que venden en la calle, de las pequeñas tiendas y de otros empleos no regularizados: sin la actividad de tránsito diaria están condenados a la inanición. A raíz de la cuarentena establecida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, los conflictos no se han hecho esperar. El domingo 22 de marzo, durante la hora del mercado, miembros de la policía intentaron en la ciudad de Oruro “hacer cumplir la cuarentena” impidiendo el comercio con normalidad y fueron apedreados. “Es muy lamentable de esta urbanización que no le gusta acatar las normas que se lanzan”, denunció el jefe de la Unidad de Defensa al Consumidor de la Alcaldía de Oruro para el canal de televisión ATB Digital

El anuncio de la presidenta para mitigar los posibles efectos del confinamiento obligatorio fue la dotación de una canasta familiar gratuita valorada en 400 bolivianos (un poco menos de 60 euros) que beneficiará a un millón y medio de personas de las nueve millones que se verán gravemente afectadas. Además, por causa del coronavirus, se reforzó la presencia policial y militar en las calles y se aplazaron las elecciones presidenciales del 3 de mayo, que pondrían fin al gobierno de facto que destituyó a Evo Morales el año pasado.

Dilema de la humanidad

Esta crisis pone en tela de juicio a todo el mundo: a la economía, con sus empresas, sus empresarios y sus trabajadores, más o menos precarizados, la salud, la forma de relacionarnos y la forma de proyectarnos hacia el futuro. El gran reto al que ya de por sí se enfrentan los gobiernos y las sociedades de los países más afectados por el Covid-19 cobra particularidades especialmente complejas en América Latina por las desigualdades sociales estructurales y su dependencia a los países centrales. Para el futuro hay más preguntas que respuestas y casi todas nos llevan al gran dilema: ¿de qué manera se afrontará esta crisis?, ¿cómo se resolverán los impagos de deuda?, ¿nos esforzamos por salvar la economía y a la minoría adinerada o al resto de la sociedad?, ¿pondrán en el centro la vida o los mercados?, ¿es esto un falso dilema y hay otras vías que no estamos viendo?, ¿serán los Estados los que salgan fortalecidos de la crisis?

Organismos internacionales, como el FMI en Ecuador, ya han desembarcado tras el acuerdo firmado el año pasado, ahora con el especial cometido de “subvencionar” la lucha contra la recesión económica en América Latina causada por el coronavirus. “Yo esperaría que con los fondos internacionales que han llegado, se tomen medidas de protección social: se entregue comida, se instalen nuevos albergues, se subvencione o abarate el costo del examen del coronavirus”, dice Diana Massa desde Quito. Además, la experta, no descarta algún tipo de movilización social en las próximas semanas: “Si la gente no tiene qué comer se va a meter en los supermercados”.

La socióloga Inés Nercesián, desde Buenos Aires, mucho más optimista, resalta la idea de que no hay ni A ni B: “Hay que resolver todo junto y al mismo tiempo”. América Latina debe reconstruir redes y lazos de solidaridad, usar la imaginación para sobreponerse a esta crisis, algo para lo que tiene sobrada capacidad y experiencia. “Que esto sirva de enseñanza a la humanidad”, decía el presidente de Argentina Alberto Fernández en uno de sus discursos televisados. Para reconstruir el esquema social y político, Nercesián aboga por el trabajo conjunto de ciencia, tecnología, conciencia ciudadana, seguridad y mecanismos para contener la economía bajo otros formatos. “Esperemos que a raíz de este tipo de crisis revisemos cuestiones que tienen que ver con la enorme concentración de la riqueza y poder de algunos grupos en detrimento de otros”.

por Beatriz Hernández Pino Buenos Aires , 4/04/2020

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La pandemia amenaza con dejar entre 14 y 22 millones de personas más en pobreza extrema en Latinoamérica

El coronavirus aleja aún más el objetivo de erradicar la carestía extrema, según la Cepal. En el horizonte más optimista, el 5,7% de su población estará en esa situación en 2030; en el más pesimista, el 11,9%

 Del bajo crecimiento a la recesión, sin solución de continuidad. El coronavirus ha transformado el sombrío horizonte económico en América Latina en el peor en más medio siglo, como recuerda a EL PAÍS el jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la región, Alejandro Werner. El brazo económico de Naciones Unidas para el desarrollo del subcontinente, la Cepal, se ha sumado este viernes al pesimismo sobre el frenazo de la actividad a escala global y sobre el golpe que va a hacer en una región siempre expuesta a los vaivenes de las materias primas, la manufactura, el turismo y las remesas. El choque será especialmente fuerte en una métrica clave del desarrollo social: la pobreza extrema. Según las cifras del organismo, si el avance de la pandemia provocase una caída del 5% en el ingreso medio de la población activa, el número de latinoamericanos en pobreza extrema pasaría de los 67,5 millones actuales a 82 millones. Si la merma de ingresos para la población económicamente activa fuese del 10%, esa cifra se dispararía hasta los 90 millones de personas.

Incluso antes de la llegada del Covid-19, la región no iba en buena dirección para acabar con la lacra de la pobreza extrema una década vista, tal como marcaba la hoja de ruta de la ONU. Tras una década larga de mejora, la tasa de población en situación de carestía extrema en América Latina —de por sí la región más desigual del mundo— lleva algo más de un lustro encadenando aumentos sobre unas bases ya muy altas: del mínimo de 2012 (8,2%) se ha pasado hasta superar con creces el doble dígito. El bajo crecimiento y la menor pujanza redistributiva de muchos Gobiernos de la región ya se habían dejado sentir en los últimos tiempos en un indicador clave del avance social, pero la pandemia es la puntilla: sin el efecto Covid-19, este indicador habría alcanzado el 10,7% a finales de este año; con el coronavirus ya en el mapa de riesgos, se disparará hasta el 13,3%.

En el nuevo escenario, los cálculos más optimistas (que contemplan una reducción de la desigualdad del 1,5% y un aumento del PIB por habitante del 5%) apuntan a una pobreza extrema en el entorno del 2,9% en 2030; y en el más pesimista (sin cambio en el patrón distributivo y con un crecimiento per cápita del 1%), ligeramente inferior al 9%. Pero la sacudida del virus sobre los cimientos mismos de la economía es la puntilla: hoy el cálculo más optimista apunta a una pobreza extrema del 5,7% de la población en 2030 y en el más pesimista, el 11,9%.

“El mundo se enfrenta a una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo”, ha subrayado este viernes la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en la presentación de un monográfico sobre las secuelas económicas y sociales del virus en el subcontinente. “El mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia y la reactivación económica va a tomar su tiempo. No es una crisis financiera, sino de salud y bienestar. Y va a ser imprescindible el rol del Estado y no el del mercado: es el Estado, lo público, lo que nos va a sacar de esta crisis. No podemos volver a transitar por los mismos caminos que no han traído a estas grandes brechas”, ha dicho desde Santiago de Chile. “Estamos ante un cambio de época, de paradigma. Y tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo”.

En el plano macroeconómico, la Cepal prevé un golpe múltiple para América Latina, fundamentalmente a través de seis canales: la disminución de la actividad económica en sus principales socios (Estados Unidos, Europa y China), abaratamiento de las materias primas, interrupción de las cadenas mundiales de valor, menor actividad turística, reducción de las remesas e intensificación de la aversión al riesgo en los mercados mundiales. “Estamos ante una profunda recesión”, ha alertado. Todavía es pronto para poner cifras, pero la Cepal cree que la previsión inicial de impacto, del 1,8% del PIB, ya se ha quedado obsoleta. “Si le sumamos el impacto que está teniendo en EE UU y Europa, más allá de China, ya hablamos del 3% o el 4%”. Aunque la dentellada económica de las medidas de distanciamiento social va a ser fuerte, Bárcena ha hecho un llamamiento a mantener o aumentar las medidas aplicadas hasta ahora: “Si no cumplimos las cuarentenas en América Latina y el Caribe el impacto económico será mucho mayor”, ha sentenciado.

