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“El negocio agroalimentario pondría en riesgo...
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Medidas sanitarias, Estado policial y democracia.
A nivel mundial, las iniciativas para afrontar la expansión del covid-19 generan debates sobre las libertades y los derechos ciudadanos toda vez que se imponen severas restricciones y se utilizan las fuerzas armadas para supervisarlas. Algunas voces rechazan la comparación con Estados instalados... Leer Más
Contagiar otro mundo
Frente a los decretos de excepción expedidos por diversos gobiernos, el “ shock sicótico-viral” extendido por los pueblos del mundo, y el peligro científicamente probado del coronavirus, movimientos sociales crean formas de extender la solidaridad. Primero, para atender a las personas mayores, el... Leer Más
El irresistible retorno de los militares
Bolsonaro en la cuerda floja “Bolsonaro no gobierna más y Brasil vive una desobediencia civil”, escribió el columnista Merval Pereira en la edición del 26 de marzo del diario O Globo. No es cualquier periodista ni cualquier medio. Perteneciente a la cadena Globo, O Globo es el diario de mayor... Leer Más
Denunciamos y rechazamos el asesinato de la...
Comunicado al Gobierno Nacional, a las entidades de Naciones Unidas, a la Fiscalía, a la Defensoría del pueblo, a todas las organizaciones de Derechos Humanos en Colombia y a la sociedad colombiana en general sobre el Asesinato de la Lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez, perteneciente a la... Leer Más
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Martes, 28 Enero 2020 06:36

Cambiar el sistema, sí, pero ¿cómo?

Cambiar el sistema, sí, pero ¿cómo?

Los gritos se están haciendo cada vez más fuertes y provienen de una inusual combinación de gente no particularmente dada a jugar el papel de Casandra1. Doctores, máximos representantes de la ONU, colegiales y 11.258 científicos de 153 países están coreando lo que todos deberíamos saber: a pesar de cuarenta años de cumbres mundiales del clima, las cosas siguen como siempre. Puntos de inflexión irreversibles, efectos cascada, deshielo, crecientes niveles de CO2, CH4 y N2O, acidificación de los océanos, aumento de temperaturas, incendios, extinción masiva de especies y mucho más, han llevado a enfatizar que la catástrofe no solo refiere al derretimiento de glaciares y temperaturas mortales, sino que se trata de un problema político y social. Piden un “cambio transformador, con justicia social y económica para todos”.

En junio, Philip Alston, relator especial de la ONU en pobreza extrema y derechos humanos, avisó que los impactos del calentamiento global amenazaban derechos como la vida, el agua, la comida y la vivienda para cientos de millones de personas, así como la democracia y el estado de derecho. El jefe de redacción de The Lancet, por su parte, apoyando a Extinction Rebellion, urgió a los profesionales sanitarios a participar en la protesta social no violenta, pues “la medicina trata de la protección y fortalecimiento de las especies humanas”. Alumnos de escuela, avanzando donde los adultos han fallado, entienden muy bien que la crisis no va solo de salvar osos polares. Ellos también están llamando a un cambio social.

La crisis climática ha mostrado que el capitalismo es incompatible con la salud del planeta y que es esencial apartarse del crecimiento del PIB. No obstante, en lugar de atender a las alarmas, los gobiernos están volviendo a la violencia contra las manifestaciones y, como el Príncipe de Salina en El Gatopardo, están optando por el gatopardismo («las cosas deberán cambiar si queremos que nada cambie»), prefiriendo proteger el statu quo antes que cambiar un sistema que destruye el planeta. Esta situación es un terreno fértil para grupos de extrema derecha que, explotando los miedos de la gente, están regresando a gobiernos de estilo fascista en los cuales los derechos humanos son cada vez más amenazados.

En una reciente entrevista, Srećko Horvat, del Movimiento Democracia en Europa 2025 (DiEM25), exhorta a la “cooperación internacional, pues aquellos contra los que luchamos trabajan transnacionalmente”. En su Green Strategy, Marc Brodine escribe: “Se necesita un movimiento masivo, de alcance mundial, para emprender batallas defensivas contra la degradación medioambiental y el desarrollo explotador”. Alexia Ocasio-Cortez y Bernie Sanders reconocen la necesidad de reformas revolucionarias. Pero un hecho esencial es que casi no existen en su discurso. La crisis climática es una crisis de derechos humanos y los más afectados son los ciudadanos de los países más pobres del mundo, quienes han hecho menos en contribuir a este desastre.

¿Dónde están los mecanismos para llevar a cabo esas reformas? Sí, necesitamos cooperación transnacional, pero la mitad de las personas del mundo no pueden participar porque se encuentran luchando literalmente por sobrevivir. ¿Cómo se puede abrir esta cooperación a todos? Los “derechos humanos” son una narrativa política universal, pero, en ausencia de derechos básicos, la gente no puede operar políticamente ya que no existe socialmente. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos ha estado muerta desde el primer día, en especial porque no vino con mecanismos para realizar esos derechos proclamados, ni siquiera los más básicos de ellos, los de la existencia material. El único instrumento que conocemos que podría garantizar de manera viable este derecho a escala global es una renta básica incondicional universal por encima del umbral de la pobreza (de cualquier lugar en que se introduzca). Y se trata de algo más que un instrumento. En sí mismo, es un derecho que puede ser rastreado hasta los principios de los bienes comunes. Si queremos un cambio en el sistema y sociedades más fuertes y sanas para combatir la crisis del cambio climático, entonces garantizar este derecho básico universal será seguramente un primer paso decente y radical.

Sin un foco en los pobres, los desposeídos de aquellos recursos naturales que han sido apresados por el norte global al que le importa un carajo el desenfreno destructivo de su “progreso”, no puede haber un cambio real del sistema. Los pobres en los países en desarrollo están pagando el precio de un 75-80% de los costes de la catástrofe climática. Tienden a vivir en áreas expuestas a desastres, en casas menos resistentes y suelen perder todo lo que poseen; tienen menos recursos para mitigar esos efectos; reciben menos apoyo de los sistemas sociales para recuperarse del impacto; tienen medios de vida precarios; y se encuentran vulnerables frente a la enfermedad, malas cosechas, aumento de precios de alimentos, muerte y discapacidad. Las respuestas a la catástrofe ligada al clima tienen a menudo la forma de intervención humanitaria cínica ex post. Por ejemplo, tras el ciclón Idai, el FMI acordó un préstamo de emergencia sin intereses de 118,2 millones de dólares para Mozambique –el sexto país más pobre del mundo, donde el habitante medio es responsable de 55 veces menos emisiones de carbono que el ciudadano medio estadounidense– pero descartó el alivio del pago de los préstamos preexistentes. Adivina quién se beneficia. El cambio sistémico requiere medidas ex ante y una renta básica sería esencial entre ellas, en cuanto distribución de recursos para potenciar cambios de la población en orden de aplicar el conocimiento local apropiado para combatir el cambio climático antes de los desastres. Esto permitiría, por ejemplo, a las mujeres agricultoras en países pobres tener mejores herramientas. Los científicos calculan que entonces podrían cultivar un 20-30% más de comida en la misma tierra y así evitar dos mil millones de toneladas de emisiones para 2050. Solo esto parecería ser un buen argumento para la renta básica.

Ahora bien, la renta básica significa bastante para no pocas personas. Un ingrediente interesante dentro de (pero en los márgenes de) la presente coyuntura de llamamientos al cambio de sistema es la candidatura de Andrew Yang para la presidencia de EE. UU., prometiendo una renta básica de 1.000$/mes para todo estadounidense mayor de dieciocho años. Sin embargo, su inversión para hacer frente al cambio climático es solo un cuarto de la que Bernie Sanders propone. El enfoque de Yang es más tecnocrático que preocupado por la pobreza. Favorece la energía nuclear y dudosas soluciones geo-ingenieriles como espejos espaciales, dispersión estratosférica de dióxido sulfúrico y plantar plancton en el océano. Yang es un claro ejemplo de las divisiones en el debate de la renta básica, donde algunos entusiastas son realmente de derechas. La renta básica a la que nos referimos nosotros es solo una medida en el dominio de la política económica. Para ser efectivo se necesita de fuertes políticas públicas en salud, vivienda, educación, transporte, etc. ¿Por qué diablos no incluye Bernie la renta básica en su campaña?

El cambio de sistema precisa de pensamiento sistémico, especialmente sobre decrecimiento, que no es ajeno a la redistribución. La renta básica representa obviamente una forma de redistribución, y en términos de Gini también, ya que puede financiarse con impuestos progresivos fácilmente. El pensamiento sistémico exige tomar en cuenta la salud de todo el sistema, tal y como ciertas culturas indígenas han sabido hacer desde hace mucho tiempo. La concienciación desde este punto de vista no solo fomentaría la reducción del consumo, sino que también incorporaría un elemento de respeto a los pueblos indígenas del mundo pendiente, quienes han sido vistos, desde la época del imperialismo, como un obstáculo a ser desplazado del camino de la explotación de los recursos.

