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Renovables, ¿no, gracias?
En años recientes, y más aún en los últimos meses, la aparición de muchos (y grandes) proyectos de instalación de parques eólicos y solares en el territorio está generando la aparición de muchas protestas e impugnaciones desde el mundo rural. La razón es simple: como en otras muchas ocasiones,... Leer Más
La pandemia desde América Latina Nueve tesis...
El balance, aún provisorio, de lo ocurrido en América Latina en tiempos de covid-19 deja un gusto amargo y una sensación ambivalente. La pandemia colocó en el centro cuestiones antes periféricas, pero las reacciones son todavía débiles para enfrentar la necesidad de cambios profundos derivada de... Leer Más
Avalancha de indignación: una fantasía...
No tenemos la rodilla de un policía asesino sobre nuestro cuello, pero tampoco podemos respirar. No podemos porque el capitalismo nos está matando.   Las puertas se abren. Puedes sentir la energía contenida incluso antes de que aparezcan sus caras. El confinamiento ha terminado. Ha... Leer Más
Una vez más: La estrategia de la distracción
La pandemia ha sido aprovechada para desviar la atención de la ciudadanía sobre los verdaderos problemas que aquejan al país.   A Noam Chomsky le atribuyen la famosa lista 10 Estrategias de manipulación a través de los medios. La primera de ellas es la estrategia de la distracción que... Leer Más
Renovar para triunfar
Soplan vientos huracanados por todo el mundo. Son oleadas desprendidas de la impactada atmósfera global desde tiempo atrás por la crisis sistémica que conmueve al Sistema Mundo Capitalista, cuya estructura social sufre su impacto. Son vientos de gran potencia que a su paso arrasan o descuadran la... Leer Más
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Tras cerca de un año de crisis pandémica, y la afectación generada en nuestras cotidianidades es necesario crear espacios para evaluar enseñanzas y retos abiertos por esta coyuntura. A continuación unas primeras líneas con invitación al debate sobre las nuevas formas y las continuidades en la... Leer Más
Plataformas digitales, la nueva fase del...
Las plataformas digitales de trabajo se han multiplicado por cinco en el último decenio. El crecimiento de las plataformas digitales conlleva oportunidades y problemas para los trabajadores y las empresas, señala la edición más reciente del informe de la OIT Perspectivas Sociales y del... Leer Más
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Los contrastes económicos en las grandes urbes del mundo se intensifican con la actual crisis y pronostican que se mantendrán por varios años. En la imagen una panorámica de Santa Fe, en la Ciudad de México.Foto José Carlo González

La crisis causada por la pandemia se mantendrá hasta 2030: BM

 

Los hombres y mujeres más acaudalados del mundo aumentaron su riqueza 18 mil dólares durante el año pasado por cada "nuevo pobre" que, según estimados del Banco Mundial (BM), ha dejado la crisis por el Covid-19. El organismo financiero estima que 100 millones de personas se sumaron a la pobreza el año pasado. Es la primera vez que esta tendencia crece desde 1998 y, como secuela, la desigualdad aumentará en 78 de las 91 economías de las que se disponen datos.

"La búsqueda para acabar con la pobreza ha sufrido su peor revés" y “con toda seguridad, los efectos de la actual crisis se mantendrán en la mayoría de los países hasta 2030; (…) a largo plazo, es probable que la crisis aumente la desigualdad dentro de los países por primera vez en una generación”, proyecta el Banco Mundial.

Mientras la economía tuvo su mayor caída en 90 años y millones de personas perdieron sus empleos, las 500 personas más ricas del mundo –que equivalen a 0.001 por ciento de la población mundial– vieron el mayor crecimiento de sus fortunas en ocho años, muestra el Índice de Multimillonarios que realiza Bloomberg. Ganaron un billón 800 mil millones de dólares el año pasado, 31 por ciento más que al cierre de 2019.

Como resultado, cinco personas –cuatro de ellos estadunidenses y dueños de los principales negocios de tecnología cuya regulación tributaria sigue en vilo a nivel mundial– ahora poseen una riqueza que supera 100 mil millones de dólares. Son Elon R. Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Bernard Arnault (Louis Vuitton-Moët Hennessy) y Mark Zuckerberg (Facebook).

También seis mexicanos se encuentran en el listado: Carlos Slim con una fortuna de 57 mil 600 millones de dólares, al sábado pasado; la familia Larrea, Sara Mota y Germán, con una riqueza conjunta de 26 mil 140 millones de dólares; Ricardo Salinas, con 13 mil 200 millones; Alberto Bailleres, con 10 mil 600 y Juan Beckmann, con 8 mil 470 millones de dólares.

Mientras los multimillonarios de la tecnología abultaron su riqueza en medio de la crisis, el Banco Mundial expuso que, aun sin la pandemia, reducir la pobreza extrema a menos de 3 por ciento para 2030 –que nadie sobreviva con menos 1.90 dólares al día (alrededor de 38 pesos)– ya daba visos de ser una meta irrealizable. Ahora, dada la crisis, es "más difícil de alcanzar que nunca", reconoció.

En el informe Un cambio de suerte, explicó que antes del Covid-19, millones de personas habían conseguido eludir la pobreza extrema por escaso margen, pero la recesión de 2020 se recargó en los más pobres y vulnerables; y abrió el perfil de la pobreza.

Además de los que el Banco Mundial llama "pobres crónicos" –población rural dedicada al agricultura y la ganadería–, la pandemia evidenció "nuevos pobres" en las ciudades, entre personas con mayores grados educativos, dedicada a los servicios, la construcción y la manufactura, y sobre todo entre la población más joven (hasta hace dos años la mitad de los pobres en el mundo eran niños menores de 15 años).

El Banco Mundial estima que con una contracción de hasta 8 por ciento en el producto interno bruto (PIB) per cápita el año pasado, la pobreza extrema habría aumentado hasta 1.5 puntos porcentuales en 2020 y 1.9 puntos porcentuales en 2021. Eso significa una tasa de pobreza extrema de 9.4 por ciento para ambos años, similar a los niveles que se tenían en 2017.

En adelante, aún con escenarios optimistas "los efectos empobrecedores de la pandemia serán colosales", advirtió. Para 2030, las proyecciones más positivas muestran que 6.7 por ciento de la población mundial vivirá con menos de 1.9 dólares al día, prácticamente el doble de la meta del organismo. Pero esta podría llegar hasta 8.6 por ciento si siguen avanzando los indicadores de desigualdad.

El Banco Mundial subrayó que la pandemia, los conflictos armados y el cambio climático son los tres factores cuya confluencia está impulsando la crisis actual y extenderá su impacto hacia el futuro. Así que "sin intervenciones enérgicas, la crisis puede desencadenar ciclos de mayor desigualdad de ingresos, menor movilidad social entre los grupos vulnerables y menor resiliencia frente a futuras conmociones", manifestó.

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Las tres amenazas más graves para la vida en 2021

Enormes zonas del mundo, sin incluir a China ni a unos pocos países más, se enfrentan a un virus descontrolado que no se ha detenido a causa de la incompetencia criminal de los gobiernos.

El hecho de que estos gobiernos de países ricos dejaran de lado cínicamente los protocolos científicos básicos publicados por la Organización Mundial de la Salud y por las organizaciones científicas revela sus prácticas mezquinas. Todo lo que no sea centrar la atención en la gestión del virus mediante pruebas, rastreo de contactos y aislamiento -y si esto no es suficiente, entonces imponer un confinamiento temporal- es una temeridad. Es igualmente preocupante que estos países más ricos hayan seguido una política de “nacionalismo de vacunas” al acumular candidatos para las vacunas en lugar de una política para la creación de una “vacuna popular”. Por el bien de la humanidad, sería prudente suspender las normas de la propiedad intelectual y desarrollar un procedimiento que promueva vacunas universales para todos los pueblos.

Aunque la pandemia es el principal problema que ocupa nuestras mentes, hay otras cuestiones importantes que amenazan la longevidad de nuestra especie y de nuestro planeta. A saber:

Aniquilación nuclear

El 23 de enero de 2020, el Bulletin of the Atomic Scientistsestableció el Reloj del Juicio Final peligrosamente cerca, a 100 segundos para la medianoche. El reloj, creado dos años después de que se desarrollaran las primeras armas atómicas en 1945, es evaluado anualmente por la Junta de Ciencia y Seguridad del Bulletin, que decide si mover el minutero o mantenerlo en su lugar. Para cuando vuelvan a ajustar el reloj, bien podríamos estar aún más cerca de la aniquilación. Los tratados para el control de armamentos, que son ya bastante limitados, no son más que papel mojado en la medida en que las principales potencias poseen cerca de 13.500 armas nucleares (más del 90% de las cuales están solo en manos de Rusia y Estados Unidos). La producción de este armamento podría hacer fácilmente que este planeta sea aún más inhabitable. La Armada de los Estados Unidos ha desplegado ya ojivas nucleares tácticas W76-2 de bajo rendimiento. Es urgente incluir en la agenda mundial una serie de pasos inmediatos hacia el desarme nuclear. El Día de Hiroshima, que se conmemora cada año el 6 de agosto, debe convertirse en una fecha más sólida de meditación y protesta.

Catástrofe climática

Un artículo científico publicado en 2018 llevaba un titular sorprendente: “La mayoría de los atolones serán inhabitables a mediados del siglo XXI porque el aumento del nivel del mar intensificará las inundaciones provocadas por las olas”. Los autores descubrieron que pueden desaparecer todos los atolones desde las Seychelles hasta las Islas Marshall. Un informe de las Naciones Unidas de 2019 estimaba que 1 millón de especies animales y vegetales están en peligro de extinción. Agreguen a esto los catastróficos incendios forestales y el severo blanqueamiento de los arrecifes de coral, y está claro que ya no podemos perder más tiempo con clichés sobre una cosa u otra como canarios en la mina de carbón de la catástrofe climática; el peligro no está en el futuro, sino en el presente. Es esencial que las grandes potencias -que no quieren sacudirse los combustibles fósiles- se comprometan con el enfoque de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro. Es revelador que países como Jamaica y Mongolia ajustaran sus planes climáticos a las prescripciones de la ONU antes de finales de 2020, como exige el Acuerdo de París, a pesar de que estos países producen una pequeña fracción de las emisiones globales de carbono. Los fondos comprometidos con los países en desarrollo para que participen en el proceso están prácticamente agotados y la deuda externa se ha disparado. Esto demuestra una falta de seriedad fundamental por parte de la “comunidad internacional”.

Destrucción neoliberal del contrato social

Los países de América del Norte y Europa han aniquilado su función pública en la medida en que el Estado se ha entregado a los especuladores y las fundaciones privadas han mercantilizado la sociedad civil. Esto significa que las vías de transformación social en estas partes del mundo se han visto obstaculizadas grotescamente. La terrible desigualdad social es el resultado de la relativa debilidad política de la clase trabajadora. Es esta debilidad la que permite a los multimillonarios establecer políticas que hacen que aumenten las tasas del hambre. Los países no deben ser juzgados por las palabras escritas en sus constituciones sino por sus presupuestos anuales; Estados Unidos, por ejemplo, gasta casi 1 billón de dólares (si se suma el presupuesto estimado de inteligencia) en su maquinaria de guerra, al tiempo que dedica una fracción de esa cantidad a bienes públicos (como atención médica, algo que se ha puesto en evidencia durante la pandemia). Las políticas exteriores de los países occidentales parecen estar bien lubricadas por acuerdos de armas: los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos acordaron reconocer a Israel con la condición de que compraran 23.000 millones y 1.000 millones de dólares, respectivamente, en armas fabricadas en Estados Unidos. Los derechos de los palestinos, los saharauis y el pueblo yemení no influyeron en estos acuerdos. El uso de sanciones ilegales por parte de Estados Unidos contra 30 países, entre ellos Cuba, Irán y Venezuela, se ha convertido en parte normal de la vida incluso durante la crisis de salud pública de la COVID-19. Es un fracaso del sistema político que las poblaciones del bloque capitalista sean incapaces de obligar a sus gobiernos, que en muchos aspectos son democráticos sólo de nombre, a adoptar una perspectiva global ante esta emergencia. Las crecientes tasas del hambre revelan que la lucha por la supervivencia es el único horizonte de miles de millones de personas en el planeta (siempre que China sea capaz de erradicar la pobreza absoluta y eliminar en gran medida el hambre).

La aniquilación nuclear y la extinción debido a la catástrofe climática son amenazas gemelas para el planeta. Mientras tanto, para las víctimas del asalto neoliberal que ha asolado a la generación pasada, los problemas a corto plazo para sustentar su mera existencia desplazan preguntas fundamentales sobre el destino de nuestros hijos y nietos.

Problemas globales a tal escala requieren de cooperación global. Las principales potencias, presionadas por los Estados del Tercer Mundo en la década de 1960, acordaron el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1968, aunque rechazaron la muy importante Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional de 1974. Ya no existe el equilibrio de fuerzas necesario que impulse esa agenda de clase en el escenario internacional; las dinámicas políticas en los países de Occidente en particular, pero también en los Estados más grandes del mundo en desarrollo (como Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica) son necesarias para que cambie la naturaleza de los gobiernos. Es necesario un internacionalismo sólido que preste una atención adecuada e inmediata a los peligros de la extinción: por guerra nuclear, por catástrofe climática y por colapso social. Las tareas que tenemos por delante son abrumadoras y no pueden aplazarse.

Por Noam Chomsky, Vijay Prashad | 08/01/2021 | 

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Noam Chomskyes un lingüista, filósofo y activista político legendario. Es profesor laureado de lingüística de la Universidad de Arizona. Su libro más reciente es Climate Crisis and the Global Green New Deal: The Political Economy of Saving the Planet.

Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es compañero de redacción y corresponsal-jefe de Globetrotter. Es editor-jefe de LeftWord Books y el director del Tricontinental: Institute for Social Research. Asimismo, es miembro destacado no residente del  Chongyang Institute for Financial Studies, Universidad Renmin de China. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos The Darker Nations y The Poorer Nations. Su último libro es Washington Bullets, con una introducción de Evo Morales.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, hace gestos mientras asiste a una conferencia de prensa en Beirut el 1 de septiembre de 2020. — GONZALO FUENTES / AFP

Emmanuel Macron es la última víctima de Oriente Próximo, una víctima ingenua que se propuso resolver la situación de Líbano jugando a la política no con los actores implicados directamente sino con los políticos libaneses. Desde principios de agosto, el presidente francés se emplea a fondo en negociar con destinatarios equivocados que ni pinchan ni cortan.

 

Aunque no es el único líder europeo que se ha ensuciado las manos con todo lo tocante a Oriente Próximo, Emmanuel Macron va siempre un paso por delante de sus colegas Angela Merkel y Boris Johnson. En cualquier caso, ninguno de los tres parece sufrir de remordimientos por lo que hacen y dejan de hacer y da la impresión de que duermen a pierna suelta.

El último capítulo de sus enredos se inició tras la terrible explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto, cuando como si tuviera pocos quebraderos de cabeza dentro y fuera de Francia, Macron se empeñó en resolver la caótica situación de Líbano con una diplomacia no exenta de amenazas que a la postre solo ha servido para demostrarle que ha topado con un muro infranqueable.

Todos los conflictos de la región están ligados a la cuestión palestina, y casi todos están vinculados directamente a Israel, empezando por Irán, pasando por Yemen, y terminando por Egipto. Es una cuestión básica que Macron y sus socios europeos conocen perfectamente pero que prefieren ignorar para no ponerse a tiro del estado judío.

Esto les lleva a situaciones cómicas y de una hipocresía considerable que les obliga a responder de manera cínica a las políticas israelíes en Oriente Próximo, un mal de grandes proporciones que sigue creciendo porque los líderes europeos se niegan a enfrentarse a la raíz del problema: la ocupación israelí y la exportación del problema de la ocupación de los territorios palestinos y el Golán a otras zonas de la región.

Todavía están en la retina las imágenes de un Macron sonriente y satisfecho recibiendo con cara de circunstancias un baño de masas en Beirut. ¿Es posible que el presidente francés realmente creyera que podía solucionar la enquistada crisis libanesa y formar un gobierno a su medida sin acabar con la ocupación israelí? Da la impresión de que así fue, que Macron se lo creyó, y también da la impresión de que ahora está sorprendido de que su encomiable esfuerzo no haya dado resultados.

Le Monde recuerda que Macron visitó Beirut dos días después de la explosión, el 6 de agosto, y que prometió regresar el 1 de septiembre para verificar que los líderes libaneses estaban dispuestos a colaborar. Incluso llamó por teléfono a Vladimir Putin y a Hassan Rouhani para pedirles ayuda, un mal enfoque puesto que el único que podía ayudarle era Benjamin Netanyahu poniendo fin a la brutal ocupación militar.

Incluso se permitió organizar el 9 de agosto, y al amparo de la ONU, una conferencia internacional de donantes para Líbano que comprometió más de 250 millones de euros, poniendo, eso sí, la condición de que el dinero se canalizaría a través del ejército y no a través de un estado corrupto en el que absolutamente nadie cree.

Por si esto fuera poco, una semana después de su primera visita a Beirut, la administración de Donald Trump, teledirigida desde Tel Aviv, impuso sanciones contra dos exministros de Hizbola con el fin de meter un palo entre las ruedas de Macron, y acto seguido el secretario de Estado Mike Pompeo escribió una columna en Le Figaro cortando por lo sano la iniciativa del despistado presidente francés.

Como había prometido, Macron volvió a Beirut a principios de septiembre cargado con declaraciones pomposas sobre Líbano. Su presión condujo a la propuesta de formar un gobierno tecnócrata presidido por el independiente Mustafa Adib, quien enseguida tuvo que dimitir sin siquiera llegar a gobernar debido a las disputas internas, exacerbadas por las sanciones de EEUU.

Ahora Líbano espera como agua de mayo la salida de Trump de la Casa Blanca. Dirigida desde Tel Aviv, la administración americana se ha convertido en el primer problema de Oriente Próximo, incluso por delante de la cínica Europa, cuya pasividad letal viene acompañada de tanto en tanto por actitudes quijotescas e inútiles como la de Macron con Líbano.

La política exterior de Macron, por lo que se refiere al Mediterráneo y el Sahel, es la de alguien que quiere y no puede, sometido siempre a arrebatos puntuales y personales, en lugar de dejar que sean los expertos europeos quienes diseñen y ejecuten una política razonable por el bien de Europa y no en función de lo que ahora interesa o no interesa a París.

Esperando a Joe Biden, los libaneses pueden estar seguros de que sus problemas no se van a resolver pronto, como tampoco se va a resolver pronto la situación en Yemen. Todo está relacionado con la ocupación israelí y nada indica que Biden vaya a hincarle el diente a ese asunto, y menos teniendo como socio a una Europa anestesiada y sin iniciativas para lograrlo.

Pues bien, Macron regresó a Beirut a finales de septiembre, y su siguiente viaje, programado para el 22 de diciembre, se canceló debido a que el presidente se contagió de Covid-19. Es posible que más adelante vuelva a Beirut, pero eso no servirá de mucho, puesto que los problemas de Oriente Próximo estarán en el aire hasta que no se confronte la realidad y se resuelva la ocupación israelí, algo por lo que Macron y sus socios europeos no han hecho nada.

08/01/2021 07:27

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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El futuro ya no será lo que era, ni el pasado va a volver

Los medios mundiales anuncian la “buena nueva” de las vacunas contra el covid-19 y la victoria del candidato demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos como la vuelta a la normalidad del mundo, ese maravilloso mundo que prevaleció antes de la elección de Trump, cargado de crisis financieras, deterioro económico, invasiones en Asia, golpes de Estado “de colores” (o su intento) en casi todos los continentes, grandes éxodos de población causados por las imposiciones económicas, las políticas neocoloniales y las guerras desatadas por el “mundo libre”, autodenominado “occidental”.

WikiLeaks parece dispuesta a hacer público el conjunto de sus informaciones sobre la suciedad de ese mundo. Por eso se lleva persiguiendo y torturado a Assange durante años, por la misma razón que nuestra “prensa libre” y la mayor parte de sus profesionales, tan celosos cuando se trata de represiones en los “países malos”, miran para otro lado sin mostrar el más mínimo atisbo no ya de solidaridad y justicia, sino ni siquiera de corporativismo y apoyo a un colega.

Se olvidan nuestros media, además, de que Trump es un engendro político posibilitado por las propias políticas demócratas que han financiarizado la economía, deslocalizado la producción disparando el desempleo y arruinando a medianos productores, granjeros, agricultores y comerciantes, endeudado a su población a cotas insostenibles, sembrado de bombas el mundo (Obama invadió o bombardeó 7 países) y siendo las primeras en alzar el muro de México. De manera que si Trump es ese engendro apoyado por mucha gente que no podía aguantar más las políticas aberrantes del Imperio en decadencia, sus réplicas mundiales (los Bolsonaro, Johnson, Orbán, Duque, Duterte, Le Pen, y los pequeñitos como Abascal…) son síntomas de procesos similares, de un capitalismo decididamente antisocial. Ante todo es así con ese paradigma del neoliberalismo-financiero global que es la UE y cuyo desmoronamiento sólo se ha detenido de momento porque nadie sabe bien hacia dónde ir.

Christine Lagarde y Ursula von der Leyen se esfuerzan por proporcionar recetas salvadoras: dar a la UE un nuevo significado a través de un “Green Deal”, relanzar la economía mediante la puesta en marcha del euro digital, completar la Unión Bancaria y lanzar una Unión de Mercados de Capitales, crear una «ventanilla única» para la Unión Aduanera…, pero la verdad es que su suicida subordinación a la potencia estadounidense en decadencia, lleva a la UE a carecer dramáticamente de estrategia propia, rodeada de fuerzas continentales que sí la tienen. Tres ejemplos:

1. La estrategia de EE.UU. es apartar a toda costa las economías europeas del mercado asiático y del gigantesco desarrollo potencial de una Eurasia articulada. Por una parte, les hace seguir bloqueos y agresiones comerciales contra Rusia que sólo perjudican los intereses económicos europeos, impidiéndoles el acceso a la inmensa riqueza del mayor territorio del mundo. Por otra, intenta abortar cualquier conexión de Europa con la Ruta de la Seda china (“un cinturón una ruta”). Mientras, EE.UU. se procura, golpe a golpe, tres corredores con acceso a Europa occidental y oriental, así como a la Eurasia occidental (Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y los Balcanes), constituyendo el particular “cinturón y ruta” estadounidense, con el dólar, petróleo, gas, armas y tropas circulando cada vez más a sus anchas bajo la mirada entre ladina y servil de la UE, con su Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común, el sr. Borrell, dispuesto a servir de felpudo a quien quiera que ocupe la Casa Blanca. Y claro, EE.UU. se beneficia para sí de las inversiones dadas por Europa al conjunto de esa vasta región: “ayudas” económicas, inclusión en su mercado interno, protección financiera…


2. Turquía, Arabia Saudí e Israel se proponen reconfigurar toda Asia occidental, cada uno con su propio proyecto de expansión y de conexión con los planes de EE.UU. Y todos con el obstáculo de Irán enfrente. Entre los tres (más USA) están generando un auténtico caos de destrucción y barbarie en toda la zona, yihadistas y paramilitares por medio, cuyas principales consecuencias salpican directamente a Europa en forma de éxodos masivos y afectación de futuros abastecimientos energéticos.


3. Rusia y China cada vez fortalecen más vínculos para una posible Eurasia que estará a la cabeza del mundo, con su Banco de Desarrollo, su petro–yuan–oro, su Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, su Asociación Económica Integral Regional que representa el 30% PIB mundial, su Fondo de Fomento, su sistema propio de compensación de intercambio, su Bolsa Internacional de Energía o su plan de infraestructura y desarrollo intercontinental, que lleva llamando a las puertas de Europa desde hace largos años.

 

Pero en lugar de abrirse al mismo, la UE acompaña como obediente subordinada a EE.UU. en sus guerras económicas, políticas y militares contra ese proyecto. Cavando con ello su propia fosa. Actualmente, ya hemos visto, se ha mostrado patéticamente incapaz de albergar ni siquiera una política sanitaria común ni de enfrentar la pandemia colectivamente. Desde que la elite capitalista se negara a pagar impuestos, los Estados han ido enflaqueciendo en sus funciones públicas, las cuales han ido siendo traspasadas al capital privado (otras dos de las razones para las que se constituye la UE). El impacto de la pandemia está poniendo a todos de acuerdo en la activación del cajero automático europeo. Nadie quiere pagar impuestos, casi todo el mundo mira indiferente a la destrucción del Estado social en manos de empresas privadas, pero ahora todos quieren ayudas del Estado (hasta Burger King y Mac Donalds nos piden solidaridad). Sin ingresos, con cada vez menos porciones de la economía en sus manos, ¿cómo pueden los Estados hacer ese milagro? Sólo hay una manera: a través de grandes millonadas de “dinero mágico”, sin valor alguno asociado a la producción, del mismo calibre que el que se han venido inventando para salvar a las Grandes Empresas y Bancos “demasiado grandes para caer” (alrededor de 15 billones de dólares sólo entre las principales economías mundiales) y hacer creer que el sistema capitalista sigue funcionando. Pero en lugar de ayudar a las sociedades, demasiadas de las enormes sumas de ese “dinero mágico” distribuidas por la UE van directamente a los bolsillos de las mafias. Comida basura, actividades contaminantes, grandes organizaciones criminales, gigantes tecnológicos, son los principales beneficiarios de la crisis, aparte de la Gran Empresa y la Gran Banca, con actividades a menudo difíciles de separar de las anteriores.

Mientras, desde principios de 2020 la pandemia ha empeorado trágicamente las condiciones de vida de la mayoría de la población mundial, ya seriamente golpeada por el último estallido de la Larga Crisis, en 2007-2008. Hoy que la economía se va descosiendo, ningún bombardeo de propaganda de los grandes media puede esconder el colapso práctico e ideológico de esa excrecencia del capitalismo degenerativo que es el neoliberalismo. Su escandaloso fracaso al lidiar con el covid-19 es manifiesto y refleja el declive de todo “Occidente”.

¿Alguien se ha parado a sacar conclusiones de porqué en China y Vietnam sí han intervenido bien frente al virus, y en Cuba, a pesar del incesante asedio que sufre desde hace más de medio siglo, se le tiene altamente controlado, al tiempo que exporta atención contra el covid-19 al resto del mundo? ¿Alguien ha reflexionado sobre el lío que se ha montado en Gran Bretaña ante el Breixit y el “bloqueo comercial” de unos días, y cómo estaría si llevara alrededor de 60 años totalmente bloqueada por el mundo “occidental”, como Cuba, o como Venezuela durante ya dos décadas, países que, entre otros, siguen asediados en plena emergencia sanitaria mundial por nuestras “democracias”?

Aquí, tras meses de sufrimiento de la pandemia, atravesamos una segunda ola y según nos dicen estamos a las puertas de una tercera. Los casi únicos mecanismos para combatirla han sido de nuevo los cerrojazos de negocios, el encierro de la población y los toques de queda (tácticas de guerra aplicadas a la sociedad). Todos estos meses desde la primera ola no se han aprovechado para aumentar significativamente las unidades de emergencia, que siempre nos dicen que “corren el riesgo de saturarse”. Ninguna inversión estructural seria en mejorar los servicios de salud pública, en revertir su obscena privatización, en mejorar las condiciones de trabajo de sus profesionales ni en reforzar permanentemente sus plantillas. En el maravilloso mundo del capital la medicina preventiva no tiene cabida (ya que no da beneficios a las grandes compañías farmacéuticas). Como circula por eso que llaman “redes sociales”, “pensar que las grandes farmacéuticas estén interesadas en la salud es como creer que las empresas fabricantes de armas están interesadas en la paz”.

