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Medidas económicas de emergencia Covid-19.
 Una visión alternativa a la gubernamental

El gobierno nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el “Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional” para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales del nuevo coronavirus –Covid-19, así como de las medidas de confinamiento para prevenir la propagación del virus. A la luz del Decreto 417 se han promulgado otro conjunto de decretos con medidas específicas. Estos decretos merecen ser discutidos en diferentes aspectos.


El gobierno nacional considera que “es previsible que se requiera contar con recursos adicionales a los disponibles a través de los mecanismos ordinarios, que puedan ejecutarse de forma ágil e inmediata, con el fin de destinarlos exclusivamente a implementar medidas” a fin de “fortalecer el sistema de salud para garantizar las condiciones necesarias de atención y prevención” para hacer frente a la actual crisis mundial desatada por el coronavirus -Covid-19, entre otros.


Entre las fuentes de financiamiento que el gobierno nacional espera manejar se encuentran: los recursos “a cargo de la Nación y de las Entidades Territoriales, tales como el Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE- del Sistema General de Regalías y el Fondo de Pensiones Territoriales –Fonpet–, a título de préstamo o cualquier otro que se requiera”.


Con el Decreto 444 de 2020, en el que el Gobierno nacional hace uso de recursos que le pertenecen a las Entidades Territoriales en calidad de “préstamo”, llama la atención de la instauración de un sistema de corresponsabilidad a la inversa (Robin Hood a la inversa), en el sentido de que las entidades con menor capacidad fiscal para generar recursos propios y con acuciantes necesidades de gasto público, le prestan forzosamente al Gobierno Central Nacional, la Entidad con mayor capacidad financiera y fiscal para generar recursos por medio de la tributación, entre otros, reiterándose una vez más la fuerte tendencia centralista que ha regido a la hacienda pública en Colombia.
De igual manera, el Gobierno nacional con base en el Decreto 417 de emergencia busca privatizar sus acciones en las entidades financieras donde participa aduciendo la optimización de este capital. Cabe recordar que con la promulgación del Decreto 2111 de 2019 la actual Administración creó la Holding Empresarial Estatal que lleva por nombre “Grupo Bicentenario”, en la cual se concentran dieciocho (18) entidades que desarrollan actividades conexas al servicio financiero público en la cual tiene participación directa e indirecta la Nación y cuyo valor patrimonial, con corte a diciembre de 2018, asciende a $15,8 billones, de los cuales su participación es del 94,3%.


Observando las fuentes de financiamiento para hacer frente a la actual crisis, llama la atención que para la provisión de bienes y servicios básicos para atender la salud pública de todos los ciudadanos se recurra no a impuestos directos nacionales y a otras medidas, sino a la privatización de activos y al crédito (suponiendo que no se cambian las reglas del juego estipuladas en el Decreto 444 de 2020 en el que se establecieron los mecanismos de repago de esta deuda con el fin de garantizar que las entidades territoriales tengan acceso a los mismos en el momento que ha sido estipulado por Ley).


Las medidas de confinamiento para hacer frente al coronavirus Covid-19 tienen consecuencias económicas y sociales especialmente sobre la población más vulnerable (Cuadro 1). De acuerdo con cifras del Dane, el 59% de la población empleada se concentra en actividades fuertemente afectadas por las medidas: comercio, con el 19.1% del total de ocupados; industrias manufactureras, 11.3%, agricultura, ganadería y pesca, 15.7%; administración pública, 10.4%; alojamiento y servicios de comida, 8.1%; construcción, 7.1%; transporte y almacenamiento, 7.0%, entre otros.

 


Adicional a lo anterior, un moderado porcentaje de la población empleada labora formalmente como obrero o empleado de empresas privadas (39.5%) o del gobierno (3.6%), los cuales dependiendo de la duración y profundidad de la pandemia podrían no ver impactados sus ingresos mensuales de manera considerable en el corto plazo; mientras que más de la mitad de los ocupados, que son clasificables como informales –el 42.8% son trabajadores por cuenta propia, por ejemplo–, sí los va a ver sustancialmente recortados en el muy corto plazo (Cuadro 2). A lo que hay que agregar que casi la mitad del trabajo informal en el país es considerado como de subsistencia mínima, con baja productividad y condiciones laborales y sociales precarias, y sin contar con margen de maniobra para enfrentar una reducción de sus ya de por si precarios ingresos diarios que no sea a costa de su integridad física y de sus muy frágiles condiciones de salubridad (Garay, 2007) (1)

 

 


Estas estadísticas básicas sobre tipo de ocupación llevan a observar que las medidas hasta ahora tomadas por el gobierno nacional favorecen a las grandes y medianas empresas como a las instituciones financieras sin que vayan a impactar los ingresos generados en las más importantes fuentes de ocupación en el país –el trabajo informal– , ni en consecuencia a la población más vulnerable.


Lo cual lleva a preguntarse: ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión mediante los cuales se va a irrigar la liquidez que la población ocupada informalmente necesita para asegurar niveles de ingreso que permitan atender sus necesidades básicas?


Según la encuesta del Dane sobre los micronegocios, se destaca que “(l) a mayor fuente de financiación de los dueños o propietarios de los micronegocios que crearon o constituyeron el negocio, fueron los ahorros personales con el 61,2%, no requirió financiación el 14,3%, 10,1% por préstamos familiares y el 9,4% préstamos bancarios” (https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/ -ene-oct.pdf). De esta manera, ¿Las medidas establecidas en el marco del Decreto 417 van orientadas especialmente a este 9,4% que requirió de prestamos bancarios, o a las medianas y grandes empresas o las Personas Naturales ricas y superricas que tienen créditos con el Sistema Financiero?


El objetivo más importante expresado por el gobierno nacional es el de “minimizar el impacto económico”, buscando mantener el canal financiero y las relaciones crediticias libre de dificultades, de tal manera que las empresas y las familias “puedan cumplir sus obligaciones”. Subsidiariamente pretende “habilitar canales de transferencias monetarias para la población no asalariada y vulnerable” que no se encuentra en los programas de “Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción” y “Adulto Mayor”, los cuales van a recibir un giro adicional. En este plano también se va a acelerar la devolución del IVA para el próximo mes de abril, en vez de para el año 2021 como fuera aprobado en la última reforma tributaria.


El Decreto 419 del 18 de marzo de 2020 que reglamenta esta línea de política, es claro en señalar que la focalización se va a realizar con base en: 1) la selección de la entidad territorial y 2) la caracterización de los hogares beneficiarios. Llama la atención que el primer criterio sea el de la entidad territorial y no el de “población vulnerable”.


Así pues, no resulta difícil señalar que las medidas de emergencia parecieran estar más orientadas a las personas y empresas con obligaciones financieras que a la población más vulnerable desde el punto de vista de su precario y extremadamente frágil flujo de ingresos, pues además el Estado no los ha identificado debidamente en su totalidad ni cuenta todavía con mecanismos mediante los cuales pueda acceder a ellos.


Por supuesto, huelga señalar que la situación económica y social es ostenciblemente dificil con un drástico impacto sobre las numerosas familias más vulnerables del país –que representan una muy elevada proporción de la población colombiana–. Adicionalmente, la situación financiera del gobierno nacional es estructuralmente frágil, al observarse un déficit presupuestal estructural (brecha entre los ingresos tributarios y los gastos presupuestales) que tiende a profundizarse en el marco de su errónea política tributaria al asumir que la reducción de la presión fiscal a las empresas más grandes e influyentes y a las personas naturales más ricas del país –súper superricos y superricos– se vería compensada con creces por un sustancial aumento de la tasa de inversión, del crecimiento económico y, por ende, de generación de empleo (Gráfico 1).

 

De ahí que se requiera en el corto plazo una intervención gubernamental rápida y efectiva en clave de los propósitos centrales para enfrentar las consecuencias socio-económicas de la pandemia del coronavirus –Covid-19.


En este contexto es necesario implantar algunas medidas mínimas indispensables –aunque no excluyentes sino más bien complementarias a otras medidas necesarias no abordadas aquí– en el marco del Estado de Emergencia, tales como:


1. Inter-operación efectiva de registros administrativos sobre población vulnerable. El gobierno nacional cuenta con diferentes registros administrativos, que todavía no son debidamente coherentes ni consistentes entre sí, como: el Sisben III y IV, el Registro Único de Víctimas (RUV), Pila, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Familias en Acción, la base de datos de régimen subsidiado de salud, los del Icbf, entre otros, sin hacer mención de las bases de los registros administrativos de las Entidades Territoriales. En estos momentos de crisis y dada la necesidad de identificar a la población más vulnerable, resulta prioritario poner toda la infraestructura tecnológica y el capital humano del Dane y del Departamento Nacional de Planeación para poder identificar a las personas vulnerables que no están incluidas en los programas asistenciales con miras a prestarles atención y otorgarles ayudas a la mayor brevedad posible.


Es por demás diciente que sólo hasta ahora se estén realizando esfuerzos de identificación de las familias vulnerables que no están incluidas en los programas sociales más conocidos como Familias en Acción, según se ratifica de declaraciones a la prensa de la directora del DPS (2) (marzo 25 de 2020).


No menos importante, debe resaltarse que en términos de pertinencia y efectividad de política pública sobresale el caso de la informalidad de subsistencia, frente a la cual en general convendría implantarse prioritariamente un sistema integral de protección y seguridad social bajo una estrategia pública de reducción de la pobreza y avance hacia la construcción de ciudadanía y la inclusión social de la población vulnerable (Garay, 2017). Esta conveniencia se hace aún más prioritaria ante la elevada importancia de la informalidad en la población ocupada en el país y en medio de una crisis tan profunda como la difusión de la pandemia del coronavirus –Covid-19.