Como respuesta a este nuevo panorama económico, ha dicho la jefa de la Cepal, “la integración regional es crucial para enfrentar la crisis, más allá de las diferencias políticas. Lo más urgente es reconstituir las cadenas regionales de valor para disminuir la volatilidad externa. Es, quizá, una oportunidad para mirarnos hacia dentro”. Esta vez “el salvavidas no van a ser las materias primas: el impulso va a venir de los paquetes fiscales”. Y América Latina “carece del espacio suficiente" para responder a la coyuntura con el mismo brío que las economías avanzadas. Ante esa tesitura, ha agregado, la opción más conveniente sería que la comunidad internacional apoyase a los países de renta media mediante un “recorte o reperfilamiento” de su deuda. “Necesitamos medidas que están fuera de la caja, innovadoras: necesitamos que el FMI y el Banco Mundial nos ayuden”.

En el plano puramente sanitario, Bárcena ha recordado que el nivel de camas de hospital disponibles en la región está muy lejos del de Europa, donde el coronavirus está haciendo estragos y está exhibiendo que ningún sistema de salud es lo suficientemente fuerte como para resistir un choque de esta magnitud. En la región, los únicos países que tienen un nivel de disponibilidad de camas similar al de la Unión Europea son, según los datos de la Cepal, Cuba y dos pequeñas naciones caribeñas: Barbados y San Cristóbal y Nieves. Y el gasto público sanitario medio del área supera por poco el 2,2%, la tercera parte de lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Madrid - 03 ABR 2020 - 15:50 COT

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Covid19 y la doctrina del shock en los mercados financieros

A la vez que ha quebrado las cadenas de producción globales, covid19  ha revelado las graves disfunciones de los mercados financieros internacionales. La respuesta sin precedentes de los bancos centrales en favor de las grandes corporaciones, entre ellas las más contaminantes, no hará más que agravar la crisis climática.

 

Hace algo más de un mes, el 20 de febrero, el principal índice de la Bolsa de Nueva York, el Standard and Poors 500, alcanzaba sus máximos históricos. Los mercados de valores confirmaban así la visión de un ciclo eterno de prosperidad de la economía estadounidense. Las cotizaciones de las compañías parecían no tener límites, impulsadas por un crecimiento ininterrumpido del PIB durante 11 años —el más largo desde que se tienen registros—, una política monetaria complaciente y grandes rebajas de impuestos a las empresas. Y ello pese a que desde marzo de 2009 el S&P 500 se había revalorizado un 398%.

En realidad, y aunque con sus altibajos, no solo la bolsa americana ha disfrutado de una década prodigiosa. Los bonos o títulos de renta fija emitidos tanto por Estados como por empresas para obtener financiación de los mercados han alcanzado valoraciones nunca vistas. La razón principal han sido los estímulos monetarios implementados por los bancos centrales en forma de bajadas de tipos de interés y compras masivas de bonos o  Quantitative Easing (QE).

Básicamente, los QE crean dinero, pero en lugar de hacerlo el Estado emitiendo deuda pública —Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones, dependiendo de su plazo— para financiar gasto público, lo hace el Banco Central comprando deuda pública ya existente a bancos y fondos de inversión que la tienen en sus carteras. La diferencia es que en el primer caso el Estado decide en qué gastar el dinero, y en el segundo el dinero se destina a proporcionar liquidez a los inversores. No es poca diferencia.

Estas medidas, que inicialmente se diseñaron como extraordinarias y encaminadas a salir de la gran recesión de 2009, se han convertido en la receta fácil ante cualquier perturbación en los mercados. Episodios como el estallido de las primas de riesgo de los países periféricos de la UE en 2012, el Brexit o las guerras comerciales de Trump han provocado caídas de las bolsas que se han tratado sistemáticamente con intervenciones de los bancos centrales inyectando liquidez y comprando activos en mercado.

Estas compras de los bancos centrales hicieron que el precio de los bonos se disparase, y el precio es inverso a la rentabilidad. Cuanto más se paga por algo que “rinde” la misma cantidad, menos rentable es esa inversión. El precio de los bonos subió tanto que su rentabilidad se volvió negativa en la mayor parte de Europa —hasta -0,80% anual en el bono alemán a diez años—. Para las grandes corporaciones estas intervenciones han significado un inmenso regalo, llegando muchas de ellas a emitir bonos a tipos negativos, es decir, a recibir dinero por endeudarse.

La necesidad de conseguir rentabilidad se ha convertido en ansiedad. Con las bolsas y los bonos disparados, se ha ido empujando a los inversores a buscar nuevos tipos de activos en los que colocar su dinero. Algunos ya eran típicamente objeto de inversión, como el sector inmobiliario, donde los precios en muchos segmentos han superado a los de la anterior burbuja. Otros han empezado a serlo o han sufrido una financiarización extrema.

Infraestructuras de todo tipo, desde autopistas, puertos o aeropuertos hasta megaproyectos de energías renovables, pasando por residencias privadas de estudiantes. Todo tipo de servicios públicos diseñados bajo fórmulas de colaboración público-privada para ser empaquetados y vendidos a grandes inversores. Y por supuesto los recursos naturales, incluso el agua, entendida como un recurso cada vez más escaso y por lo tanto valioso, se han convertido en productos de inversión. Y si un día te encuentras en apuros descuida, siempre habrá un banco central a quien vendérselo.

Hasta las criptomonedas aprovecharon la ola, y aunque pincharon antes, llegaron a tener una capitalización de 800.000 millones en 2018 —ahora es menos de una cuarta parte—. Proyectos como Tron, que en septiembre de 2017 salió al mercado captando de inversores 58 millones de dólares a los cuatro meses valía 13.392 millones. Se multiplicaron los unicornios de internet, empresas que alcanzan la barrera de 1.000 millones de dólares de valoración sin haber llegado en muchos casos a generar beneficios.

Hasta se han creado fondos para invertir en los litigios de multinacionales contra Estados derivados de los nefastos Tratados de Comercio e Inversión, financiando las demandas a cambio de un porcentaje del resultado. Todo, absolutamente todo, es objeto de especulación por el enorme exceso de liquidez que es necesario rentabilizar.

En definitiva, ese océano de liquidez creado por los bancos centrales con el argumento de favorecer el crédito a empresas y familias ha servido para inflar artificialmente el precio de múltiples activos. Se ha extendido además a lugares muy diversos, financiarizando actividades controvertidas y creando graves distorsiones en los mercados como reconocen hasta sus propios participantes.

Cada rincón del planeta se ha convertido actualmente en algo sujeto a la especulación financiera en gran medida por la actuación de los bancos centrales, instituciones públicas, ajenas además a cualquier escrutinio democrático ni rendimiento de cuentas. Merece la pena recordar que el todopoderoso Mario Dragui fue uno de los directivos de Goldman Sachs que diseñó los mecanismos para que Grecia ocultase la dimensión real de su endeudamiento, años antes de tener rescata por el propio Dragui.

El cisne negro

Volviendo a Estados Unidos, ese 20 de febrero en que sus bolsas alcanzaron los máximos de todos los tiempos, ya existía algo llamado coronavirus y ya hacía un mes que se había decretado el confinamiento total de millones de personas en la región de china de Wuhan.

Desde ese día, las bolsas comienzan a retroceder, y sufren su mayor caída semanal desde 2008. La Reserva Federal (la FED) reacciona bajando los tipos de interés del 1,50% al 1,00%.

