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Contra el ajuste.
El triunfo de la izquierda en las elecciones irlandesas. Hartos de las políticas de austeridad, el último fin de semana la mayoría de los irlandeses volcaron en las urnas su apoyo al Sinn Féin y a sus planes de fortalecimiento del sector público y mayores impuestos a los más ricos. Entre las más... Leer Más
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Nuevo asalto corporativo a la alimentación
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 Paulo Guedes, ministro de Economía, este lunes en la embajada brasileña en Washington. OLIVIER DOULIERY AFP

El ministro de Economía evoca un brutal decreto de la dictadura ante "la irresponsabilidad" de Lula de convocar a los brasileños a que respondan en la calle al Gobierno

 

La ola de descontento y protestas callejeras que recorre Sudamérica no ha llegado a Brasil, pero el temor y el nerviosismo ante un posible contagio son evidentes. El ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, admitió el lunes por la noche en EE UU que el miedo a un incendio en las calles es el motivo por el que el Gobierno ha frenado su ambicioso programa de reformas para abrir la economía y encoger el Estado. El ultraliberal Guedes llegó a evocar el decreto de la dictadura que dio inicio a los años de plomo y supuso el cierre del Congreso porque "es irresponsable llamar a la calle para decirles que tienen el poder”, dijo, en referencia al excarcelado expresidente izquierdista Lula da Silva. Guedes advirtió a sus compatriotas: “No se asusten si alguien pide el AI5”. La indignación fue inmediata.

Guedes explicó con franqueza la situación en una larga conferencia de prensa en Washington tras reunirse con miembros de la Administración Trump. Admitió que la inédita ola latinoamericana de protestas es el motivo por el que el Gobierno ha aparcado las reformas tributaria y de la función pública, que iba a presentar al Congreso este noviembre: “Es verdad que se ha desacelerado. Cuando todo el mundo empieza a salir a la calle sin motivo aparente, dices: ‘Mira, para no darles un pretexto vamos a ver, vamos a entender lo que está ocurriendo”, dijo, según el diario Estadão.

El ministro plenipotenciario en asuntos económicos, un antiguo banquero de inversión con escasa experiencia política, y su agenda reformista son el motivo por el que el empresariado dio desde el principio su apoyo al Gobierno de Bolsonaro. Este Gobierno logró sacar adelante la impopular reforma de las pensiones pero no quiere arriesgar. Guedes recalcó que la economía brasileña empieza a recuperarse, que Bolsonaro mantiene su apuesta por la agenda reformista y quitó importancia a que el dólar esté batiendo récords frente al real. El dólar alcanzó los 4,25 reales en la apertura este martes.

Tras la aprobación de las pensiones, el paquete económico de Guedes consta al menos de cinco propuestas legislativas que requieren enmendar la Constitución. Las aparcadas por el temor a que la izquierda movilice a su militancia con grandes manifestaciones en las calles son la tributaria y la de la administración pública, diseñada una para simplificar el sistema tributario y la otra para reducir los salarios y la estabilidad de los nuevos funcionarios.

El fantasma del peor decreto de la dictadura ya fue agitado el mes pasado por el diputado Eduardo Bolsonaro, que recibió una crítica generalizada. Incluso fue desautorizado por su padre, que, sin embargo, nunca ha ocultado su nostalgia por la dictadura.

En Brasil nadie quita ojo al agitado vecindario. Las manifestaciones que persisten en Chile (el modelo de Guedes en sus reformas brasileñas) y Colombia, las ya amainadas en Bolivia, Ecuador y Perú, la victoria de la izquierda peronista en Argentina e incluso el nuevo recuento en el siempre estable Uruguay preocupan al Gobierno de Bolsonaro e inspiran a la oposición. El discurso duro de Lula tras salir de la cárcel solo ha añadido presión al cóctel. Venezuela y su arraigada crisis son capítulo aparte.

Guedes embistió contra el duro discurso de Lula ahora que ha recuperado la libertad, aunque tiene vetado presentarse a unas elecciones. “Es irresponsable llamar a alguien a la calle ahora para generar una ruptura, para decir que tienes que tomar el poder. Si uno cree en la democracia, espera ganar y ser elegido”, dijo el ministro, que se refirió en dos ocasiones al decreto AI5 (de diciembre de 1968, el quinto de los actos institucionales de la dictadura), que además de clausurar todas las Cámaras legislativas suspendió los hábeas corpus, entre otras medidas. Guedes intentó convencer después a la prensa de que la conferencia de prensa era extraoficial y subrayó que “Planalto (la sede de la Presidencia) jamás apoyaría un AI5, eso es inconcebible”.

Brasil tuvo su gran revolución del descontento a partir de 2013. Comenzó como ahora en los países vecinos, de manera inesperada. La subida del precio del autobús fue la chispa que llevó a los brasileños a tomar las calles contra la corrupción y la clase política. Aquello cristalizó en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el encarcelamiento de buena parte de los líderes políticos y empresariales e, indirectamente, en la elección de un presidente como Bolsonaro.

Otras tres propuestas económicas fueron enviadas ya al Congreso pero no han sido analizadas por la crisis que Bolsonaro ha abierto con su grupo parlamentario al abandonar su partido para crear una nueva sigla, Alianza por Brasil, y porque la Cámara ha decidido centrar sus esfuerzos en debatir una propuesta que revierta la decisión del Supremo que permitió excarcelar a Lula y a otros 5.000 presos.

Uno de los proyectos ley de Guedes (denominado PEC de emergencia) que el Gobierno quería aprobar este año pretende recuperar fondos para inversión pública mediante la prohibición temporal de la promoción y contratación de funcionarios o la reducción de jornada (y sueldo) de los actuales. El segundo en trámite (PEC de los fondos públicos) persigue extinguir parte de los 281 fondos públicos que tienen unos 200.000 millones de reales (43.000 millones de euros) para pagar parte de la deuda pública. El tercero (pacto federativo) busca alterar el conjunto de normas constitucionales que determinan cómo se distribuyen y gastan los recursos recaudados por la Unión, los Estados y los municipios.

São Paulo / Brasilia 26 NOV 2019 - 13:01 COT

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Lunes, 25 Noviembre 2019 06:36

El péndulo de Thatcher

El péndulo de Thatcher

La herencia política de Margaret Thatcher ha sido larga y relevante. Representa un modo de pensar y de gobernar que caló en la política y la sociedad británicas y se expandió más allá, junto con el proceso de la globalización de las tres últimas décadas.

Fue primera ministra entre 1979 y 1990, periodo en el que se fraguó una forma de concebir a la sociedad que, con distintas gradaciones, prevaleció desde entonces en gobiernos tories y laboristas.

Se manifestó como modelo político e ideológico anglosajón, que del otro lado del Atlántico tuvo como eje la figura de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989. En ese último año de su administración se aglutinó la visión conservadora dominante en el llamado Consenso de Washington, avalado en su esencia por demócratas y republicanos.

De manera esquemática, el thatcherismo se asocia directamente con la preminencia del libre mercado y la exigencia de un Estado pequeño que interfiera lo menos posible en la vida de la gente, que según ella misma planteó, literalmente, debe elegir qué hacer, asumir sus responsabilidades y no esperar que los problemas sean resueltos por el gobierno.

Las políticas públicas privilegiaron la reducción de impuestos, la privatización de empresas públicas y la restricción de la actividad de los sindicatos.

Hay diversas influencias intelectuales asociadas con esa postura. Referencias usuales son la obra de Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, y la teoría monetarista de Milton Friedman. Se señala también el tipo de individualismo propuesto por Ayn Rand, por ejemplo, en la novela El manantial.

Thatcher tenía una concepción particular de lo que es la sociedad, que la llevó incluso a afirmar que no existe tal cosa como la sociedad (conviene leer la idea en el contexto en que fue expuesta https://blogs.spectator.co.uk/2013/04/ margaret-thatcher-in-quotes/ ).

Las repercusiones de las políticas de Thatcher y la coincidencia con el gobierno de Ronald Reagan derivaron en lo que hoy comúnmente llamamos neoliberalismo, cuestionado desde diversos frentes, pero aún vivo y coleando.

En Gran Bretaña el escenario político de los últimos tres años ha estado dominado por el Brexit. El proceso ha llevado ahora a nuevas elecciones parlamentarias y el espectro de Thatcher está presente, aunque sea tras bambalinas.

El regreso del péndulo puede advertirse en la propuesta electoral del Partido Laborista que se denomina Es tiempo para un cambio real y Corbyn, jefe del partido y candidato a primer ministro, lo contempla como un “manifiesto lleno de medidas populares que el establishment político ha bloqueado durante una generación”.

La base del programa es un gran incremento en la inversión pública financiado por medio de mayores impuestos. En ese terreno no hay mucho espacio para otra cosa.

Pero además de las medidas enfocadas a una redistribución del ingreso incluye un aspecto patrimonial asociado con la privatización de diversas actividades económicas, como el servicio postal y el transporte ferroviario.

De Thatcher a las propuestas de Corbyn hay un desplazamiento de regreso.

Ambos aspectos, el redistributivo y el patrimonial, parecen indicar los extremos en los que se mueve el capitalismo y son la referencia de muchas contradicciones que hoy sobresalen en materia económica. Este es un asunto que amerita una discusión seria en todas partes.

En todo caso, la situación plantea la creciente reacción que se extiende por muchas partes ante las precarias condiciones sociales prevalecientes. Estas reacciones se han precipitado de modo muy notorio en semanas recientes en América Latina.

