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Jueves, 26 Septiembre 2019 16:34

Devaluación y desempleo

Devaluación y desempleo

Durante estos días el desempleo y la devaluación del peso son los dos rasgos más significativos del desenvolvimiento de la economía colombiana. Los dos reflejan dificultades que no son solamente coyunturales, sino que también son de naturaleza estructural. Además, son la manifestación del impacto que han tenido las dinámicas internacionales en la actividad doméstica.

 

Desempleo

 

En la figura se observan las variaciones de las tasas de desempleo (TD), y de participación (TGP), en el mes de julio de los años 2001-2019.

 

La tasa de desempleo presenta dos tendencias claras. Una descendente, que va desde el 2002 hasta el 2015. La reducción fue significativa, y el mismo pasó de 15,4% a 8,8%. Y, la otra, ascendente, que va desde el 2015 hasta ahora, cuando el desempleo llegó a 10,7%. Con razón, el gobierno y los gremios han expresado, sus preocupaciones por el aumento del desempleo.

Durante el período 2002-2015 el desempleo se redujo por varias razones. i) A comienzos de los años 2000, la economía todavía estaba resentida por la caída del PIB en 1999, que fue de -4,5%. Esta disminución de la producción fue un golpe muy duro, que redujo de manera significativa la capacidad de la economía. A partir del 2002 ya se comienza a observar cierta recuperación, y por ello el desempleo comienza a bajar. ii) Las bonanzas del petróleo y de los minerales. El precio del petróleo empezó su ritmo ascendente en el 2003-2004. Los recursos de la bonanza favorecieron a algunos sectores, como el comercio, los servicios, las finanzas y la construcción, que mejoraron el empleo. iii) La disminución de la tasa general de participación entre 2001 y 2007. Esta reducción significa que menos personas están buscando trabajo, y ello facilita la disminución del desempleo. Cuando la tasa de participación comenzó subir en el 2008, el desempleo no aumentó porque ya se estaba en plena bonanza, y se pudo absorber a la nueva población que deseaba trabajar.

El desempleo está aumentando desde el 2015 porque: i) La bonanza se agotó, y ya se están observando las consecuencias de no haberla sembrado. Las importaciones aumentaron, afectando de manera negativa a la industria, y a la agricultura. La euforia de la bonanza se agotó, y ello se explica porque durante los años de vacas gordas no se crearon condiciones propias para estimular la actividad productiva nacional. ii) La tasa de participación continúa siendo alta. Y ello se explica, entre otras razones, porque cuando las familias sienten que sus ingresos están disminuyendo, algunos de sus miembros que antes no trabajan, deciden buscar empleo. Esta opción puede ser muy dañina, sobre todo cuando el joven abandona el colegio para buscar empleo. iii) La reducción de la inversión pública. La disminución de los impuestos a los más ricos, disminuyó la capacidad fiscal del gobierno, y el gasto público se ha contraído. iv) El ministro de Hacienda está desconcertado porque no entiende cuáles podrían ser las razones del mayor desempleo. Y tiene razón en estar confundido, porque desde su lógica, las exenciones que el gobierno le ha ido dando a las empresas, y la reducción significativa de los impuestos, deberían haberse expresado en un mayor nivel de empleo. No ha sucedido así. Todo lo contrario. No obstante la menor carga tributaria, el empleo no mejora. No se está cumpliendo la relación de causalidad que de manera simplista había propuesto el gobierno: menores impuestos, entonces mayor empleo. v) Todo indica que las causas del desempleo habría que buscarlas en factores estructurales, y dejar de lado el discurso que reduce todo el problema a los costos laborales.

 

La devaluación del peso

 

Cuando se acaban las bonanzas también se reduce la entrada de dólares, y por ello su precio sube. La devaluación del peso, que se ha intensificado estos días, es una consecuencia de la fragilidad de la economía. El país no está preparado para recibir los choques externos. Con los excedentes de las bonanzas no se consolidó la producción nacional. El país se dedicó a importar, y las empresas locales no pudieron competir. Los efectos perversos del mal uso de la bonanza se están comenzando a sentir.

Quizás sirva de consuelo saber que la devaluación puede estimular las exportaciones, y reducir el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Pero este camino únicamente es posible si las políticas gubernamentales efectivamente favorecen a la pequeña y mediana empresa.

 

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10 de septiembre de 2019

Publicado enEdición Nº261
Jueves, 26 Septiembre 2019 06:30

¿El PIB o la vida?

¿El PIB o la vida?

Las iniciativas para desplazar del centro del debate económico al medidor fetiche del crecimiento se multiplican

Se buscan alternativas que capten mejor el bienestar de los ciudadanos. Algunos pilares del liberalismo se han sumado al reto

Tres mandatarias en ejercicio -Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, y Katrin Jakobsdottir, primera ministra de Islandia- empujan para cambiar la mirada económica

Cuando hace unos años alguien comentaba que el objetivo de la economía no debería ser solo hacer crecer el producto interior bruto (PIB), el medidor más extendido de la riqueza de un país, sino ayudar a la gente a vivir mejor y ser más feliz, siempre se arriesgaba a recibir una muy condescendiente y sarcástica respuesta: "¡Claro! Como en Bután, ¿no?".

Bután es un pequeño país junto a la cordillera del Himalaya, limítrofe con China e India, cuyo monarca absolutista decidió en 1972 que todos sus súbditos debían ser felices sí o sí. Incorporó el objetivo de la felicidad del pueblo con el máximo rango en su Constitución y obligó a los sucesivos gobiernos a dar prioridad a la felicidad interior bruta por encima del PIB. El país mantiene todavía rasgos absolutistas -hasta 2008 no eligió en unos comicios al jefe de Gobierno- e invariablemente aparece en la parte más baja de todos los rankings internacionales económicos y sociales, pero cada año exhibe renovados sondeos de opinión que supuestamente muestran que la felicidad del pueblo es total: lo más parecido a la pesadilla del Ministerio de la Felicidad que imaginó el gran escritor británico George Orwell.

Y, sin embargo, en los últimos años cada vez son más las voces que reclaman repensar las políticas económicas para que no se centren solo en los grandes indicadores convencionales del crecimiento -entre los que sobresale el PIB-, sino que se ponga el foco en mejorar la vida de la gente, sin dar por sentado que una cosa lleva necesariamente a la otra. Son los partidarios de la wellbeing economy, que no tiene una traducción fácil al español: en función de donde cada uno ponga el acento podría asimilarse a economía del bienestar, economía de la felicidad o economía del buen vivir. En cualquier caso, con un punto de partida común: el PIB no debería ser la medida de todas las cosas.

Salto cualitativo

La presión para un cambio viene de todos los frentes y en el último año ha dado un salto cualitativo. Los movimientos sociales han creado una alianza internacional potente para empujar en esta dirección, la Wellbeing Economy Alliance (WeAll), con más de 60 organizaciones miembros en todos los continentes, entre ellas la española New Economy & Social Innovation (NESI), pero la ola está llegando también al ámbito gubernamental: varios mandatarios se han propuesto colocar esta nueva mirada "más allá del PIB" en el centro mismo de su actuación y han puesto en pie un grupo intergubernamental para coordinarse, Wellbeing Economy Governments (WeGo), que arrancó en octubre de 2018 y que tuvo su primera sesión de trabajo el pasado mayo en Edimburgo en un edificio con especial simbolismo: el Panumure House, mansión del siglo XV que fue residencia de Adam Smith (1723-1790), uno de los padres de la economía política y autor de La riqueza de las naciones. De eso sigue tratando el entuerto: ¿cómo contabilizar bien la riqueza para que guarde relación con la vida real de la gente?

Las principales promotoras de este grupo intergubernamental, que bien podría verse como embrión de alternativa conceptual al G-7 -las grandes potencias del PIB, aunque falte China-, son mujeres de menos de 50 años: Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia (Reino Unido), que se ha erigido en uno de los principales laboratorios de este enfoque y que en 2018 incorporó la aproximación wellbeing como objetivo transversal del gobierno; Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, que ha convertido los presupuestos de 2019 de su país en los primeros "presupuestos del bienestar" -también como objetivo transversal y con nuevas partidas específicas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos-; y Katrin Jakobsdottir, primera ministra de Islandia forjada en las luchas ecologistas.

Las tres mujeres son de tradición progresista, pero la ola gubernamental que trata de ver la economía con ojos que vayan más allá del crecimiento estricto no es patrimonio de la izquierda: en Reino Unido funciona una comisión parlamentaria específica sobre wellbeing economy, con la participación de los principales partidos, que el pasado mayo emitió un informe por consenso en el que sugiere gastos adicionales inmediatos por más de 7.000 millones de euros para reforzar sobre todo las partidas de salud mental y atención a la infancia y personas mayores. Y el gran motor del debate en la última década ha sido nada menos que la OCDE, la organización internacional de los países desarrollados, con gran influencia en las políticas públicas de sus miembros.

En 2009, la OCDE encargó un importante informe para repensar la economía, Más allá del PIB, a un grupo de economistas de prestigio: los premios Nobel Joseph Stiglitz y Amartya Sen, y Jean-Paul Fitoussi, referencia de la macroeconomía en Francia. La presión por abrir esta nueva línea había partido del entonces presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy, en el contexto de la crisis económica que pareció poner en jaque el sistema capitalista en 2008 con la caída del banco Lehman Brothers, y la OCDE acabó tomando el relevo.