2. Suavizar el perfil de la deuda externa del gobierno nacional. El perfil de la deuda pública externa muestra que en el próximo año 2021 se presenta un elevado pico del servicio de la misma, lo que le resta margen de maniobrabilidad a las finanzas públicas para hacer frente a esta crisis (Gráfico 2). En 2021, el gobierno nacional deberá amortizar US$ 3.166 millones y pagar intereses por US$ 2.098 millones, que a una tasa de cambio de $ 4.100 por dólar correspondería a $13.0 y $8.6 billones, respectivamente. Dado que el gobierno nacional requiere de espacio fiscal suficiente, debería buscar refinanciar estas obligaciones por concepto de amortizaciones de la deuda multilateral con las fuentes multilaterales como el BID (cerca de USD$ 405 millones en 2020 y USD$ 404 en 2021), con el BIRF (USD$ 186 millones en 2020 y USD$ 247 en 2021), con AFD (USD$ 122 millones en 2020 y USD$ 143 en 2021) y KFW (USD$ 62 millones en 2020 y USD$ 87 en 2021), así como amortizaciones por US$ 2.190 millones en 2021 de bonos emitidos en el mercado internacional, a través de contratación de créditos blandos con fuentes multilaterales o de la emisión de bonos o títulos soberanos a menores tasas de interés y mayores plazos, al momento que sea posible. De tal manera se podrán suavizar los pagos del servicio de la deuda externa al menos en los años 2020 y 2021.

 

 


3. Implantar un impuesto al patrimonio temporal extraordinario con tarifas progresivas para enfrentar las consecuencias de la pandemia, centrado específicamente en las personas naturales ricas y superricas. Ante la menor presión fiscal del impuesto a la renta a favor de las personas más ricas del país –especialmente las superricas y súper superricas– (Garay y Espitia, 2019 y 2020) (3), convendría implantar extraordinaria y temporalmente un impuesto al patrimonio para financiar prioritariamente a las familias vulnerables del país –en especial aquellas con ocupación informal cuenta propia y las desocupadas de larga duración–, con tarifas progresivas a partir de las personas naturales pertenecientes al decil 10 según patrimonio.


Por supuesto, la actual precariedad fiscal del país para afrontar situaciones imprevistas de magnitud macro socio-económica como la pandemia del coronavirus –Covid-19, muestra fehacientemente la inaplazable necesidad de implantar un proceso de reforma tributaria estructural que a la vez que incremente sustancialmente la presión fiscal –en términos del PIB–, asegure el cumplimiento de los principios constitucionales de equidad horizontal, progresividad vertical y eficiencia administrativa –unos lineamientos básicos para esta reforma están detallados en Garay y Espitia, 2019 y 2020–.


 Esta renta mínima básica extraordinaria de un salario mínimo legal vigente por un periodo de tres meses que debe recaer, en primer lugar, sobre la población en pobreza extrema (cerca de 3 millones 500 mil personas o unos 900 mil hogares), la cual tendría un costo aproximado de $2.6 billones. En el otro extremo, si esa misma asignación se realizara para todo el 27% de la población colombiana que se encuentra en condiciones de pobreza (cerca de 13 millones de personas o unos 2 millones 700 mil hogares), el costo ascendería a cerca de $8 billones (0.8% del PIB). Es claro, que con este valor se alcanzaría a cubrir las familias venezolanas que se encuentran actualmente en Colombia.


Por supuesto, debe aclararse que el costo fiscal incremental neto al costo fiscal de las políticas actualmente existentes de distribución de subsidios sería claramente inferior a dicha cifra extrema, ante la cobertura de un grupo importante de los hogares vulnerables a cargo de los programas vigentes de “Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción” y “Adulto Mayor”. Así, en la práctica, no sería de extrañar que el costo fiscal de la renta básica para la población vulnerable pudiera alcanzar el orden de unos $4.0-5.0 billones para un periodo de tres meses.


Simultáneamente, habría de prever una transferencia temporal a aquellos grupos poblacionales de ingresos precarios que perdieran sus empleos formales sin derecho a seguro al desempleo ni prestaciones laborales especiales, y que por esa razón se vieran abocados a un empobrecimiento depredador al menos en el corto plazo. El costo fiscal de esta clase de transferencia laboral podría aproximarse a unos $1.0-1.5 billones.
Ahora bien, para que esta intervención por parte del Estado sea efectiva se requiere del máximo nivel de coordinación entre las Entidades Territoriales y las Unidades Ejecutoras del Presupuesto General de la Nación que actúan en el territorio, así como de los entes que tienen contacto directo con estos hogares con algún programa.


Recapitulando, se trataría de una versión no universalista y temporal de la renta básica restringida a un determinado grupo poblacional en la búsqueda de propósitos específicos de política económica como sería el de combatir el empobrecimiento depredador de amplios grupos poblacionales en el país. Además, se reconoce la necesidad de no duplicar transferencias a favor de familias que estén recibiendo subsidios o transferencias condicionadas previamente existentes a la instauración de esta renta mínima básica –como las de Familias en Acción–. A su vez, para evitar un excesivo costo fiscal es que ha de implementarse con una racionalización, complementación y/o desmonte de las transferencias condicionadas existentes, una adecuación de las condiciones de acceso a ciertos servicios sociales, entre otros, contrarrestándose algunas de las críticas comunes desde la perspectiva convencional/ortodoxa de política pública (Garay, 2011) (4) .


Claramente, la implantación de una renta mínima básica temporal para la población vulnerable sería una política pública no sólo conveniente sino necesaria en el marco de un Estado de Bienestar como lo establece la Carta de 1991, además de ser no tan onerosa en términos fiscales y beneficiosa económica y socialmente en una perspectiva duradera en clave de cohesión e inclusión social, así como de reproducción intertemporal del capital social, humano y productivo en el país.

5. Apoyo temporal a través de financiación en condiciones blandas con garantía pública a las unidades productivas informales y a las pymes. Dado que cerca de un tercio del trabajo informal se reproduce en unidades productivas que muestran unos niveles de productividad y de organización mayores que las unidades de subsistencia, para las cuales su tecnificación y eventual formalización les podría resultar beneficiosa, al menos en el mediano plazo (Garay, 2007, p. 71), constituye un comglomerado de unidades productivas que ameritan ser apoyados en periodos críticos para evitar su disolución en el corto plazo y la pérdida de potencial productivo y de capital social en el país. Este es el caso frecuente de fami- y micro-empresas.

Guardadas proporciones, argumento semejante aplica al caso de las pymes y mipymes.


Ante estas circunstancias, sería rentable social y económicamente en una perspectiva duradera un apoyo público a esta clase de unidades productivas mediante mecanismos como el otorgamiento de avales para su financiación fresca en condiciones “blandas” –de tasa de interés y periodos de gracia– o de avales para la refinanciación de créditos vigentes u otras modalidades financieras o tributarias para irrigarles recursos frescos indispensables.


6. Emisión primaria. El artículo 373 de la Carta Política señala que el Banco de la República podrá realizar operaciones de financiamiento a favor del Estado sobre la base que su junta directiva las apruebe de manera unánime.


Ante la gravedad de la crisis mundial tanto sanitaria como económica que se avizoraría como más profunda que la financiera de 2008, con consecuencias socio-económicas e institucionales más perversas y duraderas, se ha ido aceptando mayoritariamente en estos días que habrán de requerirse no solamente medidas extraordinarias, heterodoxas más allá de las medidas convencionales postuladas por el modelo económico-financiero imperante, sino una mayor coordinación interinstitucional entre países y al interior de los países.


Colombia no es una excepción a esta crisis. En consecuencia, una de las opciones legítimas de financiación para afrontar efectiva y solidariamente la crisis socio-económica consecuencia de la pandemia bajo una mayor y estrecha coordinación entre el Banco de la República y la adopción de políticas macroeconómicas –fiscales, monetarias y cambiarias– como lo establece la Constitución de 1991, en la emisión monetaria en el momento y por la cuantía necesaria para complementar las medidas fiscales a implementarse con miras a atender las prioridades de incremento temporal y extraordinario del gasto público en cumplimiento de los propósitos de un Estado Social de Derecho como el colombiano.

 

Notas
1. Garay, L. J. (2007). Una aproximación analítica a la economía informal en la globalización. Evidencia empírica a propósito del caso de Bogotá y Colombia. En: Garay, L. J. y Rodríguez, A. Colombia: Diálogo pendiente Vol. II. Políticas de empleo, salarios y vivienda. Planeta Paz. Bogotá, Colombia. Diciembre, 2007, 235 págs.
2. Noticias Caracol TV Mediodía, marzo 25 de 2020.

3. Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2019). Dinámica de las desigualdades en Colombia. En torno a la economía política en los ámbitos económico, tributario y territorial. Ediciones Desde Abajo, Bogotá; y Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2020). Dinámica de las desigualdades en Colombia. En torno a la economía política en los ámbitos económico y tributario. Volumen 2. Ediciones Desde Abajo, Bogotá (en publicación).
4. Garay, L. J. (2011). Acerca de la asistencia y la protección social. Una perspectiva de la transformación del papel del Estado hacia un Estado Postbenefactor. En Garay, L. J., Moreno, A. M., Mora, A. F. y Velázquez, I. D. Colombia: Diálogo pendiente. Vol. III. El derecho al trabajo y la política de buffer de empleo. Planeta Paz. Torre Gráfica edit. Bogotá. Diciembre.

