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Hoy, desde Nueva York, Huelga Climática Global
Científicos se suman a la iniciativa// Frente común contra empresas del sector de los hidrocarburos// La esperanza en el futuro sale a las calles Nueva York. Miles de jóvenes, entre ellos la invitada de honor, Greta Thunberg, y adultos convidados participarán en la Huelga Climática Global este... Leer Más
El 14-S de Arabia Saudí en 23 apuntes
El 14 de septiembre, las instalaciones petroleras de Aramco, Abqaiq y Khurais, situadas en la Provincia Oriental del Reino de Arabia Saudí (RAS), cuya población es de mayoría chiita, ardían en llamas por unos supuestos ataques de objetos voladores, enviados por el grupo yemení Ansarolá,... Leer Más
LA OCDE alerta de que la economía mundial...
El crecimiento del PIB mundial se ralentizará al 2,9% en 2019 y al 3% en 2020, unos descensos que también se aplican al G20, el grupo de grandes países desarrollados y emergentes, con un crecimiento previsto del 3,1% y del 3,2% El organismo subraya que la necesidad de aplicar con... Leer Más
Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí...
Los pasados 5 y 6 de septiembre sesionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. En los dos días de labor revisó el estado de varios de los casos por los cuales ha condenado al Estado colombiano, entre ellos el Palacio de Justicia y sus desaparecidos, negados por el fiscal Jorge... Leer Más
Soros intenta torpedear un arreglo comercial de...
George Soros, a sus 89 años de edad, intenta torpedear el inminente acuerdo de Trump con China, que ha sido facilitado por la defenestración del ex asesor de Seguridad (sic) Nacional, John Bolton, quien deseaba librar siete guerras en el mundo contra Rusia (sic), China, Norcorea, Irán, Siria,... Leer Más
De la corrupción y otros males
La corrupción alcanza cada día mayor alcance, permea gobiernos, bancos y empresas privadas o mixtas de todo tipo. El cohecho es internacional. Los sobornos equivalen al cinco por ciento del valor anual de la economía global. Estudios basados en el análisis de 447 casos internacionales llegados a... Leer Más
El aullido
Un solo día después de posesionado como Presidente, Iván Duque radicaba en el Congreso de la República un proyecto gubernamental de ley con el supuesto propósito de cerrar aún más los intersticios por medio de los cuales la corrupción, a través de la contratación pública, mantiene su dominio, así... Leer Más
Edward Snowden: "Los gobiernos están empezando a...
"El Reglamento General de Protección de Datos europeo no será efectivo hasta que las plataformas paguen el 4% de sus beneficios en multas cada año", afirma el exanalista de la NSA, que hoy publica sus memorias "Los presidentes escogen a Amazon porque practican el culto de la eficiencia", asegura... Leer Más
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Richard Wilkinson: “Elevaría el impuesto de sucesiones. Estamos creando dinastías”

Británico, de 76 años, es un eminente defensor de la equidad. En su nuevo libro argumenta que la igualdad tiene efectos directos en nuestro bienestar

Decir que Richard Wilkinson es un defensor de la igualdad es quedarse muy corto. Este epidemiólogo, historiador económico y activista británico de 76 años ha dedicado su carrera a estudiar los efectos de la desigualdad. Junto a su pareja, Kate Pickett, a la que saca 18 años, ha escrito dos libros sobre el asunto. En el primero —Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva (Turner)—, detallan los efectos perniciosos de la inequidad, y en el segundo —Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo (Capitán Swing)— la otra cara de la moneda. Además, ha creado una organización que promueve la equidad.

El día acordado, Wilkinson no está en el lugar de la cita. Se ha olvidado. O, más bien, la ha anotado para un mes más tarde. Raudo, se sube a un tren desde York, donde vive, y llega a Londres tres horas más tarde. Está recién operado de cáncer de colon, se excusa, y tiene la cabeza en otro lado.

PREGUNTA. Necesitamos igualdad. ¿No es obvio para todos?

RESPUESTA. Los efectos de la desigualdad no son tan obvios. Afecta a la felicidad, al bienestar, a la salud, a la esperanza de vida, a tu valor en la sociedad, a los resultados académicos de los niños; provoca un aumento del consumo de drogas, causa infinidad de problemas muy perniciosos. Todos los problemas que son más habituales en los estratos más bajos se extienden por toda la sociedad. Nos daña a todos.

P. ¿Por qué no la defendemos todos?

R. Se ha creído durante años que con más desigualdad la economía crecía más, pero recientemente tanto el Banco Mundial como el FMI han cambiado de opinión. Han visto que los países con más desigualdad tienden a crecimientos repentinos seguidos de batacazos. Y la idea de que la desigualdad fomenta la iniciativa privada también es errónea. Se registran más patentes per capita en los países más igualitarios.

P. Menciona el rendimiento escolar. ¿Por qué se acepta la segregación en los sistemas educativos?

R. Hay gente con prejuicios hacia grupos vulnerables como los inmigrantes, las etnias minoritarias o incluso hacia las mujeres. En las sociedades más desiguales, donde el amor propio de la gente está minado, se intenta recuperarlo aplastando a los más débiles. Y eso es muy común no solo en poblaciones humanas, sino también entre simios. Un mono que pierde una batalla por el estatus enseguida se enfrenta a sus inferiores para evitar una pérdida catastrófica de categoría. Al igual que los simios, muchos humanos se ven obligados a confirmar su estatus con los que consideran inferiores. La desigualdad convierte la posición social en algo mucho más relevante, hace que nos juzguemos más. Y cuanto más nos fijamos en el estatus, más tememos el juicio del otro. ¿Me respetan o creen que soy tonto y aburrido? ¿Creen que soy un fracasado? Así piensa mucha gente con una enfermedad mental. Les preocupa cómo los ven y se retiran de la vida social porque les provoca ansiedad.

P. Y por otro lado, cuenta en su libro que aumenta el narcisismo.

R. Así es. Uno de los efectos de la desigualdad es que hincha la idea que la gente tiene sobre sí misma y el consumismo gana más peso. La gente viste ciertas ropas o usa ciertos coches para dar una buena imagen.

P. Por qué se valora tanto el sueño americano en vez del modelo escandinavo?

R. Supongo que lo que pasa es que los países tienen conceptos equivocados sobre sí mismos. Los estadounidenses creen que tienen mucha movilidad social cuando padecen una de las menores del mundo desarrollado. El país en el que menos validez tiene la idea de que cualquiera puede llegar a ser presidente es, precisamente, EE UU.

P, Entonces, ¿es falsa la idea de que, si te esfuerzas, llegarás lejos?

R. Ahora sabemos más sobre cómo se desarrolla nuestro cerebro y podemos ver en él los efectos de la pobreza o de la ausencia de aprendizaje. El cerebro refleja la vida que hemos vivido, si has aprendido un idioma o a tocar un instrumento. Las habilidades de cada persona son primordialmente el reflejo de su punto de partida en la escala social, más que del punto de llegada. La gente cree que es al revés.

P ¿Cómo ha evolucionado la igualdad en el mundo?

R. Desde 1930 hasta los años setenta, la desigualdad estaba en retroceso en casi todos los países. Es a partir de los años ochenta, con la llegada del neoliberalismo, cuando empezó a crecer, primero en EE UU, luego en el Reino Unido y en todo el mundo desarrollado. Es hora de revertir el proceso. Entre los actores de esta reversión están los partidos ecologistas, que creen en la igualdad.

P. ¿Qué opina de la situación política en Europa?

R. Es terrible. La desigualdad hace que aumente el populismo, y está claro que está en auge. Es lo que llevó al Brexit y a la elección de Trump.

P. Usted apoyó al laborista Jeremy Corbyn. ¿Se arrepintió al comprobar su postura ante el Brexit?

R. Supongo que sí. Cuando lo apoyé no sabía que tenía tantas dudas sobre la Unión Europea. Al menos ha cambiado su postura. El Brexit es un enorme error. El mundo necesita más acuerdos internacionales, no menos, para tratar problemas como el cambio climático o la evasión fiscal.

P. Si fuera político, ¿qué medidas aprobaría? 

R. Prohibiría los paraísos fiscales y la maquinaria financiera que ayuda a privilegiados a evadir impuestos. Debería lograrse un acuerdo internacional para frenar estas dos trampas. Y elevaría el impuesto de sucesiones. Estamos creando dinastías. Hay familias en las que los hijos no necesitan trabajar y muchos los miran como si fueran seres superiores cuando no lo son.

Por Carmen Pérez-Lanzac

17 SEP 2019 - 17:00 COT

Publicado enEconomía
¿Cómo acoger migrantes en la región más violenta del mundo?

Países latinoamericanos como Chile y Colombia buscan fórmulas para afrontar la llegada de desplazados, especialmente de Haití y Venezuela, respectivamente

Eran menos del 1% de la población total de Chile en torno a 1980. Tres décadas después, en 2010, aún no alcanzaban el 2%. Pero en 2018, los extranjeros ya representaban casi el 7% de los habitantes de este país, según la estimación oficial. “Es nuevo para nosotros; no tenemos tradición de acogida, ni los recursos de Europa”, advierte Rodrigo Ubilla, subsecretario de Interior de Chile. Además, América Latina es la región más violenta del mundo, concentrando el 8% de la población del planeta, pero el 40% de los homicidios. Cómo afrontar el reto de las migraciones ha sido uno de los temas de la Semana de la Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada entre el 9 y el 13 de septiembre en Washington.

A cientos de kilómetros de allí, Medellín (Colombia) se enfrenta a un reto semejante. Conocida por ser la ciudad que superó la brutal violencia del narcotráfico del cartel de Pablo Escobar, ahora debe abordar un nuevo desafío: la masiva migración venezolana que llega a sus calles. “Están llegando miles de venezolanos a Colombia, lo que agrava nuestra crisis social”, declara Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, la segunda más grande del país. El regidor insiste en que la transformación medellinense “no es un milagro, sino mucho trabajo” y que “aún está en marcha”. Es hora de devolver un favor: “En los 80 fuimos millones de colombianos los que fuimos a Venezuela, y fuimos muy bien recibidos, así que ahora nos toca recibirlos bien a ellos”, defiende.

1,4 millones de venezolanos (casi un tercio de los 4,3 millones que han abandonado Venezuela desde 2017) están en Colombia, el 47% en situación no regularizada. Y la previsión es que la cifra de desplazados seguirá aumentando en los próximos años. En esa línea, la directora de Justicia, Seguridad y Gobierno, Diana Urbano, asegura que el planteamiento del Gobierno colombiano es “aprovechar el potencial positivo de la migración, no verla como una amenaza, sino, primero, ayudar e integrar”.

