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Colombia: ¿Cuántos y cómo somos? ¿Dónde estamos?

El Dane reveló, a principios del mes de julio de 2019, los datos oficiales del Censo de población y vivienda realizado durante 2018. De acuerdo con la entidad encargada de las estadísticas oficiales de Colombia, 48’258.494 es la cifra de las personas que habitamos el territorio nacional, un registro superior al estimado por la misma entidad en noviembre del 2018: 45,5 millones; pero mucho menos de los 50 millones que vaticinaban las proyecciones con base en el censo de 2005.

 

La polémica va para largo. La oficialización, el pasado 4 de julio, de las cifras arrojadas por el Censo Nacional de Población y Vivienda (Cnpv-2018), motivó de inmediato su crítica por parte de funcionarios territoriales, como la gobernadora del Valle y el de Bolívar, así como el director de planeación de Bogotá y los alcaldes de Soacha y Cartagena. Según estos, el tamaño de la población que les establece el Censo en su jurisdicción es inferior a los registros oficiales de sus propias entidades.

La inconformidad no es casual: a menores cifras de población por departamento o municipio, menores serán los dineros que les transferirá el gobierno nacional para salud, educación, vivienda, servicios públicos, empleo, vías y demás asignaciones de subsidios y acceso a programas sociales. Otras voces críticas se sumarán con el paso de los días a esta inconformidad, toda vez que el impacto del Censo extenderá sus efectos en toda la gobernabilidad territorial.


Pero la polémica también se prolongará ya que aún falta por saber dónde habitan 4.094.077 de connacionales que no fueron censados pero sí identificados global y regionalmente de su existencia por la Encuesta de Calidad de Vida a cargo también del Dane. Viene ahora, por tanto, la realización de una evaluación de cobertura en todos los municipios del país, para saber en qué lugares están estas personas no empadronadas.
 
Las 4,1 millones de personas excluidas del censo fueron identificadas con la “Encuesta de calidad de vida” realizada entre octubre y diciembre de 2018, que no solo caracterizó la forma en que viven las personas en el país sino que sirvió de medición poscensal, pues en ella se les preguntó a los hogares si habían sido censados, “es a partir de ahí que podemos establecer la omisión”, señaló el director del Dane, Juan Daniel Oviedo. Según el funcionario, la omisión censal fue de 8,5 por ciento, cifra significativamente alta pues el promedio simple de la omisión en los censos ronda el 5 por ciento. Este ajuste, que hasta ahora se hizo a nivel nacional, debe replicarse también por ciudades. En Bogotá, por ejemplo, se censaron 7,2 millones de habitantes, pero aún no se sabe en realidad cuántas personas más viven en la capital. Lo cierto es que difícilmente ese número alcanzará las proyecciones que vaticinaban 8,1 millones de habitantes para 2018 (diagrama 1).

 

 



Por otra parte, el próximo 30 de septiembre saldrá al público la base de datos anonimizada (permite acceder a las respuestas en detalle, pero protegiendo la identidad de los encuestados) y las proyecciones para 2019, pues el censo se hizo con corte a 2018. Los resultados del censo modificarán a su vez otras operaciones estadísticas del Dane, como la gran encuesta integrada de hogares, que es la base para calcular el desempleo.

Una vez que se tengan todos los resultados oficiales, más las encuestas de hogares adaptadas al nuevo censo, todas las metas que usan valores absolutos poblacionales tienen que cambiar como, por ejemplo, la de pobreza monetaria, analfabetismo, tasa de homicidios, PIB per cápita, o número de médicos por habitante.

Con la nueva fotografía del país no solo se renovarán indicadores sociales en materia de salud, educación, empleo, vivienda o movilidad, entre otros, sino que también se podrán reasignar entre las regiones los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) o del Sistema General de Regalías (SGR). En general, cambiarían todos los indicadores que tengan como denominador común la población.

De manera adicional, el nuevo retrato de Colombia 2018 también tendrá repercusiones en la implementación de los Acuerdos de Paz porque habría que revisarse la asignación de recursos hacia los municipios que hacen parte de los priorizados para el posconflicto (municipios Pdet). Incluso, también podría afectar a la representación política en la Cámara de Representantes que depende de la cantidad de población de cada departamento.



¿Cuántos somos?

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (Cnpv) es la operación estadística más compleja e importante que hace el país, conducto por medio del cual se recoge información de las personas, hogares y viviendas en todo el territorio colombiano. Su propósito es el de establecer cuántos somos, dónde estamos y cuáles son las principales características socio-demográficas de la población residente habitual en Colombia.

El operativo comenzó en enero de 2018 con 41.097 encuestadores; la recolección de datos terminó en octubre del mismo año. Su realización costó $403.000 millones. El Cnpv 2018 abarca la totalidad del territorio nacional, correspondiente a 32 departamentos, 1.101 municipios, 20 áreas no municipalizadas y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Tratando de calmar las demandas de información arrojada por este Censo, en octubre de 2018 el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, daba razones para explicar que la población de Colombia podría estar alrededor de 43,8 millones, cifra que sorprendió a todo el mundo por encontrarse bastante lejos de los 50 millones proyectados de acuerdo con la información del censo de 2005. En noviembre, la cifra defendida con argumentos técnicos fue 45,5 millones; al dato inicial se le sumaron 329.093 personas que habitan lugares especiales de alojamiento como, entre otros, los 123.434 presos (tanto hombres como mujeres) que hay actualmente en el país, según el reciente  censo de la población carcelaria realizado por el Inpec1. En julio de 2019, el Dane brinda nuevas razones para explicar que en realidad somos 48,2 millones, cifra resultante de cruzar los datos del censo con los de la encuesta de calidad de vida de 2018, y con la cual estamos más cerca de las proyecciones de 50 millones (Gráfico 1).

 



Es decir, como buen prestidigitador el director del Dane sacó de su sombrero, al igual que brotan conejos, 2,8 millones de personas adicionales entre noviembre de 2018 y julio de 2019, con el fin de aplacar la exasperación que provocaron las primeras cifras.

Frente al censo del 2005, cuando se realizó el último empadronamiento, la población pasó de 42’888.592 personas a 48’258.494 en 2018, esto es, en los trece años hubo un incremento de 5’369.902 habitantes; el crecimiento relativo intercensal fue de 12,5 por ciento (equivalente a un aumento poblacional promedio anual de 0,96 puntos porcentuales).



¿Dónde estamos y cómo somos?


Las características estructurales y la ubicación de la población también cambiaron en el tiempo de publicación de los diferentes reportes oficiales del Dane (cuadro 1). Las cifras definitivas muestra una tendencia hacia la concentración urbana de la población, el abandono de las grandes ciudades y la conurbanización resultante de la emigración hacia los municipios circundantes a las capitales, el cambio en la estructura por edades con propensión al envejecimiento, el fin del “Bono demográfico”, la concentración de la población joven en zonas periféricas y atrasadas del país, la reducción en el tamaño de los hogares (cada vez hay menos niños) y la adquisición de un rol protagónico mayor de la mujer en la sociedad.

 

Cuadro 1. Resultados del Cnpv-2018 según estructura y ubicación poblacional


Género

Las mujeres siguen siendo el género predominante dentro del total nacional, con una participación de 51,2 por ciento; el restante 48,8 por ciento corresponde a los hombres. En el conteo del 2005, las mujeres eran el 51 por ciento de la población y los hombres, el 49 por ciento.


Urbanización

En las cabeceras municipales habita el 77,1 por ciento de connacionales. La población rural que representa el 22,9 por ciento restantes, se distribuye, de una parte, en un 7,1 por ciento en centros poblados y, de otra, el 15,8 por ciento que vive en zonas rurales dispersas. De acuerdo con los resultados del Censo de 2005, el 76 por ciento correspondía a los habitantes de las cabeceras; 5,6 por ciento a los centros poblados y 18,4 por ciento a la población rural dispersa.


Envejecimiento


Desde 2005 se alertó por el ritmo rápido de envejecimiento de la población colombiana. En cuanto a su composición a 2018, un 9,1 por ciento corresponde a mayores de 65 años de edad (cerca de tres puntos porcentuales más que en el 2005, cuando representaban el 6,3 por ciento); 13,3 por ciento tienen más de 60 años; población entre los 14 y 28 años (juventud) 26,1 por ciento; 22,6 por ciento son menores de 15 años, y el 8,5 por ciento tiene menos de 5 años. El Cnpv-2018 corroboró el aumento en los índices de envejecimiento del país; significa que por cada 100 personas menores de 15 años hay 40,4 mayores de 65; en 2005 era de 20,5 personas por cada 100. El índice de envejecimiento para los mayores de 60 es de 58,6 por ciento. En resumen, hay menos población joven de la que creíamos tener y estamos envejeciendo mucho más rápido que antes, generando consecuencias económicas, fiscales, sociales y psicológicas (Gráficos 2 y 3).

 

Gráfico 2. Distribución departamental del índice de juventud, 2018

 

 

Gráfico 3. Índice de envejecimiento (mayores de 65/60 años como fracción de menores de 15 años)


En departamentos como Quindío el índice de envejecimiento llega a ser de 72,2 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años de edad; a este grupo pertenecen también Caldas y Risaralda, con índices de envejecimiento de 67 y 60 por ciento, respectivamente. Por el contrario, los departamentos con mayor cantidad de menores de 15 años de edad son Amazonas, Putumayo y Guainía.

El envejecimiento es una tendencia mundial y Colombia no ha escapado a ella. Según la publicación inglesa “The Economist”, en 2019 la población mayor de 65 años va a ser de mayor tamaño que la población menor de cinco años en el promedio de todos los países. En consecuencia, el país debe implementar una política pública acorde con esta realidad e incluyente de tal población. Es evidente la necesidad de apurar unas políticas de asistencia y atención en salud, seguridad y protección social universal que proporcionen calidad de vida y vida digna a las personas en esta etapa de la existencia.

En Colombia el 74 por ciento de los adultos mayores no tiene pensión y padece depresión. Según un estudio de la Universidad de La Sabana,  lo anterior deja en vilo a la mayoría de la población mayor, pues su falta de acceso al sistema pensional la convierte en una población vulnerable. De hecho, ya son vulnerables a varias enfermedades que requieren de un trato especial. Adicionalmente, al menos el 20 por ciento de los colombianos de 80 o más años de edad (unas 150.000 personas de esa edad, según las cuentas de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos), tiene que seguir trabajando porque no acumuló las 1.300 semanas de trabajo para pensionarse y no cuenta con ahorros o apoyo familiar para sobrevivir.

De otra parte, tener una menor población joven, pero con mayor acceso a la educación superior, plantea retos en el modelo educativo, así como en materia de oportunidades laborales dignas, las cuales deben responder a las nuevas necesidades de los jóvenes en cuanto a su preparación, expectativa de ingresos, calidad del trabajo y ubicación espacial. En 2018, el porcentaje de desocupación para las personas de 18 a 28 años, según el Dane, se situó en 17,7 por ciento; las estadísticas indican que las mujeres son quienes presentan un mayor índice de desocupación: el número de hombres jóvenes desocupados fue 13,7 por ciento, y para las mujeres del 23 por ciento. Adicionalmente, 29 por ciento de los jóvenes no estudian ni trabajan, esto es, los llamados Ninis


Los resultados permiten evidenciar que en gran parte la condición de discapacidad y dificultad para realizar ciertas actividades cotidianas está asociada con el fenómeno de envejecimiento, de hecho es la principal causa. El 7,1 por ciento de la población que respondió al censo dijo presentar alguna dificultad funcional para realizar sus actividades diarias. La prevalencia en los hombres es de 6,8 por ciento y en mujeres de 7,5.



Repoblamiento


Las ciudades y cabeceras municipales albergan cada vez un mayor volumen de habitantes. El 77,1 por ciento de los habitantes del país ocupan esas zonas, según el Dane, y si bien la diferencia no es mayor frente al 76 por ciento del 2005, es claro que se mantiene la migración interna de las zonas rurales y rurales dispersas hacia los centros urbanos en busca de mejores oportunidades educativas, sociales, económicas, laborales y de seguridad, lo que plantea, de una parte, la necesidad de apurar una reforma laboral que combata la informalidad y proporcione condiciones de oferta acorde a la nueva realidad del país y, de otra, aumentar la oferta de vivienda de interés social, en un marco de desarrollo urbano sostenible, incluyente, democrático y a escala humana. En las principales ciudades, laboran de manera precaria e informal más de 5 millones de personas.

Bogotá está a la cabeza del escalafón con el mayor número de pobladores, cerca de 7,2 millones. Le sigue Medellín, con 2,4 millones, mientras que Cali cuenta con 1’822.871 personas. En Bogotá, la población contada aumentó 5,6 por ciento, incremento que reporta el mayor aporte al aumento en la población censada en todo el país, pues pasó de 6,8 a 7,2 millones de habitantes contados.

Sin embargo, el Distrito Capital registra como una ciudad “altamente expulsora de población” hacia municipios aledaños como La Calera, Funza, Madrid, Cota, Chía, Zipaquirá, Cajicá, Mosquera, Tocancipá, Sopó y Gachancipá, considerados parte del área metropolitana de Bogotá y donde se evidencian crecimientos de la población de dos dígitos al comparar las cifras de 2005 con 2018. En efecto, la conurbanización2 de la “Gran Bogotá” recoge municipios como Soacha, Sibaté, La Calera, Fusa, Mosquera, Madrid, Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá y otros cuantos ubicados sobre la autopista Norte que son utilizados por miles de personas para pernoctar, pero trabajan en la capital; esta realidad se comprueba al detallar que el departamento de Cundinamarca ya tiene 2’792.877 de personas (cuando en 2005 apenas eran 2’280.037), la inmensa mayoría de las cuales se concentran en los pueblos conectados con el Distrito. Según cifras de la más reciente “Encuesta de Percepción Ciudadana de Sabana Centro Cómo Vamos”, 25 por ciento de las personas vivieron en Bogotá antes de llegar a la subregión, la mayoría se trasladaron, de hecho, por motivos laborales, económicos, ambientales, de movilidad, habitacionales y familiares.

En conjunto, el peso de las capitales dentro de la población censada en todo el país tuvo una pequeña reducción, pues pasó de 46,8 a 45,9 por ciento entre el 2005 y el 2018. Casi la totalidad de esa reducción se explica por el menor tamaño de la población de Cali, en donde se contaron 1,8 millones de personas, frente a 2,1 millones 13 años atrás. Entre tanto, en Cartagena se bajó de 895.000 personas contadas en el censo anterior a 888.000 el año pasado. Y en Pereira, de 428.000 a 410.000. En cambio, en Inírida, capital de Guainía, la población casi se duplica en 13 años, con un aumento de 92 por ciento; algo parecido ocurrió en Mitú, Vaupés, y Puerto Carreño, Vichada, con 63 y 53 por ciento (ver mapa).

 

 


Hogares y vivienda

El número de viviendas3 creció más rápido que el de los propios hogares4. Mientras que en estos 13 años los hogares aumentaron en 700.000 para sumar 14,2 millones en 2018, el número de viviendas se incrementó en 3,1 millones hasta alcanzar las 13,5 millones de unidades. Muchos hogares que habitaban en inquilinatos o en las casas paternas se fueron a vivir independientes y otros han decidido vivir solos, tendencia cultural y sociológica fuerte que se observa en las grandes ciudades y realidad que corresponde no sólo a jóvenes sino también a población adulta y vieja.

El 96,3 por ciento de todos esos hogares cuentan con servicio de energía eléctrica, 3 puntos porcentuales más que los del 2005. También ha aumentado el acceso al agua potable (86,4%) y al alcantarillado (76,6%), casi que en las mismas proporciones en estos 13 años. Pero el mayor avance ha sido en acceso al gas natural, pues hoy 7 de cada 10 hogares cuentan con este servicio, mientras que en 2005 eran solo 4 de cada 10, según el Dane, que también advirtió que el 81,6 por ciento de los hogares tienen acceso a la recolección de basuras y el 43,3 por ciento cuentan con internet.

Y si bien hoy siguen siendo más las familias que viven en casas (6 de cada 10), las que prefieren los apartamentos van en alza, pues mientras que en el 2005 cerca del 25 por ciento los habitaban, hoy esa cuota ronda el 33 por ciento. También es revelador el crecimiento de los hogares unipersonales, pues hoy son el 18,5 por ciento frente al 11,1 por ciento del 2005.