 

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El coronavirus está hundiendo al Gobierno de Bolsonaro

El "antipresidente", lo bautizó la periodista Eliane Brum. Quizá sea la mejor definición para Jair Bolsonaro que semana tras semana no deja de decir frases machistas, pelearse con los más diversos actores políticos y hasta abrir un frente insólito con China, su principal socio comercial.

 

Mientras todos los países sudamericanos han tomado medidas más o menos drásticas, la inacción y las contradicciones en que cae a diario Bolsonaro, que se refirió al coronavirus como una "gripezinha" (gripecita), provocó la irritación de las clases medias que lo llevaron al Gobierno, y que en la última semana se despacharon con sonoros cacerolazos durante siete días consecutivos.

"En diez ocasiones Bolsonaro minimizó la crisis del coronavirus", titula el diario O Globo, el de mayor circulación en Brasil, en evidente tono de burla hacia el presidente.

Este diario apoyó el golpe de Estado de 1964, mantuvo estrechos lazos con todos los gobiernos militares y fue opositor al Gobierno de izquierda de Luiz Inacio Lula da Silva. Por eso, sus críticas al mandatario actual pueden tomarse como un termómetro de lo que piensa el sector conservador de la sociedad.

Bolsonaro se enemistó con el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, de la socialdemocracia, a quien tildó de "lunático" y de "crear terror" por haber decretado la cuarentena en el estado más poblado del país, que junto a Rio de Janeiro concentra el 60% de los 2000 infectados del país.

El gobernador de Rio, el segundo estado más poblado de Brasil, el conservador Wilson Witzel, asegura que no tiene interlocución con el gobierno en medio de una crisis tan profunda. "Es inaceptable la falta de diálogo y de cordura. Nunca pensé que viviría esto en democracia".

Según los institutos de opinión pública, la popularidad de Bolsonaro se está derrumbando, aún cuando la epidemia no comenzó a escalar de forma vertical. El Centro de Modelamiento Matemático de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina Tropical de Londres, estima que el subregistro de contagiados en Brasil es enorme y que habría once veces más que los 2.000 detectados hasta el lunes 23 de marzo.

Lo más grave es que el sistema de salud no está en condiciones de atender a la población brasileña, y tampoco hay tests disponibles para un país de 210 millones de habitantes.

Una de las decisiones de Bolsonaro que muestra la improvisación y la falta de sensatez, fue la propuesta de suspender durante cuatro meses los contratos de trabajo y por lo tanto los salarios de los trabajadores. Debió dar marcha atrás ante la masiva y maciza oposición de todos los estratos sociales.

El presidente no está solo en estos dislates que van a contramano de las decisiones de los principales gobiernos del mundo, que buscan proteger los ingresos de la población. El dueño de la cadena de tiendas Havan, Luciano Hang, fanático bolsonarista, propuso recortar los salarios, suspender los seguros de desempleo y posponer las elecciones municipales de octubre.

Otro bolsonarista, Junior Durski, dueño de la cadena de restaurantes Madero, dijo en las redes que el confinamiento tendrá "consecuencias serán mucho mayores que las personas que morirán por cuenta coronavirus". Una parte del empresariado y del poder están más preocupados por las ganancias que por la vida de la población.

Según especialistas Brasil sigue una curva de infecciones similar a la de algunos países europeos, mientras Atila Iamarino, biólogo y doctor en microbiología apunta la mayor vulnerabilidad de Brasil: "China, Francia, España, Italia, Estados Unidos y Corea no tienen favelas".

"La ironía es que la enfermedad fue traída por los ricos a Brasil, pero va a explotar entre los pobres", dice Paulo Buss, director de la unidad de relaciones internacionales de Fiocruz, un prestigioso centro de investigación en salud pública.

Los habitantes de las favelas comenzaron a tomar precauciones, sabiendo que no tienen agua suficiente, que los servicios de salud son lejanos y que la precariedad de las viviendas hace casi imposible el aislamiento.

En el Complexo do Alemao, una de las mayores favelas de Rio, sus habitantes crearon un "gabinete de crisis" contra el coronavirus. Ante la ausencia de orientaciones del Estado, los vecinos buscan promover una campaña para conseguir fondos para la compra de agua (ya que varias comunidades no la tienen desde hace mases), jabón y alcohol en gel.

Es evidente que Bolsonaro y los ultras brasileños no entienden ni a los brasileños ni, muchos menos, que el mundo ya cambió en una dirección que les molesta profundamente. Buena parte de los europeos agradecen la ayuda de China, Rusia y Cuba, que enviaron médicos y material sanitario a varios países afectados por la epidemia.

China es "el único país capaz de suministrar mascarillas a Europa en tal cantidad", dijo el ministro del interior checo, Jan Hamacek. Los chinos "son los únicos que pueden ayudarnos", ha afirmado el presidente serbio, Aleksandar Vucic, que ha calificado al jefe de Estado de este país, Xi Jinping, de "hermano". China está enviando material protector que escasea en el mundo a varios países, lo que no ha hecho más que acrecentar su prestigio.

En contra de esa tendencia, un hijo de Bolsonaro, el diputado Eduardo, se permitió insultar a China acusando a "la dictadura" de Beijing de ser la responsable de la pandemia.

El embajador de China en Brasil respondió con aspereza diciendo que el hijo del presidente padecía un "virus mental". El presidente Bolsonaro intentó hablar con Xi Jinping, pero éste se negó en primera instancia a escucharlo.

Aunque no se disculpó, el Gobierno sabe que no se puede permitir el menor roce con el dragón, ya que es su principal socio comercial. Cuando la Bolsa de Sao Paulo perdió casi el 50% de su valor desde fines de enero, algo inédito en otros países, y la economía sigue estancada, una crisis con China terminaría por hundir al país en una profunda recesión.

Bolsonaro no es sólo el "antipresidente" de Brasil, sino el contraejemplo de toda una región que está tomando medidas drásticas para afrontar la pandemia.

16:34 GMT 24.03. 2020(actualizada a las 18:16 GMT 24.03.2020)URL corto

Publicado enInternacional
El coronavirus fuerza a Europa a poner pausa al ajuste

Qué significa la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento

Se trata de una decisión inédita y temporal para que los gobiernos de la Unión Europea liberen el gasto público y asuman los costos de la pandemia.

El Covid-19 arrasó con muchas cosas: vidas humanas, la libertad, tal vez la sensación de que éramos eternos y algunos de los cimientos que habían sustentado la construcción liberal del mundo y el híperconsumo exterminador. En Europa, ese cimiento se llamaba el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

Ante el congelamiento de las economías y la crisis sanitaria que la provocó, la Comisión Europea determinó la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento cuyo principal postulado consistía en obligar a los Estados miembros de la Unión a mantener bajo estricto control el déficit público (3%) y la deuda (60% del PIB). 

Ha sido, desde su aprobación en junio de 1997, la disposición más criticada por las oposiciones políticas de izquierda y el instrumento mediante el cual Alemania trasladó a sus socios europeos su propia disciplina fiscal. Se trata de una decisión inédita para que los gobiernos liberen el gasto público y asuman los costos de la pandemia.

Es la primera vez en la historia que Bruselas hace jugar la llamada “cláusula de escape general” prevista en casos de crisis graves. Esta disposición ni siquiera se puso en juego durante la crisis financiera de 2008. La UE optó entonces por un plan de reactivación por un monto de 200.000 millones de euros. Salvaron a los bancos mientras que ahora necesitan salvar a la gente, a las empresas, los puestos de trabajo y las economías.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció que “esto nunca se ha hecho antes”. La meta, en todo, caso, equivale a que “los Gobiernos nacionales pueden inyectar en la economía todo necesario”. El pacto de estabilidad ha sido desde el inicio el jinete apocalíptico que, al mismo tiempo que introdujo una disciplina fiscal drástica, privó a los Estados de su libertad de acción. 

El virus acabó devolviéndole a los gobiernos lo que la crisis bancaria de 2008 y la siguiente de 2011 no habían conseguido. Alemania y Holanda, los padres titulares del rigor en el seno de la zona euro, fueron esta vez, al menos temporalmente, derrotados por el coronavirus y las abismales necesidades que la pandemia plantea a los poderes públicos. La suspensión del Pacto de Estabilidad es temporal, pero con ella cae uno de los símbolos más negativos de la construcción europea iniciada después de la Segunda Guerra Mundial y reforzada luego con la instauración de la moneda única, el Euro, mediante el Tratado de Maastricht (1992) que abrió la ruta para la Unión Económica y Monetaria diseñada en 1990. 

A diferencia de las dos crisis precedentes que azotó a la zona euro, ahora no se trata de reaccionar ante los mercados ofuscados por la gestión de las cuentas públicas sino de una crisis mundial, mutante e imprevisible. El camino ascendente es doble: por un lado, contar con los medios necesarios para luchar contra el coronavirus, por el otro, crear las condiciones para una posterior reactivación de las economías. El dinero público servirá a evitar los despidos, el desempleo en masa y, por consiguiente, la quiebra masiva de las empresas y la posterior recesión.

En 2008 los Estados salvaron al sistema, en 2020 el sistema hace una pausa para salvarse a si mismo concediéndole autonomía presupuestaria a los Estados. Sin embargo, no hay soluciones mágicas. 