Así que, ¿cómo podría una renta básica favorecer un cambio sistémico? Ya que los pobres deben ser el foco, daremos unos cuantos ejemplos de un detallado estudio nuestro de 2010 sobre los efectos hipotéticos de una renta básica en Timor Oriental. Encontramos que un ingreso básico parcialmente financiado por ingresos del petróleo y gas permitiría la distribución inmediata de una micro-renta (en oposición a micro-crédito), recibida cada mes sin interferencias externas. Una renta básica sobre la línea de la pobreza (allá entonces de 20$/mes por persona), para toda la población, significaría que una familia con seis personas a su cargo recibiría un ingreso mensual garantizado de 160$/mes. En una aldea de veinte familias similares la cantidad sería de 3.200$/mes o 38.400$/año.

Lo que esto podría representar en términos de soberanía alimentaria está ilustrado por un proyecto de cultivo de arroz con búfalos en el área devastada de Uatulari, con una población de unas 20.000 personas. Trabajando con una ONG timorense, el gobierno catalán financió el proyecto por valor de unos 142.680$ en los años 2000-2003 (47.560$ por año), o aproximadamente 2,38$/año por persona. La zona logró la autosuficiencia en cultivo de arroz antes de que el periodo acabara, y fue capaz de suministrar semillas para las zonas cercanas. Los búfalos fueron la “maquinaria” para preparar los campos de arroz abandonados (pisando el suelo para compactarlo antes de plantar las semillas) y también produjeron estiércol, leche, carne y pieles, al tiempo que reforzaban las relaciones sociales, ya que estos animales son tradicionalmente propiedad común. Sin embargo, con el cambio de gobierno en Cataluña, la financiación cesó y el proyecto nunca fue más allá de una exitosa fase piloto del proyecto. Una renta básica de 20$/mes por persona aportaría 4,8 millones de dólares garantizados a Uatulari cada año, unas cien veces lo que el gobierno catalán concedió. El impacto de una fuente estable de ingresos sería notable en términos de desarrollo local.

En términos de derechos humanos, una estrategia de desarrollo agrícola que consolide la producción local con el desarrollo generalizado de las redes comerciales resulta mucho más beneficiosa que una política de monocultivo orientada a las exportaciones, concentración de latifundios y desigualdad sistémica, por no mencionar los efectos medioambientales negativos. Los pequeños cultivos no solo contribuyen al mercado local, sino que también fortalecen la seguridad social y alimentaria y ofrecen una mayor difusión de los medios productivos, además de ser mejor para la gestión medioambiental. Asimismo, la migración masiva a la capital timorense, Dili, ha creado un problema permanente de desequilibrio demográfico, con grandes cifras de desempleo y descontento juvenil, con grandes capacidades destructivas. Evidentemente, no pueden ser reintegrados en comunidades rurales que no existen por la carencia de una base productiva. El incluirlos en un esquema de renta básica sería un gran avance en su reintegración como ciudadanos y en el establecimiento de una coexistencia pacífica.

De nuevo, las familias más pobres tienden a tener un mayor número de hijos. La tasa de fertilidad de 2019 fue de 5,5 nacimientos por mujer, una de las más altas del mundo. Independientemente de la ausencia de servicios de planificación familiar y educación sanitaria básica, el tener más hijos suele ser visto como una forma de reemplazar a los hermanos que mueren en la infancia, y como una especie de plan de seguro social para los padres. Que la salud de la madre se vea gravemente perjudicada por tantos embarazos es una consideración menor en circunstancias desesperadas. Una forma garantizada de cobertura social como la renta básica disminuiría la tasa de nacimientos a largo plazo, corregiría el sesgo contra los jóvenes, miembros dependientes de la sociedad, mejoraría la salud de las madres y los niños y llevaría más niños a las escuelas.

Una renta universal no solucionaría todos los problemas de Timor Oriental, pero supondría muchas más oportunidades en el terreno productivo, cohesión e inclusión social en comunidades locales reforzadas, mayor participación política y una gran reducción de la pobreza y de los problemas relacionados con ella. Las buenas noticias son que nuestro modelo de renta básica es exportable y con algunos ajustes puede ser aplicado en cualquier lugar del mundo. Y debería ser aplicado si realmente nos preocupan los derechos humanos y queremos un cambio sistémico, especialmente cuando se trata de combatir la crisis climática y sus efectos sobre los habitantes más pobres del planeta.

Nota:

1 En la mitología griega, Casandra fue una mujer a la que Apolo otorgó el poder de adivinar el futuro a cambio de sexo. Al no cumplir ésta el pacto, Apolo la condenó con la incredulidad de los mortales. [N. del T.]

Por Julie Wark / Daniel Raventós

26/01/2020

Julie Wark

es autora del “Manifiesto de derechos humanos” (Barataria, 2011) y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso. En enero de 2018 se publicó su último libro, “Against Charity” (Counterpunch, 2018), en colaboración con Daniel Raventós, recientemente editado en castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).

Daniel Raventós

es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, "Against Charity" (Counterpunch, 2018) recientemente editado en castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).

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Caetano Veloso, en 2012. Getty Images

Bolsonaro logra revertir su caída de popularidad gracias a la mejora de la economía y el descenso de los asesinatos pese a los indicios de deterioro democrático

El músico Caetano Veloso ha alzado su voz este fin de semana para alertar de que “el fascismo está mostrando sus garras” en Brasil. 51 años después de ser encarcelado por la dictadura militar, el cantante explica en un vídeo en inglés difundido en redes sociales este fin de semana que “el Gobierno brasileño no solo ha emprendido una guerra contra las artes y los creadores, sino contra la Amazonia y los derechos humanos en general”. Los artistas, los indígenas, otras minorías y la prensa se han convertido en el último año en blanco de la furia y el desprecio del presidente Bolsonaro y sus seguidores. Los representantes de 45 grupos indígenas reunidos en una reciente cumbre lo acusaron de haber “puesto en marcha un proyecto político de genocidio, etnocidio y ecocidio”. Sin embargo, la economía mejora, los asesinatos caen y la popularidad de Bolsonaro ha empezado a subir en un cambio de tendencia.

La democracia brasileña, cuya erosión comenzó en el proceso de impeachment a la expresidenta de izquierdas, Dilma Rouseff, en 2016, se deteriora más rápido desde que Bolsonaro, de extrema derecha, ganó las elecciones. Cualquier crítica es considerada casi una traición. Y los indicios alarmantes se suceden. Pero esto no impide que, a lomos de la mejora de la economía y el descenso de los asesinatos, la popularidad del presidente haya dejado de empeorar.

El porcentaje de brasileños que considera que el Gobierno lo está haciendo bien o muy bien ha aumentado cinco puntos, hasta el 34%, desde agosto. Los que lo califican de malo o muy malo han caído ocho puntos, según una encuesta difundida la semana pasada antes de que se conociera que durante el primer año de Bolsonaro en la presidencia se han creado 644.000 empleos formales, la mayor cifra desde 2013, en vísperas de la recesión.

La denuncia de la Fiscalía contra el periodista Glenn Greenwald, contra el criterio de la policía, por supuesta implicación en el pirateo de teléfonos de autoridades que sirvieron de base a las revelaciones sobre el entonces juez Sergio Moro han sido duramente criticadas por diversas asociaciones defensoras de la libertad de prensa y otras libertades de Brasil y el extranjero. El aluvión de críticas a las autoridades judiciales brasileñas ha sido tal que este lunes la Fiscalía General del Estadosse ha desvinculado de la decisión, que el fiscal del caso tomó en ejercicio de su autonomía, según explica la oficina del fiscal general una nota. La ciudad de São Paulo celebra hasta fin de mes un festival que reúne casi medio centenar de obras artísticas censuradas en el año que Bolsonaro lleva en el poder.

Ese es el ambiente sobre el que alerta el músico, que en el corto vídeo confiesa: “Nunca creí que vería semejante retroceso mientras estuviera vivo”. En su mensaje también menciona su lucha contra la dictadura y la censura. Veloso y Gilberto Gil, entonces representantes el movimiento musical Tropicalia, fueron encarcelados durante un mes en 1968 acusados de ofender a la bandera y el himno nacional. Ambos tuvieron que exiliarse al ser excarcelados.

El músico usa el escaso minuto de su declaración para recomendar el documental La democracia en peligro, de su compatriota Petra Costa, nominada a los Oscars. La cinta es una retrospectiva desde la mirada personal de su directora sobre los vertiginosos últimos años, desde el proceso que llevó a la destitución de Rousseff hasta la elección de Bolsonaro.

Por Naiara Galarraga Gortázar

São Paulo 27 ENE 2020 - 13:20 COT

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Diab ingresa al palacio presidencia de Baabda, al este de Beirut.  Imagen: AFP

En medio de una crisis económica y de representatividad

El nuevo primer ministro dijo que "se esforzará por hacer todo lo necesario para cumplir con todas las demandas de los manifestantes". 

 

Líbano ha formado un nuevo gobierno luego de meses de punto muerto provocado por protestas masivas contra la élite gobernante del país y su peor crisis económica en décadas. Hassan Diab, el primer ministro, dijo que su nuevo gabinete "se esforzará por hacer todo lo necesario para cumplir con todas las demandas de los manifestantes" al anunciar su alineación el martes por la noche.