Mujeres y desigualdad social

Según el censo, el porcentaje de hogares encabezados por mujeres pasó en el período intercensal 2005-2018 de 29,9 a 40,7 por ciento, mientras la jefatura masculina disminuyó de 70,1 a 59,3 por ciento5. Esto quiere decir que cuatro de cada diez hogares están encabezados por mujeres, uno más que en 2005. Las mujeres tienen mayores niveles de alfabetización que los hombres; y las entidades territoriales con mayor proporción de mujeres son, a la vez, las que tienen niveles más altos de desarrollo (Gráficos 4 y 5).

 

Gráfico 4. Distribución de la población censada por sexo a nivel departamental, 2018

 

Gráfico 5. Empoderamiento de la mujer: jefatura de hogar según sexo



No obstante, el propio Dane ha establecido que las mujeres al frente de sus hogares viven en peores condiciones. La ECV registra que el 77,7 por ciento de ellas no tienen cónyuge, por lo tanto, no hay otro proveedor de ingresos para las familias y deben asumir las cargas domésticas y laborales al mismo tiempo, cosa que no suele suceder con la mayoría de hogares con jefatura masculina. Adicionalmente, en 2018 se encontró que la incidencia de la pobreza es más alta en los hogares con jefatura femenina, con 21,7 por ciento, frente al 18,5 en los de jefatura masculina.

Si bien las cifras indican que las mujeres están más educadas, la realidad es que se emplean menos que los hombres. Para el trimestre febrero-abril de 2019, la tasa de desempleo para las mujeres fue 14,0 por ciento y para los hombres 8,7 por ciento. A ello se suma la brecha salarial de 20 por ciento entre hombres y mujeres que cumplen las mismas funciones, según el Ministerio de Trabajo.

Las cifras del censo también revelaron que con un mayor nivel educativo se incrementa la edad promedio en que las mujeres están dispuestas a tener hijos; aquellas que tienen educación preescolar, primaria o ninguna, deciden ser madres a los 25 años, en promedio; esta edad va en aumento a medida que registran un mayor grado de escolaridad, con 29 y 31 años en niveles de formación superior o de posgrado. El número de nacimientos también registró cambios importantes en relación con el acceso a la educación: aquellas con pocos o nulos estudios tienen en promedio 3,5 hijos, mientras las que alcanzaron un posgrado tienen 1,5.

Si bien es indudable que las mujeres ocupan un papel protagónico en las dinámicas sociales y económicas del país, las cifras del Dane permiten concluir que las condiciones en que vive buena parte de esta población todavía distan de ser un ejemplo de empoderamiento femenino. Los avances en materia de alfabetización, equidad de género en las empresas o reducción en el número de hijos con relación al tipo de formación de la madre indican además que las mejoras todavía suelen ser para aquellas que están más preparadas o tienen los recursos para acceder a un tipo de vida distinto (Gráfico 6).

 

Gráfico 6. Alfabetismo por sexo


 
¿A qué se dedica la gente?


Los cambios demográficos y en la situación socio-económico de los hogares se reflejan en las conductas disruptivas en cuanto a la ocupación durante los últimos trece años. En 2018, la población que trabaja representa el 46,6 por ciento mientras que en 2005 era de apenas el 39,8. El 51 por ciento de la población se encuentra ocupada; por sexo, los hombres se encuentran ocupados en el 66,1 por ciento y las mujeres el 37,4. También se encuentra más proporción de gente buscando trabajo: 2,8 por ciento en 2005 y 5,4 en 2018. El porcentaje de población estudiando aumentó de 17,6 por ciento a 18,1 durante los últimos trece años. La población que se dedica a los oficios del hogar se redujo de 21,5 por ciento a 19,0 en el período intercensal. Otra expresión del proceso de envejecimiento de la población es el crecimiento relativo que registra la población jubilada: pasó de 2,3 por ciento en 2005 a 3,6 en 2018 (Gráfico 7).

 

Gráfico 7. Ocupación según principal actividad económica realizada la semana anterior

 



Por último, una vez que se tramite el proyecto de ley para oficializar las cifras del recién conocido Censo de Población y Vivienda 2018, las proyecciones que se estipularon en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque serán sujetas a revisión, tal y como se determina en las bases del mismo.



1    Lugar Especial de Alojamiento (LEA): Es una edificación o parte de ella en la cual habita un grupo de personas, generalmente no parientes, que participan de una vida en común por razones de procesos de rehabilitación, carcelaria, estudio, trabajo, culto religioso, hospitales, disciplina militar, labores administrativas, entre otras.
2    Una conurbación es una región que comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y otras áreas urbanas que, a través del crecimiento poblacional y su crecimiento físico, se fusionan.
3    Vivienda (Unidad de uso vivienda): Espacio independiente y separado, habitado o destinado para ser habitado por una o más personas. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, ascensores, patios). Las personas que habitan una unidad de vivienda no pueden ingresar a la misma a través de áreas de uso exclusivo de otras unidades de vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, entre otras. Separada, porque tiene paredes u otros elementos, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otros espacios.
4    Hogar: Es una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas. También constituyen un hogar las personas que se asocian para vivir bajo el mismo techo, aunque no compartan las comidas. Los empleados del servicio doméstico y sus familiares, los trabajadores y sus familiares forman parte del hogar siempre y cuando duerman en la misma vivienda donde trabajan.
5    Jefe o jefa de hogar: es el residente habitual que es reconocido por los demás miembros del hogar como jefe o jefa, teniendo en cuenta los siguientes criterios: la persona de mayor edad, el que mayor aporte económico le hace al hogar o el que goce de mayor respeto entre los miembros del hogar.
*    Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

Publicado enColombia
https://pacifista.tv/notas/cambie-el-cafe-por-la-hoja-de-coca-para-volverme-mas-productivo/

El título es evidentemente un homenaje a la obra, ya clásica, de don Fernando Ortiz1. La distancia es enorme, por supuesto, pero la alusión tiene, en este artículo, un propósito: contribuir a rescatar un enfoque socioeconómico que pueda ir más allá del tratamiento penal y policíaco que suele tener en Colombia el tema de la coca.

 

Aunque nos duela, la coca es una realidad innegable que tiene un peso considerable en la economía del país dentro de la cual establece numerosos vínculos: la compra de insumos para su producción, los pagos de remuneraciones a los trabajadores, la compra de bienes y servicios de consumo final por los hogares productores y las inversiones derivadas de estos ingresos. Por otra parte: uso de factores de producción provenientes del mercado nacional, ingresos distribuidos a los hogares residentes, flujos de contrabando que contribuyen al lavado de dinero y gastos en el país (consumo e inversión) por parte de dichos hogares, etc.

Y la comparación es del todo pertinente. Uno y otro son los productos agrícolas que más éxito han tenido en el mercado mundial. Cubren dos periodos sucesivos en nuestra historia económica; ambos han contribuido a edificar el orden rural; han sido determinantes en la política y forjadores de no pocos de nuestros rasgos culturales. A punto de terminar el segundo decenio del siglo XXI, la coca –ilegal– enfrenta una nueva ofensiva cuyas víctimas han de ser los campesinos, y el café – legal– vive la más profunda crisis económica desde los años noventa, con la previsible ruina de los campesinos.

La comparación aparece de cuando en cuando en los medios de comunicación, pero sólo en momentos de angustia. Por ejemplo, en El Tiempo del 13 de diciembre del año pasado podía leerse:
 
“La economía del narcotráfico movió incluso más dinero (equivalente al 5% del PIB) que sectores como el cafetero, que aportó el 1 por ciento el PIB del país el año pasado, según lo resaltó el Gobierno durante la presentación del nuevo plan integral de lucha contra las drogas al que llamó ‘Ruta Futuro”.2

El propósito escandaloso del redactor –y del Gobierno– es obvio. Se trataba de magnificar la “amenaza” en momentos en que arreciaban las presiones de los Estados Unidos. El último informe de la Unodoc3 (septiembre de 2018) señalaba que en el año 2017 se había alcanzado el mayor número de hectáreas cultivadas de todos los tiempos con un incremento de 17 por ciento respecto al año inmediatamente anterior. Pero las cifras del “volumen de negocios” que se le atribuyen al narcotráfico son puras conjeturas. Un año antes, exactamente, el gobierno recién posesionado de Duque advertía alarmado que representaba un 2 por ciento. Más nos valdría entonces tomárnoslo en serio, dejando de lado las manipulaciones políticas y las declaraciones de obediencia al amo del norte.



Algunos datos agregados sobre la economía de la coca



La investigación seria sobre la economía del narcotráfico tiene ya un cierto desarrollo en nuestro país, aunque no sea lo más publicitado. Y debe reconocerse que el Dane, en buena hora, supo desafiar el tabú y comenzó a calcular la producción de los cultivos llamados ilícitos (1994) y luego el valor agregado de las actividades de transformación para incorporarlo en las cuentas del PIB (especialmente, desde las de base 2005), si bien mediante un artilugio un tanto pudoroso que consistió en definir, para su registro, un “enclave” (“territorio virtual”) separado de la economía legal4. El Dane, desde luego, admite las dificultades para recabar la información y se limita a la producción, advirtiendo: “no se incluirá, en este ejercicio de medición económica, ni la comercialización de dichos productos ni los flujos de capital asociados, a pesar de su importancia, pero ateniéndose a reglas de prudencia”5.

Para empezar habría, pues, que aclarar que son varias las etapas, o eslabones, de la cadena de valor de la cocaína. Si hablamos de los ingresos o rentas de narcotráfico el mayor componente, desde luego, lo representa la exportación propiamente dicha.  Es el componente de más difícil cálculo. Podría deducirse de las toneladas producidas menos las incautadas, evaluadas a un precio promedio, pero no deja de ser una estimación arriesgada. Y esto, suponiendo que los traficantes colombianos no se encargan del transporte y distribución en el exterior. -el valor del producto total, desde un punto de vista mundial, es decir desde su salida del territorio hasta su distribución dentro de los países consumidores significa un cálculo de mayor complejidad y numerosos supuestos-.

Ahora bien, la estimación del ingreso neto de nuestros narcotraficantes, y de la parte que se reintroduce al país, que implicaría, entre otras cosas, una cuantificación del lavado de activos, implica una gran investigación. En fin, esto que se llama “el negocio del narcotráfico” no es para improvisar cifras, así sepamos con toda certeza que es un dinero que se irriga en todo el país y que, por cierto, se mueve dentro del sector financiero. En cambio, podemos tener algunos indicadores agregados más confiables en lo que se refiere a la producción en Colombia.

Las etapas básicas o eslabones son, entonces, los siguientes: i) cultivo y cosecha de la hoja de coca, ii) transformación primaria de la hoja en pasta y base de coca, iii) transformación en clorhidrato de cocaína, iv) tráfico mayorista del producto hacia las costas y fronteras nacionales. Una investigación al respecto que se hizo en 2010 y ha tenido merecido reconocimiento es la de Daniel Mejía y Daniel Rico de la U. de los Andes6. Los autores, con base en datos de 2008 concluyen que la producción y el tráfico de cocaína podían llegar, en conjunto, a 13.6 billones de pesos, es decir, un 2.3 por ciento del PIB. Y esto, suponiendo un total de 100.000 hectáreas cultivadas y una producción de clorhidrato de cocaína, para ese año, de 642 toneladas7. Curiosamente, en 2016, a pesar del crecimiento sostenido en el número de hectáreas cultivadas y en las toneladas de base producidas, que se inició en 2013 y tuvo un gran salto precisamente en ese año, se estaba estimando un valor de 10.3 billones de pesos es decir cerca del 1.2 por ciento del PIB8.



De la microeconomía a los territorios



Lo más interesante del estudio que se acaba de citar es, sin embargo, el cálculo de la distribución del valor agregado entre las diferentes etapas, a partir de un análisis detallado de diferentes escenarios de producción y transformación. Se demuestra allí, de manera contundente, que a la etapa del tráfico le corresponde el 71 por ciento, mientras que a la producción de la hoja tan sólo el 9 por ciento. (Ver Tabla). Téngase en cuenta que en esta etapa se calcula que estarían involucradas unas 166.000 familias.  

Distribución del valor agregado, 2008

Etapa Pesos Porcentaje
Tráfico de cocaína 9.6 billones 71
Cocaína 2.0 billones15
Base de coca0.8 billones5
Hoja de coca 1.2 billones9
 13.6 billones100


Fuente: Mejía, D. y D. Rico, “La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia”.

Es un enfoque que se utiliza desde entonces en diferentes estudios. Cabe destacar que el Informe anual de Unodoc ofrece una rica información con un detalle similar, con la particularidad de que profundiza en el análisis del impacto territorial. En el Informe correspondiente a 2017, publicado en septiembre de 2018, se presentan algunas particularidades además de la continuación del crecimiento en el número de hectáreas sembradas y en la cantidad de cocaína la cual alcanzaría un total de 1.379 toneladas9. Algunas son las siguientes: los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca muestran el mayor aumento en el área de cultivo, pero el departamento de Nariño y el municipio de Tumaco continúan siendo las zonas con más coca en el país. La concentración territorial sigue siendo evidente; el 44 por ciento de la coca se produce en diez municipios.

En cuanto a la dinámica, la verdad es que el 80 por ciento de la coca se encuentra en las mismas zonas en las que ha estado durante los últimos 10 años. Si bien el 34 por ciento está en áreas que en 2014 eran bosque no puede asociarse directamente con una deforestación pues no se descarta que el territorio haya tenido otros usos previamente. El 33 por ciento de los cultivos de coca se ubica en zonas a más de 10 kilómetros de centros poblados y el 16 por ciento de la coca está a menos de 10 kilómetros de una frontera. Las fronteras con Venezuela y Ecuador son las más afectadas.

Como era de suponerse, el crecimiento de la oferta acarrea un descenso de los precios, aunque el propio Informe sugiere otras causas que operarían de manera diferente según regiones. En todo caso, en promedios, de un año a otro, según este reporte, los precios de la hoja de coca fresca, la pasta básica y el clorhidrato de cocaína cayeron 28, 14 y 11 por ciento, respectivamente.

Aquí habría que tener en cuenta algunas variaciones en el esquema de los negocios. En relación con las primeras etapas de producción y transformación, el informe sostiene que hoy en día es mayor la proporción de productores que adelantan la transformación (pasta básica) en la propia finca. La producción de la base (a veces no es fácil establecer la diferencia) de todas maneras se hace en la misma zona, con lo cual queda la duda de si más bien existen intermediarios locales (vecinos) que se encargan de la transformación básica, es decir que los ingresos que llegan a los cultivadores propiamente serían cada vez menores. No sorprendería que fuese mucho menos que el 9 por ciento que se había estimado. También se registra un incremento del número de hogares aunque, a diferencia del cálculo de Mejía de diez años antes, la estimación aquí no supera las 120.000 familias. Por último ha de mencionarse que, al parecer, ha habido un cambio en la variedad y dinámica de los compradores de la base con la que se abastecen los laboratorios que son de diversos tipos, repartidos en todo el territorio e incluso en otros países. Se destaca el caso de mafias extranjeras que compran directamente la base.



La transparencia de la información cafetera

Los datos básicos referentes al sector cafetero son bien conocidos y solamente vamos a recordar algunos, a título de comparación.

(Año/sept) Área cultivada (Miles de Has.) Valor de la producción (Billones de pesos)
2016931,75 7.1
2017 903,957.5
2018 877,146.2

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros.



Así, el cálculo de la producción nos llevaría a una participación en el PIB que estaría alrededor de 0.7 por ciento. El valor del “negocio” en su conjunto es, por supuesto, mayor que el de la producción. Contempla las actividades del procesamiento, de la exportación y la comercialización para consumo interno. Teniendo en cuenta que la institucionalidad cafetera asegura la compra del café a los productores a un precio de garantía (a veces con subsidio estatal), al igual que asistencia técnica, incluida la renovación de los cafetos y el desarrollo de nuevas variedades. Obviamente, si se quiere comparar de manera rigurosa con el PIB, habría que deducir el valor agregado en cada etapa. En todo caso, no hay muchas cosas ocultas en esta información.