La suspensión del Pacto de Estabilidad también trajo a las orillas europeas tres ideas que, antes, eran la peste: mutualizar los costos de la crisis, lanzar una suerte de “corona empréstito” o activar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES). Este dispositivo está dotado de una capacidad de préstamo de 410 mil millones de euros que pueden ser prestados sin condición a los Estados. Esta tercera opción es la que mejor conviene a la visión fiscal de Alemania y Holanda porque el MES es, de hecho, una suerte de ente intergubernamental supervisado por los Parlamentos. Tiene, no obstante, una contrapartida bien conocida y sufrida por los griegos, o sea, la obligación de llevar a cabo ajustes y reformas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pugna por el lanzamiento de un “eurobono” que asentiría una emisión de deuda común a todos los países de la Unión, pero su idea choca con la hostilidad de la canciller alemana Angela Merkel. No hay todavía un acuerdo dentro de la UE en torno a un plan de estimulo fiscal supervisado por la Unión Europea. El Banco Central Europeo desbloqueó 750.000 millones de euros destinados a los estragos causados por el coronavirus, pero ello no tiene el mismo alcance que una solución global. Europa se desgarra en tres planos: el de la salud, el de sus economías y, una vez más, en el plano de la dificultad para elaborar un consenso. 

Pese a que, como lo señaló el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, el “único punto común de comparación que existe son las dos guerras mundiales y la recesión de 1929”, no se plasma una línea común. Los ciudadanos de muchos países de la UE están confiados en sus casas y la Unión Europea sigue confinada en sus históricas desavenencias entre una visión ultraliberal y disciplinada y otra menos sacrificante.

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Liderazgo social alternativo para enfrentar la pandemia, y más allá de ella

El Covid-19 nos colocó como sociedad global ante el espejo, y su reflejó es el capitalismo, destructor, atomizador de relaciones humanas, destructor de la naturaleza, aniquilador de vida y de la esperanza.

Esa es una realidad. Pero también nos colocó cara a cara entre procesos sociales y políticos, con su característica atomización y pretensión de hacer cada uno por cuenta propia, con la fragilidad de no proyectar el mediano ni el largo plazo, así como de no retomar las capacidades y debilidades de cada uno para entre todos y todas, sacando lo mejor de sus particularidades, extender ante el país una alternativa que propenda por el liderazgo común, de los millones que somos, para así, con la fuerza totalizante de sueños y disposiciones poder avanzar tras la construcción de la gran vivienda que aspiramos sea nuestro país. Una vivienda donde cada quien encuentre su lugar, así como posibilidad de realización, personal y colectiva.

Tenemos ante nosotros, por tanto, una posibilidad –a pesar de todo lo negativo que esconde la coyuntura, manipulada por el poder global y local–. Actuemos de acuerdo al reto.

Como ya es coincidencia social, la cuarentena decretada no puede implicar multiplicación de hambre y penurias para quienes están al margen del sistema; de ahí que necesitemos un plan humano, inmediato, para los de abajo. Pero tampoco puede significar, una vez superada la coyuntura, continuidad de lo que ya traía el país, de una economía organizada a favor de unos pocos, y una participación de forma pero no decisoria; pero tampoco puede significar, producto de la crisis/recesión económica a la que se adentra el sistema mundo capitalista, ahondamiento de desempleo, pobreza y segregación social. La primera lección de la crisis es que necesitamos un país para los 50 millones que somos.

Es por ello que el país está de cara a toma, ya, sin más dilación, medidas como:

Medidas inmediatas

- Entrega de alimentos y otras ayudas para cada familia. Para ello, disponer las sedes de las Juntas de Acción Comunal, así como iglesias, centros educativos, para concentrar alimentos, y logística en general, que demanda la atención de la crisis, para distribuirlos en cada uno de los barrios.

- Para facilitar la entrega de estos recursos. Constitución de grupos juveniles para la selección de todo lo recibido y su entrega, casa a casa. Recordar que quienes están en edad juvenil son las personas menos propensas a un golpe duro por parte del Covid-19

- Realización urgente de censo, barrio a barrio y con duración no mayor a un día, de personas en necesidad de apoyo alimentario, reconexión de servicios públicos, atención médica –terapias y otros tratamientos–, y entrega de la información a las alcaldía locales –para el caso de Bogotá– y a los despachos de los alcaldes en cada una de las otras ciudades. Se supondría que el Dane, o departamentos sociales y comunitarios de cada alcaldía debiera contar con esta información, pero todo indica que no es así, o que no tienen una información totalmente actualizada, producto de que los programas sociales diseñados por años están enfocados no para todos los sectores excluidos sino para algunos de estos.

- Atención directa a personas con alguna discapacidad, así como acompañamiento psicosocial y de todo tipo para personas que lo requieran.

- Protección a mujeres y niños/as sometidos a violencia intrafamiliar.

- Acompañamiento a estudiantes que no cuenten con computador y/o red de internet en sus casas.

- Entrega de salario mínimo generalizado, hasta que dure la crisis, para desempleados e informales.

- En tanto las guarderías también fueron cerradas, despliegue de asistencia social para acompañar madres cabeza de familia, realización de terapias de estímulo a niños y niñas con capacidades especiales, implementación de recreación dirigida en los barrios populares, así como garantía de entrega de apoyos alimentarios para cada uno de estos infantes.

- Diseñar programas urgentes en procura de una conexión con los productores directos en el campo, algunos de ellos organizados en redes de producción y distribución –como lo evidencia la realización de ferias campesinas periódicas en distintas partes del país, algunas de ellas con asiento en plazas principales de ciudades–, rompiendo así la intermediación comercial, estabilizando de esta manera precios y brindando a los campesinos, por esta vía, ingresos seguros.

En pocos meses

La crisis humanitaria pasará, no así la económica, y en ese momento, para que el país vaya avanzando hacia una política cada vez más humana y digna, debemos implementar un conjunto de medidas de manera autónoma, sin esperar para ello la reacción del Estado y de los grupos que lo detentan; política lideradas por los movimientos sociales, dándole vitalidad a:

Soberanía alimentaria. Coordinación de redes de producción y de mercadeo agrario. Así debemos proceder. La coyuntura ha demostrado que el acceso a un abastecimiento suficiente y eficiente a todos los niveles es una de las primeras preocupaciones de las familias. El miedo al desabastecimiento, la especulación con los precios de los alimentos más esenciales para la mesa cotidiana, es un factor de desequilibrio y control social.

Construcción de tiendas comunitarias en todos los barrios populares, a través de las cuales se mercadee lo producido por las redes agrarias, garantizando calidad y control de precios.

Edificar la sociedad a la altura de nuestros sueños, sin depender del Estado. Redes comunitarias en salud, educación, comunicación, deporte, recreación, y demás particulares que facilitan que la vida sea más amena y satisfactoria. Más participación con capacidad decisoria, menos delegación.

Participación. Ampliación de los mecanismos de participación directa de las comunidades, con capacidad decisoria: implementación de asambleas comunitarias, como mínimo mensuales, donde se aborde y decida sobre la vida comunitaria en todos los niveles, donde se decida sobre la administración de lo público, y donde la democracia directa gane concreciones medibles.

Implementación de programas de agricultura urbana, realmente comunitaria, no individual. Para ello, disposición de espacios comunales –lotes– en los barrios. Estos lotes pueden ubicarse tras un censo de todos aquellos espacios que pertenecen a las alcaldías y que están sin uso o en comodatos.

Puesta en marcha de programas ambientales de las más diversas características e impactos: recuperación de cuencas y microcuencas, reforestación, reciclaje en la fuente, control de vehículos y emisión de gases, modernización de procesos productivos en todas las fábricas que por algún motivo generen altos niveles contaminantes, etcétera.

Instalación de industrias para la fabricación de ropa y útiles de aseo de todo uso, abriendo así políticas de empleo comunitario, al tiempo que programas de vida sana y vida digna.

Para ir cerrando las causas del eterno conflicto armado colombiano, amplia movilización por la demanda de restitución de la tierra a todos los usurpados y desplazados, concretando con ello lo definido en el Acuerdo de Paz firmado en reciente fecha. A su par, izar la bandera de reforma agraria integral, con lo cual se daría un paso fundamental para concretar el programa de soberanía alimentaria, así como los complementarios a la misma.

La crisis abre una oportunidad para los de abajo. Otra democracia, directa, radical, plebiscitaria, es posible. Actuemos en consecuencia.

 

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A las puertas de un nuevo orden mundial

A las puertas de un nuevo orden mundial

El hecho de que las “democracias” europeas hayan copiado los modos chinos de abordar la epidemia de coronavirus es una muestra de que el dragón ya es referente y ejemplo en cuanto al control social de la población.

 

La pandemia supone la profundización de la decadencia y crisis del sistema que, en el tiempo corto, habría comenzado en 2008, y en el largo se extiende desde la revolución mundial de 1968. Entramos en un período de caos del sistema-mundo, que es la condición previa para la formación de un nuevo orden global.

En efecto, las principales tendencias en curso —militarización, declive hegemónico de Estados Unidos y ascenso de Asia Pacífico, fin de la globalización neoliberal, reforzamiento de los Estados y auge de las ultraderechas— son procesos de largo aliento que se aceleran en esta coyuntura.

Desde una mirada geopolítica, China ha mostrado capacidad para salir adelante, sobreponerse a las dificultades y continuar su ascenso como potencia global que en pocas décadas será hegemónica. La cohesión de la población y un Gobierno eficiente son dos aspectos centrales que explican en gran medida la resiliencia/resistencia china.

La dura experiencia vivida por su pueblo en los dos últimos siglos —desde las guerras del opio hasta la invasión japonesa— ayuda a explicar su capacidad para sobrellevar tragedias. La revolución socialista de 1949, además de la nacionalista de 1911, y la notable mejora en la calidad de vida del conjunto de la población, explican la cohesión en torno al Partido Comunista y al Estado, más allá de las opiniones que se tengan de esas instituciones.