Además, se aprecia un empeoramiento en la situación de los que llegan. El porcentaje de migrantes venezolanos a Colombia en situación pobreza se ha incrementado 10 puntos entre 2016 (29,6%) y 2018 (40%), según los datos que aporta Urbano. “Por eso, en primer lugar, estamos trabajando para mejorar la atención humanitaria, con políticas de atención a la salud, educación, acceso al agua o empleabilidad”, asegura. Pero no es tarea fácil cuando los recursos escasean. El pasado abril, Unicef elogiaba la generosidad colombiana, pero urgía ayuda para 300.000 niños venezolanos en Colombia.

De hecho, dada la falta de oportunidades e inseguridad, muchos venezolanos intentar alcanzar otros países, con Perú y Chile como los siguientes en la lista. En el caso de este último, a la llegada de venezolanos se suma el fenómeno migratorio desde Haití que se lleva registrando desde mediados de la presente década y cuyo origen se atribuye a la presencia de tropas chilenas en la Misión de la ONU en el país caribeño entre 2004 y 2017. Así, este país se ha convertido en el tercer emisor de migrantes a Chile, con casi 180.000, solo por detrás de Venezuela (288.000) y Perú (223.000).

“Hemos recibido 800.000 migrantes entre 2014 y 2018, en un país de 17 millones de habitantes”, resalta el subsecretario del Interior de Chile. Cifras significativas en un Estado “que tenía una ley sobre migración precaria, sin políticas públicas ni instituciones especializadas, y con una atención a migrantes casi inexistente”, añade.

De hecho, en los últimos años se han registrado controvertidos episodios racistas y mientras desde los sectores más conservadores se exigen más restricciones a la entrada de extranjeros, la oposición, organizaciones que atienden a migrantes y estos mismos han denunciado las limitaciones de las nuevas leyes. También la ONU criticó el pasado mayo algunas de las medidas y antes, en diciembre de 2018, Chile rechazó suscribir el pacto migratorio impulsado por esta entidad.

“Regular no significa endurecer, sino ofrecer unas reglas claras de ingreso”, argumenta Ubilla. Según expone, los “pilares del modelo de integración” del Gobierno chileno son “la migración ordenada, regular y segura”, “la igualdad de trato”, y “la interculturalidad”. Como ejemplos concretos, cita el Proceso de Regularización Extraordinario en el que se han registrado 155.000 migrantes, la regulación de otros 110.000 por vías ordinarias y el Plan Humanitario de Regreso Ordenado, por el que 1.400 migrantes han regresado a sus países de origen.

En cuanto a medidas específicas para Venezuela entre 2018 y 2019, Ubilla cita “más de 45.000 visados de responsabilidad democrática, aproximadamente 3.000 visados de turismo y más de mil salvoconductos (el 70% a menores de edad)”. En el caso de Haití, menciona 300 visados de turismo y 700 de reunificación familiar. “Apostamos por la integración económica y la convivencia”, afirma, recalcando que no se trata de “estigmatizar la migración como un problema”, sino “asumirla con responsabilidad”.

En el caso de Colombia, la directora de Justicia, Seguridad y Gobierno asegura que se están flexibilizando los mecanismos migratorios, para atender la elevada demanda de entradas desde Venezuela. Por ejemplo, recuerda que en agosto de 2019, el Gobierno colombiano otorgó la nacionalidad para 25.000 niños nacidos de madres venezolanas en este país desde 2017. Igualmente, se están ofreciendo permisos de permanencia especiales y otros apoyos, como las facilidades para la convalidación de títulos profesionales con objeto de favorecer el acceso al mercado laboral.

El Ejecutivo colombiano persigue lograr la integración también como vía para combatir la violencia. Según Urbano ya hay algunos trabajos de investigación que reflejan cómo el crimen organizado está empezando a reclutar a migrantes venezolanos. Y ello, en el marco del complejo proceso de paz que vive el país y el aumento de la tensión ante las próximas elecciones locales de finales de octubre.

Sin entrar a valorar esos asuntos, la directora explica que desde la Administración estatal se está trabajando para ofrecer a los nuevos líderes locales planes de seguridad y convivencia que contribuyan a favorecer la integración. “Vivimos un desafío grande para Colombia, estamos trabajando para, en base a la evidencia y con apoyo de expertos, encontrar las mejores fórmulas para afrontarlo”, insiste, citando un reto compartido con el resto de América Latina.

Por Marta Fernández Maeso

Washington 17 SEP 2019 - 17:42 COT

Publicado enSociedad
Martes, 17 Septiembre 2019 09:27

De la corrupción y otros males

Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La corrupción alcanza cada día mayor alcance, permea gobiernos, bancos y empresas privadas o mixtas de todo tipo. El cohecho es internacional. Los sobornos equivalen al cinco por ciento del valor anual de la economía global. Estudios basados en el análisis de 447 casos internacionales llegados a sentencia muestran que el 30 por ciento del valor de los proyectos tiene destinación específica: sobornar funcionarios públicos en el mundo entero. El presente artículo analiza la corrupción en Colombia y establece sus relaciones con otras problemáticas socioeconómicas.

 

 

Sorprendente, por partida doble, así fueron los resultados del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc a finales del 2016 y los de la consulta anticorrupción en agosto de 2018. Nadie medianamente razonable creería que la sociedad votara a favor de proseguir la crónica destrucción generada por el conflicto armado interno y, a la vez, expresara su indiferencia ante la corrupción que corroe a las instituciones públicas y privadas.


En los dos eventos de consulta social, solo ejerció el derecho ciudadano uno de cada tres votantes potenciales. En el plebiscito triunfó el No (expreso rechazo a los acuerdos para poner fin al conflicto armado Gobierno-insurgencia) y en la consulta anticorrupción no se alcanzó el umbral que la haría vinculante.


Colombia en el contexto de la corrupción global


De acuerdo con la definición dada por Naciones Unidas, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. Más allá de ello, en la práctica, la corrupción es un proceder común del poder, por ejemplo, de los bancos, las multinacionales y otras grandes y medianas empresas que en su afán por ampliar ventas, ganar contratos o buscar mayores rendimiento en sus operaciones dentro de un país dado (determinando el código tributario del mismo, por ejemplo), incorporan entre sus gastos un porcentaje destinado a coimas o sobornos.

En diferentes contextos, el ejercicio de la corruptela, permanente o no, perjudica a las instituciones republicanas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción destruye las bases de las instituciones democrático-formales al desalentar la participación activa de amplios grupos sociales en la orientación, decisión y control de su destino, y al distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia. Hoy la ciudadanía del mundo contempla con ojos escépticos el complejo de estatalismo, fiscalismo e intervencionismo y supone en él, cada vez más, el teatro absurdo de una gran institución de autoservicio, controlada por la cleptocracia y que es contraproductiva (1).

El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello ya que también está presente en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales, la aprobación de leyes orientadas a servir intereses privados o corporativos y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.

La percepción de corrupción en el sector público nacional está en aumento según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional. En la más reciente edición de este índice el país cae de 37 a 36 puntos sobre 100 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la medición. Colombia se encuentra muy lejos de países como Canadá, que tiene un puntaje de 83; Estados Unidos, de 76; y Chile, de 70. Cuando decimos que Colombia es uno de los países más corruptos en el contexto internacional estamos en lo cierto (2).


Con los resultados de 2018, el país cierra cuatro años de estancamiento en los que mantuvo un puntaje de 37 sobre 100, para caer ahora a una calificación de 36 puntos. “En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”, según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional.

Índice de transparencia a nivel territorial

 

Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional, calcula el Índice de transparencia de las entidades públicas (Itep) con base en tres características vitales en la administración pública para controlar los riesgos de corrupción: i) visibilidad, ii) institucionalidad, iii) control y sanción. Los factores de Visibilidad y Control y Sanción tienen un peso de 30 por ciento cada uno sobre la calificación final del Índice, mientras que el factor de Institucionalidad cuenta con un peso de 40 por ciento. Para el desarrollo del cálculo del Índice, cada unidad de medición cuenta con una calificación específica que va de cero (0) a cien (100) siendo cien (100) la mayor calificación posible. Después de obtener cada una de las calificaciones estas se clasifican en los distintos niveles de riesgo: i) bajo, de 89,5 a 100; ii) moderado, de 74,5 a 89,4; iii) medio, de 60 a 74,4; iv) alto, de 44,5 a 59,9; v) muy alto, de 0 a 44,4.

En la medición departamental, Chocó, Guainía y La Guajira clasifican en el rango “Muy alto”. En el nivel “Alto” se ubican otros diez departamentos; en “Medio” clasifican 13, y en “Moderado” los siete restantes (Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima). Ninguna de las entidades territoriales de Colombia clasifica en “Riesgo bajo”. El promedio simple para el país registra un valor de 61,7, en consecuencia clasifica globalmente en “Riesgo medio”. Bogotá D.C.regitra un valor de 68,7 por tanto también clasifica en el nivel de riesgo medio (Gráfico 1).

Otros males

Además de este riesgo medio de la inmoralidad generada por la corruptela, otros factores adicionales complican la vida cotidiana de los colombianos, generando sufrimiento innecesario: la desesperanza aprendida ante la política y los asuntos públicos, la desigualdad económica, la violencia fratricida y la pobreza multidimensional. El cuadro 1 nos deja ver el comportamiento estadístico de estas variables en el año 2018 a nivel de todos los departamentos del país. La estadística nos permite reunir, clasificar y recontar todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos investigados.


La media del potencial electoral relativo permite estimar el peso de la población mayor de 18 años en cada entidad territorial, la cual tiene un valor de 70,3 por ciento; con un mínimo de 49,7 por ciento (Vaupés) y un máximo de 87,3 por ciento (Norte de Santander). La media de participación departamental en la consulta anticorrupción (mapa 1) fue de 26,8 por ciento, con un mínimo de 12,3 (La Guajira) y un máximo de 44,6 (Bogotá). El índice de transparencia (mapa 2), variable proxy de la medición de la corrupción, registra un valor medio de 61,7 por ciento, un mínimo de 30,2 (Chocó) y un máximo de 85,6 (Antioquia). El Pib por habitante, para el año 2018 (mapa 3), fue de 15,7 millones de pesos, con un mínimo de $6,2 millones (Vaupés) y un máximo de $42 millones (Casanare). El índice de pobreza multidimensional 2018 (mapa 4) tiene un valor medio de 28,2 por ciento, con un mínimo de 4,4 (Bogotá) y un máximo de 65 por ciento (Guainía). La tasa de homicidios (mapa 5) registra en 2018 un promedio de 24,3 por cada 100.000 habitantes, con un mínimo de 4,5 (Vaupés) y un máximo de 59,1 (Arauca).