El documento no quedó en un hecho aislado, sino que fue el punto de partida de una frenética actividad de la organización, con estudios periódicos como el How’s life? (¿Cómo es la vida?), la promoción de medidores que complementen el PIB y conferencias internacionales para avanzar con este enfoque. La última se celebró a finales de 2018 en Corea del Sur y puso al día el documento original de Stiglitz, Fitoussi y Sen, todavía con el liderazgo de los dos primeros. En los trabajos científicos se han implicado una quincena de economistas de gran renombre, entre ellos Thomas Pikkety y el malogrado Alan Krueger, asesor económico de Barack Obama, fallecido el pasado marzo.

La presión para ver la economía “más allá del PIB” se ha convertido también en una bandera de la prensa de referencia liberal, como el Financial Times, que, coincidiendo con el informe de la comisión parlamentaria de la wellbeing economy en Reino Unido dedicó incluso un editorial favorable a buscar complementos al PIB para que no sea la única vara de medir la economía (The secret of measuring national wellbeing). Precisamente, ha sido uno de los reporteros de referencia del rotativo, David Pilling, quien ha publicado uno de los libros recientes más implacables con la obsesión por el PIB, editado en España por Taurus con el elocuente título de El delirio del crecimiento.

“Después de escribir durante 20 años para el Financial Times desde los cinco continentes llegué a la conclusión de que la costumbre de ver el mundo a través del prisma del crecimiento económico está distorsionando nuestra percepción de lo que es importante”, escribe Pilling, quien sintetiza con sarcasmo las características del PIB: “Si fuera una persona, sería indiferente, incluso ciega, ante la moralidad. Mide la producción de cualquier clase, sin importar si es buena o mala. Le gusta la contaminación, en especial si es necesario gastar dinero para combatirla. Le gusta el delito porque le encantan las grandes fuerzas policiales y reparar ventanas rotas. Le agrada el huracán Katrina y está bastante de acuerdo con las guerras. Le complace medir la escalada de un conflicto en número de armas, aviones y misiles para, después, contar el esfuerzo que precisará la reconstrucción de ciudades arrasadas a partir de sus ruinas humeantes”.

Como explica Pilling y otros autores -como la economista Mariana Mazzucato en su reciente El valor de las cosas (Taurus, 2019)-, el PIB es solo “una convención” fruto del momento histórico en que nació, bajo el impulso de la Gran Depresión de la década de 1930 y la economía de guerra que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Mazzucato subraya que cuando el PIB se estandarizó lo hizo, además, bajo la influencia de las corrientes ortodoxas, que asocian valor y precio, de forma que se excluyeron todos los aspectos que en una economía no tienen precio -como los cuidados y el trabajo doméstico realizado por familiares- o se asignan fuera de mercado, como los servicios públicos. Ni siquiera el economista que es considerado el padre del PIB, el estadounidense de origen bieloruso Simon Kuznets (1901-1985), quedó satisfecho con el invento: él era partidario de excluir del cómputo las acciones que tuvieran un impacto negativo en la vida de la gente, como las prácticas contaminantes o la industria de guerra. 

Poner esos peros en un contexto absolutamente condicionado por la guerra total debió de parecer hasta de tiquismiquis. El problema es que aquella arquitectura, hija de su época, sigue determinando por completo las economías actuales, más incluso de lo que desearían muchos economistas: el PIB se ha convertido en el sinónimo de la economía misma y hasta en la principal prioridad de todo mandatario aspirante a la reelección. Si el PIB sube, aumentan las expectativas de reelección. Si baja, se hunden. ¡Es la economía, estúpido! fue la síntesis que mejor explicó la derrota de George H. Bush y el triunfo de Bill Clinton en las elecciones de EE UU de 1992, un revés que cogió por sorpresa al presidente tras su victoria militar en Irak. Pero en el imaginario de los candidatos y de sus asesores que aprendieron esa lección quedó como ¡Es el PIB, estúpido!

Y eso que ya en 1968 el entonces candidato presidencial en EE UU Robert Kennedy había afirmado en un célebre discurso que "el PIB lo mide todo excepto lo que merece la pena". La última crisis económica mundial ha vuelto a poner de manifiesto las dificultades del PIB para capturar cómo le va a la gente corriente. Alemania, por ejemplo, ha registrado un crecimiento ininterrumpido del PIB real (ajustado a la inflación) desde 2010, hasta el punto de que los analistas hablan de "década dorada". Sin embargo, el malestar social está tan extendido que una formación extremista y reaccionaria aspira ya a convertirse en la primera fuerza en el este del país. España también crece -y por encima de la media de la UE- desde 2014, pero el descontento social está todavía en cotas muy elevadas. Y lo mismo sucede en la gran mayoría de países occidentales: el PIB proclamó el fin de la crisis, pero muchos ciudadanos aún no lo han notado cuando ya suenan los tambores de una nueva recesión.

Propulsor de populismos

En opinión de la comisión de la OCDE que coordina Stiglitz, el auge de los populismos es una consecuencia clara de la omnipotencia del PIB. Por un lado, la falta de consonancia entre la experiencia propia de la gente y la supuesta recuperación ha acrecentado la desconfianza. Por el otro, la obsesión con el PIB -que en teoría marchaba bien- ha impedido tomar las medidas adecuadas para mejorar la vida de los ciudadanos. Como subrayan los expertos de la OCDE: "Lo que medimos afecta a lo que hacemos. Si medimos la cosa equivocada, haremos cosas equivocadas. Si algo no lo medimos, se ignora como si el problema no existiera".

Por ello, afinar mejor la recopilación estadística es uno de los elementos centrales para construir una economía menos obsesionada con el PIB y ahí se han destinado muchos de los esfuerzos de la OCDE y también de la Unión Europea: de poco sirve en muchas ocasiones la cifra bruta si no se distingue luego por sexos, edad o niveles de ingreso. Por ejemplo, tras la recesión de la década pasada, el PIB estadounidense creció con mucha fuerza de nuevo, pero en los tres primeros años de recuperación el 90% de la mejora fue solo para el 1% más rico. 

En el mismo capítulo de la estadística, los expertos defienden optar por la mediana en lugar de la media para hacerse una fotografía más fidedigna de la evolución económica real de los ciudadanos. La mediana es el punto medio de una serie ordenada de valores; la media es la suma de los valores dividido entre el número de integrantes. Parece un tecnicismo, pero tiene muchas implicaciones: imaginemos a cinco trabajadores que ganan 20.000 euros al año cada uno tomando una caña en un bar, al que de pronto entra Amancio Ortega, máximo accionista de Inditex. Si se calcula la media de ingresos de los clientes del bar en ese momento, todos pasan a ser multimillonarios. La mediana sigue siendo de 20.000 euros.

Ante las evidentes carencias del PIB, han surgido varios indicadores alternativos que aspiran a capturar mejor la realidad económica de los países y de sus ciudadanos, más allá del indicador fetiche del crecimiento. El más consolidado es el Índice del Desarrollo Humano (IDH), promovido desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que combina el PIB con la esperanza de vida, la educación y, últimamente, también la desigualdad. Otra alternativa es el Índice del Progreso Real, abanderado sobre todo en sectores ecologistas, que en ocasiones se ha mostrado más eficiente que el PIB: el Estado de Maryland (EE UU) lo registra junto con el PIB y en 2009, ya en plena crisis, el PIB del Estado aún tuvo un crecimiento oficial del 3%, mientras que el índice alternativo marcaba ya un abrupto descenso del 6%.

En 2017, la revista científica Ecological Economicspublicó por vez primera una estimación del crecimiento en España entre 1970 y 2012 utilizando como medidor una variante del Índice de Progreso Real. El trabajo, realizado por investigadores del instituto IMDEA Energía de la Comunidad de Madrid, matiza considerablemente el milagro económico español: en estas cuatro décadas, el crecimiento fue del 146% si se mide en PIB per cápita, pero solo del 39% con el medidor alternativo, una mejora importante pero menos estratosférica.

En la última década se han lanzado otros índices alternativos, con patrocinadores importantes, como el Índice del Crecimiento Inclusivo, apadrinado por el influyente y muy liberal Foro Económico de Davos; y el Índice de la Felicidad, coordinado por el economista de la Universidad de Columbia Jeffrey Sachs. Sin embargo, ninguno se ha consolidado como estándar alternativo para el diseño de políticas públicas, en parte porque responden a enfoques y tradiciones muy distintas entre sí. Economía del bienestar, Economía de la felicidad y Economía del buen vivir parten de la crítica al predominio absoluto del PIB como sinónimo de éxito económico, pero conducen en ocasiones a mundos paralelos. Con la economía del bienestar se sienten cómodos keynesianos y poskeynesianos, como Stiglitz y Piketty, abanderados del Estado del bienestar, aunque incorporando en el análisis las aportaciones del ecologismo -sostenibilidad del planeta, etc.- y el feminismo -visibilizar el área de cuidados y el trabajo doméstico, etc.-, lo que necesariamente exige matices al PIB clásico.