La fachada del régimen político y económico de Chile, aún enmarcado en el legado de Pinochet, se resquebraja en las calles con las manifestaciones airadas y persistentes de miles de jóvenes que demandan un cambio. La izquierda de la Concertación, que gobernó dos décadas seguidas, no consiguió consolidar un nuevo modelo social que ahora, en el segundo gobierno de Piñera, está en una profunda crisis que no sabe cómo agarrar.

En Colombia, la gente está también en las calles. Demanda cambios sociales profundos, en una situación en la que se acumula un fuerte deterioro social. En ambos casos es llamativa la sorpresa que ha provocado en los gobiernos en turno de Piñera y Duque.

El Estado es imprescindible en el capitalismo. Puede serlo para alentar mecanismos que acrecientan la cohesión social y atemperar la inequidad económica.

Puede ser también para crear estructuras más rígidas de poder, como ocurrió con la gestión de la crisis financiera de 2008, que preservó las distorsiones que la provocaron y 10 años después exhibe sus contradicciones.

No hay ninguna panacea en la relación del Estado y los individuos, sino más bien una serie de mediaciones que delimitan la relación que hay entre ambos.

Esto entraña un dilema entre la insoslayable obligación que tenemos como individuos de mantener nuestra autonomía moral frente a la autoridad del Estado, lo que hace de su legitimidad moral una imposibilidad.

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Uruguay: cuarto mandato de la izquierda o giro a la derecha

"No perder lo bueno, hacerlo mejor" dice la pintada en una pared por la avenida 18 de julio camino a la Plaza Cagancha. Y, la respuesta debajo: "nosotros podemos". Así conviven las consignas de la coalición de centro-izquierda Frente Amplio (FA), que gobierna Uruguay desde hace quince años, con la del Partido Nacional (Blanco) en alianza con otras formaciones de derecha y ultraderecha, horas antes del ballottage del domingo 24 de noviembre.

En la Plaza Cagancha, militantes frenteamplistas entregan volantes de la fórmula Daniel Martínez-Graciela Villar sin inmutarse por la presencia a unos pocos metros de un puestito opositor de la fórmula Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón. Del parlante de los blancos se escucha cumbia: primero Gilda, después Lia Crucet. 

 A esta segunda vuelta el ex senador Lacalle Pou, de 46 años, llega con ventaja frente al ex intendente de Montevideo, Martínez, de 62 años. Según los últimos sondeos, el candidato opositor obtiene entre 49 y 51,5 por ciento de intención de voto y su rival socialista cuenta con un apoyo de 43, 44, 5 por ciento. 

La frase de José "Pepe" Mujica "las izquierdas en el mundo se dividen por las ideas y las derechas se juntan por intereses" sirve para entender el dato novedoso de esta contienda: el neoliberal Partido Colorado junto al ultraderechista Cabildo Abierto y dos formaciones minoritarias (Partido Independiente y Partido de la gente) se aliaron con los blancos en un "compromiso por el país" en el que prometen "hacer más con menos", reducir el déficit fiscal ( 4,9 por ciento del PIB) sin subir impuestos ni tarifas y combatir la inseguridad.

Si Lacalle Pou se impone este domingo, pondrá fin a un proyecto de país de los últimos 15 años que mejoró, aunque con algunas limitaciones, los indicadores económicos. Así lo destacó el candidato oficialista Daniel Martínez en diálogo con Página12. " Somos el país más igualitario de Latinoamérica; el salario real creció un 60 por ciento; la pobreza bajó del 34 por ciento al 8 por ciento; la indigencia del 4,5 al 0,1 por ciento, universalizamos el sistema de salud". 

En un banco de Plaza Cagancha, que es como un retiro del movimiento de la calle central, Maicol Pereira dice que "la promesa de cambio de la oposición es un retroceso". Mate en mano, este trabajador en una empresa de limpieza, de 34 años, explica por qué vota al Frente Amplio. "En 15 años el salario creció siempre por encima de la inflación. La derecha quiere vender que estamos en crisis cuando es record la venta de autos 0km. No ves un ´cachilo´ (como llaman a los autos viejos)".

En este período de tres gobiernos del FA a partir del 2005 se crearon 300 mil puestos de trabajo, pero en los últimos años se perdieron 50 mil y hoy la tasa de desocupación es del 9 por ciento. 

María José Vieitez, de 35 años, está desempleada desde hace más de un año. "Estoy enojada con el Frente Amplio pero le voy a dar el voto igual", dice, y agrega. "Lacalle Pou es un cheto, no sabe lo que cuesta un kilo de arroz". 

Pasa haciendo propaganda con una bandera amarilla (de un sector de los blancos) un señor que se define "de centro". Eduardo Rodríguez, economista jubilado, dice que vota por "la unión de la oposición". "Voto por que el Estado no sea magnánimo, que dé libertad, que no obligue a la bancarización. Que no controle lo que comprás", concluye y entrega un volante.

Una mujer pasa y al rechazarle el papel le dice: "no voto en contra de los trabajadores".  

"No queremos que se venga Venezuela", le retruca Miriam Silva, madre y abuela de 6 niestos. "No quiero que mis nietos se vayan del país, dice esta militante del Partido Nacional y terapeuta con medicina natural. 

El "fantasma del populismo" circula entre los que proclaman un cambio. "¿Sabes lo que acordaron Lula, Chávez y Fidel en el Foro de San Pablo?, se indigna Susana que teme decir el apellido. Y agrega esta jubilada, de 75 años. "Quiero vivir en democracia, sin comunismo". 

El peligro Manini Ríos

De camino al hotel, un taxista y ex jugador de Racing de apellido Falero incomoda cuando dice "se va a terminar el recreo", retomando la frase de Guido Manini Ríos de que "hay que terminar el recreo de todo malandraje".

De las derechas aliadas, la que más preocupa es Cabildo Abierto, liderada por el excomandante en jefe del Ejército.  Manini Ríos fue destituido en marzo por Tabaré Vázquez por no haber denunciado la confesión del represor Nino Gavazzo de que arrojó al Río Negro el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro, en 1973. 

"Ya lo conocemos" dice el titulo del editorial de La Diaria repudiando que el electo senador rompiera la veda pidiendo a los militares que no voten al Frente Amplio. "Llama la atención que Manini Ríos decidiera avalar una idea que intentó refutar durante la campaña: la de que Cabildo Abierto es un partido militar", sostiene el diario sobre el video de Manini Ríos que circuló por estas horas en las redes sociales . 

En esa grabación dijo: "Vemos que aquellos que desde el gobierno han atacado sistemáticamente la institucion armada hoy les piden su voto. Son los mismos que hace tan solo un año aprobaron una ley de retiros que afectó principalmente a las jerarquías más bajas... Son los mismos que despectivamente llegaron a llamarlos ´carne con ojos".... Manini Ríos se refería unas declaraciones por las que Mujica en su momento pidió disculpas. 

Cabildo abierto consiguió once bancas en Diputados  y tres en el Senado: Lacalle Pou necesita de los legisladores de los partidos aliados para contar con mayoría parlamentaria. Guido Manini Ríos pone en cuestión la agenda de derechos que aprobó el Frente Amplio en estos 15 años como las leyes de legalización del aborto, marimonio igualitario y regulación del cannabis, entre otras.

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Viernes, 22 Noviembre 2019 06:31

La globalización del hartazgo 

La globalización del hartazgo 

Recién acabamos de entrar plenamente en el Siglo XXI. Las compuertas se fracturan. Estamos ante la globalización del hartazgo, ante la desconstrucción colectiva de un abuso colosal que funcionó como un espejismo que atrasó el ingreso al nuevo milenio. La introducción se hizo a empujones. La primera fisura social la inauguró Bolivia en 2003 con la revuelta por los hidrocarburos (78 muertos) que desembocó en la renuncia del presidente Sánchez de Lozada y se prolongó hasta la elección del presidente Evo Morales en 2005 (54% de los votos). La primavera árabe que estalló en 2010 en Sidi Bouzid (Túnez) inició el segundo movimiento de emancipación del Siglo XXI. Aunque fue derrotada por una contrarrevolución sangrienta, Egipto le siguió los pasos con el derrocamiento del dictador Hosni Mubarak posterior a la extensa ocupación de la Plaza Tahrir (2011). La consigna “Erhal” (Afuera) fue la respuesta masiva a la pobreza, la corrupción y el nepotismo. Se la llamó “la revolución Facebook” o “Twitter” por el papel que desempeñaron las nuevas tecnologías de la información en aquellos alzamientos sociales. La ilusión resultó pasajera. Las redes sociales no han sido aliadas de la emancipación sino del engaño (Donald Trump, Brexit, Bolsonaro, etc, etc). El anhelo de un cambio se extendió a Occidente entre principios y finales de 2011. La revuelta del Norte venía precedida por las manifestaciones que estallaron en Gracia en 2010 como refutación de la “purga” de austeridad impuesta por los organismos multilaterales de crédito. Las sublevaciones civiles habían sido teorizadas a finales de 2010 por el ensayista francés Stéphane Hessel. Su libro “Indígnense” planteó una insurrección pacífica y así nació en España la plataforma Estado del Malestar que conduciría al movimiento de los indignados y las concentraciones en la Puerta del Sol. Este oleaje se prolongó en grupos como Occupy Wall Street y muchos similares. Luego, todo volvió al cauce sistémico: consenso, tecno consumo y obediencia. Se entendía que aquellos apenas fue un susurro pasajero de rebelión. Algunos años después, la Argentina irrumpió en 2017 en el escenario con varias manifestaciones de oposición frontal a la expiación social desplegada por el macrismo. Al año siguiente, el giro radical lo protagonizó Francia cuando empujó hacia el Siglo XXI con el movimiento de los chalecos amarillos. Esa insurgencia de “los invisibles” de Occidente ubicados en las zonas periféricas reinstaló en el centro la idea de una soberanía popular en contra de la inoperancia y la corruptibilidad de la política. Fue y sigue siendo un fragoso grito, una demanda de recuperación del destino que estaba en manos de las castas políticas, mediáticas, industriales y financieras. No se podía seguir teniendo confianza en esas oligarquías. El destino debía volver al tejido del pueblo. Ahora, Chile acaba de dar la envión final con una masiva revuelta ciudadana y el entierro de una Constitución ilegitima diseñada por un dictador. Los últimos gemidos de los años 70 de América del Sur fueron sepultados por la valiente y admirable revuelta de los chilenos. El coletazo de Bolivia es un tirón hacia atrás ejecutado por una casta que desecha aceptar que su mundo ya no resuena más en este y que se ha respaldado en el separatismo y el soberanismo blanco trumpista para dar un golpe de Estado. Su destino será breve. El Siglo XXI se los llevará por delante.