En las sociedades capitalistas, el desarrollo es desigual. Pero dentro de la desigualdad persiste también la desigualdad. Al interior de Colombia se registra una situación similar a la que coexistieran diversos países. En las variables examinadas las diferencias territoriales son significativas. La desviación estándar (De) es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media; mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. La dispersión entre departamentos es más alta en lo relacionado con las variables corrupción (De=12,8), Pib por habitante (De=$8,6 millones), pobreza (De=15,1) y violencia homicida (De=13,1). Hay menor dispersión en las variables correspondientes al peso proporcional de los mayores de edad (De=8,9) y a la exigua participación ciudadana en la consulta anticorrupción (De=8,8).

Un conjunto de variables que es necesario cruzar buscando con ello información más precisa sobre cómo se manifiesta y cuál es el impacto de la corrupción en Colombia, así como su relación con los demás males que aquejan al país. (Ver recuadro Estadística y variables).

Corrupción y potencial electoral

El peso relativo de la población mayor de 18 años es poco explicativa (R²=0,24) del comportamiento de la corrupción (Gráfico 2). No obstante, la pendiente que relaciona estas dos variables socio demográficas es positiva, esto es, al aumentar el peso relativo de la población mayor de edad respecto a la población total del departamento tiende a elevarse ligeramente el índice de transparencia (esto es, menor nivel de corrupción).

 

 


Corrupción y participación


La lucha contra la corrupción requiere de un vínculo más directo, fiscalizador, comprometido y efectivo de la ciudadanía con los asuntos públicos o de interés social. La defensa de lo público es fundamental, pero además deben protegerse, luchando por su transformación en beneficio de las mayorías, y rompiendo su funcionamiento distante y ajeno de la ciudadanía y de sus intereses, dinamizando a partir de un funcionamiento cada vez más participativo y menos delegativo, las instituciones de representación colectiva (órganos de elección popular), así como las entidades de control y supervisión social (Contraloría, Defensoría, Procuraduría y Auditoria General) pues ellas son la base de la garantía del bienestar social y económico, del respeto de los derechos humanos, y del desarrollo sostenible. El grado de participación (en el caso de la consulta anticorrupción) explica en gran medida el nivel de la corrupción (R²=0,49); la relación es positiva: a mayor participación ciudadana mejora la transparencia de las instituciones y son menos proclives al cohecho o soborno (Gráfico 3).

Corrupción e ingreso por persona

Los niveles de corrupción en un país pueden percibirse por la desigualdad económica. Los actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos, en contubernio con agentes del sector privado, dentro de los órganos e instituciones del Estado socavan aún más no solo la democracia realmente existente, sino también los sistemas educativos, de salud y la misma economía de un país o región.

 

 


El análisis departamental de la transparencia institucional en función del Pib por habitante muestra una capacidad explicativa alta (R²=0,52); las unidades territoriales de altos ingresos por personas tienden a correlacionarse con instituciones más transparentes, virtuosas o menos corruptas (Gráfico 4). El dinero de la corrupción, al funcionar como renta individual, genera poca o nula riqueza social. La corrupción constituye uno de los mayores obstáculos al progreso de los departamentos en que está territorializado el país. El economista Schumpeter afirmaba que “el desarrollo produce siempre más desarrollo” y en medio de este círculo de éxito, se genera mayor transparencia y comportamiento ético de la ciudadanía y las instituciones.


Corrupción y pobreza


Existe una estrecha relación entre la corrupción (sobornos o cohecho) y la pobreza (en términos institucionales no individuales, valga decir): en los países o regiones más pobres la corrupción encuentra condiciones más expeditas para su materialización y es, por tanto, donde alcanza mayores índices. Su materialización debilita los sistemas de una sociedad: político, judicial, cultural, económico y social. En general, la corrupción ocasiona violaciones de derechos humanos. Aunque el problema afecta a todo el país, sin embargo, tiene un mayor impacto en la población que vive bajo condiciones de pobreza.
El Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. También refleja, tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo.


El IPM registra una significativa fuerza explicativa de la corrupción (R²=0,52). La relación o pendiente es negativa entre estas dos variables, esto es, a mayor nivel de pobreza menor es la transparencia de las instituciones y, por ende, mayor es la corrupción (Gráfico 5). En estos territorios, la clase política, lumpen y corrupta, campea a sus anchas. Puede deducirse por prolongación, que los banqueros, los gremios económicos, o los empresarios, comerciantes y negociantes de todo tipo encuentran en estas circunstancias y ambientes mayor espacio para concretar sus mezquinos intereses y codicia, valiéndose para ello de todo tipo de artimañas, negociados, cohechos, sobornos y favorecimientos.


Corrupción y violencia


Tiene Colombia el triste privilegio de registrar uno de los más altos índices de violencia del mundo. Asimismo, a juzgar por reputadas calificaciones internacionales, de ubicarse entre los países más corruptos del mundo. No obstante, en el análisis territorial, corrupción y violencia no van a menudo de la mano (Gráfico 6). La fuerza explicativa de los niveles de corrupción y transparencia institucional por parte de la pandemia homicida a lo largo y ancho del territorio nacional es débil (R²=0,03).


Si bien, violencia y corrupción conforman inequívocamente el marco general sobre el cual existe todo tipo de delitos, inmoralidad y criminalidad en Colombia, son fenómenos socio-políticos y culturales con causas y dinámicas diferentes. Los une, eso sí, una historia permeada por la maldad, la ilegalidad, el atropello, la impunidad, el miedo, la anomia y la indiferencia ciudadana.


Remedios contra la corrupción y otros males


Un simpático grafiti expresaba: “no es la política la que hace a un candidato convertirse en ladrón. Es tu voto el que hace a un ladrón convertirse en político”.


El análisis realizado permite concluir que el grado de transparencia, incorruptibilidad y moralidad de las instituciones es explicado, de una parte, por el grado de desarrollo social, económico y cultural alcanzado por la sociedad; y, de otra parte, por la conciencia ciudadana, su ética política, compromiso con el bien público y participación democrática. Al contrario, las instituciones políticas y económicas extractivas asociadas al control por parte de organizaciones políticas lumpen, criminales y mafiosas, adoptan fácilmente formas corruptas y extractivas atroz y descaradas en medio de la pobreza, la exclusión, la ignorancia, la manipulación y la intimidación de la población.


Un país funciona cuando se identifican grandes objetivos nacionales asumidos de forma responsable, comprometida, democrática y colectivamente. La lucha contra la corrupción y los otros males analizados, dada su arraigo y generalización, requiere un gran pacto, un compromiso ciudadano de tolerancia cero. A la base de este pactó se requiere fortalecer y/o recuperar todo lo público, abriendo su administración y control al conjunto social, elevando su eficiencia para que la gente perciba sus beneficios y ventajas, lo asuma y defienda como propio, lo que demanda un cuestionamiento a las formas capitalistas oligárquicas y su neoliberal manifestación actual.


De su mano, transformar el sistema educativo, remplazando la promoción del individualismo y el enriquecimiento monetario como única meta de la vida, sin importar los costos y los medios (la consigna postmodernista del “todo vale”), por una educación que empiece desde la familia (los cinco primeros años de vida son el período crítico para el aprendizaje ético de todo ser humano; los ejemplos y valores aprendidos en la temprana infancia perduran a lo largo de su existencia) y se consolide en las instituciones educativas, en todos los niveles, sembrando valores éticos que fortalezcan la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la participación, defensa y respeto por lo público, así como la participación en las instituciones de representación colectiva, bregando en todo instante porque lo individual sea lo menor y lo colectivo lo más (asambleas deliberativas y decisorias, consultas populares y similares) mejorando así el ambiente para potenciar la convivencia social. Todo enmarcado en políticas de buen gobierno y responsabilidad corporativa en el sector financiero, en empresas e instituciones públicas abiertas y de democracia directa y cada vez más radical.


En últimas, de lo que se trata es de construir una sociedad cada día más abierta, ética, crítica, comprometida e incluyente, donde las mayorías deciden su rumbo en todo instante, para lo cual es fundamental cimentar una sólida cultura ciudadana convencida de la pertinencia de lo público, de la viabilidad de la redistribución cada vez más equitativa y justa de la renta nacional, y de mayor conciencia y solidaridad sobre la importancia de los derechos humanos, el bien social, la democracia participativa y la defensa de la dignidad humana. De así proceder nuestra sociedad, la corrupción no tendrá lugar.

 

1. Sloterdijk, Peter. (2018) ¿Qué sucedió en el siglo XX?, Ediciones Siruela, S.A., España, p. 16.
2. La escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso. La calificación del Índice de Percepción de Corrupción 2018 se elaboró mediante datos proporcionados por ocho fuentes distintas que consultan la opinión calificada de analistas, académicos e inversionistas extranjeros respecto qué tanto afecta la corrupción al sector público en cada país incluido en la medición, con especial énfasis en la gestión de recursos públicos, trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción efectiva a casos de corrupción por parte del sistema judicial.

*Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

Martes, 17 Septiembre 2019 09:07

¿Quién eligió a Ursula von der Leyen?

¿Quién eligió a Ursula von der Leyen?

Si hubo algo providencial en Europa en este julio de 2019 fue la canícula. Esta ocultó un asunto también revelador de los desarreglos actuales, claro que en este caso, democráticos. Cegados por el sudor, en efecto, pocos europeos se dieron cuenta de que el discurso político con el que los alimentaban desde hace por lo menos tres años acababa de ser dinamitado. Y la prensa, ocupada en otras “investigaciones”, no se esforzó mucho por hacer que se enteraran.


Centenares de millones de electores europeos eran acunados hasta entonces por un gran relato maniqueo. La política de la Unión Europea y la elección del 26 de mayo pasado se reducían al enfrentamiento entre dos campos: los liberales contra los populistas (1). Ahora bien, el 2 de julio, una vez concluida la elección de los eurodiputados, una cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión recomendó que la ministra demócrata-cristiana alemana Ursula von der Leyen se convierta en presidenta de la Comisión Europea. La idea se le habría ocurrido a Emmanuel Macron. Su sugestión, naturalmente, fue retomada por la canciller alemana Angela Merkel, pero también por… el primer ministro húngaro Viktor Orban.


Categorías artificiales


Sin embargo, desde su elección, el presidente francés no había dejado de jurar que se mostraría intratable frente a los nacionalistas y los “populistas”, generadores de “pasiones tristes”, “ideas que, tantas veces, encendieron los braseros donde habría podido perecer Europa”. Les “mienten a los pueblos” y les “prometen el odio”, había proclamado Macron (2), que incluso desistió de su irreprochable modestia para retar a dos de esos incendiarios, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y Orban: “Si quieren ver en mi persona a su principal oponente, tienen razón”.