Entre el miércoles 10 y el viernes 13 de marzo la Bolsa estadounidense sufre la caída más rápida de toda su historia. De repente se ha tomado conciencia de que el covid19 que va confinando país tras país es un “cisne negro”, en el argot financiero un evento tan extraño que no sucede nunca. Hasta que sucede.

El domingo 15 la Reserva Federal vuelve a responder rebajando los tipos del 1% hasta el 0%. El lunes la bolsa vuelve a sufrir una caída histórica del 13%. Durante los siguientes siete días la FED lanza cada día una nueva medida con el encabezado siempre de “con el objetivo de facilitar el flujo del crédito a familias y empresas…”. Son en todos los casos facilidades para los bancos, desde proveerlos de liquidez por diversas vías hasta rebajarles requerimientos regulatorios y de información.

Entre estas medidas, retoma un QE que tenía congelado hace tiempo. El importe previsto son 700.000 millones de dólares, similar a los 750.000 millones de euros anunciados en paralelo por el Banco Central Europeo esa misma semana. Se destinarán a comprar en mercado tanto bonos del Tesoro como bonos hipotecarios —emisiones compuestas por paquetes de hipotecas—. Se trata de una medida para generar confianza a los inversores y a los bancos, demostrándoles que la FED está ahí para que puedan deshacer sus carteras si lo desean.

La primera semana la FED compró 125.000 millones de dólares al día. A ese ritmo en seis días agotaría el programa. Supone comprar en mercado cada diez días el equivalente al PIB anual de España.

Y los mercados siguieron cayendo. A mayor caída más se eleva la presión y las expectativas de intervenciones de los bancos centrales. El mercado lanza órdagos en forma de pánico a los reguladores. El viernes 20 de marzo la bolsa de EE UU había perdido un tercio de su valor desde aquel resplandeciente 20 de febrero de máximos históricos.

Durante el fin de semana todo tipo de bancos de negocios, expertos, y hasta miembros de la propia FED hicieron declaraciones anunciando cifras de paro, caídas del PIB, cuya lectura dejaba en estado absoluto de shock.

En tan solo una semana Goldman Sachs ha pasado de estimar una caída del PIB de EE UU del 5% a una caída del 24%. A 31 de marzo su última estimación es de un 34%.

La mayor intervención monetaria de la Historia

El lunes, tras abrir los mercados de nuevo a la baja, la FED anunció por sorpresa un nuevo QE. Y esta vez no pensaba defraudar. Incluía dos novedades muy importantes: la primera es que su importe es ilimitado. Tal cual. Parece un sinsentido que en un planeta de recursos finitos lo único ilimitado sea el dinero. En los medios financieros la llaman irónicamente QEternity.

La segunda novedad es que comprará no solo deuda pública e hipotecaria como hasta ahora sino también de empresas. Crea toda una batería de nuevos programas de entre los que destaca uno destinado eufemísticamente a “grandes empleadores”, esto es, para las grandes corporaciones. Permite a la FED prácticamente cualquier cosa, desde comprar en mercado bonos corporativos ya existentes hasta suscribir emisiones nuevas creadas ad-hoc solo para vendérselas a la FED. Incluso pueden recibir préstamos directos de la FED, con diferimiento del pago de intereses y de capital si así lo desean.

Es un rescate en toda regla a las grandes corporaciones, con dos diferencias frente a un rescate “tradicional”: puede aprovecharse de sus ventajas cualquier compañía, sin necesidad de estar en dificultades, y no exige absolutamente nada a cambio, a diferencia de lo que suele suceder en los rescates “tradicionales”.

Resultado: la Bolsa estadounidense tuvo la mayor subida diaria desde 1933. La subida que ha continuado varios días hasta alcanzar un 20% a cierre de marzo desde los mínimos de la caída. Y ello, coincidiendo de manera lacerante con el desbordamiento de contagios y fallecimientos por covid19 por todo el país

Un detalle, que ya no extraña en esta época de distopías. La FED ha delegado la ejecución del QE en Blackrock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo. Es decir, ha privatizado la intervención del organismo supervisor en los mercados. Soberbio. El conflicto de interés que supone ser a la vez un participante del mercado y el brazo ejecutor de intervenciones billonarias del banco central es inconcebible.

Todas estas intervenciones de la Reserva Federal han ido en paralelo al paquete de ayudas aprobado por el Senado, que asciende a 2 billones de dólares. Es dos veces y media el equivalente lanzado para combatir la recesión de 2009.

Aunque la medida que más se ha publicitado es el helicóptero del dinero que explicaba Yago Álvarez hace unos días, un cheque directo de 1.200 dólares para cada adulto y 500 dólares para los menores, esto solo representa un 14,5% del paquete. Una vez más se desvían cantidades ingentes de dinero público hacía las grandes corporaciones. No es de extrañar siendo Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que trabajó 17 años para Goldman Sachs y fundó posteriormente su propio hegde fund o fondo de alto riesgo especulativo.

La principal medida adoptada por Mnuchin en la administración Trump hasta la fecha ha sido el masivo recorte de impuestos a las empresas realizado en 2017, rebajando entre otros un 40% el impuesto de sociedades. El caso de Fedex es paradigmático: encabezando el lobby anti impuestos, la compañía pasó de tributar 1.500 millones de dólares en 2017 a cero el año siguiente.

A principios de 2020 Mnuchin anunció que estaba trabajando en una segunda oleada de rebajas de impuestos, y como la primera, tendrá el doble efecto de impulsar el precio de las acciones en Bolsa —una de las razones que llevó a Wall Street alcanzar máximos históricos en febrero—, a la vez que se debilitan las arcas públicas.

Entre las partidas de este paquete de ayuda ya firmado por Trump, hay una partida específica de 61.000 millones para apoyar a las aerolíneas. Otra partida de 17.000 millones se dirige a “compañías estratégicas en situación complicada”, que se presume está destinada a Boing. Tan claro es su destino que Boing ha declarado que solo la utilizará cuando se eliminen algunas de las obligaciones que conlleva.

Crisis financiera frente a crisis climática

Marzo de 2020 ha sido un mes vertiginoso en los mercados financieros. Algunas bolsas mundiales llegaron a perder un 40% de su valor, como en el caso del Ibex 35, y el apoyo con todos sus medios de bancos centrales y gobiernos han provocado recuperaciones de hasta un 20%.

Pero no han sido solo las bolsas. El coronavirus, al igual que ha quebrado por completo las cadenas de producción globales, ha expuesto nítidamente las múltiples disfunciones de los mercados financieros también globales hoy en día. Tipos de interés, divisas, oro, materias primas, todos están sufriendo en mayor o medida colapsos.

A lo largo del planeta se están ejecutando agresivas intervenciones para literalmente mantener el sistema funcionando. Algunas de ellas superando claramente la capacidad de un banco central en solitario, como la realizada el 15 de marzo que ejecutaron de manera coordinada el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y el Banco Nacional Suizo. O tan extrañas como la anunciada el 31 de marzo por la FED, en la que ante la escasez de dólares a nivel mundial por haberse convertido en moneda refugio, ofrece cantidades ilimitadas de dólares a cambio de bonos del Tesoro de EE UU a cualquier otro banco central del mundo. Porque además sin dólares no hay comercio internacional, aunque ahora esté congelado.

Todas las herramientas que la Reserva Federal y el Gobierno de EE UU fueron desplegando paulatinamente a lo largo de meses e incluso años para salvar a los mercados y salir de la recesión tras la caída de Lehman Brothers, las han utilizado hora en dosis muy superiores en apenas tres semanas.

La inmensidad de los recursos públicos cedidos a las empresas privadas hace no solo criticable las intervenciones desde el punto de vista moral, sino que muchos piensan que será peor el remedio que la enfermedad.