Ya no será más lo mismo, casi en ningún lado. En un arco temporal coincidente (2018-2019), el montaje tramposo confeccionado por el tecno liberalismo se desarmó bajo la coacción de una sublevación que abarca hoy buena parte de la geografía del planeta. Argentina, Francia, Ecuador, Argelia, Hong Kong, Chile, el Líbano, Irak, Irán, Republica Checa, Colombia y Haití. En las calles o en las urnas, estos países esgrimieron la dignidad de los pueblos para restaurar la legitimidad de un sujeto social renacido y sin miedo. Cuando la primera potencia mundial elige como presidente a un analfabeto, agresor de mujeres, evasor de impuestos, racista y tramposo hasta en la forma en que llegó al poder no caben más ni la confianza ni el miedo. En los cuatro puntos cardinales, en diferentes idiomas, los grafitis y las banderolas retoman ese término que tantas veces se escuchó en la Plaza Tahrir durante la revuelta egipcia: ”Karama”, dignidad, es decir, me apropio colectivamente de mi destino porque ya no creo más en esa alucinación que, entre los años 90 y el nuevo milenio, el liberalismo confeccionó como una de las mentiras más planetarias de la historia humana: la tecnología, las finanzas y las desregulaciones como objeto de progreso y garantía de libertad. En los primeros 20 años del Siglo XXI se llevó a cabo la instalación de esta representación con el concepto de “globalización” como llave maestra. El llamado capitalismo de innovación engendró un monstruo de tres cabezas: el capitalismo de vigilancia, el capitalismo de predicción, el capitalismo de captación. Los tres se volvieron la catedral del consumo, del espionaje y de la explotación digital. Vendieron estas trilogías como un nuevo estado del progreso de la condición humana cuando no fue, en realidad, más que un grosero capítulo de la explotación ampliada por las políticas neoliberales que jamás condujeron a un rápido crecimiento económico, y menos aún al reparto equitativo de la riqueza acumulada. Al engaño le sigue el despertar. El mapa mundial es, en este momento, el territorio de la reinserción de un sujeto social unido no ya por la ideología sino por la insurgencia ante lo absurdo de la desigualdad, la acumulación de riquezas y prerrogativas y la incapacidad de la clase política. De Buenos Aires a Teherán, pasando por Argel, Beirut, Hong Kong, Quito, Santiago de Chile, Puerto Príncipe, Praga, Bagdad o Bogotá, estas revueltas están atravesadas por un factor común: no son los “olvidados de la globalización” sino la acción de grupos humanos socialmente lúcidos y fusionados que rehúsan participar en su propia depredación.

En 1989, la caída del muro de Berlín no fue “el fin de la historia” sino una oportunidad histórica para introducir una democracia renovada. En su lugar se instaló una tiranía soft regulada por los deslumbramientos de las nuevas tecnologías. Comunicación, consumo tecnológico y prosperidad para todos. Las usaron para vendernos basura, para controlar y manipular nuestras conciencias. Los tiranos desaparecen, la tiranía renueva sus perfiles y protocolos. Facebook, entre otros, es el rostro del tirano con sonrisa de sommelier. Pero es un veneno que ha contaminado el comportamiento electoral de grandes países y llevado al poder a los herederos del fascismo blanco. La socialdemocracia liberal estaba tan saturada por su victoria que ni siquiera vio que su otro enemigo mortal, el fascismo, trepaba por su columna vertebral.

En esta serpentina global de sublevaciones la Argentina ha sido quizá el último territorio del chantaje donde se buscó sofocar la independencia colectiva. Se trató de modificar las preferencias electorales de la sociedad mediante la alternativa escatológica: si no nos votan a nosotros Wall Street nos sacará definitivamente del mundo: seremos los paganos del sistema. No funcionó. La Argentina se liberó de su tirano financiero al decidir que su destino sería otro. El perfil de las rebeliones globales difiere, pero dibuja un mismo repudio a lo político: aumentos de los combustibles, Francia e Irán, democracia y soberanía, Argelia y Hong Kong, medidas de austeridad, Ecuador y Colombia, impuesto al uso de WhatsApps y corrupción, Líbano, corrupción, Republica Checa, corrupción y desigualdad, Irak, pobreza, Haití, tarifas de los transportes y desigualdad, Chile. Ha habido cientos de muertos y miles de heridos que llevan en su carne los estigmas de la nueva represión: el sujeto social de hoy es un ser humano mutilado, con los miembros atrofiados por los proyectiles de la policía, que ha perdido ojos, manos, dedos. Podemos retratar cada época con las huellas que deja la represión. La nuestra es la era de la mutilación policial. El teatro global prosigue, pero hemos cambiado de acto. En este, los pueblos retoman su destino y demuestran la sabiduría intrínseca de los combates: no hay pelea ultima ni derrota definitiva, sino que “todas las luchas continúan” (Mario Wainfeld) en una danza de intensidad y adormecimiento. El 14 de julio de 1789, cuando la Revolución francesa estaba en la raíz del reino, el duque de La Rochefoucauld-Liancourt despertó al Rey Luis XVI para avisarle que los insurrectos parisinos habían tomado La Bastilla. El Rey pregunto: “ ¿ Pero es una revuelta ?”. La Rochefoucauld le dijo: ”No Sir, es una revolución”. En este Siglo XXI no le diría lo mismo, sino, tal vez, algo peor: No Sir: es una resurrección globalizada.

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El Partido Laborista lanza el programa electoral más radical de las últimas décadas

Jeremy Corbyn cree firmemente que los votantes británicos están hartos de que el Brexit haya secuestrado el debate político en el Reino Unido en los últimos tres años. Su apuesta electoral es un revulsivo que él mismo definió como el plan laborista más “ambicioso y radical” en décadas y que ha puesto nerviosos a las grandes empresas y al sector financiero. El Partido Laborista ha presentado este jueves su programa para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 12 de diciembre. "En las próximas tres semanas escucharéis que todo lo que contiene este programa es imposible. ¿Por qué? Porque el sistema funciona perfectamente para todos los poderosos, aunque no funcione para el resto de la gente. Se trata de un programa lleno de medidas populares que el establishment político ha bloqueado durante toda una generación", ha afirmado Corbyn entre los aplausos de los estudiantes y activistas que han acudido al acto en la Universidad de Birmingham.

Cree el laborismo que los votantes británicos están preparados, después de una década de austeridad, para acoger con agrado medidas que hace 10 años habrían resultado desorbitadas. Por ejemplo, la nacionalización parcial de la empresa British Telecom para ofrecer banda ancha gratuita de Internet a todos los hogares británicos; o la renacionalización de los servicios de ferrocarril y de transporte en autobús; o el aumento hasta el 26% del impuesto de sociedades (actualmente en el 19%); o una subida de las cargas fiscales a aquellos que cobran más de 90.000 euros al año.

Pero la medida estrella tiene que ver con una de las principales banderas de la formación: la lucha contra la emergencia climática. De una sola vez, el laborismo pretende recaudar casi 13.000 millones de euros de las grandes compañías petrolíferas y gasísticas. "Ya no podemos negar la emergencia climática. La podemos ver a nuestro alrededor. La hemos visto en las inundaciones de Yorkshire o de las Midlands. No podemos perder más tiempo. Esta crisis exige una actuación urgente. Pero no es justo que los costes de la respuesta recaigan sobre las enfermeras y enfermeros, sobre los trabajadores de la construcción o sobre los operarios de las compañías energéticas", ha justificado el líder laborista.

La cifra total que la formación ha calculado que puede recaudar gracias a los nuevos impuestos supondría casi 100.000 millones de euros anuales, y promete destinar la mayoría de esos ingresos a nuevas carreteras, mejores escuelas y hospitales. El plan también incluye hasta 150.000 nuevas viviendas de protección social. Así como rescatar de este modo, entre los británicos nostálgicos de pasadas eras brillantes, una idea más solidaria y eficaz de su país. "Todavía recuerdo los Ferrocarriles Británicos. Recuerdo que el Gobierno central no invertía en ellos lo suficiente. Y ahora observo cómo gastamos mucho más en subsidiar a compañías privadas de transporte de lo que gastábamos cuando eran compañías públicas", ha dicho.