Diab, un ex profesor de ingeniería eléctrica de 61 años, describió a su gobierno como un "equipo de rescate" formado por expertos que ayudarían al país a superar sus dificultades actuales. El nuevo gobierno fue reunido por el grupo libanés Hezbolá y sus aliados, que constituyen el bloque más grande en el parlamento, casi tres meses después de que el ex primer ministro Saad Hariri renunciara ante las protestas nacionales.

Pero solo unas horas después de que se anunció el nuevo gobierno esta semana, los manifestantes estaban de vuelta en las calles fuera del parlamento en la capital Beirut. “Se están burlando de nosotros. Este nuevo gobierno está hecho de un color. Nada ha cambiado y nada cambiará ", dijo Nour, una maestra de Beirut que solo dio su nombre de pila, en una manifestación contra el nuevo gabinete el martes por la noche. “Solo quieren que estemos desesperados y que nos conformemos con este nuevo gobierno, pero no está bien. Estamos pidiendo un nuevo país”, agregó.

Cientos se reunieron para la protesta tras el anuncio de Diab. En la madrugada del miércoles estallaron pequeños enfrentamientos entre manifestantes y policías, que dispararon gases lacrimógenos y granadas de sonido para dispersar a la multitud. Se produjo después de grandes protestas durante el fin de semana que vieron a más de 500 personas heridas en ambos lados. Las protestas a nivel nacional estallaron hace tres meses en respuesta a un nuevo impuesto sobre el servicio de mensajería WhatsApp, una medida destinada a aliviar los problemas financieros del Líbano.

Las protestas se convirtieron en un movimiento más amplio que tenía como objetivo derrocar todo el sistema político del país y los partidos que han mantenido el poder desde el final de la guerra civil de 1975-1990. Una de las demandas clave de los manifestantes fue la formación de un gobierno tecnocrático y no político que pudiera ver al Líbano a través de su crisis actual. Diab afirmó que "cada ministro en este gobierno es un tecnócrata y funciona alejado de los partidos políticos".

Pero los observadores han notado que muchos de los expertos supuestamente independientes tienen vínculos con los partidos políticos, y el hecho de que todos fueron elegidos por un bloque político ha llevado a acusaciones de que es "un gobierno de un solo color". La composición del gabinete fue decidida por el Movimiento Patriótico Cristiano Libre (FPM), liderado por el actual presidente, Michel Aoun, y sus aliados parlamentarios, de los cuales el Hezbolá respaldado por Irán es uno.

El partido del ex primer ministro sunita, Hariri, junto con sus aliados, el Partido Socialista Progresista y las Fuerzas Libanesas, no formará parte del gobierno, una rareza en el Líbano, donde los gobiernos generalmente se forman por consenso entre los diferentes sectas del país.

"Desde que Diab fue nominado como primer ministro, la escritura estaba en la pared", dijo Sami Atallah, director ejecutivo del Centro Libanés de Estudios de Política en Beirut. “El proceso de selección de los candidatos, la forma en que se tomaban las decisiones, indicaron que volvimos a las mismas reglas de compromiso donde los escaños se dividían entre los partidos políticos. La esencia del juego no cambió. Es vino viejo en una botella nueva”.

Atallah agregó que "nada estaba cambiando fundamentalmente" en la forma en que Líbano ha sido gobernado durante décadas. El gabinete de 20 miembros de Diab está compuesto por expertos en su campo. Incluye un récord de seis mujeres, que ocupan los ministerios clave de defensa, justicia y trabajo.

En la primera reunión del gabinete ayer, el presidente de Líbano, Aoun, dijo a los ministros que tenían una misión "delicada" por delante. "Es necesario trabajar para abordar la situación económica, restaurar la confianza de la comunidad internacional en las instituciones libanesas y tranquilizar a los libaneses sobre su futuro", dijo el presidente.

El apoyo financiero de la comunidad internacional se considera crucial para ayudar al país a salir de su crisis económica. El Líbano es uno de los países más endeudados del mundo, con una relación deuda / PIB del 152 por ciento. En el presupuesto de 2016, los pagos de intereses representaron casi la mitad de todo el gasto público.

La crisis económica se profundizó en las últimas semanas a medida que los bancos impusieron controles informales de capital, que a su vez, han impuesto restricciones sobre cuánto dinero pueden retirar los clientes. A medida que el valor de la libra libanesa continúa bajando, muchas personas ven desaparecer sus ahorros. Pero muchos países que tradicionalmente brindaron ayuda financiera al Líbano, especialmente en el Golfo, están cada vez más preocupados por la creciente influencia de Hezbolá en el país.

Diab dijo el martes que su primer viaje al extranjero sería a la región del Golfo. Con un "gobierno de un solo color" que está fuertemente influenciado por el grupo militante chiíta, Líbano puede tener dificultades para asegurar el apoyo allí, y más lejos en Washington, donde la administración de Donald Trump adoptó un enfoque mucho más duro para Hezbolá.

Sin embargo, de manera más inmediata, es poco probable que el nuevo gobierno reprima las protestas que se apoderaron del país durante los últimos tres meses. “Ya vimos la reacción en la calle. Creo que podría ser aún más fuerte ", dijo Atallah. “Se remonta al mismo problema. El problema es mucho más estructural. Es por eso que las protestas ocurrieron en primer lugar: protestan contra todo el sistema de gobierno”.

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

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Fernando Mayorga. Sociólogo y doctor en ciencias políticas. Catedrático en la Carrera de Sociología y Director general del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Con el politólogo boliviano Fernando Mayorga.

Sociólogo y doctor en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Mayorga dialogó con Brecha sobre la situación boliviana y el escenario político de cara al próximo 3 de mayo, día de las elecciones presidenciales.

—¿Corre riesgo el Estado plurinacional, que acaba de cumplir 14 años?

—Para modificar el Estado plurinacional como entidad constitucional sería necesaria una asamblea constituyente y eso no parece posible hoy. Si bien es cierto que Carlos Mesa prefiere volver a la República y Fernando Camacho se inclina por hablar de un nuevo federalismo, las nuevas autoridades deberán seguir con el Estado plurinacional. Pero si bien no podrán modificar esa denominación, es cierto que hoy el país se encuentra en un retroceso en sus políticas públicas y que ha vuelto a estar en manos de una oligarquía histórica.

—¿Cuál es la situación del Mas para las próximas elecciones? ¿Hay críticas en Bolivia a la fórmula integrada por Luis Arce y David Choquehuanca?

—El Mas, pese a todas las críticas recibidas desde la oposición –que hoy es gobierno a partir del golpe de Estado– sobre la dictadura que habría impuesto Evo Morales, es la fuerza política más democrática del país. La candidatura del binomio Luis Arce-David Choquehuanca es cuestionada aquí por algunas fuerzas y organizaciones sociales del Pacto de Unidad [la alianza de las principales organizaciones sociales que apoyan al Mas],y eso hay que leerlo en dos claves complementarias. Por un lado, porque es parte de la lógica asambleísta y comunal de los bolivianos, y es también parte de los mecanismos históricos del sindicalismo boliviano. Y por otro lado, porque demuestra la expresión democrática en el interior del Mas.

—¿Cómo podría describirse al gobierno actual de Bolivia?

—En este momento el gobierno de Bolivia está en manos de lo que fuera la oposición al Mas, que está fragmentada. La propia presidenta Jeanine Áñez es parte del movimiento Bolivia Dice No, surgido para oponerse a la candidatura de Morales en la elección de octubre. Se trata de un partido que no alcanzó el 5 por ciento de los votos. Quienes hoy gobiernan fueron parte de una oposición que desde el triunfo del Mas en las presidenciales de 2005 no logró articular una fuerza que pudiera enfrentarlo. El único candidato que mantiene su partido y está listo para presentarse legalmente es Carlos Mesa, con Comunidad Ciudadana. Por eso se da la curiosa paradoja de que el liberal Jorge “Tuto” Quiroga será el candidato presidencial del Movimiento Nacionalista Revolucionario, cuando en 2014 fue candidato del Partido Demócrata Cristiano y viene originalmente del partido liderado por el general Hugo Banzer, Acción Democrática Nacionalista, un partido de derechas. Otro que espera presentarse, pero aún no está claro con qué sello lo hará, es el empresario Samuel Doria Medina, derrotado en las elecciones de 2005 y 2009.

—¿Hay garantías para la presentación electoral del Mas en los comicios?

—Hubo un pedido de proscripción que fue desechado por el Tribunal Supremo Electoral. La personería jurídica del Mas está intacta para presentar candidatos en todos los cargos, en todo el país. Es pronto para elaborar hipótesis sobre el curso que puedan tomar los hechos electorales. Todo está en permanente movimiento y cambio. Hay que esperar que las cosas decanten con el correr de los días y ver qué ocurre con las candidaturas. Pero a fines de diciembre, cuando las encuestadoras preguntaban la intención de voto de Andrónico Rodríguez a la cabeza del Mas, su candidatura alcanzaba el 40 por ciento. Luego cuando ya Evo Morales se estableció en Buenos Aires y los debates por los candidatos fueron mayores, algunas encuestadoras preguntaban por el voto al Mas independientemente de cuál fuera el candidato y la intención de voto se mantuvo en ese 40 por ciento.