Para lo que nos ocupa, es interesante resaltar que generalmente se habla de un número aproximado de 500.000 familias involucradas en las actividades del sector. En cuanto a la distribución territorial de los cultivos, el contraste con la coca es ostensible. Se encuentra en diez departamentos, pudiendo exceptuarse por su escasa representatividad Bolívar, Caquetá, Casanare, Chocó, Guajira, Meta y hasta hace poco Putumayo. El eje tradicional, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle representa todavía el 54 por ciento del área cultivada. Y se destacan por su avance en los últimos diez años Huila, Cauca y Nariño, al contrario de Cundinamarca y Norte de Santander que son cafeteros pero pierden importancia en el mismo periodo.


Como se ve, pudiera decirse que los territorios cafeteros no coinciden con los de la coca, con algunas notables excepciones. Lo más significativo, sin embargo, consiste en que mientras las zonas cafeteras se articulan a centros urbanos de mediana y gran importancia y cuentan con vías de transporte (a pesar de las múltiples quejas de los últimos tiempos) lo mismo que con infraestructuras de servicios públicos, las zonas coqueras, como se señaló anteriormente, se definen precisamente por su existencia marginal. Es por eso que la incidencia de la pobreza, o mejor, la miseria, en estas últimas, es enorme y persistente.



Una conclusión preliminar


Son dos caras contrapuestas de nuestro mundo rural. Dos historias casi gemelas pero de signo contrario. El mismo modelo de monocultivo para la exportación ha llevado a resultados socioeconómicos contrapuestos. Pero no se crea que depende exclusivamente de la disyuntiva legalidad-ilegalidad. La historia del café (y la colonización asociada) difícilmente puede repetirse en espacios y tiempos diferentes. Las condiciones con que hoy cuenta son el resultado de esta larga historia. Sin embargo, la legalización probablemente llevaría al fin de la agricultura cocalera porque es el sobreprecio de la ilegalidad el que asegura su viabilidad.
Por ello, en las condiciones que tienen actualmente, es casi imposible encontrar otro monocultivo de exportación que pudiera desarrollarse en esos territorios. Ni siquiera el café. Es por eso ilusorio el intercambio que parecería encontrarse en las notables excepciones mencionadas antes. Es cierto que en algunos programas de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos los campesinos han recurrido al café, como en el Putumayo, pero también se ha denunciado que, ante la crisis, producida el año pasado por el descenso del precio mundial, hay cafeteros que han decidido cambiarse a la coca, particularmente en el norte del Cauca y el sur del Valle10.   

La verdad es que el café se encuentra hoy en día en una encrucijada difícil de superar. Es la característica de este tipo de productos cuya dependencia del mercado mundial los hace particularmente vulnerables a fluctuaciones, agudas e imprevisibles, con funestas implicaciones económicas y sociales. La única solución, en ambos casos, sólo puede resultar de una transformación radical de la economía agraria y el mundo rural.

1    Ortiz, F. “Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar” (1940) Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela, 1987
2    El Tiempo, 13 de diciembre, 2018. Consultado, 9 de julio de 2019 en mwww.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/ingresos-del-narcotrafico
3    Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
4    Dane, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, “Enclave: cultivos ilícitos fases agrícola e industrial. Base 2005 serie 2000-2010pr” Octubre de 2011, Bogotá.
5    Ibídem., p. 5.
6    Mejía, D. y D. Rico, “La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia” En: “Drogas ilícitas en Colombia”. Cede, U. de los Andes. Bogotá, 2010
7    Los autores toman en cuenta los datos presentados por la Unodoc pero también las de la Oficina Nacional del Control de Drogas de los Estados Unidos (Ondcp) que siempre difieren tanto en número de hectáreas como en productividad estimada y número de toneladas de coca. Por ejemplo en el último Reporte, correspondiente a 2017, UNODOC registra 171.000 hectáreas sembradas y ONDCP, 209.000 hectáreas.
8    La República, 15 de septiembre de 2017. Consultado el 9 de julio de 2019 www.larepublica.co/economia/el-negocio-del-narcotrafico. La noticia se apoya en estimaciones del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes.  
9    Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia (Simci) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC). Informe de Monitoreo, 2017. Bogotá, 2018
10    Declaraciones del gerente de la Federación de Cafeteros, Portafolio, septiembre 18 de 2018 www.portafolio.co/economia/bajos-precios-del-cafe-llevan-a-algunos-agricultores-a-sembrar-coca-521276. Consultado el 9 de julio de 2019

 

 

Publicado enColombia
Cuba impone un plan de control de precios en plena crisis

 

Cuba ha impuesto este martes un plan de control general de precios a todas las empresas estatales y privadas en medio de una crisis económica cada vez más profunda y del aumento de las sanciones de Estados Unidos. Las nuevas medidas prohíben la subida de precios en el comercio minorista y al por mayor, excepto para productos importados y distribuidos por el Estado, donde los márgenes de beneficio ya establecidos no se pueden aumentar.

“En efecto, han suspendido lo que quedaba de libre mercado”, aseguró un economista, que pidió no ser identificado debido a las restricciones para hablar con periodistas extranjeros. Aunque las empresas estatales dominan la economía, las reformas llevadas a cabo en los últimos años han propiciado un crecimiento del sector privado, principalmente, de cooperativas, agricultores, pequeñas empresas y trabajadores independientes como los taxistas.

El Ministerio de Finanzas y Precios cubano enumeró todos los actores del conocido como sector no estatal para decir que “no pueden aumentar precios y tarifas actuales de productos y servicios”. El presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, anunció a principios de mes una batería de medidas de emergencia para combatir el estancamiento de la economía y frenar la caída de ingresos en divisas iniciada en 2015, a medida que la crisis de Venezuela, su aliado más estrecho, empeoraba. La mala dinámica de la economía cubana se ha visto agravada por las sanciones estadounidenses.

Las medidas incluían un aumento de salarios y pensiones para más de dos millones de empleados estatales, lo que elevaba la factura anual a 8.000 millones de pesos cubanos (idéntica cantidad en dólares), casi el 13% del presupuesto de este año. Díaz-Canel afirmó que otras medidas, que están aún por anunciarse, incluyen controles de precios y políticas destinadas a estimular la producción local para cumplir con el aumento de la demanda de consumo sin provocar inflación. Como otros propietarios de pequeñas empresas, Manuel Rodríguez, dueño de una cafetería en La Habana, asegura que no tenía problemas con los controles si el Estado y la economía sumergida lo respetan, cosa que duda.

Andrew Zimbalist, economista especializado en Cuba del Smith College de Estados Unidos, ve este tipo de medidas "aceptables durante períodos cortos de tiempo". Pero si se vuelven permanentes, agrega, "comienzan a crear serias distorsiones en la economía". En opinión de Pavel Vidal, ex economista del Banco Central de Cuba, "cuanto más controlan los precios en los mercados formales, más inflación e inestabilidad habrá en los mercados informales".

Reuters

La Habana 30 JUL 2019 - 15:47 COT

Publicado enInternacional
Martes, 30 Julio 2019 10:36

La clase media no va al paraiso

La clase media no va al paraiso

La clase media, si alguna vez existió hoy desaparece en medio de salarios reducidos, macdonalización, sociedad de bajo coste y fabricación de seres endeudados. Esta es la realidad de las multitudes uniformadas.

 

“Nunca pienso que la gente muere.
Sólo que va a grandes almacenes”
Andy Warhol


A comienzos del mes de mayo de éste año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) lanzaba un SOS por la “clase media” de los países desarrollados. En el documento titulado Bajo presión: la clase media exprimida, remarcaba alarmada que en las tres últimas décadas los ingresos de los grupos medios crecieron un tercio menos que los ingresos del diez por ciento de los más adinerados, revelando que la inquietud surge del rápido retroceso de los ubicados en la mitad respecto de las cúpulas.

La preocupación, sin embargo, no es asunto nuevo en las altas esferas como quiera que en enero de 2009, el entonces recién posesionado presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba la creación del “Grupo de trabajo para la clase media” que, según él, era el colectivo perdedor en los últimos años y al que por el bien de su país, y del mundo, le debían ser devueltas las condiciones que le garantizaran su continuidad como sostén básico del consumo, y encarnación más sentida de los valores del “sueño americano”.

Más adelante, en diciembre de 2016, el mismísimo FMI, en un artículo firmado por el economista senior Ali Alichi, mostraba preocupación por la contracción sufrida por la clase media, pues en el último medio siglo habría sido reducida en once puntos porcentuales. Y, en nuestro entorno, finalizando el mes de mayo de este año, el ultraliberal Sebastián Piñera, actual presidente de Chile, presentó el programa “Clase media protegida”. ¿Qué esconde tanta preocupación? ¿Quiénes componen, en realidad, el grupo que políticos y teóricos convencionales dicen considerar en esa categoría? ¿Qué del funcionamiento del sistema realmente amenaza la supuesta desaparición de la llamada clase media?
La caracterización general de lo que significa “clase media” –ni pobres ni ricos– ha sido siempre controversial, y es aceptado que su definición es bastante subjetiva y ad hoc, en la medida que sus fronteras son borrosas y quedan al capricho de quién las establece.  La Ocde define como de clase media a los hogares cuyos ingresos están entre el 75 y el 200 por ciento de la media del ingreso nacional, en un intervalo cuyos límites no están soportados en parámetros concretos, y en los que, por ser el valor superior 300 por ciento mayor que el límite inferior, ya debería llamar a sospecha.

El termino fue acuñado por el sociólogo norteamericano Richard Wrigth Mills en su obra Las clases medias en Norteamérica (White-Collar), en la que daba cuenta de la profundización de la división del trabajo y la maquinización en oficinas y comercios a principios del siglo XX, lugares predominantes de los trabajadores de “cuello blanco”, y núcleo de lo que denominó cómo clase media. Nacía así una separación teórica de los asalariados, cuya gelatinosa correspondencia con la realidad ha tenido efectos sociales y políticos que han limitado una acción conjunta de grupos separados por diferencias marginales y que, sin lugar a dudas, más allá de tales diferencias, están arrinconados en la estrecha parcela de la subordinación.



Clases sociales y normas de apropiación

Cuando surge el tema de las clases sociales, la atención es dirigida, de forma casi automática, hacía los planteamientos marxistas, obviándose que el concepto emerge junto con la economía política y que son los fisiócratas los primeros que lo plantean. En efecto, fue François Quesnay quien, sobre la base de la función económica de los individuos formuló, ya en el siglo XVIII, la categorización de la sociedad en tres clases: productiva, estéril y  de propietarios (terratenientes). La productiva correspondía al conjunto de agentes de la agricultura –excluidos los dueños de la tierra– pues afirmaba que tan sólo allí las sociedades generan excedente material; estériles eran los productores de las manufacturas pues, en el mejor de los casos, entregan tanta materia en los productos como la que reciben en lo insumos, y, por último, los terratenientes que no tienen una función productiva, propiamente dicha, y por su parasitismo debían ser los únicos pagadores de impuestos. Esta clasificación surge asociada a la primera modelización de la circulación y distribución de la riqueza –La Tabla Económica– que hubiera sido imposible sin la agrupación de los individuos en categorías a las que pudiera asignárseles un flujo de ingreso derivado de su función en el sistema económico. Por primera vez, no era el origen de sangre ni la herencia las que definían en el imaginario la posición social.

Posteriormente, Adam Smith y David Ricardo corrigen la categorización, al comprender que la relación funcional en el sistema económico está definida por el recurso productivo apropiado, y reformulan las categorías en capitalistas (dueños de los factores de la producción materiales diferentes a la tierra), los rentistas (dueños de los inmuebles) y los trabajadores (vendedores de fuerza de trabajo, como asalariados). Clasificación también surgida de la necesidad de descubrir las fuerzas que rigen los montos de los ingresos que perciben los diferentes agentes económicos y que dio origen a la categorización de esos ingresos en ganancias, rentas y salarios, correspondientes a las tres clases.

Pues bien, el origen del concepto no tiene ninguna intencionalidad ideológica, como puede verse, y como quieren hacerlo creer los que buscan suprimirlo, por el interés de ocultar la realidad de las leyes sociales que rigen la apropiación del producto. El mayor alcance explicativo que le da Marx, no modifica la estructura formulada por Smith y Ricardo, y en el truncado capítulo cincuenta y dos de El capital –de tan sólo dos páginas–, y último de esa obra, cuando Marx pregunta por “¿qué es una clase?”, al responderse dice que surge de “la identidad de sus fuentes de ingresos” y reconoce que, en ese sentido, cualquiera de las clases podría subdividirse, pues en el sector rural, por ejemplo, sería posible hablar de terratenientes “propietarios de viñedos”, “propietarios de bosques”, etcétera, pero que esto no altera los argumentos centrales, esto es, que los ingresos están enmarcados en las luchas generadas entre los agentes económicos propietarios de los diferentes factores de la producción, y en el que la mercantilización de la fuerza de trabajo enmarca a los trabajadores directos en unas condiciones sociales, que hace de su sinergia la fuerza que define su participación en el producto social.  

   

Funcionariado y clase media: los trabajadores de “cuello blanco”

El paso, a finales del siglo XIX, de la empresa “marshalliana” –con una sola función y generalmente dirigida por una familia propietaria– a las grandes compañías multidivisionales, muchas con carácter multinacional, condujo a una extensión del trabajo administrativo y de las funciones del control nunca antes vistas. El correspondiente crecimiento del Estado y de sus funciones regulativas daría lugar al aumento de la importancia tanto cuantitativa como social y política de lo que Alfred Weber denominaría genéricamente como “burocracia”. El funcionario, como agente central de las organizaciones públicas y privadas, será el corazón de la denominada «clase media»: “Los «funcionarios» forman el cuadro administrativo típico de las asociaciones racionales, sean estas políticas, hierocráticas, económicas (especialmente capitalistas) o de otra clase”1, dirá Weber en una sentencia que muestra la naciente importancia, en el mundo de los asalariados, de un grupo asociado a labores de dirección y control.

Los trabajos de Henry Fayol, en los que el autoritarismo al interior de las empresas será ponderado como un principio central de la administración, y en los que la disciplina y el control son convertidos en más efectivos si dependen de una cadena de mando jerarquizada –análoga en verticalidad a la de la organización militar–, indican ya que la división del trabajo en el área administrativa va más allá de la eficiencia y la eficacia, y que también está diseñada para contener los mecanismos simbólicos y materiales del poder y la intimidación. La división entre trabajadores de “cuello blanco” («empleados») y de “cuello azul” («obreros»), esto es, entre “trabajo cognitivo” y “trabajo manual” adquiere la dimensión suficiente para velar las condiciones de vendedores de fuerza de trabajo de los funcionarios, y erige una barrera que ha impedido que los asignados a tareas de diseño y control, en la producción de bienes y servicios, puedan identificarse y reclamar conjuntamente por sus derechos, con aquellos destinados a la ejecución de los procesos. Fayol cumplió en el área administrativa el papel que Taylor, y en general la “Organización Científica del Trabajo”, habían realizado en el campo de las labores manuales: despojar al trabajador de su autonomía y su identidad.

Charles Wright Mills, comenzando la segunda mitad del siglo XX, da cuenta de la extensión alcanzada por el sistema burocrático y cómo había permeado todos los campos de la sociedad, pero, así también, llama la atención sobre la mecanización y precarización que entre el funcionariado empezaba a generalizarse: “La introducción de la maquinaria de oficina y de los planes de venta ha ido mecanizando la oficina y la tienda, los dos grandes locales donde tiene lugar el trabajo del white-collar […]. La demiurgia directiva está constantemente promoviendo todas estas tendencias: mecanización, división más minuciosa del trabajo, empleo de trabajadores menos preparados y más baratos”2.

De esa manera, la tarea de la uniformidad de condiciones, y la formación de una gran masa homogénea de productores-consumidores, alimentan de forma cada vez más intensa la gran máquina devoradora de recursos usados en la reproducción de mercancías indiferenciadas –multiplicadas ad náuseam–, acelerando su marcha hasta el extremo que hoy nos tiene al borde del colapso ambiental y social. La automatización de las labores y la necesidad de la homogeneización del consumo, para la masificación de su producción, empezaban a mostrarse como la base de la igualación y la uniformización por lo bajo, de la sociedad.