Objetivo: la felicidad

En cambio, con la economía de la felicidad se identifican sobre todo liberales utilitaristas que, como el pensador Jeremy Bentham (1748-1832), creen que una acción es correcta si en general promueve la felicidad. También las de los gobiernos, en línea con la máxima de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de EEUU: “El único objetivo legítimo del buen gobierno es cuidar de la vida humana y la felicidad”. Uno de los principales referentes de esta escuela es Richard Layard, de la London School of Economics.En sus trabajos -entre los que destaca La felicidad. Lecciones de una nueva ciencia (Taurus, 2005)- se muestra convencido de que la felicidad es perfectamente medible y que tiene mucho que ver con la salud mental y el bienestar emocional en la infancia, muy relacionada con cuestiones como la seguridad laboral de los padres y su relación como pareja.

Finalmente, los abanderados de la economía del buen vivir entroncan sobre todo con las corrientes más anticapitalistas y partidarias incluso del decrecimiento. Un libro reciente, Buen vivir. Utopía para el siglo XXI (Fuhem Ecosocial, 2019), de Patricio Carpio Benalcázar, de la Universidad de Cuenca-Ecuador, es una buena guía de sus fundamentos, basados en cuatro puntos: “el sumak kawsay o filosofía indígena sobre la naturaleza y la comunidad; el desarrollo alternativo, con dimensiones que trascienden la economía; elposdesarrollo, que incluye la dimensión ecológica como determinante, y la crítica al sistema [capitalista].”

Salvo esta última corriente, las demás aproximaciones no desprecian ni el crecimiento ni el PIB, sino que aspiran a matizarlo y complementarlo. Y así no tener que elegir nunca entre la bolsa o la vida.

Por Pere Rusiñol

24/09/2019 - 22:04h

[Este artículo forma parte del dossier Economía para vivir mejor, publicado en el número 72 de la revista Alternativas Económicas.Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Publicado enEconomía
Si "no sirven" las refinerías, ¿por qué Estados Unidos tiene 135?

ANTECEDENTES: El siglo XX fue marcado por las guerras para la captura del "oro negro", debido a la vulnerabilidad energética de Estados Unidos en ese entonces.

Hace 21 años pregunté: "¿Sirve el petróleo?" (https://bit.ly/2lqJM7U), ante la feroz embestida de los antimexicanos neoliberales/ itamitas quienes planteaban su entrega expedita a la dupla anglosajona de EU y Gran Bretaña.

Hoy la nueva generación del mismo grupúsculo cacofónico vuelve a la carga contra la reactivación de las paralizadas seis refinerías –y su capacidad de diseño de procesamiento– (https://bit.ly/2moM0F4), y la construcción de Dos Bocas (Tabasco), con el fin de que México sea menos dependiente del meganegocio de la gasolina texana: extracción regalada y refinación cara (https://on.wsj.com/2lrPB50) y (https://bit.ly/2kVWwTO), donde un típico trabajador texano gana 200 mil dólares al año (https://on.wsj.com/2Gxg6MP).

El locuaz Fox, de presunto padre texano, impulsó la construcción de cinco refinerías en Centroamérica (sic); no en México –como le ordenaron sus patrones de EU en su fracasado Plan Puebla Panamá.

Luego, al desregulado Calderón, sus amos texanos/españoles le ordenaron detener la refinería de Tula.

HECHOS: Quienes menos saben de hidrocarburos, no se diga de su geopolítica y geoestrategia, son quienes más "vociferan" contra la reactivación de las seis refinerías en México y la construcción de Dos Bocas.

Si las refinerías "no sirven", ¿por qué entonces EU, hasta inicios de 2019, detenta 135 refinerías funcionales?

Hoy EU es primer exportador mundial, por delante de Rusia y Arabia Saudita, y su gran negocio es la refinación ya que su gas/petróleo lutita ( shale gas/ oil) pierde inmensas fortunas y está subsidiado por los megabancos de Wall Street que, al unísono de sus hilarantes cuan descalificadas "calificadoras", degradan deliberada y tramposamente a sus competidores como México.

Nadie tiene más refinerías ni refina mas productos de petróleo que EU con sus 135 refinerías distribuidas en 30 estados, primordialmente (en número y en cantidad) en Texas (47: epicentro de la industria petrolera de EU), Luisiana (19) y California (18): los tres estados constituyen 45 por ciento del total y 60 por ciento de su capacidad de refinación (https://bit.ly/2mWkTRY).

La independencia energética de México leS disgusta a los irrendentistas texanos y a sus palafreneros antimexicanos: IMCO (https://bit.ly/2leu9QZ) –cuyo ex director Juan Pardinas incitó a un golpe de Estado para imponer la ignominiosa "reforma energética" del itamita Luis Videgaray–, al muy primitivo golpista Gustavo de Hoyos de Coparmex, y a los salinistas Claudio X.González y su corrompido hijo.

La eficiente titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, anunció la inversión por 12 mil 500 millones de pesos(https://bit.ly/2lqYWKm) –una bicoca: 643 millones de dólares, para la dimensión de Pemex –con el fin de rehabilitar las seis refinerías (https://bit.ly/2mwouWs) que se encontraban al inicio de la 4T en 32 por ciento de su capacidad y ahora alcanzó 52 por ciento(https://bit.ly/2lrduti).

Durante una "Mañanera 4T", el presidente López Obrador se pronunció en forma categórica y plausible contra el caníbal fracking (https://bit.ly/2QlHUdZ), que anhelan los antimexicanos para complacer a sus amos texanos (https://bit.ly/2kSvRY1).

Llamó la atención que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, a cargo local de Dos Bocas, haya recibido la visita, con un día de diferencia, de los embajadores de dos de las tres máximas superpotencias: EU (https://bit.ly/2moRFei) y China (https://bit.ly/2lrwzf4).

CONCLUSIÓN: De las 15 mayores refinerías del mundo, EU cuenta con cinco, Sudcorea (que no tiene petróleo ni gas) tres, Singapur (que tampoco tiene petróleo y gas) dos y Arabia Saudita/Irán/India/Venezuela una cada uno.

Destaca la calidad geoestratégica de las refinerías cuando las cinco más grandes refinerías en el mundo, de un total de 700, se encuentran en la región Asia-Pacífico: EU/China/Rusia/India/Japón (https://bit.ly/2mnKUt3).

Las refinerías no son un vulgar asunto de mercaderes y/o de costo-beneficio: pertenecen a la zona delicada de la Seguridad Nacional.

www.alfredojalife.com

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Lunes, 23 Septiembre 2019 06:42

El clima

El clima

En su libro sobre religión y filosofía política, Mark Lilla considera la relación del ser humano con la naturaleza.

Señala: “Cuando un ser humano se hace consciente de sí mismo, descubre que está en un mundo que no es de su hechura, pero del cual forma parte. Advierte que está sometido a las mismas leyes físicas que afectan a los objetos inanimados de ese mundo; como las plantas, requiere de nutrientes y se reproduce; y como los animales, vive con otros, construye refugios, lucha y siente. Esta persona puede notar sus diferencias con respecto a todos estos objetos y criaturas, pero también reconocerá lo que comparte con ellos. No observa el mundo desde fuera, como un objeto externo de contemplación, lo mira desde dentro y ve que es dependiente de él. Entonces puede ocurrírsele el pensamiento de que, si puede llegar a entenderse a sí mismo, necesitará entender el todo del cual es una parte. (M. Lilla, The Stillborn God, Vintage Books, NY, 2008).

El mundo no es un objeto externo a nosotros, este asunto me parece clave para identificar los problemas sociales que definen la relación de los humanos con el medio ambiente: con la miríada de especies con la que se comparte el mundo, así como con los recursos y procesos complejos que sostienen la vida misma. Es una relación que se hace crecientemente conflictiva y tiende a una tensión extrema.

Gran parte del discurso político, de las pautas productivas y de consumo, de la apropiación de los recursos y las formas en las que se distribuyen entre la población indican, empero, que la naturaleza se concibe como algo externo a nosotros como individuos y como sociedad, con la cual se tiene una relación cada vez más complicada. Esto mismo se advierte en las formas de expresión comunes para referirse a la naturaleza.

Podemos concordar con Lilla en su perspectiva, pero hay que admitir abiertamente que muchos no conciben así la situación; entonces, se esconde la complejidad del sistema que soporta la existencia.

Como seres humanos tenemos en esto una enorme responsabilidad. La naturaleza no debería ser un entorno sobre el cual ejercemos un dominio omnipotente, sustentado en la noción de que somos entes superiores y no sólo capaces de someter y encauzar el uso de los recursos disponibles para satisfacer nuestros fines, cueste lo que cueste, sino que tenemos el derecho y hasta estamos destinados a hacerlo.

Esta noción del progreso basado en el agotamiento y la sobrexplotación de los recursos, con consecuencias graves como son el calentamiento global y la acumulación de desechos, muchos de ellos no degradables, está en el centro del modo de producción vigente y de las formas de ejercicio del poder; también es una expresión cultural predominante.

Esto es lo que ha entendido Greta Thunberg, con una gran intuición como premisa indispensable. Se ha erigido como un símbolo de la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias perniciosas. Ha logrado movilizar a la gente, especialmente a los jóvenes por decenas de millares en muchas partes del mundo.

Pero no hay modo de creer que los líderes políticos en general, así como los grandes productores y los consu-midores más ricos que usan losrecursos naturales y las fuentes de energía predominantes tengan una convicción clara sobre lo que dice Greta y lo que claman los jóvenes que la siguen.