—Las acusaciones de corrupción parecen ser un elemento común de las nuevas derechas de la región. ¿Qué pasa hoy en Bolivia con la acusación en este sentido contra Luis Arce?

—No sólo Arce es acusado de corrupción, también lo es Carlos Romero, exministro de Gobierno. Andrónico Rodríguez es acusado de “sedición y terrorismo”. Estas dos palabras son las más usadas para acusar a dirigentes sociales, dirigentes del Mas o exfuncionarios del gobierno depuesto. Tanto jueces como fiscales aceptan esas acusaciones para perseguirlos y minar la unidad del Mas o de algunas agrupaciones sociales con miras a las elecciones del 3 de mayo. Habrá que esperar que efecto surten. Por lo pronto el Mas denunció que detrás de algunas de esas acusaciones está la mano de la Usaid, una agencia de Estados Unidos que fue invitada por la presidenta Áñez a supervisar las elecciones del 3 de mayo.

 

Por Fabián Kovacic 

24 enero, 2020

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Jueves, 23 Enero 2020 07:50

China y el destino del mundo

China y el destino del mundo

De creer lo que se escribe a derecha e izquierda sobre China, ¡no habría nada más que hablar! Se dice que el país ha capitulado y se ha vuelto capitalista, al margen de lo que pueda pretender el propio régimen chino. Es precisamente contra esta opinión casi unánime contra lo que luchan enérgicamente los economistas Rémy Herrera y Zhiming Long en su libro La Chine est-elle capitaliste?* [¿Es capitalista China?].

 

Intereses

Es una cuestión fundamental para la izquierda. En primer lugar porque se trata de casi una cuarta parte de la población mundial y de uno de los raros y últimos países surgidos de una revolución socialista, de modo que la dirección que adopte China será determinante para el futuro del planeta.

Más aún, es un reto importante para la batalla de las ideas en nuestros países. El desarrollo económico de China es un éxito impresionante. En el momento en el que el capitalismo ofrece signos evidentes de declive hay un interés extraordinario en reivindicar como "capitalista" el éxito de China. De este modo sigue siendo posible atribuirse cierto crédito ideológico e incluso desanimar un poco a las fuerzas adversas. Por medio del pensamiento único neoliberal se hace lo imposible para convencer a la gente de que el socialismo no tienen futuro. Una China socialista rompería los esquemas.

Todo es cuestión de punto de vista

Por supuesto, hay una serie de fenómenos evidentes que abogan a favor de reconocer a China como un ejemplo de capitalismo: la cantidad cada vez más importante de personas multimillonarias, el consumismo de amplios sectores de la población, la introducción de muchos mecanismos de mercado después de 1978, la implantación de casi todas las grandes empresas occidentales que por medio de salarios muy bajos tratan de convertir al país en una gran plataforma capitalista, la presencia de los mayores bancos capitalistas en suelo chino y la omnipresencia de empresas privadas en los mercados internacionales.

Pero, según argumentan Herrera y Long, si Francia o cualquier otro país occidental colectivizara toda la propiedad de la tierra y del subsuelo, nacionalizara las infraestructuras del país, pusiera en manos del gobierno la responsabilidad de las industrias clave, estableciera una rigurosa planificación central; si el gobierno ejerciera un control estricto sobre la moneda, sobre todos los grandes bancos e instituciones financieras; si el gobierno vigilara de cerca el comportamiento de todas las empresas nacionales e internacionales; y, por si aún no fuera suficiente, si en la cima de la pirámide política estuviera un partido comunista que supervisara el conjunto... ¿se podría entonces seguir hablando de un país "capitalista" sin caer en el ridículo? A todas luces, no. Evidentemente lo calificaríamos de socialista e incluso de comunista. Sin embargo, curiosamente hay una obstinada reticencia a calificar así al sistema político-económico vigente en China.

En opinión de los autores, para entender bien el sistema chino y no enredarse en observaciones superficiales hay que tener en cuenta varios factores excepcionales que caracterizan al país, empezando por la cantidad enorme de personas que compone su población así como la extensión y diversidad de su territorio.

También es indispensable mantener en perspectiva los diferentes periodos, cada uno de ellos de siglos de duración, a lo largo de los cuales fueron tomando forma la nación y la cultura.

Así, durante dos mil años el Estado se apropió de la plusvalía de las personas campesinas y también reprimió duramente toda iniciativa privada y transformó las grandes unidades de producción en monopolios del Estado. A lo largo de esos siglos nunca se habló de capitalismo.

Finalmente conviene tener en cuenta la humillaciones coloniales de la segunda parte del siglo XIX y de una primera mitad del siglo XX particularmente convulsa, con tres revoluciones y otras tantas guerras civiles. Así, durante una guerra civil que duró treinta años el Partido Comunista llevó a cabo en los "territorios liberados" muchas experiencias en las que el sector privado se dejó en gran medida intacto con el fin de que compitiera con las nuevas formas de producción colectiva.

Más allá de los clichés

Antes de analizar las especificidades del sistema Herrera y Long saldan cuentas con dos clichés arraigados sobre el éxito de China. El primero, muy extendido, mantiene que el crecimiento económico rápido llega después de las reformas de Deng Xiaoping de 1978 y gracias a ellas, lo cual es totalmente falso. En los diez años anteriores a este periodo la economía ya había conocido un crecimiento del 6,8 %, es decir, el doble del que tuvo Estados Unidos en el mismo periodo. Teniendo en cuenta las inversiones en medios de producción (capital fijo) y en conocimientos y experiencia (recursos educativos), se aprecia un crecimiento casi equivalente para los mismos periodos e incluso un crecimiento más importante investigación y desarrollo en el caso del primer periodo.

La política agrícola es un elemento esencial para explicar el éxito de China, que es uno de los pocos países del mundo que garantizó a sus poblaciones campesinas un acceso a las tierras agrícolas. Después de la revolución la gestión de las tierras agrícolas dependía del gobierno, que asignaba a cada campesino una porción de tierras agrícolas. Esta regla continúa vigente hoy en día. La cuestión agrícola es fundamental en una China que debe alimentar a casi el 20 % de la población mundial con solo un 7 % de tierras agrícolas fértiles. Hay que tener en cuenta que en China se habla de un cuarto de hectárea de tierra agrícola por habitante, en India del doble y en Estados Unidos de cien veces más.

A pesar de los errores del Gran Salto Adelante China iba a lograr alimentar a su población bastante rápidamente, tanto más cuanto que las plusvalías generadas por la agricultura se invirtieron en la industria, con lo que se establecieron las condiciones de un desarrollo industrial rápido. El crecimiento espectacular del 9,9 % en el periodo que siguió a las reformas solo fue posible gracias a los esfuerzos y a los logros de los treinta primeros años posteriores a la revolución. Bien mirado, bajo Mao el país ya había conocido un crecimiento impresionante. Bajo su dirección se triplicaron los ingreso por habitante mientras que la población se duplicaba. Y los autores destacan también que en su fase inicial la economía china ni era una "autarquía" ni tenía voluntad de replegarse sobre sí misma sino que el país sufría un embargo de Occidente.

Según un segundo cliché muy extendido este crecimiento espectacular es el resultado natural y lógico de la apertura de la economía y de la integración en el mercado mundial capitalista y, más particularmente, de la entrada en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001. Pero esto tampoco se sostiene. Mucho antes de dicha entrada China conocía ya un fuerte crecimiento económico: entre 1961 y 2001 se habla de un crecimiento anual del 8 %. Es indudable que esta apertura fue un éxito, pero el aumento del crecimiento no fue en absoluto espectacular. En los cinco primeros años después de la entrada [en la OMC] el crecimiento económico apenas aumentó poco más del 2 %.

La apertura económica a países extranjeros (comercio, inversiones y flujo de capitales financieros) tuvo unas consecuencias desastrosas para muchos países del tercer mundo. En China esta apertura fue un éxito porque se sometió a las necesidades y objetivos del país, y porque estaba totalmente integrada en una sólida estrategia de desarrollo. Según Herrera y Long, la coherencia de la estrategia de desarrollo en China no tiene equivalentes entre los países del Sur.

Ni comunismo ni capitalismo

Por consiguiente, ¿qué se oculta detrás del "socialismo con características chinas"? Para los autores, sin lugar a dudas no se trata de comunismo en el sentido clásico del término. Marx y Engels entendía por comunismo la abolición del trabajo asalariado, la desaparición del Estado y la autogestión de la producción. No es el caso de la China actual, como tampoco fue nunca el caso en los países del "socialismo real". En China no fue tanto la consecuencia de una opción ideológica como de las extremadamente difíciles circunstancias en las que nació y se tuvo que realizar la revolución. En 1949, tras una guerra civil interminable, se instala un Estado que se denomina "comunista" y que a medida que avanzaba se fue distanciando del modelo soviético.

Después de la apertura y las reformas bajo Deng Xiaoping "el socialismo retrocedió enormemente en China. Hoy estamos lejos del ideal igualitario comunista". Los autores señalan en este sentido una serie de parámetros como el individualismo, el consumismo, el afán por los negocios lucrativos, el arribismo, el gusto por el lujo y la apariencia, la corrupción, etc. Es indudable que estos aspectos son preocupantes, aunque el gobierno chino hace todo para restablecer la "moral socialista".