El punto de quiebre


Desde el último cuarto del siglo XX, es innegable la tendencia del predominio del sector servicios, tanto en el número de trabajadores como en su valor en la contabilidad nacional, así como la presencia cada vez más generalizada de la robotización en los talleres. Esto ha traído como consecuencia la reducción sustancial del músculo en la fabricación de bienes y la indiferenciación entre las labores directas en la fabricación y las indirectas en las “oficinas”, aplanando las singularidades que separaban trabajadores de “cuello blanco” de “trabajadores de “cuello azul”: “El primer grado, y a veces el aplicado primero en las oficinas, es el de la D-AC: diseño con ayuda de computadora. Luego vienen las diferentes dimensiones  de la C-aC, Concepción con Ayuda de Computadora, culminando todo en formas que mezclan tareas de concepción y de fabricación, o más exactamente que integran funciones de oficina y el taller”3. Lo que no significa que en la dirección los Oficiales Ejecutivos en Jefe (más conocidos como CEO por las siglas en inglés), y algunos profesionales de la concepción y el diseño no sigan separados de la gran masa; por lo contrario, han sido convertidos en parte de la élite, y conforman con ésta un grupo cada vez más reducido que, en sentido estricto, como veremos, no pueden considerarse asalariados, y cuyos patrones de consumo los acercan al sector más privilegiado.
 
Pierre Bourdieu señala cómo desde los inicios de la sociología, la definición de clases sociales no indica lo mismo que categoría social en el sentido de estatus, “Por eso, como observa Max Weber, «podría decirse, a costa de una excesiva simplificación, que las clases se distinguen según su relación con la producción y la adquisición de bienes, y los grupos de status, en cambio, según los principios de su consumo de los bienes, representado por tipos específicos de estilos de vida»”4. Es, en ese estricto sentido, que acá negamos la existencia de una “clase” media, sin deconocer qué durante varias décadas, trabajadores de “cuello blanco”, incluyendo algunos trabajadores independientes y pequeños empresarios, han constituido un grupo de estatus subsumido integralmente en las normas del orden burgués y defensor, en la primera línea, del mundo del capital.

Pues bien, la automatización señalada tanto en las labores de ejecución, como en las de diseño y control, no sólo ha uniformado, en buena medida los movimientos requeridos para las diferentes tareas, sino que los ha simplificado provocando la depreciación del salario que ha ido igualándose por lo bajo. La homogeneización de los consumos es tanto el efecto de la igualación precarizada de los ingresos como de la masificación de la producción de los bienes y servicios más comunes, que tiene en la uniformidad de los gustos y los comportamientos una garantía de demandas en gran escala, así como la seguridad de la mecanización de reacciones y comportamientos que garantizan la estabilidad del sistema.

En esta medida, la macdonalización de la que habla George Ritzer, no es otra cosa que la manifestación sociológica del sacrificio de la libertad en aras de la seguridad: “McDonald’s nos ofrece aquello que es previsible. Sabemos que el Huevo McMuffin que tomaremos en Nueva York, lo miremos por donde lo miremos, será idéntico al que hemos comido en Chicago o en Los Ángeles. También sabemos que el que pediremos la semana o el año que viene será idéntico al que hemos comido hoy. Reconforta saber que McDonald’s no nos brinda sorpresas, es decir, que la comida que tomamos en un determinado momento o lugar es idéntica a la que comemos en otro sitio o a otra hora […]. El éxito del modelo McDonald’s indica que mucha gente ha empezado a desear un mundo sin sorpresas”5.
Pero, lo que no debemos olvidar, es que el arquetipo McDonald’s no fue más que el anticipo de lo que a finales del siglo XX, y en lo corrido del XXI, quedaría consolidado como el modelo de la “sociedad de bajo coste”, expresión acuñada por Massimo Gaggi y Edoardo Narduzzi, en el libro titulado El fin de la clase media y el nacimiento de la sociedad de bajo coste6.

El fenómeno del bajo coste (quizá más conocido por su expresión en inglés, low cost) aparece a finales de la década de 1990 en ciertas ofertas de los pasajes aéreos, que es completada masivamente por las ofertas de productos de precios bajos en almacenes como Wal-Mart, que aprovechan los artículos de imitación chinos y la desregulación laboral en sus tiendas. Ropa como la de Zara y los muebles modulares de Ikea, cuyas ofertas están inscritas en el principio de baratas y a la moda (“cheap and chic”), intentando conjugar precios bajos con un mensaje de sofisticación en el consumo, que ahora no está apoyado en la particularidad sino tan sólo en el símbolo de lo que es actual, así su uso sea masivo.

En esta dinámica social, a la precarización de los salarios la acompaña la masificación de los consumos, eliminando la línea de demarcación que hacía de la clase media un grupo de status. La base material y social que marca el “declive” de la clase media indica que revertir la situación no es un asunto de buena voluntad de las políticas públicas, sino de la lucha del conjunto de los asalariados que más que de cuello azul o blanco, parecen todos teñidos de un gris lánguido.

La diferencia salarial entre los directivos de las empresas –que no son dueños– y el promedio de los trabajadores, según el Economic Policy Institute, pasó de una relación 20 a 1 en los años sesenta del siglo pasado, a 300 a 1 como promedio en la actualidad, llegando a ser de 700 a 1 en las empresas más grandes. Esto, entonces, excluye de la clase social de los asalariados a los directivos situados en la cúpula –igual que deben ser excluidos las estrellas del deporte y el espectáculo–, pues no están sujetos a la ley descubierta por la economía política que indica que un asalariado, en sentido estricto, está sujeto a regresar periódica y sistemáticamente al proceso de venta de su fuerza de trabajo en el mercado para poder sobrevivir, en razón de que la lucha entre el trabajo y el capital de un lado, y la competencia entre trabajadores, del otro, nivela el salario al valor de sus medios de subsistencia, en una puja cuyo resultado estructural Adam Smith denominó “ley de hierro de los salarios”.

Así, que más allá de las diferencias cada vez más pequeñas entre trabajadores asalariados, por la mayor simplicidad o complejidad de sus tareas, no hay duda que la mayor parte de la llamada “clase media” siempre ha sido, y es hoy más que nunca, en sentido estricto, asalariada. Quizá, lo positivo de que la realidad los haya “des-estatuido”, es que por fin reconozcan sin ambigüedades su verdadera condición al interior del sistema y, en consecuencia, acentúen de forma masiva sus luchas contra el capital.



Engaños y endeudamiento


Cuando el Dane definió como miembros de la clase media colombiana a quienes ganaban entre $450.000 y $2.250.000 al mes, provocó hilaridad generalizada. Sus defensores, entonces, argumentaron que la institución tan sólo aplicaba los criterios internacionales para esa definición, sin obviamente recabar en que tal aplicación, en un país con un ingreso promedio tan bajo, hacía de la definición una caricatura sin sentido. Pues, así numéricamente se esté en la mitad, ese ingreso no permite el nivel de consumo que la sociología otorga al estatus de “clase media”.

En esta senda, las cifras entregadas al público por Planeación Nacional afirman que la clase media pasó del 16,3 por ciento de la población en 2002 a 30,6 por ciento en 2016, y alborozadamente indican que en el 2030 más del 60 por ciento de las personas estarán en esa categoría, en un cuento que no es coincidente con las mediocres cifras del comportamiento del PIB per cápita. Ahora, si el criterio sostenido para esa definición es el rango establecido por las entidades multilaterales, y el parámetro del rango es el ingreso promedio, es claro que aun manteniendo todo constante, si baja el promedio, al bajar el piso del rango incluimos más personas en la categoría, por ser numéricamente mayores las familias de bajos ingresos. Seguramente nuestros genios de la economía, amparados en esa lógica, no demoraran en recomendar disminuir el salario medio para incluir más personas como de la clase media.

Según la Encuesta nacional de calidad de vida, los hogares con automóvil propio en Colombia son tan sólo el diez por ciento y, cómo es sabido, este es un símbolo inequívoco de pertenencia a los grupos sociales medios. El otro “consumo conspicuo” que supuestamente distingue a la clase media, los estudios superiores, es otra cifra que niega las afirmaciones oficiales, pues tan sólo el 35 por ciento de los estudiantes que acaba el bachillerato acceden, de forma inmediata a la universidad, con una probabilidad de ingreso para los quintiles intermedios de tan sólo el 23 por ciento, según el Banco Mundial. De los estudiantes que ingresan apenas el 35 por ciento culmina con la graduación, lo que significa que únicamente un 13 por ciento de los que culminan el bachillerato alcanzan un título profesional.

Colombia también ha entrado en la etapa de endéudate y estudia. El Icetex en el año 2000 otorgó créditos al 5,3 por ciento del total de matriculados en las instituciones de educación superior, y en el 2015 ese porcentaje fue del 21 por ciento. Lo qué sumado a los préstamos estudiantiles de la banca privada, acerca el porcentaje de estudiantes endeudados al 50 por ciento de la matrícula total, ¿esa es la forma de ingresar a la clase media?

El endeudamiento es la forma más perversa de la precarización, y cómo sostiene Mauricio Lazzarato “En tanto que la economía real empobrece a los gobernados en cuanto «asalariados» (congelamiento salarial, precarización, etcétera) y beneficiarios de derechos sociales (reducción de las transferencias de ingresos, disminución de los servicios públicos, de los subsidios de desempleo y de las becas estudiantiles, etcétera), las finanzas pretenden enriquecerlos a través del crédito y el accionariado […]; nada de derecho a la vivienda, sino créditos inmobiliarios; nada de derecho a la escolarización, sino préstamos para pagar los estudios; nada de mutualización contra los riesgos (desempleo, salud, jubilación, etcétera), sino inversión en seguros individuales”7.

Salarios reducidos, macdonalización, sociedad de bajo coste y fabricación de seres endeudados es la realidad de las multitudes uniformadas. Reconocerse como asalariados, con todas las implicaciones y el acumulado de su historia, y contracara del capital, debe ser el paso inmediato que lleve a los trabajadores a buscar la luz al otro lado del túnel.



1    Max Weber, Economía y sociedad, Volumen I, Capítulo 3, F.C.E, p. 175.
2    C. Wright Mills, Las Clases Medias en Norteamérica (White-collar), Aguilar ediciones, p. 290.
3    Benjamín Coriat, El taller y el Robot: Ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la era de la electrónica, Siglo XXI editores, p. 58.
4    Pierre Bourdieu, “Condición de clase y posición de clase”, Revista Colombiana de Sociología, Vol VII No. 1 2002 (pp. 119-141) p. 132.
5    George Ritzer, La McDonalización de la Sociedad Un análisis de la racionalización en la vida cotidiana, EditorialAriel, Barcelona, p. 25.
6    Gaggi, Massimo y Narduzzi, Edoardo, Ediciones Lengua de Trapo, Madrid, 2006.
7    Mauricio Lazzarato, La fábrica del hombre endeudado, ensayo sobre la condición neoliberal, Amorrortu editores, p. 127.

Publicado enEdición Nº259
https://pacifista.tv/notas/cambie-el-cafe-por-la-hoja-de-coca-para-volverme-mas-productivo/

El título es evidentemente un homenaje a la obra, ya clásica, de don Fernando Ortiz1. La distancia es enorme, por supuesto, pero la alusión tiene, en este artículo, un propósito: contribuir a rescatar un enfoque socioeconómico que pueda ir más allá del tratamiento penal y policíaco que suele tener en Colombia el tema de la coca.

 

Aunque nos duela, la coca es una realidad innegable que tiene un peso considerable en la economía del país dentro de la cual establece numerosos vínculos: la compra de insumos para su producción, los pagos de remuneraciones a los trabajadores, la compra de bienes y servicios de consumo final por los hogares productores y las inversiones derivadas de estos ingresos. Por otra parte: uso de factores de producción provenientes del mercado nacional, ingresos distribuidos a los hogares residentes, flujos de contrabando que contribuyen al lavado de dinero y gastos en el país (consumo e inversión) por parte de dichos hogares, etc.

Y la comparación es del todo pertinente. Uno y otro son los productos agrícolas que más éxito han tenido en el mercado mundial. Cubren dos periodos sucesivos en nuestra historia económica; ambos han contribuido a edificar el orden rural; han sido determinantes en la política y forjadores de no pocos de nuestros rasgos culturales. A punto de terminar el segundo decenio del siglo XXI, la coca –ilegal– enfrenta una nueva ofensiva cuyas víctimas han de ser los campesinos, y el café – legal– vive la más profunda crisis económica desde los años noventa, con la previsible ruina de los campesinos.

La comparación aparece de cuando en cuando en los medios de comunicación, pero sólo en momentos de angustia. Por ejemplo, en El Tiempo del 13 de diciembre del año pasado podía leerse:
 
“La economía del narcotráfico movió incluso más dinero (equivalente al 5% del PIB) que sectores como el cafetero, que aportó el 1 por ciento el PIB del país el año pasado, según lo resaltó el Gobierno durante la presentación del nuevo plan integral de lucha contra las drogas al que llamó ‘Ruta Futuro”.2

El propósito escandaloso del redactor –y del Gobierno– es obvio. Se trataba de magnificar la “amenaza” en momentos en que arreciaban las presiones de los Estados Unidos. El último informe de la Unodoc3 (septiembre de 2018) señalaba que en el año 2017 se había alcanzado el mayor número de hectáreas cultivadas de todos los tiempos con un incremento de 17 por ciento respecto al año inmediatamente anterior. Pero las cifras del “volumen de negocios” que se le atribuyen al narcotráfico son puras conjeturas. Un año antes, exactamente, el gobierno recién posesionado de Duque advertía alarmado que representaba un 2 por ciento. Más nos valdría entonces tomárnoslo en serio, dejando de lado las manipulaciones políticas y las declaraciones de obediencia al amo del norte.



Algunos datos agregados sobre la economía de la coca



La investigación seria sobre la economía del narcotráfico tiene ya un cierto desarrollo en nuestro país, aunque no sea lo más publicitado. Y debe reconocerse que el Dane, en buena hora, supo desafiar el tabú y comenzó a calcular la producción de los cultivos llamados ilícitos (1994) y luego el valor agregado de las actividades de transformación para incorporarlo en las cuentas del PIB (especialmente, desde las de base 2005), si bien mediante un artilugio un tanto pudoroso que consistió en definir, para su registro, un “enclave” (“territorio virtual”) separado de la economía legal4. El Dane, desde luego, admite las dificultades para recabar la información y se limita a la producción, advirtiendo: “no se incluirá, en este ejercicio de medición económica, ni la comercialización de dichos productos ni los flujos de capital asociados, a pesar de su importancia, pero ateniéndose a reglas de prudencia”5.

Para empezar habría, pues, que aclarar que son varias las etapas, o eslabones, de la cadena de valor de la cocaína. Si hablamos de los ingresos o rentas de narcotráfico el mayor componente, desde luego, lo representa la exportación propiamente dicha.  Es el componente de más difícil cálculo. Podría deducirse de las toneladas producidas menos las incautadas, evaluadas a un precio promedio, pero no deja de ser una estimación arriesgada. Y esto, suponiendo que los traficantes colombianos no se encargan del transporte y distribución en el exterior. -el valor del producto total, desde un punto de vista mundial, es decir desde su salida del territorio hasta su distribución dentro de los países consumidores significa un cálculo de mayor complejidad y numerosos supuestos-.

Ahora bien, la estimación del ingreso neto de nuestros narcotraficantes, y de la parte que se reintroduce al país, que implicaría, entre otras cosas, una cuantificación del lavado de activos, implica una gran investigación. En fin, esto que se llama “el negocio del narcotráfico” no es para improvisar cifras, así sepamos con toda certeza que es un dinero que se irriga en todo el país y que, por cierto, se mueve dentro del sector financiero. En cambio, podemos tener algunos indicadores agregados más confiables en lo que se refiere a la producción en Colombia.