Pero sobre todo, a día de hoy nos enfrentamos a una crisis climática que requiere transformaciones inmediatas y radicales en los sistemas productivos, sociales y económicos. Todos estos programas e intervenciones para soportar a los mercados de valores apuntalan un sistema productivo y refuerzan principalmente a las grandes corporaciones en general, y a algunas de las industrias más contaminantes del planeta en particular.

En EE UU, sin pudor ninguno la primera industria que se ha propuesto rescatar “aprovechando” el coronavirus es la de las exploraciónes pretroliferas y fracking. Y en Canadá exactamente lo mismo.

Aprovechando el coronavirus estamos viviendo una aplicación acelerada de la doctrina del shock o capitalismo de desastre. Como relata Naomi Klein en su última entrevista virtual con El Salto y en el inspirador Decir NO no basta, y anticipando muchas de las medidas adoptadas estos días, el actual vicepresidente Mike Pence fue quien encabezó una lista de propuestas que Bush aprobó en respuesta a la catástrofe del huracán Katrina. En el plano ambiental Pence “consiguió” derogar las regulaciones ambientales en la costa del Golfo y que se diese luz verde a las extracciones petrolíferas en el Ártico.

Es estas pocas semanas de crisis, además de rescatar a la industria del fracking y otros combustibles fósiles —hundida por la guerra de precios Arabia Saudí-Rusia—, los enormes programas de estímulos han dejado completamente al margen al sector de las energías renovables, suspendiéndose o no renovándose incluso incentivos fiscales ya existentes con anterioridad. Tampoco es de extrañar siendo el director de la Agencia de Protección de Medioambiente Andrew Wheeler, quién trabajó entre 2009 y 2017 en un lobby enfocado a rebajar la legislación medioambiental y a defender específicamente a la industria del carbón.

Y como ha confirmado Mnuchin el 1 de abril, ya está trabajando en un segundo paquete de otros dos billones de dólares, enfocado en la construcción de infraestructuras, lo que sin duda será un nuevo desastre en términos medioambientales.

En Europa, el QE anunciado por el Banco Central Europeo tiene el triste nombre de Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Dispone de 750.000 millones de euros, que se destinarán en gran parte como ha denunciado Ecologistas en Acción, a comprar bonos de las principales corporaciones del continente —aquí la lista completa—. Entre los beneficiarios se encuentran algunas de las empresas de combustibles fósiles más contaminantes, como Enel, Total, Repsol, Shell, Naturgy, o ENI.

El importe del nuevo QE supone 12,5 veces el presupuesto anual de la Unión Europea para crecimiento sostenible. Y puesto en perspectiva global es una partida inferior a la destinada al rescate de aerolíneas en EE UU.

En el momento actual las medidas monetarias y fiscales que están adoptando frente al coronavirus bancos centrales y gobiernos tienen una escala tan enorme, un sesgo tan acentuado hacia las corporaciones frente a las personas y están dejando tan de lado la transición energética que chocan contra los límites del planeta.

¿El fin de los mercados financieros?

Las intervenciones en auxilio de las compañías cotizadas con la excusa de evitar el colapso en los mercados financieros están teniendo unas dimensiones tan desproporcionadas, que paradójicamente podrían acabar con ellos tal como se han entendido en la historia del capitalismo.

De hecho, llaman la atención comentarios incluso desde el sector financiero preguntándose qué sentido tienen los mercados de valores cuando prácticamente todo estará garantizado por la Reserva Federal y el Gobierno de EE UU.

Y mientras, en Europa empiezan a lanzar globos sonda sobre la posibilidad de que el BCE compre directamente acciones de las compañías, como lleva haciendo el Banco de Japón diez años en su paranoia monetaria. De hecho, está entre los primeros diez accionistas en la mitad de las compañías cotizadas de su país, renunciando además a sus derechos de voto como accionista y por tanto a la capacidad de apoyar medidas contra la crisis climática o de buen gobierno corporativo.

El estado de confinamiento físico hace necesario más que nunca el escrutinio colectivo del uso de los fondos públicos y de las políticas monetarias y fiscales. De lo contrario, cuando salgamos la doctrina del shock, real y financiera, puede haber acabado con todo.

3 abr 2020 06

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«La pandemia se enmarca en una crisis multidimensional del capitalismo»

En un artículo reciente, escribiste: «el coronavirus constituye la chispa o el detonador de la crisis bursátil pero no es la causa». ¿Podrías aclarar lo que piensas sobre esta cuestión?

Mientras que los grandes medios y los gobiernos afirman constantemente que la crisis bursátil ha sido provocada por la pandemia del coronavirus, insistí en el hecho de que todos los elementos para una nueva crisis financiera ya estaban preparados desde hacía varios años, y que el corona virus constituía la chispa o el detonador de la crisis bursátil pero que no era su causa http://www.cadtm.org/No-el-coronavirus-no-es-responsable-de-las-caidas-en-las-bolsas . La cantidad de materia inflamable en la esfera de las finanzas ya había alcanzado la saturación desde hacía varios años, y ya se sabía que una chispa podía llegar a provocar la explosión, pero no se sabía cuándo y qué la provocaría. Lo que sí se sabía, era que se produciría.

Un primer gran crash bursátil se produjo en diciembre de 2018 en Wall Street. Bajo la presión de un grupo de los grandes bancos privados y del gobierno de Donald Trump, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos comenzó nuevamente a bajar sus tipos de interés. Y, por consiguiente, volvió a comenzar, con sumo brío, el frenesí del aumento de los valores bursátiles, y las grandes empresas continuaron con la recompra de sus propias acciones en la bolsa para amplificar el fenómeno http://www.cadtm.org/Para-afrontar-esta-crisis-multidimensional-hay-que-expropiar-a-los-banqueros-y . Así que estas grandes empresas privadas aumentaron su endeudamiento y los grandes fondos de inversión incrementaron la compra de empresas de todo tipo, incluso industriales, recurriendo también al endeudamiento.

Y luego, de nuevo en Wall Street, entre septiembre y diciembre de 2019, hubo una gran crisis de escases de liquidez. La Reserva Federal intervino, de nuevo y masivamente, inyectando en total cientos de miles de millones de dólares para tratar de evitar el desplome de los mercados https://www.cadtm.org/Panico-en-la-Reserva-Federal-y-retorno-del-Credit-Crunch-sobre-un-mar-de-deudas + https://www.cadtm.org/Hablemos-de-nuevo-del-panico-que-sufrio-la-Reserva-Federal-de-los-EEUU-FED-en. El Banco Central Europeo (BCE) y los otros grandes bancos centrales (Reino Unido, Japón, China…) aplicaron, más o menos, el mismo tipo de política y tienen una gran responsabilidad en la acumulación de materias inflamables en la esfera financiera http://www.cadtm.org/La-crisis-economica-y-los-bancos-centrales.

Por supuesto, la amplitud del retroceso de la producción, desde marzo de 2020 y continúa. Será enorme y no tendrá precedentes en ninguna de las crisis de los últimos setenta años. De todas maneras, la crisis del sector productivo había comenzado ya en 2019, a gran escala, particularmente, en el sector automotor, ya que se había producido una caída enorme de ventas en China, en India, en Alemania, en el Reino Unido y en muchos otros países. También hubo superproducción en el sector de la fabricación de equipamientos y de máquinas herramientas en Alemania, uno de los tres principales productores mundiales en esta rama. Una de las causas fue la fuerte reducción del crecimiento industrial chino que tuvo graves consecuencias para los países que exportaban a China equipamientos, automóviles y materias primas. Durante el segundo trimestre de 2019, se declaró una recesión en el sector de la producción industrial en Alemania, en Italia, en Japón, en Sudáfrica, en Argentina… y en varios sectores industriales en Estados Unidos.

