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Boris Johnson tiene por delante mucho por negociar con la UE.   ________________________________________ Imagen: AFP

El Brexit se concreta este 31 de enero, pero el proceso llevará su tiempo y tendrá sus complejidades

El caballo de batalla de Boris Johnson es un modelo de bajos impuestos, escasa regulación laboral y enormes incentivos a la inversión extranjera. El problema es que choca con el modelo regulatorio europeo. 

 

A más de tres años del referendo, luego de dos elecciones generales, tres primer ministros y tres extensiones de los plazos de negociación, el Reino Unido saldrá de la Unión Europea este viernes 31 de enero a la medianoche hora del continente europeo, 11 británicas, que hasta en el reloj hay divergencias. Aún así la separación no sucederá de un saque. El viernes se consumará el divorcio de un matrimonio de 47 años, pero la pareja seguirá bajo el mismo techo. El Reino Unido continuará tanto en el mercado común europeo como en la unión aduanera y contribuirá al presupuesto del bloque hasta el 31 de diciembre mientras las dos partes intentan negociar un tratado de libre comercio post-Brexit.

El primer ministro Boris Johnson quiere un amplio tratado de libre comercio con el bloque europeo, pero al mismo tiempo, desea que el Reino Unido post-Brexit sea un “Singapur en el Támesis”, frase que no terminó de definir, aunque alude a un modelo de bajos impuestos, escasa regulación laboral y enormes incentivos a la inversión extranjera. La Unión Europea ha sido muy clara. Es imposible cerrar un “amplio tratado de libre comercio” en un año como desea Johnson y, además, el acuerdo se debe basar en el mantenimiento de las regulaciones y estándares europeos para la industria, el comercio, los servicios y las finanzas, algo que se da de cabeza con el “Singapur en el Támesis”.

Página12 dialogó con John Christensen, fundador y director de Tax Justice Network (TJN) la organización que el matutino británico The Guardian describe como “líder mundial de la lucha contra la evasión impositiva y las guaridas fiscales”

-- ¿Cómo definiría este concepto de Singapur en el Támesis?

– Es el caballo de batalla de Boris Johnson. La idea es un país ultra desregulado, con bajos impuestos, un paraíso fiscal en la puerta misma de la Unión Europa. Johnson quiere que el Reino Unido aproveche la ventaja comparativa que le da la geografía respecto a la UE de la misma manera que Singapur aprovecha su proximidad con las economías asiáticas, las más dinámicas del mundo. Con este modelo el Reino Unido, que ya tiene en la City de Londres a uno de los paraísos fiscales del mundo, se convertiría en un imán para oligarcas financieros, multinacionales y todas las formas posibles de lavado de dinero. El problema de este modelo es que para poder implantarlo necesita hacer a un lado toda la regulación europea en lo que concierne al intercambio automático de información, a los impuestos a multinacionales, a la publicación de información de compañías y a los fideicomisos, los Trusts, que son clave en el secreto financiero británico.

-- Como usted dice la City de Londres ya es uno de los grandes centros de secreto financiero y evasión global. ¿Qué impacto puede tener un modelo que va a extremar aún más estos rasgos en el Reino Unido, la Unión Europea y el mundo?

-- Creemos que eso es una amenaza no solo para la Unión Europea sino para el mundo, porque el objetivo es liderar una carrera a la baja en la política impositiva y en la regulación de servicios financieros. El peligro es que así se erosione la regulación en la Unión Europea, Estados Unidos y el resto del mundo precipitando una carrera des-reguladora total. Londres es el segundo centro de wealth managment (gestión patrimonial de grandes fortunas) después de Suiza. Creemos que muy pronto superará a Suiza. Estos centros de “wealth managment” sirven para que los ricos evadan dinero y también para atraer fondos del crimen organizado y la corrupción. Con un "Singapur en el Támesis" se convertirían en la principal fuente de riqueza a expensas del resto de la economía y la sociedad, en especial, del "Welfare State" (Estado de bienestar).

-- ¿Qué impacto específico tendrá sobre la Unión Europea?

-– La Unión Europea se viene moviendo hacia una armonización económica, con mayor regulación y transparencia. Lo que tendrá enfrente es un modelo que compite yendo en la dirección exactamente opuesta. Por eso pensamos que la Unión Europea tiene que adoptar una posición dura en la negociación que se hará después de este 31 de enero. Si el Reino Unido quiere tener acceso completo al mercado europeo financiero y productivo debe seguir el modelo regulatorio de la Unión Europea. Este alineamiento con las regulaciones europeas debe ser dinámico, es decir, que el Reino Unido no solo tiene que mantener el actual alineamiento con el marco regulatorio europeo, sino que tendrá que actualizarlo en caso de que el bloque apruebe nuevas normas como condición para tener pleno acceso al mercado europeo.

-– Hasta ahora Boris Johnson ha rechazado este tipo de alineamiento. ¿Le parece que el primer ministro es capaz de apostar a todo o nada con tal de cumplir este proyecto del Singapur en el Támesis? ¿O cree, por el contrario, que es una táctica para presionar a la Unión Europea?

-–A mi juicio es una postura negociadora dura inicial para obligar a la Unión Europea a flexibilizar su posición. Por su parte, la UE ha sido muy clara de que quieren un acuerdo rápido siempre que el Reino Unido acepte que tiene que estar alineado con la regulación europea para tener acceso a su mercado. Es decir, que haya reglas de juego equitativas (“level playing field”) para la competencia económica. No se ve cómo se pueden compatibilizar estas posiciones. Está claro que Johnson va a estar bajo una intensa presión de su propio partido para no mantener un alineamiento regulatorio con la Unión Europea, de manera que la negociación va a resultar muy complicada. Existe el peligro de que terminemos con un “Hard Brexit”. Al mismo tiempo Johnson sabe que esto va a ser tan perjudicial para el conjunto de la economía que no lo va a hacer. El acuerdo va a tomar mucho más que este año de negociación.

-– Pero Johnson ya aprovechó bien su mayoría absoluta en el parlamento para cambiar la ley. Y la cambió prohibiendo que haya una extensión del período de transición con la UE más allá del 31 de diciembre.

-– Las leyes las aprueba el parlamento. El parlamento puede cambiarlas. Está muy bien eso de ir a una negociación con las manos atadas, pero no creo que la UE le preste atención porque saben que a Johnson no le conviene salir de la Unión Europea sin un acuerdo. Saben también que Johnson quiere un acuerdo, pero en el que no tenga que alinearse con las regulaciones europeas. Por eso las negociaciones van a tomar mucho más tiempo. Cinco años. Quizás 10.

-– Imaginemos el escenario opuesto. Que el Reino Unido por propia voluntad de Johnson, por la presión de su propio partido o los accidentes de una negociación político-diplomático, termina saliendo de la UE sin acuerdo. ¿Qué impacto tendrá para el Reino Unido?

-– El impacto será muy fuerte en el sector industrial, el financiero, el de los servicios porque el Reino Unido no tendrá el mismo acceso al mercado europeo con el que tiene la mitad de sus intercambios comerciales. La UE es el mercado financiero más importante que tiene el Reino Unido. La industria automotriz estará terminada porque su producción está integrada a la europea y los aranceles que deberán pagar con un Hard Brexit harán que este sector sea muy poco competitivo. Las multinacionales japonesas del sector automotriz, por ejemplo, necesitan que el Reino Unido esté dentro de la UE, no afuera. Esa fue la premisa para elegir al Reino Unido como base de operaciones: su pleno acceso al mercado europeo. Es muy posible que sea también el fin del sector agrícola que se verá inundado por la producción mucho más barata de otros países, Estados Unidos por ejemplo.

-– A muchos extranjeros les asombra esta obsesión del Reino Unido con la Unión Europea que terminó en la salida del bloque. Ahora la propuesta de Johnson es la del “Singapur en el Támesis”. Pero esto también parece basarse en una idea distorsionada. En Singapur el 22 por ciento de la producción se debe a empresas estatales, más del doble del promedio internacional y mucho más todavía que lo que tiene el Reino Unido. Entre el 80 y el 85% de la vivienda es del estado. No creo que este sea el Singapur en el Támesis que están persiguiendo los conservadores.

-– Para nada. Singapur es un modelo social demócrata en lo que tiene que ver con la educación, con la vivienda, con la industria. Al mismo tiempo es un centro financiero de lavado de dinero igual que Londres. Esta es la parte que reivindica Johnson. Pero es curioso porque la primera vez que leí de este modelo del Singapur en el Támeses fue en Alemania después de una reunión entre la entonces primer ministra Theresa May y Angela Merkel. Menciono esto porque este modelo se ha discutido en Europa, pero no aquí en el Reino Unido. Los medios prácticamente no lo han cubierto. No he visto nada en la BBC. Algo en el  Financial Times. Pero el ciudadano de a pie no es lector del Financial Times. Estamos avanzando hacia un modelo que nadie conoce.

-– El modelo choca con lo que quiere la Unión Europea. Pero parecería que tampoco las élites, a las que este gobierno representa, quieren pagar el precio de este modelo que muy probablemente sería un Hard Brexit.

 -– El Partido Conservador está repleto de lobistas de los sectores financieros y multinacionales. La retórica será populista de derecha, pero la realidad es otra. La retórica es que hay que ser competitivos. Esa es la palabra clave que usan. Yo hablé con ministros, incluido el de finanzas, Sajid Javid, que dicen que quieren bajar el impuesto corporativo a un 15 y hasta un 10 %. El impuesto corporativo no es solo importante por las multinacionales. La mayoría de los multimillonarios tienen sus activos invertidos en las corporaciones. El impuesto a los ingresos no significa nada para ellos: el corporativo sí. Esto es parte de la estrategia del Singapur en el Támesis. Es la idea de atraer a los multimillonarios y élites para que vengan a Londres a disfrutar una tasa corporativa que puede ser reducida al 15, al 10%, que hasta podría ser abolida en el curso de esta década. Pero el precio será muy alto para el sector financiero y el industrial.

-- ¿Cómo afectaría este “Singapur en el Támesis” al mundo en desarrollo?