Hay ya una sensación generalizada de abatimiento. Ya no circulan las bromas en “whatsapp”, ya no hay aplausos desde los balcones, el calor y la solidaridad vecinal se esfuman, la ciudadanía hace lo que puede por protegerse y a la vez no deprimirse del todo, pero los casos no dejan de multiplicarse. Buscamos cierta “libertad”, “contacto” y “capacidad de hacer” a través de mecanismos como los “Zoom meetings”, pero al final son estos últimos los que nos han engullido y multiplicado nuestra ansiedad y nuestro esfuerzo. Las elites y sus poderosos medios de difusión están empeñados en hacernos soñar con una recuperación venidera. Pero el pasado no va a volver. Esta pandemia es sólo un paso más de la decadencia de un sistema que se muestra crecientemente incapaz de mantener su economía a flote ni de preservar la salud de sus poblaciones, como ya expliqué al comienzo de 2020 (https://blogs.publico.es/dominiopublico/30412/empiezan-los-20-los-terribles-20/), antes de saberse que se nos venía tal pandemia. Ante el derrumbe económico que ahora nos cae encima, el colapso del hábitat, el tiovivo climático, la destrucción social, las sucesivas crisis sanitarias, de hambre, de pérdida de agua potable que azotan al mundo, el agotamiento de los bancos de pesca… ¿qué esperamos?, ¿quizás que sea el turismo el que salve a la humanidad?

No, el futuro no va a ser lo que era, viene un mundo diferente, con cada vez menos empleo en una economía digitalizada y automatizada, y con cada vez más riqueza concentrada en menos manos, Grandes Grupos que se fusionan, ministros y ministras que después de servir sus intereses ocupan altos cargos en ellos… Sin Banca ni Farmacéuticas públicas, con pensiones, coberturas y servicios menguantes, pero con cada vez más sofisticados sistemas de vigilancia, control y creación de “realidad”, la ciudadanía queda desamparada.

Y no, el pasado tampoco va a volver, ni el «viajero masa global» (desempleado) va a reaparecer, a pesar de que nuestras “izquierdas integradas” se empeñen en querer regresar al keynesianismo y en prometernos que en adelante el capitalismo se hará bueno estando ellas, aunque sea de forma subordinada, en el gobierno (qué triste ironía, la mayoría de los PC europeos tiraron la toalla justo en la fase de derrumbe del capital. Hoy vemos a algunos de ellos intentando levantar la economía capitalista y dar imposibles recetas socialdemócratas, animándonos a “vencer juntos al virus” y a convencernos que “de esto sólo salimos juntos”, como si la sociedad no estuviera dividida en fuertes intereses de clase, y unos no se estuvieran forrando a costa de la desgracia de los más. Por supuesto que mientras dicen esas frases bonitas, y no arredrados por sus propias contradicciones, practican el seguidismo de las directrices de la OTAN, de la UE y del orbe gran-empresarial).

Con los demócratas estadounidenses el mundo no será mejor. Tampoco con un capitalismo en caída libre que nos deja con cada vez menos medios de vida. ¿A nadie le parece que en vez de intentar desesperadamente reanimarle o blanquearle no es hora ya de emprender políticas valientes de ruptura, de movilización y lucha social, al estilo de lo que proponen Amaia Pérez y Gonzalo Fernández en https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/si-hamster-dejara-mover-rueda-capitalista-ii_129_6490108.html? El ciclo de convulsiones y posiblemente de transformaciones se acelerará en 2021 a pesar de todas las pandemias. A demasiadas izquierdas les pillará, una vez más, con el pie cambiado.

Andrés Piqueras. Sociólogo Universitat Jaume I.

 

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Bajo la lupa. La revuelta de los WASP: ¿golpe o sujeción militar a la vista?

EL DESTINO DE EU se puede decidir con las dos elecciones de desempate senatorial en Georgia, que define el control del Senado, y al día siguiente, 6 de enero, la crucial reunión del Congreso para validar "los votos electorales" de los estados, además de la marcha del "millón" de los WASP (White Anglo Saxon Protestants: blancos protestantes anglosajones) partidarios de Trump. Todo puede suceder cuando "perdió" Trump y ganó el trumpismo (https://bit.ly/3rTPzjI).

LA CATÓLICA NANCY Pelosi se reeligió a duras penas como lideresa de la Cámara con sólo nueve votos de más. Trump no pudo cambiar la impavidez de los tribunales judiciales: ni estatales ni de la Suprema Corte, donde los republicanos gozan una mayoría de seis contra tres. Ahora le queda a Trump el penúltimo recurso de la reunión del Congreso hoy 6 de enero, junto al vicepresidente Mike Pence, a quien le corresponde el recuento oficial de los "votos electorales", cuando aparecieron 12 insurgentes republicanos del Senado que objetarán los resultados en varios estados volátiles (swing states).

A TRUMP LE quedaría el último recurso de promulgar una ley marcial para que los militares realicen una nueva elección presidencial, como sugirió su ex asesor de seguridad nacional teniente general Michael Flynn (https://washex.am/3bcFgBy), recientemente perdonado, y/o propinar un golpe de Estado.

OTRA EVENTUALIDAD EN los próximos 14 días incandescentes sería librar una guerra, en compañía de su aliado israelí Netanyahu, contra Irán, y/o aventurarse a una conflagración contra China. Hace tres días, "10" de todos los todavía vivientes secretarios del Pentágono, la mayoría con un pasado bélico atroz en sus guerras de destrucción masiva en los países valetudinarios del planeta, firmaron su opinión en la que expresan que los militares no tienen ningún papel para cambiar los resultados de la elección presidencial: “el tiempo ya pasó (https://wapo.st/3hL0EyU)”.

LOS 10 EX secretarios del Pentágono afirmaron que "involucrar a los militares en disputas electorales cruzaría un territorio peligroso". Entre los 10 –Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry y Donald Rumsfeld– llamó profundamente la atención que dos hayan sido secretarios despedidos por Trump –James Matis y Mark Esper– y otros dos, Dick Cheney y Donald Rumsfeld, conformen el núcleo duro de Baby Bush, quien, con el apóstata Mitt Romney y el fallecido John McCain, constituye la oposición interna al trumpismo, con o sin Trump, en el seno republicano.

LOS 10 SECRETARIOS anti-Trump advierten a "funcionarios civiles y militares" –en particular al "secretario de Defensa en funciones Christopher C. Miller y sus subordinados"– de "no intervenir" en el proceso de legitimación impugnada del presidente electo Biden, ya que "se harán responsables", lo cual "incluye castigos criminales, debido a las graves consecuencias de sus actos sobre nuestra república" cuando los "adversarios buscan tomar ventaja de la situación". Ya un mes antes de las elecciones, el jefe de las Fuerzas Armadas Conjuntas, general Mark Milley, había advertido que el ejército no intervendría en la disputa electoral (https://n.pr/3pWujYX).

SE HAN ESCENIFICADO movimientos impactantes en la interacción de los militares con los políticos. El general James Mattis, defenestrado por Trump, no dudó en apoyar al presidente electo Biden, quien nominó como su futuro secretario del Pentágono al general retirado de 67 años Lloyd Austin (https://bit.ly/3nqh80N), quien sería el primer afroestadunidense en tan sensible cargo –nota: el general Colin Powell, secretario de Defensa con Baby Bush, es mulato (como Obama).

EL EJÉRCITO DE EU es reflejo también de su heterogeneidad étnica en cuanto a los hombres se refiere: casi 70 por ciento blancos, 17.3 por ciento "latinos" y casi 17 por ciento "afros" (https://bit.ly/394bqfJ). ¿Se puede fracturar su ejército conforme a su segmentación étnica? Se desató la batalla por la presidencia de 2024 cuando los republicanos luchan por el alma de su partido y los WASP por su supervivencia.

 

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Martes, 05 Enero 2021 09:43

Capitalismo pandémico

Capitalismo pandémico

El pasado mes de septiembre, Richard Horton publicaba en la conocida revista The Lancet un artículo cuyo título puede resultar provocativo o sospechoso: No es una pandemia. Obviamente, no se trata de que uno de los medios científicos más prestigiosos del mundo hubiese colado entre sus páginas la opinión de un negacionista. Horton no negaba la existencia de la covid-19 ni alimentaba delirios conspirativos. Basándose en un concepto forjado en 1990 por el epidemiólogo Merrill Singer, Horton sostenía que no nos enfrentamos hoy a una pandemia sino a algo más complejo y, por lo tanto, más peligroso: una “sindemia”; es decir, un cuadro epidémico en el que la enfermedad infecciosa se entrelaza con otras enfermedades, crónicas o recurrentes, asociadas a su vez a la distribución desigual de la riqueza, la jerarquía social, el mayor o menor acceso a vivienda o salud, etc., factores todos ellos atravesados por una inevitable marca de raza, de clase y de género. La sindemia es una pandemia en la que los factores biológicos, económicos y sociales se entreveran de tal modo que hacen imposible una solución parcial o especializada y menos mágica y definitiva.

El problema no es, pues, el coronavirus. El problema es un capitalismo “sindémico” en el que ya no es fácil distinguir entre naturaleza y cultura ni, por lo tanto, entre muerte natural y muerte artificial. El capitalismo es la “sindemia” Pensemos, de entrada, en la multiplicación muy reciente de nuevos virus (gripe aviar, SARS), inseparables de la industria agroalimentaria y de la presión extractiva sobre el mundo animal. En un libro inquietante y riguroso, Grandes granjas, grandes gripes, Rob Wallace describe un modelo de producción cárnica en el que todo el proceso –desde la alimentación de aves y ganado hasta la aglomeración en las granjas– no solo facilita sino que hace inevitable la generación de nuevas cepas virales y su transmisión a los seres humanos. No hace falta recurrir a teorías de la conspiración, dice Wallace; los nuevos virus han sido creados, por supuesto, en un laboratorio, pero solo en el sentido de que el capitalismo ha convertido la naturaleza misma en un laboratorio vivo, en permanente ebullición patológica, incontrolable incluso para sus gestores y beneficiarios. El término “iatrogenia” se utiliza en general para referirse a los muertos producidos, sin dolo ni finalidad espuria, por la institución médica: el caso, por ejemplo, de las infecciones hospitalarias, responsables todos los años de más muertes que las gripes comunes. Pues bien, si un hospital, concebido como una unidad de seguridad sanitaria y sometido, por tanto, a toda clase de garantías asépticas, produce, pese a todo, infecciones mortales, ¿qué no ocurrirá en granjas proyectadas expresamente para acelerar el crecimiento de los animales mediante cócteles antibióticos y en condiciones de concentración literalmente infernales? La voluntad podría, sí, desmontar la máquina, pero la máquina se mueve ya al margen de nuestra voluntad. Wallace dice: “Al hacer capitalista a la naturaleza se hace que el capitalismo sea algo natural”, y ello de tal manera que “las disparidades en nuestra salud surgen de nuestros genes o de nuestras entrañas, no de los sistema de apartheid”.

El capitalismo ha inscrito en la naturaleza sus propias leyes mortales pero el apartheid, más allá del trabajo de Wallace, sigue incidiendo de modo determinante en la distribución y en las consecuencias de las infecciones víricas. Es aquí donde nos interpela el concepto muy técnico de “sindemia” propuesto por Singer y Horton. Los nuevos virus, nacidos en los “laboratorios naturales” de las grandes granjas agropecuarias, sin intervención de ningún maligno conspirador, pasan a sociedades humanas muy estratificadas en las que las mujeres, las minorías racializadas y las poblaciones urbanas marginadas, más expuestas a contactos de riesgo y víctimas ya de enfermedades no infecciosas o crónicas, acaban sucumbiendo a la epidemia y justificando, además, aislamientos selectivos y discriminaciones adicionales que, en una nueva vuelta de tuerca, agravan sus condiciones sociales y multiplican los riesgos de contagio global. Los virus pasan de animales maltratados a humanos maltratados en una sinergia potencialmente apocalíptica.

Ahora bien, si el capitalismo es una sindemia que convierte las granjas en laboratorios bioquímicos y las ciudades en focos de desigualdad epidémica, ¿cuál será la solución a la pandemia de covid? Anticipemos que una de las paradojas inseparables de esta dimensión “sindémica” es el hecho de que el mismo capitalismo que ha roto las fronteras naturales –y las sigue rompiendo sin parar– se sostiene sobre la ilusión de una “seguridad total”.

Demos un rodeo. Desde que la OMS declaró el carácter pandémico –es decir, global– del coronavirus en marzo de 2020, el combate local contra su difusión ha adoptado formas diversas según regímenes y tradiciones. China apostó por el control social y tecnológico; Inglaterra, Brasil, EE.UU. por la inhibición neoliberal; la UE por una fórmula mixta en la que las medidas sanitarias se combinaban a veces con alguna medidas sociales que frenaban parcialmente nuestro modelo de trabajo y consumo, basado en la movilidad. El debate se ha centrado, en todo caso, en un presunto conflicto entre políticos y científicos. ¿Hay que hacer política o dejar decidir a los médicos y epidemiólogos? La pandemia, ¿pone fin a la intervención política, ya muy desprestigiada en un mundo presidido por la des-democratización global? ¿No es mejor dejar gobernar directamente a los científicos?

El problema de este debate es que es falso, y lo es porque parte de un doble presupuesto erróneo: el de que en un sistema sindémico, como decíamos, puede haber una solución especializada y el de que, aún más, los políticos y los científicos siguen siendo poderes realmente determinantes. Tanto los políticos como los científicos están, si no secuestrados, al menos sí dirigidos o limitados por las mismas fuerzas económicas. Durante las cuatro últimas décadas, sobre todo tras la derrota de la URSS en la Guerra Fría, movimientos altermundialistas de renovación democrática recuperaron el concepto anticolonial de “soberanía” para reclamar la emancipación de la esfera pública –el Estado y sus instituciones– respecto de la economía y sus empresas; no es laico, desde luego, un Estado que confunde las esferas política y religiosa, pero tampoco lo es, o no lo es verdaderamente, el que confunde las esferas política y económica. En casi todos los países del mundo, como consecuencia de esta “falta de laicismo”, trágica en tiempos de crisis económica y gestión neoliberal, se llegó a la pandemia con una confianza muy deteriorada en los políticos y las instituciones públicas, y ello con los efectos de todos conocidos. Eso explica que, ante la eclosión inesperada de la catástrofe sanitaria, muchos ciudadanos dirigieran sus esperanzas hacia la ciencia. Ahora bien, lo que nos ha revelado la covid-19 es que la ciencia está no menos amenazada que la política por el capitalismo sindémico y sus espontaneidades destructivas.