La pandemia del coronavirus constituye el detonador. Aunque también podrían haber sido detonadores algunos acontecimientos graves de otra naturaleza. Por ejemplo, una guerra declarada y caliente entre Washington e Irán, o una intervención directa de Estados Unidos en Venezuela. Y la crisis bursátil generada se habrá atribuido a cualquiera de estos acontecimientos. Pero, igualmente, yo hubiera afirmado que esa guerra, cuyas consecuencias serían muy graves, sin discusión posible, habría constituido la chispa y no la causa profunda. Aunque, es evidente que hay una relación innegable entre los dos fenómenos (la crisis bursátil y la pandemia del corona virus), eso no significa, sin embargo, que no sea necesario denunciar las explicaciones simplistas y manipuladoras, que adjudican toda la culpa al coronavirus.

¿Qué nos muestra la crisis del corona virus sobre la Unión Europea, su funcionamiento y la relación entre los Estados miembros?

La Unión Europea y sus instituciones están al descubierto frente a la pandemia del coronavirus: el presidente del Consejo Europeo no tiene ni siquiera un equipo de diez médicos para enviar a Lombardía o a España. Por el contrario, la UE gasta 420 millones de euros para la Frontex, su superequipada policía de frontera. La UE no tiene ni hospitales de campaña, ni reservas de respiradores ni de mascarillas para poder ayudar a un país miembro. Pero está equipada de drones europeos para espiar los movimientos de personas en peligro que tratan de obtener el derecho de asilo. Y esas personas, todos los años, mueren por millares en el Mediterráneo. Felizmente, Cuba acaba de enviar 50 médicos internacionalistas para ayudar a la población de Italia. Hay que luchar para hacer revivir el internacionalismo entre los pueblos.

¿Sigues, en particular, la situación en el «tercer mundo»? ¿Cuáles son las zonas que serán más duramente afectadas? ¿Los países petroleros…? ¿Y los países endeudados?

Todos los pueblos del «Sur Global» [1] están amenazados por esta crisis multidimensional del sistema capitalista mundial. La pandemia del coronavirus constituye un gravísimo problema de salud pública y la difusión del virus provoca enormes sufrimientos humanos. Esta pandemia esta por alcanzar masivamente a los países del «Sur Global», cuyos sistemas de salud pública, ya débiles o muy frágiles, estuvieron terriblemente maltratados durante 40 años de políticas neoliberales. Por consiguiente, la tasa de mortalidad será muy elevada. Utilizando el pretexto de la necesaria austeridad presupuestaria para reembolsar la deuda pública, los gobiernos y las grandes instituciones multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) generalizaron políticas que deterioraron los sistemas de salud pública http://www.cadtm.org/Combatir-el-coronavirus-La-urgente-necesidad-de-invertir-en-salud-publica. Los países del «Sud Global» se enfrentan, en estos momentos a una nueva crisis de la deuda, sus ingresos por exportaciones bajan ya que el precio de las materias primas se hunde, mientras que las sumas que se deben pagar por las deudas son enormes. Si estos países quieren afrontar la pandemia del Covid-19, deben suspender el pago de la deuda pública y utilizar ese dinero en la salud pública.

¿Qué habrá que hacer?

Es necesario luchar para que se ponga en marcha un vasto programa anticapitalista que incluya una serie de medidas fundamentales: la suspensión del pago de la deuda pública seguida de la anulación de todas las deudas ilegítimas ya sean privadas o públicas; la expropiación sin indemnización de los grandes accionistas de los bancos con el fin de crear un verdadero servicio público de ahorro, de crédito y de seguros bajo control ciudadano; el cierre de las bolsas; la creación de un verdadero servicio nacional de salud pública; la expropiación de las empresas farmacéuticas y de los laboratorios privados de investigación y de su transferencia al sector público bajo control ciudadano; la expropiación sin indemnización de las empresas del sector de la energía (para poder realizar de manera planificada la lucha contra la crisis ecológica) y muchas otras medidas radicales y fundamentales, entre las cuales las medidas de urgencia para mejorar de inmediato las condiciones de vida de la mayoría de la población. Hay que abrogar los tratados de libre comercio y relocalizar al máximo la producción, privilegiando de esa manera los circuitos cortos.

La respuesta necesaria a la pandemia del coronavirus debe ser la ocasión para avanzar hacia una auténtica revolución que modifique radicalmente la sociedad, en su modo de vida, su modo de propiedad y su modo de producción. Esta revolución podrá suceder solamente si las víctimas del sistema entran en autoactividad y se autoorganizan, para poder desalojar al 1 % de la población y a sus lacayos de los centros de poder y así crear una verdadera democracia. Una revolución ecologista y socialista, autogestionaria y feminista es necesaria.


Texto original en francés: https://npa2009.org/actualite/economie/la-pandemie-du-coronavirus-sinscrit-dans-une-crise-multidimensionnelle-du

Por Henri Wilno | 02/04/2020

Traducción: Griselda Piñero

 

Notas

[1] La expresión «Sud Global» es utilizada cada vez con mayor frecuencia para designar lo que se calificaba comúnmente como «Tercer mundo» o «países en vías de desarrollo»: o sea un los países que comparten «un conjunto de vulnerabilidades y desafíos. (NDLR).

Eric Toussaint  es doctor en Ciencias políticas de la Universidad de Lieja y de la Universidad de París VIII, es el portavoz del CADTM Internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos: Sistema Deuda. Historia de las deudas soberanas y su repudio, Icaria Editorial, Barcelona 2018; Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, París, 2012.Coordinó los trabajos de la Comisión de la Verdad Sobre la Deuda, creada por la presidente del Parlamento griego. Esta comisión funcionó, con el auspicio del Parlamento, entre abril y octubre de 2015. El nuevo presidente del Parlamento griego anunció su disolución el 12 de noviembre de 2015. A pesar de ello, la comisión prosiguió sus trabajos y se constituyó legalmente como una asociación sin afán de lucro.

Fuente: https://www.cadtm.org/La-pandemia-del-coronavirus-se-enmarca-en-una-crisis-multidimensional-del

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El secretario general de la ONU afirmó que el coronavirus es la crisis global “más difícil” desde la Segunda Guerra Mundial

Para António Guterres la respuesta a la crisis generada por la pandemia "demanda una acción política decisiva, inclusiva e innovadora por parte de las economías más fuertes del mundo, y el máximo apoyo financiero y técnico para las personas y los países más vulnerables” .

 

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este martes que el coronavirus es la crisis “más difícil” a la que se enfrenta el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que lanzó un plan para contrarrestar los impactos socieconómicos de la pandemia.

“Por un lado, es una enfermedad que representa una amenaza para todos en el mundo y, por otro, tiene un impacto económico que traerá una recesión sin paralelos probablemente en el pasado reciente”, señaló Guterres durante una rueda de prensa virtual de Naciones Unidas.

Así, “la combinación de los dos hechos y el riesgo de que contribuya a una mayor inestabilidad, a un mayor descontento y a un mayor conflicto son cosas que nos hacen creer que esta es, en efecto, la crisis más difícil a la que nos hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial”, remarcó.

Guterres que, a su juicio, la crisis del Covid-19 “necesita una respuesta más fuerte y eficaz que sólo es posible en la solidaridad, si todos se unen y nos olvidamos de los juegos políticos y comprendemos que es la humanidad la que está en juego”.

Asimismo, el secretario general de la ONU, insistió en que la respuesta al coronavirus ha de ser “decisiva, innovadora y conjunta”, además de “a gran escala, coordinada e integral”. Y dijo que es necesario mostrar “solidaridad” con las comunidades y los países “más vulnerables” ante el avance del Covid-19.