-– Va a ser desastroso no solo porque son los más afectados por el lavado de dinero, la evasión y elusión impositivas, sino porque están más expuestos a esta dinámica de la carrera a la baja para reducir impuestos a las corporaciones y desregular el mercado laboral como incentivos para atraer inversiones. Si se reducen mucho los impuestos corporativos acá, si incluso se eliminan, como algunos en el gabinete lo han discutido conmigo, la presión será muy fuerte sobre otros países del mundo desarrollado, pero aún más del mundo en desarrollo. 

Publicado enEconomía
Una grupo de personas sin trabajo, a las puertas de una feria de empleo en Río de Janeiro. Mario Tama

 La OIT enciende una "señal de alarma" sobre el presente y el futuro de "millones de jóvenes que no encuentran oportunidades". Uno de cada cinco busca trabajo y no lo encuentra

El estancamiento económico de América Latina hace mella en su mercado de trabajo y se ceba con el segmento más joven de la población. El desempleo entre los menores de 25 años —junto con la informalidad, el gran caballo de batalla de los países de la región en los últimos años—, se ha convertido en “un rasgo estructural de las economías”, según el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe publicado este martes por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Son varias las señales de alarma en este flanco: la tasa de desocupación juvenil creció en tres décimas en 2019, hasta el 19,8%, el triple que la de la media de la población adulta —en otras palabras: uno de cada cinco menores de 24 años que busca trabajo no lo encuentra— y el máximo desde el año 2000, cuando se empezaron a publicar datos agregados; y la mayoría de quienes sí están contratados sufren condiciones precarias: informalidad, salarios bajos en relación con el coste de la vida, escasa estabilidad en el empleo y sin apenas programas formativos por parte de su empleador.

 “Queda claro, a la luz de las estadísticas de este año, cuán difícil es ser joven en Latinoamérica y el Caribe”, señala el organismo dependiente de Naciones Unidas. En el año recién terminado, el aumento en la desocupación juvenil arrastró consigo la tasa general, mientras que en el colectivo de 25 años o más se mantuvo estable. “Esto debe ser una señal de alarma en la medida en que amenaza el presente y el futuro de millones de jóvenes que no encuentran oportunidades de empleo y cuyas aspiraciones de movilidad social se ven truncadas. (…) A la luz de la ola de protestas en diversas ciudades de la región, se requieren acciones inmediatas e inclusivas”, apremia la OIT. “La crisis de expectativas que se vislumbra en la región demanda acciones urgentes”. El empleo juvenil se contrajo en 11 países que representan casi el 90% de la fuerza de trabajo ocupada en la región —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay—.

Los grandes números ayudan a comprender la magnitud del problema: en la región viven 110 millones de personas de entre 15 y 24 años, una cifra que se ha triplicado desde la década de los cincuenta del siglo pasado. Y estos jóvenes, a pesar de haber recibido una mayor educación que las generaciones previas —en buena medida porque nacieron y crecieron en una época marcada por el crecimiento económico, mientras duró el auge de las materias primas—, enfrentan una inserción en el mercado laboral caracterizada por "una elevada precariedad". De los que trabajan, seis de cada diez lo hacen en la informalidad, y el 22% ni estudia ni tiene empleo (los llamados ni-nis), "una situación que es aún más crítica entre las mujeres".

Leve aumento de la desocupación general, que podría ser mayor

Con el crecimiento económico latinoamericano encadenando revisiones a la baja con el paso de los meses —a cierre de 2018 el FMI preveía el 1% para 2019 y todo apunta a que esta cifra acabará superando por muy poco la barrera del 0%—, la tasa de desocupación borró la mejora registrada en 2018 y pasó del 8% al 8,1%. Esa es, sin embargo, una estimación “conservadora” —apuntan los técnicos del organismo con sede en Ginebra— que podría aumentar “si se confirma el impacto de los movimientos de protesta que irrumpieron en la región en los últimos meses de 2019 y la creciente presión que genera una situación económica de incertidumbre”. A cierre del ejercicio, 26 millones de personas en la región buscaban empleo sin éxito.

Con todo, la paleta de colores con la que está pintado el cuadro laboral latinoamericano dista mucho de ser homogénea: el Caribe angloparlante logró una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la desocupación, los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) registraron también una caída mínima, Centroamérica sufrió un aumento del 0,2% en el desempleo y las naciones andinas (Colombia, Ecuador y Perú), del 0,5%.

2019 fue un año malo en lo laboral para el conjunto de la región, pero el futuro no apunta hacia un entorno mucho mejor. A la vista del “crecimiento lento” (1,4%) proyectado para la economía de América Latina y el Caribe por la media de los organismos internacionales, la OIT avisa de la alta probabilidad de que la demanda laboral se vea golpeada y presione al alza la tasa de desocupación hasta el entorno del 8,4%, tres décimas más que a cierre del año pasado. De cumplirse ese pronóstico —y sus técnicos no suelen pasarse de pesimistas—, 2020 terminaría con 27 millones de latinoamericanos buscando empleo.

Informalidad y salarios al alza

Aunque el estudio de la OIT no ofrece datos concretos de evolución de la informalidad, sus firmantes sí vinculan el menor crecimiento del empleo asalariado respecto al de por cuenta propia registrado el año pasado con “una tendencia al aumento” de los empleados que no tienen un contrato de trabajo ni las prestaciones de ley. Sí dan cuenta con certeza sobre el incremento del subempleo (personas que trabajan menos horas de las que desearían) en prácticamente todos los países del área, “resultados que redundan en la precarización relativa de los empleos creados en 2019”.

El contrapunto lo ponen el salario medio y el salario mínimo. El primero creció en 2018 —aún no hay datos para 2019—, aunque con divergencias entre los diferentes grupos de trabajadores: creció más en el sector público y en el caso de los empleados domésticos que en el de los asalariados del sector privado. Por sexos, las percepciones de las mujeres subieron más rápido que las de los hombres, reduciendo —aunque solo “de forma paulatina”— la brecha salarial. En cuanto al salario mínimo, las políticas de recuperación puestas en marcha en 14 de los 16 países analizados por el organismo —y, muy especialmente, en México, donde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una revaluación sin precedentes—, resultaron en un incremento total de cerca del 4% en el año recién concluido, el doble que en el lustro 2013-2018. Es la mejor noticia que deja un Panorama Laboral para América Latina y el Caribe acorde al estancamiento económico regional: crecer es condición sine qua non para crear empleo.

Por Ignacio Fariza

Madrid 28 ENE 2020 - 12:02 COT

Publicado enEconomía
Hielo en verano en aguas del ártico canadiense. / WWF

La aceleración en el deshielo del Ártico se relaciona con los mismos gases que producen el agujero de ozono

Uno de los gases de efecto invernadero más potentes debería estar a estas alturas cada vez menos presente en la atmósfera terrestre pero su concentración es la más alta desde que se vigila, han hallado los observatorios atmosféricos que hacen una labor detectivesca sobre estos productos contaminantes fabricados por los seres humanos. El responsable parece ser China. 

Se trata de uno de los hidrofluorocarbonos (HFCs) afectados por el Protocolo de Montreal sobre los gases que provocan el agujero de ozono. Es en concreto el HFC-23, del cual tanto India como China anunciaron en 2017 una reducción drástica de emisiones. La alarma ha cundido porque es 12.400 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2)y tarda más de 200 años en descomponerse.

Por otra parte, los gases que afectan al agujero de ozono (CFCs y HCFCs) parecen estar también detrás del deshielo acelerado del Ártico, que se ha estado calentando mucho más deprisa que el resto del planeta en los últimos 50 años sin que se conozca la razón. 

El HFC-23 es sobre todo un subproducto en la fabricación del HCFC-22, un refrigerante cuya producción se concentra en China e India y que está previsto que deje de fabricarse progresivamente. Dado que ambos países anunciaron medidas para reducir drásticamente las emisiones del subproducto incinerándolo, los autores del trabajo que se publica en Nature Communications estimaron que éstas tendrían que haber disminuido en un 87% entre 2014 y 2017 y su sorpresa ha sido que el total en la atmósfera nunca ha sido tan alto como en 2018, cuando se alcanzaron las 15.900 toneladas. 

Los científicos, de una red internacional, no han buscado culpables, pero sí señalan a China, porque es el mayor productor con mucho y si hubiera cumplido lo que prometió es poco realista atribuir a otros países las emisiones a esa escala. La Agencia de Investigación del Medio Ambiente (EIA, por sus siglas en inglés) no duda de que el origen esté sobre todo en China. "China, India y todos los demás países que producen HCFC-22 deben investigar y verificar inmediatamente sus emisiones de HFC-23", asegura Clare Perry, de EIA. 

La influencia de los HFC en el clima (a través del efecto invernadero que calienta el planeta) ha hecho que su regulación y progresiva disminución se incluyan en una enmienda del Protocolo de Montreal para evitar que su presencia en la atmósfera contrarreste los beneficios de la disminución progresiva de los productos que más influyen en el agujero de ozono. Las menores emisiones de estos gases sí se han hecho notar ya en la recuperación parcial de la capa de ozono, pero no se puede bajar la guardia, y por eso existe una red internacional de observatorios atmosféricos terrestres en lugares remotos donde no llega la contaminación. En ellos se detectan y miden estos gases, que apenas representan el 1% en la atmósfera pero que tienen grandes repercusiones. 

"Es labor de detectives", explica Stephen Montzka, uno de los científicos de la red, en la revista Nature. "Nuestro objetivo es ver si las cosas están cambiando como se espera". Lo curioso es que en principio su objetivo no era detectar emisiones y buscar su origen sino cuantificar cómo cambia la composición de la atmósfera. Pensaban ingenuamente, reconocen, que los países podrían y querrían cumplir lo que firmaban. 

Durante muchos años (el Protocolo de Montreal data de 1987 aunque está en continua actualización) las noticias fueron buenas, plasmando el mayor éxito de la historia en política medioambiental mundial. Sin embargo, a partir de 2013 se detectó un gran aumento de un CFC, que se atribuyó, varios años más tarde y con pruebas, a China en su mayor parte. El país ya ha tomado medidas, señala Tina Birmpili, que dirige la Oficina de Ozono de la ONU, y en 2018 se han notado sus efectos. Ahora llega esta gran alerta sobre el HFC-23, que Italia también emitió durante unos años en mucha mayor cantidad de lo que su inventario oficial aseguraba. 