Históricamente las pandemias (desde la peste de Atenas a la gripe española de 1919) han generado reacciones de pánico individual y colectivo, caldo de cultivo muy propicio para las teorías conspiratorias. Por muy descorazonador que resulte, es antropológicamente normal defenderse de la ceguera del azar y de la arbitrariedad biológica buscando un culpable concreto: los judíos, los extranjeros, los pecadores, los curas, los chinos, Bill Gates. Nada nos da tanto miedo como la contingencia, que nos vuelve al mismo tiempo vulnerables e intercambiables, y por eso, frente a ella, nos inclinamos a concebir los destinos del mundo en términos de “voluntad”, aunque sea adversa y negativa, y no de aleatoriedad. Preferimos, en definitiva, un Dios malvado –un demonio providente– a un virus geométrico que no podemos controlar pero tampoco insultar o denunciar; nos aterra esa abstracción ciega que no reconoce nuestra existencia ni siquiera para matarnos. Preferimos siempre, sí, un relato en el que el Mal omnipotente tenga una identidad corporal, nombrable y visible, porque el odio es un ansiolítico muy poderoso; y en el que las víctimas tengan protagonismo, al menos como objetos de una persecución premeditada y sujetos de un saber superior, pues nada tranquiliza tanto, en una situación incontrolable, como justificar nuestra impotencia y afirmar nuestra autoestima. Pues bien, todos estos factores antropológicos se han conjugado del modo más favorable –es decir, más peligroso– en el contexto de una pandemia sindémica que venía socialmente precedida por la disolución de los vínculos comunitarios y la pérdida de credibilidad de los políticos y las instituciones.

Lo que quiero decir es que, en el debate entre políticos y científicos, los delirios complotistas tienen el valor de señalar de un modo falso la falsedad de ese conflicto. Negando la existencia de un virus que no pueden ver, atribuyendo su aparición a una “mala voluntad” entre bastidores o denunciando en las vacunas una estrategia de ingeniería social y de control mundial, las teorías de la conspiración han iluminado la inconsistencia del conflicto políticos/científicos en la medida en que, errando peligrosamente el camino, han situado en otro marco, sin embargo, el origen y la solución de la pandemia. La han iluminado falsamente porque han elegido un marco tranquilizadoramente personal y, por lo tanto, narrativo y no sistémico. Pero la han iluminado a su manera. El covid, como he dicho, fue efectivamente creado en un laboratorio porque el capitalismo ha convertido la naturaleza entera en un laboratorio; las vacunas, por su parte, traducen efectivamente ambiciones de poder porque el poder económico penetra ya todas las esferas del conocimiento y, aún más, del conocimiento aplicado. Hay muchos motivos para desconfiar del origen “natural” del coronavirus y muchos motivos también para desconfiar de esas vacunas desarrolladas a velocidad sideral para contenerlo; pero ninguno de ellos tiene nada que ver con la maldad del gobierno chino o el afán de dominio mundial de Bill Gates. Ojalá fuera todo tan sencillo y tranquilizador.

Queremos creer en los políticos y resulta que la política está secuestrada por los índices bursátiles, la prima de riesgo y los límites draconianos de déficit público. Queremos creer en los científicos y resulta que la ciencia está secuestrada por las farmacéuticas. El mercado, en efecto, es la sindemia. Fijémonos en lo que significa “ciencia”: la idea hermosísima de una comunidad efectiva de intercambio transparente y generalizado en la que el progreso, necesariamente lento, sólo puede ser garantizado por la colaboración entre sus miembros y el apoyo de la ciudadanía exterior a través del Estado. Esa comunidad existe y sigue produciendo resultados epistemológicamente fundados; si no fuera así, si las farmacéuticas sólo vendieran aire y humo, habrían patentado y comercializado el cuerno de rinoceronte, el bálsamo de Fierabrás y los abracadabra de las magias blanca y negra. Esa comunidad existe y trabaja sin parar, pero ha sido intervenida, fragmentada y redirigida por un mercado paradójico que necesita verdadera ciencia y científicos convencidos, pero que sólo puede funcionar, al contrario que la ciencia y sus científicos, con opacidad, insolidaridad y precipitación; es decir, que sólo puede funcionar violando las reglas íntimas de la comunidad científica. El mercado, digamos, necesita vender verdadera ciencia y necesita disolver, al mismo tiempo, las únicas condiciones en las que la humanidad puede producir verdadera ciencia; necesita una comunidad científica universal y efectiva y necesita –y no sólo en el ámbito de la ciencia– destruir todos los vínculos comunitarios universales y efectivos. Cuando no somos capaces de advertir y afrontar esta contradicción, acabamos cediendo sin remedio a una de estas dos tentaciones: la de confiar en el mercado, confundiéndolo con la ciencia, o la de desconfiar de la ciencia, confundiéndola con el mercado. Una y otra tentación alimentan la sindemia; la primera, la de los consumidores pasivos, porque acepta sin protesta la pérdida de transparencia, universalidad y eficacia médica; la segunda, la de los conspiranoicos totalitarios, porque no deja ninguna grieta por la que pueda colarse la verdadera política y la verdadera ciencia. La verdadera política, por cierto, nada tiene que ver con la gobernanza neoliberal y la verdadera ciencia no se agota ni en las enfermedades ni en los remedios que reconoce y rentabiliza la farmacéutica privada o el “sistema médico” en general.

La cuestión es la siguiente: la producción y distribución de vacunas –cuya existencia hay que celebrar con alborozo– reproduce el modelo sindémico de la producción y distribución del virus. Es decir: hay presión sobre la comunidad científica desde las farmacéuticas como hay presión sobre los animales y sobre la naturaleza desde las empresas agroalimentarias; y hay desigualdad social –y por lo tanto geográfica– en la distribución de las vacunas como la hay en la distribución e incidencia de la enfermedad. Eso es, en realidad, lo que quiere decir “sindemia”.

Como sabemos, la velocidad con la que se han desarrollado las primeras vacunas contra la covid-19 (Moderna, Pfizer, Oxford) no tiene precedentes en la historia de la medicina. Siguiendo a la profesora Charlotte Summers, podemos aceptar que eso se debe en parte a los conocimientos acumulados en los últimos años, que garantizan a los hallazgos un mínimo de seguridad epistemológica; es decir, el mínimo de fiabilidad que los hace vendibles en el mercado. Pero esa velocidad despierta también justificadas reservas dentro de la propia comunidad científica, algunos de cuyos miembros consideran, con no menos fundamento epistemológico, que la presión sindémica ha impedido agotar los plazos cautelares aplicados a investigaciones anteriores, de manera que –como explica Els Torreele, fundadora de la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas– no tenemos ninguna certeza acerca de la duración de la cobertura inmunológica de estas vacunas ni está claro que los vacunados no puedan transmitir el virus. Esta incertidumbre, añade la científica belga, está asociada a la competencia entre empresas farmacéuticas rivales que han mantenido en secreto sus investigaciones, contraviniendo las reglas de la práctica científica misma; así que al final las agencias sanitarias de los Estados han autorizado muchas veces estos productos “sin más datos que una nota de prensa de la empresa”. La velocidad, pues, es inseparable de la opacidad y de la falta de colaboración y genera un resultado inseguro que –añade Torreele– puede acabar siendo contraproducente, no sólo por los eventuales efectos colaterales para la salud sino porque puede minar además la confianza en la vacunación en general, alimentando las peligrosas teorías de la conspiración. La urgencia ha estado, sin duda, justificada, pero no conviene ignorar los riesgos potenciales –incluso para la credibilidad de la ciencia– de esta precipitación inducida extramuros de la comunidad científica.

¿Y por qué esta velocidad? Las presiones, externas e internas, son obvias. Las internas tienen que ver con el hecho de que, aunque buena parte de la financiación es pública, las patentes de explotación comercial son privadas. El capitalismo sindémico, que ha seleccionado siempre y sigue seleccionando qué enfermedades son curables y cuáles no en virtud de criterios puramente económicos, ha encontrado la más fabulosa oportunidad de negocio en un mercado literalmente global que convierte a 7.600 millones de seres humanos en potenciales clientes de sus productos. La misma lógica extractiva que se aplica a otros sectores –del petrolero al agroalimentario– se ha aplicado aquí para extraer fondos de los Estados y conocimientos de la comunidad científica. En cuanto a las presiones externas, cabe señalar dos orgánicamente asociadas: la de los gobiernos nacionales a los que ha tocado gestionar la pandemia y que –incluso por razones electorales– tienen que responder ante sus ciudadanos; y la de la población mundial, sobre todo la clase media occidental, a la que se prometió “seguridad total” y que, por eso mismo, temblorosa y levantisca, exige una solución inmediata y definitiva. Ni el capitalismo sindémico ni sus víctimas humanas –al menos en Occidente– pueden aceptar la idea de la muerte y la fragilidad. La paradoja es que, para satisfacer la demanda de inmortalidad individual, una vacuna insuficientemente testada puede aumentar, al contrario, la vulnerabilidad e inseguridad generales.

La producción de vacunas remeda, pues, la del propio virus. Ahora bien, eso mismo ocurre en el ámbito de la distribución farmacéutica, donde la velocidad de la rivalidad empresarial impide la falta de colaboración; es decir, la universalización de los beneficios. Como recordaba Juan Elman en un reciente artículo “la gran mayoría de los países no tienen garantizadas las dosis necesarias para vacunar a su población”. Mientras que Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, la UE, Australia y Japón tienen ya aseguradas entre 4 y 8 dosis por persona, son muy pocos los países de renta media que llegan a una sola dosis (cuando se necesitan dos para la inmunización) y ninguno de los más pobres ha firmado acuerdo alguno para acceder a la vacuna. La propuesta inicial de India y Sudáfrica para liberar las patentes y suspender cualquier derecho intelectual sobre medicamentos o vacunas –al menos hasta que el 70% de la población mundial estuviera inmunizado– fue rechazada en la OMS por los países europeos, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Por otro lado, el fondo Covax, supervisado por la propia Organización Mundial de la Salud y destinado a vacunar a poblaciones de bajos recursos, no ha sido apoyado por Estados Unidos y no recibe más que migajas de los países que acordaron su creación. Las vacunas, como vemos, reproducen, en lugar de interrumpir, el movimiento en bucle, articulado y sin salida, de la sindemia capitalista.

En definitiva, si el capitalismo es una sindemia, va a seguir produciendo sin parar virus y pandemias; y va a seguir produciendo, también sin parar, vacunas y medicamentos selectivos y mal distribuidos. Ese es el futuro y no es halagüeño para la humanidad. Pero si el capitalismo es una sindemia, entonces la política y la ciencia, hoy cautivas, deberían estar luchando para liberar a la humanidad y a sí mismas del capitalismo. Eso sí sería bueno para todos.

 

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Este artículo fue originalmente publicado el pasado 24 de diciembre en el periódico digital en lengua árabe aljumhuriya.net, fundado en el año 2012 por intelectuales y académicos sirios. Agradezco a su jefe de redacción, Yassin Swehat, su precisa y brillante traducción al árabe.

Fuente: https://ctxt.es/es/20210101/Firmas/34633/Santiago-Alba-Rico-capitalismo-pandemico-sindemia-virus-desigualdad.htm

 

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Marcha de granjeros hacia la ciudad de Nueva Delhi en noviembre de 2020. Foto de Randeep Maddoke

Las entradas a la ciudad india de Nueva Delhi están sitiadas desde noviembre por millones de campesinos que ven su medio de vida amenazado por las nuevas leyes agrícolas del primer ministro Narendra Modi, al que acusan de legislar en beneficio de sus multimillonarios amigos.

Los campesinos y granjeros indios se están rebelando contra el Gobierno del primer ministro Narendra Modi en un movimiento de masas que ha atraído atención internacional. La democracia más grande del mundo está siendo testigo de una oleada colectiva de protestas en la que cientos de miles de granjeros, principalmente de los Estados de Punjab y Haryana, han puesto bajo asedio las afueras de la capital Nueva Delhi, determinados a ocupar los márgenes de la ciudad hasta que Modi dé marcha atrás a nuevas leyes impopulares que ellos dicen que son anti-granjeros.


Cerca de la mitad de los trabajadores de India dependen de la agricultura industrial, y el Gobierno ha mantenido durante mucho tiempo regulaciones para proteger a los trabajadores agrícolas, actuando como intermediario entre los campesinos y los compradores de su producción. Ahora esas protecciones han sido revertidas. En septiembre de 2020, Modi y su Bharatiya Janata Party (BJP) impulsaron tres leyes desregulatorias en el Parlamento entre el caos e incluso encontrando cierta oposición desde su propio partido.


Amandeep Sandhu, autor de Panjab: Journeys Through Fault Lines, ha estado siguiendo de cerca las protestas de los granjeros. En una entrevista, me explicó que la primera de las tres leyes desechaba la Ley de Mercancías Esenciales, una norma de 1955 que estabilizaba los precios alimentarios al impedir que los comerciantes acapararan suministros. Según Sandhu, “ahora los comerciantes pueden acumular tanta comida como quieran y pueden jugar con los mercados como deseen”. Dos tercios de la población de 1.300 millones de personas de India dependen de las raciones subsidiadas de comida, que están ahora en peligro, dice Sandhu.


Otra de las leyes desregulatorias dejaría que los campesinos negociaran directamente con los compradores sin intervención gubernamental para establecer precios básicos mínimos. Aunque esto podría teóricamente dar como resultado que los granjeros pudieran demandar precios más altos, durante los años en los que hay un excedente de cosechas y en consecuencia, precios que se hunden, los granjeros podrían ser destruidos económicamente. En resumen, las nuevas leyes están diseñadas para someter a cientos de millones de campesinos pobres a los caprichos y demandas del mercado.