El 16 de julio pasado, cuando los eurodiputados confirmaron la elección de los jefes de Estado y de Gobierno, las proclamas de campaña –“progresistas” contra nacionalistas– cedieron nuevamente el paso a una configuración política muy distinta. Los parlamentarios socialistas votaron unos en contra de Von der Leyen (los franceses y los alemanes, sobre todo), otros a favor (los españoles y los portugueses). Estos coincidieron con los nacionalistas polacos y los compinches de Orban. Es decir, precisamente aquellos a quienes Marine Le Pen cortejaba unos días antes para formar con ellos un grupo común en Estrasburgo… En definitiva, la candidata de Macron deberá su elección a la Presidencia de la Comisión Europea, conquistada gracias a una mayoría de solamente nueve votos, a una coalición heteróclita que comprendía a los trece parlamentarios húngaros fieles a Orban así como a los catorce eurodiputados “populistas” del Movimiento 5 Estrellas, en ese momento aliados a Salvini.


Semejante cartografía del escrutinio nos aleja con seguridad de las historietas que se fabrican todas las mañanas y que están dirigidas a los niños europeos juiciosos y disciplinados. No obstante, podemos apostar que, incluso cuando las temperaturas hayan vuelto a ser normales en el Viejo Continente, la mayoría de los periodistas seguirán remachando las categorías artificiales que les preparó a fuego lento Macron.

 

1. Véase Serge Halimi y Pierre Rimbert, “Liberales contra populistas, una oposición engañosa”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, septiembre de 2018.
2. Discurso en La Sorbonne, París, 26-9-17.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Víctor Goldstein

Martes, 17 Septiembre 2019 08:37

De la corrupción y otros males

Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La corrupción alcanza cada día mayor alcance, permea gobiernos, bancos y empresas privadas o mixtas de todo tipo. El cohecho es internacional. Los sobornos equivalen al cinco por ciento del valor anual de la economía global. Estudios basados en el análisis de 447 casos internacionales llegados a sentencia muestran que el 30 por ciento del valor de los proyectos tiene destinación específica: sobornar funcionarios públicos en el mundo entero. El presente artículo analiza la corrupción en Colombia y establece sus relaciones con otras problemáticas socioeconómicas.

 

 

Sorprendente, por partida doble, así fueron los resultados del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc a finales del 2016 y los de la consulta anticorrupción en agosto de 2018. Nadie medianamente razonable creería que la sociedad votara a favor de proseguir la crónica destrucción generada por el conflicto armado interno y, a la vez, expresara su indiferencia ante la corrupción que corroe a las instituciones públicas y privadas.


En los dos eventos de consulta social, solo ejerció el derecho ciudadano uno de cada tres votantes potenciales. En el plebiscito triunfó el No (expreso rechazo a los acuerdos para poner fin al conflicto armado Gobierno-insurgencia) y en la consulta anticorrupción no se alcanzó el umbral que la haría vinculante.


Colombia en el contexto de la corrupción global


De acuerdo con la definición dada por Naciones Unidas, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. Más allá de ello, en la práctica, la corrupción es un proceder común del poder, por ejemplo, de los bancos, las multinacionales y otras grandes y medianas empresas que en su afán por ampliar ventas, ganar contratos o buscar mayores rendimiento en sus operaciones dentro de un país dado (determinando el código tributario del mismo, por ejemplo), incorporan entre sus gastos un porcentaje destinado a coimas o sobornos.

En diferentes contextos, el ejercicio de la corruptela, permanente o no, perjudica a las instituciones republicanas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción destruye las bases de las instituciones democrático-formales al desalentar la participación activa de amplios grupos sociales en la orientación, decisión y control de su destino, y al distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia. Hoy la ciudadanía del mundo contempla con ojos escépticos el complejo de estatalismo, fiscalismo e intervencionismo y supone en él, cada vez más, el teatro absurdo de una gran institución de autoservicio, controlada por la cleptocracia y que es contraproductiva (1).

El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello ya que también está presente en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales, la aprobación de leyes orientadas a servir intereses privados o corporativos y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.

La percepción de corrupción en el sector público nacional está en aumento según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional. En la más reciente edición de este índice el país cae de 37 a 36 puntos sobre 100 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la medición. Colombia se encuentra muy lejos de países como Canadá, que tiene un puntaje de 83; Estados Unidos, de 76; y Chile, de 70. Cuando decimos que Colombia es uno de los países más corruptos en el contexto internacional estamos en lo cierto (2).


Con los resultados de 2018, el país cierra cuatro años de estancamiento en los que mantuvo un puntaje de 37 sobre 100, para caer ahora a una calificación de 36 puntos. “En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”, según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional.

Índice de transparencia a nivel territorial

 

Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional, calcula el Índice de transparencia de las entidades públicas (Itep) con base en tres características vitales en la administración pública para controlar los riesgos de corrupción: i) visibilidad, ii) institucionalidad, iii) control y sanción. Los factores de Visibilidad y Control y Sanción tienen un peso de 30 por ciento cada uno sobre la calificación final del Índice, mientras que el factor de Institucionalidad cuenta con un peso de 40 por ciento. Para el desarrollo del cálculo del Índice, cada unidad de medición cuenta con una calificación específica que va de cero (0) a cien (100) siendo cien (100) la mayor calificación posible. Después de obtener cada una de las calificaciones estas se clasifican en los distintos niveles de riesgo: i) bajo, de 89,5 a 100; ii) moderado, de 74,5 a 89,4; iii) medio, de 60 a 74,4; iv) alto, de 44,5 a 59,9; v) muy alto, de 0 a 44,4.

En la medición departamental, Chocó, Guainía y La Guajira clasifican en el rango “Muy alto”. En el nivel “Alto” se ubican otros diez departamentos; en “Medio” clasifican 13, y en “Moderado” los siete restantes (Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima). Ninguna de las entidades territoriales de Colombia clasifica en “Riesgo bajo”. El promedio simple para el país registra un valor de 61,7, en consecuencia clasifica globalmente en “Riesgo medio”. Bogotá D.C.regitra un valor de 68,7 por tanto también clasifica en el nivel de riesgo medio (Gráfico 1).

Otros males

Además de este riesgo medio de la inmoralidad generada por la corruptela, otros factores adicionales complican la vida cotidiana de los colombianos, generando sufrimiento innecesario: la desesperanza aprendida ante la política y los asuntos públicos, la desigualdad económica, la violencia fratricida y la pobreza multidimensional. El cuadro 1 nos deja ver el comportamiento estadístico de estas variables en el año 2018 a nivel de todos los departamentos del país. La estadística nos permite reunir, clasificar y recontar todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos investigados.


La media del potencial electoral relativo permite estimar el peso de la población mayor de 18 años en cada entidad territorial, la cual tiene un valor de 70,3 por ciento; con un mínimo de 49,7 por ciento (Vaupés) y un máximo de 87,3 por ciento (Norte de Santander). La media de participación departamental en la consulta anticorrupción (mapa 1) fue de 26,8 por ciento, con un mínimo de 12,3 (La Guajira) y un máximo de 44,6 (Bogotá). El índice de transparencia (mapa 2), variable proxy de la medición de la corrupción, registra un valor medio de 61,7 por ciento, un mínimo de 30,2 (Chocó) y un máximo de 85,6 (Antioquia). El Pib por habitante, para el año 2018 (mapa 3), fue de 15,7 millones de pesos, con un mínimo de $6,2 millones (Vaupés) y un máximo de $42 millones (Casanare). El índice de pobreza multidimensional 2018 (mapa 4) tiene un valor medio de 28,2 por ciento, con un mínimo de 4,4 (Bogotá) y un máximo de 65 por ciento (Guainía). La tasa de homicidios (mapa 5) registra en 2018 un promedio de 24,3 por cada 100.000 habitantes, con un mínimo de 4,5 (Vaupés) y un máximo de 59,1 (Arauca).

En las sociedades capitalistas, el desarrollo es desigual. Pero dentro de la desigualdad persiste también la desigualdad. Al interior de Colombia se registra una situación similar a la que coexistieran diversos países. En las variables examinadas las diferencias territoriales son significativas. La desviación estándar (De) es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media; mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. La dispersión entre departamentos es más alta en lo relacionado con las variables corrupción (De=12,8), Pib por habitante (De=$8,6 millones), pobreza (De=15,1) y violencia homicida (De=13,1). Hay menor dispersión en las variables correspondientes al peso proporcional de los mayores de edad (De=8,9) y a la exigua participación ciudadana en la consulta anticorrupción (De=8,8).

Un conjunto de variables que es necesario cruzar buscando con ello información más precisa sobre cómo se manifiesta y cuál es el impacto de la corrupción en Colombia, así como su relación con los demás males que aquejan al país. (Ver recuadro Estadística y variables).

Corrupción y potencial electoral

El peso relativo de la población mayor de 18 años es poco explicativa (R²=0,24) del comportamiento de la corrupción (Gráfico 2). No obstante, la pendiente que relaciona estas dos variables socio demográficas es positiva, esto es, al aumentar el peso relativo de la población mayor de edad respecto a la población total del departamento tiende a elevarse ligeramente el índice de transparencia (esto es, menor nivel de corrupción).

 

 


Corrupción y participación


La lucha contra la corrupción requiere de un vínculo más directo, fiscalizador, comprometido y efectivo de la ciudadanía con los asuntos públicos o de interés social. La defensa de lo público es fundamental, pero además deben protegerse, luchando por su transformación en beneficio de las mayorías, y rompiendo su funcionamiento distante y ajeno de la ciudadanía y de sus intereses, dinamizando a partir de un funcionamiento cada vez más participativo y menos delegativo, las instituciones de representación colectiva (órganos de elección popular), así como las entidades de control y supervisión social (Contraloría, Defensoría, Procuraduría y Auditoria General) pues ellas son la base de la garantía del bienestar social y económico, del respeto de los derechos humanos, y del desarrollo sostenible. El grado de participación (en el caso de la consulta anticorrupción) explica en gran medida el nivel de la corrupción (R²=0,49); la relación es positiva: a mayor participación ciudadana mejora la transparencia de las instituciones y son menos proclives al cohecho o soborno (Gráfico 3).

Corrupción e ingreso por persona

Los niveles de corrupción en un país pueden percibirse por la desigualdad económica. Los actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos, en contubernio con agentes del sector privado, dentro de los órganos e instituciones del Estado socavan aún más no solo la democracia realmente existente, sino también los sistemas educativos, de salud y la misma economía de un país o región.

 

 


El análisis departamental de la transparencia institucional en función del Pib por habitante muestra una capacidad explicativa alta (R²=0,52); las unidades territoriales de altos ingresos por personas tienden a correlacionarse con instituciones más transparentes, virtuosas o menos corruptas (Gráfico 4). El dinero de la corrupción, al funcionar como renta individual, genera poca o nula riqueza social. La corrupción constituye uno de los mayores obstáculos al progreso de los departamentos en que está territorializado el país. El economista Schumpeter afirmaba que “el desarrollo produce siempre más desarrollo” y en medio de este círculo de éxito, se genera mayor transparencia y comportamiento ético de la ciudadanía y las instituciones.