Las etapas básicas o eslabones son, entonces, los siguientes: i) cultivo y cosecha de la hoja de coca, ii) transformación primaria de la hoja en pasta y base de coca, iii) transformación en clorhidrato de cocaína, iv) tráfico mayorista del producto hacia las costas y fronteras nacionales. Una investigación al respecto que se hizo en 2010 y ha tenido merecido reconocimiento es la de Daniel Mejía y Daniel Rico de la U. de los Andes6. Los autores, con base en datos de 2008 concluyen que la producción y el tráfico de cocaína podían llegar, en conjunto, a 13.6 billones de pesos, es decir, un 2.3 por ciento del PIB. Y esto, suponiendo un total de 100.000 hectáreas cultivadas y una producción de clorhidrato de cocaína, para ese año, de 642 toneladas7. Curiosamente, en 2016, a pesar del crecimiento sostenido en el número de hectáreas cultivadas y en las toneladas de base producidas, que se inició en 2013 y tuvo un gran salto precisamente en ese año, se estaba estimando un valor de 10.3 billones de pesos es decir cerca del 1.2 por ciento del PIB8.



De la microeconomía a los territorios



Lo más interesante del estudio que se acaba de citar es, sin embargo, el cálculo de la distribución del valor agregado entre las diferentes etapas, a partir de un análisis detallado de diferentes escenarios de producción y transformación. Se demuestra allí, de manera contundente, que a la etapa del tráfico le corresponde el 71 por ciento, mientras que a la producción de la hoja tan sólo el 9 por ciento. (Ver Tabla). Téngase en cuenta que en esta etapa se calcula que estarían involucradas unas 166.000 familias.  

Distribución del valor agregado, 2008

Etapa Pesos Porcentaje
Tráfico de cocaína 9.6 billones 71
Cocaína 2.0 billones15
Base de coca0.8 billones5
Hoja de coca 1.2 billones9
 13.6 billones100


Fuente: Mejía, D. y D. Rico, “La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia”.

Es un enfoque que se utiliza desde entonces en diferentes estudios. Cabe destacar que el Informe anual de Unodoc ofrece una rica información con un detalle similar, con la particularidad de que profundiza en el análisis del impacto territorial. En el Informe correspondiente a 2017, publicado en septiembre de 2018, se presentan algunas particularidades además de la continuación del crecimiento en el número de hectáreas sembradas y en la cantidad de cocaína la cual alcanzaría un total de 1.379 toneladas9. Algunas son las siguientes: los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca muestran el mayor aumento en el área de cultivo, pero el departamento de Nariño y el municipio de Tumaco continúan siendo las zonas con más coca en el país. La concentración territorial sigue siendo evidente; el 44 por ciento de la coca se produce en diez municipios.

En cuanto a la dinámica, la verdad es que el 80 por ciento de la coca se encuentra en las mismas zonas en las que ha estado durante los últimos 10 años. Si bien el 34 por ciento está en áreas que en 2014 eran bosque no puede asociarse directamente con una deforestación pues no se descarta que el territorio haya tenido otros usos previamente. El 33 por ciento de los cultivos de coca se ubica en zonas a más de 10 kilómetros de centros poblados y el 16 por ciento de la coca está a menos de 10 kilómetros de una frontera. Las fronteras con Venezuela y Ecuador son las más afectadas.

Como era de suponerse, el crecimiento de la oferta acarrea un descenso de los precios, aunque el propio Informe sugiere otras causas que operarían de manera diferente según regiones. En todo caso, en promedios, de un año a otro, según este reporte, los precios de la hoja de coca fresca, la pasta básica y el clorhidrato de cocaína cayeron 28, 14 y 11 por ciento, respectivamente.

Aquí habría que tener en cuenta algunas variaciones en el esquema de los negocios. En relación con las primeras etapas de producción y transformación, el informe sostiene que hoy en día es mayor la proporción de productores que adelantan la transformación (pasta básica) en la propia finca. La producción de la base (a veces no es fácil establecer la diferencia) de todas maneras se hace en la misma zona, con lo cual queda la duda de si más bien existen intermediarios locales (vecinos) que se encargan de la transformación básica, es decir que los ingresos que llegan a los cultivadores propiamente serían cada vez menores. No sorprendería que fuese mucho menos que el 9 por ciento que se había estimado. También se registra un incremento del número de hogares aunque, a diferencia del cálculo de Mejía de diez años antes, la estimación aquí no supera las 120.000 familias. Por último ha de mencionarse que, al parecer, ha habido un cambio en la variedad y dinámica de los compradores de la base con la que se abastecen los laboratorios que son de diversos tipos, repartidos en todo el territorio e incluso en otros países. Se destaca el caso de mafias extranjeras que compran directamente la base.



La transparencia de la información cafetera

Los datos básicos referentes al sector cafetero son bien conocidos y solamente vamos a recordar algunos, a título de comparación.

(Año/sept) Área cultivada (Miles de Has.)  Valor de la producción (Billones de pesos)
2016931,75 7.1
2017 903,957.5
2018 877,146.2

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros.



Así, el cálculo de la producción nos llevaría a una participación en el PIB que estaría alrededor de 0.7 por ciento. El valor del “negocio” en su conjunto es, por supuesto, mayor que el de la producción. Contempla las actividades del procesamiento, de la exportación y la comercialización para consumo interno. Teniendo en cuenta que la institucionalidad cafetera asegura la compra del café a los productores a un precio de garantía (a veces con subsidio estatal), al igual que asistencia técnica, incluida la renovación de los cafetos y el desarrollo de nuevas variedades. Obviamente, si se quiere comparar de manera rigurosa con el PIB, habría que deducir el valor agregado en cada etapa. En todo caso, no hay muchas cosas ocultas en esta información.

Para lo que nos ocupa, es interesante resaltar que generalmente se habla de un número aproximado de 500.000 familias involucradas en las actividades del sector. En cuanto a la distribución territorial de los cultivos, el contraste con la coca es ostensible. Se encuentra en diez departamentos, pudiendo exceptuarse por su escasa representatividad Bolívar, Caquetá, Casanare, Chocó, Guajira, Meta y hasta hace poco Putumayo. El eje tradicional, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle representa todavía el 54 por ciento del área cultivada. Y se destacan por su avance en los últimos diez años Huila, Cauca y Nariño, al contrario de Cundinamarca y Norte de Santander que son cafeteros pero pierden importancia en el mismo periodo.


Como se ve, pudiera decirse que los territorios cafeteros no coinciden con los de la coca, con algunas notables excepciones. Lo más significativo, sin embargo, consiste en que mientras las zonas cafeteras se articulan a centros urbanos de mediana y gran importancia y cuentan con vías de transporte (a pesar de las múltiples quejas de los últimos tiempos) lo mismo que con infraestructuras de servicios públicos, las zonas coqueras, como se señaló anteriormente, se definen precisamente por su existencia marginal. Es por eso que la incidencia de la pobreza, o mejor, la miseria, en estas últimas, es enorme y persistente.



Una conclusión preliminar


Son dos caras contrapuestas de nuestro mundo rural. Dos historias casi gemelas pero de signo contrario. El mismo modelo de monocultivo para la exportación ha llevado a resultados socioeconómicos contrapuestos. Pero no se crea que depende exclusivamente de la disyuntiva legalidad-ilegalidad. La historia del café (y la colonización asociada) difícilmente puede repetirse en espacios y tiempos diferentes. Las condiciones con que hoy cuenta son el resultado de esta larga historia. Sin embargo, la legalización probablemente llevaría al fin de la agricultura cocalera porque es el sobreprecio de la ilegalidad el que asegura su viabilidad.
Por ello, en las condiciones que tienen actualmente, es casi imposible encontrar otro monocultivo de exportación que pudiera desarrollarse en esos territorios. Ni siquiera el café. Es por eso ilusorio el intercambio que parecería encontrarse en las notables excepciones mencionadas antes. Es cierto que en algunos programas de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos los campesinos han recurrido al café, como en el Putumayo, pero también se ha denunciado que, ante la crisis, producida el año pasado por el descenso del precio mundial, hay cafeteros que han decidido cambiarse a la coca, particularmente en el norte del Cauca y el sur del Valle10.   

La verdad es que el café se encuentra hoy en día en una encrucijada difícil de superar. Es la característica de este tipo de productos cuya dependencia del mercado mundial los hace particularmente vulnerables a fluctuaciones, agudas e imprevisibles, con funestas implicaciones económicas y sociales. La única solución, en ambos casos, sólo puede resultar de una transformación radical de la economía agraria y el mundo rural.

1    Ortiz, F. “Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar” (1940) Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela, 1987
2    El Tiempo, 13 de diciembre, 2018. Consultado, 9 de julio de 2019 en mwww.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/ingresos-del-narcotrafico
3    Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
4    Dane, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, “Enclave: cultivos ilícitos fases agrícola e industrial. Base 2005 serie 2000-2010pr” Octubre de 2011, Bogotá.
5    Ibídem., p. 5.
6    Mejía, D. y D. Rico, “La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia” En: “Drogas ilícitas en Colombia”. Cede, U. de los Andes. Bogotá, 2010
7    Los autores toman en cuenta los datos presentados por la Unodoc pero también las de la Oficina Nacional del Control de Drogas de los Estados Unidos (Ondcp) que siempre difieren tanto en número de hectáreas como en productividad estimada y número de toneladas de coca. Por ejemplo en el último Reporte, correspondiente a 2017, UNODOC registra 171.000 hectáreas sembradas y ONDCP, 209.000 hectáreas.
8    La República, 15 de septiembre de 2017. Consultado el 9 de julio de 2019 www.larepublica.co/economia/el-negocio-del-narcotrafico. La noticia se apoya en estimaciones del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes.  
9    Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia (Simci) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC). Informe de Monitoreo, 2017. Bogotá, 2018
10    Declaraciones del gerente de la Federación de Cafeteros, Portafolio, septiembre 18 de 2018 www.portafolio.co/economia/bajos-precios-del-cafe-llevan-a-algunos-agricultores-a-sembrar-coca-521276. Consultado el 9 de julio de 2019

 

 

Publicado enEdición Nº259
Colombia: ¿Cuántos y cómo somos? ¿Dónde estamos?

El Dane reveló, a principios del mes de julio de 2019, los datos oficiales del Censo de población y vivienda realizado durante 2018. De acuerdo con la entidad encargada de las estadísticas oficiales de Colombia, 48’258.494 es la cifra de las personas que habitamos el territorio nacional, un registro superior al estimado por la misma entidad en noviembre del 2018: 45,5 millones; pero mucho menos de los 50 millones que vaticinaban las proyecciones con base en el censo de 2005.

 

La polémica va para largo. La oficialización, el pasado 4 de julio, de las cifras arrojadas por el Censo Nacional de Población y Vivienda (Cnpv-2018), motivó de inmediato su crítica por parte de funcionarios territoriales, como la gobernadora del Valle y el de Bolívar, así como el director de planeación de Bogotá y los alcaldes de Soacha y Cartagena. Según estos, el tamaño de la población que les establece el Censo en su jurisdicción es inferior a los registros oficiales de sus propias entidades.

La inconformidad no es casual: a menores cifras de población por departamento o municipio, menores serán los dineros que les transferirá el gobierno nacional para salud, educación, vivienda, servicios públicos, empleo, vías y demás asignaciones de subsidios y acceso a programas sociales. Otras voces críticas se sumarán con el paso de los días a esta inconformidad, toda vez que el impacto del Censo extenderá sus efectos en toda la gobernabilidad territorial.


Pero la polémica también se prolongará ya que aún falta por saber dónde habitan 4.094.077 de connacionales que no fueron censados pero sí identificados global y regionalmente de su existencia por la Encuesta de Calidad de Vida a cargo también del Dane. Viene ahora, por tanto, la realización de una evaluación de cobertura en todos los municipios del país, para saber en qué lugares están estas personas no empadronadas.
 
Las 4,1 millones de personas excluidas del censo fueron identificadas con la “Encuesta de calidad de vida” realizada entre octubre y diciembre de 2018, que no solo caracterizó la forma en que viven las personas en el país sino que sirvió de medición poscensal, pues en ella se les preguntó a los hogares si habían sido censados, “es a partir de ahí que podemos establecer la omisión”, señaló el director del Dane, Juan Daniel Oviedo. Según el funcionario, la omisión censal fue de 8,5 por ciento, cifra significativamente alta pues el promedio simple de la omisión en los censos ronda el 5 por ciento. Este ajuste, que hasta ahora se hizo a nivel nacional, debe replicarse también por ciudades. En Bogotá, por ejemplo, se censaron 7,2 millones de habitantes, pero aún no se sabe en realidad cuántas personas más viven en la capital. Lo cierto es que difícilmente ese número alcanzará las proyecciones que vaticinaban 8,1 millones de habitantes para 2018 (diagrama 1).

 

 



Por otra parte, el próximo 30 de septiembre saldrá al público la base de datos anonimizada (permite acceder a las respuestas en detalle, pero protegiendo la identidad de los encuestados) y las proyecciones para 2019, pues el censo se hizo con corte a 2018. Los resultados del censo modificarán a su vez otras operaciones estadísticas del Dane, como la gran encuesta integrada de hogares, que es la base para calcular el desempleo.

Una vez que se tengan todos los resultados oficiales, más las encuestas de hogares adaptadas al nuevo censo, todas las metas que usan valores absolutos poblacionales tienen que cambiar como, por ejemplo, la de pobreza monetaria, analfabetismo, tasa de homicidios, PIB per cápita, o número de médicos por habitante.

Con la nueva fotografía del país no solo se renovarán indicadores sociales en materia de salud, educación, empleo, vivienda o movilidad, entre otros, sino que también se podrán reasignar entre las regiones los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) o del Sistema General de Regalías (SGR). En general, cambiarían todos los indicadores que tengan como denominador común la población.

De manera adicional, el nuevo retrato de Colombia 2018 también tendrá repercusiones en la implementación de los Acuerdos de Paz porque habría que revisarse la asignación de recursos hacia los municipios que hacen parte de los priorizados para el posconflicto (municipios Pdet). Incluso, también podría afectar a la representación política en la Cámara de Representantes que depende de la cantidad de población de cada departamento.



¿Cuántos somos?

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (Cnpv) es la operación estadística más compleja e importante que hace el país, conducto por medio del cual se recoge información de las personas, hogares y viviendas en todo el territorio colombiano. Su propósito es el de establecer cuántos somos, dónde estamos y cuáles son las principales características socio-demográficas de la población residente habitual en Colombia.

El operativo comenzó en enero de 2018 con 41.097 encuestadores; la recolección de datos terminó en octubre del mismo año. Su realización costó $403.000 millones. El Cnpv 2018 abarca la totalidad del territorio nacional, correspondiente a 32 departamentos, 1.101 municipios, 20 áreas no municipalizadas y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Tratando de calmar las demandas de información arrojada por este Censo, en octubre de 2018 el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, daba razones para explicar que la población de Colombia podría estar alrededor de 43,8 millones, cifra que sorprendió a todo el mundo por encontrarse bastante lejos de los 50 millones proyectados de acuerdo con la información del censo de 2005. En noviembre, la cifra defendida con argumentos técnicos fue 45,5 millones; al dato inicial se le sumaron 329.093 personas que habitan lugares especiales de alojamiento como, entre otros, los 123.434 presos (tanto hombres como mujeres) que hay actualmente en el país, según el reciente  censo de la población carcelaria realizado por el Inpec1. En julio de 2019, el Dane brinda nuevas razones para explicar que en realidad somos 48,2 millones, cifra resultante de cruzar los datos del censo con los de la encuesta de calidad de vida de 2018, y con la cual estamos más cerca de las proyecciones de 50 millones (Gráfico 1).

 



Es decir, como buen prestidigitador el director del Dane sacó de su sombrero, al igual que brotan conejos, 2,8 millones de personas adicionales entre noviembre de 2018 y julio de 2019, con el fin de aplacar la exasperación que provocaron las primeras cifras.

Frente al censo del 2005, cuando se realizó el último empadronamiento, la población pasó de 42’888.592 personas a 48’258.494 en 2018, esto es, en los trece años hubo un incremento de 5’369.902 habitantes; el crecimiento relativo intercensal fue de 12,5 por ciento (equivalente a un aumento poblacional promedio anual de 0,96 puntos porcentuales).



¿Dónde estamos y cómo somos?


Las características estructurales y la ubicación de la población también cambiaron en el tiempo de publicación de los diferentes reportes oficiales del Dane (cuadro 1). Las cifras definitivas muestra una tendencia hacia la concentración urbana de la población, el abandono de las grandes ciudades y la conurbanización resultante de la emigración hacia los municipios circundantes a las capitales, el cambio en la estructura por edades con propensión al envejecimiento, el fin del “Bono demográfico”, la concentración de la población joven en zonas periféricas y atrasadas del país, la reducción en el tamaño de los hogares (cada vez hay menos niños) y la adquisición de un rol protagónico mayor de la mujer en la sociedad.