“Esta crisis humana demanda una acción política decisiva, inclusiva e innovadora por parte de las economías más fuertes del mundo, y el máximo apoyo financiero y técnico para las personas y los países más vulnerables”, señaló.

En cuanto al documento lanzado por Naciones Unidas, describe la velocidad y la escalada de la propagación del coronavirus, la severidad de los casos y la interrupción económica y social que la pandemia trae aparejada.

En este contexto, Guterres se refirió a la respuesta sanitaria al Covid-19 y pidió una respuesta “coordinada” para suprimir la transmisión y poner fin a la pandemia.

La respuesta tiene que “aumentar la capacidad sanitaria para realizar pruebas, vigilancia, cuarentena y tratamiento, a la vez que mantiene a los trabajadores seguros, combinado con medidas para restringir el movimiento y el contacto”.

Guterres recordó que la enfermedad “se propaga como un incendio forestal en el sur con millones de muertes”, al tiempo que se refirió a la posibilidad de que “la enfermedad reaparezca donde se suprimió anteriormente”. “Recordemos que sólo somos tan fuertes como el sistema de salud más débil en nuestro mundo interconectado”, destacó.

En cuanto a las personas más vulnerables ante el avance del Covid-19, Guterres instó a centrarse en ellos mediante el diseño de políticas que, entre otros asuntos, apoyen la provisión de seguros de salud y desempleo, además de las protecciones sociales, al tiempo que se fortalece a las empresas para evitar quiebras y pérdidas de empleo.

Según el secretario general de la ONU, el alivio de la deuda también deber ser una “prioridad”, remarcando que el organismo ha establecido un nuevo Fondo Fiduciario de socios múltiples para la Respuesta y Recuperación del Covid-19 con el objetivo de responder a la emergencia y recuperarse del choque económico.

“Cuando superemos esta crisis, lo cual haremos, enfrentaremos otra opción”, ha indicado Guterres. “Podemos volver al mundo como era antes o enfrentar de manera decisiva aquellos problemas que nos hacen innecesariamente vulnerables a las crisis”, dijo

1 de abril de 2020

Con información de Europa Press

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Qué medidas han venido aplicando frente a la crisis del coronavirus

¿Cómo responden los países al colapso económico?

El parate económico derivado de las restricciones sanitarias representan un gran desafío para los gobiernos, que lanzaron masivamente planes estímulo.

 

Los países industrializados, con Europa y Estados Unidos a la cabeza, anunciaron en las últimas semanas enormes paquetes de estímulo para evitar el colapso de sus economías. Según un proyecto de la OCDE que actualiza en tiempo real las medidas sanitarias y económicas, los 46 países más importantes en términos de riqueza (que forman parte de la OCDE y/o del G-20) adoptaron medidas de “distanciamiento social” y todos ellos comenzaron a implementar fuertes medidas económicas paliativas.

Una de las particularidades de la crisis económica que se está desatando a partir de la pandemia del coronavirus es que se trata de una situación autoinflingida, ya que es resultado de las medidas de restricción sanitaria adoptadas por los propios gobiernos. Es decir, no se trata de un shock exógeno, como puede ser un terremoto, ni del estallido de los desequilibrios internos del sistema, al estilo crisis de las hipotecas subprime, sino que es el producto de la decisión soberana de los países, de proteger antes que nada la vida de su población y evitar el colapso de los sistemas de salud.

El gobierno argentino anunció el aumento de la asignación universal por hijo y jubilaciones, transferencias directas a monotributistas, congelamiento de cuotas, alquileres y precios, reducción de cargas patronales en sectores especialmente afectados, créditos para recomponer capital de trabajo y Repro para que el Estado afronte el pago de salarios en empresas en crisis, entre otras medidas. Las políticas adoptadas por otros países tienen varios puntos en común: apoyo monetario directo a no asalariados, diferimiento en el pago de impuestos, apoyo crediticio a pymes y en el pago de sueldos para las empresas más afectadas. A continuación, algunos ejemplos:

España

El gobierno español anunció un paquete económico de 200 mil millones de euros, el mayor en la historia democrática del país, equivalente a un 20 por ciento del PIB. “El Estado va a asumir el choque económico”, dijo el presidente, Pedro Sánchez. La mayor parte de ese dinero estará disponible para que las empresas no se queden sin liquidez y puedan continuar pagando los sueldos. Se suspende por seis meses el pago de impuestos para las pymes y para empleados autónomos así como la devolución de los créditos otorgados por el gobierno. También hay prórroga automática de los seguros de desempleo y se prohibieron los despidos.

Italia

Enfrenta la situación sanitaria más dramática. Redujo en 100 euros impuestos para trabajadores que reorganizaran su actividad desde el hogar y para aquellos que no pueden trabajar, el Estado se hace cargo del salario. Se aplicó una suma de 600 euros para la mayoría de los empleados autónomos, artistas y 100 euros para trabajadores asalariados de bajos ingresos. Se suspendieron las condicionalidades para acceder a un ingreso básico estatal y se aplicaron 700 millones de euros para apoyar a las aerolíneas y flexibilidad en el cobro de impuestos para las pymes. Los despidos se suspendieron por dos meses, así como también el pago de hipotecas.

Alemania

El gobierno de la mayor economía europea aprobó un paquete de 122 mil millones de euros. El ministro de Economía alemán, Olaf Scholz, describió el plan como una “gran bazooka” para evitar el colapso de la economía. Los trabajadores autónomos y las pymes de hasta 10 empleados tendrán a disposición un fondo de 50 mil millones de euros para solventar la actividad. La ayuda será de 9 mil a 15 mil euros por tres meses. También hay flexibilización en el pago de impuestos y alquileres. Pero complementariamente hay un fondo de 600 mil millones de euros para asegurar que las grandes empresas exportadoras alemanas no debiliten su posición patrimonial. Alemania está enfrentada con España e Italia porque no quiere que el Banco Central Europeo emita “eurobonos” de salvataje para las economías de región.

Estados Unidos

Republicanos y demócratas acordaron lanzar un paquete económico de 2 billones de dólares, “el más grande en la historia de los Estados Unidos”, según el New York Times. 367 mil millones de dólares se destinarán a que las pymes puedan seguir pagando salarios, mientras que 500 mil millones de dólares serán préstamos garantizados y subvencionados para fondear a empresas grandes. Además, hay fuertes transferencias directas de dinero a los hogares. Las personas recibirán 1200 dólares junto a otros 500 dólares por hijo o hija. El beneficio opera para salarios anuales que están por debajo de los 75 mil dólares. Aumenta el seguro de desempleo en 600 dólares por semana por hasta cuatro meses. Las aerolíneas van a recibir 25 mil millones de dólares en garantías y los hospitales, 117 mil millones, entre otras medidas.

Brasil

A pesar del juego mediático del presidente, Jair Bolsonaro, para encender la chispa de su electorado, al minimizar la magnitud de la pandemia, el gobierno de Brasil anunció medidas para reducir la crisis económica. Se definió la entrega de un bono por el equivalente a 120 dólares a los trabajadores informales y desempleados que no reciban recursos de otros programas. Las empresas pueden pagar la mitad de los sueldos, aunque sin compensación para los trabajadores formales afectados. Flexibilización en el pago de impuestos para las pymes. Se abrió también una línea de crédito de emergencia de unos 8 mil millones de dólares para que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar sueldos durante los próximos dos meses.

Colombia

Se estableció el pago de un beneficio extra para los programas sociales existentes Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, la entrega de una canasta de comida para los hogares más vulnerables y libre acceso al servicio de agua a pesar de deudas impagas. Se refinancian deudas e hipotecas y se pospone el pago del IVA y otros impuestos para el sector turístico y aviación.