Corrupción y pobreza


Existe una estrecha relación entre la corrupción (sobornos o cohecho) y la pobreza (en términos institucionales no individuales, valga decir): en los países o regiones más pobres la corrupción encuentra condiciones más expeditas para su materialización y es, por tanto, donde alcanza mayores índices. Su materialización debilita los sistemas de una sociedad: político, judicial, cultural, económico y social. En general, la corrupción ocasiona violaciones de derechos humanos. Aunque el problema afecta a todo el país, sin embargo, tiene un mayor impacto en la población que vive bajo condiciones de pobreza.
El Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. También refleja, tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo.


El IPM registra una significativa fuerza explicativa de la corrupción (R²=0,52). La relación o pendiente es negativa entre estas dos variables, esto es, a mayor nivel de pobreza menor es la transparencia de las instituciones y, por ende, mayor es la corrupción (Gráfico 5). En estos territorios, la clase política, lumpen y corrupta, campea a sus anchas. Puede deducirse por prolongación, que los banqueros, los gremios económicos, o los empresarios, comerciantes y negociantes de todo tipo encuentran en estas circunstancias y ambientes mayor espacio para concretar sus mezquinos intereses y codicia, valiéndose para ello de todo tipo de artimañas, negociados, cohechos, sobornos y favorecimientos.


Corrupción y violencia


Tiene Colombia el triste privilegio de registrar uno de los más altos índices de violencia del mundo. Asimismo, a juzgar por reputadas calificaciones internacionales, de ubicarse entre los países más corruptos del mundo. No obstante, en el análisis territorial, corrupción y violencia no van a menudo de la mano (Gráfico 6). La fuerza explicativa de los niveles de corrupción y transparencia institucional por parte de la pandemia homicida a lo largo y ancho del territorio nacional es débil (R²=0,03).


Si bien, violencia y corrupción conforman inequívocamente el marco general sobre el cual existe todo tipo de delitos, inmoralidad y criminalidad en Colombia, son fenómenos socio-políticos y culturales con causas y dinámicas diferentes. Los une, eso sí, una historia permeada por la maldad, la ilegalidad, el atropello, la impunidad, el miedo, la anomia y la indiferencia ciudadana.


Remedios contra la corrupción y otros males


Un simpático grafiti expresaba: “no es la política la que hace a un candidato convertirse en ladrón. Es tu voto el que hace a un ladrón convertirse en político”.


El análisis realizado permite concluir que el grado de transparencia, incorruptibilidad y moralidad de las instituciones es explicado, de una parte, por el grado de desarrollo social, económico y cultural alcanzado por la sociedad; y, de otra parte, por la conciencia ciudadana, su ética política, compromiso con el bien público y participación democrática. Al contrario, las instituciones políticas y económicas extractivas asociadas al control por parte de organizaciones políticas lumpen, criminales y mafiosas, adoptan fácilmente formas corruptas y extractivas atroz y descaradas en medio de la pobreza, la exclusión, la ignorancia, la manipulación y la intimidación de la población.


Un país funciona cuando se identifican grandes objetivos nacionales asumidos de forma responsable, comprometida, democrática y colectivamente. La lucha contra la corrupción y los otros males analizados, dada su arraigo y generalización, requiere un gran pacto, un compromiso ciudadano de tolerancia cero. A la base de este pactó se requiere fortalecer y/o recuperar todo lo público, abriendo su administración y control al conjunto social, elevando su eficiencia para que la gente perciba sus beneficios y ventajas, lo asuma y defienda como propio, lo que demanda un cuestionamiento a las formas capitalistas oligárquicas y su neoliberal manifestación actual.


De su mano, transformar el sistema educativo, remplazando la promoción del individualismo y el enriquecimiento monetario como única meta de la vida, sin importar los costos y los medios (la consigna postmodernista del “todo vale”), por una educación que empiece desde la familia (los cinco primeros años de vida son el período crítico para el aprendizaje ético de todo ser humano; los ejemplos y valores aprendidos en la temprana infancia perduran a lo largo de su existencia) y se consolide en las instituciones educativas, en todos los niveles, sembrando valores éticos que fortalezcan la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la participación, defensa y respeto por lo público, así como la participación en las instituciones de representación colectiva, bregando en todo instante porque lo individual sea lo menor y lo colectivo lo más (asambleas deliberativas y decisorias, consultas populares y similares) mejorando así el ambiente para potenciar la convivencia social. Todo enmarcado en políticas de buen gobierno y responsabilidad corporativa en el sector financiero, en empresas e instituciones públicas abiertas y de democracia directa y cada vez más radical.


En últimas, de lo que se trata es de construir una sociedad cada día más abierta, ética, crítica, comprometida e incluyente, donde las mayorías deciden su rumbo en todo instante, para lo cual es fundamental cimentar una sólida cultura ciudadana convencida de la pertinencia de lo público, de la viabilidad de la redistribución cada vez más equitativa y justa de la renta nacional, y de mayor conciencia y solidaridad sobre la importancia de los derechos humanos, el bien social, la democracia participativa y la defensa de la dignidad humana. De así proceder nuestra sociedad, la corrupción no tendrá lugar.

 

1. Sloterdijk, Peter. (2018) ¿Qué sucedió en el siglo XX?, Ediciones Siruela, S.A., España, p. 16.
2. La escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso. La calificación del Índice de Percepción de Corrupción 2018 se elaboró mediante datos proporcionados por ocho fuentes distintas que consultan la opinión calificada de analistas, académicos e inversionistas extranjeros respecto qué tanto afecta la corrupción al sector público en cada país incluido en la medición, con especial énfasis en la gestión de recursos públicos, trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción efectiva a casos de corrupción por parte del sistema judicial.

*Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

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Hong Kong sólo puede progresar más cerca de China

Una de las características sobresalientes de los gobernantes de la República Popular China es su realismo, su intento permanente por comprender las realidades complejas del mundo actual, para poder operar con la mayor eficiencia en beneficio de su país. Aunque parece algo necesario, no es lo que acontece con buena parte de los políticos del mundo.

Ante la crisis que vive Hong Kong, los medios del Partido Comunista han venido explicando la situación desde diversos ángulos. Denunciaron la injerencia occidental en un territorio que forma parte de China, lo que está fehacientemente demostraron, en particular en el caso de los Estados Unidos.

Criticaron con vehemencia el uso de la violencia por parte de los manifestantes, que llegaron incluso a ocupar y paralizar el aeropuerto del enclave, algo que pocas veces se ha visto en el mundo, salvo en situaciones extremas de guerras y conflictos armados. El uso de las banderas estadounidenses y británicas no puede sino interpretarse como una provocación intencional de los manifestantes.

En esta situación tan crítica, que puede poner en jaque toda la política exterior china, ya que Hong Kong es la tercera plaza financiera del mundo, el analista Alexander Casella recuerda en Asia Times que "Hong Kong no es indispensable para China, sólo útil". Creo que es una conclusión importante, que merece alguna explicación.

​La ex colonia británica debe su prosperidad, en gran medida, a que durante largo tiempo estuvo aislada de la inestabilidad que vivió el continente, desde las Guerras del Opio, tanto por la intrusión de Occidente como por la incapacidad de sus elites de ejercer buenos gobiernos. Pero también permaneció al margen de las agitaciones posteriores al triunfo comunista de 1949, como la revolución cultural.

Sin embargo, como sostiene Casella, no debe olvidarse que "Hong Kong es una ciudad china nacida de trabajo chino, del espíritu empresarial y la creatividad chinas". Esto es importante, porque en Occidente se ha instalado la idea de que el nivel de vida en Hong Kong (con un ingreso per cápita superior al de EE.UU., Suecia o Alemania) se debe a su historia colonial.

Después de consumada la revolución el 1 de octubre de 1949, para la nueva China el enclave presentaba algunas ventajas: "Hong Kong proporcionaba el único acceso a Occidente en un momento en que el país era literalmente sitiado por una coalición liderada por Estados Unidos", recuerda Casella.

En suma, "para China, Hong Kong es una anomalía heredada de la historia. En términos de tamaño y población es insignificante. Por el contrario se trata de una anomalía beneficiosa", en gran medida porque el enclave "no aspira a representar un modelo económico y político alternativo al que prevalece en el continente".

Las razones de fondo no son difíciles de explicar. Primero, cuando Hong Kong se reintegra a China como Región Administrativa Especial, en 1999, la diferencia entre las ciudades cercanas como Shenzen o Shanghai eran abismales en cuanto al nivel de vida de la población. Pero pasadas dos décadas, parece evidente que "el modelo económico imperante en Hong Kong  ya no es el único que traería riqueza a China", por lo que el valor de la ex colonia es cada vez menor para el gobierno de Beijing.

Hasta ahí algunos hechos más o menos objetivos. Lo más notable es cómo las autoridades chinas se han empeñado en conocer mejor el trasfondo de la situación actual, en particular qué ha impulsado a millones de jóvenes a salir a las calles de forma pacífica, entendiendo que las acciones violentas sólo representan a una minoría.

​El oficialista Diario del Pueblo publicó un artículo editorial el 9 de setiembre con el sugestivo título: "Detrás del caos de Hong Kong hay problemas sociales profundamente arraigados". Sin dejar de denunciar la injerencia de EEUU, el artículo apunta a los graves problemas de vivienda que sufren los jóvenes como una de las principales causas de su incorporación a las protestas.

El editorial difunde el caso de un joven de 35 años que vive con sus padres en un apartamento viejo y estrecho y gana casi dos mil dólares mensuales. "Alquilar un apartamento de una habitación de 30 metros cuadrados le costaría aproximadamente dos tercios de su salario".

Sostiene que aunque las protestas comenzaron como rechazo a una ley para la extradición de delincuentes fugitivos al continente, "es obvio para muchos que el descontento se extiende mucho más allá del proyecto de ley".

Destaca un análisis de Demographia, una consultora sobre temas urbanos, para señalar: "Durante nueve años consecutivos, la vivienda en Hong Kong ha sido clasificada como la menos asequible del mundo". Agrega que el precio de la vivienda aumentó 20 veces más que los ingresos familiares en 2018 y en 2019. Una vivienda de 33 metros cuadrados en el centro de Kowloon se vende por 700 mil dólares.

Esta situación genera ansiedad en la clase media, que teme caer en la pobreza a la que pertenecen 1,3 millones de habitantes de los siete que viven en Hong Kong. La desigualdad es otro de los problemas, ya que la transformación de la ciudad industrial en ciudad financiera y de promotores inmobiliarios, ha generado una elite muy rica al punto que "muchas personas no están compartiendo los frutos de la prosperidad económica, en particular los jóvenes y los grupos de bajos ingresos".