La polémica tercera ley de Modi se centra en la agricultura por contrato y posibilita que los compradores corporativos contraten directamente a pequeños agricultores para producir cosechas específicas. Pero Sandhu explica que también protege a las grandes empresas de sus responsabilidades. “Si un pequeño granjero ha entrado en un contrato con una corporación y la corporación reniega del contrato, el granjero no puede ir a los tribunales”.


Incluso antes de que se pusieran en práctica estas nuevas leyes, los granjeros de India estaban siendo empujados al límite. Millones están endeudados ya que los bancos se niegan a prestar a los trabajadores sin fondos, llevándoles hacia prestadores ilegales que cobran tasas de interés exorbitadas. Los suicidios de granjeros en India han aumentado, exacerbados por los destrozos de la pandemia de coronavirus de este año.


Según Sandhu, “durante muchas décadas los granjeros han estado protestando contra el modelo de agricultura de la ‘revolución verde’, que pone énfasis en un aumento de la productividad por encima de todo lo demás, incluidos los modos de vida de los granjeros. Simran Jeet Singh y Gunisha Kaur explicaban en CNN.com: “Igual que algunos medicamentos se prueban en humanos de países en vías de desarrollo antes de ser aceptados en países desarrollados, la Revolución Verde fue un experimento agrícola probado en los campos de Punjab”.


Al desatar más aún las fuerzas del mercado sobre los campesinos con estas nuevas leyes, puede que Modi haya ido demasiado lejos. “Estos mismos granjeros son la base electoral central del BJP”, dice Sandhu. “Ellos son los que en primer lugar consiguieron que el Gobierno saliera elegido”.


Ofreciendo un claro contraste con los granjeros con dificultades están las acomodadas élites indias que han visto multiplicar sus riquezas cada año. Un informe de 2018 descubrió que la riqueza de los 831 indios más ricos suponía un cuarto del PIB de India. El más destacado es Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, que sólo en los últimos meses ha lanzado decenas de nuevos negocios en el sector agrícola. La segunda persona más rica de India es Gautam Adani, y ambos hombres son considerados aliados políticos de Modi. Los granjeros que se manifiestan dicen que las polémicas leyes agrarias de Modi fueron redactadas en beneficio de personas como Ambani y Adani. Al principio de las protestas, los granjeros quemaron efigies del primer ministro y sus billonarios colegas.


Modi ha afirmado que la desregulación traerá riqueza y prosperidad a los agricultores y que las objeciones a las leyes son puramente políticas. Debido a que la mayoría de los partidos de izquierda indios y prominentes figuras políticas del opositor Partido del Congreso han expresado su apoyo a los granjeros, el Gobierno liderado por el BJP afirma que se les está engañando para que crean que las leyes son malas para sus intereses. Pero un agricultor de Punjab dijo a Al Jazeera: “No hay política en esto, sentimos que las leyes van a beneficiar a las corporaciones y no a granjeros pobres como nosotros”.


Modi ha implorado a los granjeros que ocupan las afueras de Delhi que se vayan a casa, afirmando que las nuevas leyes están redactadas para beneficiarles y que son un “regalo”. Ha ofrecido enmendar las leyes como compromiso, pero los granjeros se mantienen firmes, diciendo que nada menos que una completa derogación de las leyes será satisfactorio. El ex asesor económico de India Kaushik Basu está de acuerdo con ellos. Basu, quien también trabajó como economista jefe del Banco Mundial y es actualmente profesor de Economía en la Universidad de Cornell, dice que las leyes son “erróneas” y “perjudiciales para los granjeros”. Explica que “nuestra regulación agrícola tiene que cambiar pero las nuevas leyes acabarán sirviendo a los intereses empresariales más que a los granjeros”.


Las nuevas leyes afectan al control de los campesinos sobre qué cultivar, a quién vender, de qué precios pueden depender, y si sus cosechas tendrán o no compradores —todo presentado en forma de un “regalo” no solicitado por parte de un Gobierno que durante años ha ignorado su sufrimiento. No sorprende que se rebelen.


La solidaridad con los granjeros indios es alta en todo el país. A finales de noviembre, casi una decena de sindicatos lanzaron una enorme huelga general, parando el país durante un día. Se estima que más de 250 millones de personas participaron, convirtiéndola en la mayor protesta de la historia. Los granjeros llamaron a una segunda huelga una semana más tarde y permanecen en las afueras de Nueva Delhi, bloqueando cinco grandes autopistas y diciendo que no van a marcharse pronto. Sandhu comparte que “los granjeros de Punjab y Haryana vinieron con raciones para seis meses a un año y quieren aguantar. Los granjeros que están llegando desde distancias más grandes serán alimentados por los que ya están ahí”.


La agricultura india afecta al resto del mundo, con un gran porcentaje del mercado global de especias con origen en granjas indias. Materias primas exportadas como el arroz, la leche e incluso el algodón utilizado por la industria textil podrían recibir el impacto de las nuevas leyes.


Los indios de la diáspora están ahora haciendo oír su voz. Miles de residentes en Gran Bretaña de origen indio se manifestaron en Londres, declarando: “Apoyamos a los granjeros de Punjab”. Los indios canadienses protestaron en varias ciudades, donde muchos decían que todavía tienen familia que trabajan en el campo de India. En California —hogar de una gran población de estadounidenses indios de Punjab, muchos de los cuales son campesinos— una gran manifestación con coches en Silicon Valley llamó la atención sobre las demandas de los granjeros. Y en Seattle, la concejala Kshama Sawant del Socialist Alternative Party patrocinó una resolución para expresar solidaridad con los granjeros indios.


Por ahora, sigue el punto muerto en el enfrentamiento entre Gobierno y granjeros, ambos negándose a retroceder. Sawant hizo quizás la declaración más elocuente de lo que está en juego, diciendo que “los campesinos indios están afrontando la misma explotación por la clase billonaria que los campesinos y trabajadores están afrontando en todo el mundo”.

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Lo que dejó el 2020 en América latina: entre la distopía y la esperanza

Es casi una obviedad que cualquier mirada analítica que intente descifrar el 2020 estará marcada por lo que la pandemia nos hizo y por lo que hicimos con la pandemia. Esta renovación del ciclo que impone el calendario gregoriano quedó subsumida en el inédito ciclo en desarrollo que atraviesa la humanidad. Así y todo, la época del año tira para parar la pelota y esbozar balances que vayan más allá de la vorágine informativa o los efímeros posteos. Imaginando un sobrevuelo por el continente, va un repaso -arbitrario y acotado- sobre lo que dejó el año para Latinoamérica y cómo se perfila el 2021.

El punto neurálgico, el tópico excluyente a destacar, es el devastador impacto socioeconómico de la covid-19. En un reciente informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) aseguró que "si se comparan diferentes indicadores sanitarios, económicos, sociales y de desigualdad, América Latina es la región más golpeada del mundo emergente". Las frías estadísticas reportan que hasta ahora más de 490 mil personas fallecieron por coronavirus –la región con más muertes per cápita y casi un tercio de las registradas en el mundo- y más de 15 millones se contagiaron. Gran parte de los países ya atraviesan la segunda ola y retomaron las restricciones, mientras va arrancando el tan ansiado proceso de vacunación.

La Cepal indica que Latinoamérica cerró el año con una caída del 7,7%, lo que configura la peor crisis en los últimos 120 años, y que la pobreza alcanzó al 37,3% de la población (231 millones de personas), unos 45 millones más que en 2019. Además, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se destruyeron en el año más de 34 millones de empleos en la región, lo que generó un récord de desocupación del 11.4%. El desempleo afectó más a las mujeres, principales sostenes de las tareas de cuidado: el descenso de la participación femenina en el mercado laboral fue de -10,4% frente al -7,4% de los varones.

Las respuestas estatales fueron dispares y hubo escasas acciones coordinadas. Si bien algunos gobiernos reaccionaron mejor ante la emergencia sanitaria, en general las medidas de asistencia para mitigar el descalabro económico resultaron insuficientes. Fueron contadas las iniciativas que tocaron el bolsillo de las élites (como el impuesto a la riqueza por única vez en Argentina o permanente en Bolivia) y brillaron por su ausencia políticas estructurales que apunten a revertir la concentración de la riqueza.

La pandemia funcionó como una gran lupa que desnudó las pésimas condiciones de vida de las grandes mayorías: si América Latina ya era la región más desigual del mundo, las cicatrices que va dejando no hicieron más que profundizar esa desigualdad. Seguramente transitemos un 2021 de fuerte conflictividad social.

Reimpulso desde abajo

Pero no todo el panorama es desolador: en los últimos meses aparecieron algunos síntomas de esperanza. El hecho político del año fue la recuperación de la democracia en Bolivia y el arrasador triunfo del MAS. Con el 55% de los votos y por más de 26 puntos, Luis Arce llegó a la presidencia para dejar atrás al fatídico gobierno de facto de Jeanine Áñez.

La secuencia se coronó el 9 de noviembre con el épico retorno de Evo Morales, su recorrida por el país y el acto con un millón de personas en el aeropuerto de Chimoré, de donde había partido al exilio justo un año antes tras el golpe de Estado.

Un par de semanas antes, el pueblo chileno protagonizaba otra jornada histórica. Con un aluvión de votos superior al 78%, se aprobó el plebiscito para elaborar una nueva Constitución que reemplace a la de 1980 y desmonte los amarres de la dictadura pinochetista.

Fue la primera gran conquista de las multitudes que irrumpieron en las calles en octubre de 2019 y marcó un hito en esta época transicional signada por la idea fuerza del “Chile despertó”, por la rabia acumulada que detonó el estallido social y que ahora tiene el desafío de plasmarse en el proceso constituyente que, como dato saliente, tendrá paridad de género.

También en Perú se vivieron hechos disruptivos. El 9 de noviembre el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra en una maniobra muy floja de papeles y desató una nueva crisis que consolidó el descrédito hacia la clase política. Lo novedoso fue la enorme movilización popular, protagonizada principalmente por jóvenes, en un país caracterizado por la apatía. La rebelión logró la rápida renuncia de su sucesor, el empresario ganadero Manuel Merino, y dio lugar a la designación del moderado Francisco Sagasti para gobernar la transición hacia las presidenciales de abril.

Las secuelas del golpe parlamentario debilitaron al régimen moldeado por la Constitución de Fujimori de 1993 y ampliaron las chances para que el descontento pueda ser capitalizado por alguna fuerza progresista, como la que lidera Verónika Mendoza, y que, como en Chile, se masifique el reclamo de una nueva Constitución.

La era pandémica también abrió nuevos desafíos para el creciente y potente movimiento feminista latinoamericano, que debió reinventarse para visibilizar el incremento de la violencia de género aún en contexto de cuarentena. El año cierra con la votación del aborto legal en el Senado argentino que, de aprobarse, será un espaldarazo para toda la región.

Odisea 2021

Los próximos meses estarán marcados por los vaivenes de la pandemia y el proceso de vacunación. A la par, se viene una serie de elecciones que pueden torcer la correlación de fuerzas actual. El calendario arranca en febrero en Ecuador, donde el candidato del correísmo Andrés Arauz tiene buenas chances de ganar, y seguirá en Perú (abril) y Chile (noviembre). Asoma un 2021 con buenas expectativas de que continúe el reflujo de la hegemonía neoliberal y se consolide el reimpulso de un bloque progresista que reconstruya la integración latinoamericana.

 Gerardo Szalkowicz es editor de NODAL. Autor del libro “América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista”. Conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo”.

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La propiedad intelectual farmacéutica y su amenaza para la salud pública

La gran pandemia de nuestro siglo ha provocado una crisis de salud pública sin precedentes, evidenciando radicalmente problemas estructurales inherentes a la sociedad capitalista.[1]

Una de sus muchas consecuencias es que discursos y reivindicaciones hasta el momento minoritarias hayan llegado con fuerza al debate público. Defensores del ecosocialismo como Rob Wallace, Andreas Malm o Mike Davis,  han ganado visibilidad a través de publicaciones o actualizaciones de sus escritos, reafirmando la relación entre las pandemias que acosan a la humanidad en los últimos años y el sistema de producción global capitalista.[2]

Otra de estas luchas, a la que antaño apenas dábamos espacio en la agenda pública, es la lucha por el acceso justo a la innovación farmacéutica, especialmente a medicamentos y vacunas. Actualmente nos encontramos en un momento crucial, en el que varias vacunas están a punto de empezar a utilizarse. El Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer / BioNTech, y también el primero en empezar a vacunar. A pesar de ello, aún queda mucho trabajo por hacer antes del previsible control de la pandemia mediante la vacunación.

Mascarillas, respiradores, pruebas de detección, fármacos como Remdesivir o vacunas que aún se hallan en fase III se han convertido en mercancías de especulación rápida, y cabe esperar que así siga, como mínimo, hasta alcanzar la preciada inmunidad colectiva. El afán por asegurar el suministro de vacunas ha empujado a los países ricos a acaparar más del 50% de las compras anticipadas de las vacunas no autorizadas, y según la organización británica Global Justice Now, el 80% de las vacunas que podrá elaborar Pfizer para el año 2021 están comprometidas para países ricos, cuando estos estados solo representan el 14% de la población mundial. Recientemente la OPS ha denunciado que, para los países latinoamericanos, la vacunación del 20% de su población supondría cuadruplicar el presupuesto actual en vacunas, mientras que vacunar al 100% de la población conllevaría un gasto 12 veces mayor. El egoísmo y la competitividad que caracterizan el sistema han quedado al descubierto.

Por su parte, la Unión Europea ha pasado de un “nacionalismo de un solo país” en la primera ola, a un “nacionalismo europeo”, comprando millones de dosis de vacunas a través de contratos opacos, condenando a los países empobrecidos a listas de espera y problemas de desabastecimiento graves.