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Lunes, 30 Marzo 2020 06:28

La crudeza de las opciones

La crudeza de las opciones

Hoy es ya claramente manifiesta la disyuntiva que representa la infección por el virus en la conducción política de muchas sociedades. El equilibrio es muy precario entre las exigencias sanitarias para contener el muy rápido avance del contagio y las necesidades de una extensa población con poca o ninguna capacidad de guardarse en casa.

La pandemia muestra la naturaleza misma de poder, así como la expresión particular del modo de hacer política (remito al artículo de D. Runciman, en The Guardian, 27/03/20).

Una de las cuestiones más relevantes en una democracia es cómo se ejerce el poder conferido a un gobierno por medio de las elecciones. La contraparte de esto, claro está, es cómo respondemos los ciudadanos.

En materia política siempre existe el hecho de que ciertas personas indican u ordenan a los demás qué es lo que tienen que hacer. Esta es la alternativa que existe entre la libertad personal y las opciones colectivas.

En el caso que nos ocupa ha habido llamados para cumplir primero con las indicaciones de distanciamiento social, hasta llegar ya al llamado enfático a la reclusión. Cuando esto no es suficiente se imponen medidas compulsivas aplicadas por las autoridades mediante la fuerza pública. Es este rasgo el que finalmente expone dónde se sitúa el límite que, al rebasarse, significa el quiebre del orden político.

Le damos a otros el poder extremo de decidir acerca de la vida o muerte de la gente, y eso se sustenta en que el costo se incurre con miras en la seguridad colectiva.

El caso es que en el campo en que se lucha contra el virus, los niveles de la responsabilidad se van delineando de diversas maneras. Desde las medidas aplicadas por el gobierno al más alto nivel, siguiendo las de índole subordinada y otras a escala local. No es fácil, en ese escenario, mantener la coherencia en la gestión de una crisis como ésta.

Así se llega incluso hasta las decisiones que ya están tomando los trabajadores sanitarios en algunos países respecto a quienes atender en los hospitales en la medida en que éstos se saturan.

Los ciudadanos no tenemos ningún control sobre todos estos ámbitos que se expresan en decisiones que afectan la salud y las condiciones económicas de la población. Es un caso extremo de opciones sociales y la situación se dificulta aún más en una sociedad en la que la legalidad está desgastada y existe una desigualdad social tan grande.

Al asunto eminentemente relacionado con la salud personal y colectiva se suma por necesidad la repercusión económica de la instrucción de quedarse en casa. Si se interrumpen el trabajo y el funcionamiento de las empresas, la parálisis se generaliza. La cuestión tiene un severo impacto en el corto plazo y se asocia con una recesión de la actividad productiva.

La recesión es ya un hecho en todas partes. Si se extienden las condiciones de paro en el tiempo, los escenarios podrán llevar a un periodo de depresión económica como no se ha visto desde hace más ocho décadas.

En Europa se habla de la hibernación de la economía, con lo que se da a entender que el periodo de práctica inactividad que ya prevalece debe, de alguna manera, salvaguardar la capacidad productiva existente para poder remprender el trabajo cuando la pandemia ceda, lo que es, por ahora, impredecible.

Tal hibernación es un proceso sumamente complicado, no sólo en términos físicos asociados con los trabajadores y las plantas productivas, sino con las posibilidades de remprender el financiamiento de la producción, del consumo y la inversión en un entorno de riesgo exacerbado del sistema financiero.

La cuestión es que, primordialmente, las personas tienen que sobrevivir, pero también las empresas, la estructura productiva; ahí se produce, se generan empleos e ingresos.

La política pública ha de enfocarse, pues, a apoyar a las familias que más lo necesitan, aplicar medidas que evitan los despidos masivos y las quiebras; luego habrá que recrear el crédito y reponer la liquidez en el mercado.

Decir todo esto podría ser obvio, pero será endiabladamente difícil conseguirlo sin un amplio pacto social que requiere de una enorme legitimidad de los gobiernos y de la política como instrumento para conseguir una renovada forma de la cohesión social. El complejo proceso de la reproducción social tendrá que ser forzosamente replanteado.

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Rusia demanda nuevo acuerdo de la OPEP para enfrentar colapso en la demanda de petróleo

Un nuevo acuerdo de la OPEP+ para equilibrar los mercados del petróleo podría ser posible si otros países se unen a él, dijo Kirill Dmitriev, responsable del fondo soberano ruso, añadiendo que los países también deberían cooperar para amortiguar las consecuencias económicas del coronavirus.

El pacto entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros productores, incluyendo a Rusia (conocido como OPEP+), para frenar la producción de petróleo y apoyar los precios se vino abajo a principios de este mes, lo que provocó una caída en picado de los precios mundiales del petróleo.

"Se necesitan acciones conjuntas de los países para restaurar la economía (mundial)... Estas (acciones conjuntas) también son posibles en el marco del acuerdo de la OPEP+", dijo a Reuters en una entrevista telefónica Dmitriev, jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF por sus siglas en inglés).

Dmitriev y el ministro de Energía Alexander Novak fueron los principales negociadores de Rusia en el acuerdo sobre el recorte de producción con la OPEP. El acuerdo existente expira el 31 de marzo.

"Estamos en contacto con Arabia Saudí y otros países. En base a estos contactos vemos que si el número de miembros de la OPEP+ aumenta y otros países se unen, existe la posibilidad de un acuerdo conjunto para equilibrar los mercados del petróleo".

Dmitriev se negó a decir quiénes deberían o podrían ser los miembros del nuevo acuerdo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la semana pasada que se involucraría en la guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudí y Rusia en el momento oportuno.

Dmitriev también dijo que era inevitable una crisis económica mundial, ya que la deuda mundial había subido a un importe equivalente al 323% del producto interior bruto, frente el 230% de la anterior crisis económica de 2008.

"Los esfuerzos para restaurar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos son ahora tan importantes como siempre, haremos todos los esfuerzos de nuestro lado y esperamos que Estados Unidos también entienda que esto es necesario", dijo.

29 marzo 2020

(Con información de Público)

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Domingo, 29 Marzo 2020 07:29

El mundo en hibernación busca salidas

El mundo en hibernación busca salidas

La triple conmoción por el coronavirus —sanitaria, económica y política— une a la humanidad bajo la misma amenaza pero la divide en las respuestas

 

El planeta, para un extraterrestre que aterrizase estos días, ofrecería una imagen extraña, entre apacible e inquietante. Más de un tercio de la humanidad está en casa, privada de la libertad de moverse, tan esencial y que todos damos por hecha. Las calles, vacías, como las carreteras sin coches. Los cielos claros, sin aviones. Las fronteras, cerradas. ¿Los líderes? Encerrados también y gestionando como pueden —primero cada uno por su cuenta, atolondradamente, casi siempre tarde pese a las señales— la mayor crisis que seguramente les habrá tocado afrontar en sus vidas. ¿Los ciudadanos? Desconcertados por el virus que se detectó en China el pasado diciembre y que ha matado a más de 28.900 personas y afectado a unos 200 países. Angustiados por su salud y la de sus prójimos, y por el batacazo económico que, según la unanimidad de los expertos, se avecina. El mundo ha entrado en hibernación.

 “Vivimos un momento histórico de desaceleración, como si unos frenos gigantes detuviesen las ruedas de la sociedad”, explica, desde su confinamiento en la Selva Negra, el filósofo alemán Hartmut Rosa, que ha dedicado buena parte de su obra a estudiar lo que él llama la “aceleración” desenfrenada de las sociedades capitalistas. “En los últimos doscientos años o más, el mundo cada vez iba más rápido”, argumenta. “Si usted observa el número de coches, trenes, barcos, aviones, sin cesar aumentaba el tráfico y el movimiento. Es cierto que había bolsas de desaceleración, por ejemplo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001: el tráfico aéreo fue más bajo durante unas semanas. Pero todo esto se ha interrumpido. Vivimos un momento único de calma”.