Entiende que hay dificultades legales para introducir cambios de fondo, ya que para llevar a cabo políticas importantes "el gobierno de Hong Kong debe obtener el apoyo de una mayoría de dos tercios en el Consejo Legislativo". La oposición está trabando reformas impulsadas por el gobierno de la región especial.

En todo caso, el editorial defiende una tesis que dice que "para salir de la dificultad económica actual, Hong Kong necesita estar vinculado con China continental mucho más cerca y de manera más efectiva" y que el aislamiento del continente es la peor salida para la crisis actual.

Desde mi punto de vista, es encomiable que un gobierno como el presidido por Xi Jinping sea capaz de abarcar la diversidad de causas que están detrás de la crisis en Hong Kong, porque el realismo suele ser una de las características más notables de las potencias emergentes.

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 Imagen de satélite de la refinería de Abqaiq tras el ataque. En vídeo, imágenes del incendio. Planet Labs (AP) / atlas

Trump advirte de una respuesta militar contra Irán si se verifica la autoría del ataque sobre Arabia Saudí, mientras Teherán rechaza las acusaciones

Irán se ha apresurado a negar este domingo las acusaciones de EE UU sobre su responsabilidad en el ataque con drones del sábado contra instalaciones petroleras saudíes que se atribuyeron los rebeldes Huthi de Yemen. El riesgo de que se agrave el pulso entre Washington y Teherán constituye una nueva amenaza al abastecimiento mundial de energía, ya afectado por el significativo recorte en la producción saudí de crudo que ha provocado la agresión y que puede durar días. Riad afirmó que tiene margen para cubrir las exportaciones con sus reservas.

El presidente Donald Trump advirtió el domingo por la noche de que Estados Unidos está "cargado y listo" para responder, si bien se expresó con menos contundencia que el secretario de Estado, Mike Pompeo, sobre la autoría. "Hay motivos para creer que conocemos el culpable, estamos cargados y listos", escribió en su cuenta de Twitter, pero admitió que se hallaban pendientes de verificación y que aguardaba a hablar con Riad "para saber quiénes creen ellos que causó el ataque y en qué términos proceder".

“Las acusaciones parecen fruto de un compló organizado por algunos servicios secretos para desprestigiar la imagen de un país y preparar el camino para acciones futuras”, denunció el portavoz de Exteriores iraní, Abbas Musavi, que afirmó que son “mentiras sin sentido”. Pompeo acusó el sábado a Irán de estar detrás del bombardeo con drones a dos instalaciones clave de la petrolera saudí Aramco, que está en proceso de salir a Bolsa.

El impacto de los incendios que provocaron en la refinería de Abqaiq, la mayor del mundo, y en las infraestructuras de Khurais, su segundo campo de crudo, obligaron a la empresa a interrumpir la producción de 5,7 millones de barriles diarios, algo más de la mitad de su volumen y equivalente a casi el 6% del consumo mundial. Según diferentes fuentes saudíes consultadas por la prensa económica, el daño en las infraestructuras fue “grande”, aunque Riad prevé recuperar hoy un tercio de la producción interrumpida.

Arabia Saudí dispone de 188 millones de barriles almacenados que servirían de colchón durante semanas en el caso de necesitarlos. Una fuente del sector citada por Reuters afirmó que las exportaciones estarían garantizadas en las próximas semanas gracias precisamente al stock —repartido entre el propio territorio saudí y depósitos en Japón, Holanda y Egipto—. Estados Unidos ha ofrecido, no obstante, sus reservas para garantizar el suministro mundial.

Según ha informado este domingo el Financial Times, Riad está en contacto además con varios miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por si fuera necesario que aumenten temporalmente su producción hasta que el reino restablezca la suya, aunque sin especificar quiénes podrían hacerlo. Entre los países OPEP, Arabia Saudí es el primer productor, seguido de Irak, Irán —sometido a las sanciones de EE UU por su programa nuclear—, Emiratos y Kuwait.

En cualquier caso, existe margen porque desde finales de 2016, bajo impulso saudí, los miembros de esta organización de productores han estado limitando el volumen de crudo que sale al mercado para sostener el precio.

Trump, anunció el domingo por la noche que había autorizado el uso de las reservas petrolíferas estratégicas, en caso de necesidad, “en una cantidad suficiente por determinar para mantener los mercados bien provistos”, un mensaje que no sirvió para evitar alzas en el precio de los futuros del crudo Brent, referencia en Europa, y el West Texas Intermediate. El presidente también aprovechó para pedir a las agencias correspondiente que aceleren las aprobaciones de los oleoductos ahora en proceso de autorizaciones en Texas y otros Estados.

A pesar de que los Huthi se responsabilizaron del ataque, el tercer de este tipo que se han atribuido desde mayo, Pompeo dijo en Twitter que no hay pruebas de que los drones salieran de Yemen. Tampoco ofreció ningún respaldo a sus alegaciones más allá de denunciar que el presidente iraní, Hasan Rohani, y su ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, “pretenden que hacen diplomacia”. 

Zarif, un astuto usuario de las redes sociales (a pesar de que la mayoría de ellas están bloqueadas en Irán), no tardó en responderle. “Tras el fracaso de la máxima presión, el secretario Pompeo da un giro hacia la de máximo engaño”, ha tuiteado Pompeo este domingo. El jefe de la diplomacia iraní ha dicho que “EE UU y sus acólitos están atascados en Yemen” y aseguró que “culpar a Irán no va a poner fin al desastre”.

Mientras tanto, un general de la Guardia Revolucionaria recordaba a Estados Unidos que “sus bases y sus portaviones en un radio de 2.000 kilómetros se encuentran al alcance de los misiles iraníes”. No está claro si las palabras del responsable de la Fuerza Aérea de ese Ejército revolucionario son una mera bravuconada para consumo interno o denotan nerviosismo ante el temor a que Washington esté buscando un pretexto para atacarles.

Trump, ya reconoció haber dado la orden de hacerlo (y haberla retirado en el último momento) el pasado junio después de que la Guardia Revolucionaria echara abajo un dron estadounidense. Las tensiones que se han ido acumulando desde que EE UU abandonó el acuerdo nuclear el año pasado parecieron remitir en las semanas posteriores, pero Washington ha seguido incrementando sus sanciones y Teherán desafiando esa presión con una progresiva retirada de sus compromisos bajo aquel pacto.

Diálogo con Teherán

Es incierto el efecto que los ataques a las instalaciones petroleras saudíes van a tener en la política estadounidense hacia Irán, si mantienen su acusación contra el régimen. Tan solo tres días antes, el miércoles, Trump dejó abierta la puerta a una suavización de las sanciones económicas que ha impuesto a ese país para obligarle a renegociar un acuerdo nuclear que sustituya al de 2015. “Creo que les gustaría llegar a un acuerdo”, dijo el mandatario a la prensa, recordando que Irán “atraviesa dificultades financieras tremendas y las sanciones son cada vez más duras”. Cuando le preguntaron directamente por la posibilidad de rebajarlas, respondió: “Veremos qué pasa”, muy a su estilo.

A raíz de la mediación francesa durante el último G7, a finales de agosto, Trump expresó su disposición a reunirse con el presidente iraní, Hasan Rohani, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se inicia el próximo martes. Sin embargo, Rohani ha descartado cualquier cita mientras no se levanten las sanciones. Además, no está claro que cuente para ello con el respaldo del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, que tiene la última palabra en todos los asuntos de seguridad nacional y política exterior.

Algunos analistas estadounidenses han especulado con que los ataques buscaran cerrar cualquier posibilidad al respecto. “No ayuda”, ha respondido este domingo Kellyanne Conway, asesora de la Casa Blanca, a la cadena Fox. Pero Conway no ha dado por muerta la eventualidad de una cumbre.

Estados Unidos y Arabia Saudí ya acusaron a Irán de estar detrás de los sabotajes contra buques cisterna en el estrecho de Ormuz e infraestructuras petroleras saudíes de los meses pasados, algo que Teherán negó. También responsabilizan a la República islámica de armar a los rebeldes yemeníes (lo que rechazan ambos). Pompeo ha ido esta vez más lejos al decir que el bombardeo de Abqaiq y Khurais no se había originado en Yemen sino en Irán.

Tanto Abqaiq como Khurai, los objetivos alcanzados por los rebeldes yemeníes, están mucho más allá de los 150 kilómetros de alcance de los drones en poder de los Huthi, los llamados Qatef-1. Sin embargo, investigadores de la ONU han revelado que los rebeldes cuentan con un nuevo modelo, los UAV-X, que pueden llegar hasta 1.500 kilómetros.

Según el diario económico The Wall Street Journal, los expertos están investigando si los ataques se originaron en el norte, bien por parte de Irán o de milicias chiíes aliadas en Irak, utilizando misiles de crucero en lugar de drones (aunque en ese caso sorprende que no fueran detectados). El primer ministro iraquí, Adel Abdul-Mahdi, ha negado que su territorio haya sido utilizado para atacar Arabia Saudí.

Aramco, un gigante de la industria

Rentabilidad. La petrolera estatal saudí, Aramco, está considerada como la compañía más rentable del mundo y es responsable de la producción del 10% del crudo de todo el mundo. Arabia Saudí es, además, el mayor exportador de petróleo.

Valor. Las autoridades saudíes estiman el valor de la compañía en dos billones de dólares, el doble de lo que vale el gigante informático Apple.

Empleo. Aramco da trabajo a unas 65.000 personas.

Mercado. La compañía tiene previsto salir a Bolsa en 2020.

Producción. La planta de Abqaiq está considerada como la refinería más grande del mundo y produce unos siete millones de barriles diarios.

 

Por Ángeles Espinosa / Amanda Mars

Dubái / Washington 16 SEP 2019 - 02:04 COT

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 Imagen de Abqaiq y el humo del incendio provocado por el ataque de unos drones. En vídeo, imágenes del incendio. REUTERS / atlas

Los rebeldes Huthi de Yemen atacaron este sábado con drones las dos principales instalaciones petroleras de Arabia Saudí causando importantes incendios. Riad, que respondió bombardeando posiciones de ese grupo, daba ayer por controlados los fuegos, pero más tarde el propio ministro de Energía admitió, a través de la agencia estatal de noticias SPA, que suspendían “a la mitad” la producción de crudo. Más allá de las pérdidas materiales, el tercer ataque de este tipo en cinco meses pone de relieve la vulnerabilidad de las infraestructuras energéticas de Riad ante estas milicias.

El objetivo de los 10 drones cargados de explosivos fueron sendas refinerías en Abqaiq y Khurais, según la cadena de televisión Al Masirah (bajo control Huthi). El gigante petrolero saudí Aramco tiene en Abqaiq, a 60 kilómetros al suroeste de Dhahran (donde está su sede), la mayor planta de procesamiento de crudo del mundo. Por allí pasan dos tercios de los 10 millones de barriles que produce cada día. Khurais, 200 kilómetros más al oeste, es el segundo mayor depósito petrolífero de esa empresa pública que está acelerando sus planes para salir a Bolsa. 