Salud pública y acceso a medicamentos en la era de las patentes

David Harvey acuñó el concepto ‘acumulación por desposesión’ para denominar el proceso de mercantilización de bienes comunes que los adeptos a la teoría neoliberal promocionan desde finales del siglo XX. Por supuesto, el conocimiento científico médico, que por definición es un recurso que por su naturaleza indivisible e inmaterial, y cuya replicación y distribución forma parte claramente del interés público, sufrió su propio proceso de privatización en los años 1980. Coincidiendo con el auge del neoliberalismo, se multiplicaron a lo largo del mundo las leyes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Daniel Bensaïd, recuperando a James Boyle, llamó a este proceso “los nuevos cercamientos”, comparándolo con las expropiaciones de los bienes comunales durante la acumulación originaria del capital.[3]

Quizá la más famosa, y la que más impacto tuvo para la industria farmacéutica, sea la ley Bayh-Dole (1980), que autorizó a instituciones financiadas con fondos públicos a patentar sus investigaciones, algo prohibido previamente, con lo que el contribuyente se movilizaba económicamente dos veces: como contribuyente y como inversor.[4]

Este proceso de privatización de la propiedad intelectual cristaliza a nivel internacional con las sucesivas rondas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que terminan con el Acuerdo de Marrakech de 1994. Este acuerdo significó la conversión del GATT, fundado en 1947, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), nacida el 1 de enero de 1995. Supuso una reforma radical del sistema global de intercambio, con una consecuente liberalización enmarcada en el proceso de  globalización. La creación de la OMC supuso también una profundización de la desigualdad Norte-Sur global, ya que leyes que beneficiaban a los países ricos tuvieron que ser aceptadas por los países más desfavorecidos como requisito para poder participar en la OMC.

En este mismo acuerdo se incluye el anexo 1C, o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que desarrolla los pilares fundamentales de la propiedad intelectual, incluidas las patentes farmacéuticas. En este anexo se especifica qué se puede patentar y qué no, los derechos que confiere una patente a su titular, la duración de la exclusividad de producción, comercialización y distribución de la innovación patentada (el plazo de vigencia de la patente), y también las normas jurídicas que regulan el incumplimiento de patente.

Es importante recordar que este anexo fue una imposición de EE UU, Japón y algunos países europeos, que presionaron para incluir todas las propuestas del Comité de Propiedad Industrial de los EE UU, integrado entre otras por las empresas Dupont, General Motors, IBM, Merck, Monsanto, Pfizer, y Johnson & Johnson.[5] Las normas del derecho internacional en materia de propiedad intelectual fueron redactadas según los intereses de estas grandes multinacionales, provocando una redistribución de riqueza y poder hacia ellas. En cuanto a medicamentos y vacunas se refiere, supone una derrota histórica de la salud pública en detrimento del derecho al acceso a medicamentos.

Recientemente conocíamos como los mismos países que crearon este sistema se han puesto una vez más del lado de las farmacéuticas, negándose a liberar los derechos de propiedad de las vacunas y medicamentos contra el virus.[6] La historia se repite y pierden las de siempre.

La propiedad intelectual como herramienta de acumulación de capital

Gracias a los cambios en el sistema de patentes, la industria farmacéutica prospera significativamente, siendo en la actualidad una de las industrias más rentables,[7] con márgenes de beneficio que superan el 30%. La evolución de las leyes internacionales de propiedad intelectual, especialmente las relacionadas con las patentes, son responsables de la progresiva pérdida de las salvaguardas que antaño garantizaban una alianza mutuamente beneficiosa entre la industria farmacéutica y la sociedad. Vamos a analizar una por una las fallas más graves del sistema:

Financiación pública y beneficio privado

La ley Bayh-Dole abrió el camino a la privatización de los beneficios del conocimiento científico, un proceso que no ha dejado de crecer desde entonces. A pesar de que una gran parte de la inversión necesaria para crear nuevos medicamentos o vacunas proviene del sector público, ya sea en Universidades o Centros de Investigación, éstas suelen salir al mercado a precios muy altos, debido a la falta de competencia que provoca la exclusividad del derecho de patente.

Esta situación se ha repetido durante la pandemia. Se han producido enormes esfuerzos e inyecciones de dinero público en investigación y desarrollo (más de 4000 millones de euros), y aún así las vacunas no saldrán al mercado a precio de coste, ni siquiera las desarrolladas con 100% de financiación pública como la vacuna de Moderna. Sólo AstraZeneca se ha comprometido a comercializar su vacuna a 3 o 4 euros la dosis, afirmando que ese es el coste de fabricación. Como explicaremos más adelante, el coste real de fabricación es secreto, por lo que no sabemos si este es un precio justo.

Mercado oligopólico: grandes beneficios y escasez de innovación

El derecho de patente otorga la exclusividad de desarrollo, producción y comercialización del invento durante al menos 20 años. La mayoría de medicamentos, vacunas, o principios activos, están protegidos por lo que se conoce como arquitectura de patentes: no se patenta solamente el producto final, sino todos los procesos y modificaciones moleculares que utilizan para su desarrollo, por lo que al final un medicamento está protegido por decenas o cientos de patentes. Esto impide el desarrollo de genéricos a precios reducidos durante muchos más años. Un ejemplo claro de oligopolio es el mercado de las vacunas, en el que el 80% se concentra en tan sólo 4 empresas: Sanofi, Merck, Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK).

La gran rentabilidad que esta exclusividad supone, no se ha traducido en un mayor gasto en innovación por parte de la industria farmacéutica. De hecho, apenas han dedicado parte de sus ganancias al desarrollo de moléculas innovadoras. En los últimos años se han especializado en desarrollar y vender medicamentos muy parecidos a moléculas antiguas, los llamados fármacos yo-también.[8] Estos medicamentos no suponen un beneficio terapéutico, pero son patentables, por lo que se utilizan para darle más vida a los oligopolios. Esto provoca una inflación constante de los precios de los nuevos fármacos, sean o no mejores que sus predecesores. Según un estudio alemán, publicado en la prestigiosa British Medical Journal, más del 50% de los fármacos y moléculas comercializados en Alemania entre el 2011 y el 2017 eran copias que no aportan ningún beneficio clínico.[9] La industria farmacéutica de hoy en día dedica gran parte de su facturación a campañas publicitarias para promocionar el uso de los fármacos yo-también.

En países como la India, con leyes de patentes más avanzadas, este tipo de moléculas no son patentables, ya que existe la obligación de demostrar un beneficio cuantificable de la innovación.

Lanzamiento secuencial, falta de transparencia y desabastecimientos

Las cadenas de producción globalizadas, basadas en procesos de deslocalización, y utilizadas como mecanismo de aumento de la explotación, provocan desabastecimientos en países vulnerabilizados, ya que la industria farmacéutica tiene una política de ventas conocida como lanzamiento secuencial: sus productos llegan primero a los mercados más dispuestos a pagar por ellos. Esto hace que las existencias puedan acabarse antes de llegar a los países más empobrecidos. Los precios son negociados primero en países con gran capacidad de gasto, como Estados Unidos, garantizando un precio de partida muy alto, para después negociar secuencialmente país por país. La pandemia no ha sido una excepción, y el ejemplo más claro son las declaraciones de Paul Hudson, CEO de Sanofi, que en mayo afirmaba que, si conseguían la vacuna, su primer receptor sería EEUU gracias al dinero invertido por Trump en investigación.

Además, los Estados firman con las empresas acuerdos de confidencialidad muy estrictos, por lo que resulta muy difícil saber cuánto están pagando realmente competidores estatales cercanos por los mismos productos. Esta situación provoca un desequilibrio a favor de la industria farmacéutica, que gana mucho poder de negociación, y conlleva una especulación al alza de los precios. Esta falta de transparencia, amparada en el secreto comercial y tolerada por los Estados, no sólo causa un aumento de los precios, sino que hace más difícil la tarea de obtener evidencia científica sólida sobre los nuevos fármacos. Esto reduce la capacidad de las Administraciones y organismos públicos de tomar decisiones informadas y provoca que la industria se beneficie de grandes operaciones que podríamos llamar directamente estafas, como fue el caso del Tamiflu (Oseltamivir) en 2009-2010, un fármaco contra la gripe A. El Estado español gastó 333 millones de euros y posteriormente se demostró completamente ineficaz.

Rentabilidad por encima de la salud pública

La actual agenda de investigación de la Big Pharma responde únicamente al beneficio privado. Esto provoca situaciones nefastas, como que la inversión en medicamentos para la disfunción eréctil supere con creces a la inversión en nuevos antibióticos o antivirales.

Además, la financiación pública se ha rendido a los intereses de las empresas, por lo que áreas de investigación que no resultan rentables simplemente no se financian. A pesar de los ejemplos recientes de epidemias y pandemias como el SARS, el MERS, el H1N1, el Ébola o el Zika, la investigación en enfermedades víricas y bacterianas no era considerada, hasta la pandemia actual, un área rentable para la industria, por lo que inmediatamente superados esos brotes de enfermedades emergentes se detuvo en seco su investigación.

Es particularmente sangrante el caso del Ébola, cuya vacuna se descubrió en 1999, pero al no ser rentable nunca fue desarrollada. Cuando la pandemia asoló el continente africano, era demasiado tarde.[10] Otro ejemplo es FAV-Afrique de Sanofi, retirado del mercado en 2010. Era el antídoto más potente contra las mordeduras de serpiente, un problema de salud pública en muchos países africanos. La pobreza de estos países hizo que no fuese rentable su comercialización, a pesar de afectar gravemente a más de medio millón de personas al año.

La consecuencia más evidente: precios abusivos

No sólo la falta de rentabilidad condiciona la investigación y el desarrollo, sino que la fijación de precios en las fases de comercialización está profundamente afectada por el sistema de patentes. A partir de la fundación de la OMC en 1995 y la aplicación mundial de las leyes de propiedad intelectual, los precios que los Estados pagan por los fármacos no han dejado de crecer, y han provocado crisis de salud pública en varias partes del mundo. Ejemplos claros son el VIH/SIDA en África, la hepatitis C en Brasil (caso que también afectó directamente al Estado Español), o la Insulina en EEUU.

Lejos de lo que podría parecer, estos precios abusivos también afectan de forma directa a los países más favorecidos por el sistema. En el Estado Español, la llegada de medicamentos muy caros, como los anti-cancerígenos de nueva generación, han provocado que se dispare en los últimos años el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios del Sistema Nacional de Salud. El gasto ha aumentado de 2014 a 2019 un total de 4727 millones de euros, un 25% más (de 18.888 millones a 23.615 millones).[11]

Este fenómeno de fijación de precios basado en los oligopolios farmacéuticos provoca escasez y desabastecimientos en el Sur global, y supone una amenaza para los sistemas públicos de salud en los países del Norte, que podrían estar invirtiendo este dinero en reforzar la atención primaria o las estructuras de salud pública.

Conclusiones: acabar con un sistema nefasto

La carrera por la vacuna para la Covid-19 ha puesto de manifiesto que necesitamos una industria farmacéutica que vele por el interés público. Las patentes se idearon para proteger a los inventores y evitar la competencia desleal a través de estrategias de ingeniería inversa, pero en los últimos años hemos presenciado un viraje hacia un uso fraudulento de las mismas en medicina. Como hemos visto, nuestra estructura legal permite patentar casi cualquier cosa, condenando a las arcas públicas a invertir indefinidamente una parte cuantiosa del presupuesto público en medicamentos que apenas aportan innovaciones significativas respecto a sus predecesores. Los gobiernos deben ser una herramienta que evite los abusos de la industria farmacéutica, velando siempre por los intereses del pueblo y por garantizar su derecho a la salud. Para ello, es fundamental cambiar las reglas del juego.

En primer lugar, acabar con los secretos comerciales y la falta de transparencia, obligando a la industria a hacer públicos todos los datos de los ensayos clínicos, y no sólo presentarlos a las agencias reguladoras o a los altos cargos estatales. También debe existir transparencia en los costes de la investigación, y en los precios que pagan los Estados por los medicamentos y vacunas, además de los criterios de coste-efectividad tenidos en cuenta para aceptar la financiación y la compra.

Debemos caminar hacia un escenario de eliminación del sistema de patentes, sustituyéndolo por fórmulas de colaboración y de creación colectiva de valor público, que aseguren el acceso a la innovación con precios justos a todas las capas de la población.

La innovación debe seguir criterios de salud pública por encima de criterios de rentabilidad. Para asegurarse de que esto ocurra, necesitamos herramientas estatales de desarrollo de esta innovación, por lo que será fundamental una gran inversión pública en investigación, y la creación de una industria farmacéutica nacional, además de explorar fórmulas de gobernanza europeas y mundiales.

Así como la desafección por la política tiene sus causas en que el poder está cada vez más alejado de las instituciones públicas, y más cercano a las multinacionales y al capital, la reticencia vacunal y el movimiento antivacunas beben de la constatación de que el sistema que las produce es un sistema podrido, y que la ciencia y la tecnología han sido profundamente privatizadas y mercantilizadas.

En definitiva, la única forma de asegurarnos que tenemos un sistema de innovación y desarrollo justo y equitativo, que consiga que los logros de la ciencia pasen a beneficiar a todas y todos, es aumentar el control estatal frente a las lógicas empresariales, y democratizar todos los eslabones de la cadena. Esto sólo será posible desmantelando completamente el sistema actual.

Por Jorge Luis DíazÁlvaro Arador | 29/12/2020 

Jorge Luis Díaz es MIR de salud pública y máster en salud pública. Álvaro Arador es sociólogo y máster en salud pública.

 

Notas:

[1] https://www.anticapitalistas.org/textos-de-combate/la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19-una-perspectiva-anticapitalista/

[2] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-rob-wallace-grandes-granjas-grandes-gripes

[3]  El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[4] Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model: https://kenney.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/332/2018/03/reconsidering-the-Bayh-Dole-Act-and-the.pdf

[5] Bergel S, Bertomeu MJ. Medicamentos esenciales, patentes y licencias obligatorias: Doha no es la respuesta. Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason. 2020.