Aunque es indudable que no es comunismo, tampoco es capitalismo. Para Marx el capitalismo supone "una separación muy fuerte entre el trabajo y la propiedad de los principales medios de producción". Los propietarios del capital tienen tendencia a formar colectivos (accionistas) que ya no gestionan directamente el proceso de producción sino que lo dejan en manos de los gestores. A menudo el beneficio adopta la forma de dividendos sobre las acciones.

La mayor parte de las muchas empresas (en general pequeñas empresas familiares artesanales) no responde a este criterio, ni tampoco las muchas empresas "colectivas" en las que las personas obreras son propietarias del aparato de producción y tienen derecho a voto en el nivel directivo, y menos aún en el caso de las cooperativas.

Ni siquiera en las empresas estatales está tan clara la separación entre trabajo y propiedad porque incluso ahí existe una forma de cogestión por parte de las personas obreras y empleadas, aunque sea limitada. En resumen, a menudo es muy relativa la separación entre trabajo y propiedad.

Otro criterio para definir el capitalismo es "la maximización del beneficio individual". Esto no es en absoluto relevante en las grandes empresas estatales donde se concentran los medios de producción más importantes.

Por consiguiente, no se trata de capitalismo pero, entonces, ¿quizá es "capitalismo de Estado" (1)?. Según los autores del libro, el término se acerca más aunque sigue siendo demasiado difuso, demasiado vago al tiempo que encierra demasiados sobreentendidos.

Entonces, ¿de qué se trata?

Los principales dirigentes chinos no niegan la presencia de elementos capitalistas en su economía, pero los consideran uno de los componentes de su sistema híbrido cuyos sectores claves están en manos del gobierno. Para ellos China navega todavía por "la primera fase del socialismo, esto es, una etapa que se considera imprescindible para desarrollar las fuerzas productivas". El objetivo histórico es y sigue siendo un socialismo avanzado. Como Marx y Lenin, se niegan a considerar el comunismo "un reparto de la miseria" y, por consiguiente, afirman "su voluntad de proseguir una transición socialista durante la cual una muy amplia mayoría de la población podrá acceder a la prosperidad. ¿No se demostraría a la vez que el socialismo puede y debe superar al capitalismo?", se preguntan los autores.

Describen el sistema político-económico de China como "socialismo de mercado o con mercado". Dicho sistema se basa en diez pilares, muy ajenos al capitalismo:

 

- La perennidad de una planificación fuerte y modernizada, que ya no es el sistema rígido y extremadamente centralizado de los primeros tiempos.

- Una forma de democracia política, claramente perfeccionable, pero que hace posible las opciones colectivas que están en la base de dicha planificación.

- La existencia de unos servicios públicos muy amplios que en su mayor parte siguen estando al margen del mercado.

- Una propiedad de la tierra y de los recursos naturales que siguen siendo de dominio público.

- Unas formas diversificadas de propiedad, adecuadas a la socialización de las fuerzas productivas: empresas públicas, pequeña propiedad privada individual o propiedad socializada. Durante una larga transición socialista se mantiene, incluso se fomenta, la propiedad capitalista a fin de dinamizar el conjunto de la actividad económica y de incitar a las demás formas de propiedades a ser eficaces.

- Una política general que consiste en aumentar relativamente más rápidamente las remuneraciones del trabajo respecto a otras fuentes de ingresos.

- La voluntad declarada de justicia social promovida por los poderes públicos, según una perspectiva igualitaria frente a una tendencia de varias décadas al empeoramiento de las desigualdades sociales.

- Se da prioridad a preservar el medioambiente.

- Una concepción de las relaciones económicas entre los Estados basadas en el principio de que todos ganan.

- Unas relaciones políticas entre Estados basadas en la búsqueda sistemática de la paz y de unas relaciones más equilibradas entre los pueblos.

 

Algunos de estos pilares se abordan con más detalle. Aquí distinguiremos dos de ellos: el papel clave de las empresas estatales y de la planificación modernizada. El libro también trata un asunto importante: la relación entre el poder político y el económico.

Las empresas estatales desempeñan un papel estratégico en el conjunto de la economía. Operan de un modo que no va en detrimento de las muchas pequeñas empresas privadas ni del tejido industrial nacional. Sus objetivos se orientan a las inversiones productivas y pueden proporcionar fácilmente servicios baratos tanto a otras empresas como a proyectos colectivos. Dentro de estas empresas el propio Estado puede determinar qué gestión sería la más adecuada. En todo caso, el papel que desempeñan las empresas estatales es una de las explicaciones esenciales de los buenos resultados de la economía china. Y también desempeñan su papel en ámbito social. Las empresas estatales pueden remunerar mejor a sus empleados y ofrecerles una cobertura de seguridad social mejor. En este sector es más posible salvar la brecha entre ricos y pobres.

El proyecto de una economía es "el verdadero espacio donde una nación elige un destino común y el medio para que un pueblo soberano se convierta en su dueño". Según Herrera y Long, en el caso de China se trata de una "planificación" fuerte cuyas técnicas se han suavizado, modernizado y adaptado a las exigencias del presente. En la antigua "planificación excesivamente centralizada" una empresa debía aceptar los productos a pesar del coste real al que se habían fabricado.

Este mecanismo limitaba enormemente las posibilidades de iniciativa de las empresas así como la propia eficacia del sector productivo en su conjunto. La calidad y el costo se consideraban problemas "administrativos" o "tecnocráticos" y perdían su posibilidad de estimular la economía. Los imperativos y limitaciones de la producción se manifestaron en una recurrencia de las crisis de disponibilidad de los recursos materiales.

Por consiguiente, desde finales de la década de 1990 interviene una planificación más flexible, monetarizada y descentralizada. Esta nueva planificación seguía estando bajo la dirección de una autoridad central macroeconómica. Se dio a las empresas más autonomía para gestionar las divisas y comprar mercancías. Esta flexibilización llenó varias lagunas de la antigua planificación y llevó a un desarrollo económico más intensivo (2) y respetuoso con el medio ambiente.

¿Para una transición al socialismo es necesario que coincidan perfectamente los poderes económico y político? Los autores creen que no. En cambio, es necesario que quienes poseen el poder económico (los capitalistas) estén bajo la tutela estrecha del poder político. A este respecto los autores remiten a una discusión que tuvo lugar en 1958 entre Mao Zedong y el gobierno soviético de entonces. Según Mao Zedong, la revolución china podía seguir caminando sin problemas aunque China todavía contara con capitalistas. Su argumento era que la clase capitalista ya no controlaba al Estado sino que este control lo ejercía entonces el Partido Comunista (3). Según los autores, actualmente la alta proporción de propiedad pública en los sectores estratégicos limita eficazmente las ambiciones de los propietarios del capital nacional privado. Además, el Partido Comunista sigue estando en posición de impedir que la burguesía se vuelva a convertir en una clase dominante.

El futuro

Permanece en suspense la opinión de los autores respecto la posible trayectoria de China. Sigue siendo posible una progresión en la dirección del socialismo, aunque no se pueda excluir una restauración del capitalismo. La lucha de clases será quien determine la cuestión. En la China actual los equilibrios de clase son complejos. Por una parte está el Partido Comunista que se apoya sobre todo en las clases medias y en los empresarios privados, dos grupos a los que en las últimas décadas les ha interesado fomentar una economía con un alto crecimiento. Por otra parte están las masas obreras y campesinas "que siguen creyendo en la posibilidad de constituirse como sujetos de su historia y que siguen proyectando sus esperanzas en un futuro socialista".

Ahora la cuestión es saber si el partido logrará perpetuar sus éxitos sin desequilibrar la relación de fuerzas a beneficio de las personas trabajadoras y campesinas. Si el partido toma el camino del capitalismo corre peligro de trastornar este frágil equilibrio. Eso podría provocar grandes confrontaciones políticas e incluso provocar a una pérdida de control de las oposiciones sobre las que reposa el sistema, lo que supondría un fracaso en lo que concierne a las estrategias de desarrollo a largo plazo.

El desenlace es incierto, pero para los autores se pueden observar muchos aspectos que marcan claramente la diferencia con el capitalismo.

Más allá de esto, también están los objetivos a largo plazo del socialismo y hay potencial para reactivar el proyecto.

Otro factor de incertidumbre que es determinante para el futuro es el capitalismo de los monopolios financieros sostenidos por la hegemonía de Estados Unidos, que cada vez busca más la confrontación con China a pesar del denso tejido económico que existe entre ambos países. Herrera y Long advierten de que en Occidente debemos ser conscientes de que el capitalismo mundial está en un callejón sin salida y "que la agonía de este sistema solo aportará a los pueblos del mundo devastaciones sociales en el Norte y guerras militares contra el Sur".

Hay que añadir que sólo podemos esperar que la lógica capitalista se pueda mantener bajo control en China. De lo contrario, nos encontraríamos en una situación comparable a la que caracterizó la víspera de la Primera Guerra Mundial, cuando los bloques imperialistas emprendieron un pulso a fin de ampliar su zona de influencia o mantenerla.