Corbyn resucita las viejas batallas del laborismo de las décadas de los setenta y los ochenta, pero es capaz de darles un nuevo tono capaz de resonar en el electorado. "Boris Johnson representa un nuevo tipo de thatcherismo atiborrado de esteroides", dice en sus discursos. "Y pretende vender nuestro preciado Sistema Nacional de Salud (NHS) a los estadounidenses a cambio de un nuevo acuerdo comercial", añade.

"Not for sale, not for sale!" (No está a la venta, no está a la venta), han gritado entusiasmados los asistentes al acto.

Corbyn no deja de repetir la idea de que los conservadores tienen un plan oculto para privatizar el NHS, a pesar de que Johnson se desespere por negarlo en cada oportunidad que se le presenta.

Dos eslóganes decoran los actos electorales del laborismo: "It's time for Real Change" (Es el momento de un cambio de verdad) y "Hope" (Esperanza). Este último, un claro intento de transmitir al electorado británico de izquierdas el entusiasmo que el expresidente estadounidense Barack Obama logró infundir en su primera campaña.

La popularidad de Corbyn, según las encuestas, está por los suelos. Pero no así la de la opción laborista. Si en 2017 el veterano líder de izquierdas logró pisarle los talones a su rival, Theresa May, y conseguir prácticamente un empate técnico, las cifras de la formación comienzan a moverse de nuevo en estas elecciones y se achica la distancia con los conservadores, aunque siga siendo de más de 10 puntos.

"Presentamos el programa más radical que se conoce para transformar nuestro país, para resolver de una vez el Brexit y reescribir las reglas de nuestra economía. Como escribió Pablo Neruda: 'Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera'", ha gritado Corbyn a todos sus seguidores.

Llegado el tiempo de las preguntas de los periodistas —Corbyn ha cortado de raíz los abucheos: "En el Partido Laborista escuchamos con respeto las preguntas de la prensa"—, el líder laborista ha vuelto a hacer equilibrios para intentar explicar su posición respecto al Brexit, y de nuevo ha esquivado establecer qué defendería (salir o permanecer en la UE) si se celebrara el referéndum que promete en su programa electoral. Pero daba igual. Los asistentes al acto estaban más interesados en aplaudir las promesas de cambios radicales que ha anunciado el candidato laborista. "Cuando recorres el país, como yo he hecho, y hablas con la gente, entiendes perfectamente que las respuestas radicales son necesarias", ha defendido. 

LOS SINDICATOS APLAUDEN EL PLAN MIENTRAS LOS CRÍTICOS LO CONSIDERAN POCO REALISTA

Los planes laboristas plantean un incremento del gasto público equivalente a casi medio billón de euros a lo largo de la próxima legislatura. Y solo una cuarta parte de esa inyección, según sus propios cálculos, procederá de la subida de impuestos. “Proponen un incremento descomunal en la carga fiscal de las empresas. Si sus planteamientos alcanzan las cantidades que indican, estaremos aplicando el impuesto de sociedades más alto de todos los países del G7, y prácticamente por encima de todos los miembros de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos]. Todo esto supondrá un riesgo muy considerable”, advertía el Instituto de Estudios Fiscales, un centro de pensamiento y análisis de sesgo neoliberal pero bastante respetado tanto por conservadores como por laboristas. “Simplemente, no resulta creíble”, dijo este jueves su director, Paul Johnson.

“Si los banqueros, los multimillonarios y todo el establishment pensaran que no son más que las promesas de siempre, y que al final podrán comprarnos y nada va a cambiar realmente, no estarían atacándonos de un modo tan fiero. Saben que vamos en serio y que sacaremos adelante nuestros planes, y por eso quieren evitar a toda costa nuestra victoria”, afirmó este jueves el líder laborista, Jeremy Corbyn. “Se trata de una fantástica oferta del laborismo a su electorado”, aseguró Len McCluskey, el secretario general de UNITE, la principal confederación sindical.

El programa incluye una subida del salario mínimo hasta los 12 euros por hora, sin distinción de edad (a partir de los 16 años). En la actualidad, la cifra está en los 9,50 euros por hora para los mayores de 25 años, pero puede bajar hasta los cinco euros por hora para los menores de 18 años. Propone reducir la jornada laboral semanal a 32 horas (cuatro días) en un plazo de diez años, y reforzar el poder negociador de los sindicatos con una defensa por todo el país de los convenios sectoriales. Eso supondrá homologar unos mínimos legales en cuanto a salarios y jornada laboral, que serán además vigilados por un nuevo Ministerio de Derechos Laborales que hasta hoy no existe.

Corbyn promete, asimismo, acabar con toda la gestión del Servicio Nacional de Salud trasladada a manos privadas.

El laborismo asegura que negociará un nuevo acuerdo del Brexit más beneficioso para los trabajadores. Por eso su programa evita dar detalles sobre la política migratoria y sobre posibles cambios en la libertad de movimiento de las personas garantizado por la UE; todo ello “será objeto de negociaciones futuras

PorRAFA DE MIGUEL

Londres 22 NOV 2019 - 02:44 COT

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Martes, 19 Noviembre 2019 18:18

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Es una dinámica conocida: la caída de la tasa de ganancia y la necesidad de incrementar la explotación de la fuerza de trabajo impulsan al capitalismo a tres tipos de disputas: 1) pugnas entre países por mayores porcentajes en el comercio global y saqueos de las economías periféricas, contradicción que en repetidas ocasiones se salda con guerras diferidas o directas; 2) implementación de reformas en la mayor cantidad de países posibles, con el propósito de esquilmar los ingresos directos e indirectos de quienes generan la riqueza social, acción que provoca la reacción/defensa de los afectados como exigencia de respeto a sus derechos históricos y, en lo posible, mejoras en sus condiciones de vida; en ocasiones, demanda de cambio total de las reglas de juego –otro sistema social–, pero no siempre es así; 3) brutales ajustes económicos que implican reducir el gasto público social, las importaciones, y la demanda interna de bienes de la canasta familiar para cubrir la brecha de pagos de la deuda externa y honrar sus deudas reprogramadas con el capital financiero transnacional.


Vivimos estos escenarios en los meses y días que pasan. Entre ellos, por un lado y como parte de la geopolítica global, las potencias dirimen tal disputa en territorios ajenos y a través de terceros países –Arabia Saudita vs. Irán, con Yemen como país afectado; Estados Unidos vs. Rusia, con una confluencia de otras fuerzas que implican a Turquía, Israel, Iraq, Irán, Isis, con Siria como país afectado y telón de fondo; Estados Unidos vs. China, en una conocida disputa comercial que antecede la posible confrontación global de próximas décadas. En nuestra subregión, sin ascender aún a lo bélico, la contienda compromete a los Estados Unidos y sus aliados regionales (Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil y otros) en contra de Venezuela, Bolivia y, más allá de la subregión, Nicaragua y Cuba, y en el trasfondo Rusia y China.

Como es típico de los Estados, con preeminencia de los imperios, en estas disputas, en cualquiera de las formas que asuman, defienden de manera prioritaria a sus multinacionales, consiguiendo para ellas beneficios de todo tipo, además de propiciarles mano de obra abundante, especializada y por pagar con salarios mucho más bajos que los cancelados en la metrópoli.

Es una disputa, una contradicción latente y permanente que nos recuerda que ‘mercado libre’ y guerra van de la mano, y que los cañones son precisamente la otra materialización de la ‘diplomacia’, los martillos que derrumban muros e imponen las lógicas del poder, de manera tal que todo aquello que el capital no logra someter a través de leyes, endeudamiento, amenazas, bloqueos, condicionantes y similares, su violencia, legitimada por distintos conductos, lo impone, así sea destruyendo el país objeto de sus cañones, cuya reconstrucción será el conducto para imponer los mandatos del capital.

Por otro lado, lo vivimos actualmente en el sur de nuestro continente, donde los detentadores del capital avanzaron en los últimos años usurpando las condiciones de vida digna de amplios sectores sociales, así como de sus derechos políticos –Chile– y en otros –Ecuador–, pretendiendo arrinconar a la sociedad para despojarla de buena parte de sus conquistas históricas.

El de Suramérica es un escenario ya sufrido por amplios sectores sociales, en tanto que en décadas recientes ya les habían arrebatado, tanto en los países relacionados como en todos los que integran el mapa de esta subregión del mundo, parte de sus conquistas laborales, económicas y políticas, a través de lo que se conoce como reformas neoliberales de primera y segunda generación. Pero ahora, ante la prolongada caída de la tasa de ganancia y el cambiante cuadro geopolítico global, vuelven por las mismas.

Como efecto de las aludidas reformas, en los años 80 del anterior siglo, en una primera ofensiva del capital sobre el trabajo, parte de los activos públicos sufrieron su privatización y el comercio perdió controles de Estado hasta ser liberalizado en su totalidad. El mercado laboral empezó su flexibilización, iniciando la contratación indirecta de mano obra, legalizando las empresas de intermediación y contratación laboral, zafando al patrón de la contratación directa, y abriendo de esta manera las puertas para quebrar el salario y la estabilidad laboral. La ofensiva contra los sindicatos y la sindicalización encontró acá también un espacio: una agresiva política laboral y económica sobre la cual volverán.