 

Cuadro 1. Resultados del Cnpv-2018 según estructura y ubicación poblacional


Género

Las mujeres siguen siendo el género predominante dentro del total nacional, con una participación de 51,2 por ciento; el restante 48,8 por ciento corresponde a los hombres. En el conteo del 2005, las mujeres eran el 51 por ciento de la población y los hombres, el 49 por ciento.


Urbanización

En las cabeceras municipales habita el 77,1 por ciento de connacionales. La población rural que representa el 22,9 por ciento restantes, se distribuye, de una parte, en un 7,1 por ciento en centros poblados y, de otra, el 15,8 por ciento que vive en zonas rurales dispersas. De acuerdo con los resultados del Censo de 2005, el 76 por ciento correspondía a los habitantes de las cabeceras; 5,6 por ciento a los centros poblados y 18,4 por ciento a la población rural dispersa.


Envejecimiento


Desde 2005 se alertó por el ritmo rápido de envejecimiento de la población colombiana. En cuanto a su composición a 2018, un 9,1 por ciento corresponde a mayores de 65 años de edad (cerca de tres puntos porcentuales más que en el 2005, cuando representaban el 6,3 por ciento); 13,3 por ciento tienen más de 60 años; población entre los 14 y 28 años (juventud) 26,1 por ciento; 22,6 por ciento son menores de 15 años, y el 8,5 por ciento tiene menos de 5 años. El Cnpv-2018 corroboró el aumento en los índices de envejecimiento del país; significa que por cada 100 personas menores de 15 años hay 40,4 mayores de 65; en 2005 era de 20,5 personas por cada 100. El índice de envejecimiento para los mayores de 60 es de 58,6 por ciento. En resumen, hay menos población joven de la que creíamos tener y estamos envejeciendo mucho más rápido que antes, generando consecuencias económicas, fiscales, sociales y psicológicas (Gráficos 2 y 3).

 

Gráfico 2. Distribución departamental del índice de juventud, 2018

 

 

Gráfico 3. Índice de envejecimiento (mayores de 65/60 años como fracción de menores de 15 años)


En departamentos como Quindío el índice de envejecimiento llega a ser de 72,2 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años de edad; a este grupo pertenecen también Caldas y Risaralda, con índices de envejecimiento de 67 y 60 por ciento, respectivamente. Por el contrario, los departamentos con mayor cantidad de menores de 15 años de edad son Amazonas, Putumayo y Guainía.

El envejecimiento es una tendencia mundial y Colombia no ha escapado a ella. Según la publicación inglesa “The Economist”, en 2019 la población mayor de 65 años va a ser de mayor tamaño que la población menor de cinco años en el promedio de todos los países. En consecuencia, el país debe implementar una política pública acorde con esta realidad e incluyente de tal población. Es evidente la necesidad de apurar unas políticas de asistencia y atención en salud, seguridad y protección social universal que proporcionen calidad de vida y vida digna a las personas en esta etapa de la existencia.

En Colombia el 74 por ciento de los adultos mayores no tiene pensión y padece depresión. Según un estudio de la Universidad de La Sabana,  lo anterior deja en vilo a la mayoría de la población mayor, pues su falta de acceso al sistema pensional la convierte en una población vulnerable. De hecho, ya son vulnerables a varias enfermedades que requieren de un trato especial. Adicionalmente, al menos el 20 por ciento de los colombianos de 80 o más años de edad (unas 150.000 personas de esa edad, según las cuentas de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos), tiene que seguir trabajando porque no acumuló las 1.300 semanas de trabajo para pensionarse y no cuenta con ahorros o apoyo familiar para sobrevivir.

De otra parte, tener una menor población joven, pero con mayor acceso a la educación superior, plantea retos en el modelo educativo, así como en materia de oportunidades laborales dignas, las cuales deben responder a las nuevas necesidades de los jóvenes en cuanto a su preparación, expectativa de ingresos, calidad del trabajo y ubicación espacial. En 2018, el porcentaje de desocupación para las personas de 18 a 28 años, según el Dane, se situó en 17,7 por ciento; las estadísticas indican que las mujeres son quienes presentan un mayor índice de desocupación: el número de hombres jóvenes desocupados fue 13,7 por ciento, y para las mujeres del 23 por ciento. Adicionalmente, 29 por ciento de los jóvenes no estudian ni trabajan, esto es, los llamados Ninis


Los resultados permiten evidenciar que en gran parte la condición de discapacidad y dificultad para realizar ciertas actividades cotidianas está asociada con el fenómeno de envejecimiento, de hecho es la principal causa. El 7,1 por ciento de la población que respondió al censo dijo presentar alguna dificultad funcional para realizar sus actividades diarias. La prevalencia en los hombres es de 6,8 por ciento y en mujeres de 7,5.



Repoblamiento


Las ciudades y cabeceras municipales albergan cada vez un mayor volumen de habitantes. El 77,1 por ciento de los habitantes del país ocupan esas zonas, según el Dane, y si bien la diferencia no es mayor frente al 76 por ciento del 2005, es claro que se mantiene la migración interna de las zonas rurales y rurales dispersas hacia los centros urbanos en busca de mejores oportunidades educativas, sociales, económicas, laborales y de seguridad, lo que plantea, de una parte, la necesidad de apurar una reforma laboral que combata la informalidad y proporcione condiciones de oferta acorde a la nueva realidad del país y, de otra, aumentar la oferta de vivienda de interés social, en un marco de desarrollo urbano sostenible, incluyente, democrático y a escala humana. En las principales ciudades, laboran de manera precaria e informal más de 5 millones de personas.

Bogotá está a la cabeza del escalafón con el mayor número de pobladores, cerca de 7,2 millones. Le sigue Medellín, con 2,4 millones, mientras que Cali cuenta con 1’822.871 personas. En Bogotá, la población contada aumentó 5,6 por ciento, incremento que reporta el mayor aporte al aumento en la población censada en todo el país, pues pasó de 6,8 a 7,2 millones de habitantes contados.

Sin embargo, el Distrito Capital registra como una ciudad “altamente expulsora de población” hacia municipios aledaños como La Calera, Funza, Madrid, Cota, Chía, Zipaquirá, Cajicá, Mosquera, Tocancipá, Sopó y Gachancipá, considerados parte del área metropolitana de Bogotá y donde se evidencian crecimientos de la población de dos dígitos al comparar las cifras de 2005 con 2018. En efecto, la conurbanización2 de la “Gran Bogotá” recoge municipios como Soacha, Sibaté, La Calera, Fusa, Mosquera, Madrid, Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá y otros cuantos ubicados sobre la autopista Norte que son utilizados por miles de personas para pernoctar, pero trabajan en la capital; esta realidad se comprueba al detallar que el departamento de Cundinamarca ya tiene 2’792.877 de personas (cuando en 2005 apenas eran 2’280.037), la inmensa mayoría de las cuales se concentran en los pueblos conectados con el Distrito. Según cifras de la más reciente “Encuesta de Percepción Ciudadana de Sabana Centro Cómo Vamos”, 25 por ciento de las personas vivieron en Bogotá antes de llegar a la subregión, la mayoría se trasladaron, de hecho, por motivos laborales, económicos, ambientales, de movilidad, habitacionales y familiares.

En conjunto, el peso de las capitales dentro de la población censada en todo el país tuvo una pequeña reducción, pues pasó de 46,8 a 45,9 por ciento entre el 2005 y el 2018. Casi la totalidad de esa reducción se explica por el menor tamaño de la población de Cali, en donde se contaron 1,8 millones de personas, frente a 2,1 millones 13 años atrás. Entre tanto, en Cartagena se bajó de 895.000 personas contadas en el censo anterior a 888.000 el año pasado. Y en Pereira, de 428.000 a 410.000. En cambio, en Inírida, capital de Guainía, la población casi se duplica en 13 años, con un aumento de 92 por ciento; algo parecido ocurrió en Mitú, Vaupés, y Puerto Carreño, Vichada, con 63 y 53 por ciento (ver mapa).

 

 


Hogares y vivienda

El número de viviendas3 creció más rápido que el de los propios hogares4. Mientras que en estos 13 años los hogares aumentaron en 700.000 para sumar 14,2 millones en 2018, el número de viviendas se incrementó en 3,1 millones hasta alcanzar las 13,5 millones de unidades. Muchos hogares que habitaban en inquilinatos o en las casas paternas se fueron a vivir independientes y otros han decidido vivir solos, tendencia cultural y sociológica fuerte que se observa en las grandes ciudades y realidad que corresponde no sólo a jóvenes sino también a población adulta y vieja.

El 96,3 por ciento de todos esos hogares cuentan con servicio de energía eléctrica, 3 puntos porcentuales más que los del 2005. También ha aumentado el acceso al agua potable (86,4%) y al alcantarillado (76,6%), casi que en las mismas proporciones en estos 13 años. Pero el mayor avance ha sido en acceso al gas natural, pues hoy 7 de cada 10 hogares cuentan con este servicio, mientras que en 2005 eran solo 4 de cada 10, según el Dane, que también advirtió que el 81,6 por ciento de los hogares tienen acceso a la recolección de basuras y el 43,3 por ciento cuentan con internet.

Y si bien hoy siguen siendo más las familias que viven en casas (6 de cada 10), las que prefieren los apartamentos van en alza, pues mientras que en el 2005 cerca del 25 por ciento los habitaban, hoy esa cuota ronda el 33 por ciento. También es revelador el crecimiento de los hogares unipersonales, pues hoy son el 18,5 por ciento frente al 11,1 por ciento del 2005.


Mujeres y desigualdad social

Según el censo, el porcentaje de hogares encabezados por mujeres pasó en el período intercensal 2005-2018 de 29,9 a 40,7 por ciento, mientras la jefatura masculina disminuyó de 70,1 a 59,3 por ciento5. Esto quiere decir que cuatro de cada diez hogares están encabezados por mujeres, uno más que en 2005. Las mujeres tienen mayores niveles de alfabetización que los hombres; y las entidades territoriales con mayor proporción de mujeres son, a la vez, las que tienen niveles más altos de desarrollo (Gráficos 4 y 5).

 

Gráfico 4. Distribución de la población censada por sexo a nivel departamental, 2018

 

Gráfico 5. Empoderamiento de la mujer: jefatura de hogar según sexo



No obstante, el propio Dane ha establecido que las mujeres al frente de sus hogares viven en peores condiciones. La ECV registra que el 77,7 por ciento de ellas no tienen cónyuge, por lo tanto, no hay otro proveedor de ingresos para las familias y deben asumir las cargas domésticas y laborales al mismo tiempo, cosa que no suele suceder con la mayoría de hogares con jefatura masculina. Adicionalmente, en 2018 se encontró que la incidencia de la pobreza es más alta en los hogares con jefatura femenina, con 21,7 por ciento, frente al 18,5 en los de jefatura masculina.

Si bien las cifras indican que las mujeres están más educadas, la realidad es que se emplean menos que los hombres. Para el trimestre febrero-abril de 2019, la tasa de desempleo para las mujeres fue 14,0 por ciento y para los hombres 8,7 por ciento. A ello se suma la brecha salarial de 20 por ciento entre hombres y mujeres que cumplen las mismas funciones, según el Ministerio de Trabajo.

Las cifras del censo también revelaron que con un mayor nivel educativo se incrementa la edad promedio en que las mujeres están dispuestas a tener hijos; aquellas que tienen educación preescolar, primaria o ninguna, deciden ser madres a los 25 años, en promedio; esta edad va en aumento a medida que registran un mayor grado de escolaridad, con 29 y 31 años en niveles de formación superior o de posgrado. El número de nacimientos también registró cambios importantes en relación con el acceso a la educación: aquellas con pocos o nulos estudios tienen en promedio 3,5 hijos, mientras las que alcanzaron un posgrado tienen 1,5.

Si bien es indudable que las mujeres ocupan un papel protagónico en las dinámicas sociales y económicas del país, las cifras del Dane permiten concluir que las condiciones en que vive buena parte de esta población todavía distan de ser un ejemplo de empoderamiento femenino. Los avances en materia de alfabetización, equidad de género en las empresas o reducción en el número de hijos con relación al tipo de formación de la madre indican además que las mejoras todavía suelen ser para aquellas que están más preparadas o tienen los recursos para acceder a un tipo de vida distinto (Gráfico 6).

 

Gráfico 6. Alfabetismo por sexo


 
¿A qué se dedica la gente?


Los cambios demográficos y en la situación socio-económico de los hogares se reflejan en las conductas disruptivas en cuanto a la ocupación durante los últimos trece años. En 2018, la población que trabaja representa el 46,6 por ciento mientras que en 2005 era de apenas el 39,8. El 51 por ciento de la población se encuentra ocupada; por sexo, los hombres se encuentran ocupados en el 66,1 por ciento y las mujeres el 37,4. También se encuentra más proporción de gente buscando trabajo: 2,8 por ciento en 2005 y 5,4 en 2018. El porcentaje de población estudiando aumentó de 17,6 por ciento a 18,1 durante los últimos trece años. La población que se dedica a los oficios del hogar se redujo de 21,5 por ciento a 19,0 en el período intercensal. Otra expresión del proceso de envejecimiento de la población es el crecimiento relativo que registra la población jubilada: pasó de 2,3 por ciento en 2005 a 3,6 en 2018 (Gráfico 7).

 

Gráfico 7. Ocupación según principal actividad económica realizada la semana anterior

 



Por último, una vez que se tramite el proyecto de ley para oficializar las cifras del recién conocido Censo de Población y Vivienda 2018, las proyecciones que se estipularon en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque serán sujetas a revisión, tal y como se determina en las bases del mismo.



1    Lugar Especial de Alojamiento (LEA): Es una edificación o parte de ella en la cual habita un grupo de personas, generalmente no parientes, que participan de una vida en común por razones de procesos de rehabilitación, carcelaria, estudio, trabajo, culto religioso, hospitales, disciplina militar, labores administrativas, entre otras.
2    Una conurbación es una región que comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y otras áreas urbanas que, a través del crecimiento poblacional y su crecimiento físico, se fusionan.
3    Vivienda (Unidad de uso vivienda): Espacio independiente y separado, habitado o destinado para ser habitado por una o más personas. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, ascensores, patios). Las personas que habitan una unidad de vivienda no pueden ingresar a la misma a través de áreas de uso exclusivo de otras unidades de vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, entre otras. Separada, porque tiene paredes u otros elementos, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otros espacios.
4    Hogar: Es una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas. También constituyen un hogar las personas que se asocian para vivir bajo el mismo techo, aunque no compartan las comidas. Los empleados del servicio doméstico y sus familiares, los trabajadores y sus familiares forman parte del hogar siempre y cuando duerman en la misma vivienda donde trabajan.
5    Jefe o jefa de hogar: es el residente habitual que es reconocido por los demás miembros del hogar como jefe o jefa, teniendo en cuenta los siguientes criterios: la persona de mayor edad, el que mayor aporte económico le hace al hogar o el que goce de mayor respeto entre los miembros del hogar.
*    Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

Publicado enEdición Nº259
Martes, 30 Julio 2019 08:29

La clase media no va al paraiso

La clase media no va al paraiso

La clase media, si alguna vez existió hoy desaparece en medio de salarios reducidos, macdonalización, sociedad de bajo coste y fabricación de seres endeudados. Esta es la realidad de las multitudes uniformadas.

 

“Nunca pienso que la gente muere.
Sólo que va a grandes almacenes”
Andy Warhol


A comienzos del mes de mayo de éste año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) lanzaba un SOS por la “clase media” de los países desarrollados. En el documento titulado Bajo presión: la clase media exprimida, remarcaba alarmada que en las tres últimas décadas los ingresos de los grupos medios crecieron un tercio menos que los ingresos del diez por ciento de los más adinerados, revelando que la inquietud surge del rápido retroceso de los ubicados en la mitad respecto de las cúpulas.

La preocupación, sin embargo, no es asunto nuevo en las altas esferas como quiera que en enero de 2009, el entonces recién posesionado presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba la creación del “Grupo de trabajo para la clase media” que, según él, era el colectivo perdedor en los últimos años y al que por el bien de su país, y del mundo, le debían ser devueltas las condiciones que le garantizaran su continuidad como sostén básico del consumo, y encarnación más sentida de los valores del “sueño americano”.