El negacionismo del deterioro ambiental y sus consecuencias negativas, que según los científicos avanzan sin cortapisas y generan cambios climáticos que pueden ser ya irreversibles, es una postura expuesta con rabia por los sectores más conservadores.

Políticamente es notable lo dicho hace unos días por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien preside la Cumbre 2019 Acción Climática, lo dijo con todas sus letras apelando a los líderes que asistirán a la reunión: "Vengan con compromisos concretos, no con discursos adornados".

Hay un espacio conflictivo que parece definir el momento actual en torno al cambio climático, entre los discursos y las contradicciones políticas exhibidas en el Acuerdo de París, el cual estableció un plan de acción mundial para limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 °C.

En este ámbito, China representa 27.2 por ciento del total de emisiones de CO₂, Estados Unidos 14.6, le siguen en los cinco primeros lugares: India, 6.8; Rusia, 4.7 y Japón, 3.3 por ciento. Donald Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París en junio de 2017 con el argumento de que debilita la economía de su país y la pone en una permanente desventaja. Se anunció que irá a la ONU el día que inicia la cumbre, pero para asistir a una reunión sobre la libertad religiosa. Más desaire es imposible.

Las acciones para enfrentar el cambio climático, así como la acumulación de desechos, requiere de compromisos de los individuos y de las empresas; sin embargo, es decisiva la acción concertada de los gobiernos y forjar también el activismo social, y que ambos promuevan un cambio categórico, pero, sobre todo, oportuno para enfrentar la crisis ambiental.

Publicado enMedio Ambiente
Domingo, 22 Septiembre 2019 05:52

Thomas Piketty, contra la propiedad privada

Thomas Piketty, contra la propiedad privada

El economista francés, gran teórico de la desigualdad, publica ‘Capital e ideología’, un monumental ensayo que propone “la circulación de bienes” para “superar el capitalismo”

No es la lucha de clases, ni la mano invisible del mercado, ni menos aún la historia de los grandes líderes y batallas lo que mueve el mundo, sino las ideas, según el economista francés Thomas Piketty. Y el aleph que a casi todo da sentido, la llave de la evolución de las sociedades es la propiedad privada. Quién posee qué y en nombre de qué.

Las desigualdades crecientes de ingresos y patrimonio, que Piketty diseccionó en una obra anterior, el superventas El capital en el siglo XXI (Fondo de Cultura Económica, 2014), son producto de una ideología. Cada momento tiene su justificación, un argumento que lo sostiene, y transformar el mundo obliga a cambiar de ideas. “Dar un sentido a las desigualdades, y justificar la posición de los ganadores, es una cuestión de importancia vital. La desigualdad es ante todo ideológica”, escribe en Capital e ideología, recién publicado en Francia y que lanzará Deusto en castellano.

El nuevo libro es ambicioso. Empezando por las dimensiones: 1.200 páginas. Abarca siglos, desde la Edad Media hasta hoy. Se extiende por cuatro continentes. Desborda las disciplinas académicas: de la economía a la historia, de la ciencia política a la teoría de la justicia y a la literatura. Las novelas de Jane Austen, Balzac o Carlos Fuentes ofrecen tanta o más información que una batería de gráficos y tablas, unas 170, sobre la historia de la propiedad privada y su efecto en las desigualdades.

“Hoy afrontamos una lógica de acumulación sin límite y de sacralización del derecho del propietario”, dijo esta semana Piketty en un encuentro con corresponsales en la Paris School of Economics, donde codirige el Laboratorio Mundial de la Desigualdad. “Y olvidamos que los grandes éxitos del siglo XX en la reducción de las desigualdades, pero también en el crecimiento económico, se obtuvieron re-equilibrando los derechos del propietario con los del asalariado, el consumidor. Se hizo circular la propiedad”.

Capital e ideología contiene tres libros en uno. El primero y más extenso —las 800 primeras páginas— es una historia detallada de lo que el autor llama los “regímenes desigualitarios” o “de desigualdad”. Comienza por el Antiguo Régimen y la desigualdad “trifuncional” de las sociedades divididas en el clero, la nobleza y el tercer estado. Si aquel sistema perduró durante siglos, fue porque una ideología lo sostenía, disfrutaba de una legitimidad: se justificaba por la necesidad de seguridad, que debía garantizar la casta guerrera, y de sentido, del que se encargaba la casta sacerdotal.

De la ideología “trifuncional”, Piketty pasa a la “sociedad de propietarios”. La Revolución francesa de 1789 abolió los privilegios, pero no la propiedad privada, que podía incluir a los esclavos. Entre 1800 y 1914, las desigualdades se disparan y superan los niveles del Antiguo Régimen. “El argumento de la época era que, si se cuestiona el derecho de propiedad, adquirido en un marco legal, nunca sabremos dónde parar, y el caos se impondrá”, explica Piketty.

El periodo de entreguerra en el siglo XX es una transición entre el “propietarismo” desigualitario y no regulado del siglo XIX, y la era socialdemócrata de la posguerra mundial. Estados Unidos y Europa adoptan entonces fiscalidad progresiva con tipos impositivos que superaron el 80%, sistemas de protección social avanzados y el acceso a la educación. Deja paso a partir de los ochenta, con la revolución reaganiana y la caída del bloque soviético, a lo que Piketty denomina el “hipercapitalismo”. La ideología desigualitaria, lo que en este periodo, que es el nuestro, legitima el statu quo, sería la meritocracia, “la necesidad de justificar las diferencias sociales apelando a capacidades individuales”.

La “izquierda brahmán”

Aquí termina el primero de los tres libros. El segundo, que ocupa las 300 páginas siguientes, es un estudio sobre la evolución del sistema de partidos en Europa y Estados Unidos. En unos años los socialdemócratas han pasado de ser el partido de la clase trabajadora al de la élite con diplomas universitarios, y han abrazado las ideologías de la desigualdad. Son los cómplices necesarios del “hipercapitalismo”, según Piketty, que acuña el término de “izquierda brahmán” (por el nombre de la casta sacerdotal hindú). Esta domina la élite política junto a la “derecha mercader” (las élites económicas y empresariales). Es un eco de la sociedad “trifuncional” del Antiguo Régimen que deja a las clases populares en la intemperie política y a la merced de los mensajes nacionalistas y racistas.

El tercer y último libro dentro de Capital e ideología es el más breve, menos de cien páginas, pero el más debatido en Francia. En este capítulo, Piketty lanza su programa de “socialismo participativo” para “superar el capitalismo y la propiedad privada”. El objetivo es convertir la propiedad en “temporal” y “organizar una circulación permanente de los bienes y la fortuna”. Defiende una integración federal de la Unión Europea. Y aboga por un impuesto sobre el patrimonio con un tipo máximo del 90% para los supermillonarios, por una cogestión de las empresas en las que los trabajadores compartan el poder, y por una especie de herencia para todo joven de 25 años de 120.000 euros.

“El hipercapitalismo del siglo XIX, previo a 1914, se estrelló contra la competencia muy fuerte entre países, que eran potencias coloniales. De tanto acumular activos en otras partes del mundo, acabaron destruyéndose mutuamente”, concluyó Piketty en la citada conversación. “Hoy no ocurrirá lo mismo. Pero lo que puede ocurrir es que este divorcio con las clases populares conduzca a una explosión de la Unión Europea y a un repliegue en las identidades nacionales”.

MARC BASSETS

París 22 SEP 2019 - 02:37 COT

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Viernes, 20 Septiembre 2019 10:10

¡Bingo! Primer premio: ISA

¡Bingo! Primer premio: ISA

No renuncian a su pretención de feriar la totalidad del patrimonio público construido por generaciones de connacionales. Ahora el gobierno Duque, continuador de la política neoliberal, sondea el ambiente para determinar el mejor momento para privatizar ISA, una de las empresas más rentables del país. ¿Cuáles son las implicaciones de la venta de la multilatina más importante de Colombia?

La empresa de servicios públicos Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) es considerada como la primera multilatina del país, es decir, la empresa nacional con mayor y más potente presencia en toda la región. De sus negocios en el país hacen parte la transmisión de energía, concesiones viales y telecomunicaciones. Mucho más allá del mismo, opera con alrededor de 45.142 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica, 907 kilómetros de autopistas y 49.500 kilómetros de líneas de fibra óptica administrada por Internexa (Ver figura 1 y 2).

En la actualidad sus calificaciones crediticias reflejan su sólido perfil financiero al mostrar flujos de efectivo estables y predecibles (Ver figura 3). Su valorización desde el año 2015, sumando hasta el 18, muestra un incremento del 19,69 por ciento, con un precio en las acciones de alrededor de 18.000 pesos (Ver tabla 1 y 2).

Tabla 1

 

Tabla 2

 

 

Esta multilatina es la cuarta más grande en el índice de acciones Colcap –uno de los índices bursátiles de la Bolsa de Valores de Colombia– y se estima que tiene un valor de 5.200 millones de dólares. Su fortaleza es evidente: durante el tercer trimestre del año 2019 facturó $5,1 billones con activos cercanos a los $42 billones, y planea inversiones por más de $13 billones en el periodo 2018-2022.

Estos indicadores, alentadores para el país y su débil economía, no son suficientes para el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla y el gobierno de Iván Duque, quienes insisten en salir del 51,41 por ciento de acciones que aún posee el Estado en la importante empresa colombiana y de esta manera darle la propiedad de la misma a capitales transnacionales –que en este momento son propietarios del 38,42 por ciento– para supuestamente cubrir el déficit fiscal de $14 billones de pesos que carga el país, pues con su venta estiman recoger un monto total de alrededor de $10,2 billones de pesos.