[6] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/espana-paises-ricos-patentes-covid-farmaceuticas-compra-vacunas

[7] Salvaguardas, deriva institucional e industrias farmacéuticas. Abel Jaime Novoa Jurado; Juan Gérvas Camacho; Carlos Ponte Mittelbrunn. (2014).

[8] Derechos de propiedad intelectual e innovación. Benjamin Coriat y Fabienne Orsi. CEPN-IIDE, UMR CNRS 7115, Université Paris 13. 2007

[9] New drugs: where did we go wrong and what can we do better? https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4340

[10] https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-06-18/rino-rappuoli-vacunas-antivacunas-tosferina_1399987/

[11] https://www.diariofarma.com/2020/04/14/el-gasto-en-productos-farmaceuticos-y-sanitarios-del-sns-en-2019-alcanzo-los-23-616-millones-un-45-mas#:~:text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%20en%20medicamentos,5%25%20con%20respecto%20a%202018.

 Fuente: https://vientosur.info/la-propiedad-intelectual-farmaceutica-y-su-amenaza-para-la-salud-publica/

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Red Mirror: ¿qué futuro se escribe en China? Entrevista a Simone Pieranni

«Il nostro futuro si scrive in Cina» [nuestro futuro se escribe en China], afirma el subtítulo italiano del libro Red Mirror, sobre la realidad de la China contemporánea. Ciudades inteligentes, vigilancia, aplicaciones… dibujan un escenario muy comentado pero aún poco conocido.

En 1938, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos gastaba en conjunto alrededor de 0,075% de su pib en investigación científica, una cantidad mínima. En 1944, el gobierno federal y los estados incrementaron ese porcentaje a casi 0,5%, un aumento de siete veces que se utilizó para desarrollar los sistemas de radar, la penicilina y la bomba atómica. En las dos décadas siguientes, los fondos federales para investigación y desarrollo se multiplicaron por 20 y se creó así la base pública de futuras innovaciones privadas en las áreas de los productos farmacéuticos modernos, de la microelectrónica, de los satélites, de internet y mucho más. Sin embargo, a principios del decenio de 1980, se inició un lento descenso: el gasto público en investigación y desarrollo pasó a 1,2% del pib; en 2017 se había reducido a 0,6%. Hoy en día, si utilizamos como base el porcentaje del pib dedicado a la investigación, nueve países superan a eeuu.

Mientras tanto, explica el periodista italiano Simone Pieranni, a finales de la década de 1960 e inicios de la de 1970, del otro lado del Pacífico, la Revolución Cultural en China había sepultado la educación superior. Millones de estudiantes fueron enviados al campo a aprender las habilidades revolucionarias de los campesinos. Solo después de la muerte de Mao Zedong, cuando la dirección al mando de Deng Xiaoping se hizo cargo del país, comenzó a restaurarse el sistema escolar chino. Pieranni escribe: 

«El año 1989 marcó el punto de inflexión: tras la supresión de las protestas de estudiantes y trabajadores, la dirección china decidió consolidar la lealtad de los cuadros intelectuales a través de una atención que hasta entonces se había confiado sobre todo a las clases productivas, los trabajadores y, fundamentalmente, los campesinos. (…) Al reservar un papel central a la ciencia, terminó llevando al poder a los llamados tecnócratas en la primera parte de la década de 2000; por otro lado, puso a toda una generación de intelectuales, científicos y profesores universitarios bajo el control ideológico del Partido. Los resultados fueron sorprendentes: de 1990 a 2010, la matrícula china en la enseñanza superior se multiplicó por ocho y el número de graduados pasó de 300.000 a casi tres millones por año. Durante el mismo periodo, la participación de China en la matrícula total de la enseñanza superior aumentó de 6% a 17% del total mundial. (…) En 1990, el número de doctorados en eeuu era 20 veces mayor que en China. Solo dos décadas más tarde, China superó a eeuu en esa medición, con 29.000 nuevos doctores en 2010, en comparación con 25.000 en eeuu.1»

Hoy en día, seis universidades chinas se encuentran entre las 100 mejores del mundo, según la clasificación de Times Higher Education. Con este capital intelectual y científico pacientemente construido desde hace más de dos décadas, China ya no solo es el taller industrial del planeta –de hecho, parte de los segmentos productivos que ocupó en la división internacional del trabajo se trasladan a otros países de Asia y del Sur global–, sino que anhela ser el número uno tecnológico del capitalismo cognitivo, por supuesto siempre bajo la dirección vigilante del Partido Comunista (pcch). El nivel de inversión e innovación planificada de las empresas chinas y de sus padrinos políticos en ámbitos como la inteligencia artificial, el 5g, el big data, las tecnologías de reconocimiento facial o el potencial vertiginoso de la informática cuántica tiene dimensiones de ciencia ficción. Como tal, plantea interrogantes complejos sobre las interacciones y las posibles sinergias entre un sistema tecnológico futurista y un modelo político-civilizacional sui generis, que combina hiperdesarrollo y raíces milenarias.

Hace años que Simone Pieranni, corresponsal y especialista en China del diario de izquierda Il Manifesto y creador de la agencia de prensa China Files, explora este mundo donde, según él, se juega nuestro destino. «Il nostro futuro si scrive in Cina» [Nuestro futuro se escribe en China], afirma el subtítulo italiano de su libro Red Mirror, cuyo título se inspiró por supuesto en Black Mirror, la famosa serie de televisión británica que pone en escena los posibles horizontes distópicos del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (tic). En ocasión de la próxima publicación de su libro en español2, Pieranni respondió a esta entrevista para Nueva Sociedad.

Su libro empieza con un capítulo dedicado en gran parte a la «aplicación de aplicaciones» WeChat, que describe como «un nuevo pilar de la sociedad china», un verdadero «ecosistema». ¿Podría explicarnos qué es WeChat, qué función experimental o estratégica tiene en el desarrollo de China como potencia de alta tecnología y también por qué es un modelo en el que Facebook está interesado? Y a propósito, ¿qué porcentaje de los 1.400 millones de chinos posee un teléfono inteligente y cuál es el precio promedio de estos aparatos en relación con el salario mínimo y/o medio?

Bueno, en 2019, 872 millones de personas se conectaron a internet a través de un teléfono inteligente. Un iPhone cuesta 439 dólares en China, pero los productos chinos, Huawei o Xiaomi, cuestan mucho menos. Aunque no hay cifras nacionales oficiales, y los salarios y los ingresos cambian mucho de una región a otra, las últimas estimaciones hablan de un ingreso medio de 12.000 dólares anuales, así que da una idea del costo relativo de estos teléfonos.

WeChat se puede utilizar para realizar cualquier actividad de la vida diaria. La última vez que estuve en China para recoger material para el libro, me impresionó mucho la nueva funcionalidad que permite dividir la cuenta en un restaurante, por ejemplo. Pero más allá de este aspecto más secundario, WeChat está involucrado en toda la vida social y pública de las personas, por lo que es realmente difícil prescindir de él. Recientemente WhatsApp lanzó en Brasil un proyecto piloto para permitir a los usuarios pagar mediante la aplicación, que es lo que hace WeChat. Esto se vincula con un modelo de negocio que consiste en ganar dinero con las transacciones, cosa que por el momento Facebook, Instagram y Whatsapp no hacen. Pero efectivamente, lo que también le interesa a Mark Zuckerberg es el aspecto «ecosistema».

En China WeChat es simplemente sinónimo de teléfono móvil. Imaginemos que encendemos el móvil, pulsamos en el Messenger y en lugar de la pantalla que conocemos ahora, encontramos una especie de página de inicio desde la que se accede a la mensajería, redes sociales, Instagram, cuentas bancarias, compras, reservaciones, etc. Eso es lo que fascina a Zuckerberg, que apunta a convertir Facebook en una especie de sistema operativo de aplicaciones: todos los otros sistemas tendrían que «correr» en el suyo, al igual que WeChat. Significa dinero, pero sobre todo una enorme riqueza de datos. Y precisamente, por razones a la vez tecnológicas, políticas y demográficas, China se está volviendo la gran potencia del big data.

Otro tema de tu libro es el desarrollo de las «ciudades inteligentes», ¿de qué se trata exactamente?

Los proyectos de ciudades inteligentes abarcan todas las características de los varios sistemas de vigilancia y permiten a China resolver una serie de problemas, en primer lugar, el control de la población. Esto no es una completa novedad: las ciudades chinas siempre han sido construidas y desarrolladas para poder ser fácilmente controladas. Durante el maoísmo, se subdividían en distritos que correspondían a las categorías sociales, y tanto en los barrios obreros urbanos como en las aldeas, el sistema de control estaba asegurado por numerosas organizaciones formales e informales que dependían del pcch.

Con la apertura económica de Deng Xiaoping, el boom urbanístico condujo a la creación de ciudades centradas en las gated communities, urbanizaciones cerradas, al igual que en varios países de Occidente. Ya se trataba de lugares hipercontrolados y «seguros», pero ahora, con la «internet de las cosas», la gestión informática del tráfico urbano y el control computarizado de la contaminación, entre otras innovaciones, se pasa a otra etapa de la evolución natural de este proceso: las ciudades inteligentes, precisamente.

Se supone que estas «ciudades inteligentes» tendrán un alto nivel de sustentabilidad ambiental. ¿Es una preocupación real y un modelo para el futuro, o solo una forma de greenwashing y de ostentación de virtud ecológica? ¿Qué dicen los planificadores chinos sobre los costos ambientales de tipo extractivista o las nuevas externalidades negativas de la producción de energía supuestamente «limpia» a gran escala?

En la última Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 22 de septiembre, el presidente Xi Jinping anunció que China quiere alcanzar la «neutralidad de carbono» (cero emisiones) para 2060, o sea un equilibrio entre las emisiones y la absorción de dióxido de carbono. Un «compromiso histórico» que ayudará a todo el planeta a reducir las emisiones y a emprender un camino energético verdaderamente alternativo. Según los especialistas, significaría bajar la temperatura global entre 0,2 °c y 0,3 °c. Pero hay algunas contradicciones: hoy en día, China consume la mitad del carbón del mundo. Además, sigue construyendo nuevas centrales eléctricas de carbón y quema mucho carbón en sus fábricas de acero y cemento (siendo el principal productor mundial de estos materiales). Luego, hay un aspecto no secundario relacionado con los estilos de vida: China es el principal mercado automovilístico del mundo y el primer país en términos de importación de petróleo.

¿Misión imposible, entonces? No, según los expertos, porque la economía china tiene muchos aspectos y facetas: junto con su dependencia del carbón, es también un líder mundial en tecnologías «limpias» que podrían hacer factibles los planes –por cierto, muy ambiciosos– de Xi. De hecho, China es el principal inversor, productor y consumidor de energía renovable. De cada tres paneles solares en el mundo, uno está hecho en ese país. La misma proporción vale para las turbinas eólicas. En los proyectos de ciudades inteligentes, pero también en muchas metrópolis chinas, 98% del transporte público ya es eléctrico, al igual que 99% de los ciclomotores y los scooters. Además, China es líder mundial en la producción de baterías para alimentar vehículos eléctricos y almacenar energía renovable en las redes eléctricas.

Las ciudades inteligentes chinas podrían albergar a decenas de millones de personas en un futuro próximo, pero nunca acogerán a toda la población de un país tan inmenso. ¿Sobre la base de qué criterios se hará el acceso a estas ciudades y la selección de sus habitantes?

Esto queda por descubrir. Está claro que habrá una selección a través de los precios de la vivienda y del costo de la vida en general. También podría haber una regulación a través del sistema de crédito social, o sea el puntaje computarizado de la reputación, del comportamiento social y de confiabilidad de los ciudadanos. Cuando hablan de ciudades inteligentes, las autoridades piensan sobre todo en la clase media. Se trata no solo de nuevos sistemas de planificación urbana, sino también de auténticos nuevos modelos de ciudadanía. Solo los más ricos podrán vivir en ciudades inteligentes, pero entre los ricos solo tendrán acceso a ellas los que tengan mejor «puntaje».

¿Qué expresa la obsesión por la seguridad y la vigilancia de los espacios urbanos en un país en el que usted mismo afirma que el nivel de crimen y agresión contra las personas es mucho menor que en muchos países occidentales o del Sur global? ¿Es solo un pretexto para el control político de la población, o hay otras explicaciones sociopsicológicas o antropológicas?

El mantra del liderazgo chino es «mantener la estabilidad», todo está regido por esta necesidad. Los proyectos científicos de ingeniería de sistemas nacidos en la década de 1960, cuando Qian Xuesen, el padre del sistema de misiles chino, introdujo la cibernética en China, tenían como objetivo crear un sistema capaz de ser programado, modificado y, en algunos casos, «previsto». Control de la población, seguridad y productividad van todos en la misma dirección, y como lo sostenía Michel Foucault, son una condición imprescindible del desarrollo capitalista. No quiero decir con esto que los chinos estén dispuestos a dejarse domesticar completamente por estos procesos, porque no es así, pero ciertamente hay menos barreras a la invasión tecnológica de la vida cotidiana. Cuando se empezó a utilizar el reconocimiento facial para prácticamente todo (seguridad, salud, actividades bancarias, etc.), casi todo el mundo lo aceptó sin pestañear. Más bien había cierto entusiasmo por una innovación que demostraba el progreso tecnológico chino. Eso se vincula también con algunas concepciones filosóficas antiguamente arraigadas en China que impiden la formación de barreras éticas al impacto de la tecnología en la vida cotidiana. Mientras que en Occidente siempre hemos separado lo humano de lo técnico (religión y ciencia por ejemplo), los chinos han concebido una especie de «cosmotecnia» como la llama el filósofo Yuk Hui, los dos elementos han existido siempre juntos. Hui se refiere a los ritos confucianos: los objetos (la tekné como la llamaríamos en Occidente) son tan parte del proceso ritual como los propios ritos3. Todo esto permite que China avance mucho más rápido que nuestras sociedades en este terreno.