En cuanto al Ártico, el misterio sobre la aceleración de su calentamiento desde 1955 a 2005, al doble del ritmo global, puede estar resuelto si se confirma la hipótesis de otros científicos, que creen que los gases que afectan al agujero de ozono sobre la Antártida también pueden ser los responsables de la mitad de esta subida de temperatura. Sus simulaciones indican que son los CFCs y los HCFCs directamente los que han causado este calentamiento excesivo, llamado amplificación ártica, pero hará falta más trabajo en modelos climáticos para confirmar y entender el proceso. Si se confirmara, la alarmante disminución del hielo ártico podría frenarse en el futuro, a medida que disminuye la concentración de estos gases, una nota optimista para una emergencia global.

28/01/2020 07:34

Por malen ruiz de elvira

Publicado enMedio Ambiente
Martes, 28 Enero 2020 06:36

Cambiar el sistema, sí, pero ¿cómo?

Cambiar el sistema, sí, pero ¿cómo?

Los gritos se están haciendo cada vez más fuertes y provienen de una inusual combinación de gente no particularmente dada a jugar el papel de Casandra1. Doctores, máximos representantes de la ONU, colegiales y 11.258 científicos de 153 países están coreando lo que todos deberíamos saber: a pesar de cuarenta años de cumbres mundiales del clima, las cosas siguen como siempre. Puntos de inflexión irreversibles, efectos cascada, deshielo, crecientes niveles de CO2, CH4 y N2O, acidificación de los océanos, aumento de temperaturas, incendios, extinción masiva de especies y mucho más, han llevado a enfatizar que la catástrofe no solo refiere al derretimiento de glaciares y temperaturas mortales, sino que se trata de un problema político y social. Piden un “cambio transformador, con justicia social y económica para todos”.

En junio, Philip Alston, relator especial de la ONU en pobreza extrema y derechos humanos, avisó que los impactos del calentamiento global amenazaban derechos como la vida, el agua, la comida y la vivienda para cientos de millones de personas, así como la democracia y el estado de derecho. El jefe de redacción de The Lancet, por su parte, apoyando a Extinction Rebellion, urgió a los profesionales sanitarios a participar en la protesta social no violenta, pues “la medicina trata de la protección y fortalecimiento de las especies humanas”. Alumnos de escuela, avanzando donde los adultos han fallado, entienden muy bien que la crisis no va solo de salvar osos polares. Ellos también están llamando a un cambio social.

La crisis climática ha mostrado que el capitalismo es incompatible con la salud del planeta y que es esencial apartarse del crecimiento del PIB. No obstante, en lugar de atender a las alarmas, los gobiernos están volviendo a la violencia contra las manifestaciones y, como el Príncipe de Salina en El Gatopardo, están optando por el gatopardismo («las cosas deberán cambiar si queremos que nada cambie»), prefiriendo proteger el statu quo antes que cambiar un sistema que destruye el planeta. Esta situación es un terreno fértil para grupos de extrema derecha que, explotando los miedos de la gente, están regresando a gobiernos de estilo fascista en los cuales los derechos humanos son cada vez más amenazados.

En una reciente entrevista, Srećko Horvat, del Movimiento Democracia en Europa 2025 (DiEM25), exhorta a la “cooperación internacional, pues aquellos contra los que luchamos trabajan transnacionalmente”. En su Green Strategy, Marc Brodine escribe: “Se necesita un movimiento masivo, de alcance mundial, para emprender batallas defensivas contra la degradación medioambiental y el desarrollo explotador”. Alexia Ocasio-Cortez y Bernie Sanders reconocen la necesidad de reformas revolucionarias. Pero un hecho esencial es que casi no existen en su discurso. La crisis climática es una crisis de derechos humanos y los más afectados son los ciudadanos de los países más pobres del mundo, quienes han hecho menos en contribuir a este desastre.

¿Dónde están los mecanismos para llevar a cabo esas reformas? Sí, necesitamos cooperación transnacional, pero la mitad de las personas del mundo no pueden participar porque se encuentran luchando literalmente por sobrevivir. ¿Cómo se puede abrir esta cooperación a todos? Los “derechos humanos” son una narrativa política universal, pero, en ausencia de derechos básicos, la gente no puede operar políticamente ya que no existe socialmente. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos ha estado muerta desde el primer día, en especial porque no vino con mecanismos para realizar esos derechos proclamados, ni siquiera los más básicos de ellos, los de la existencia material. El único instrumento que conocemos que podría garantizar de manera viable este derecho a escala global es una renta básica incondicional universal por encima del umbral de la pobreza (de cualquier lugar en que se introduzca). Y se trata de algo más que un instrumento. En sí mismo, es un derecho que puede ser rastreado hasta los principios de los bienes comunes. Si queremos un cambio en el sistema y sociedades más fuertes y sanas para combatir la crisis del cambio climático, entonces garantizar este derecho básico universal será seguramente un primer paso decente y radical.

Sin un foco en los pobres, los desposeídos de aquellos recursos naturales que han sido apresados por el norte global al que le importa un carajo el desenfreno destructivo de su “progreso”, no puede haber un cambio real del sistema. Los pobres en los países en desarrollo están pagando el precio de un 75-80% de los costes de la catástrofe climática. Tienden a vivir en áreas expuestas a desastres, en casas menos resistentes y suelen perder todo lo que poseen; tienen menos recursos para mitigar esos efectos; reciben menos apoyo de los sistemas sociales para recuperarse del impacto; tienen medios de vida precarios; y se encuentran vulnerables frente a la enfermedad, malas cosechas, aumento de precios de alimentos, muerte y discapacidad. Las respuestas a la catástrofe ligada al clima tienen a menudo la forma de intervención humanitaria cínica ex post. Por ejemplo, tras el ciclón Idai, el FMI acordó un préstamo de emergencia sin intereses de 118,2 millones de dólares para Mozambique –el sexto país más pobre del mundo, donde el habitante medio es responsable de 55 veces menos emisiones de carbono que el ciudadano medio estadounidense– pero descartó el alivio del pago de los préstamos preexistentes. Adivina quién se beneficia. El cambio sistémico requiere medidas ex ante y una renta básica sería esencial entre ellas, en cuanto distribución de recursos para potenciar cambios de la población en orden de aplicar el conocimiento local apropiado para combatir el cambio climático antes de los desastres. Esto permitiría, por ejemplo, a las mujeres agricultoras en países pobres tener mejores herramientas. Los científicos calculan que entonces podrían cultivar un 20-30% más de comida en la misma tierra y así evitar dos mil millones de toneladas de emisiones para 2050. Solo esto parecería ser un buen argumento para la renta básica.

Ahora bien, la renta básica significa bastante para no pocas personas. Un ingrediente interesante dentro de (pero en los márgenes de) la presente coyuntura de llamamientos al cambio de sistema es la candidatura de Andrew Yang para la presidencia de EE. UU., prometiendo una renta básica de 1.000$/mes para todo estadounidense mayor de dieciocho años. Sin embargo, su inversión para hacer frente al cambio climático es solo un cuarto de la que Bernie Sanders propone. El enfoque de Yang es más tecnocrático que preocupado por la pobreza. Favorece la energía nuclear y dudosas soluciones geo-ingenieriles como espejos espaciales, dispersión estratosférica de dióxido sulfúrico y plantar plancton en el océano. Yang es un claro ejemplo de las divisiones en el debate de la renta básica, donde algunos entusiastas son realmente de derechas. La renta básica a la que nos referimos nosotros es solo una medida en el dominio de la política económica. Para ser efectivo se necesita de fuertes políticas públicas en salud, vivienda, educación, transporte, etc. ¿Por qué diablos no incluye Bernie la renta básica en su campaña?

El cambio de sistema precisa de pensamiento sistémico, especialmente sobre decrecimiento, que no es ajeno a la redistribución. La renta básica representa obviamente una forma de redistribución, y en términos de Gini también, ya que puede financiarse con impuestos progresivos fácilmente. El pensamiento sistémico exige tomar en cuenta la salud de todo el sistema, tal y como ciertas culturas indígenas han sabido hacer desde hace mucho tiempo. La concienciación desde este punto de vista no solo fomentaría la reducción del consumo, sino que también incorporaría un elemento de respeto a los pueblos indígenas del mundo pendiente, quienes han sido vistos, desde la época del imperialismo, como un obstáculo a ser desplazado del camino de la explotación de los recursos.

Así que, ¿cómo podría una renta básica favorecer un cambio sistémico? Ya que los pobres deben ser el foco, daremos unos cuantos ejemplos de un detallado estudio nuestro de 2010 sobre los efectos hipotéticos de una renta básica en Timor Oriental. Encontramos que un ingreso básico parcialmente financiado por ingresos del petróleo y gas permitiría la distribución inmediata de una micro-renta (en oposición a micro-crédito), recibida cada mes sin interferencias externas. Una renta básica sobre la línea de la pobreza (allá entonces de 20$/mes por persona), para toda la población, significaría que una familia con seis personas a su cargo recibiría un ingreso mensual garantizado de 160$/mes. En una aldea de veinte familias similares la cantidad sería de 3.200$/mes o 38.400$/año.

Lo que esto podría representar en términos de soberanía alimentaria está ilustrado por un proyecto de cultivo de arroz con búfalos en el área devastada de Uatulari, con una población de unas 20.000 personas. Trabajando con una ONG timorense, el gobierno catalán financió el proyecto por valor de unos 142.680$ en los años 2000-2003 (47.560$ por año), o aproximadamente 2,38$/año por persona. La zona logró la autosuficiencia en cultivo de arroz antes de que el periodo acabara, y fue capaz de suministrar semillas para las zonas cercanas. Los búfalos fueron la “maquinaria” para preparar los campos de arroz abandonados (pisando el suelo para compactarlo antes de plantar las semillas) y también produjeron estiércol, leche, carne y pieles, al tiempo que reforzaban las relaciones sociales, ya que estos animales son tradicionalmente propiedad común. Sin embargo, con el cambio de gobierno en Cataluña, la financiación cesó y el proyecto nunca fue más allá de una exitosa fase piloto del proyecto. Una renta básica de 20$/mes por persona aportaría 4,8 millones de dólares garantizados a Uatulari cada año, unas cien veces lo que el gobierno catalán concedió. El impacto de una fuente estable de ingresos sería notable en términos de desarrollo local.