Por el contrario, la división interna que vive la población estadounidense —evidenciada en las últimas elecciones y en la epidemia de opiáceos que ha disminuido la esperanza de vida— se conjuga con un Gobierno errático, imperial y machista, del que desconfían incluso sus más cercanos aliados.

La Unión Europea está aún peor que Estados Unidos. Desde la crisis de 2008 perdió su brújula estratégica, no supo despegarse de la política de Washington y del Pentágono y evitó tomar decisiones que incluso la benefician, como la finalización del gasoducto Nord Stream 2, paralizado por presiones de Trump. El euro no es una moneda confiable y la nunca concretada salida del Reino Unido de la Unión Europea enseña la debilidad de las instituciones comunes.

La financiarización de la economía, dependiente de la gran banca corrupta e ineficiente, ha convertido la eurozona en una “economía de riesgo”, sin rumbo ni orientación de larga duración. La impresión es que Europa está destinada a acompañar el declive estadounidense, ya que ha sido incapaz de romper el cordón umbilical amarrado desde el Plan Marshall.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea, ni qué decir de los países latinoamericanos, sufrirán los efectos económicos de la pandemia con mucha mayor intensidad que los asiáticos. Estos han mostrado, desde Japón y China hasta Singapur y Corea del Sur, una notable capacidad para superar esta adversidad.

Una reciente encuesta de Foreign Policy entre doce intelectuales destacados concluye que Estados Unidos perdió su capacidad de liderazgo global y el eje del poder mundial se traslada a Asia. La pandemia es la tumba de la globalización neoliberal, en tanto la del futuro será una globalización más “amable”, centrada en China y Asia Pacífico.

Hegemonía tecnológica

En las principales y decisivas tecnologías, China está a la cabeza. Se mantiene al frente en la construcción de redes 5G, en inteligencia artificial, computación cuántica y superordenadores. El economista Óscar Ugarteche, del Observatorio Económico de América Latina (Obela), sostiene que “China es la fuente de cinco ramas de la economía mundial: farmoquímica, automotriz, aeronáutica, electrónica y telecomunicaciones”. 

De modo que el cierre de las fábricas frena la producción de estas cinco ramas en el mundo. China producía ya en 2017 el 30% de la energía solar del mundo, por encima de la UE y el doble que Estados Unidos. La lista Top500 de los mayores superordenadores del mundo revela que China posee 227 de 500 (el 45%), frente a solo 118 de Estados Unidos, su mínimo histórico. Diez años atrás, en 2009, China tenía solo 21 superordenadores frente a 277 de la entonces superpotencia.

El triunfo chino en la carrera tecnológica no quiere decir que su sociedad sea la deseable desde el punto de vista de quienes deseamos una sociedad poscapitalista, democrática y no patriarcal. El control social en China es asfixiante: desde las millones de cámaras que vigilan a las personas hasta el diabólico sistema de “crédito social” que otorga y quita puntos según el comportamiento correcto de sus ciudadanos, así como la estigmatización y discriminación de las personas LGBTI.

En el resto del mundo las cosas no van mejor. El hecho de que las “democracias” europeas hayan copiado los modos chinos de abordar la epidemia de coronavirus es una muestra de que el dragón ya es referente y ejemplo en cuanto al control social de la población. “El mundo ha aprendido del país asiático”, destaca el periódico empresarial El Economista.

El auge de los fascismos en Europa y en Américas Latina —no solo a nivel de partidos, sino ese fascismo social difuso pero contundente, focalizado contra disidentes y emigrantes porque lucen comportamientos distintos y otro color de piel— va de la mano del vaciamiento de las democracias. Estas van quedando apenas como ejercicios electorales que no garantizan el menor cambio, ni la menor influencia de la población en las políticas estatales.

La experiencia del Gobierno de Syriza en Grecia, así como del Partido de Trabajadores en Brasil, debería ser motivo de reflexión para las izquierdas del mundo sobre las dificultades para mover la aguja de la economía y la política. Aun concediendo que se llevaron adelante con las mejores intenciones, el saldo de sus gestiones no solo es pobre, sino regresivo en los aspectos macroeconómico y respecto al empoderamiento de las sociedades.

El panorama para los movimientos es más que complejo, pero no es uniforme. Los que han hecho de la manifestación y otras acciones públicas su eje central son los más afectados. Sin embargo, los de base territorial tienen una situación potencialmente mejor. A todos nos afecta, empero, la militarización.

Los pueblos originarios y negros de América Latina, con destaque del zapatismo, los nasa-misak de Colombia y los mapuche, están en mejores condiciones. Algo similar puede suceder con los proyectos autogestionados, las huertas o los espacios colectivos con posibilidades de cultivar alimentos.

En todo caso, el militarismo, el fascismo y las tecnologías de control poblacional son enemigos poderosos que, aunados, pueden hacernos un daño inmenso, al punto de revertir los desarrollos que han tejido los movimientos desde la anterior crisis.

25 mar 2020 06

Publicado enSociedad
Larry Kudlow, consejero económico de la Casa Blanca, en la rueda de prensa este martes. En vídeo, declaraciones de Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado. ALEX BRANDON / AP / VÍDEO: AFP

Republicanos y demócratas acuerdan ayudas de dos billones de dólares a empresas y ciudadanos para contener los estragos por la pandemia del coronavirus

 

El Congreso de Estados Unidos ha acordado la aprobación del plan de rescate económico más potente de la historia, un arsenal de cerca de dos billones de dólares en ayudas a empresas y ciudadanos para tratar de contener los estragos económicos del coronavirus y el parón de la actividad que supone esta pandemia mundial. El acuerdo entre Casa Blanca y republicanos, por un lado; y la oposición demócrata, por otro, llegó sobre la una de la madrugada de este miércoles tras cinco días de intensas negociaciones.

Con uno de cada tres estadounidenses llamados a quedarse en casa, colegios y negocios cerrados por todo el país para frenar los contagios, Gobierno y oposición buscan evitar una debacle económica y social. Ya hay más de 55.000 contagiados en el país, más de 800 muertos. El coronavirus es “la amenaza más seria para la salud de los estadounidenses en un siglo y probablemente el mayor riesgo para el empleo y la prosperidad de EE UU desde la Gran Depresión", dijo el jefe de la mayoría republicana en el Senado, McConnell.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que ha liderado las negociaciones con los demócratas junto a McConnell, aseguró el martes que las posturas se encontraban ya “muy cerca”. Es lo mismo que transmitió el líder de la minoría demócrata en la Cámara alta, Chuck Schumer. Cerca de medianoche, sin embargo, las reuniones proseguían y ya se daba por hecho que la votación tendría lugar el miércoles. Tras el voto del Senado, deberá ratificarlo la Cámara de Representantes.

El primer conjunto de medidas anunciado por Donald Trump suponía movilizar un billón de dólares y la munición ahora sobre la mesa, una semana después, roza los dos billones. El jefe del Consejo Económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, detalló este martes por la tarde que la estrategia global alcanzará los seis , al sumar los cuatro más de capacidad de préstamo por parte de la Reserva Federal.

Un paquete de estímulos tan amplio requiere a su vez un paquete legislativo también largo y complejo. El plan contempla inyecciones directas de dinero al bolsillo de los ciudadanos, con el el envío masivo de cheques a la mayor parte de ciudadanos estadounidenses. Hasta ahora se había hablado 1.200 dólares por adulto y 500 por menor de edad, aunque Kudlow citó este martes como ejemplo que una familia de cuatro miembros recibiría 3.000 dólares. En total, esta inyección lo que puede alcanzar los 500.000 millones. Los legisladores se han puesto de acuerdo también una línea de préstamos de 367.000 millones para pequeñas y medianas empresas y un fondo de 500.000 millones para industrias, ciudades y estados.

“Tenemos un acuerdo bipartito en el mayor paquete de rescate de a historia de América", Chuck Schumer. Esta crisis ha llegado en un momento de gran polarización política en Estados Unidos. Durante, el fin de semana, el líder de la minoría demócrata en el Senado estuvo negociando el plan con McConnell y Mnuchin, en coordinación con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Los demócratas, que controlan la Cámara baja, habían presentado su propio proyecto de ley.

El proyecto de ley final, según los demócratas, ayudará a compensar el salario de los trabajadores despedidos durante cuatro meses, en lugar de tres, como establecía la propuesta inicial. Los trabajadores recibirán lo que su Estado pague habitualmente por desempleo más un extra de 600 dólares, según los datos de Associated Press. Además, trabajadores de empresas de la llamada economía colaborativa, como Uber, quedará cubiertos por primera vez. Las compañías también contarán con ayudas fiscales, como el aplazamiento del 6,2% de la cotización a la Seguridad Social de las nóminas.

El último gran escollo, que había centrado las conversaciones del domingo y el lunes, giraba en torno al citado fondo de 500.000 millones de dólares en préstamos y avales para grandes grupos de empresas castigados por el bloqueo de la actividad (425.000 millones para negocios, ciudades y Estados) y el resto, sobre todo compañías aéreas. Tal y como estaba diseñado en el proyecto de ley republicano, Mnuchin dispondría de un amplio margen de maniobra y no tendría por qué hacer públicos los beneficiarios hasta pasados seis meses (aunque fueran canalizados a través de la Reserva Federal). Los demócratas critican la opacidad, el grado de discreción y también la falta de contrapartidas a exigir a las empresas que se acogiesen a esas ayudas, como el mantenimiento de empleos.