A propósito de las ciudades inteligentes, usted mencionó los sistemas de crédito social. Hay muchas fantasías distópicas al respecto en Occidente, y algunos observadores de China, como el sociólogo francés Jean-Louis Rocca, piensan que son exageraciones orientalistas y afirman que los sistemas de crédito social y de puntaje de la reputación y del comportamiento, por el momento, son más bien experimentales, locales, sectoriales y no están interconectados. Rocca dice que la gran mayoría de los chinos a los que ha interrogado para su investigación no lo ven como un factor importante en su vida cotidiana y están sorprendidos por la importancia que se le da al tema en Occidente4. ¿Qué opina?

Sí, estoy bastante de acuerdo. De hecho, estos sistemas tal como existen ahora no suscitan problemas particulares, al igual que sistemas similares que se encuentran en Occidente. El sistema de crédito social nació con una doble función: se trata de una forma de regulación del ecosistema económico que concierne a las empresas por un lado, y a las personas por otro lado. No existe todavía un sistema unificado y nacional de crédito social, sino muchos experimentos. En resumen, se trata de asignar un puntaje a cada persona en función de su confiabilidad en términos administrativos, penales y cívicos. Por supuesto, en un Estado de partido único, los criterios para juzgar a una persona pueden multiplicarse y llegar a ser mucho más problemáticos. Pero por el momento, aunque existen también en China atisbos de reflexión sobre la protección de la privacidad y el uso de los datos, la idea del crédito social está aceptada porque la población china lo percibe como un sistema realmente capaz de garantizar una mayor seguridad y armonía social. Para nosotros, por supuesto, parece inquietante, pero si pensamos en todas las veces en que somos evaluados y calificamos a los demás con sistemas de clasificación, no estamos tan lejos del modelo chino. Por el momento, en Occidente, nos evaluamos entre ciudadanos; en China, es un proceso que viene de arriba.

Como decía, es un sistema inquietante en perspectiva. En términos más generales, dado que la principal preocupación del pcch es mantener la estabilidad, hay una voluntad de crear un entorno lo más «confiable» posible, poblado por empresas y personas igualmente «confiables». Para la calificación de las empresas, este tipo de sistema existe también en eeuu, se llama fico. Para las personas, no estamos todavía en estos niveles, pero algunos sistemas de rating o de calificación occidentales (para pedir un crédito o alquilar una vivienda, por ejemplo) no están tan alejados de los experimentos chinos. Claro que este tipo de sistema es más impresionante en el contexto político, tecnológico y demográfico chino. En resumen: Beijing pretende crear en un futuro próximo un sistema nacional único, que por el momento no existe, capaz de evaluar la confiabilidad de las personas en función de sus comportamientos administrativos, penales o cívicos; estos comportamientos pueden llevar a una persona a perder o ganar puntos. Por el momento, el verdadero problema es la desproporción entre «delito» y sanción: si no pago una multa, por ejemplo, corro el riesgo de no poder desplazarme, porque me bloquean automáticamente la posibilidad de comprar billetes de tren o de avión.

Sin embargo, en términos de control social integral facilitado por las tecnologías de avanzada, existe el «laboratorio» de Xinjiang, donde parecería que se está llevando a cabo una experimentación sin precedentes históricos con el control y la disciplina de la población uigur, juzgada como desobediente o peligrosa.

En Xinjiang hay una combinación de todos los elementos del arsenal tecnológico chino, una gama de aplicaciones, cámaras de reconocimiento facial y varios modelos predictivos, con formas de represión más tradicionales, como prisiones y campos de reeducación. Además del control tecnológico, miles de personas trabajan para este sistema de represión contra la población musulmana de lengua túrquica de esta provincia, como lo demuestran las recientes filtraciones de documentos internos del pcch5. Cientos de miles de personas han estado encerradas en campos de reeducación sólo por ser juzgadas sospechosas. Como siempre, China experimenta incluso las cosas más horribles, para ver después cómo limitarlas o ampliarlas. Pese a los testimonios de muchos perseguidos que han podido escapar, Beijing niega que se esté llevando este tipo de represión en Xinjiang y afirma que la región se ha enriquecido en los últimos años. Lo que es cierto, pero eso no cambia en nada la ferocidad de esta política represiva.

Ahora bien, en términos de control social, no todo es tecnología y consenso neoconfucianista. Usted menciona también los «ojos vigilantes» de la población misma y las formas de control capilar a través de las organizaciones de base, herencia maoísta, pero no solamente. En apariencia, los comités barriales han jugado un rol muy importante en la pandemia, por ejemplo.

Sí, en la historia de China desde 1949 hasta el presente, el pcch ha movilizado repetidamente a los órganos estatales, las administraciones y la población para optimizar las respuestas en casos de emergencia y crisis repentinas, esos «cisnes negros» sobre los que alertó Xi Jinping en un discurso hace unos meses. La respuesta a la epidemia de sars en 2003 y al terremoto de Sichuan en mayo de 2008 son ejemplos de lo que el Partido entiende por «movilización», considerada fundamental para lo que se denomina «éxito de la reconstrucción». Una crisis o una emergencia pueden crear mecanismos empujados desde arriba capaces de poner al Partido en el centro de la escena social en China, como motor y equilibrador de situaciones complicadas, y también con una voluntad de mitigar y hacernos olvidar las deficiencias iniciales de la maquinaria político-administrativa.

De hecho, como recuerda Li Zhiyu, la noción de «movilización» (dongyuan) es un concepto fundamental en la política china contemporánea. El término «indica el uso de un sistema ideológico por un partido o un régimen político para alentar u obligar a los miembros de la sociedad a participar en determinados objetivos políticos, económicos o sociales a fin de lograr un nivel intenso de centralización y de despliegue de recursos materiales y humanos»6. Se ha visto este despliegue con la crisis del coronavirus. A pesar del –grave– retraso con el que China comenzó a tratar el covid-19 y su propagación, la población china pareció dispuesta a apoyar las decisiones que venían de arriba. Hubo lecturas de temperatura en todas partes, especialmente en las entradas del metro, limpieza constante del transporte público allí donde no fue suspendido. Cada ciudad hizo lo suyo: en algunos lugares se han reducido las horas de trabajo de los supermercados o centros comerciales para evitar el riesgo de contagio, en otros –especialmente en los pueblos rurales–, todos trataron de ayudar como pudieron al personal médico encargado de ir de casa en casa para tomar la fiebre e informar sobre posibles casos de contagio. Con la parálisis de los transportes públicos, muchas personas se han puesto a disposición de los hospitales para llevar materiales de un lugar a otro, dedicando a ello a veces el día entero. Incluso mucha gente que decía que temía el contagio sintió la necesidad de ayudar.

Lo que parece describir es una especie de capitalismo de vigilancia bajo el control del Partido-Estado, con una forma sui generis de sinergia público-privada y un nivel relativamente alto de aceptación social, que tiene incluso profundas raíces históricas en términos de la cultura del «buen gobierno» y las expectativas de los gobernados. ¿Es así?

Sí, exactamente, y la pandemia lo ha demostrado combinando alta tecnología con movilización de masas. En esta ocasión, la potencia de las aplicaciones chinas dedicadas al control estricto de los movimientos de la población, y a menudo acusadas de no ser más que un dispositivo de seguridad y el punto de anclaje de futuras ciudades inteligentes hipervigiladas, ha sido presentada por el gobierno y los operadores privados chinos como un servicio público imprescindible en una situación de emergencia. La agencia Reuters escribió que el coronavirus «sacó de la sombra» el sistema de vigilancia chino. En realidad, se podría decir más bien que el virus permitió un uso ad hoc de herramientas que los chinos están acostumbrados a usar o a «padecer» cada día. De hecho, nos enfrentamos a la primera emergencia sanitaria en la era de la inteligencia artificial, y aunque en medio de una situación dramática y complicada, una vez más, China señaló el camino.

En este sentido, podría decirse que la pandemia ha sido un estímulo y un incentivo para la aceleración y la ampliación de los sistemas de alta tecnología aplicados a la administración sanitaria, demográfica, educativa, policial, etc.

En la China del coronavirus hay nuevas posibilidades para las empresas de alta tecnología. Ahora mismo, aunque nunca lo confesarán, tienen una oportunidad única de maximizar la principal materia prima de sus innovaciones: más datos, muchos más datos. El miedo al contagio y a la enfermedad ha hecho que la ya de por sí débil resistencia a la invasión de la privacidad haya quedado definitivamente enterrada.

Se pueden citar varios ejemplos. La empresa de reconocimiento facial Megvii ha declarado que ha desarrollado «una nueva forma de identificar y localizar a las personas con fiebre, gracias al apoyo del Ministerio de Industria y Ciencia». Su nuevo sistema de medición de la temperatura utiliza datos del cuerpo y del rostro para identificar a las personas, y ya se está probando en un distrito de Beijing. También Baidu, el principal motor de búsqueda chino, anunció que su laboratorio de inteligencia artificial habría creado un dispositivo similar. La compañía de cámaras de vigilancia Zhejiang Dahua anunció hace poco que «puede detectar la fiebre con cámaras de infrarrojos con una precisión de 0,3 °c», lo que puede ser muy útil en lugares muy concurridos, como los trenes. Se trata de empresas privadas que, apoyadas por el Estado, desarrollan nuevos productos «intrusivos» (pero también considerados como muy útiles por la población). Estas empresas pueden entonces comercializar en el exterior sus innovaciones perfeccionadas gracias a la posibilidad de acceder a esta enorme cantidad de datos, posibilidad garantizada y controlada por el Estado.

También las tecnologías de reconocimiento facial han progresado. SenseTime, uno de los principales operadores en este ámbito, afirma ahora ser capaz de identificar incluso a las personas que llevan máscaras. Es un aspecto muy importante, porque en China, además del teléfono inteligente, el reconocimiento facial sirve para muchas cosas: pagar, reservar, hacer trámites en un banco o en las oficinas públicas. Con el uso masivo de máscaras, las tecnologías existentes habían dado señales de imperfección (que fueron subrayadas irónicamente en las mismas redes sociales chinas por personas que no pudieron entrar en su propia casa por llevar una máscara, por ejemplo).

Podemos citar también el uso de drones para avisar a la gente que tiene que usar máscara (hay un vídeo en el que se ve a una anciana de Mongolia Interior que fue visitada por un dron); los robots utilizados dentro de los hospitales para efectuar el control de plagas, la entrega de comidas o la limpieza en las áreas utilizadas para los pacientes infectados con coronavirus; los asistentes de voz que piden información a las personas en su casa, almacenan datos y sugieren un tratamiento o una hospitalización inmediata. En cinco minutos, los asistentes de voz chinos son capaces de hacer 200 llamadas, aliviando el trabajo de los hospitales. Con tecnologías como el reconocimiento de la voz y la comprensión semántica, los robots son capaces de comprender con precisión los lenguajes humanos, obtener información básica y dar respuestas. Existen también perspectivas de poder desarrollar nuevos productos y tratamientos farmacéuticos gracias a la inteligencia artificial y las plataformas de intercambio de macrodatos, aunque en el caso del coronavirus, en la comunidad científica hay bastante unanimidad en subrayar que la vacuna o la cura definitiva no están a la vuelta de la esquina.

Por último, está el aspecto relacionado con las conferencias virtuales y el aprendizaje electrónico, en el que China lleva invirtiendo hace tiempo. Recientemente, debido al cierre de escuelas y oficinas durante la pandemia, ha sido objeto de una atención y experimentación renovadas. En las escuelas, se usaron softwares ya existentes que permiten conectar a varios alumnos al mismo tiempo, proporcionando al profesor todos los datos necesarios, incluidos algunos grabados por cámaras sobre el nivel de atención demostrada por el alumno durante la clase.

Toca concluir que distopía y utopía son difíciles de desenredar en el caso chino. Usted cita al gran autor de ciencia ficción Liu Cixin cuando dice: «Cada época impone cadenas invisibles a quienes la viven. La única oportunidad que nos queda es bailar entre nuestras cadenas». Usted también escribe que, para los ciudadanos de las democracias liberales de tipo europeo, habrá un momento en que solo tendrán la oportunidad de dejar sus datos personales al Estado chino o a las empresas estadounidenses. En este escenario, ¿qué espacio nos queda para «bailar entre las cadenas», y qué espacio les queda a los propios chinos? ¿Existen posibilidades de resistencia, o tal vez contradicciones internas de naturaleza lógica o material dentro de los propios sistemas de control?

Para Occidente, pienso en Europa, es necesario adoptar una política común y única sobre el big data. En mi opinión, los macrodatos deben ser gestionados como un bien común, es decir, de forma transparente y por la colectividad, de lo contrario Europa seguirá siendo un campo de batalla entre eeuu y China. Para los chinos, no lo sé, dependerá de ellos. Como observador externo, creo que estas cuestiones pueden convertirse en fuente de conflicto, incluso político, solo en el momento en que el pacto social que todavía rige el país –te enriqueces, pero renuncias a ciertos derechos– empiece a tambalear. En el quinto plenario del pcch que acaba de terminar, se decidió que China invertirá aún más en tecnología y desarrollo del mercado interno. Lo que hay que observar por el momento, creo, es la dinámica de la clase media china: 400 millones de personas que son las que sustentan este mercado interno y apoyan a los dirigentes del país.

  • 1.

Red Mirror. Il nostro futuro si scrive in Cina, Laterza, Bari, 2020.

  • 2.

La versión en español será publicada por Edhasa, Buenos Aires, en 2021.

  • 3.

Yuk Hui: The Question Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics, Urbanomic, Falmouth, 2016.

  • 4.

J.-L. Rocca: «Crédit social. Spécificité chinoise ou processus de modernisation?» en Sociétés Politiques Comparées No 51, 5-8/2020.

  • 5.

«‘Los cables de China’: los documentos secretos que revelan el sistema de lavado de cerebro del gobierno chino sobre cientos de miles de uigures detenidos» en BBC Mundo, 24/11/2019.

  • 6.

Ivan Franceschini, Nicholas Loubere y Christian Sorace (eds.): Afterlives of Chinese Communism: Political Concepts from Mao to Xi, Verso / AUN Press, Londres-Canberra, 2019.

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