 

Continuidad de la privatización de los bienes públicos

 

El gobierno de Iván Duque no es el primero en proponer la privatización de ISA. Algunos de los que le antecedieron la sometieron a un largo proceso de privatización.


El primero en afectarla fue el de Cesar Gaviria, promotor de la mal llamada “Apertura económica”, con la cual disfrazó la privatización de importantes bienes públicos de la sociedad colombiana. Su gobierno, con las leyes 142 y 143 de 1994, ordenó escindir ISA y de esta manera formar Isagen (1995), empresa hoy privatizada de generación y comercialización de energía, quedando en ISA solo la trasmisión de energía y las telecomunicaciones, segmento económico que hoy maneja Internexa.

Después (1996), bajo el gobierno de Samper cambian de forma irregular la estructura jurídica de ISA, de una empresa industrial y comercial del Estado a empresa de servicios públicos mixta, constituida por acciones.

Como si fuera una maldición empecinada con acabar con ISA, en 1999, durante el periodo de Andrés Pastrana, subvaloran la empresa tasándola en una tercera parte de su valor real, con el fin de entregarla a multinacionales. La artimaña privatizadora despertó repudio en amplios sectores nacionales, quienes al denunciar lo que estaba en curso explicaron a la sociedad colombiana lo negativo de feriar un bien estratégico, fundamental para la prestación de los servicios públicos esenciales y fundamentales.

 

 

Pese a su derrota, gobernantes, políticos y magnates de la especulación no renuncian a su pretensión de privatizar a ISA. Es así como durante el gobierno de Uribe y el de Santos, maniobran nuevamente con medidas jurídicas para debilitarla, creando empresas filiales, potenciando la flexibilización laboral, trasladando trabajadores a otras entidades, eliminando sindicatos, incrementando tarifas, entre otras de las medidas aplicadas.


Incoherencia. Vale la pena recordar que cuando el gobierno de Juan Manuel Santos propuso la privatización de Isagen, fue la bancada del Centro Democrático una de las principales opositoras a esta iniciativa, hasta el propio Iván Duque –entonces senador– expresó: “Yo creo que si esta privatización tiene lugar sería un gran despojo para la nación y sería algo que mal señalaría ante la opinión pública la actitud de este Congreso, el no haber presionado por mejores instrumentos financieros, el no haberle dado mejores opciones al pueblo colombiano y haberle quitado una empresa rentable, un activo que es símbolo de rentabilidad financiera, ambiental y social”*. La venta de de Isagen no pudo impedirse. Los que ayer se ‘opusieron’ a esta privatización hoy son los promotores de igual suerte para ISA.

 

Efectos de la venta de ISA

 

Actualmente el Estado participa en 107 empresas que podrían ascender a un valor de $160 billones de pesos. El gobierno de Iván Duque estima reunir $30 billones de pesos en cuatro años con la venta de activos de estas empresas, de los cuales espera recaudar $5 billones en el 2019; es por esto que han iniciado los procesos de venta de Ecopetrol –de la cual espera privatizar el 8,5 por ciento que esta pendiente desde la década pasada– y el porcentaje accionario que al Estado le queda de ISA.

Vender una empresa como ISA implica perder una fuente de recursos presentes y futuros para Colombia, los que pasarían a enriquecer los bolsillos de los propietarios de las trasnacionales que se adueñarían de la multilatina, lo que además sería la renuncia a la seguridad eléctrica de país.

 

 

No se puede olvidar que ISA es una empresa estratégica para el progreso, desarrollo y autonomía económica del país, y que es la última empresa del sector eléctrico de orden nacional que le queda al pueblo colombiano. Privatizarla es entregar la posición estratégica que tiene Colombia como el único puente terrestre entre Centroamérica y Suramérica, lo que debela la importancia de esta empresa para las telecomunicaciones y el intercambio en la transmisión de energía entre países del sur, centro y norte del continente.

 

Una empresa para el futuro si luchamos por ella

 

Hay que entender que la operación de ISA en el mercado de la energía, vías y comunicaciones en Latinoamérica ha sido exitosa, de lo cual dan cuenta sus resultados en los mercados de Perú, Brasil y Chile, lo que en parte le permitió en 2017 cumplir con las metas previstas y trazadas para 2020, las cuales implicaban triplicar las utilidades del año 2012. Ante esto, la multilatina tiene una estrategia de apertura y crecimiento para el 2030 que implica aumentar su participación en la construcción de vías en Colombia y Perú, así como abrir nuevos mercados en países como Estados Unidos, Argentina y México.

Sin embargo, el escenario es escabroso y al parecer las proyecciones de futuro quedarán en el aire ante la imposición de absurdas ideas de seguir feriando lo público. La desinformación reinante en el país, el temor que se acrecienta sobre las comunidades producto del asesinato continúo de líderes y lideresas, la atomización de los diferentes movimientos sociales –cada uno tratando de resolver sus urgencias–, con sindicatos debilitados producto de diferentes agresiones y errores en su conducción, así como la ausencia de la alternativa política con capacidad de liderazgo y de movilización nacional, auguran una resistencia menor del pueblo colombiano ante lo que ya se ve venir.

Ante este oscuro panorama, donde la intensificación del conflicto armado se avecina, donde los referentes políticos y sociales cada vez son más difusos y la democracia es un simple formalismo, es urgente luchar por los bienes públicos –producto del ahorro nacional–, los mismos que dignifican y deben ser resguardados en su naturaleza, pues sirven al desarrollo de los pueblos y a resguardar el bienestar de los territorios.

El reto de proteger a ISA de su privatización es un reto mayúsculo que pondrá a prueba al conjunto de actores sociales alternativos del país. La alarma es para cerrar filas y con ello impedir que la lleven a cabo, levantando al mismo tiempo banderas de gobierno alterno, garantizando con ello que lo público en verdad sea administrado y planeado de cara al país, garantizando así, en toda su palabra, el bienestar del conjunto social.

* https://congresovisible.uniandes.edu.co/agora/post/vender-isagen-es-premiar-el-derroche-y-la-falta-de-creatividad-financiera-senador-ivan-duque/7240/

 

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Richard Wilkinson: “Elevaría el impuesto de sucesiones. Estamos creando dinastías”

Británico, de 76 años, es un eminente defensor de la equidad. En su nuevo libro argumenta que la igualdad tiene efectos directos en nuestro bienestar

Decir que Richard Wilkinson es un defensor de la igualdad es quedarse muy corto. Este epidemiólogo, historiador económico y activista británico de 76 años ha dedicado su carrera a estudiar los efectos de la desigualdad. Junto a su pareja, Kate Pickett, a la que saca 18 años, ha escrito dos libros sobre el asunto. En el primero —Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva (Turner)—, detallan los efectos perniciosos de la inequidad, y en el segundo —Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo (Capitán Swing)— la otra cara de la moneda. Además, ha creado una organización que promueve la equidad.

El día acordado, Wilkinson no está en el lugar de la cita. Se ha olvidado. O, más bien, la ha anotado para un mes más tarde. Raudo, se sube a un tren desde York, donde vive, y llega a Londres tres horas más tarde. Está recién operado de cáncer de colon, se excusa, y tiene la cabeza en otro lado.

PREGUNTA. Necesitamos igualdad. ¿No es obvio para todos?

RESPUESTA. Los efectos de la desigualdad no son tan obvios. Afecta a la felicidad, al bienestar, a la salud, a la esperanza de vida, a tu valor en la sociedad, a los resultados académicos de los niños; provoca un aumento del consumo de drogas, causa infinidad de problemas muy perniciosos. Todos los problemas que son más habituales en los estratos más bajos se extienden por toda la sociedad. Nos daña a todos.

P. ¿Por qué no la defendemos todos?

R. Se ha creído durante años que con más desigualdad la economía crecía más, pero recientemente tanto el Banco Mundial como el FMI han cambiado de opinión. Han visto que los países con más desigualdad tienden a crecimientos repentinos seguidos de batacazos. Y la idea de que la desigualdad fomenta la iniciativa privada también es errónea. Se registran más patentes per capita en los países más igualitarios.

P. Menciona el rendimiento escolar. ¿Por qué se acepta la segregación en los sistemas educativos?

R. Hay gente con prejuicios hacia grupos vulnerables como los inmigrantes, las etnias minoritarias o incluso hacia las mujeres. En las sociedades más desiguales, donde el amor propio de la gente está minado, se intenta recuperarlo aplastando a los más débiles. Y eso es muy común no solo en poblaciones humanas, sino también entre simios. Un mono que pierde una batalla por el estatus enseguida se enfrenta a sus inferiores para evitar una pérdida catastrófica de categoría. Al igual que los simios, muchos humanos se ven obligados a confirmar su estatus con los que consideran inferiores. La desigualdad convierte la posición social en algo mucho más relevante, hace que nos juzguemos más. Y cuanto más nos fijamos en el estatus, más tememos el juicio del otro. ¿Me respetan o creen que soy tonto y aburrido? ¿Creen que soy un fracasado? Así piensa mucha gente con una enfermedad mental. Les preocupa cómo los ven y se retiran de la vida social porque les provoca ansiedad.