Según fuentes de la negociación citadas este martes por The Washington Post, la Casa Blanca ha aceptado incorporar la figura de un inspector general y consejero de supervisión que controle las decisiones de préstamos. Sería un cargo similar al que se creó en la debacle financiera de 2008, cuando el Congreso aprobó el gran rescate a la banca (TARP, por sus siglas en inglés) aún bajo la Administración de George W. Bush. Aquel primer programa de auxilio movilizó 700.000 millones de dólares, cifra que palidece ante las cantidades que el Capitolio planea aprobar de una sola vez ahora.

El mundo no enfrenta ahora una tormenta financiera, sino una pandemia real, sin vacuna aún disponible ni tratamiento específico, de la que los Gobiernos se están defendiendo con el cierre de empresas, lugares de ocio, pidiendo a los ciudadanos que se metan en sus casas, es decir, con el bloqueo de su economía. Esta inyección se suma a un programa de estímulos sin precedentes por parte de la Reserva Federal. El lunes anunció una compra ilimitada de activos, durante un tiempo ilimitado, con tal de mantener el flujo de crédito en un momento tan adverso. La acción, que no sirvió para calmar a los mercados por el parón económico y la falta de acuerdo en el Congreso, llegaba una semana después de que se dejasen los tipos de interés a cero y se diera luz verde a un paquete de 700.000 dólares en compras de deuda de diverso tipo.

Tirar dinero desde un helicóptero, llevar el ponche a una fiesta, poner a funcionar la máquina de imprimir dinero. Todas las metáforas de la política monetaria se quedan cortas con este rescate. Y ni siquiera está claro si bastará. Morgan Stanley calcula que en el segundo trimestre la economía estadounidense puede caer un 30%, Goldman Sachs lo deja en el 24% y JP Morgan parece incluso optimista: estima una contracción del 14%.

El zarpazo del virus llegó a Estados Unidos en un momento de bonanza de la economía, con pleno empleo y a menos de un año de las elecciones presidenciales. En cuestión de días, Wall Street había perdido todas las ganancias acumuladas durante la era Trump y las previsiones para el mercado de trabajo se han tornado muy peligrosas para un país de escasa red social: la Casa Blanca advierte de que el paro puede llegar al 20%. El presidente volvió a alertar este martes de que “la cura no puede ser peor que el problema” y, en una entrevista en la Fox, insistió en que quería “reabrir el país” para Pascua, contra el consejo imperante de los científicos. “Nos enfrentamos a un periodo duro, pero van a ser semanas, no años”, recalcó Kudlow en la rueda de prensa diaria sobre la crisis del Covid-19.

Pese a toda la incertidumbre, Wall Street cerró la sesión del martes con fuertes subidas, animada por la proximidad de un acuerdo político sobre el programa de estímulos. El Dow Jones se disparó un 11,36%, su mayor avance desde 1933. El S&P creció más de un 9% y las tecnológicas del Nasdaq más de un 8%. En Europa, las subidas también fueron notables, en la misma línea de Wall Street. En el caso del Ibex español, el aumento fue del 7,82%, su mayor crecida desde mayo de 2010.

Washington - 24 mar 2020 - 17:27 COT

Publicado enInternacional
Coronavirus y crisis: ¿cómo afectará a la economía en la región?

Informe de la Cepal sobre el impacto de la pandemia en América latina

La debacle económica derivada de las medidas de restricción sanitarias llega a América latina a través de varios canales. Para la Cepal, la región caería este año 1,8 por ciento.

La crisis del coronavirus se encamina a convertirse en un evento económico tanto o más grave que el estallido de la burbuja de las hipotecas subprime, en 2008. Así lo consideran varios organismos internacionales, entre ellos la Cepal, cuya secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, señaló que la actual crisis “pasará a la historia como una de las peores que el mundo ha vivido”. Bárcena detalló cómo América latina se verá afectada económicamente y pidió mayor cooperación global.

 “América Latina y el Caribe, así como otras regiones emergentes, se verá afectada negativamente a través de cinco canales. Un primer canal de transmisión de esta crisis es el efecto de la disminución de la actividad económica de varios de los principales socios comerciales en las exportaciones de bienes de los países de la región. China, por ejemplo, es un destino importante para las exportaciones de varias economías latinoamericanas y la Cepal estima que las exportaciones de la región a ese destino podrían caer hasta 10,7 por ciento en valor”, explicó Bárcena.

“Un segundo canal proviene de la caída en la demanda de servicios de turismo, que impactaría más severamente a los países del Caribe. Se calcula que si la prohibición de viajes a causa del virus se prolonga por uno, dos, o tres meses, la actividad turística en el Caribe, por ejemplo, en 2020 se contraería en 8, 17 y 25 por ciento, respectivamente”, agregó la titular de la Cepal. El tercer canal de transmisión se vincula a la “interrupción de las cadenas globales de valor” que afectaría en primer lugar a México y Brasil, países que importan partes y bienes intermedios desde China para sus sectores manufactureros.

La cuarta vía de impacto se relaciona con la caída de los precios de los commodities, como por ejemplo la soja, que es un producto central de la canasta exportadora argentina. En tanto, un quinto canal de transmisión se deriva de la mayor aversión al riesgo de los inversionistas y el empeoramiento de las condiciones financieras globales.

América latina y el Caribe creció a una tasa estimada de apenas el 0,1 por ciento en 2019 y antes de la crisis del coronavirus se estimaba que 2020 registrara una mejora del 1,3 por ciento. Sin embargo, la Cepal aclaró que “las proyecciones han sido revisadas a la baja significativamente en el actual escenario”. Ahora se calcula una contracción del 1,8 por ciento en la economía regional, “lo que podría llevar a que el desempleo en la región crezca en diez puntos porcentuales y el número de pobres suba de 185 a 220 millones de personas”.

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Coronavirus: El Banco Mundial aconseja que países pobres no paguen sus deudas

El Fondo Monetario Internacional ya recibió pedidos de asistencia financiera de 80 países

Organismos internacionales prometen volcar recursos para apoyar los sistemas sanitarios y otorgar facilidades financieras para que los países más pobres prioricen la emergencia en lugar del pago de obligaciones crediticias.

 

Los organismos financieros globales también pusieron a la crisis del coronavirus en el centro de su agenda política. 

El presidente del Banco Mundial, David Malpass, pidió a los países industrializados que no exijan a las naciones más pobres el pago de sus deudas soberanas y así puedan derivar esos recursos al combate de la pandemia y para atacar los efectos económicos negativos de las medidas sanitarias. 

En tanto, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, indicó que 80 países se comunicaron con la entidad para solicitar facilidades financieras. En ese grupo está la Argentina, que pidió no pagar la deuda por los próximos cinco años.

Este jueves, los líderes del G-20 mantendrán un encuentro mediante videoconferencia en donde el tema excluyente será la crisis sanitaria y económica que disparó el coronavirus. 

Hay un fuerte cambio de la agenda económica global, ya que la crisis abrió un enorme espacio para hacer política económica expansiva y por primera vez desde la crisis de 2008/09 ya no importan los resultados negativos en materia fiscal: las prioridades son la salud de la población y mantener el nivel de empleo. "Esto es una emergencia global que requiere de políticas globales valientes y contundentes", considera el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En una teleconferencia en el marco de las reuniones previas del G-20, el titular del Banco Mundial (BM), David Malpass, pidió un cambio de prioridades para la Asociación Internacional de Fomento (AIF), que es la entidad del BM que presta ayuda a los 76 países más pobres, de los cuales 39 están en Africa. 

La AIF está supervisada por 173 “naciones accionistas” entre las cuales tienen el peso más significativo los países desarrollados. Se trata de créditos baratos en relación a las tasas de mercado. Según datos oficiales, hay comprometidos 75 mil millones de dólares por esta vía entre 2018 y 2020.

“Pido a los líderes del G-20 que permitan a los países más pobres suspender todos los pagos de deuda oficial bilateral hasta que el Banco Mundial y el FMI hayan evaluado por completo sus necesidades de reconstrucción y financiamiento”, dijo Malpass.

“Insto a todos los acreedores oficiales de los países más pobres a actuar con efecto inmediato para ayudar a los países de la AIF, a través del alivio de la deuda, permitiendo que concentren sus recursos en la lucha contra la pandemia. Muchos países van a tener que reestructurar totalmente sus deudas e incluir quitas”, agregó Malpass. 

El BM anunció un incremento de 14 mil millones de dólares en su línea “fast track facility”, de los cuales 8 mil estarán destinados a empresas privadas y 6 mil millones de dólares para ayudar a los sistemas de salud. Malpass dijo que el organismo podría desplegar hasta 150 mil millones de dólares su capacidad de préstamo en los próximos 15 meses.

Por su parte, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que 80 países se comunicaron con el organismo para pedir algún tipo de facilidad financiera. “Estamos trabajando de cerca con otras instituciones financieras internacionales para proporcionar una respuesta coordinada”, dijo la funcionaria, y detalló que el FMI aumentará su capacidad de crédito en 1 billón de dólares.

El FMI prevé que la economía global va a caer un 1,5 por ciento. En los próximos días, el organismo va a publicar un documento en donde detalla la situación económica y el impacto del Covid-19.

Entre los países que se comunicaron con el Fondo para pedir ayuda está la Argentina. Días atrás, el presidente, Alberto Fernández, llamó a Georgieva y le agradeció por el apoyo del organismo al país en la negociación de la deuda externa con los bonistas privados. Además, “le dije al FMI que en los próximos cinco años no les podemos pagar un peso”, contó después el mandatario. "Antes de la pandemia, yo le había dicho al FMI que no podíamos pagar a costa de nuestro pueblo. Ahora tengo mil razones más", sostuvo Fernández. 