Más adelante, en diciembre de 2016, el mismísimo FMI, en un artículo firmado por el economista senior Ali Alichi, mostraba preocupación por la contracción sufrida por la clase media, pues en el último medio siglo habría sido reducida en once puntos porcentuales. Y, en nuestro entorno, finalizando el mes de mayo de este año, el ultraliberal Sebastián Piñera, actual presidente de Chile, presentó el programa “Clase media protegida”. ¿Qué esconde tanta preocupación? ¿Quiénes componen, en realidad, el grupo que políticos y teóricos convencionales dicen considerar en esa categoría? ¿Qué del funcionamiento del sistema realmente amenaza la supuesta desaparición de la llamada clase media?
La caracterización general de lo que significa “clase media” –ni pobres ni ricos– ha sido siempre controversial, y es aceptado que su definición es bastante subjetiva y ad hoc, en la medida que sus fronteras son borrosas y quedan al capricho de quién las establece.  La Ocde define como de clase media a los hogares cuyos ingresos están entre el 75 y el 200 por ciento de la media del ingreso nacional, en un intervalo cuyos límites no están soportados en parámetros concretos, y en los que, por ser el valor superior 300 por ciento mayor que el límite inferior, ya debería llamar a sospecha.

El termino fue acuñado por el sociólogo norteamericano Richard Wrigth Mills en su obra Las clases medias en Norteamérica (White-Collar), en la que daba cuenta de la profundización de la división del trabajo y la maquinización en oficinas y comercios a principios del siglo XX, lugares predominantes de los trabajadores de “cuello blanco”, y núcleo de lo que denominó cómo clase media. Nacía así una separación teórica de los asalariados, cuya gelatinosa correspondencia con la realidad ha tenido efectos sociales y políticos que han limitado una acción conjunta de grupos separados por diferencias marginales y que, sin lugar a dudas, más allá de tales diferencias, están arrinconados en la estrecha parcela de la subordinación.



Clases sociales y normas de apropiación

Cuando surge el tema de las clases sociales, la atención es dirigida, de forma casi automática, hacía los planteamientos marxistas, obviándose que el concepto emerge junto con la economía política y que son los fisiócratas los primeros que lo plantean. En efecto, fue François Quesnay quien, sobre la base de la función económica de los individuos formuló, ya en el siglo XVIII, la categorización de la sociedad en tres clases: productiva, estéril y  de propietarios (terratenientes). La productiva correspondía al conjunto de agentes de la agricultura –excluidos los dueños de la tierra– pues afirmaba que tan sólo allí las sociedades generan excedente material; estériles eran los productores de las manufacturas pues, en el mejor de los casos, entregan tanta materia en los productos como la que reciben en lo insumos, y, por último, los terratenientes que no tienen una función productiva, propiamente dicha, y por su parasitismo debían ser los únicos pagadores de impuestos. Esta clasificación surge asociada a la primera modelización de la circulación y distribución de la riqueza –La Tabla Económica– que hubiera sido imposible sin la agrupación de los individuos en categorías a las que pudiera asignárseles un flujo de ingreso derivado de su función en el sistema económico. Por primera vez, no era el origen de sangre ni la herencia las que definían en el imaginario la posición social.

Posteriormente, Adam Smith y David Ricardo corrigen la categorización, al comprender que la relación funcional en el sistema económico está definida por el recurso productivo apropiado, y reformulan las categorías en capitalistas (dueños de los factores de la producción materiales diferentes a la tierra), los rentistas (dueños de los inmuebles) y los trabajadores (vendedores de fuerza de trabajo, como asalariados). Clasificación también surgida de la necesidad de descubrir las fuerzas que rigen los montos de los ingresos que perciben los diferentes agentes económicos y que dio origen a la categorización de esos ingresos en ganancias, rentas y salarios, correspondientes a las tres clases.

Pues bien, el origen del concepto no tiene ninguna intencionalidad ideológica, como puede verse, y como quieren hacerlo creer los que buscan suprimirlo, por el interés de ocultar la realidad de las leyes sociales que rigen la apropiación del producto. El mayor alcance explicativo que le da Marx, no modifica la estructura formulada por Smith y Ricardo, y en el truncado capítulo cincuenta y dos de El capital –de tan sólo dos páginas–, y último de esa obra, cuando Marx pregunta por “¿qué es una clase?”, al responderse dice que surge de “la identidad de sus fuentes de ingresos” y reconoce que, en ese sentido, cualquiera de las clases podría subdividirse, pues en el sector rural, por ejemplo, sería posible hablar de terratenientes “propietarios de viñedos”, “propietarios de bosques”, etcétera, pero que esto no altera los argumentos centrales, esto es, que los ingresos están enmarcados en las luchas generadas entre los agentes económicos propietarios de los diferentes factores de la producción, y en el que la mercantilización de la fuerza de trabajo enmarca a los trabajadores directos en unas condiciones sociales, que hace de su sinergia la fuerza que define su participación en el producto social.  

   

Funcionariado y clase media: los trabajadores de “cuello blanco”

El paso, a finales del siglo XIX, de la empresa “marshalliana” –con una sola función y generalmente dirigida por una familia propietaria– a las grandes compañías multidivisionales, muchas con carácter multinacional, condujo a una extensión del trabajo administrativo y de las funciones del control nunca antes vistas. El correspondiente crecimiento del Estado y de sus funciones regulativas daría lugar al aumento de la importancia tanto cuantitativa como social y política de lo que Alfred Weber denominaría genéricamente como “burocracia”. El funcionario, como agente central de las organizaciones públicas y privadas, será el corazón de la denominada «clase media»: “Los «funcionarios» forman el cuadro administrativo típico de las asociaciones racionales, sean estas políticas, hierocráticas, económicas (especialmente capitalistas) o de otra clase”1, dirá Weber en una sentencia que muestra la naciente importancia, en el mundo de los asalariados, de un grupo asociado a labores de dirección y control.

Los trabajos de Henry Fayol, en los que el autoritarismo al interior de las empresas será ponderado como un principio central de la administración, y en los que la disciplina y el control son convertidos en más efectivos si dependen de una cadena de mando jerarquizada –análoga en verticalidad a la de la organización militar–, indican ya que la división del trabajo en el área administrativa va más allá de la eficiencia y la eficacia, y que también está diseñada para contener los mecanismos simbólicos y materiales del poder y la intimidación. La división entre trabajadores de “cuello blanco” («empleados») y de “cuello azul” («obreros»), esto es, entre “trabajo cognitivo” y “trabajo manual” adquiere la dimensión suficiente para velar las condiciones de vendedores de fuerza de trabajo de los funcionarios, y erige una barrera que ha impedido que los asignados a tareas de diseño y control, en la producción de bienes y servicios, puedan identificarse y reclamar conjuntamente por sus derechos, con aquellos destinados a la ejecución de los procesos. Fayol cumplió en el área administrativa el papel que Taylor, y en general la “Organización Científica del Trabajo”, habían realizado en el campo de las labores manuales: despojar al trabajador de su autonomía y su identidad.

Charles Wright Mills, comenzando la segunda mitad del siglo XX, da cuenta de la extensión alcanzada por el sistema burocrático y cómo había permeado todos los campos de la sociedad, pero, así también, llama la atención sobre la mecanización y precarización que entre el funcionariado empezaba a generalizarse: “La introducción de la maquinaria de oficina y de los planes de venta ha ido mecanizando la oficina y la tienda, los dos grandes locales donde tiene lugar el trabajo del white-collar […]. La demiurgia directiva está constantemente promoviendo todas estas tendencias: mecanización, división más minuciosa del trabajo, empleo de trabajadores menos preparados y más baratos”2.

De esa manera, la tarea de la uniformidad de condiciones, y la formación de una gran masa homogénea de productores-consumidores, alimentan de forma cada vez más intensa la gran máquina devoradora de recursos usados en la reproducción de mercancías indiferenciadas –multiplicadas ad náuseam–, acelerando su marcha hasta el extremo que hoy nos tiene al borde del colapso ambiental y social. La automatización de las labores y la necesidad de la homogeneización del consumo, para la masificación de su producción, empezaban a mostrarse como la base de la igualación y la uniformización por lo bajo, de la sociedad.



El punto de quiebre


Desde el último cuarto del siglo XX, es innegable la tendencia del predominio del sector servicios, tanto en el número de trabajadores como en su valor en la contabilidad nacional, así como la presencia cada vez más generalizada de la robotización en los talleres. Esto ha traído como consecuencia la reducción sustancial del músculo en la fabricación de bienes y la indiferenciación entre las labores directas en la fabricación y las indirectas en las “oficinas”, aplanando las singularidades que separaban trabajadores de “cuello blanco” de “trabajadores de “cuello azul”: “El primer grado, y a veces el aplicado primero en las oficinas, es el de la D-AC: diseño con ayuda de computadora. Luego vienen las diferentes dimensiones  de la C-aC, Concepción con Ayuda de Computadora, culminando todo en formas que mezclan tareas de concepción y de fabricación, o más exactamente que integran funciones de oficina y el taller”3. Lo que no significa que en la dirección los Oficiales Ejecutivos en Jefe (más conocidos como CEO por las siglas en inglés), y algunos profesionales de la concepción y el diseño no sigan separados de la gran masa; por lo contrario, han sido convertidos en parte de la élite, y conforman con ésta un grupo cada vez más reducido que, en sentido estricto, como veremos, no pueden considerarse asalariados, y cuyos patrones de consumo los acercan al sector más privilegiado.
 
Pierre Bourdieu señala cómo desde los inicios de la sociología, la definición de clases sociales no indica lo mismo que categoría social en el sentido de estatus, “Por eso, como observa Max Weber, «podría decirse, a costa de una excesiva simplificación, que las clases se distinguen según su relación con la producción y la adquisición de bienes, y los grupos de status, en cambio, según los principios de su consumo de los bienes, representado por tipos específicos de estilos de vida»”4. Es, en ese estricto sentido, que acá negamos la existencia de una “clase” media, sin deconocer qué durante varias décadas, trabajadores de “cuello blanco”, incluyendo algunos trabajadores independientes y pequeños empresarios, han constituido un grupo de estatus subsumido integralmente en las normas del orden burgués y defensor, en la primera línea, del mundo del capital.

Pues bien, la automatización señalada tanto en las labores de ejecución, como en las de diseño y control, no sólo ha uniformado, en buena medida los movimientos requeridos para las diferentes tareas, sino que los ha simplificado provocando la depreciación del salario que ha ido igualándose por lo bajo. La homogeneización de los consumos es tanto el efecto de la igualación precarizada de los ingresos como de la masificación de la producción de los bienes y servicios más comunes, que tiene en la uniformidad de los gustos y los comportamientos una garantía de demandas en gran escala, así como la seguridad de la mecanización de reacciones y comportamientos que garantizan la estabilidad del sistema.

En esta medida, la macdonalización de la que habla George Ritzer, no es otra cosa que la manifestación sociológica del sacrificio de la libertad en aras de la seguridad: “McDonald’s nos ofrece aquello que es previsible. Sabemos que el Huevo McMuffin que tomaremos en Nueva York, lo miremos por donde lo miremos, será idéntico al que hemos comido en Chicago o en Los Ángeles. También sabemos que el que pediremos la semana o el año que viene será idéntico al que hemos comido hoy. Reconforta saber que McDonald’s no nos brinda sorpresas, es decir, que la comida que tomamos en un determinado momento o lugar es idéntica a la que comemos en otro sitio o a otra hora […]. El éxito del modelo McDonald’s indica que mucha gente ha empezado a desear un mundo sin sorpresas”5.
Pero, lo que no debemos olvidar, es que el arquetipo McDonald’s no fue más que el anticipo de lo que a finales del siglo XX, y en lo corrido del XXI, quedaría consolidado como el modelo de la “sociedad de bajo coste”, expresión acuñada por Massimo Gaggi y Edoardo Narduzzi, en el libro titulado El fin de la clase media y el nacimiento de la sociedad de bajo coste6.

El fenómeno del bajo coste (quizá más conocido por su expresión en inglés, low cost) aparece a finales de la década de 1990 en ciertas ofertas de los pasajes aéreos, que es completada masivamente por las ofertas de productos de precios bajos en almacenes como Wal-Mart, que aprovechan los artículos de imitación chinos y la desregulación laboral en sus tiendas. Ropa como la de Zara y los muebles modulares de Ikea, cuyas ofertas están inscritas en el principio de baratas y a la moda (“cheap and chic”), intentando conjugar precios bajos con un mensaje de sofisticación en el consumo, que ahora no está apoyado en la particularidad sino tan sólo en el símbolo de lo que es actual, así su uso sea masivo.

En esta dinámica social, a la precarización de los salarios la acompaña la masificación de los consumos, eliminando la línea de demarcación que hacía de la clase media un grupo de status. La base material y social que marca el “declive” de la clase media indica que revertir la situación no es un asunto de buena voluntad de las políticas públicas, sino de la lucha del conjunto de los asalariados que más que de cuello azul o blanco, parecen todos teñidos de un gris lánguido.

La diferencia salarial entre los directivos de las empresas –que no son dueños– y el promedio de los trabajadores, según el Economic Policy Institute, pasó de una relación 20 a 1 en los años sesenta del siglo pasado, a 300 a 1 como promedio en la actualidad, llegando a ser de 700 a 1 en las empresas más grandes. Esto, entonces, excluye de la clase social de los asalariados a los directivos situados en la cúpula –igual que deben ser excluidos las estrellas del deporte y el espectáculo–, pues no están sujetos a la ley descubierta por la economía política que indica que un asalariado, en sentido estricto, está sujeto a regresar periódica y sistemáticamente al proceso de venta de su fuerza de trabajo en el mercado para poder sobrevivir, en razón de que la lucha entre el trabajo y el capital de un lado, y la competencia entre trabajadores, del otro, nivela el salario al valor de sus medios de subsistencia, en una puja cuyo resultado estructural Adam Smith denominó “ley de hierro de los salarios”.

Así, que más allá de las diferencias cada vez más pequeñas entre trabajadores asalariados, por la mayor simplicidad o complejidad de sus tareas, no hay duda que la mayor parte de la llamada “clase media” siempre ha sido, y es hoy más que nunca, en sentido estricto, asalariada. Quizá, lo positivo de que la realidad los haya “des-estatuido”, es que por fin reconozcan sin ambigüedades su verdadera condición al interior del sistema y, en consecuencia, acentúen de forma masiva sus luchas contra el capital.



Engaños y endeudamiento


Cuando el Dane definió como miembros de la clase media colombiana a quienes ganaban entre $450.000 y $2.250.000 al mes, provocó hilaridad generalizada. Sus defensores, entonces, argumentaron que la institución tan sólo aplicaba los criterios internacionales para esa definición, sin obviamente recabar en que tal aplicación, en un país con un ingreso promedio tan bajo, hacía de la definición una caricatura sin sentido. Pues, así numéricamente se esté en la mitad, ese ingreso no permite el nivel de consumo que la sociología otorga al estatus de “clase media”.

En esta senda, las cifras entregadas al público por Planeación Nacional afirman que la clase media pasó del 16,3 por ciento de la población en 2002 a 30,6 por ciento en 2016, y alborozadamente indican que en el 2030 más del 60 por ciento de las personas estarán en esa categoría, en un cuento que no es coincidente con las mediocres cifras del comportamiento del PIB per cápita. Ahora, si el criterio sostenido para esa definición es el rango establecido por las entidades multilaterales, y el parámetro del rango es el ingreso promedio, es claro que aun manteniendo todo constante, si baja el promedio, al bajar el piso del rango incluimos más personas en la categoría, por ser numéricamente mayores las familias de bajos ingresos. Seguramente nuestros genios de la economía, amparados en esa lógica, no demoraran en recomendar disminuir el salario medio para incluir más personas como de la clase media.