P. Y por otro lado, cuenta en su libro que aumenta el narcisismo.

R. Así es. Uno de los efectos de la desigualdad es que hincha la idea que la gente tiene sobre sí misma y el consumismo gana más peso. La gente viste ciertas ropas o usa ciertos coches para dar una buena imagen.

P. Por qué se valora tanto el sueño americano en vez del modelo escandinavo?

R. Supongo que lo que pasa es que los países tienen conceptos equivocados sobre sí mismos. Los estadounidenses creen que tienen mucha movilidad social cuando padecen una de las menores del mundo desarrollado. El país en el que menos validez tiene la idea de que cualquiera puede llegar a ser presidente es, precisamente, EE UU.

P, Entonces, ¿es falsa la idea de que, si te esfuerzas, llegarás lejos?

R. Ahora sabemos más sobre cómo se desarrolla nuestro cerebro y podemos ver en él los efectos de la pobreza o de la ausencia de aprendizaje. El cerebro refleja la vida que hemos vivido, si has aprendido un idioma o a tocar un instrumento. Las habilidades de cada persona son primordialmente el reflejo de su punto de partida en la escala social, más que del punto de llegada. La gente cree que es al revés.

P ¿Cómo ha evolucionado la igualdad en el mundo?

R. Desde 1930 hasta los años setenta, la desigualdad estaba en retroceso en casi todos los países. Es a partir de los años ochenta, con la llegada del neoliberalismo, cuando empezó a crecer, primero en EE UU, luego en el Reino Unido y en todo el mundo desarrollado. Es hora de revertir el proceso. Entre los actores de esta reversión están los partidos ecologistas, que creen en la igualdad.

P. ¿Qué opina de la situación política en Europa?

R. Es terrible. La desigualdad hace que aumente el populismo, y está claro que está en auge. Es lo que llevó al Brexit y a la elección de Trump.

P. Usted apoyó al laborista Jeremy Corbyn. ¿Se arrepintió al comprobar su postura ante el Brexit?

R. Supongo que sí. Cuando lo apoyé no sabía que tenía tantas dudas sobre la Unión Europea. Al menos ha cambiado su postura. El Brexit es un enorme error. El mundo necesita más acuerdos internacionales, no menos, para tratar problemas como el cambio climático o la evasión fiscal.

P. Si fuera político, ¿qué medidas aprobaría? 

R. Prohibiría los paraísos fiscales y la maquinaria financiera que ayuda a privilegiados a evadir impuestos. Debería lograrse un acuerdo internacional para frenar estas dos trampas. Y elevaría el impuesto de sucesiones. Estamos creando dinastías. Hay familias en las que los hijos no necesitan trabajar y muchos los miran como si fueran seres superiores cuando no lo son.

Por Carmen Pérez-Lanzac

17 SEP 2019 - 17:00 COT

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¿Cómo acoger migrantes en la región más violenta del mundo?

Países latinoamericanos como Chile y Colombia buscan fórmulas para afrontar la llegada de desplazados, especialmente de Haití y Venezuela, respectivamente

Eran menos del 1% de la población total de Chile en torno a 1980. Tres décadas después, en 2010, aún no alcanzaban el 2%. Pero en 2018, los extranjeros ya representaban casi el 7% de los habitantes de este país, según la estimación oficial. “Es nuevo para nosotros; no tenemos tradición de acogida, ni los recursos de Europa”, advierte Rodrigo Ubilla, subsecretario de Interior de Chile. Además, América Latina es la región más violenta del mundo, concentrando el 8% de la población del planeta, pero el 40% de los homicidios. Cómo afrontar el reto de las migraciones ha sido uno de los temas de la Semana de la Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada entre el 9 y el 13 de septiembre en Washington.

A cientos de kilómetros de allí, Medellín (Colombia) se enfrenta a un reto semejante. Conocida por ser la ciudad que superó la brutal violencia del narcotráfico del cartel de Pablo Escobar, ahora debe abordar un nuevo desafío: la masiva migración venezolana que llega a sus calles. “Están llegando miles de venezolanos a Colombia, lo que agrava nuestra crisis social”, declara Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, la segunda más grande del país. El regidor insiste en que la transformación medellinense “no es un milagro, sino mucho trabajo” y que “aún está en marcha”. Es hora de devolver un favor: “En los 80 fuimos millones de colombianos los que fuimos a Venezuela, y fuimos muy bien recibidos, así que ahora nos toca recibirlos bien a ellos”, defiende.

1,4 millones de venezolanos (casi un tercio de los 4,3 millones que han abandonado Venezuela desde 2017) están en Colombia, el 47% en situación no regularizada. Y la previsión es que la cifra de desplazados seguirá aumentando en los próximos años. En esa línea, la directora de Justicia, Seguridad y Gobierno, Diana Urbano, asegura que el planteamiento del Gobierno colombiano es “aprovechar el potencial positivo de la migración, no verla como una amenaza, sino, primero, ayudar e integrar”.

Además, se aprecia un empeoramiento en la situación de los que llegan. El porcentaje de migrantes venezolanos a Colombia en situación pobreza se ha incrementado 10 puntos entre 2016 (29,6%) y 2018 (40%), según los datos que aporta Urbano. “Por eso, en primer lugar, estamos trabajando para mejorar la atención humanitaria, con políticas de atención a la salud, educación, acceso al agua o empleabilidad”, asegura. Pero no es tarea fácil cuando los recursos escasean. El pasado abril, Unicef elogiaba la generosidad colombiana, pero urgía ayuda para 300.000 niños venezolanos en Colombia.

De hecho, dada la falta de oportunidades e inseguridad, muchos venezolanos intentar alcanzar otros países, con Perú y Chile como los siguientes en la lista. En el caso de este último, a la llegada de venezolanos se suma el fenómeno migratorio desde Haití que se lleva registrando desde mediados de la presente década y cuyo origen se atribuye a la presencia de tropas chilenas en la Misión de la ONU en el país caribeño entre 2004 y 2017. Así, este país se ha convertido en el tercer emisor de migrantes a Chile, con casi 180.000, solo por detrás de Venezuela (288.000) y Perú (223.000).

“Hemos recibido 800.000 migrantes entre 2014 y 2018, en un país de 17 millones de habitantes”, resalta el subsecretario del Interior de Chile. Cifras significativas en un Estado “que tenía una ley sobre migración precaria, sin políticas públicas ni instituciones especializadas, y con una atención a migrantes casi inexistente”, añade.

De hecho, en los últimos años se han registrado controvertidos episodios racistas y mientras desde los sectores más conservadores se exigen más restricciones a la entrada de extranjeros, la oposición, organizaciones que atienden a migrantes y estos mismos han denunciado las limitaciones de las nuevas leyes. También la ONU criticó el pasado mayo algunas de las medidas y antes, en diciembre de 2018, Chile rechazó suscribir el pacto migratorio impulsado por esta entidad.

“Regular no significa endurecer, sino ofrecer unas reglas claras de ingreso”, argumenta Ubilla. Según expone, los “pilares del modelo de integración” del Gobierno chileno son “la migración ordenada, regular y segura”, “la igualdad de trato”, y “la interculturalidad”. Como ejemplos concretos, cita el Proceso de Regularización Extraordinario en el que se han registrado 155.000 migrantes, la regulación de otros 110.000 por vías ordinarias y el Plan Humanitario de Regreso Ordenado, por el que 1.400 migrantes han regresado a sus países de origen.

En cuanto a medidas específicas para Venezuela entre 2018 y 2019, Ubilla cita “más de 45.000 visados de responsabilidad democrática, aproximadamente 3.000 visados de turismo y más de mil salvoconductos (el 70% a menores de edad)”. En el caso de Haití, menciona 300 visados de turismo y 700 de reunificación familiar. “Apostamos por la integración económica y la convivencia”, afirma, recalcando que no se trata de “estigmatizar la migración como un problema”, sino “asumirla con responsabilidad”.

En el caso de Colombia, la directora de Justicia, Seguridad y Gobierno asegura que se están flexibilizando los mecanismos migratorios, para atender la elevada demanda de entradas desde Venezuela. Por ejemplo, recuerda que en agosto de 2019, el Gobierno colombiano otorgó la nacionalidad para 25.000 niños nacidos de madres venezolanas en este país desde 2017. Igualmente, se están ofreciendo permisos de permanencia especiales y otros apoyos, como las facilidades para la convalidación de títulos profesionales con objeto de favorecer el acceso al mercado laboral.

El Ejecutivo colombiano persigue lograr la integración también como vía para combatir la violencia. Según Urbano ya hay algunos trabajos de investigación que reflejan cómo el crimen organizado está empezando a reclutar a migrantes venezolanos. Y ello, en el marco del complejo proceso de paz que vive el país y el aumento de la tensión ante las próximas elecciones locales de finales de octubre.

Sin entrar a valorar esos asuntos, la directora explica que desde la Administración estatal se está trabajando para ofrecer a los nuevos líderes locales planes de seguridad y convivencia que contribuyan a favorecer la integración. “Vivimos un desafío grande para Colombia, estamos trabajando para, en base a la evidencia y con apoyo de expertos, encontrar las mejores fórmulas para afrontarlo”, insiste, citando un reto compartido con el resto de América Latina.