El FMI estima que la Argentina va a requerir un alivio de sus pagos de deuda externa de entre 55 y 85 mil millones de dólares en los próximos diez años para el sendero de los pasivos externos vuelva a ser sostenible.

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Lunes, 23 Marzo 2020 06:46

Lo que vendrá

Lo que vendrá

Nassim Taleb propuso el concepto de “cisne negro”, evento que resulta altamente improbable y difícil de predecir con información disponible, pero con un impacto extraordinario. Además, cuando ocurre y se analiza en retrospectiva resulta sumamente obvio. Con relación a la pandemia, aunque los científicos vienen advirtiendo el peligro de la deforestación, invasión de ecosistemas y cambio climático, nos tomó por sorpresa. Las políticas de austeridad en economías europeas periféricas como Italia y España diezmaron los sistemas de salud pública y empujaron a amplias capas sociales a la precarización e inestabilidad laboral. Sumado al individualismo y economismo exacerbado de la cultura se construyó el caldo de cultivo perfecto.

Se le atribuye a Antonio Gramsci la frase “una sociedad entra en crisis cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”. De muchas maneras el modelo neoliberal de transnacionalización y financialización venía dando muestras de agotamiento. Por un lado, el cambio climático y por otro el incremento de las desigualdades generó una creciente fragmentación social. También, la incapacidad manifiesta de la política tradicional para resolver el malestar llevó al surgimiento de líderes como Trump, Bolsonaro o Joerg Haider en Austria. Además de representar posiciones extremas, llegaron mostrándose como outsiders. La crisis sanitaria de escala global es tanto un resultado del propio modelo, como una herida (¿de muerte?) para el mismo.

El mundo al que volveremos será muy diferente al que pausamos. Y no es por no haber sufrido pandemias, sino que la cuarentena limita (con sus más y menos) casi por completo la actividad y contactos a nivel global, lo que resulta una singularidad nunca experimentada. Una de las consecuencias inesperadas fue la rápida disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, al menos mientras dure el confinamiento. Desde el aspecto político cabe destacar las medidas de corte keynesiano y distributivas impulsadas en la mayoría de las economías, inclusive argentina: impensado a pesar de las cuantiosas y cada vez más masivas protestas en el mundo.

Sin embargo, los profundos cambios cualitativos no se limitan sólo a un mayor protagonismo estatal y mayores niveles de coordinación internacional para resolver problemas globales como el calentamiento. Cabe preguntar en términos de modelo de acumulación y paradigma tecno-productivo qué cambios inducirán la inversión acelerada de Estados, empresas e individuos en las Tecnologías de la Información. Algo que ocurre no sólo a nivel infraestructura, sino fundamentalmente con relación a culturas organizacionales y capital humano.

Por ejemplo, ¿qué efectos tendrá que masivamente se utilice la educación a distancia? Una vez hundidos los costos iniciales y curva de aprendizaje, llegó para quedarse: ¿disminuirá el costo de la educación en países como Estados Unidos o Chile la competencia internacional? ¿Podrá generar mayores oportunidades de inclusión educativa en países como Argentina donde la educación superior gratuita es Política Pública? O por el contrario ¿profundizará las desigualdades ya que el acceso efectivo depende de buena conexión y un soporte físico como computadora, Tablet o teléfono celular?

Otra incógnita es la masificación del teletrabajo: puede generar pérdida de predominancia de las grandes urbes como fuente principal de oportunidades laborales, pero también menor capacidad de sindicalización, al tiempo que transfiere muchos de los costos a los propios trabajadores. ¿y qué pasará con los que aún a pesar de todo, no puedan incluirse en el nuevo paradigma tecno-productivo?

Como ciudadanos de una economía periférica nos enfocamos en el día a día: respetar pautas para minimizar costos sanitarios económicos, sociales y psicológicos del aislamiento. Lo mismo que hizo el gobierno al instalar el manejo de la pandemia y sus consecuencias como prioridad. Estamos viviendo momentos históricos. Pronto sabremos si la crisis se resolverá rápidamente o el nacimiento de lo nuevo seguirá sin ocurrir.

Por, Por Eva Sacco, investigadora del centro Cepa.

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Correcciones a falsos paradigmas económicos

Para muchos economistas y todavía más para quienes no lo son, muchas afirmaciones que se hacen actualmente como la de reducir salarios e impuestos a las empresas con el fin de estimular el empleo, o que solo el crecimiento es la fórmula de un país contra la pobreza, pasan por ciertas solo por el hecho de ser promovidas por quienes han estudiado hechos económicos con un tratamiento matemático riguroso. Sin embargo estas herramientas tienen unas implicaciones diferentes cuando se aplican a objetos físicos que fenómenos sociales.

Desde el siglo XVIII la economía tomó a la física como referente para la construcción de su cuerpo teórico. De la mecánica celeste de Newton trasladó elementos para construir la idea de mercados expuestos a fuerzas que los llevan al equilibrio. Según G.L.S. Shackle “se asumió que las ciencias económicas se parecen a las ciencias de la naturaleza donde todo lo que es podría reducirse a un solo y solitario secreto del cosmos”. Han transcurrido más de doscientos años y la idea de equilibrio permanece incólume, los economistas poco reparan en lo nocivo de este concepto pese a las consecuencias duraderas que tuvo la gran recesión o crisis financiera del año 2008.

León Walras fue el primer exponente de la idea de equilibrio neoclásico con elementos matemáticos de su tiempo, sin embargo fue consciente que para entender la interacción entre diversos mercados y llegar a la idea del equilibrio general debía hacer abstracción de problemas profundos y entrar en peligrosas simplificaciones. Walras nunca pensó que el mercado fuera un cruce entre la curva de oferta y la de demanda, él sabía que esta reducción omitía el papel de las instituciones y hacía a un lado temas importantes como la justicia, la felicidad o la distribución de la riqueza.

Las advertencias de Walras desaparecieron de la mente de los economistas y desde 1972 se posicionó una nueva visión que se llamó el Nuevo Consenso Macroeconómico (NCM) que inventó un agente representativo y condujo ingenuamente a los economistas a suponer que aquello válido en el comportamiento individual es extrapolable a la sociedad. Los economistas entonces empezaron a desconocer aspectos tan evidentes cómo el de la dificultad que existe para obtener consensos a partir de diferentes posturas individuales y cerraron la puerta a la importancia que tiene la acción colectiva frente a fallas del mercado o del Estado.

El modelo de equilibrio general dinámico estocástico (Dsge) hace parte de la sofisticación que aceptan ampliamente los Bancos Centrales y los Ministerios de Finanzas Públicas. Para la mayoría de economistas es suficiente reducir todo a un agente representativo y suponer que este es el dueño de una sola empresa y que a su vez es su único empleado. Que la empresa produce una sola mercancía y que el agente representativo es su único consumidor. De suerte que la economía y la sociedad en su conjunto la entienden como las decisiones que maximizan la utilidad de este trabajador y consumidor que es el agente representativo simultáneamente. Pero el absurdo no se detiene aquí. Este agente representativo además tiene un conocimiento perfecto del mecanismo económico y de las distribuciones de probabilidad de todas las variables macroeconómicas, de tal forma que sus expectativas (racionales) son acertadas y no existen obstáculos para llegar al equilibrio económico.

Increíblemente esta visión se impuso al sentido común, al punto que economistas como Prescott llegaron a afirmar que el alto desempleo de la Gran Depresión era el resultado de una decisión racional de los trabajadores porque descubrieron que más horas de ocio les generaba mayor utilidad. “El problema –afirmó Romer, un economista decepcionado del NCM– no es tanto que la macroeconomía hable de cosas que no tienen relación con la realidad, el problema verdadero es que haya economistas que no les importe que existen un grupo amplio de economistas a los que no les importa la realidad”.

De este estrecho planteamiento se han posicionado algunas conclusiones que son equivocadas y que es necesario corregir:

Los mercados NO son perfectos

Ningún mercado es libre, todos necesitan de reglas e instituciones para su adecuado funcionamiento, sin embargo aquellos economistas no aceptan ninguna imperfección del mercado porque esta es contraria a la idea del equilibrio, para ellos la Ley de Say es incuestionable y los mercados se ajustan solos y no requieren de instrumentos de estabilización. Solo en casos extremos y en el corto plazo puede recurrirse a la política monetaria (siempre y cuando no la anticipe el mercado) como principal instrumento de estabilización de las variables reales.
Keynes, un economista por fuera de la escuela dominante y cuyas recomendaciones ayudaron al mundo a salir de la depresión de los años treinta, rechazó esta idea y afirmó que las crisis ocurren por restricciones en el consumo que conducen a ajustes en las expectativas de producción y, por tanto, a una menor demanda de recursos de inversión y de trabajo. Estos desequilibrios o imperfecciones son el principal atributo del capitalismo y, por esto, para él es importante la intervención gubernamental.

El mundo NO es predecible

Para la mayoría de economistas el futuro puede predecirse con base en el pasado. Paul Davidson, un sucesor de las ideas de Keynes, afirmó que esto solo tiene sentido si se cumple la hipótesis de ergodicidad, es decir, si las distribuciones de probabilidad de los eventos económicos son invariantes en el tiempo. No obstante en la realidad se evidencia que los efectos de un choque transitorio pueden persistir en el tiempo (histéresis) y en consecuencia no es posible alcanzar el equilibrio ni hacer algún pronóstico veraz. Debido a que no es posible conocer el futuro, las decisiones de las personas obedecen más a la euforia o al miedo que a los cálculos racionales.