En términos de derechos humanos, una estrategia de desarrollo agrícola que consolide la producción local con el desarrollo generalizado de las redes comerciales resulta mucho más beneficiosa que una política de monocultivo orientada a las exportaciones, concentración de latifundios y desigualdad sistémica, por no mencionar los efectos medioambientales negativos. Los pequeños cultivos no solo contribuyen al mercado local, sino que también fortalecen la seguridad social y alimentaria y ofrecen una mayor difusión de los medios productivos, además de ser mejor para la gestión medioambiental. Asimismo, la migración masiva a la capital timorense, Dili, ha creado un problema permanente de desequilibrio demográfico, con grandes cifras de desempleo y descontento juvenil, con grandes capacidades destructivas. Evidentemente, no pueden ser reintegrados en comunidades rurales que no existen por la carencia de una base productiva. El incluirlos en un esquema de renta básica sería un gran avance en su reintegración como ciudadanos y en el establecimiento de una coexistencia pacífica.

De nuevo, las familias más pobres tienden a tener un mayor número de hijos. La tasa de fertilidad de 2019 fue de 5,5 nacimientos por mujer, una de las más altas del mundo. Independientemente de la ausencia de servicios de planificación familiar y educación sanitaria básica, el tener más hijos suele ser visto como una forma de reemplazar a los hermanos que mueren en la infancia, y como una especie de plan de seguro social para los padres. Que la salud de la madre se vea gravemente perjudicada por tantos embarazos es una consideración menor en circunstancias desesperadas. Una forma garantizada de cobertura social como la renta básica disminuiría la tasa de nacimientos a largo plazo, corregiría el sesgo contra los jóvenes, miembros dependientes de la sociedad, mejoraría la salud de las madres y los niños y llevaría más niños a las escuelas.

Una renta universal no solucionaría todos los problemas de Timor Oriental, pero supondría muchas más oportunidades en el terreno productivo, cohesión e inclusión social en comunidades locales reforzadas, mayor participación política y una gran reducción de la pobreza y de los problemas relacionados con ella. Las buenas noticias son que nuestro modelo de renta básica es exportable y con algunos ajustes puede ser aplicado en cualquier lugar del mundo. Y debería ser aplicado si realmente nos preocupan los derechos humanos y queremos un cambio sistémico, especialmente cuando se trata de combatir la crisis climática y sus efectos sobre los habitantes más pobres del planeta.

Nota:

1 En la mitología griega, Casandra fue una mujer a la que Apolo otorgó el poder de adivinar el futuro a cambio de sexo. Al no cumplir ésta el pacto, Apolo la condenó con la incredulidad de los mortales. [N. del T.]

Por Julie Wark / Daniel Raventós

26/01/2020

Julie Wark

es autora del “Manifiesto de derechos humanos” (Barataria, 2011) y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso. En enero de 2018 se publicó su último libro, “Against Charity” (Counterpunch, 2018), en colaboración con Daniel Raventós, recientemente editado en castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).

Daniel Raventós

es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, "Against Charity" (Counterpunch, 2018) recientemente editado en castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).

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Caetano Veloso, en 2012. Getty Images

Bolsonaro logra revertir su caída de popularidad gracias a la mejora de la economía y el descenso de los asesinatos pese a los indicios de deterioro democrático

El músico Caetano Veloso ha alzado su voz este fin de semana para alertar de que “el fascismo está mostrando sus garras” en Brasil. 51 años después de ser encarcelado por la dictadura militar, el cantante explica en un vídeo en inglés difundido en redes sociales este fin de semana que “el Gobierno brasileño no solo ha emprendido una guerra contra las artes y los creadores, sino contra la Amazonia y los derechos humanos en general”. Los artistas, los indígenas, otras minorías y la prensa se han convertido en el último año en blanco de la furia y el desprecio del presidente Bolsonaro y sus seguidores. Los representantes de 45 grupos indígenas reunidos en una reciente cumbre lo acusaron de haber “puesto en marcha un proyecto político de genocidio, etnocidio y ecocidio”. Sin embargo, la economía mejora, los asesinatos caen y la popularidad de Bolsonaro ha empezado a subir en un cambio de tendencia.

La democracia brasileña, cuya erosión comenzó en el proceso de impeachment a la expresidenta de izquierdas, Dilma Rouseff, en 2016, se deteriora más rápido desde que Bolsonaro, de extrema derecha, ganó las elecciones. Cualquier crítica es considerada casi una traición. Y los indicios alarmantes se suceden. Pero esto no impide que, a lomos de la mejora de la economía y el descenso de los asesinatos, la popularidad del presidente haya dejado de empeorar.

El porcentaje de brasileños que considera que el Gobierno lo está haciendo bien o muy bien ha aumentado cinco puntos, hasta el 34%, desde agosto. Los que lo califican de malo o muy malo han caído ocho puntos, según una encuesta difundida la semana pasada antes de que se conociera que durante el primer año de Bolsonaro en la presidencia se han creado 644.000 empleos formales, la mayor cifra desde 2013, en vísperas de la recesión.

La denuncia de la Fiscalía contra el periodista Glenn Greenwald, contra el criterio de la policía, por supuesta implicación en el pirateo de teléfonos de autoridades que sirvieron de base a las revelaciones sobre el entonces juez Sergio Moro han sido duramente criticadas por diversas asociaciones defensoras de la libertad de prensa y otras libertades de Brasil y el extranjero. El aluvión de críticas a las autoridades judiciales brasileñas ha sido tal que este lunes la Fiscalía General del Estadosse ha desvinculado de la decisión, que el fiscal del caso tomó en ejercicio de su autonomía, según explica la oficina del fiscal general una nota. La ciudad de São Paulo celebra hasta fin de mes un festival que reúne casi medio centenar de obras artísticas censuradas en el año que Bolsonaro lleva en el poder.

Ese es el ambiente sobre el que alerta el músico, que en el corto vídeo confiesa: “Nunca creí que vería semejante retroceso mientras estuviera vivo”. En su mensaje también menciona su lucha contra la dictadura y la censura. Veloso y Gilberto Gil, entonces representantes el movimiento musical Tropicalia, fueron encarcelados durante un mes en 1968 acusados de ofender a la bandera y el himno nacional. Ambos tuvieron que exiliarse al ser excarcelados.

El músico usa el escaso minuto de su declaración para recomendar el documental La democracia en peligro, de su compatriota Petra Costa, nominada a los Oscars. La cinta es una retrospectiva desde la mirada personal de su directora sobre los vertiginosos últimos años, desde el proceso que llevó a la destitución de Rousseff hasta la elección de Bolsonaro.

Por Naiara Galarraga Gortázar

São Paulo 27 ENE 2020 - 13:20 COT

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Diab ingresa al palacio presidencia de Baabda, al este de Beirut.  Imagen: AFP

En medio de una crisis económica y de representatividad

El nuevo primer ministro dijo que "se esforzará por hacer todo lo necesario para cumplir con todas las demandas de los manifestantes". 

 

Líbano ha formado un nuevo gobierno luego de meses de punto muerto provocado por protestas masivas contra la élite gobernante del país y su peor crisis económica en décadas. Hassan Diab, el primer ministro, dijo que su nuevo gabinete "se esforzará por hacer todo lo necesario para cumplir con todas las demandas de los manifestantes" al anunciar su alineación el martes por la noche.

Diab, un ex profesor de ingeniería eléctrica de 61 años, describió a su gobierno como un "equipo de rescate" formado por expertos que ayudarían al país a superar sus dificultades actuales. El nuevo gobierno fue reunido por el grupo libanés Hezbolá y sus aliados, que constituyen el bloque más grande en el parlamento, casi tres meses después de que el ex primer ministro Saad Hariri renunciara ante las protestas nacionales.

Pero solo unas horas después de que se anunció el nuevo gobierno esta semana, los manifestantes estaban de vuelta en las calles fuera del parlamento en la capital Beirut. “Se están burlando de nosotros. Este nuevo gobierno está hecho de un color. Nada ha cambiado y nada cambiará ", dijo Nour, una maestra de Beirut que solo dio su nombre de pila, en una manifestación contra el nuevo gabinete el martes por la noche. “Solo quieren que estemos desesperados y que nos conformemos con este nuevo gobierno, pero no está bien. Estamos pidiendo un nuevo país”, agregó.

Cientos se reunieron para la protesta tras el anuncio de Diab. En la madrugada del miércoles estallaron pequeños enfrentamientos entre manifestantes y policías, que dispararon gases lacrimógenos y granadas de sonido para dispersar a la multitud. Se produjo después de grandes protestas durante el fin de semana que vieron a más de 500 personas heridas en ambos lados. Las protestas a nivel nacional estallaron hace tres meses en respuesta a un nuevo impuesto sobre el servicio de mensajería WhatsApp, una medida destinada a aliviar los problemas financieros del Líbano.

Las protestas se convirtieron en un movimiento más amplio que tenía como objetivo derrocar todo el sistema político del país y los partidos que han mantenido el poder desde el final de la guerra civil de 1975-1990. Una de las demandas clave de los manifestantes fue la formación de un gobierno tecnocrático y no político que pudiera ver al Líbano a través de su crisis actual. Diab afirmó que "cada ministro en este gobierno es un tecnócrata y funciona alejado de los partidos políticos".

Pero los observadores han notado que muchos de los expertos supuestamente independientes tienen vínculos con los partidos políticos, y el hecho de que todos fueron elegidos por un bloque político ha llevado a acusaciones de que es "un gobierno de un solo color". La composición del gabinete fue decidida por el Movimiento Patriótico Cristiano Libre (FPM), liderado por el actual presidente, Michel Aoun, y sus aliados parlamentarios, de los cuales el Hezbolá respaldado por Irán es uno.