Por Marta Fernández Maeso

Washington 17 SEP 2019 - 17:42 COT

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Martes, 17 Septiembre 2019 09:27

De la corrupción y otros males

Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La corrupción alcanza cada día mayor alcance, permea gobiernos, bancos y empresas privadas o mixtas de todo tipo. El cohecho es internacional. Los sobornos equivalen al cinco por ciento del valor anual de la economía global. Estudios basados en el análisis de 447 casos internacionales llegados a sentencia muestran que el 30 por ciento del valor de los proyectos tiene destinación específica: sobornar funcionarios públicos en el mundo entero. El presente artículo analiza la corrupción en Colombia y establece sus relaciones con otras problemáticas socioeconómicas.

 

 

Sorprendente, por partida doble, así fueron los resultados del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc a finales del 2016 y los de la consulta anticorrupción en agosto de 2018. Nadie medianamente razonable creería que la sociedad votara a favor de proseguir la crónica destrucción generada por el conflicto armado interno y, a la vez, expresara su indiferencia ante la corrupción que corroe a las instituciones públicas y privadas.


En los dos eventos de consulta social, solo ejerció el derecho ciudadano uno de cada tres votantes potenciales. En el plebiscito triunfó el No (expreso rechazo a los acuerdos para poner fin al conflicto armado Gobierno-insurgencia) y en la consulta anticorrupción no se alcanzó el umbral que la haría vinculante.


Colombia en el contexto de la corrupción global


De acuerdo con la definición dada por Naciones Unidas, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. Más allá de ello, en la práctica, la corrupción es un proceder común del poder, por ejemplo, de los bancos, las multinacionales y otras grandes y medianas empresas que en su afán por ampliar ventas, ganar contratos o buscar mayores rendimiento en sus operaciones dentro de un país dado (determinando el código tributario del mismo, por ejemplo), incorporan entre sus gastos un porcentaje destinado a coimas o sobornos.

En diferentes contextos, el ejercicio de la corruptela, permanente o no, perjudica a las instituciones republicanas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción destruye las bases de las instituciones democrático-formales al desalentar la participación activa de amplios grupos sociales en la orientación, decisión y control de su destino, y al distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia. Hoy la ciudadanía del mundo contempla con ojos escépticos el complejo de estatalismo, fiscalismo e intervencionismo y supone en él, cada vez más, el teatro absurdo de una gran institución de autoservicio, controlada por la cleptocracia y que es contraproductiva (1).

El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello ya que también está presente en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales, la aprobación de leyes orientadas a servir intereses privados o corporativos y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.

La percepción de corrupción en el sector público nacional está en aumento según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional. En la más reciente edición de este índice el país cae de 37 a 36 puntos sobre 100 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la medición. Colombia se encuentra muy lejos de países como Canadá, que tiene un puntaje de 83; Estados Unidos, de 76; y Chile, de 70. Cuando decimos que Colombia es uno de los países más corruptos en el contexto internacional estamos en lo cierto (2).


Con los resultados de 2018, el país cierra cuatro años de estancamiento en los que mantuvo un puntaje de 37 sobre 100, para caer ahora a una calificación de 36 puntos. “En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”, según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional.

Índice de transparencia a nivel territorial

 

Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional, calcula el Índice de transparencia de las entidades públicas (Itep) con base en tres características vitales en la administración pública para controlar los riesgos de corrupción: i) visibilidad, ii) institucionalidad, iii) control y sanción. Los factores de Visibilidad y Control y Sanción tienen un peso de 30 por ciento cada uno sobre la calificación final del Índice, mientras que el factor de Institucionalidad cuenta con un peso de 40 por ciento. Para el desarrollo del cálculo del Índice, cada unidad de medición cuenta con una calificación específica que va de cero (0) a cien (100) siendo cien (100) la mayor calificación posible. Después de obtener cada una de las calificaciones estas se clasifican en los distintos niveles de riesgo: i) bajo, de 89,5 a 100; ii) moderado, de 74,5 a 89,4; iii) medio, de 60 a 74,4; iv) alto, de 44,5 a 59,9; v) muy alto, de 0 a 44,4.

En la medición departamental, Chocó, Guainía y La Guajira clasifican en el rango “Muy alto”. En el nivel “Alto” se ubican otros diez departamentos; en “Medio” clasifican 13, y en “Moderado” los siete restantes (Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima). Ninguna de las entidades territoriales de Colombia clasifica en “Riesgo bajo”. El promedio simple para el país registra un valor de 61,7, en consecuencia clasifica globalmente en “Riesgo medio”. Bogotá D.C.regitra un valor de 68,7 por tanto también clasifica en el nivel de riesgo medio (Gráfico 1).

Otros males

Además de este riesgo medio de la inmoralidad generada por la corruptela, otros factores adicionales complican la vida cotidiana de los colombianos, generando sufrimiento innecesario: la desesperanza aprendida ante la política y los asuntos públicos, la desigualdad económica, la violencia fratricida y la pobreza multidimensional. El cuadro 1 nos deja ver el comportamiento estadístico de estas variables en el año 2018 a nivel de todos los departamentos del país. La estadística nos permite reunir, clasificar y recontar todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos investigados.


La media del potencial electoral relativo permite estimar el peso de la población mayor de 18 años en cada entidad territorial, la cual tiene un valor de 70,3 por ciento; con un mínimo de 49,7 por ciento (Vaupés) y un máximo de 87,3 por ciento (Norte de Santander). La media de participación departamental en la consulta anticorrupción (mapa 1) fue de 26,8 por ciento, con un mínimo de 12,3 (La Guajira) y un máximo de 44,6 (Bogotá). El índice de transparencia (mapa 2), variable proxy de la medición de la corrupción, registra un valor medio de 61,7 por ciento, un mínimo de 30,2 (Chocó) y un máximo de 85,6 (Antioquia). El Pib por habitante, para el año 2018 (mapa 3), fue de 15,7 millones de pesos, con un mínimo de $6,2 millones (Vaupés) y un máximo de $42 millones (Casanare). El índice de pobreza multidimensional 2018 (mapa 4) tiene un valor medio de 28,2 por ciento, con un mínimo de 4,4 (Bogotá) y un máximo de 65 por ciento (Guainía). La tasa de homicidios (mapa 5) registra en 2018 un promedio de 24,3 por cada 100.000 habitantes, con un mínimo de 4,5 (Vaupés) y un máximo de 59,1 (Arauca).

En las sociedades capitalistas, el desarrollo es desigual. Pero dentro de la desigualdad persiste también la desigualdad. Al interior de Colombia se registra una situación similar a la que coexistieran diversos países. En las variables examinadas las diferencias territoriales son significativas. La desviación estándar (De) es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media; mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. La dispersión entre departamentos es más alta en lo relacionado con las variables corrupción (De=12,8), Pib por habitante (De=$8,6 millones), pobreza (De=15,1) y violencia homicida (De=13,1). Hay menor dispersión en las variables correspondientes al peso proporcional de los mayores de edad (De=8,9) y a la exigua participación ciudadana en la consulta anticorrupción (De=8,8).

Un conjunto de variables que es necesario cruzar buscando con ello información más precisa sobre cómo se manifiesta y cuál es el impacto de la corrupción en Colombia, así como su relación con los demás males que aquejan al país. (Ver recuadro Estadística y variables).

Corrupción y potencial electoral

El peso relativo de la población mayor de 18 años es poco explicativa (R²=0,24) del comportamiento de la corrupción (Gráfico 2). No obstante, la pendiente que relaciona estas dos variables socio demográficas es positiva, esto es, al aumentar el peso relativo de la población mayor de edad respecto a la población total del departamento tiende a elevarse ligeramente el índice de transparencia (esto es, menor nivel de corrupción).

 

 


Corrupción y participación


La lucha contra la corrupción requiere de un vínculo más directo, fiscalizador, comprometido y efectivo de la ciudadanía con los asuntos públicos o de interés social. La defensa de lo público es fundamental, pero además deben protegerse, luchando por su transformación en beneficio de las mayorías, y rompiendo su funcionamiento distante y ajeno de la ciudadanía y de sus intereses, dinamizando a partir de un funcionamiento cada vez más participativo y menos delegativo, las instituciones de representación colectiva (órganos de elección popular), así como las entidades de control y supervisión social (Contraloría, Defensoría, Procuraduría y Auditoria General) pues ellas son la base de la garantía del bienestar social y económico, del respeto de los derechos humanos, y del desarrollo sostenible. El grado de participación (en el caso de la consulta anticorrupción) explica en gran medida el nivel de la corrupción (R²=0,49); la relación es positiva: a mayor participación ciudadana mejora la transparencia de las instituciones y son menos proclives al cohecho o soborno (Gráfico 3).

Corrupción e ingreso por persona

Los niveles de corrupción en un país pueden percibirse por la desigualdad económica. Los actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos, en contubernio con agentes del sector privado, dentro de los órganos e instituciones del Estado socavan aún más no solo la democracia realmente existente, sino también los sistemas educativos, de salud y la misma economía de un país o región.

 

 


El análisis departamental de la transparencia institucional en función del Pib por habitante muestra una capacidad explicativa alta (R²=0,52); las unidades territoriales de altos ingresos por personas tienden a correlacionarse con instituciones más transparentes, virtuosas o menos corruptas (Gráfico 4). El dinero de la corrupción, al funcionar como renta individual, genera poca o nula riqueza social. La corrupción constituye uno de los mayores obstáculos al progreso de los departamentos en que está territorializado el país. El economista Schumpeter afirmaba que “el desarrollo produce siempre más desarrollo” y en medio de este círculo de éxito, se genera mayor transparencia y comportamiento ético de la ciudadanía y las instituciones.