En los años 90 de igual centuria, impusieron la segunda ofensiva, precedida y presionada asimismo por el Consenso de Washington (1), con la cual van mucho más allá, en la medida en que las reformas con afectaciones particulares ya no son el propósito sino que en el centro de la misma entró como prioridad la reforma del conjunto del Estado, legalizándose la ofensiva neoliberal a través de las cartas constitucionales de los países objeto de esta ofensiva. Es así como toda la administración pública es adecuada para que el capital opere y pueda fluir sin obstáculo alguno, hasta el punto de que todo le es permitido, para lo cual la administración pública se ajusta a sus demandas y con ella la administración de justicia, aparato adecuado para proteger en forma integral los intereses de las minorías.

Entre una y otra reforma, como resultado del dominio del capital financiero en el nivel global, la financiarización entra a reglar la economía y los intercambios sociales. De este modo, la globalización, por este y otros conductos, impone sus dominios, lógicas e intereses, recordando la máxima de Henry Kissinger, secretario de Estado en la era Nixon: “Controla el petróleo y controlarás a las naciones; controla los alimentos y controlarás a la gente; controla el sistema financiero y controlaras el mundo”.
La concreción de estas reformas no fue impune, ya que en diversos países se sucedieron resistencias sociales como el famoso caracazo, el alzamiento zapatista en contra del Tclan, que, como todos los tratados comerciales de estas dé, aplican como punta de lanza para obligar a la apertura neoliberal, la crisis de Argentina de los años 2000, así como los alzamientos sociales que dieron cuenta de tres presidentes en Ecuador. Y mientras todo ello sucedía, antes, en medio y después, la intervención de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, bajo la égida de Estados Unidos, hegemónico en ese momento en el panorama global.

Para el caso de Colombia, que en 1991 ajustó su Carta Magna a tales postulados, la crisis económica de 1999 fue ocasión para someter al Estado y la sociedad toda a la dinámica neoliberal, para lo cual la conjunción, con todo el instrumental guerrero –legal e ilegal–, fue el conducto para contener cualquier inconformidad social. Una particularidad continental necesaria de resaltar, adjunta al efecto del narcotráfico como un producto de exportación y colchón económico, además de somnífero cultural y atomizador social.

Estos factores, los culturales, con amplios efectos sociales, son la otra variable neoliberal que permeó a las sociedades, sometidas a una ofensiva consumista como vehículo para estimular la producción de los grandes y medianos grupos económicos, de cuya mano se eleva la tasa de ganancia que dinamiza al capitalismo. Indicadores en el PIB de las potencias de ciento y más por ciento llegó a ser su reflejo, con la excepción de China, siempre muy por encima de tal indicador. Se trata de un crecimiento que revienta en 2007 con la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica y financiera que desata, de la cual el capitalismo no logra todavía recuperarse totalmente.

Precisamente, como una de las variables que buscan dar cuenta de tal realidad, el actual gobierno de los Estados Unidos, aferrado a un nacionalismo proteccionista que desdice parcialmente de la globalización pero no así del neoliberalismo, desata la guerra comercial en curso, con China como con otros países, a la par de lo cual el cuadro territorial del Sistema Mundo Capitalista va adquiriendo inéditas coordenadas: unos mercados pasan a manos de nuevos intereses, otros entran en disputa y algunos más quedan compartidos, todo ello en medio de tensiones que por momentos hacen tambalear el tablero global.

Es esta una realidad cambiante que por ratos parece indicar que el neoliberalismo está quebrado, pero es sólo la impresión, ya que sus manifestaciones sociales y culturales más profundas no han sufrido resquebrajamiento alguno, como tampoco el mercado global. Además, ni la financiarización ni los ataques contra el mundo del trabajo dejan de sucederse, al igual que otras manifestaciones típicas de esta forma y dinamizador económico y político, con expresiones de gobierno claramente identificables.

Realidad comprobable en el reciente paquetazo que intentaron imponer en Ecuador (ver, “Ecuador, las razones de la rebelión de octubre”, pág. 10), para el cual el conocido argumento del déficit fiscal regresa como excusa para imponer políticas privatizadoras y para la reducción del rol del Estado, para justificar más impuestos para los asalariados y menos para los más ricos, así como “necesaria” flexibilización laboral y menos control a la circulación de divisas, entre otros objetivos pretendidos.
Esto en Ecuador. Pero 22 meses atrás –diciembre de 2017–, ya habían logrado reformar las pensiones en Argentina, pese a la resistencia de sus fuerzas sindicales (2), propósito que también lograron concretar en Brasil (3) y que asimismo buscan implementar en Colombia, donde la sociedad ya está avisada del trámite futuro de más flexibilidad laboral, a la par de transformar el sector de las pensiones, para beneficio del sector financiero y empresarial en general. Tales reformas les aseguran a las oligarquías de esta parte del mundo los recursos suficientes para cumplir con el pago de la deuda pública, según las exigencias del cancerbero del sistema capitalista, el Fondo Monetario Internacional.

Una vez más, tales reformas repiten experiencias ya vividas: apertura económica y laboral, desmonte de subsidios, incremento de tarifas de servicios públicos, privatización de los pocos bienes que continúan en manos públicas, todo para que el capital gane más, medidas estas argumentadas desde la promesa nunca cumplida de crear más empleo, reducir los niveles de amplia desigualdad social que registran estas sociedades y otros decires similares aireados por la mass media oficiosa, promesas que el viento se lleva.

En esta ocasión, la nueva ofensiva va de la mano de la banca multilateral, de organizaciones tipo Ocde, así como de instancias de coordinación y convivencia entre países, como la OEA, en un intento asimismo por recuperar recursos naturales, dominio territorial y mercados como Venezuela, Bolivia, Cuba y otros, a fin de asegurar el dominio de Estados Unidos.

La dificultad que encuentran estos organismos e instancias regionales y globales para aplicar sus mandatos es que todo su recetario ya es conocido, y que sus efectos han sido perversos al ahondar las tasas de desigualdad conocidas por estas sociedades, así como acrecentar su deuda externa, a la par de acostumbrarlas a vivir con el desempleo como problema estructural.

En estas condiciones, no es casual la insubordinación social que conmocionó a Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre. Tampoco lo es la mayúscula movilización social que conmociona a Chile, respuesta creciente y solidaria de un pueblo que por más de treinta años ha padecido el neoliberalismo, y con éste la privatización de los derechos humanos: salud, educación, pensiones, transporte, etcétera, a la par del dominio de un disciplinamiento social solamente útil para el capital.

Insubordinación con logros específicos que permiten asegurar que el capital sufre en esta parte del mundo una derrota parcial. Pero es necesario recordar que el neoliberalismo es flexible, que no tiene un solo cuerpo y que sabe esperar. Por ahora, guardará la cabeza en algunos de los países de la región, mientras en otros actuará, dependiendo de la correlación de fuerzas. Como sea, más tarde o más temprano, regresará tras su pretendida recuperación de la tasa de ganancia a costa de quienes viven de su fuerza de trabajo, y que únicamente podrá ser derrotado si encuentra en toda la región, y más allá de ésta, un modelo social, económico y político, una propuesta de Estado integral, humanista, basada en la solidaridad y la defensa del bien común, con un modelo de vida que armonice a la humanidad con la naturaleza, que lo confronte y logre ganar el apoyo de los cuerpos sociales.


Hace dos o tres décadas, la sociedad desconfiaba de tal posibilidad. Hoy, producto de la cuarta revolución industrial en marcha y la gigantesca masa de información potenciada por la misma, reconoce que sí son posibles la justicia, la democracia integral y la concreción plena de la Carta de Derechos Humanos, y con ello la materialización de vida digna como precepto elemental de cualquier sociedad, todo ello, como es evidente, antípoda del neoliberalismo. La lucha de clases está de vuelta.

 

1. Con ese nombre se conoció el cambio de paradigma cuyo origen está ligado a la crisis de la deuda de 1982. Los países de Latinoamérica habían estado viviendo de dinero prestado desde mediados de los años 70, los años en que vivió más allá de sus posibilidades. Finalmente le pasaron la cuenta de cobro a la región con gran severidad. El viejo modelo de intervención estatal y proteccionismo había llevado a distorsiones económicas de escala patológica. Pero el remedio, el neoliberalismo, fue peor que la enfermedad.
2. https://www.elmundo.es/internacional/2017/12/19/5a38f493268e3e3e718b4632.html.
3. https://www.france24.com/es/20191023-brasil-senado-reforma-pensional-bolsonaro.

El líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei

El líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha respaldado las medidas del gobierno de Teherán para incrementar el precio de la gasolina que esta semana han causado disturbios en distintos puntos del país.

El bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Irán está empezando a hacer daño y muy posiblemente la situación económica continuará deteriorándose en un futuro próximo, algo que puede conducir a una mayor inestabilidad interior y también en el conjunto de Oriente Próximo.

Se ha de decir que la inestabilidad en Oriente Próximo no causa ningún temor a Estados Unidos e Israel, las potencias hegemónicas que promueven la inestabilidad allá donde pueden, no solo por la venta masiva de armas sino también porque beneficia a sus objetivos estratégicos.

«Algunas personas sin duda están preocupadas por esta decisión», dijo Khamenei, «pero el sabotaje y los incendios son obra de hooligans y no de nuestro pueblo. La contrarrevolución y los enemigos de Irán siempre han apoyado el sabotaje y la quiebra de la seguridad, y van a continuar haciéndolo».

La policía antidisturbios se enfrentó en los últimos días a los manifestantes en Teherán y en otras localidades, unas protestas que en algunos casos fueron violentas.