Pese al desarrollo matemático de la teoría de la probabilidad, esta no ha dejado de ser entendida como una opinión, como un juicio de valor de acuerdo con nuestros hábitos o costumbres. Aunque la probabilidad de un evento sea reducida este puede suceder, fue el caso de la crisis financiera del 2008. “Las probabilidades –acierta Shackle– son un reconocimiento de que no se tiene conocimiento y estamos en libertad de usar la imaginación y hacer conjeturas […] que descansan en testimonios escurridizos, fragmentarios y confusos, cuya interpretación y sugerencia puede cambiar de un momento para otro sin causa visible”.

El dinero NO es neutral

Los modelos matemáticos de los economistas no tienen en cuenta el dinero ni la presencia de los intermediarios financieros y por tanto tampoco el crédito. Ellos simplemente asumen la hipótesis de la neutralidad del dinero, es decir que los cambios en las variables monetarias dejan inalteradas las variables reales como el empleo o la producción. La crisis financiera demostró que hay actores que llegan a asumir riesgos excesivos que desestabilizan la economía, responsabilidad, justamente, de las variables monetarias que administran los banqueros centrales.

El 2008 se manifestó con un alto desempleo y un fuerte descenso del producto, la respuesta de las autoridades monetarias fue usar el mismo mecanismo que originó el problema: bajar más la tasa de interés. Pero cuando este instrumento llegó a su límite, a niveles cercanos a cero, se implementó el mecanismo de expansión cuantitativa (QE) de la oferta monetaria con el fin disminuir también las tasas de interés de más largo plazo. Joseph Stiglitz sostiene que esta estrategia fue la responsable de que la recuperación hubiese sido demasiado lenta, para él unas medidas de política fiscal hubieran sido más oportunas. En diciembre de 2017 EE.UU., finalmente, aplicó un aumento del déficit del 3 al 6 por ciento del PIB y este se tradujo de manera rápida en un crecimiento económico del 4 por ciento y en una disminución del desempleo a niveles de 3.7 por ciento.

El trabajo NO es una mercancía

En los modelos matemáticos de los economistas siempre se está en pleno empleo, por “facilidad” se pasa por alto que el mercado laboral tiene unas rigideces que no se superan con la equivocada idea de flexibilizar el salario. El nivel empleo responde mucho más a la demanda agregada que al salario. Stiglitz enuncia otros factores que las autoridades económicas deben tener en cuenta para entender el mercado de trabajo como los cambios demográficos, las mejoras en la productividad, la globalización de la contratación laboral, y la desmotivación y subempleo que genera un desempleo persistente.

El crecimiento económico NO erradica la pobreza

Para los economistas convencionales debe procurarse una desregulación total de los mercados para que la competitividad aumente el crecimiento económico y un mayor ingreso llegue hasta los más pobres. Esta idea conocida como efecto derrame no puede ser más simplista y falsa. La desigualdad además de ser éticamente inaceptable es una traba al crecimiento económico. Entre más profunda es la desigualdad más bajo es el crecimiento. Si el ingreso se concentra en unos pocos esto constituye un freno al efecto multiplicador porque la demanda efectiva se restringe.

Alesina y Rodrik mostraron que las economías que parten de condiciones distributivas muy desiguales en ingreso y riqueza tienen bajas tasas de crecimiento económico en el largo plazo. En 1960, tras una muestra de 70 países con condiciones similares, concluyeron que por un incremento de 0.16 en el coeficiente Gini de distribución de la tierra se produce una reducción en el crecimiento de 0.8 puntos porcentuales por año. Lo anterior contradice el efecto derrame y llama la atención para que los votantes demanden unas medidas tributarias y un gasto publico redistributivo.

Los recursos NO son infinitos

Han difundido la falsa idea de que la acumulación material redunda en felicidad, y esta ha hecho que se deprede los recursos naturales que permiten la vida. Lo importante no es la acumulación sino la satisfacción que las personas obtengan de realizar su proyecto de vida logrando mayor cohesión social y participación ciudadana y política. “La prosperidad consiste en nuestra capacidad de desarrollarnos como seres humanos dentro de los límites de un planeta finito”, afirma el economista ambiental Tim Jackson, cuya propuesta implica incrementar el consumo de riqueza inmaterial (lectura, escritura, deporte, música, danza, meditación, arte, oficio, cuidado de los otros, etcétera) y así reducir las actividades productivas que son generadoras de carbono.

Las decisiones económicas SON una expresión del poder político

Para el economista convencional el uso de la matemática libera a las decisiones económicas de los juicios de valores y las hacen neutrales de los intereses políticos. Nada más falso. “El problema –escribe Shackle– es que el mundo no es económico. Es político-económico, es económico-lucha de poder, económico-descontento social, es económico sujeto únicamente a insaciables codicias, rivalidades y enemistades implacables […] Los asuntos económicos no están encerrados en sí mismos o aislados, no pueden tener una explicación autosuficiente”.

Galbraith, por ejemplo, afirma que la adopción de la política monetaria se debe al interés de los poderosos por mantener estable el valor de sus activos financieros más que por generar empleo e ingresos a quienes dependen de su fuerza de trabajo. Esto fue evidente con los multimillonarios rescates financieros que hizo la Reserva Federal en la crisis financiera de 2008. Usualmente la preocupación de los gobiernos no es el bienestar general sino unos intereses concretos por reelegirse y favorecerse a sí mismos y a los grupos económicos que los financian.

Su resultado económico NO es exclusivamente su responsabilidad

El discurso económico convencional promueve una consigna que ha calado profundo en la psique de las personas y que hace mucho daño: Que su retribución económica está en relación directa con la productividad, que en la medida en la que desarrollan muchas capacidades son más competitivos y por tanto mejor remunerados. Esto sencillamente es una falacia con la que los gobiernos neoliberales han justificado el desmonte de los subsidios a los más vulnerables. Sorprende que dicha idea tenga eco en las personas del común y que la respalden pensando que los menos privilegiados lo son porque no se han esforzado, y en consecuencia es injusto brindarles una ayuda que sale de los impuestos de los que sí trabajan.

Aquellos billonarios de hoy no han construido su fortuna a partir de un trabajo colosal sino mediante el uso de un creciente poder de mercado que les permite capturar las decisiones políticas a su favor. Las empresas usando ese poder tienen entonces la opción de fijar unos salarios bajos y unos precios de sus productos en niveles altos (otra evidencia de que los mercados no son perfectos). Mayor poder de mercado se traduce en un poder político para debilitar sindicatos y precarizar el empleo y, además, incidir en reformas tributarias se les reduzcan su aporte fiscal, esto último se llama corrupción que en sociedades como la colombiana se ha naturalizado. Todo lo anterior conduce a una estrategia que irriga recursos de las capas medias y bajas a los ricos y ultra-ricos y que conduce a desigualdades cada vez más asombrosas.

El Estado ha dejado de actuar en beneficio del mayor número y ahora lo hace en favor de los ricos. Así lo mostró la crisis de 2008 donde los riesgos de los grandes bancos se socializaron mientras que los beneficios se apropiaron individualmente, los abultados rescates a los bancos no fueron más que transferencias de recursos públicos al sector privado. Mariana Mazzucato advierte que esta conducta no es propia de solo el sector financiero sino también del sector real donde la innovación juega un papel determinante. El Estado es el actor que, con recursos públicos, ha asumido el riesgo para financiar investigación básica que luego se convierte en desarrollos como la internet, el GPS, la pantalla táctil, entre otros, y que después privados como Steve Jobs logran integrar en teléfonos móviles inteligentes beneficiándose mediante cuantiosas ventas anuales de años de investigación y dinero públicos destinados a I+D.

De otro lado los avances tecnológicos como el machine learning (la robotización) contribuyen a concentrar todavía más poder de mercado por parte de las empresas, en la medida en que la máquina sustituye a los humanos que no van a ser reemplazables en otros oficios a menos que se reinventen en otras actividades, y el uso de grandes volúmenes de información se usa para manipular las decisiones de consumo de individuos específicos. El resultado de todo esto son industrias más poderosas y un mercado laboral polarizado donde solo unos pocos con las capacidades que exige el mundo de la robótica son empleables con buenos salarios y otros muchos están excluidos de las relaciones laborales. De acuerdo con el Banco Mundial el 70 y el 77 por ciento de los empleos actuales en la India y la China respectivamente (países que tienen el 45% de la población mundial) están amenazados por la robotización.

Es evidente que su resultado económico no depende sólo de usted. La mayor exclusión y manipulación de la que estamos siendo testigos además está generando mayores trastornos de salud mental, no solo la idea vergonzosa de la culpa detrás de nuestro menor bienestar, sino la sensación de impotencia y frustración frente al excesivo poder de mercado que ostentan los bancos, los operadores de telefonía móvil, las aerolíneas y otras industrias que menoscaban la capacidad de reclamación y elección libre que deben tener los consumidores en una sociedad capitalista.

Conclusión

La economía no es una ciencia. No está libre de intereses particulares por parte de aquellos que toman las decisiones económicas. Nos han hecho creer que la desregulación del mercado, incluyendo el laboral, se traduce en bienestar social y presentan su justificación como lo más normal y sensato, cuando no lo es. Este entramado de la teoría económica no tiene bases sólidas, aquellos educados en las universidades más importantes del primer mundo han tomado como serio un relato que solo beneficia a unas élites que están concentrando riqueza a tasas endemoniadas, dejando a su paso exclusión y deterioro en la salud mental y ambiental. ¡Es importante entenderlo y actuar!

19 febrero 2020

 


 

 

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Publicado enEdición Nº266