El electrochoque ha dejado a los humanos aturdidos, en un estado que mezcla la calma, como dice Rosa, con el desasosiego, sin espacio físico para moverse ni espacio mental para saber cómo será la vida, la ciudad, el país, el mundo en dos o tres meses, o en un año.

Es una sacudida triple. Sanitaria, primero: la enfermedad desconocida, la Covid-19, y el virus que la causa, el temible SARS-Cov-2. No existe una vacuna, por lo que son las medidas llamadas no-farmacéuticas las que se aplican, en su modalidad más extrema: el confinamiento. No solo de infectados o sospechosos de estarlo, sino de ciudades y regiones enteras al principio —Wuhan en China desde enero, Lombardía y buena parte del norte de Italia el 8 de marzo— y, en los días siguientes, como si las piezas de dominó cayesen una detrás de otras, países grandes y pequeños, desarrollados y en vías de desarrollo. De Italia entera a la India, pasando por España, Francia, el Reino Unido y una parte considerable de Estados Unidos y de América Latina: unos 3.000 millones de personas quietas y encerradas.

La segunda sacudida es económica. Los Gobiernos asumen que el frenazo en la actividad —las rutas del comercio mundial, ya interrumpidas cuando el coronavirus no parecía más que un mal chino, se han bloqueado— provocará una recesión global. En 2020, la contracción del PIB será de un 2,2% en la zona euro, según la agencia de calificación Moody’s, y de un 2% en Estados Unidos. Las cifras de demandantes de subsidios de desempleo en este país han batido un récord: nunca, desde que hace medio siglo empezó a registrarse, había sido tan alta, más de tres millones. Las sumas que se han inyectado o inyectarán para amortiguar el descalabro de las empresas y de los trabajadores —cinco billones de dólares solo para los países del G20— y las intervenciones de los bancos centrales dan una idea de las dimensiones del desastre que se intenta evitar, o suavizar. Vuelve a entonarse el whatever it takes (lo que sea necesario), el estribillo mágico que Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, pronunció en 2012 para salvar al euro, y funcionó. Todos, no solo los bancos centrales, prometen “lo que sea necesario”, pero ocho años después de la intervención de Draghi, el primer acto de la crisis escenifica una respuesta en orden disperso. Las fracturas de la Unión Europea reaparecen en toda su crudeza. El virus es global; las reacciones, nacionales.

Se plantea un cambio de modelo económico. ¿El fin de la globalización? “Posiblemente sea inevitable pasar por una fase de desglobalización, es decir, de comercio y flujo de capitales reducidos entre los países”, escribe el economista francés Thomas Piketty en un correo electrónico a EL PAÍS. “Continuar como si nada no es una opción. En caso contrario, el nacionalismo triunfará”, avisa.

El tercer golpe, además del sanitario y el económico, es político. El virus ha irrumpido en un momento de repliegue de EE UU y de afirmación nacionalista de China. La batalla, que no distingue fronteras y sobre el papel une al mundo en una misma causa, es una batalla por la influencia entre las potencias mundiales. “Ahora la lucha es contra el virus. Pero el virus será derrotado. Y la gente volverá a trabajar y a subirse en aviones. Cuando esto ocurra, la posición de Rusia y de China se habrá reforzado comparativamente, mientras que la de Estados Unidos se habrá debilitado”, analiza el ensayista estadounidense Robert D. Kaplan. “Como China es autoritaria”, añade Kaplan, “ha sido capaz de imponer cuarentenas extremas como ninguna democracia es capaz. Al tener tantas empresas estatales, estas han podido absorber el choque económico del virus. Y Rusia, al estar sometida a sanciones, ha sido capaz de ser más autosuficiente desde el punto de vista económico. En cambio, Estados Unidos y Europa, totalmente inmersas en el sistema de libre mercado, han sufrido una devastación económica por el virus”.

En unas semanas, la historia se ha acelerado, como en 1989 al caer el Muro de Berlín, o en 1914 al ser asesinado el archiduque Francisco Fernando. Y, al mismo tiempo, se ha congelado. Nunca la humanidad se había detenido al alimón. Nunca se había visto una decisión colectiva semejante, aunque, paradójicamente, no coordinada: cada país se iba confinando a su ritmo, ignorando las lecciones del vecino, repitiendo sus errores y tropiezos y, finalmente, confluyendo, con variaciones en la intensidad del confinamiento y excepciones en países como Corea del Sur, que lo han gestionado con medidas menos drásticas.

No hubo largas discusiones parlamentarias ni tampoco presión social antes de decretarse la decisión de mayor trascendencia, quizá, de este siglo. La presión que condujo al cierre de las fronteras y a la clausura de los ciudadanos no era la de los votantes sino la de la locomotora sin frenos que —se temía— iba a causar centenares de miles o millones de muertos.

“Esto es una pandemia, por primera vez en la historia, en la que el mundo está interconectado tecnológicamente y en el que los mercados financieros están interconectados. Por eso ha causado una disrupción como nunca se había conocido”, dice Kaplan.

La política soberana —el Estado— retoma un papel central. En paralelo, arrollada por el enemigo invisible, ha quedado expuesta su impotencia. De ahí las críticas por la lenta reacción de las autoridades. “En los países democráticos, los Gobiernos son tan débiles que no podían imponer la decisión antes de que esta se impusiese por sí misma. Por eso llegamos tarde”, defiende en París la socióloga Dominique Schnapper. “¿Se imagina lo que habría sucedido si hace veinte días el Gobierno hubiera decretado el confinamiento? No se habría aplicado y habría causado un escándalo. Ahora se le acusa de haberse retrasado”.

El mundo hiberna, sí, pero los contornos del mundo posterior al coronavirus empiezan a dibujarse. Mientras los sanitarios luchan por las vidas de los enfermos y los investigadores persiguen contra el reloj la vacuna, los dirigentes se enfrentan al endemoniado dilema entre la preservación de la salud pública y la supervivencia de la economía. “Este es el verdadero problema”, señala Schnapper. “Hay que encontrar un equilibrio entre ambos imperativos: el sanitario, que es inmediato, y la necesidad de que la sociedad siga funcionando: seguir alimentando a la gente y que no haya un crac económico. No hay fórmula simple. La política consiste en conciliar dimensiones contradictorias”.

Cuanto más duren los confinamientos, más probabilidades de atenuar la pandemia y menos de evitar la depresión económica: este es uno de los debates. No el único. El virus y la carrera por derrotarlo disparan la competición entre modelos políticos. Enfrenta a autoritarios (China) y democráticos (Europa y EE UU). Y, dentro de los democráticos, opone a populistas y moderados. La gestión de los Trumps o Bolsonaros se medirá con la de la alemana Angela Merkel o el francés Emmanuel Macron.

Al erigirse nuevas fronteras y responsabilizarse a la globalización de la propagación de la epidemia, parecería que el populismo y el nacionalismo saldrán fortalecidos. No está tan claro. Porque el miedo —en este caso, a una amenaza real, no imaginaria— refuerza la confianza en los científicos y los médicos: no es tiempo de experimentos ni de soluciones fáciles.

“Se podría decir que la crisis genera los anticuerpos del populismo”, dice por teléfono Laurence Morel, politóloga en la Universidad de Lille. “No digo que vaya a hacerlo desaparecer: lo decisivo será la capacidad de los Gobiernos para resolver la epidemia y evitar consecuencias económicas demasiado graves. Serán los resultados. Sabemos que los populistas prosperan cuando los Gobiernos son impotentes”.

París - 28 mar 2020 - 18:30 COT

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