El precio de de gasolina ha subido un 50 por ciento, de 10.000 riales a 15.000 riales el litro, es decir unos diez céntimos de euro. Además, la adquisición de este líquido se ha racionado y las compras adicionales de gasolina costarán a 30.000 riales el litro, es decir unos 20 céntimos de euro.

En las protestas han muerto varias personas, según admitió Khamenei, y se ha destruido propiedad privada y gubernamental en distintas localidades.

Aunque inicialmente tenían un carácter económico y denunciaban la carestía de la vida, las protestas pronto han adquirido tintes políticos.

Según Khamenei, el incremento del precio de la gasolina fue recomendado por expertos económicos y se debe aplicar, pero el líder supremo añadió que las autoridades no deberían aplicar el incremento de los precios a otros productos.

La medida del gobierno indica a las claras que la situación económica es delicada y no hay que descartar que tenga repercusiones políticas. Las sanciones podrían conducir a un endurecimiento de las condiciones de vida en el país, y también al endurecimiento de las condiciones políticas.

Por Eugenio García Gascón

18 noviembre 2019

Publicado enInternacional
Domingo, 17 Noviembre 2019 09:59

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Es una dinámica conocida: la caída de la tasa de ganancia y la necesidad de incrementar la explotación de la fuerza de trabajo impulsan al capitalismo a tres tipos de disputas: 1) pugnas entre países por mayores porcentajes en el comercio global y saqueos de las economías periféricas, contradicción que en repetidas ocasiones se salda con guerras diferidas o directas; 2) implementación de reformas en la mayor cantidad de países posibles, con el propósito de esquilmar los ingresos directos e indirectos de quienes generan la riqueza social, acción que provoca la reacción/defensa de los afectados como exigencia de respeto a sus derechos históricos y, en lo posible, mejoras en sus condiciones de vida; en ocasiones, demanda de cambio total de las reglas de juego –otro sistema social–, pero no siempre es así; 3) brutales ajustes económicos que implican reducir el gasto público social, las importaciones, y la demanda interna de bienes de la canasta familiar para cubrir la brecha de pagos de la deuda externa y honrar sus deudas reprogramadas con el capital financiero transnacional.


Vivimos estos escenarios en los meses y días que pasan. Entre ellos, por un lado y como parte de la geopolítica global, las potencias dirimen tal disputa en territorios ajenos y a través de terceros países –Arabia Saudita vs. Irán, con Yemen como país afectado; Estados Unidos vs. Rusia, con una confluencia de otras fuerzas que implican a Turquía, Israel, Iraq, Irán, Isis, con Siria como país afectado y telón de fondo; Estados Unidos vs. China, en una conocida disputa comercial que antecede la posible confrontación global de próximas décadas. En nuestra subregión, sin ascender aún a lo bélico, la contienda compromete a los Estados Unidos y sus aliados regionales (Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil y otros) en contra de Venezuela, Bolivia y, más allá de la subregión, Nicaragua y Cuba, y en el trasfondo Rusia y China.

Como es típico de los Estados, con preeminencia de los imperios, en estas disputas, en cualquiera de las formas que asuman, defienden de manera prioritaria a sus multinacionales, consiguiendo para ellas beneficios de todo tipo, además de propiciarles mano de obra abundante, especializada y por pagar con salarios mucho más bajos que los cancelados en la metrópoli.

Es una disputa, una contradicción latente y permanente que nos recuerda que ‘mercado libre’ y guerra van de la mano, y que los cañones son precisamente la otra materialización de la ‘diplomacia’, los martillos que derrumban muros e imponen las lógicas del poder, de manera tal que todo aquello que el capital no logra someter a través de leyes, endeudamiento, amenazas, bloqueos, condicionantes y similares, su violencia, legitimada por distintos conductos, lo impone, así sea destruyendo el país objeto de sus cañones, cuya reconstrucción será el conducto para imponer los mandatos del capital.

Por otro lado, lo vivimos actualmente en el sur de nuestro continente, donde los detentadores del capital avanzaron en los últimos años usurpando las condiciones de vida digna de amplios sectores sociales, así como de sus derechos políticos –Chile– y en otros –Ecuador–, pretendiendo arrinconar a la sociedad para despojarla de buena parte de sus conquistas históricas.

El de Suramérica es un escenario ya sufrido por amplios sectores sociales, en tanto que en décadas recientes ya les habían arrebatado, tanto en los países relacionados como en todos los que integran el mapa de esta subregión del mundo, parte de sus conquistas laborales, económicas y políticas, a través de lo que se conoce como reformas neoliberales de primera y segunda generación. Pero ahora, ante la prolongada caída de la tasa de ganancia y el cambiante cuadro geopolítico global, vuelven por las mismas.

Como efecto de las aludidas reformas, en los años 80 del anterior siglo, en una primera ofensiva del capital sobre el trabajo, parte de los activos públicos sufrieron su privatización y el comercio perdió controles de Estado hasta ser liberalizado en su totalidad. El mercado laboral empezó su flexibilización, iniciando la contratación indirecta de mano obra, legalizando las empresas de intermediación y contratación laboral, zafando al patrón de la contratación directa, y abriendo de esta manera las puertas para quebrar el salario y la estabilidad laboral. La ofensiva contra los sindicatos y la sindicalización encontró acá también un espacio: una agresiva política laboral y económica sobre la cual volverán.

En los años 90 de igual centuria, impusieron la segunda ofensiva, precedida y presionada asimismo por el Consenso de Washington (1), con la cual van mucho más allá, en la medida en que las reformas con afectaciones particulares ya no son el propósito sino que en el centro de la misma entró como prioridad la reforma del conjunto del Estado, legalizándose la ofensiva neoliberal a través de las cartas constitucionales de los países objeto de esta ofensiva. Es así como toda la administración pública es adecuada para que el capital opere y pueda fluir sin obstáculo alguno, hasta el punto de que todo le es permitido, para lo cual la administración pública se ajusta a sus demandas y con ella la administración de justicia, aparato adecuado para proteger en forma integral los intereses de las minorías.

Entre una y otra reforma, como resultado del dominio del capital financiero en el nivel global, la financiarización entra a reglar la economía y los intercambios sociales. De este modo, la globalización, por este y otros conductos, impone sus dominios, lógicas e intereses, recordando la máxima de Henry Kissinger, secretario de Estado en la era Nixon: “Controla el petróleo y controlarás a las naciones; controla los alimentos y controlarás a la gente; controla el sistema financiero y controlaras el mundo”.
La concreción de estas reformas no fue impune, ya que en diversos países se sucedieron resistencias sociales como el famoso caracazo, el alzamiento zapatista en contra del Tclan, que, como todos los tratados comerciales de estas dé, aplican como punta de lanza para obligar a la apertura neoliberal, la crisis de Argentina de los años 2000, así como los alzamientos sociales que dieron cuenta de tres presidentes en Ecuador. Y mientras todo ello sucedía, antes, en medio y después, la intervención de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, bajo la égida de Estados Unidos, hegemónico en ese momento en el panorama global.

Para el caso de Colombia, que en 1991 ajustó su Carta Magna a tales postulados, la crisis económica de 1999 fue ocasión para someter al Estado y la sociedad toda a la dinámica neoliberal, para lo cual la conjunción, con todo el instrumental guerrero –legal e ilegal–, fue el conducto para contener cualquier inconformidad social. Una particularidad continental necesaria de resaltar, adjunta al efecto del narcotráfico como un producto de exportación y colchón económico, además de somnífero cultural y atomizador social.

Estos factores, los culturales, con amplios efectos sociales, son la otra variable neoliberal que permeó a las sociedades, sometidas a una ofensiva consumista como vehículo para estimular la producción de los grandes y medianos grupos económicos, de cuya mano se eleva la tasa de ganancia que dinamiza al capitalismo. Indicadores en el PIB de las potencias de ciento y más por ciento llegó a ser su reflejo, con la excepción de China, siempre muy por encima de tal indicador. Se trata de un crecimiento que revienta en 2007 con la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica y financiera que desata, de la cual el capitalismo no logra todavía recuperarse totalmente.

Precisamente, como una de las variables que buscan dar cuenta de tal realidad, el actual gobierno de los Estados Unidos, aferrado a un nacionalismo proteccionista que desdice parcialmente de la globalización pero no así del neoliberalismo, desata la guerra comercial en curso, con China como con otros países, a la par de lo cual el cuadro territorial del Sistema Mundo Capitalista va adquiriendo inéditas coordenadas: unos mercados pasan a manos de nuevos intereses, otros entran en disputa y algunos más quedan compartidos, todo ello en medio de tensiones que por momentos hacen tambalear el tablero global.

Es esta una realidad cambiante que por ratos parece indicar que el neoliberalismo está quebrado, pero es sólo la impresión, ya que sus manifestaciones sociales y culturales más profundas no han sufrido resquebrajamiento alguno, como tampoco el mercado global. Además, ni la financiarización ni los ataques contra el mundo del trabajo dejan de sucederse, al igual que otras manifestaciones típicas de esta forma y dinamizador económico y político, con expresiones de gobierno claramente identificables.