Según la Encuesta nacional de calidad de vida, los hogares con automóvil propio en Colombia son tan sólo el diez por ciento y, cómo es sabido, este es un símbolo inequívoco de pertenencia a los grupos sociales medios. El otro “consumo conspicuo” que supuestamente distingue a la clase media, los estudios superiores, es otra cifra que niega las afirmaciones oficiales, pues tan sólo el 35 por ciento de los estudiantes que acaba el bachillerato acceden, de forma inmediata a la universidad, con una probabilidad de ingreso para los quintiles intermedios de tan sólo el 23 por ciento, según el Banco Mundial. De los estudiantes que ingresan apenas el 35 por ciento culmina con la graduación, lo que significa que únicamente un 13 por ciento de los que culminan el bachillerato alcanzan un título profesional.

Colombia también ha entrado en la etapa de endéudate y estudia. El Icetex en el año 2000 otorgó créditos al 5,3 por ciento del total de matriculados en las instituciones de educación superior, y en el 2015 ese porcentaje fue del 21 por ciento. Lo qué sumado a los préstamos estudiantiles de la banca privada, acerca el porcentaje de estudiantes endeudados al 50 por ciento de la matrícula total, ¿esa es la forma de ingresar a la clase media?

El endeudamiento es la forma más perversa de la precarización, y cómo sostiene Mauricio Lazzarato “En tanto que la economía real empobrece a los gobernados en cuanto «asalariados» (congelamiento salarial, precarización, etcétera) y beneficiarios de derechos sociales (reducción de las transferencias de ingresos, disminución de los servicios públicos, de los subsidios de desempleo y de las becas estudiantiles, etcétera), las finanzas pretenden enriquecerlos a través del crédito y el accionariado […]; nada de derecho a la vivienda, sino créditos inmobiliarios; nada de derecho a la escolarización, sino préstamos para pagar los estudios; nada de mutualización contra los riesgos (desempleo, salud, jubilación, etcétera), sino inversión en seguros individuales”7.

Salarios reducidos, macdonalización, sociedad de bajo coste y fabricación de seres endeudados es la realidad de las multitudes uniformadas. Reconocerse como asalariados, con todas las implicaciones y el acumulado de su historia, y contracara del capital, debe ser el paso inmediato que lleve a los trabajadores a buscar la luz al otro lado del túnel.



1    Max Weber, Economía y sociedad, Volumen I, Capítulo 3, F.C.E, p. 175.
2    C. Wright Mills, Las Clases Medias en Norteamérica (White-collar), Aguilar ediciones, p. 290.
3    Benjamín Coriat, El taller y el Robot: Ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la era de la electrónica, Siglo XXI editores, p. 58.
4    Pierre Bourdieu, “Condición de clase y posición de clase”, Revista Colombiana de Sociología, Vol VII No. 1 2002 (pp. 119-141) p. 132.
5    George Ritzer, La McDonalización de la Sociedad Un análisis de la racionalización en la vida cotidiana, EditorialAriel, Barcelona, p. 25.
6    Gaggi, Massimo y Narduzzi, Edoardo, Ediciones Lengua de Trapo, Madrid, 2006.
7    Mauricio Lazzarato, La fábrica del hombre endeudado, ensayo sobre la condición neoliberal, Amorrortu editores, p. 127.

Publicado enColombia
Lunes, 29 Julio 2019 05:57

Daños del fracking en Estados Unidos

Campos de fracking en Texas, EEUU.

 

 La Administración de Donald Trump apuesta por convertirse en el primer productor-exportador de petróleo y gas del mundo con la ambición de ejercer un mayor control económico contra otros países, pese a que la extracción por la técnica de fracking puede destruir el medio ambiente, así como contaminar poblados y a ciudadanos estadounidenses.

Mantener la hegemonía en el planeta ya se ha convertido en una especie de enfermedad de los presidentes norteamericanos y en esa línea, Trump, que recibió abundante dinero de esas compañías para costear su campaña electoral, ahora les abre las puertas para que lo acompañen en su propagado tema de “América primero”.

La producción del gigante estadounidense se estima en unos 12 millones de barriles diarios principalmente mediante el fracking, proceso que según los expertos produce contaminación de la atmósfera, de las aguas subterráneas, emisiones de gases de efectos invernadero (metano), sismicidad inducida, daños acústicos e impactos al paisaje.

Parece que todos los riegos son aceptables para alcanzar la autosuficiencia energética, disminuir importaciones y sobre todo, competir con exportadores enemigos como Rusia, Irán y Venezuela.

Este procedimiento consiste en extraer gas y crudo atrapado en el subsuelo para lo cual se fracturan las rocas de esquisto (pizarra), ubicadas entre 4 000 y 5 000 metros de profundidad y entre 1,5 y 3 kilómetros de longitud horizontal. Para que fluyan los combustibles, se inyecta a presión 95 % de agua y 5 % de arena, así como varios productos químicos con altos riesgos de contaminación de los acuíferos.

Se requieren entre 9 000 y 29 000 metros cúbicos de agua para las operaciones de un solo pozo, lo que causa graves problemas con la sostenibilidad de los recursos hídricos en momentos que organismos internacionales indican la falta de ese líquido en muchas partes del mundo que podría provocar guerra futuras por su control. Datos no oficiales señalan que en todo el país se han abierto más de 180 000 pozos, con una producción que declina rápidamente.

Algunas de las 260 sustancias químicas presentes en alrededor de 197 productos utilizados, son tóxicos, cancerígenos o mutagénicos que pueden contaminar el agua debido a fallos en la integridad del pozo y a la migración de contaminantes a través del subsuelo.

Asimismo, entre el 20 % y el 80 % del líquido inyectado para provocar la fracturación de las rocas de esquisto, retorna a la superficie y el resto permanece bajo tierra con todas las sustancias contaminantes ligadas, a las que se suman los metales pesados ya existentes en el subsuelo: hidrocarburos, elementos naturales radiactivos.

Amplios estudios recogidos en el Compendium of Scientific, Medical, and Media Findings Demonstrating Risks and Harms of Fracking, asegura que con esta técnica se exacerba el deterioro ambiental y se afecta adversamente la salud de las comunidades; que el fracking forma parte de un modelo de consumo energético desmedido que apuesta a la explotación y comercialización de energéticos sin importar impactos ambientales, sociales, económicos, laborales, de salud, climáticos y, por ende, vulnera los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, en particular, de los trabajadores y las comunidades cercanas a esas actividades.

El Instituto de Salud y Medio Ambiente de la Universidad de Albany determinó que ocho sustancias altamente tóxicas se encontraron en muestras de aire tomadas cerca de sitios de fracking en Arkansas, Colorado, Pensilvania, Ohio y Wyoming, que incluyen dos carcinógenos para el humano (benceno y formaldehido) y dos potentes neurotóxicos (hexano y sulfuro de hidrógeno).

En Arkansas, siete muestras de aire contenían formaldehido en concentraciones más de 60 veces mayores que el nivel conocido para el aumento de riesgo de cáncer.

La fracturación también ha incrementado la actividad sísmica en regiones donde casi nunca ocurrían como Arkanzas, Ohio, Oklahoma, Colorado y Texas. En Youngstown, Ohio, los movimientos telúricos de origen antropogénico han llegado a ser hasta de 5.7 grados.

Extremadamente perjudicial para el hombre y la naturaleza resulta la extracción de combustible por medio del fracking. Pero ¿qué podrá esperar el pueblo estadounidense de su presidente Donald Trump quien en 2017 retiró a su país del Acuerdo de París sobre cambio climático con el objetivo de compensar a las compañías multinacionales de petróleo que lo impulsaron a la Casa Blanca? Destrucción y enfermedades no importan, el dinero primero.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Publicado enMedio Ambiente
¿Quién va ganando la guerra comercial entre EU y China? // Boris Johnson coquetea con la Ruta de la Seda // Uno espera, el otro desespera

En México se suele estar abrumado por los multimedia de Estados Unidos/Gran Bretaña y sus sucursales locales, y no se toma en cuenta dialécticamente la antítesis de la contraparte afectada, como es el caso flagrante de China en la guerra comercial que inició Trump.

 

Si uno se basa en los tuits de Trump, pues prácticamente China estaría liquidada en forma absurda, lo cual atenta contra la realidad.

 

Trump es un excelente propagandista como se entrenó 13 años en su programa de reality show The Apprentice (https://imdb.to/2K3Pjtn), además de ser un consagrado blufista de póquer, lo aprendió en sus casinos o con su socio israelí Sheldon Adelson, mandamás de Las Vegas y Macao.

 

Sucede que hay categorías entre los 193 países de la ONU, cuando unos, como vulgares naciones bananeras sucumben al primer amago de amenazas de Trump, y otros, como las superpotencias, Rusia y China –incluso India– lo paran en seco.

 

En estos momentos Norcorea e Irán –y hasta la Unión Europea– han descubierto los alcances de los blufs de Trump, que pueden ser muy letales cuando los países afectados carecen de anticuerpos, ya no se diga de un sistema inmunológico ni de resiliencia ni carácter.

 

El punto de vista de China sobre la guerra comercial que libra EU es diametralmente opuesto a la propaganda electorera de Trump.

 

Yu Jincui, del Global Times, alega que “EU está más ansioso para un arreglo que China (https://bit.ly/2LFv5t2)”.

 

La guerra comercial de Trump, que ha durado un año, ha afectado a importantes segmentos de la economía de EU –aunque no la bolsa de Wall Street, donde la inminente disminución de las tasas de interés puede servir a Trump para su anhelada relección, entre otros factores–, como el área rural que ha periclitado, además del sector ya de por sí alicaído de la manufactura que se encuentra al borde de la recesión cuando la deuda de EU está a punto de alcanzar su récord.

 

En síntesis, a juicio de Yu, los consumidores, los granjeros y los manufactureros son todos víctimas, por lo que Trump confronta una presión creciente para finiquitar su guerra comercial contra China, en rechazo a la cual se han expresado públicamente sus Cámaras de Comercio.

 

Pese a que Trump se ha autoelogiado como el Rey de las Tarifas (en)marcadas con su frase indeleble las guerras comerciales son buenas(sic) y fáciles(sic) de ganar –relativizando el grado de codependencia del país afectado–, los tuits del presidente no han (con)movido a China, a pesar de que en la histórica cumbre del G-20 en Osaka, en la reunión bilateral al margen entre Trump y el mandarín Xi acordaron una tregua, donde el mandatario de EU ni siquiera pudo sacar la firma de Beijing para la necesitada compra de sus productos rurales, sino vagas promesas no-vinculantes, cuando China busca la exoneración de Huawei, una de sus joyas tecnológicas, y guarda en el bolsillo dos armas letales: la prohibición y/o el incremento de las tarifas a la exportación de sus “minerales de tierras raras (https://bit.ly/2EGM09J)”, y el dumping de sus cuantiosas reservas de Bonos del Tesoro de EU que pondrían a prueba el orden financiero global basado en la unipolaridad aberrante del dólar.

 

Yi juzga que China y EU desean concluir la guerra comercial, pero China está más tranquila que EU.

 

Hoy hasta Boris Johnson, el flamante premier británico y supremo aliado de Trump, coquetea con la Ruta de la Seda de China.

 

Es absurdo pretender que una de las dos superpotencias geoeconómicas va a ganar. Las dos pierden, máxime que tienen una gran complementariedad en sus cadenas de suministro, lo cual daña las economías del mundo entero, con mayor dolo en Latinoamérica.

 

Ni siquiera EU tiene fácil el panorama militar cuando China acaba de publicar su vigoroso Libro Blanco de “Defensa para una Nueva Era (https://bit.ly/2ZeHcAn)”.

 

El tiempo chino le gana a Trump: China lleva una ventaja institucional cuando puede esperar el desenlace de la elección presidencial de EU, mientras el mandarín Xi ha sido elegido de por vida por su Partido Comunista.

 

China espera y EU desespera.

 

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Construcción naval y el ascenso de China

Hay muchas clases de industrias. Existen las que son capaces de transformar toda una economía. Y después están las que permiten construir imperios.

Entre las primeras se encuentra, por supuesto, la industria automotriz, que transformó la matriz industrial de los países productores y hasta el espacio urbano. Pero entre las segundas se encuentra la industria naval.

A mediados del siglo XIX, Inglaterra ocupaba una posición de indiscutible liderazgo en materia de construcción naval. Sus astilleros y diques secos sobre la ribera del río Clyde invadieron el mercado mundial de barcos. Eric Hobsbawn, en su magistral libro Industria e Imperio, explica cómo hasta llegaron a imponer las normas sobre producción naval en todo el planeta. El predominio de Reino Unido en esta industria duró todo un siglo. El imperio británico fue el hermano gemelo de esta hegemonía en la industria naval.

Japón arrebató a Reino Unido el liderazgo en la construcción naval en los años de la década de los 50. A principios del siglo XX la industria siderúrgica nipona alcanzó estándares mundiales y la industria naval pudo beneficiarse de sus adelantos y productividad. Para el Imperio del Sol Naciente la construcción naval era emblemática en su carrera para alcanzar y superar a las potencias occidentales. El conglomerado Mitsubishi llegó a convertirse en el primer productor de barcos del mundo. Esa empresa también fabricó el avión de combate Zero, la aeronave que más se produjo en toda la Segunda Guerra Mundial. Ese conflicto bélico retrasó el ascenso japonés, pero no lo pudo detener.

Pero un nuevo gigante apareció en Asia, y Japón perdió el liderazgo en la construcción naval. En la década de los años 70, Corea del Sur se convirtió en el líder mundial en materia de producción de barcos. A mediados de los años 70 sus gigantescos astilleros en Ulsan eran los de mayor capacidad en el mundo para procesar placa de acero. Sus grandes roladoras podían dar forma a las inmensas placas y producir cualquier tipo de barco.

La preeminencia coreana se fue agotando y dejó de existir en 2005. Ese año China consagró a la industria naval como prioridad estratégica. El objetivo explícito de su décimo primer plan quinquenal (2006-2010) era el de convertir a la industria naval china en el líder mundial para 2020.

La industria china ya se había desarrollado en múltiples direcciones y el despliegue de la construcción naval también tenía como objetivo utilizar la enorme capacidad instalada ociosa de la industria acerera. Hasta el año 2004 China mantuvo unos 17 diques secos en operación. Pero en 2005 comenzó un ambicioso programa de inversiones que le permitió contar en 2012 con más de 124 diques secos de gran capacidad. La producción de barcos de todo tipo aumentó de manera espectacular: cargueros a granel y de contenedores, buques tanque y buques para transportar gas natural o licuado (LPG).

Entre los años 2000 y 2010 la parcela del mercado mundial de barcos controlada por China pasó de 25 a 50 por ciento, para beneplácito de las autoridades en Pekín. Pero entre 2005 y 2015 el exceso de capacidad de la flota naviera (de carga) mundial se duplicó (pasando de 600 a mil 200 millones de toneladas). Es como si en 2005, 23 por ciento de la flota existente hubiera sido redundante.

Los aranceles impuestos por Washington en su guerra comercial con Pekín no podrán corregir esta situación. La expansión del sector de construcción naval se llevó a cabo con fuertes subsidios del gobierno, y aunque eso es bien conocido el mecanismo de solución de controversias de la OMC no es un canal adecuado para frenar esa política de China. Toma demasiado tiempo y los resultados son más bien débiles para industrias del tamaño de la construcción naval. Además, hoy la industria naval china depende más de esquemas de financiamiento que de subsidios del gobierno. Y si bien muchos bancos son controlados por el Estado, demostrar que sus créditos son subsidiados es todavía más complicado.

En 2018 la empresa china Cosco se convirtió en la tercera empresa naviera en el mundo. El proyecto geoestratégico de la nueva Ruta marítima de la seda (que complementa el componente terrestre de esa iniciativa) permitirá asegurar las rutas marítimas a través de las cuales China adquiere 70 por ciento de sus importaciones de energéticos. El nuevo imperio busca por todos los medios consolidar las bases de su expansión futura.

La industria naval china puede frenarse por una recesión mundial que deprima el comercio y la demanda de barcos a escala global. Pero aun en ese caso, China puede recurrir a la expansión de su flota militar y así mantener ocupados sus astilleros y monumentales diques secos. No estará produciendo mercancías, con lo cual su rendimiento no se podrá medir en términos de ganancias y parcelas de mercado. Pero estará generando empleos, lo que es una de las preocupaciones clave de Pekín. Quizás lo más importante es que estará apuntalando la expansión militar naval del nuevo imperio.

Twitter: @anadaloficial

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