El partido del ex primer ministro sunita, Hariri, junto con sus aliados, el Partido Socialista Progresista y las Fuerzas Libanesas, no formará parte del gobierno, una rareza en el Líbano, donde los gobiernos generalmente se forman por consenso entre los diferentes sectas del país.

"Desde que Diab fue nominado como primer ministro, la escritura estaba en la pared", dijo Sami Atallah, director ejecutivo del Centro Libanés de Estudios de Política en Beirut. “El proceso de selección de los candidatos, la forma en que se tomaban las decisiones, indicaron que volvimos a las mismas reglas de compromiso donde los escaños se dividían entre los partidos políticos. La esencia del juego no cambió. Es vino viejo en una botella nueva”.

Atallah agregó que "nada estaba cambiando fundamentalmente" en la forma en que Líbano ha sido gobernado durante décadas. El gabinete de 20 miembros de Diab está compuesto por expertos en su campo. Incluye un récord de seis mujeres, que ocupan los ministerios clave de defensa, justicia y trabajo.

En la primera reunión del gabinete ayer, el presidente de Líbano, Aoun, dijo a los ministros que tenían una misión "delicada" por delante. "Es necesario trabajar para abordar la situación económica, restaurar la confianza de la comunidad internacional en las instituciones libanesas y tranquilizar a los libaneses sobre su futuro", dijo el presidente.

El apoyo financiero de la comunidad internacional se considera crucial para ayudar al país a salir de su crisis económica. El Líbano es uno de los países más endeudados del mundo, con una relación deuda / PIB del 152 por ciento. En el presupuesto de 2016, los pagos de intereses representaron casi la mitad de todo el gasto público.

La crisis económica se profundizó en las últimas semanas a medida que los bancos impusieron controles informales de capital, que a su vez, han impuesto restricciones sobre cuánto dinero pueden retirar los clientes. A medida que el valor de la libra libanesa continúa bajando, muchas personas ven desaparecer sus ahorros. Pero muchos países que tradicionalmente brindaron ayuda financiera al Líbano, especialmente en el Golfo, están cada vez más preocupados por la creciente influencia de Hezbolá en el país.

Diab dijo el martes que su primer viaje al extranjero sería a la región del Golfo. Con un "gobierno de un solo color" que está fuertemente influenciado por el grupo militante chiíta, Líbano puede tener dificultades para asegurar el apoyo allí, y más lejos en Washington, donde la administración de Donald Trump adoptó un enfoque mucho más duro para Hezbolá.

Sin embargo, de manera más inmediata, es poco probable que el nuevo gobierno reprima las protestas que se apoderaron del país durante los últimos tres meses. “Ya vimos la reacción en la calle. Creo que podría ser aún más fuerte ", dijo Atallah. “Se remonta al mismo problema. El problema es mucho más estructural. Es por eso que las protestas ocurrieron en primer lugar: protestan contra todo el sistema de gobierno”.

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

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Fernando Mayorga. Sociólogo y doctor en ciencias políticas. Catedrático en la Carrera de Sociología y Director general del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Con el politólogo boliviano Fernando Mayorga.

Sociólogo y doctor en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Mayorga dialogó con Brecha sobre la situación boliviana y el escenario político de cara al próximo 3 de mayo, día de las elecciones presidenciales.

—¿Corre riesgo el Estado plurinacional, que acaba de cumplir 14 años?

—Para modificar el Estado plurinacional como entidad constitucional sería necesaria una asamblea constituyente y eso no parece posible hoy. Si bien es cierto que Carlos Mesa prefiere volver a la República y Fernando Camacho se inclina por hablar de un nuevo federalismo, las nuevas autoridades deberán seguir con el Estado plurinacional. Pero si bien no podrán modificar esa denominación, es cierto que hoy el país se encuentra en un retroceso en sus políticas públicas y que ha vuelto a estar en manos de una oligarquía histórica.

—¿Cuál es la situación del Mas para las próximas elecciones? ¿Hay críticas en Bolivia a la fórmula integrada por Luis Arce y David Choquehuanca?

—El Mas, pese a todas las críticas recibidas desde la oposición –que hoy es gobierno a partir del golpe de Estado– sobre la dictadura que habría impuesto Evo Morales, es la fuerza política más democrática del país. La candidatura del binomio Luis Arce-David Choquehuanca es cuestionada aquí por algunas fuerzas y organizaciones sociales del Pacto de Unidad [la alianza de las principales organizaciones sociales que apoyan al Mas],y eso hay que leerlo en dos claves complementarias. Por un lado, porque es parte de la lógica asambleísta y comunal de los bolivianos, y es también parte de los mecanismos históricos del sindicalismo boliviano. Y por otro lado, porque demuestra la expresión democrática en el interior del Mas.

—¿Cómo podría describirse al gobierno actual de Bolivia?

—En este momento el gobierno de Bolivia está en manos de lo que fuera la oposición al Mas, que está fragmentada. La propia presidenta Jeanine Áñez es parte del movimiento Bolivia Dice No, surgido para oponerse a la candidatura de Morales en la elección de octubre. Se trata de un partido que no alcanzó el 5 por ciento de los votos. Quienes hoy gobiernan fueron parte de una oposición que desde el triunfo del Mas en las presidenciales de 2005 no logró articular una fuerza que pudiera enfrentarlo. El único candidato que mantiene su partido y está listo para presentarse legalmente es Carlos Mesa, con Comunidad Ciudadana. Por eso se da la curiosa paradoja de que el liberal Jorge “Tuto” Quiroga será el candidato presidencial del Movimiento Nacionalista Revolucionario, cuando en 2014 fue candidato del Partido Demócrata Cristiano y viene originalmente del partido liderado por el general Hugo Banzer, Acción Democrática Nacionalista, un partido de derechas. Otro que espera presentarse, pero aún no está claro con qué sello lo hará, es el empresario Samuel Doria Medina, derrotado en las elecciones de 2005 y 2009.

—¿Hay garantías para la presentación electoral del Mas en los comicios?

—Hubo un pedido de proscripción que fue desechado por el Tribunal Supremo Electoral. La personería jurídica del Mas está intacta para presentar candidatos en todos los cargos, en todo el país. Es pronto para elaborar hipótesis sobre el curso que puedan tomar los hechos electorales. Todo está en permanente movimiento y cambio. Hay que esperar que las cosas decanten con el correr de los días y ver qué ocurre con las candidaturas. Pero a fines de diciembre, cuando las encuestadoras preguntaban la intención de voto de Andrónico Rodríguez a la cabeza del Mas, su candidatura alcanzaba el 40 por ciento. Luego cuando ya Evo Morales se estableció en Buenos Aires y los debates por los candidatos fueron mayores, algunas encuestadoras preguntaban por el voto al Mas independientemente de cuál fuera el candidato y la intención de voto se mantuvo en ese 40 por ciento.

—Las acusaciones de corrupción parecen ser un elemento común de las nuevas derechas de la región. ¿Qué pasa hoy en Bolivia con la acusación en este sentido contra Luis Arce?

—No sólo Arce es acusado de corrupción, también lo es Carlos Romero, exministro de Gobierno. Andrónico Rodríguez es acusado de “sedición y terrorismo”. Estas dos palabras son las más usadas para acusar a dirigentes sociales, dirigentes del Mas o exfuncionarios del gobierno depuesto. Tanto jueces como fiscales aceptan esas acusaciones para perseguirlos y minar la unidad del Mas o de algunas agrupaciones sociales con miras a las elecciones del 3 de mayo. Habrá que esperar que efecto surten. Por lo pronto el Mas denunció que detrás de algunas de esas acusaciones está la mano de la Usaid, una agencia de Estados Unidos que fue invitada por la presidenta Áñez a supervisar las elecciones del 3 de mayo.

 

Por Fabián Kovacic 

24 enero, 2020

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Jueves, 23 Enero 2020 07:50

China y el destino del mundo

China y el destino del mundo

De creer lo que se escribe a derecha e izquierda sobre China, ¡no habría nada más que hablar! Se dice que el país ha capitulado y se ha vuelto capitalista, al margen de lo que pueda pretender el propio régimen chino. Es precisamente contra esta opinión casi unánime contra lo que luchan enérgicamente los economistas Rémy Herrera y Zhiming Long en su libro La Chine est-elle capitaliste?* [¿Es capitalista China?].

 

Intereses

Es una cuestión fundamental para la izquierda. En primer lugar porque se trata de casi una cuarta parte de la población mundial y de uno de los raros y últimos países surgidos de una revolución socialista, de modo que la dirección que adopte China será determinante para el futuro del planeta.

Más aún, es un reto importante para la batalla de las ideas en nuestros países. El desarrollo económico de China es un éxito impresionante. En el momento en el que el capitalismo ofrece signos evidentes de declive hay un interés extraordinario en reivindicar como "capitalista" el éxito de China. De este modo sigue siendo posible atribuirse cierto crédito ideológico e incluso desanimar un poco a las fuerzas adversas. Por medio del pensamiento único neoliberal se hace lo imposible para convencer a la gente de que el socialismo no tienen futuro. Una China socialista rompería los esquemas.

Todo es cuestión de punto de vista

Por supuesto, hay una serie de fenómenos evidentes que abogan a favor de reconocer a China como un ejemplo de capitalismo: la cantidad cada vez más importante de personas multimillonarias, el consumismo de amplios sectores de la población, la introducción de muchos mecanismos de mercado después de 1978, la implantación de casi todas las grandes empresas occidentales que por medio de salarios muy bajos tratan de convertir al país en una gran plataforma capitalista, la presencia de los mayores bancos capitalistas en suelo chino y la omnipresencia de empresas privadas en los mercados internacionales.