Realidad comprobable en el reciente paquetazo que intentaron imponer en Ecuador (ver, “Ecuador, las razones de la rebelión de octubre”, pág. 10), para el cual el conocido argumento del déficit fiscal regresa como excusa para imponer políticas privatizadoras y para la reducción del rol del Estado, para justificar más impuestos para los asalariados y menos para los más ricos, así como “necesaria” flexibilización laboral y menos control a la circulación de divisas, entre otros objetivos pretendidos.
Esto en Ecuador. Pero 22 meses atrás –diciembre de 2017–, ya habían logrado reformar las pensiones en Argentina, pese a la resistencia de sus fuerzas sindicales (2), propósito que también lograron concretar en Brasil (3) y que asimismo buscan implementar en Colombia, donde la sociedad ya está avisada del trámite futuro de más flexibilidad laboral, a la par de transformar el sector de las pensiones, para beneficio del sector financiero y empresarial en general. Tales reformas les aseguran a las oligarquías de esta parte del mundo los recursos suficientes para cumplir con el pago de la deuda pública, según las exigencias del cancerbero del sistema capitalista, el Fondo Monetario Internacional.

Una vez más, tales reformas repiten experiencias ya vividas: apertura económica y laboral, desmonte de subsidios, incremento de tarifas de servicios públicos, privatización de los pocos bienes que continúan en manos públicas, todo para que el capital gane más, medidas estas argumentadas desde la promesa nunca cumplida de crear más empleo, reducir los niveles de amplia desigualdad social que registran estas sociedades y otros decires similares aireados por la mass media oficiosa, promesas que el viento se lleva.

En esta ocasión, la nueva ofensiva va de la mano de la banca multilateral, de organizaciones tipo Ocde, así como de instancias de coordinación y convivencia entre países, como la OEA, en un intento asimismo por recuperar recursos naturales, dominio territorial y mercados como Venezuela, Bolivia, Cuba y otros, a fin de asegurar el dominio de Estados Unidos.

La dificultad que encuentran estos organismos e instancias regionales y globales para aplicar sus mandatos es que todo su recetario ya es conocido, y que sus efectos han sido perversos al ahondar las tasas de desigualdad conocidas por estas sociedades, así como acrecentar su deuda externa, a la par de acostumbrarlas a vivir con el desempleo como problema estructural.

En estas condiciones, no es casual la insubordinación social que conmocionó a Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre. Tampoco lo es la mayúscula movilización social que conmociona a Chile, respuesta creciente y solidaria de un pueblo que por más de treinta años ha padecido el neoliberalismo, y con éste la privatización de los derechos humanos: salud, educación, pensiones, transporte, etcétera, a la par del dominio de un disciplinamiento social solamente útil para el capital.

Insubordinación con logros específicos que permiten asegurar que el capital sufre en esta parte del mundo una derrota parcial. Pero es necesario recordar que el neoliberalismo es flexible, que no tiene un solo cuerpo y que sabe esperar. Por ahora, guardará la cabeza en algunos de los países de la región, mientras en otros actuará, dependiendo de la correlación de fuerzas. Como sea, más tarde o más temprano, regresará tras su pretendida recuperación de la tasa de ganancia a costa de quienes viven de su fuerza de trabajo, y que únicamente podrá ser derrotado si encuentra en toda la región, y más allá de ésta, un modelo social, económico y político, una propuesta de Estado integral, humanista, basada en la solidaridad y la defensa del bien común, con un modelo de vida que armonice a la humanidad con la naturaleza, que lo confronte y logre ganar el apoyo de los cuerpos sociales.


Hace dos o tres décadas, la sociedad desconfiaba de tal posibilidad. Hoy, producto de la cuarta revolución industrial en marcha y la gigantesca masa de información potenciada por la misma, reconoce que sí son posibles la justicia, la democracia integral y la concreción plena de la Carta de Derechos Humanos, y con ello la materialización de vida digna como precepto elemental de cualquier sociedad, todo ello, como es evidente, antípoda del neoliberalismo. La lucha de clases está de vuelta.

 

1. Con ese nombre se conoció el cambio de paradigma cuyo origen está ligado a la crisis de la deuda de 1982. Los países de Latinoamérica habían estado viviendo de dinero prestado desde mediados de los años 70, los años en que vivió más allá de sus posibilidades. Finalmente le pasaron la cuenta de cobro a la región con gran severidad. El viejo modelo de intervención estatal y proteccionismo había llevado a distorsiones económicas de escala patológica. Pero el remedio, el neoliberalismo, fue peor que la enfermedad.
2. https://www.elmundo.es/internacional/2017/12/19/5a38f493268e3e3e718b4632.html.
3. https://www.france24.com/es/20191023-brasil-senado-reforma-pensional-bolsonaro.

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Salar de Uyuni, en Potosí. Base de un proyecto de industrialización que generó reacciones y hasta un golpe.

El proyecto de Evo Morales, con explotación 100% estatal y control sobre la industrialización. El proyecto de fabricar baterías para autos eléctricos generó denuncias en Potosí de los mismos que después le exigieron la renuncia.

 

"No hay ninguna duda del papel central que tuvo el litio en la motivación del golpe contra Evo Morales; pero se da por el proyecto de industrialización soberana que viene desarrollando Bolivia, que dejaba afuera a Estados Unidos, más que por el control de la materia prima", sentenció Federico Nacif, sociólogo y docente de la Universidad de Quilmes, donde está al frente de un grupo de investigación sobre el litio en Argentina, Chile y Bolivia. Este último es el único de los tres que desarrolló, a partir de 2008, un proyecto de explotación del litio (llamado, con fundamentos, el "oro blanco") "cien por ciento estatal", y a través de la creación de YLB (Yacimientos de Litio Bolivia), ya logró poner en marcha una planta productora de cloruro de potasio (subproducto del litio) y tiene en estado muy avanzado otra para fabricar carbonato de litio. "El gobierno había acordado con una firma alemana hacer, en conjunto, una planta industrial para fabricar baterías de litio, bajo control del Estado, socio mayoritario y que además designaría al director de la empresa, garantizando también la transferencia tecnológica y el uso de patentes a favor del Estado boliviano", repasó Nacif. "Pero este proyecto empezó a ser combatido por el Comité Cívico de Potosí (ComciPo), al que absurdamente calificó de "entreguista"; antes de las elecciones, Evo dio de baja el acuerdo con Alemania con el criterio de privilegiar el orden interno, y ahí salió a la luz la verdadera intención de estos grupos: el ComciPo no aceptó la resignación del proyecto y empezó a agitar el pedido de renuncia del presidente", señaló el investigador del Departamento de Economía de la UNQui.   

Es importante tomar en cuenta el rol de los comités cívicos en la vida política de Bolivia. Se conforman por departamentos (provincias) como pequeños grupos de empresarios y profesionales, generalmente vinculados a las principales corporaciones pero también con presencia de medianas empresas. No participan de ellos los sindicatos de trabajadores ni pequeños productores (mineros, cocaleros)  y son fuertes en los distritos "blancos". Luis Fernando Camacho, presidente del de Santa Cruz, encabezó la agitación que derivó en el golpe de Estado. Marco Pumari, titular del ComciPo, articuló el reclamo de la renuncia de Evo a partir de las acusaciones de "entrega" que le enrostró al gobierno por el acuerdo con Alemania por la planta para fabricar baterías. 

Se calcula que las reservas de litio que acumulan los salares del NOA argentino, norte de Chile (Atacama) y SO de Bolivia (Uyuni) representan el 70 por ciento del total mundial. Su aplicación a las baterías de celulares y de autos eléctricos lo convierten en una materia prima estratégica. Así lo interpretó Bolivia y lo expresó en el proyecto nacional de 2008, que prohíbe la participación privada en la explotación primaria (extracción), declarando además al Salar de Uyuni como reserva fiscal. Esta concepción es opuesta a la de Argentina, en la que el litio sigue considerándose un "commodity" (materia prima de exportación, sin restricción para su explotación privada). 

Para su industrialización en suelo boliviano, la empresa estatal YLB le compró a Alemania, llave en mano, la planta de cloruro de potasio. Para la de carbonato de litio utilizó un criterio, podría decirse, más "pragmático": le compró el diseño a Alemania y encargó la construcción a China. La financiación corrió enteramente por cuenta del Banco Central de Bolivia, y el deudor fue YLB. Es decir, no generó deuda externa. La irrupción de YLB en el mercado mundial del litio aemnazaba con romper el oligopolio controlado, hasta entonces, por Estados Unidos y China. 

Del salar a la batería

Pero el gran salto en este desarrollo estratégico estaba dado por el inicio de la fabricación de baterías. Bolivia ya había dado el primer paso, con la instalación de una planta piloto de investigación y desarrollo en La Palca, Potosí, única en la región (ni Argentina ni Chile tienen algo parecido). Luego vino el acuerdo con la alemana ACI Systems para levantar una planta industrial para fabricar baterías, con una inversión prevista de 1300 millones de dólares. Las condiciones que demandó YLB  (control accionario y dirección de la empresa en manos bolivianas, transferencia tecnológica y derecho de patentes también a favor del país sudamericano) se impusieron luego de duras negociaciones, de las que además resultó que el gobierno de Angela Merkel quedara como garante del cumplimiento de la firma alemana. 

El acuerdo fue bombardeado desde el principio por fuerzas empresarias de Potosí. "Este acuerdo fue el que salieron a denunciar como entreguista, absurdamente, desde el ComciPo", señaló Nacif a Página 12. "Históricamente, los sectores locales se sustentaban en la exigencia del cobro de regalías, vistiéndolo de reivindicación regionalista", explicó el especialista, que visitó en varias oportunidades la zona y tiene un trato frecuente con las autoridades de YLB como parte de sus investigaciones. 