Los autores no esbozan una historia triunfante. El "socialismo con características chinas" no constituye en modo alguno un "ideal logrado del proyecto comunista. Sus desequilibrios son demasiado patentes". En este sentido señalan que China sigue siendo un país en vías de desarrollo y que precisamente por ello "este proceso será largo, difícil, lleno de contradicciones y de riesgos", lo que no debería sorprendernos porque "¿acaso el capitalismo no necesitó siglos para imponerse?". Los muchos desequilibrios y contradicciones deberían frenar a las personas simpatizantes o al menos impedirles caer en la tentación de exportar demasiado rápido la receta china.

Algunas notas al margen…

Aunque Herrera y Long son profesores universitarios saben cómo exponer sus argumentos de forma ligera, legible y convincente. El libro contiene información sólida, con cifras y muchos gráficos útiles. En el anexo se incluye una cronología muy interesante que traza la historia de China desde el comienzo de la humanidad. Un punto débil del libro es que no todos los argumentos son tan exhaustivos, además de ser demasiado conciso para ello.

El punto de vista elegido es económico, lo que tiene la ventaja de ser más materialista que "fluctuante" y la desventaja de subestimar a veces el papel de la lucha ideológica. Herrera y Long señalan algunos aspectos negativos en este sentido, pero subestiman el hecho de que toda la sociedad está literalmente impregnada de la propaganda capitalista, incluso dentro del propio Partido Comunista. En este sentido son esclarecedores los acontecimientos de Tiananmen ya que, en efecto, faltó muy poco para que China tomara el mismo camino que la Unión Soviética. Si se quiere mantener el rumbo en dirección del socialismo será crucial frenar la ideología capitalista.

En su argumentación sobre si el sistema es capitalista o no se centran en la cuestión de las relaciones de propiedad, lo cual es correcto, pero sólo en parte porque las relaciones de propiedad no dicen todo respecto al control que ejerce el gobierno sobre la economía. Al dar o no acceso a los contratos de adjudicación, a los beneficios fiscales, al acceso a los fondos de inversión del gobierno, a las instituciones financieras y a los subsidios, etc., el gobierno central dirige de hecho grandes sectores, incluidas empresas privadas, sin tener un control directo sobre estas empresas como tales ni poseer acciones en ellas (4).

Por múltiples razones China es uno de los países peor comprendidos del mundo, por lo que el libro de Herrera y Long es más que bienvenido. De forma valiente va a contracorriente de los prejuicios y señala algunos clichés arraigados. A la luz del relativo descenso a los infiernos del capitalismo, tanto económica como políticamente, los autores provocan la discusión ideológica. Esta es la segunda razón por la que es un libro muy recomendable

* Rémy Herrera y Zhiming Long, La Chine est-elle capitaliste ?, París, Éditions Critiques, 2019, 199 p.

Notas:

(1) El término "capitalismo de Estado" está lejos de referirse a la univocidad de un concepto sobre el que existe consenso. Ofrecemos a continuación algunos sistemas que podrían corresponder a este término:

- El Estado lleva a cabo actividades comerciales y remuneradoras, unas empresas estatales ejercen una gestión de tipo capitalista (aunque el Estado se considere socialista).

- Presencia fuerte o dominante de empresas de Estado en una economía capitalista.

- Los medios de producción están en manos del sector privado, pero se somete la economía a un plan económico o supervisión (cf. la obra de Lenin, Nueva política Económica).

- Una variante de lo anterior es que el Estado dispone de un fuerte control en materia de asignación de créditos e inversiones.

- Otra variante: el Estado interviene para proteger sus monopolios (capitalismo monopolista de Estado).

- Otra variante más: la economía está mayoritariamente subvencionada por el Estado, que se encarga de las cuestiones estratégicas de investigación y desarrollo.

- El gobierno gestiona la economía y se comporta como una gran empresa que utiliza la plusvalía generada por el trabajo para reinvertirla.

Fuentes: Ralph Miliband, Politieke theorie van het marxisme, Amsterdam, 1981, p. 91-100; http://en.wikipedia.org/wiki/State_capitalism .

(2) Un desarrollo extensivo equivale a un crecimiento cuantitativo, más de lo mismo por medio de la inversión de más personas y máquinas o haciéndolas trabajar de manera más intensiva. Desarrollo intensivo = crecimiento cuantitativo basado en una mayor productividad.

(3) "There are still capitalists in China, but the state is under the leadership of the Communist Party", Mao Zedong, On Diplomacy, Beijing 1998, p. 251.

(4) Véase por ejemplo Roselyn Hsueh, China’s Regulatory StateA New Strategy for Globalization, Ithaca 2011; Zhao Zhikui, ‘Introduction to Socialism with Chinese Characteristics’, Bejing 2016, Cap. 3; Arthur Kroeber, ‘China’s Economy. What Everyone Needs to Know’, Oxford 2016; Robin Porter, ‘From Mao to Market. China Reconfigured’, Londres 2011, p. 177-184; Barry Naughton, ‘Is China Socialist?’, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 31, No. 1 (invierno de 2017), pp. 3-24, https://www.jstor.org/stable/44133948?seq=5#metadata_info_tab_contents .

Por Marc Vandepitte

Investig’Action
Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
 

Fuente: https://www.investigaction.net/fr/la-chine-et-la-destinee-du-monde/

Publicado enInternacional
Miércoles, 22 Enero 2020 06:47

Desigualdad, cambio técnico y robots

Desigualdad, cambio técnico y robots

Durante muchos años buena parte de la comunidad de economistas cultivó la teoría de que la creciente desigualdad en Estados Unidos se debía a la presión que el cambio técnico ejercía sobre las remuneraciones de los trabajadores. Esta narrativa viene en varias envolturas, una más deficiente que otra, pero siempre le arregló muy bien a los poderes establecidos. De ahí su popularidad.

En una de sus presentaciones, el razonamiento es como sigue. El proceso de cambio técnico inherente al capitalismo hace que los trabajadores sean más productivos. Esto reduce la demanda de trabajadores, pero, como los trabajadores siguen teniendo necesidad de laborar, no les queda más remedio que moverse hacia sectores de baja productividad, menores salarios y peores condiciones en términos de precariedad. Es decir, el cambio técnico termina por imprimir un sesgo regresivo en la escala de remuneraciones, porque aumenta la demanda de trabajadores más calificados al tiempo que se castiga a los empleos de menores remuneraciones. En un giro que recuerda las viejas discusiones sobre el cambio técnico inducido, esta historia también afirma que los bajos salarios en las ramas más castigadas eliminan los incentivos a introducir innovaciones intensivas en capital. Todo eso vendría a explicar la creciente desigualdad que ya es motivo de escándalo en la sociedad estadunidense desde hace años.

Esta narrativa sobre las causas de la desigualdad se aplica en estos días a la introducción y difusión de robots de todo tipo en la economía. Ahora la presencia de éstos en casi cualquier rama de la industria manufacturera es común. Pero también lo está siendo cada vez más en el sector servicios, desde los procesos especulativos en el sector financiero hasta los sectores de hotelería, restauración y salud. Nadie va a quedar a salvo de esta oleada de cambio técnico. ¡Quizás hasta un día estas líneas podrían ser escritas por un robot!

Pero si bien la difusión de este proceso de difusión de innovaciones (la robotización) mantiene su ritmo acelerado, hay importantes críticas a esta narrativa cuando se le quiere utilizar para explicar la desigualdad. La primera es que la presencia de robots no es privativa de la economía estadunidense. Economías de un grado de desarrollo tecnológico comparable, como Japón y Alemania, tienen una presencia de robots en su economía similar o mayor que la que encontramos en Estados Unidos. Dicho sea de paso, la introducción de robots en esas economías es una respuesta al envejecimiento de la población y puede ayudar a mitigar su impacto sobre el crecimiento. En todo caso, esas economías no experimentaron el crecimiento en la desigualdad que hoy muestra la sociedad estadunidense. Esto indica que las causas de la desigualdad hay que buscarlas en otra parte.

La tasa de desigualdad en Estados Unidos comienza a crecer de manera patológica en la década de 1970. En esos años culmina un proceso de desintegración del entramado institucional construido durante la Gran Depresión y bajo el mandato presidencial de Roosevelt. Ese marco institucional (parte del New Deal rooseveltiano) había incluido legislación sobre condiciones de trabajo, negociaciones de contratos colectivos y remuneraciones. Por el lado fiscal, también introdujo esquemas impositivos progresivos (con altas tasas fiscales para los estratos de mayores ingresos). La reacción del capital en contra de ese marco institucional se manifestó desde los años 1930, en plena depresión, pero la fuerza de los sindicatos y su penetración en la economía estadunidense eran demasiado importantes.

En 1949 las tres grandes productoras automotrices y los sindicatos llegaron a un acuerdo (llamado por la revista Fortune el “Tratado de Detroit”) sobre mejores prestaciones y fondos para el retiro a cambio de una paz laboral. Ese acuerdo y la legislación laboral y fiscal explican la reducción de la desigualdad en la sociedad estadunidense durante la llamada época dorada del capitalismo. Las cosas comenzaron a cambiar rápidamente cuando por fin el capital pudo lograr revertir estas conquistas laborales. Los trabajos de Tomas Piketty, Emanuel Sáez y Gabriel Zucman muestran cómo el proceso de creciente desigualdad está más relacionado con cambios institucionales que con la introducción de nuevas tecnologías, los patrones comerciales con China o el uso de computadoras.