Pero, según argumentan Herrera y Long, si Francia o cualquier otro país occidental colectivizara toda la propiedad de la tierra y del subsuelo, nacionalizara las infraestructuras del país, pusiera en manos del gobierno la responsabilidad de las industrias clave, estableciera una rigurosa planificación central; si el gobierno ejerciera un control estricto sobre la moneda, sobre todos los grandes bancos e instituciones financieras; si el gobierno vigilara de cerca el comportamiento de todas las empresas nacionales e internacionales; y, por si aún no fuera suficiente, si en la cima de la pirámide política estuviera un partido comunista que supervisara el conjunto... ¿se podría entonces seguir hablando de un país "capitalista" sin caer en el ridículo? A todas luces, no. Evidentemente lo calificaríamos de socialista e incluso de comunista. Sin embargo, curiosamente hay una obstinada reticencia a calificar así al sistema político-económico vigente en China.

En opinión de los autores, para entender bien el sistema chino y no enredarse en observaciones superficiales hay que tener en cuenta varios factores excepcionales que caracterizan al país, empezando por la cantidad enorme de personas que compone su población así como la extensión y diversidad de su territorio.

También es indispensable mantener en perspectiva los diferentes periodos, cada uno de ellos de siglos de duración, a lo largo de los cuales fueron tomando forma la nación y la cultura.

Así, durante dos mil años el Estado se apropió de la plusvalía de las personas campesinas y también reprimió duramente toda iniciativa privada y transformó las grandes unidades de producción en monopolios del Estado. A lo largo de esos siglos nunca se habló de capitalismo.

Finalmente conviene tener en cuenta la humillaciones coloniales de la segunda parte del siglo XIX y de una primera mitad del siglo XX particularmente convulsa, con tres revoluciones y otras tantas guerras civiles. Así, durante una guerra civil que duró treinta años el Partido Comunista llevó a cabo en los "territorios liberados" muchas experiencias en las que el sector privado se dejó en gran medida intacto con el fin de que compitiera con las nuevas formas de producción colectiva.

Más allá de los clichés

Antes de analizar las especificidades del sistema Herrera y Long saldan cuentas con dos clichés arraigados sobre el éxito de China. El primero, muy extendido, mantiene que el crecimiento económico rápido llega después de las reformas de Deng Xiaoping de 1978 y gracias a ellas, lo cual es totalmente falso. En los diez años anteriores a este periodo la economía ya había conocido un crecimiento del 6,8 %, es decir, el doble del que tuvo Estados Unidos en el mismo periodo. Teniendo en cuenta las inversiones en medios de producción (capital fijo) y en conocimientos y experiencia (recursos educativos), se aprecia un crecimiento casi equivalente para los mismos periodos e incluso un crecimiento más importante investigación y desarrollo en el caso del primer periodo.

La política agrícola es un elemento esencial para explicar el éxito de China, que es uno de los pocos países del mundo que garantizó a sus poblaciones campesinas un acceso a las tierras agrícolas. Después de la revolución la gestión de las tierras agrícolas dependía del gobierno, que asignaba a cada campesino una porción de tierras agrícolas. Esta regla continúa vigente hoy en día. La cuestión agrícola es fundamental en una China que debe alimentar a casi el 20 % de la población mundial con solo un 7 % de tierras agrícolas fértiles. Hay que tener en cuenta que en China se habla de un cuarto de hectárea de tierra agrícola por habitante, en India del doble y en Estados Unidos de cien veces más.

A pesar de los errores del Gran Salto Adelante China iba a lograr alimentar a su población bastante rápidamente, tanto más cuanto que las plusvalías generadas por la agricultura se invirtieron en la industria, con lo que se establecieron las condiciones de un desarrollo industrial rápido. El crecimiento espectacular del 9,9 % en el periodo que siguió a las reformas solo fue posible gracias a los esfuerzos y a los logros de los treinta primeros años posteriores a la revolución. Bien mirado, bajo Mao el país ya había conocido un crecimiento impresionante. Bajo su dirección se triplicaron los ingreso por habitante mientras que la población se duplicaba. Y los autores destacan también que en su fase inicial la economía china ni era una "autarquía" ni tenía voluntad de replegarse sobre sí misma sino que el país sufría un embargo de Occidente.

Según un segundo cliché muy extendido este crecimiento espectacular es el resultado natural y lógico de la apertura de la economía y de la integración en el mercado mundial capitalista y, más particularmente, de la entrada en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001. Pero esto tampoco se sostiene. Mucho antes de dicha entrada China conocía ya un fuerte crecimiento económico: entre 1961 y 2001 se habla de un crecimiento anual del 8 %. Es indudable que esta apertura fue un éxito, pero el aumento del crecimiento no fue en absoluto espectacular. En los cinco primeros años después de la entrada [en la OMC] el crecimiento económico apenas aumentó poco más del 2 %.

La apertura económica a países extranjeros (comercio, inversiones y flujo de capitales financieros) tuvo unas consecuencias desastrosas para muchos países del tercer mundo. En China esta apertura fue un éxito porque se sometió a las necesidades y objetivos del país, y porque estaba totalmente integrada en una sólida estrategia de desarrollo. Según Herrera y Long, la coherencia de la estrategia de desarrollo en China no tiene equivalentes entre los países del Sur.

Ni comunismo ni capitalismo

Por consiguiente, ¿qué se oculta detrás del "socialismo con características chinas"? Para los autores, sin lugar a dudas no se trata de comunismo en el sentido clásico del término. Marx y Engels entendía por comunismo la abolición del trabajo asalariado, la desaparición del Estado y la autogestión de la producción. No es el caso de la China actual, como tampoco fue nunca el caso en los países del "socialismo real". En China no fue tanto la consecuencia de una opción ideológica como de las extremadamente difíciles circunstancias en las que nació y se tuvo que realizar la revolución. En 1949, tras una guerra civil interminable, se instala un Estado que se denomina "comunista" y que a medida que avanzaba se fue distanciando del modelo soviético.

Después de la apertura y las reformas bajo Deng Xiaoping "el socialismo retrocedió enormemente en China. Hoy estamos lejos del ideal igualitario comunista". Los autores señalan en este sentido una serie de parámetros como el individualismo, el consumismo, el afán por los negocios lucrativos, el arribismo, el gusto por el lujo y la apariencia, la corrupción, etc. Es indudable que estos aspectos son preocupantes, aunque el gobierno chino hace todo para restablecer la "moral socialista".

Aunque es indudable que no es comunismo, tampoco es capitalismo. Para Marx el capitalismo supone "una separación muy fuerte entre el trabajo y la propiedad de los principales medios de producción". Los propietarios del capital tienen tendencia a formar colectivos (accionistas) que ya no gestionan directamente el proceso de producción sino que lo dejan en manos de los gestores. A menudo el beneficio adopta la forma de dividendos sobre las acciones.

La mayor parte de las muchas empresas (en general pequeñas empresas familiares artesanales) no responde a este criterio, ni tampoco las muchas empresas "colectivas" en las que las personas obreras son propietarias del aparato de producción y tienen derecho a voto en el nivel directivo, y menos aún en el caso de las cooperativas.

Ni siquiera en las empresas estatales está tan clara la separación entre trabajo y propiedad porque incluso ahí existe una forma de cogestión por parte de las personas obreras y empleadas, aunque sea limitada. En resumen, a menudo es muy relativa la separación entre trabajo y propiedad.

Otro criterio para definir el capitalismo es "la maximización del beneficio individual". Esto no es en absoluto relevante en las grandes empresas estatales donde se concentran los medios de producción más importantes.

Por consiguiente, no se trata de capitalismo pero, entonces, ¿quizá es "capitalismo de Estado" (1)?. Según los autores del libro, el término se acerca más aunque sigue siendo demasiado difuso, demasiado vago al tiempo que encierra demasiados sobreentendidos.

Entonces, ¿de qué se trata?

Los principales dirigentes chinos no niegan la presencia de elementos capitalistas en su economía, pero los consideran uno de los componentes de su sistema híbrido cuyos sectores claves están en manos del gobierno. Para ellos China navega todavía por "la primera fase del socialismo, esto es, una etapa que se considera imprescindible para desarrollar las fuerzas productivas". El objetivo histórico es y sigue siendo un socialismo avanzado. Como Marx y Lenin, se niegan a considerar el comunismo "un reparto de la miseria" y, por consiguiente, afirman "su voluntad de proseguir una transición socialista durante la cual una muy amplia mayoría de la población podrá acceder a la prosperidad. ¿No se demostraría a la vez que el socialismo puede y debe superar al capitalismo?", se preguntan los autores.

Describen el sistema político-económico de China como "socialismo de mercado o con mercado". Dicho sistema se basa en diez pilares, muy ajenos al capitalismo:

 

- La perennidad de una planificación fuerte y modernizada, que ya no es el sistema rígido y extremadamente centralizado de los primeros tiempos.

- Una forma de democracia política, claramente perfeccionable, pero que hace posible las opciones colectivas que están en la base de dicha planificación.

- La existencia de unos servicios públicos muy amplios que en su mayor parte siguen estando al margen del mercado.

- Una propiedad de la tierra y de los recursos naturales que siguen siendo de dominio público.

- Unas formas diversificadas de propiedad, adecuadas a la socialización de las fuerzas productivas: empresas públicas, pequeña propiedad privada individual o propiedad socializada. Durante una larga transición socialista se mantiene, incluso se fomenta, la propiedad capitalista a fin de dinamizar el conjunto de la actividad económica y de incitar a las demás formas de propiedades a ser eficaces.

- Una política general que consiste en aumentar relativamente más rápidamente las remuneraciones del trabajo respecto a otras fuentes de ingresos.

- La voluntad declarada de justicia social promovida por los poderes públicos, según una perspectiva igualitaria frente a una tendencia de varias décadas al empeoramiento de las desigualdades sociales.

- Se da prioridad a preservar el medioambiente.

- Una concepción de las relaciones económicas entre los Estados basadas en el principio de que todos ganan.

- Unas relaciones políticas entre Estados basadas en la búsqueda sistemática de la paz y de unas relaciones más equilibradas entre los pueblos.

 

Algunos de estos pilares se abordan con más detalle. Aquí distinguiremos dos de ellos: el papel clave de las empresas estatales y de la planificación modernizada. El libro también trata un asunto importante: la relación entre el poder político y el económico.