Las regalías son el porcentaje que los concesionarios le pagan a las autoridades locales sobre el valor del mineral extraído. En este caso, las empresas privadas no tuvieron en ningún contrato acceso al litio, por lo cual las regalías no existían. El desarrollo de un proyecto soberano de explotación e industrialización aparecía, así, extrañamente enfrentado los supuestos intereses regionales. En realidad, los reclamos ocultaban otras intenciones. Detrás de varios de estos artículos "críticos" aparece el interés de consultoras y promotores de inversiones bursátiles, para los cuales lo cuestionable era que el negocio del litio boliviano quedara lejos de su alcance. 

En los meses previos a las elecciones presidenciales de octubre, las denuncias y acusaciones de los medios y sectores económicos de Potosí fueron levantando temperatura. El rechazo se tradujo en revueltas, en las que se acusaba al presidente Evo Morales de "robarse las regalías" del litio de Potosí. Ante esta situación, relató Federico Nacif a este diario, "Evo toma la decisión de ceder y anula el convenio con ACI Systems, de Alemania, buscando privilegiar cuestiones de orden interno". Lo que se estaba resignando, o postergando quizás, era concretar el gigantesco salto estratégico de convertir a Bolivia en productor y exportador de baterías de litio para coches eléctricos. Un paso atrás excesivo, quizás, supuestamente motivado por la incomprensión de una parte de la población. 

Sin embargo, inmediatamente después del paso atrás de Evo, salió a la luz el verdadero propósito de quienes combatían el proyecto de producir baterías. Marco Pumari, presidente del comité cívico de Potosí, rechazó el gesto del presidente aymara y reveló su real intención: reclamó su renuncia. A partir de allí, se puso al lado de Luis Fernando Camacho, líder del movimiento golpista que desplazó a Evo, y se constituyó en su principal aliado. Los intereses extranacionales, particularmente de Estados Unidos, contra el proyecto soberano de producción e industrialización de litio en Bolivia fueron el combustible del golpe, según observa Nacif. "Si el golpe contra Evo se consolidara, no me cabe duda de que entre las primeras medidas estará la anulación de estos proyectos de industrialización independiente, un mal ejemplo para el resto de la región", sentenció. 

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Sábado, 16 Noviembre 2019 07:39

Un largo proceso de degradación

Un largo proceso de degradación

Es clave para entender lo que está sucediendo ahora en Bolivia entender, a su vez, el proceso de división creciente y la degradación que durante los gobiernos de Evo Morales sufrieron los llamados movimientos sociales –que fueron el respaldo inicial del presidente– por una izquierda que permitía una sola posibilidad y no permitía la autonomía


Es una historia que comenzó entre 2009 y 2010, aproximadamente, cuando se armó otra forma de gobierno, otra forma de Estado, distinta a la que se venía proponiendo en las bases. Es un Estado crecientemente autoritario, que va a monopolizar el poder y no va a permitir ningún margen de autonomía a las organizaciones.


Este proceso fue deteriorando la relación del gobierno con los movimientos sociales. En 2010 esos malestares se dieron en organizaciones indígenas que adoptaron una posición autónoma y pidieron una mesa en la cumbre de Tiquipaya, una cumbre con la que el oficialismo pretendía mostrar que Evo Morales tenía una actitud de respeto para con la Madre Tierra y la protección de derechos indígenas. Allí, una de las mesas tenía que tratar el tema de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (Iirsa) y la contaminación minera, y el gobierno se negó a tocar esos temas. Allí estaba planteada la contaminación de los campos y las aguas de riego, que ya estaba produciendo graves problemas, sobre todo en Potosí, Oruro y Huanuni, que se sumó a la patética destrucción y la desaparición del lago Poopó, el segundo más grande del país.


Obviamente, se trata de procesos cuyos orígenes datan de mucho tiempo atrás, pero que estaban siendo promovidos por la intensificación del extractivismo. Este proceso llevó a que se destruyera la noción de tierras comunitarias de origen (Tco), que fueron en su momento la base de la autonomía indígena. A fines de 2010 se dictó un decreto que establece que esas tierras indígenas, además de “originarias”, son “campesinas”, lo que permitió la invasión de parques nacionales por cocaleros, como en el caso del Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro‑Sécure (Tipnis). Se firmó luego un protocolo de financiamiento, cargado de corrupción, con la constructora brasileña Oas para construir en ese parque una carretera. Es mucho lo que se podría detallar de ese episodio en particular, pero vale recordar que el gobierno optó por reprimir a los indígenas del parque y favorecer la invasión cocalera y la construcción de esa carretera.


Ese fue un momento de quiebre. A partir de entonces y en 2013, el gobierno dio la instrucción de invadir la sede del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), y se instaló como dirigente, contra los procedimientos indígenas de rotación de las autoridades que allí había, Hilarión Mamani, un empresario minero.


Es un proceso largo, de muchos años, que tiene entre sus últimas manifestaciones el incendio de la Chiquitanía (véase “La otra frontera”, Brecha, 30‑VIII‑19), originado en un decreto del gobierno que alentaba la invasión por colonos del occidente del país de ese ecosistema único. Ya el año pasado se había dado un enorme acercamiento del gobierno con los ganaderos en un plan de exportación de carne a China. Obviamente es mucho más barato quemar el bosque, como habilitaba ese decreto, que traer tractores o retroexcavadoras. Con la sequedad que hay en la Chiquitanía, el fuego se les fue de las manos. Fue una tragedia sin nombre y el más grande detonante de la debacle de Evo Morales.


Luis Fernando Camacho y la derecha que él encabeza viven ahora un momentáneo estrellato, gracias a haber logrado articular diferentes broncas hacia el Mas. Pero la disputa más grande todavía está en la acaparación de tierra y en la expansión de la frontera agrícola, que ha sido pactada entre la derecha y Evo Morales. La derecha no va a deshacer este pacto, no va a entregar a los indígenas la tierra que Evo Morales les arrebató, sino que, con la euforia momentánea de estas horas, está preparando la consolidación de la economía de la soja, del agronegocio, ya empezado con Evo.


Lo que se avecina es un proceso de mucha incertidumbre, de fragilidad institucional, de sabotaje, de liquidación económica. Los masistas van a tratar de dejar un país en ruinas para volver triunfantes. Ha sido un gravísimo error de la clase política prescindir del Mas y darle un viso de ilegalidad a este gobierno. Este gobierno de transición que ahora se ha posesionado nace cojo y manco, no es legítimo. No se puede borrar de un plumazo a un 40 por ciento del electorado. Una cosa es reconocer las fallas del gobierno de Evo Morales y otra es desconocer que efectivamente el Mas tiene un electorado y que ha tenido un papel simbólico muy importante por la dignificación de lo indígena.

 


Aquí cayó toda la clase política, no sólo Evo Morales. Y hay un vacío de poder porque la gente no ha reconocido aún su propia energía, su propia fuerza organizativa. Lamentablemente, hemos perdido muchos años en esta disputa por el control corporativo de los movimientos y las organizaciones sociales, lo que nos ha dejado fuera de combate en un momento en que la derecha está levantando cabeza y el ejército sigue intacto con todos sus negocios y todas sus empresas dolosas y corruptas. Estamos en una situación muy crítica.


A pesar de todo, en estos últimos años ha habido un reconocimiento y un autorreconocimiento de lo indígena como una fuerza moral. Aunque ha sido, hasta cierto punto, degradado por el gobierno del Mas, en la vida cotidiana se reconoce que lo indígena es valioso en cuanto a idioma, comida, cultura, y formas comunitarias y solidarias. Toda una serie de colectivos está saliendo con la whipala para dejar claro que no vamos a retroceder 17 años. Camacho ha ido al viejo palacio de gobierno, como para decir que no existió este proceso de reconocimiento y autorreconocimiento, para intentar tapar el sol con un dedo. Pero no hay vuelta atrás.


Lo que sí hay es una necesidad imperiosa de reencausar las movilizaciones populares, quitándoles aquellos aspectos muy fuertes de misoginia y autoritarismo fomentados por el gobierno del Mas. La negación de la democracia horizontal de las organizaciones y la degradación de estas están cobrándonos la cuenta en este momento, una cuenta que se llama parálisis y estupor.


En medio de eso, en la lucha contra eso, las mujeres estamos en la primera fila en cuanto a pensamiento y acción. Y en cuanto al dolor que nos produce toda esta situación. Las mujeres estamos en todos lados, articulando formas más locales de democracia y bregando por que la idea de la indignación, la idea del cabildo, la idea del Parlamento de Mujeres se fragmente en miles de parlamentos, miles de cabildos para que podamos deliberar qué país queremos, qué es democracia, qué es ser indígena. ¿Ser indígena es vestir poncho y organizar una gran borrachera? Nosotras, en nuestra posición como mujeres, no lo creemos así. En varios colectivos hemos creado una especie de plataforma para hacer de cada esquina un espacio de deliberación.


Nos vamos a apoyar en la Constitución, una Constitución que ha sido maltratada por el propio gobierno del Mas. Estamos ahorita en la defensa de la Constitución, en la defensa de la whipala, en la defensa de la democracia comunitaria de los ayllus* y la defensa de las mujeres.

*Comunidades tradicionales de los pueblos originarios de la región andina (N de E).Silvia Rivera Cusicanqui 15 noviembre, 2019

Por Silvia Rivera Cusicanqui, historiadora y socióloga boliviana, especializada en las cosmologías quechua 

15 noviembre, 2019

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