El resultado de todo este análisis es que la desigualdad está relacionada con el conflicto distribucional que yace en el corazón del capitalismo. Ese conflicto está ligado a la explotación de la fuerza de trabajo por el capital. La retórica podrá disfrazar esta realidad de mil maneras posibles, pero la realidad no se cambia con argucias de retórica. En países como México la desigualdad también proviene de este conflicto de clases que define al capital. Afirmar que la corrupción es culpable de la desigualdad puede ser un expediente útil para abordar un problema político. Pero al igual que la historia de los robots, esa narrativa no corresponde a la realidad.

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Francia congelará la ‘tasa Google’ para evitar las sanciones de Trump

París se prepara para anunciar el miércoles en Davos que aplaza el pago del impuesto hasta diciembre si EE UU se compromete a no imponer nuevos aranceles

 

Nadie entierra aún el hacha de guerra, pero la idea es no agitarla demasiado y dejar así espacio para encontrar una solución en la larga batalla por la tasa Google que tiene de uñas a París y Washington. En un gesto conciliador, Francia ha ofrecido aplazar el cobro en 2020 del impuesto que aprobó el año pasado para las grandes compañías digitales extranjeras que operan en su territorio. A cambio, Estados Unidos estaría dispuesto a no imponer nuevos aranceles a productos franceses. La idea, que de aprobarse será anunciada el miércoles en el foro económico de Davos, es dar tiempo a que se logre pactar un impuesto internacional que debe proponer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) este mismo año.

“Es una posibilidad sobre la mesa de negociaciones”, confirmó a EL PAÍS una fuente francesa próxima a las negociaciones. La idea, explicó, es “posponer” los pagos de la tasa —los cobros se realizan en abril y noviembre— hasta diciembre, “para permitir hallar un acuerdo en el marco de la OCDE”, que siempre ha sido el objetivo declarado de París. Los contactos en los últimos días han sido “muy regulares” entre los equipos negociadores de Washington y París, pero las conversaciones son “complejas”, admitió.

Francia aprobó en 2019 un gravamen de cerca del 3% del volumen de negocios de las compañías tecnológicas en el país que obtengan ingresos anuales de al menos 750 millones de euros (unos 830 millones de dólares) en sus actividades digitales mundiales. El primer cobro se realizó en noviembre, pero si se acepta la propuesta de París, podría también ser el último. Francia, que niega tajantemente la acusación de Washington de que se trata de un impuesto para sancionar a empresas norteamericanas, se ha manifestado desde el principio dispuesta a acabar con su tasa Google si se acuerda un tipo de pago de forma internacional, tarea que ha sido encargada a la OCDE. Francia está dispuesta, incluso, a reembolsar a las plataformas afectadas la diferencia entre la tasa cobrada y la que se llegue a fijar.

A cambio de la congelación de los cobros, Estados Unidos no hará realidad su amenaza de imponer un arancel de hasta el 100% a productos franceses importados, como el vino, por valor de 2.400 millones de dólares (unos 2.200 millones de euros).

Que había aires de acuerdo lo dejó caer ya el presidente francés, Emmanuel Macron, la noche del lunes, cuando anunció por Twitter que había mantenido el domingo una “excelente” conversación con el estadounidense Donald Trump sobre la tasa Google (que en Francia llaman GAFA, por las siglas de las principales plataformas digitales: Google, Amazon, Facebook y Apple). “Gran conversación con Donald Trump sobre la tasa digital. Trabajaremos juntos en un buen acuerdo para evitar la escalada de los aranceles”, escribió Macron. "¡Excelente!", respondió el presidente estadounidense.

Los principales negociadores del acuerdo, el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, el secretario norteamericano del Tesoro, Steven Mnuchin, y el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, se reunirán este miércoles en Davos.

En un evento como el Foro de Davos, dominado por las firmas estadounidenses y por el sector tecnológico, la tasa Google ocupa los primeros puestos de la agenda. La decisión de Francia de aplazar hasta diciembre su aplicación fue recibida con alivio, no solo por las empresas afectadas sino porque la decisión evita una nueva escalada comercial y un agravamiento de las tensiones entre EE UU y la Unión Europea.

Alivio en Davos

“Si es cierto que ocurre, es una buena noticia. La OCDE necesita más tiempo para articular una propuesta respecto a una tasa digital que sea aceptable para todos. Eso evitará que EE UU imponga sanciones por 2.400 millones de dólares a Francia y que eso desate una nueva escalada comercial”, sostiene Chad Brown, experto en comercio del Instituto Peterson en Washington. A su lado, el secretario general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, advertía: “Esto no va a quedar aquí, a esta cuestión le queda mucho recorrido”.

Trump mantuvo ayer un encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que expresó su deseo de trabajar con el presidente de EE UU. “Estoy convencida de que podemos comprometernos con una agenda positiva en el ámbito comercial, pero también en tecnología, energía y muchos otros ámbitos”, declaró en un comunicado tras el encuentro. "Llevamos trabajando un tiempo en ello y esperemos que podamos conseguir algo importante. Un acuerdo con Europa es algo que todos queremos conseguir", apuntaba el mandatario estadounidense. Poco después, Trump agradecía la decisión a su homólogo francés, Emmanuel Macron: “Estados Unidos está muy contento con el resultado y agradecemos mucho lo que ha hecho el presidente Macron”.

La encuesta de PwC a directivos publicada el lunes revela la elevada preocupación entre los ejecutivos ante el aparentemente inevitable fin del actual modelo de desarrollo tecnológico. La mayoría de directivos encuestados auguran que se empezarán a regular tanto el contenido como la estructura de la Red, la ruptura de las grandes compañías para reducir su poder y el establecimiento de algún tipo de compensación por el uso de los datos personales. “Si la economía global quiere poner en marcha las expectativas generadas por la cuarta revolución industrial, hará falta mayor coordinación en todos estos temas”, concluye el informe de la consultora.

París / Davos (Suiza) 21 ENE 2020 - 13:04 COT

Publicado enEconomía
Domingo, 19 Enero 2020 05:55

Chantajear a tus aliados

Chantajear a tus aliados

Trump advierte a Reino Unido por la 5G china.

Con su tradicional estilo de matón, la Casa Blanca presiona para evitar que su más veterano y sólido aliado sume tecnología ofrecida por la empresa china Huawei para instalar redes 5G. Pero el inquilino de Downing Street, flamante vencedor en la pulseada Brexit, no es de los que se dejan impresionar por amenazas.

Una delegación de funcionarios del gobierno de Donald Trump presentó al gobierno británico “pruebas” sobre los riesgos que supone adoptar la tecnología de la compañía china Huawei para desarrollar la red 5G en Reino Unido, según informaba el martes 14 el diario de la City londinense, el Financial Times. De acuerdo al influyente medio, en la delegación estadounidense había representantes del Departamento de Seguridad, que entregaron un dossier con datos técnicos. Se considera que es el “último intento” para persuadir a las autoridades de Londres de que no cierren un acuerdo con la empresa china, algo que sería decidido este mismo mes.

En una de sus afirmaciones más controvertidas, la delegación trumpista afirmó en rueda de prensa que sería una “locura” cerrar un acuerdo con Huawei, ya que representaría una amenaza para la seguridad nacional. En tanto, el jefe del servicio de inteligencia británico MI5, Andrew Parker, dijo al Financial Times que “no hay motivos para pensar” que la cooperación entre Reino Unido y Estados Unidos pueda verse afectada por el ingreso de Huawei a “partes periféricas” de la red de telecomunicaciones británica, toda vez que el sistema 5G se adoptará en secciones “no claves” de la red de telecomunicaciones. Parece evidente que el riesgo de espionaje chino, principal argumento de la Casa Blanca, se cae a pedazos.

En declaraciones a la Bbc, luego de escuchar a la delegación de Washington, el primer ministro Boris Johnson, pragmático como luce, pidió a quienes se oponen a Huawei que sugieran alternativas para la construcción de redes inalámbricas. “El público británico se merece el acceso a la mejor tecnología posible”, dijo el mandatario.

Estados Unidos enfrenta problemas para los que no parece tener soluciones a la vista. El principal es su retraso tecnológico, que se debe a las insuficientes inversiones en investigación debido a estrecheces presupuestarias, privatizaciones y traslado de las grandes multinacionales a regiones que ofrecen mejores condiciones para hacer negocios, como es el caso de Asia. Vale mentar que el retraso no es coyuntural ni de corto plazo, sino estratégico y de largo aliento.

Con el paso del tiempo, lo que suena a “locura” es la forma en la que la superpotencia dilapidó sus ventajas económicas y, muy en particular, la apelación a presionar a los demás para reducir las consecuencias de sus propias debilidades. Por el contrario, sabiendo que el simple paso del tiempo juega a su favor, las autoridades chinas se muestran serenas y prudentes en sus relaciones con otros gobiernos.