Las empresas estatales desempeñan un papel estratégico en el conjunto de la economía. Operan de un modo que no va en detrimento de las muchas pequeñas empresas privadas ni del tejido industrial nacional. Sus objetivos se orientan a las inversiones productivas y pueden proporcionar fácilmente servicios baratos tanto a otras empresas como a proyectos colectivos. Dentro de estas empresas el propio Estado puede determinar qué gestión sería la más adecuada. En todo caso, el papel que desempeñan las empresas estatales es una de las explicaciones esenciales de los buenos resultados de la economía china. Y también desempeñan su papel en ámbito social. Las empresas estatales pueden remunerar mejor a sus empleados y ofrecerles una cobertura de seguridad social mejor. En este sector es más posible salvar la brecha entre ricos y pobres.

El proyecto de una economía es "el verdadero espacio donde una nación elige un destino común y el medio para que un pueblo soberano se convierta en su dueño". Según Herrera y Long, en el caso de China se trata de una "planificación" fuerte cuyas técnicas se han suavizado, modernizado y adaptado a las exigencias del presente. En la antigua "planificación excesivamente centralizada" una empresa debía aceptar los productos a pesar del coste real al que se habían fabricado.

Este mecanismo limitaba enormemente las posibilidades de iniciativa de las empresas así como la propia eficacia del sector productivo en su conjunto. La calidad y el costo se consideraban problemas "administrativos" o "tecnocráticos" y perdían su posibilidad de estimular la economía. Los imperativos y limitaciones de la producción se manifestaron en una recurrencia de las crisis de disponibilidad de los recursos materiales.

Por consiguiente, desde finales de la década de 1990 interviene una planificación más flexible, monetarizada y descentralizada. Esta nueva planificación seguía estando bajo la dirección de una autoridad central macroeconómica. Se dio a las empresas más autonomía para gestionar las divisas y comprar mercancías. Esta flexibilización llenó varias lagunas de la antigua planificación y llevó a un desarrollo económico más intensivo (2) y respetuoso con el medio ambiente.

¿Para una transición al socialismo es necesario que coincidan perfectamente los poderes económico y político? Los autores creen que no. En cambio, es necesario que quienes poseen el poder económico (los capitalistas) estén bajo la tutela estrecha del poder político. A este respecto los autores remiten a una discusión que tuvo lugar en 1958 entre Mao Zedong y el gobierno soviético de entonces. Según Mao Zedong, la revolución china podía seguir caminando sin problemas aunque China todavía contara con capitalistas. Su argumento era que la clase capitalista ya no controlaba al Estado sino que este control lo ejercía entonces el Partido Comunista (3). Según los autores, actualmente la alta proporción de propiedad pública en los sectores estratégicos limita eficazmente las ambiciones de los propietarios del capital nacional privado. Además, el Partido Comunista sigue estando en posición de impedir que la burguesía se vuelva a convertir en una clase dominante.

El futuro

Permanece en suspense la opinión de los autores respecto la posible trayectoria de China. Sigue siendo posible una progresión en la dirección del socialismo, aunque no se pueda excluir una restauración del capitalismo. La lucha de clases será quien determine la cuestión. En la China actual los equilibrios de clase son complejos. Por una parte está el Partido Comunista que se apoya sobre todo en las clases medias y en los empresarios privados, dos grupos a los que en las últimas décadas les ha interesado fomentar una economía con un alto crecimiento. Por otra parte están las masas obreras y campesinas "que siguen creyendo en la posibilidad de constituirse como sujetos de su historia y que siguen proyectando sus esperanzas en un futuro socialista".

Ahora la cuestión es saber si el partido logrará perpetuar sus éxitos sin desequilibrar la relación de fuerzas a beneficio de las personas trabajadoras y campesinas. Si el partido toma el camino del capitalismo corre peligro de trastornar este frágil equilibrio. Eso podría provocar grandes confrontaciones políticas e incluso provocar a una pérdida de control de las oposiciones sobre las que reposa el sistema, lo que supondría un fracaso en lo que concierne a las estrategias de desarrollo a largo plazo.

El desenlace es incierto, pero para los autores se pueden observar muchos aspectos que marcan claramente la diferencia con el capitalismo.

Más allá de esto, también están los objetivos a largo plazo del socialismo y hay potencial para reactivar el proyecto.

Otro factor de incertidumbre que es determinante para el futuro es el capitalismo de los monopolios financieros sostenidos por la hegemonía de Estados Unidos, que cada vez busca más la confrontación con China a pesar del denso tejido económico que existe entre ambos países. Herrera y Long advierten de que en Occidente debemos ser conscientes de que el capitalismo mundial está en un callejón sin salida y "que la agonía de este sistema solo aportará a los pueblos del mundo devastaciones sociales en el Norte y guerras militares contra el Sur".

Hay que añadir que sólo podemos esperar que la lógica capitalista se pueda mantener bajo control en China. De lo contrario, nos encontraríamos en una situación comparable a la que caracterizó la víspera de la Primera Guerra Mundial, cuando los bloques imperialistas emprendieron un pulso a fin de ampliar su zona de influencia o mantenerla.

Los autores no esbozan una historia triunfante. El "socialismo con características chinas" no constituye en modo alguno un "ideal logrado del proyecto comunista. Sus desequilibrios son demasiado patentes". En este sentido señalan que China sigue siendo un país en vías de desarrollo y que precisamente por ello "este proceso será largo, difícil, lleno de contradicciones y de riesgos", lo que no debería sorprendernos porque "¿acaso el capitalismo no necesitó siglos para imponerse?". Los muchos desequilibrios y contradicciones deberían frenar a las personas simpatizantes o al menos impedirles caer en la tentación de exportar demasiado rápido la receta china.

Algunas notas al margen…

Aunque Herrera y Long son profesores universitarios saben cómo exponer sus argumentos de forma ligera, legible y convincente. El libro contiene información sólida, con cifras y muchos gráficos útiles. En el anexo se incluye una cronología muy interesante que traza la historia de China desde el comienzo de la humanidad. Un punto débil del libro es que no todos los argumentos son tan exhaustivos, además de ser demasiado conciso para ello.

El punto de vista elegido es económico, lo que tiene la ventaja de ser más materialista que "fluctuante" y la desventaja de subestimar a veces el papel de la lucha ideológica. Herrera y Long señalan algunos aspectos negativos en este sentido, pero subestiman el hecho de que toda la sociedad está literalmente impregnada de la propaganda capitalista, incluso dentro del propio Partido Comunista. En este sentido son esclarecedores los acontecimientos de Tiananmen ya que, en efecto, faltó muy poco para que China tomara el mismo camino que la Unión Soviética. Si se quiere mantener el rumbo en dirección del socialismo será crucial frenar la ideología capitalista.

En su argumentación sobre si el sistema es capitalista o no se centran en la cuestión de las relaciones de propiedad, lo cual es correcto, pero sólo en parte porque las relaciones de propiedad no dicen todo respecto al control que ejerce el gobierno sobre la economía. Al dar o no acceso a los contratos de adjudicación, a los beneficios fiscales, al acceso a los fondos de inversión del gobierno, a las instituciones financieras y a los subsidios, etc., el gobierno central dirige de hecho grandes sectores, incluidas empresas privadas, sin tener un control directo sobre estas empresas como tales ni poseer acciones en ellas (4).

Por múltiples razones China es uno de los países peor comprendidos del mundo, por lo que el libro de Herrera y Long es más que bienvenido. De forma valiente va a contracorriente de los prejuicios y señala algunos clichés arraigados. A la luz del relativo descenso a los infiernos del capitalismo, tanto económica como políticamente, los autores provocan la discusión ideológica. Esta es la segunda razón por la que es un libro muy recomendable

* Rémy Herrera y Zhiming Long, La Chine est-elle capitaliste ?, París, Éditions Critiques, 2019, 199 p.

Notas:

(1) El término "capitalismo de Estado" está lejos de referirse a la univocidad de un concepto sobre el que existe consenso. Ofrecemos a continuación algunos sistemas que podrían corresponder a este término:

- El Estado lleva a cabo actividades comerciales y remuneradoras, unas empresas estatales ejercen una gestión de tipo capitalista (aunque el Estado se considere socialista).

- Presencia fuerte o dominante de empresas de Estado en una economía capitalista.

- Los medios de producción están en manos del sector privado, pero se somete la economía a un plan económico o supervisión (cf. la obra de Lenin, Nueva política Económica).

- Una variante de lo anterior es que el Estado dispone de un fuerte control en materia de asignación de créditos e inversiones.

- Otra variante: el Estado interviene para proteger sus monopolios (capitalismo monopolista de Estado).

- Otra variante más: la economía está mayoritariamente subvencionada por el Estado, que se encarga de las cuestiones estratégicas de investigación y desarrollo.

- El gobierno gestiona la economía y se comporta como una gran empresa que utiliza la plusvalía generada por el trabajo para reinvertirla.

Fuentes: Ralph Miliband, Politieke theorie van het marxisme, Amsterdam, 1981, p. 91-100; http://en.wikipedia.org/wiki/State_capitalism .

(2) Un desarrollo extensivo equivale a un crecimiento cuantitativo, más de lo mismo por medio de la inversión de más personas y máquinas o haciéndolas trabajar de manera más intensiva. Desarrollo intensivo = crecimiento cuantitativo basado en una mayor productividad.

(3) "There are still capitalists in China, but the state is under the leadership of the Communist Party", Mao Zedong, On Diplomacy, Beijing 1998, p. 251.

(4) Véase por ejemplo Roselyn Hsueh, China’s Regulatory StateA New Strategy for Globalization, Ithaca 2011; Zhao Zhikui, ‘Introduction to Socialism with Chinese Characteristics’, Bejing 2016, Cap. 3; Arthur Kroeber, ‘China’s Economy. What Everyone Needs to Know’, Oxford 2016; Robin Porter, ‘From Mao to Market. China Reconfigured’, Londres 2011, p. 177-184; Barry Naughton, ‘Is China Socialist?’, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 31, No. 1 (invierno de 2017), pp. 3-24, https://www.jstor.org/stable/44133948?seq=5#metadata_info_tab_contents .