Corrupción y pobreza


Existe una estrecha relación entre la corrupción (sobornos o cohecho) y la pobreza (en términos institucionales no individuales, valga decir): en los países o regiones más pobres la corrupción encuentra condiciones más expeditas para su materialización y es, por tanto, donde alcanza mayores índices. Su materialización debilita los sistemas de una sociedad: político, judicial, cultural, económico y social. En general, la corrupción ocasiona violaciones de derechos humanos. Aunque el problema afecta a todo el país, sin embargo, tiene un mayor impacto en la población que vive bajo condiciones de pobreza.
El Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. También refleja, tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo.


El IPM registra una significativa fuerza explicativa de la corrupción (R²=0,52). La relación o pendiente es negativa entre estas dos variables, esto es, a mayor nivel de pobreza menor es la transparencia de las instituciones y, por ende, mayor es la corrupción (Gráfico 5). En estos territorios, la clase política, lumpen y corrupta, campea a sus anchas. Puede deducirse por prolongación, que los banqueros, los gremios económicos, o los empresarios, comerciantes y negociantes de todo tipo encuentran en estas circunstancias y ambientes mayor espacio para concretar sus mezquinos intereses y codicia, valiéndose para ello de todo tipo de artimañas, negociados, cohechos, sobornos y favorecimientos.


Corrupción y violencia


Tiene Colombia el triste privilegio de registrar uno de los más altos índices de violencia del mundo. Asimismo, a juzgar por reputadas calificaciones internacionales, de ubicarse entre los países más corruptos del mundo. No obstante, en el análisis territorial, corrupción y violencia no van a menudo de la mano (Gráfico 6). La fuerza explicativa de los niveles de corrupción y transparencia institucional por parte de la pandemia homicida a lo largo y ancho del territorio nacional es débil (R²=0,03).


Si bien, violencia y corrupción conforman inequívocamente el marco general sobre el cual existe todo tipo de delitos, inmoralidad y criminalidad en Colombia, son fenómenos socio-políticos y culturales con causas y dinámicas diferentes. Los une, eso sí, una historia permeada por la maldad, la ilegalidad, el atropello, la impunidad, el miedo, la anomia y la indiferencia ciudadana.


Remedios contra la corrupción y otros males


Un simpático grafiti expresaba: “no es la política la que hace a un candidato convertirse en ladrón. Es tu voto el que hace a un ladrón convertirse en político”.


El análisis realizado permite concluir que el grado de transparencia, incorruptibilidad y moralidad de las instituciones es explicado, de una parte, por el grado de desarrollo social, económico y cultural alcanzado por la sociedad; y, de otra parte, por la conciencia ciudadana, su ética política, compromiso con el bien público y participación democrática. Al contrario, las instituciones políticas y económicas extractivas asociadas al control por parte de organizaciones políticas lumpen, criminales y mafiosas, adoptan fácilmente formas corruptas y extractivas atroz y descaradas en medio de la pobreza, la exclusión, la ignorancia, la manipulación y la intimidación de la población.


Un país funciona cuando se identifican grandes objetivos nacionales asumidos de forma responsable, comprometida, democrática y colectivamente. La lucha contra la corrupción y los otros males analizados, dada su arraigo y generalización, requiere un gran pacto, un compromiso ciudadano de tolerancia cero. A la base de este pactó se requiere fortalecer y/o recuperar todo lo público, abriendo su administración y control al conjunto social, elevando su eficiencia para que la gente perciba sus beneficios y ventajas, lo asuma y defienda como propio, lo que demanda un cuestionamiento a las formas capitalistas oligárquicas y su neoliberal manifestación actual.


De su mano, transformar el sistema educativo, remplazando la promoción del individualismo y el enriquecimiento monetario como única meta de la vida, sin importar los costos y los medios (la consigna postmodernista del “todo vale”), por una educación que empiece desde la familia (los cinco primeros años de vida son el período crítico para el aprendizaje ético de todo ser humano; los ejemplos y valores aprendidos en la temprana infancia perduran a lo largo de su existencia) y se consolide en las instituciones educativas, en todos los niveles, sembrando valores éticos que fortalezcan la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la participación, defensa y respeto por lo público, así como la participación en las instituciones de representación colectiva, bregando en todo instante porque lo individual sea lo menor y lo colectivo lo más (asambleas deliberativas y decisorias, consultas populares y similares) mejorando así el ambiente para potenciar la convivencia social. Todo enmarcado en políticas de buen gobierno y responsabilidad corporativa en el sector financiero, en empresas e instituciones públicas abiertas y de democracia directa y cada vez más radical.


En últimas, de lo que se trata es de construir una sociedad cada día más abierta, ética, crítica, comprometida e incluyente, donde las mayorías deciden su rumbo en todo instante, para lo cual es fundamental cimentar una sólida cultura ciudadana convencida de la pertinencia de lo público, de la viabilidad de la redistribución cada vez más equitativa y justa de la renta nacional, y de mayor conciencia y solidaridad sobre la importancia de los derechos humanos, el bien social, la democracia participativa y la defensa de la dignidad humana. De así proceder nuestra sociedad, la corrupción no tendrá lugar.

 

1. Sloterdijk, Peter. (2018) ¿Qué sucedió en el siglo XX?, Ediciones Siruela, S.A., España, p. 16.
2. La escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso. La calificación del Índice de Percepción de Corrupción 2018 se elaboró mediante datos proporcionados por ocho fuentes distintas que consultan la opinión calificada de analistas, académicos e inversionistas extranjeros respecto qué tanto afecta la corrupción al sector público en cada país incluido en la medición, con especial énfasis en la gestión de recursos públicos, trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción efectiva a casos de corrupción por parte del sistema judicial.

*Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

Martes, 17 Septiembre 2019 09:07

¿Quién eligió a Ursula von der Leyen?

¿Quién eligió a Ursula von der Leyen?

Si hubo algo providencial en Europa en este julio de 2019 fue la canícula. Esta ocultó un asunto también revelador de los desarreglos actuales, claro que en este caso, democráticos. Cegados por el sudor, en efecto, pocos europeos se dieron cuenta de que el discurso político con el que los alimentaban desde hace por lo menos tres años acababa de ser dinamitado. Y la prensa, ocupada en otras “investigaciones”, no se esforzó mucho por hacer que se enteraran.


Centenares de millones de electores europeos eran acunados hasta entonces por un gran relato maniqueo. La política de la Unión Europea y la elección del 26 de mayo pasado se reducían al enfrentamiento entre dos campos: los liberales contra los populistas (1). Ahora bien, el 2 de julio, una vez concluida la elección de los eurodiputados, una cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión recomendó que la ministra demócrata-cristiana alemana Ursula von der Leyen se convierta en presidenta de la Comisión Europea. La idea se le habría ocurrido a Emmanuel Macron. Su sugestión, naturalmente, fue retomada por la canciller alemana Angela Merkel, pero también por… el primer ministro húngaro Viktor Orban.


Categorías artificiales


Sin embargo, desde su elección, el presidente francés no había dejado de jurar que se mostraría intratable frente a los nacionalistas y los “populistas”, generadores de “pasiones tristes”, “ideas que, tantas veces, encendieron los braseros donde habría podido perecer Europa”. Les “mienten a los pueblos” y les “prometen el odio”, había proclamado Macron (2), que incluso desistió de su irreprochable modestia para retar a dos de esos incendiarios, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y Orban: “Si quieren ver en mi persona a su principal oponente, tienen razón”.


El 16 de julio pasado, cuando los eurodiputados confirmaron la elección de los jefes de Estado y de Gobierno, las proclamas de campaña –“progresistas” contra nacionalistas– cedieron nuevamente el paso a una configuración política muy distinta. Los parlamentarios socialistas votaron unos en contra de Von der Leyen (los franceses y los alemanes, sobre todo), otros a favor (los españoles y los portugueses). Estos coincidieron con los nacionalistas polacos y los compinches de Orban. Es decir, precisamente aquellos a quienes Marine Le Pen cortejaba unos días antes para formar con ellos un grupo común en Estrasburgo… En definitiva, la candidata de Macron deberá su elección a la Presidencia de la Comisión Europea, conquistada gracias a una mayoría de solamente nueve votos, a una coalición heteróclita que comprendía a los trece parlamentarios húngaros fieles a Orban así como a los catorce eurodiputados “populistas” del Movimiento 5 Estrellas, en ese momento aliados a Salvini.


Semejante cartografía del escrutinio nos aleja con seguridad de las historietas que se fabrican todas las mañanas y que están dirigidas a los niños europeos juiciosos y disciplinados. No obstante, podemos apostar que, incluso cuando las temperaturas hayan vuelto a ser normales en el Viejo Continente, la mayoría de los periodistas seguirán remachando las categorías artificiales que les preparó a fuego lento Macron.

 

1. Véase Serge Halimi y Pierre Rimbert, “Liberales contra populistas, una oposición engañosa”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, septiembre de 2018.
2. Discurso en La Sorbonne, París, 26-9-17.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Víctor Goldstein