“Los dos incendios han sido controlados”, aseguraba el Ministerio del Interior saudí. El texto no precisaba ni el origen, ni si ha habido víctimas o si las operaciones se han visto perjudicadas. Sin embargo, poco después, el ministro de Energía, el príncipe Abdulaziz Bin Salmán, decía a través de un comunicado que las explosiones “han provocado la interrupción en el suministro de 5,7 millones de barriles de crudo”, lo que significa el 50% de la producción de la compañía [Armaco]”. Abdulaziz aseguró que el ataque es “una continuación de los que se vienen produciendo contra instalaciones petroleras y buques cisterna en el golfo Arábigo”, como llaman al golfo Pérsico. Riad volverá a dar más detalles antes de 48 horas.

Horas después de los ataques, EE UU señaló a Irán (que respalda a los Huthi) como responsable. “Teherán está detrás de cerca de 100 ataques en Arabia Saudí mientras [Hasan] Rohani y [Mohammad Javad] Zarif fingen involucrarse en la diplomacia”, escribió el secretario de Estado, Mike Pompeo, en Twitter. Justo antes, Donald Trump había hablado con el príncipe saudí Mohamed Bin Salman y ofrecido el apoyo de Washington en su defensa, informa Amanda Mars.

Pese a que la producción de petróleo en el país ha quedado tocada, de acuerdo con la televisión saudí, las exportaciones de crudo no se habían interrumpido. Y no tienen por qué. Arabia Saudí dispone de una amplia red de almacenamiento tanto dentro como fuera del país (con depósitos en Holanda, Japón y Egipto) que le permiten seguir abasteciendo a sus clientes con normalidad durante semanas. Además, los analistas señalan que Aramco espera reanudar las operaciones con rapidez. La Agencia Internacional de la Energía ha corroborado ese mensaje de tranquilidad porque, de momento, los mercados se encuentran “bien abastecidos y con abundantes reservas comerciales”. Aun así se trata el mayor ataque contra las infraestructuras petroleras del país que proporciona el 10% del petróleo que se consume en el mundo. En 2012, Aramco sufrió un ciberataque y, seis años antes, un coche bomba lanzado por Al Qaeda contra Abqaiq no logró atravesar la barrera de seguridad. Además, la acción de los Huthi ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la que se considera la joya de la corona del Reino del Desierto.

Las instalaciones bombardeadas se hallan a un millar de kilómetros de la región del noroeste de Yemen bajo control Huthi, lo que significa un salto significativo en las capacidades de ese grupo, al que Arabia Saudí acusa de ser un instrumento de Irán. Sus ataques con drones nunca habían llegado tan lejos. El mes pasado alcanzaron el campo petrolífero de Shaybah y en mayo, dos estaciones de bombeo. En ninguno de los casos se frenó la producción.

Los rebeldes dicen actuar en respuesta a los bombardeos aéreos de la coalición militar encabezada por Arabia Saudí y que desde 2015 intenta desalojarlos de Saná, la capital yemení que tomaron meses antes.

En ese contexto, resulta significativo que los Huthi hayan hecho saber que han contado con “ayuda local” para organizar los ataques de ayer. Se trata de un detalle delicado, ya que las infraestructuras atacadas se hallan en la provincia oriental, donde se concentra la minoría chií del país estimada en un 10% de los 21 millones de saudíes y que tradicionalmente se ha quejado de estar discriminada. Para el sector más ultraortodoxo del islam suní, que es la religión oficial del reino, los chiíes son quintacolumnistas de Irán.

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Viernes, 13 Septiembre 2019 06:01

Asfixiar al ahogado

Para conseguir una garrafa de gas muchas veces es necesario recorrer a pie grandes distancias / Foto: Afp, Yuri Cortez

Un vistazo a la economía venezolana de los últimos años indica que, lejos de ser la razón de la crisis actual, las sanciones sirven de excusa al gobierno de Maduro para desviar la atención de sus graves errores. Al mismo tiempo, complican aun más el ya difícil acceso de los venezolanos a medicinas y alimentos.

Venezuela tiene actualmente la crisis más severa en la historia de América y una de las más destructivas en la historia del capitalismo. Las estimaciones más moderadas calculan la caída del Pbi, para el período comprendido entre 2013 y el primer trimestre de 2019, en alrededor de 60 por ciento. Una destrucción sin precedentes. Para tener una idea, entre 1939 y 1943 la Polonia devastada por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial sufrió, según historiadores como el británico Mark Mazower, una contracción del 43 por ciento del Pbi. En medio de este hórrido panorama, se yerguen una serie de sanciones financieras y económicas, impulsadas por Donald Trump, que buscan atizar los efectos de la crisis hasta el extremo y completar la tarea de devastación.

Por motivos de espacio no se podrá detallar el complejo devenir de la crisis venezolana, la totalidad de sus razones y causas, ni ver en profundidad la ristra de sanciones y asfixias económicas que Estados Unidos ha impuesto con inusual ferocidad al país caribeño.1 Ahora se buscará, más bien, explicar las principales interrogantes que este tema suscita: ¿La crisis de Venezuela se debe a las sanciones? ¿Cómo afectan estas a la población venezolana? ¿Son útiles para impulsar el cambio político en el país? Veamos.

EL AUGE Y DESPLOME DEL CHAVISMO Y LA CRISIS RENTÍSTICA.

En 1998 el chavismo surge como alternativa política con base en un discurso nacionalista que retrotrae al imaginario de la Gran Venezuela, de los tiempos de Carlos Andrés Pérez. Con una retórica popular y patriótica, el proyecto bolivariano se vendía como una esperanza de regreso a los años de esplendor de la economía.

El período dorado del gobierno bolivariano fue entre 2004 y 2008. La primera crisis puramente económica (la crisis de 2002-2003 fue completamente política) se desarrolló entre 2009 y 2010, motivada por la caída en los precios del petróleo como efecto de la crisis mundial de 2008 y por una gestión económica que no ahorró durante los tiempos de bonanza rentística. En 2014 y 2015 el precio del petróleo empezó a caer otra vez. El ritmo incrementado de gastos del gobierno y la hipertrofia en las importaciones hicieron que precios del petróleo cinco o seis veces más altos que los observados a inicios de la década del 2000 –según cifras de 2016 del Banco Central de Venezuela (Bcv)– luzcan ahora como “pequeños”. En 2014 y 2015 empezó la contracción de las importaciones, la caída en la oferta de bienes y servicios, y comenzaron a reflejarse los resultados de un proceso de desindustrializaciónque, en favor de un entusiasmo importador, llegó a traer leche líquida, cemento, gasolina, plástico, e incluso obreros (desde China) para construir viviendas.

La caída estrepitosa de la producción y de la productividad hizo más patente la escasez de bienes, con lo que se agudizó el incremento en sus precios. La enorme impresión de dinero inorgánico, componente útil para la expansión del gasto y la cobertura de déficits fiscales, se vio reflejada en un aumento de la base monetaria en más de 125 mil por ciento (desde enero de 1999 a enero de 2017). Todo ello incrementó, para 2015, las tasas de inflación a casi el doble de las más altas de la historia del país, registradas en 1996. En Venezuela, apenas acaece un descenso de la renta, parece inhibirse la producción agrícola e industrial y tiende a diluirse el salario, como bien lo explica el estudioso del sector petrolero venezolano y ex representante de los gobiernos chavistas ante la Opep, Bernard Mommer, en su libro Petróleo global y Estado nacional.

LA CRISIS: HIPERINFLACIÓN, FUGA DE CAPITALES Y DESTRUCCIÓN ECONÓMICA.

Por quinto año consecutivo, según la Asamblea Nacional (AN), el país exhibirá la inflación más alta del mundo, estimada por la AN, ya para 2018, en 1.698.488,2 por ciento. Aunque puede considerarse la estimación de la AN como exagerada, la cifra oficial para el año pasado ofrecida por el Bcv –130.060 por ciento– parece quedarse muy corta debido a que la metodología empleada subestima los precios de muchos bienes, al tomar sólo las versiones “reguladas” por el gobierno nacional.

Según la Comisión de Finanzas de la AN, la economía se contrajo en un impresionante 50,61 por ciento en el breve período que va desde 2013 hasta 2018. La estimación oficial del Bcv no se queda muy lejos de esa cifra y ubica la contracción en un 47,7 por ciento. El colapso es innegable. El valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la economía) se incrementó en más de 88 mil por ciento en 2018, lo que ha desintegrado por completo el poder adquisitivo. El salario real medido en divisas descendió, en el período 2013-2018, un 95 por ciento.

El corazón del asunto de la crisis estriba en la vertiginosa exportación de la renta petrolera ingresada al país. Ello se realizó a través de una hipertrofia importadora y de una fuga de capitales vigorosa. Las importaciones entre 2003 y 2012 se multiplicaron por cuatro veces y media, y la fuga de capital se conjetura en alrededor de 600.000 millones de dólares si consideramos bajo ese concepto las importaciones fraudulentas. Si vamos a los términos de intercambios aplicados a las exportaciones no petroleras, podemos ver que el precio pagado por cada quilogramo exportado de mercancías subió en apenas 11 por ciento en el período 1998-2014, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (Ine), lo que no justifica un aumento tan fuerte en los precios de las importaciones.

¿SON LAS SANCIONES CULPABLES DEL COLAPSO ECONÓMICO?

El profundo colapso económico en que está sumido el país no tiene nada que ver con las sanciones. Como ya se ha explicado, la crisis estalló en 2014, varios años antes de las primeras sanciones económicas de importancia. Desde el año 2004 se han venido llevando a cabo políticas que facilitaron e incentivaron la exportación de la renta petrolera. Puntualmente, la sobrevaluación de la moneda, la expansión importadora estatal y privada, la fuga de capitales a través de elementos financieros y la tríada endeudamiento externo-sobrefacturación importadora-sobreprecios en la importación. Todo ello condujo a la destrucción del aparato productivo tanto industrial como agrícola, ya que una importación artificialmente barata hacía imposible que la producción a nivel nacional fuese rentable. Así las cosas, la producción y la productividad cayeron en picada tan temprano como 2009. Otro auge petrolero permitió entonces estirar la dilapidación rentística de capital, gracias a que el precio del petróleo subió a niveles nunca antes vistos. Pero ya en 2013 la crisis que se estaba gestando era muy grande y el endeudamiento externo muy severo y costoso. La caída en el precio del petróleo y la disminución en el ritmo de su extracción (por la falta de inversiones en el mantenimiento industrial de esa actividad) evidenciaron que el modelo era insostenible. En 2014 aún se estaba a tiempo para frenar esa avalancha, pero, a falta de renta petrolera para mantener el gasto hipertrofiado, se recurrió a la emisión excesiva de dinero inorgánico para tratar de dar la impresión de que el Estado podía gastar más, aún cuando la sociedad producía menos. Con esas gestas vino la hiperinflación y la producción intensificó su caída. De nuevo, todo ello sucedía al margen de las primeras sanciones de cierta importancia, que llegaron en agosto de 2017.