Por Marc Vandepitte

Investig’Action
Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
 

Fuente: https://www.investigaction.net/fr/la-chine-et-la-destinee-du-monde/

Publicado enInternacional
Miércoles, 22 Enero 2020 06:47

Desigualdad, cambio técnico y robots

Desigualdad, cambio técnico y robots

Durante muchos años buena parte de la comunidad de economistas cultivó la teoría de que la creciente desigualdad en Estados Unidos se debía a la presión que el cambio técnico ejercía sobre las remuneraciones de los trabajadores. Esta narrativa viene en varias envolturas, una más deficiente que otra, pero siempre le arregló muy bien a los poderes establecidos. De ahí su popularidad.

En una de sus presentaciones, el razonamiento es como sigue. El proceso de cambio técnico inherente al capitalismo hace que los trabajadores sean más productivos. Esto reduce la demanda de trabajadores, pero, como los trabajadores siguen teniendo necesidad de laborar, no les queda más remedio que moverse hacia sectores de baja productividad, menores salarios y peores condiciones en términos de precariedad. Es decir, el cambio técnico termina por imprimir un sesgo regresivo en la escala de remuneraciones, porque aumenta la demanda de trabajadores más calificados al tiempo que se castiga a los empleos de menores remuneraciones. En un giro que recuerda las viejas discusiones sobre el cambio técnico inducido, esta historia también afirma que los bajos salarios en las ramas más castigadas eliminan los incentivos a introducir innovaciones intensivas en capital. Todo eso vendría a explicar la creciente desigualdad que ya es motivo de escándalo en la sociedad estadunidense desde hace años.

Esta narrativa sobre las causas de la desigualdad se aplica en estos días a la introducción y difusión de robots de todo tipo en la economía. Ahora la presencia de éstos en casi cualquier rama de la industria manufacturera es común. Pero también lo está siendo cada vez más en el sector servicios, desde los procesos especulativos en el sector financiero hasta los sectores de hotelería, restauración y salud. Nadie va a quedar a salvo de esta oleada de cambio técnico. ¡Quizás hasta un día estas líneas podrían ser escritas por un robot!

Pero si bien la difusión de este proceso de difusión de innovaciones (la robotización) mantiene su ritmo acelerado, hay importantes críticas a esta narrativa cuando se le quiere utilizar para explicar la desigualdad. La primera es que la presencia de robots no es privativa de la economía estadunidense. Economías de un grado de desarrollo tecnológico comparable, como Japón y Alemania, tienen una presencia de robots en su economía similar o mayor que la que encontramos en Estados Unidos. Dicho sea de paso, la introducción de robots en esas economías es una respuesta al envejecimiento de la población y puede ayudar a mitigar su impacto sobre el crecimiento. En todo caso, esas economías no experimentaron el crecimiento en la desigualdad que hoy muestra la sociedad estadunidense. Esto indica que las causas de la desigualdad hay que buscarlas en otra parte.

La tasa de desigualdad en Estados Unidos comienza a crecer de manera patológica en la década de 1970. En esos años culmina un proceso de desintegración del entramado institucional construido durante la Gran Depresión y bajo el mandato presidencial de Roosevelt. Ese marco institucional (parte del New Deal rooseveltiano) había incluido legislación sobre condiciones de trabajo, negociaciones de contratos colectivos y remuneraciones. Por el lado fiscal, también introdujo esquemas impositivos progresivos (con altas tasas fiscales para los estratos de mayores ingresos). La reacción del capital en contra de ese marco institucional se manifestó desde los años 1930, en plena depresión, pero la fuerza de los sindicatos y su penetración en la economía estadunidense eran demasiado importantes.

En 1949 las tres grandes productoras automotrices y los sindicatos llegaron a un acuerdo (llamado por la revista Fortune el “Tratado de Detroit”) sobre mejores prestaciones y fondos para el retiro a cambio de una paz laboral. Ese acuerdo y la legislación laboral y fiscal explican la reducción de la desigualdad en la sociedad estadunidense durante la llamada época dorada del capitalismo. Las cosas comenzaron a cambiar rápidamente cuando por fin el capital pudo lograr revertir estas conquistas laborales. Los trabajos de Tomas Piketty, Emanuel Sáez y Gabriel Zucman muestran cómo el proceso de creciente desigualdad está más relacionado con cambios institucionales que con la introducción de nuevas tecnologías, los patrones comerciales con China o el uso de computadoras.

El resultado de todo este análisis es que la desigualdad está relacionada con el conflicto distribucional que yace en el corazón del capitalismo. Ese conflicto está ligado a la explotación de la fuerza de trabajo por el capital. La retórica podrá disfrazar esta realidad de mil maneras posibles, pero la realidad no se cambia con argucias de retórica. En países como México la desigualdad también proviene de este conflicto de clases que define al capital. Afirmar que la corrupción es culpable de la desigualdad puede ser un expediente útil para abordar un problema político. Pero al igual que la historia de los robots, esa narrativa no corresponde a la realidad.

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Francia congelará la ‘tasa Google’ para evitar las sanciones de Trump

París se prepara para anunciar el miércoles en Davos que aplaza el pago del impuesto hasta diciembre si EE UU se compromete a no imponer nuevos aranceles

 

Nadie entierra aún el hacha de guerra, pero la idea es no agitarla demasiado y dejar así espacio para encontrar una solución en la larga batalla por la tasa Google que tiene de uñas a París y Washington. En un gesto conciliador, Francia ha ofrecido aplazar el cobro en 2020 del impuesto que aprobó el año pasado para las grandes compañías digitales extranjeras que operan en su territorio. A cambio, Estados Unidos estaría dispuesto a no imponer nuevos aranceles a productos franceses. La idea, que de aprobarse será anunciada el miércoles en el foro económico de Davos, es dar tiempo a que se logre pactar un impuesto internacional que debe proponer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) este mismo año.

“Es una posibilidad sobre la mesa de negociaciones”, confirmó a EL PAÍS una fuente francesa próxima a las negociaciones. La idea, explicó, es “posponer” los pagos de la tasa —los cobros se realizan en abril y noviembre— hasta diciembre, “para permitir hallar un acuerdo en el marco de la OCDE”, que siempre ha sido el objetivo declarado de París. Los contactos en los últimos días han sido “muy regulares” entre los equipos negociadores de Washington y París, pero las conversaciones son “complejas”, admitió.

Francia aprobó en 2019 un gravamen de cerca del 3% del volumen de negocios de las compañías tecnológicas en el país que obtengan ingresos anuales de al menos 750 millones de euros (unos 830 millones de dólares) en sus actividades digitales mundiales. El primer cobro se realizó en noviembre, pero si se acepta la propuesta de París, podría también ser el último. Francia, que niega tajantemente la acusación de Washington de que se trata de un impuesto para sancionar a empresas norteamericanas, se ha manifestado desde el principio dispuesta a acabar con su tasa Google si se acuerda un tipo de pago de forma internacional, tarea que ha sido encargada a la OCDE. Francia está dispuesta, incluso, a reembolsar a las plataformas afectadas la diferencia entre la tasa cobrada y la que se llegue a fijar.

A cambio de la congelación de los cobros, Estados Unidos no hará realidad su amenaza de imponer un arancel de hasta el 100% a productos franceses importados, como el vino, por valor de 2.400 millones de dólares (unos 2.200 millones de euros).

Que había aires de acuerdo lo dejó caer ya el presidente francés, Emmanuel Macron, la noche del lunes, cuando anunció por Twitter que había mantenido el domingo una “excelente” conversación con el estadounidense Donald Trump sobre la tasa Google (que en Francia llaman GAFA, por las siglas de las principales plataformas digitales: Google, Amazon, Facebook y Apple). “Gran conversación con Donald Trump sobre la tasa digital. Trabajaremos juntos en un buen acuerdo para evitar la escalada de los aranceles”, escribió Macron. "¡Excelente!", respondió el presidente estadounidense.

Los principales negociadores del acuerdo, el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, el secretario norteamericano del Tesoro, Steven Mnuchin, y el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, se reunirán este miércoles en Davos.

En un evento como el Foro de Davos, dominado por las firmas estadounidenses y por el sector tecnológico, la tasa Google ocupa los primeros puestos de la agenda. La decisión de Francia de aplazar hasta diciembre su aplicación fue recibida con alivio, no solo por las empresas afectadas sino porque la decisión evita una nueva escalada comercial y un agravamiento de las tensiones entre EE UU y la Unión Europea.

Alivio en Davos

“Si es cierto que ocurre, es una buena noticia. La OCDE necesita más tiempo para articular una propuesta respecto a una tasa digital que sea aceptable para todos. Eso evitará que EE UU imponga sanciones por 2.400 millones de dólares a Francia y que eso desate una nueva escalada comercial”, sostiene Chad Brown, experto en comercio del Instituto Peterson en Washington. A su lado, el secretario general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, advertía: “Esto no va a quedar aquí, a esta cuestión le queda mucho recorrido”.

Trump mantuvo ayer un encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que expresó su deseo de trabajar con el presidente de EE UU. “Estoy convencida de que podemos comprometernos con una agenda positiva en el ámbito comercial, pero también en tecnología, energía y muchos otros ámbitos”, declaró en un comunicado tras el encuentro. "Llevamos trabajando un tiempo en ello y esperemos que podamos conseguir algo importante. Un acuerdo con Europa es algo que todos queremos conseguir", apuntaba el mandatario estadounidense. Poco después, Trump agradecía la decisión a su homólogo francés, Emmanuel Macron: “Estados Unidos está muy contento con el resultado y agradecemos mucho lo que ha hecho el presidente Macron”.

La encuesta de PwC a directivos publicada el lunes revela la elevada preocupación entre los ejecutivos ante el aparentemente inevitable fin del actual modelo de desarrollo tecnológico. La mayoría de directivos encuestados auguran que se empezarán a regular tanto el contenido como la estructura de la Red, la ruptura de las grandes compañías para reducir su poder y el establecimiento de algún tipo de compensación por el uso de los datos personales. “Si la economía global quiere poner en marcha las expectativas generadas por la cuarta revolución industrial, hará falta mayor coordinación en todos estos temas”, concluye el informe de la consultora.

París / Davos (Suiza) 21 ENE 2020 - 13:04 COT

Publicado enEconomía