¿AFECTAN LAS SANCIONES A LA POBLACIÓN VENEZOLANA?

Para setiembre de 2019 las sanciones han alcanzado su punto más alto, luego de su acumulación importante sobre diversos sectores, desde el armamentístico hasta el petrolero, pasando por las finanzas y la economía. El verdadero efecto de las sanciones económicas recién está manifestándose, ya que las sanciones financieras de agosto de 2017 sólo habían venido a refrendar legalmente una imposibilidad cierta: nadie desea adquirir bonos de Venezuela y de Pdvsa, y los tenedores actuales se niegan a negociar una reestructuración. El impacto real arrancó con las sanciones económicas de finales de 2018, mientras que las sanciones petroleras (sin dudas las más fuertes y destructivas de todas) apenas se han iniciado en enero de 2019 (contaron, además, con “licencias generales”, emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ofrecieron ciertas excepciones hasta mediados de julio de 2019). Por ende, el real efecto de estas vigorosas sanciones recién está asomando su rostro, con consecuencias considerables, pero lejos de ser la razón de la crisis.

Los connotados economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs argumentan, en su trabajo para el Centro de Investigación en Economía y Política (Cepr), de Washington, “Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela” (abril de 2019), que, gracias a esas medidas de Estados Unidos, Venezuela ha perdido el crédito internacional necesario para su desarrollo. El asunto es que la gravedad de los problemas económicos ya habían alejado a los prestamistas internacionales, que desde 2016 ven imposible que Venezuela pueda cancelar sus compromisos de deuda. Así las cosas, desde hace casi cuatro años el Banco de Desarrollo Chino no le presta más a Venezuela, tampoco el Banco de Asia.

El “embargo” de Citgo2 es gravísimo, pero no es la causa de la caída en la producción de petróleo, como de alguna manera aseveran Weisbrot y Sachs. Si bien Citgo llegó a comercializar, en tiempos relativamente recientes, hasta 580 mil barriles diarios de Pdvsa, las cantidades que esta ya no puede enviar a Citgo se pueden colocar en otros mercados. Los diluentes y el petróleo liviano también se pueden adquirir en otros espacios (aunque a un precio mucho mayor, lo que reduce el beneficio). Lo cierto es que este “embargo” no puede justificar la caída de alrededor del 70 por ciento en la producción petrolera venezolana ocurrido entre 2008 y 2019. Dicha caída se puede apreciar como un tobogán que arranca ya en 2009, como lo señalan en un trabajo conjunto el economista y ex ministro de Planeamiento de Venezuela Ricardo Hausmann y el investigador Frank Muci (Americas Quarterly, 2-V-19), casi nueve años antes de las sanciones petroleras. De hecho, ya para 2016 y según el Atlas de Complejidad Económica (Oec), la exportación de petróleo crudo había caído un imponente 68 por ciento. La caída en la producción petrolera tiene múltiples factores causales por completo ajenos a las medidas de reciente data contra Pdvsa. Entre ellos, la reducida inversión efectiva, la escasez de fuerza de trabajo calificada generada por los bajísimos salarios, la enorme corrupción en los manejos de la empresa, el insuficiente ingreso interno al “regalar”la gasolina, expropiaciones y problemas con transnacionales contratistas y el endeudamiento exagerado para captar divisas, que posteriormente eran regaladas en el mercado interno a un precio irrisorio.

¿CÓMO INFLUYEN LAS SANCIONES EN LA CRISIS?

De 2014 a 2016 la economía se había desplomado ya en casi 25 por ciento –según el informe de marzo de 2017 de la consultora económica venezolana Ecoanalítica– al sufrir, por primera vez en su historia, una caída sostenida de 12 trimestres. Las sanciones financieras irrumpieron recién en agosto de 2017. En los primeros dos trimestres de ese año, la economía había disminuido en alrededor de un 8 por ciento adicional. Por tanto, cuando las sanciones ingresaron al escenario financiero, la economía ya estaba en una gravísima senda de destrucción acumulada.

Ahora bien, como dice el director de política internacional del Cepr, Alexander Main, las sanciones “incrementan” el sufrimiento del pueblo venezolano (Nacla, 17-V-18). Estas sanciones encarecen y dificultan la importación de alimentos y materias primas. De hecho, imposibilitan los procesos necesarios para que empresas estatales o privadas puedan generar divisas con las que adquirir medicinas y alimentos.

Según una extensa investigación realizada en 2017 por el entonces investigador de la Universidad de Mánchester Dylan O’Driscoll, en la mayoría de los casos las sanciones no alcanzan el resultado deseado, y cuando se combinan con el sufrimiento humano que provocan, a menudo pueden ser comparables a intervenciones armadas, aunque sin la misma “tasa de éxito” a nivel de cambios de régimen. En otro estudio, publicado en 2015 en el European Journal of Political Economy por Matthias Neuenkirch y Florian Neumeier, se ha comprobado que en 67 países sancionados entre 1976 y 2012, las sanciones han tenido un impacto muy severo en el crecimiento económico. El impacto observado ronda, en promedio, un 2 por ciento de caída del Pbi per cápita interanual.

¿LAS SANCIONES SON DETERMINANTES PARA EL CAMBIO POLÍTICO?

Como explica el estudio Targeting autocrats: Economic sanctions and regime change, del profesor de economía internacional de la Universidad de Lucerna Manuel Oechslin, en el que se examinó países sancionados entre los años 1914 y 2000, sólo en el 21 por ciento de los casos las sanciones colaboraron en provocar una transición de gobierno. En el 65 por ciento de los casos las sanciones fueron abandonadas sin apenas conseguir sus objetivos. Aún el 14 por ciento de esas naciones seguía teniendo sanciones sobre sus espaldas en el año 2000, sin producir cambio político alguno.

Las sanciones son ideológicamente muy útiles a los gobiernos que las sufren. Al ser, en efecto, medidas que buscan destruir la economía del país afectado, asfixiarlo económicamente, sirven de excusas geniales para culpabilizar al “enemigo externo” de los propios errores locales. Ello permite moralizar a las bases de adeptos y victimizar al gobierno local, que empieza a gastar ingentes recursos en propaganda contraria a las sanciones.

Además, al incrementar notablemente las limitaciones para importar y conseguir alimentos, las sanciones potencian en muchos casos la efectividad moral y material de los programas de asistencia social clientelares del gobierno sancionado. En situaciones de miseria como la actual, la caja de alimentos que reparte el gobierno venezolano mediante comités chavistas de abastecimiento (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), mayoritariamente distribuida con criterios políticos, ha pasado a ser mucho más importante que el salario, al que incluso ha llegado a superar por ocho veces. Las sanciones potencian, así, la efectividad clientelar de una dádiva que en la actual situación de pobreza extrema es, prácticamente, el único sustento de muchos.

13 septiembre, 2019

* Economista, magister scientiarum en ingeniería industrial y director del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela (Cifo).

  1.   He realizado dicho trabajo en extenso en Impacto y naturaleza real de las sanciones económicas impuestas a Venezuela, Provea, 2019.
  2.            Empresa estatal venezolana con sede en Estados Unidos, dedicada a refinar petróleo y a comercializar allí sus derivados (N de E).
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Jueves, 12 Septiembre 2019 09:04

¿Quién eligió a Ursula von der Leyen?

¿Quién eligió a Ursula von der Leyen?

Si hubo algo providencial en Europa en este julio de 2019 fue la canícula. Esta ocultó un asunto también revelador de los desarreglos actuales, claro que en este caso, democráticos. Cegados por el sudor, en efecto, pocos europeos se dieron cuenta de que el discurso político con el que los alimentaban desde hace por lo menos tres años acababa de ser dinamitado. Y la prensa, ocupada en otras “investigaciones”, no se esforzó mucho por hacer que se enteraran.


Centenares de millones de electores europeos eran acunados hasta entonces por un gran relato maniqueo. La política de la Unión Europea y la elección del 26 de mayo pasado se reducían al enfrentamiento entre dos campos: los liberales contra los populistas (1). Ahora bien, el 2 de julio, una vez concluida la elección de los eurodiputados, una cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión recomendó que la ministra demócrata-cristiana alemana Ursula von der Leyen se convierta en presidenta de la Comisión Europea. La idea se le habría ocurrido a Emmanuel Macron. Su sugestión, naturalmente, fue retomada por la canciller alemana Angela Merkel, pero también por… el primer ministro húngaro Viktor Orban.


Categorías artificiales


Sin embargo, desde su elección, el presidente francés no había dejado de jurar que se mostraría intratable frente a los nacionalistas y los “populistas”, generadores de “pasiones tristes”, “ideas que, tantas veces, encendieron los braseros donde habría podido perecer Europa”. Les “mienten a los pueblos” y les “prometen el odio”, había proclamado Macron (2), que incluso desistió de su irreprochable modestia para retar a dos de esos incendiarios, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y Orban: “Si quieren ver en mi persona a su principal oponente, tienen razón”.


El 16 de julio pasado, cuando los eurodiputados confirmaron la elección de los jefes de Estado y de Gobierno, las proclamas de campaña –“progresistas” contra nacionalistas– cedieron nuevamente el paso a una configuración política muy distinta. Los parlamentarios socialistas votaron unos en contra de Von der Leyen (los franceses y los alemanes, sobre todo), otros a favor (los españoles y los portugueses). Estos coincidieron con los nacionalistas polacos y los compinches de Orban. Es decir, precisamente aquellos a quienes Marine Le Pen cortejaba unos días antes para formar con ellos un grupo común en Estrasburgo… En definitiva, la candidata de Macron deberá su elección a la Presidencia de la Comisión Europea, conquistada gracias a una mayoría de solamente nueve votos, a una coalición heteróclita que comprendía a los trece parlamentarios húngaros fieles a Orban así como a los catorce eurodiputados “populistas” del Movimiento 5 Estrellas, en ese momento aliados a Salvini.


Semejante cartografía del escrutinio nos aleja con seguridad de las historietas que se fabrican todas las mañanas y que están dirigidas a los niños europeos juiciosos y disciplinados. No obstante, podemos apostar que, incluso cuando las temperaturas hayan vuelto a ser normales en el Viejo Continente, la mayoría de los periodistas seguirán remachando las categorías artificiales que les preparó a fuego lento Macron.

 

1. Véase Serge Halimi y Pierre Rimbert, “Liberales contra populistas, una oposición engañosa”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, septiembre de 2018.
2. Discurso en La Sorbonne, París, 26-9-17.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Víctor Goldstein

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