Por su parte, The Guardian informó el martes 14 que, para las autoridades británicas, la información sobre Huawei presentada con “dramatismo” por la delegación estadounidense, “no contiene nada que las agencias de inteligencia [de Reino Unido] no hayan previsto”. El rotativo asegura que la inteligencia británica no parece dispuesta a modificar sus opiniones: cree que el riesgo que presenta Huawei es manejable y respalda la firma de un acuerdo con la multinacional china.

Parece evidente que la presión usada por la diplomacia de Trump no está consiguiendo gran cosa. No impresiona a Johnson y alejó de Washington a Angela Merkel, quien se negó a aceptar las presiones y sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2, que une Rusia con Alemania. En realidad, la Casa Blanca teme que el gasoducto reduzca la participación del gas natural licuado estadounidense en el lucrativo mercado europeo. Un mercado que Estados Unidos empieza a perder.

Por Raúl Zibechi

17 enero, 2020

Publicado enInternacional
 El viceprimer ministro chino Liu He y el presidente Donald Trump, tras la firma. En el video, la firma del acuerdo. FOTO: KEVIN LAMARQUE (Reuters) / VIDEO: REUTERS

Washington aún mantiene aranceles sobre 360.000 millones de dólares en productos importados de Pekín

Estados Unidos y China han firmado este miércoles un acuerdo que cierra el primer capítulo en la dañina guerra comercial que las dos principales potencias vienen librando desde hace casi dos años. El acuerdo abre el mercado chino a más compañías estadounidenses, especialmente del sector financiero, supone un aumento de las exportaciones de productos agrícolas estadounidenses y contiene compromisos de respeto a la propiedad intelectual, pero mantiene en vigor los aranceles a productos chinos, por valor de 360.000 millones de dólares. Estos gravámenes permanecen vigentes, ha explicado Donald Trump durante la ceremonia de la firma en la Casa Blanca, para que Estados Unidos pueda tener “una herramienta negociadora” de cara a la segunda y última fase del acuerdo, cuya negociación ha dicho el presidente que empezará inmediatamente.

El acuerdo, de 86 páginas en su versión en inglés, pone fin a dos años de tensas negociaciones, tras la ofensiva de un presidente que, como ha recordado este miércoles en su comparecencia con el viceprimer ministro chino, Liu He, ya en la campaña que hace tres años le llevó a la Casa Blanca prometió mano dura con China, cuyas prácticas comerciales considera que han mermado la industria y el empleo en Estados Unidos. El acuerdo, en el arranque del año en que el presidente se somete a su reelección, permitirá a Trump vender una victoria en una batalla que ha lastrado su primer mandato, pero sus críticos podrán subrayar el daño económico provocado por la larga disputa y el hecho de que los frentes más peliagudos siguen sin resolverse.

“China gastará más de 200.000 millones de dólares en los próximos dos años en productos estadounidenses”, ha dicho Trump, que ha procedido a desglosar la cantidad: 75.000 millones en bienes industriales, 50.000 en energía, 50.000 en productos agrícolas y entre 40.000 y 50.000 en servicios, incluidos los financieros. El presidente estadounidense ha destacado también los avances en la protección de la propiedad intelectual y las “fuertes restricciones en los estándares de devaluación de la divisa”.

El acuerdo, sin embargo, tiene un alcance limitado y deja para la segunda fase, que el presidente Trump ha dicho que será la última, algunas de las principales fuentes de las tensiones entre ambas potencias. Queda fuera del acuerdo cualquier compromiso de China de corregir su política de subsidios para apoyar a sus industrias estratégicas que socava la competencia, y tampoco se ha logrado un compromiso de Pekín de mayor transparencia en el manejo de datos y en la ciberseguridad. Seguirá habiendo aranceles por valor de 360.000 millones de dólares a productos chinos, pero Estados Unidos se compromete a no imponer más si China cumple sus compromisos.

Todo lo cual no ha impedido hablar a Trump del “mayor acuerdo que nadie ha visto nunca”. “Juntos estamos corrigiendo los errores del pasado y proporcionando un futuro de justicia y seguridad económica a los trabajadores, granjeros y familias estadounidenses”, ha dicho el presidente. Después, el viceprimer ministro chino ha leído una carta del presidente Xi Jinping, y ha prometido que Pekín “honrará estrictamente el acuerdo”.

Ambas partes han pactado, asimismo, un mecanismo bilateral de resolución de disputas, al margen de los órganos multilaterales.

A la ceremonia han acudido, además de las dos delegaciones, decenas de empresarios estadounidenses, a los que un Trump pletórico ha ido saludando y elogiando uno a uno. En la sala, repleta de periodistas (había hasta 60 medios chinos acreditados), estaban también destacados legisladores republicanos. En el otro extremo de la avenida de Pensilvania, en el Capitolio, los congresistas se preparaban para votar en los prolegómenos del juicio en el Senado sobre el impeachment de Trump, que el presidente ha aprovechado para volver a calificar de “farsa”.

La obsesión por intervenir en los flujos de comercio en nombre del beneficio de los trabajadores estadounidenses ha sido una piedra angular de la agenda del America first de Trump. Y supone una llamativa ruptura con el dogma de libre mercado enarbolado por Administraciones estadounidenses de uno y otro signo en el último cuarto de siglo. El nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, que sustituirá al NAFTA y que Trump espera que sea aprobado en el Congreso en las próximas semanas, también contiene medidas proteccionistas.

Los compromisos adquiridos por China en esta primera fase del acuerdo supondrán un considerable aumento respecto a los 128.000 millones de dólares en productos estadounidenses que el país compró en 2017, el año que los negociadores han utilizado como referencia. Eso podría perjudicar a empresas europeas o japonesas, que venían cubriendo parte de esa demanda. Pero la predilección de Trump por poner restricciones al libre comercio tendrá que someterse a un nuevo examen cuando, probablemente avanzado este mismo año, el foco se traslade a la Unión Europea, el próximo objetivo del presidente. Está por ver si las mismas tácticas que ha empleado su equipo negociador con China funcionarán con Bruselas.

Pablo Guimón

Washington 16 ENE 2020 - 02:24 COT

Publicado enEconomía
A punto de firmarse la 'fase uno' del acuerdo comercial entre China y EE.UU.: ¿en qué consiste?

Según un resumen divulgado por las autoridades estadounidenses, el documento consta de siete capítulos. Además del intercambio comercial, prevé regulaciones en la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, el funcionamiento de los servicios financieros y la política monetaria.

 El próximo 15 de enero es la fecha anunciada para la firma de la 'fase uno' del acuerdo comercial entre China y EE.UU. anunciada previamente por el presidente Donald Trump.


Varios indicios sugieren que la firma del documento se materializará pronto. Uno de ellos es la llegada a Washington este lunes de la delegación china, encabezada por el viceprimer ministro, Liu He. Otra señal es que la misma jornada el Departamento del Tesoro estadounidense retiró al país asiático de la lista de manipuladores de divisas, en la que lo había incluido en agosto.

Aunque hasta el momento ninguna de las partes ha divulgado el contenido del documento —que, según EE.UU., cuenta con 86 páginas—, hace un mes la Oficina del representante comercial estadounidense publicó un resumen que explica la estructura interna del acuerdo. El texto consiste en siete capítulos que cubren diversas esferas de la cooperación económica chino-estadounidense.

Comercio

El resumen divulgado por EE.UU. indica que, en los años 2020 y 2021, el volumen total de las importaciones estadounidenses en China debe aumentar en 200.000 millones de dólares adicionales desde el nivel alcanzado en el 2017, que era de 170.000 millones de dólares.

Medios reportan que esta suma está dividida entre varias categorías de mercancías. Según South China Morning Post, que cita a a tres personas familiarizadas con el documento, Pekín se compromete a gastar en dos años 75.000 millones de dólares en mercancías industriales, 50.000 millones de dólares en energía, 35.000-40.000 millones de dólares en servicios y 40.000 en productos agrícolas. Por su parte, Reuters, citando a una fuente informada, asevera que las cifras son distintas: 80.000 millones de dólares en productos industriales y 24.000 millones de dólares en productos agrícolas.

Cualquiera que sea la proporción, las autoridades estadounidenses esperan que "el aumento de las importaciones chinas de bienes y servicios estadounidenses continúe en esta misma trayectoria durante varios años después de 2021 y contribuya significativamente al reequilibrio de la relación comercial entre EE.UU. y China".

Previamente, ambas partes dieron pasos hacia la normalización de la guerra arancelaria. En diciembre, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. informó que Washington reduciría a la mitad, o hasta el 7,5%, los aranceles a importaciones chinas por un valor total de 120.000 millones de dólares. No obstante, mantendrá un impuesto del 25% sobre mercancías de otras categorías por valor de 250.000 millones de dólares. Por su parte, Pekín también suspendió el 15 de diciembre los aranceles adicionales para algunos productos estadounidenses.

Agricultura


El tratado sitúa la exportación agrícola estadounidense en un capítulo aparte, lo que muestra la importancia que tiene tanto para EE.UU. como para China.


Según el resumen, el acuerdo aborda varias barreras, tanto arancelarias como de otra naturaleza, que impiden a Washington vender a China productos agrarios, lo que, según el resumen, generará "más actividad económica rural" y promoverá el empleo en el país norteamericano.

Propiedad intelectual


Según el resumen, el tratado cubre varias "prolongadas preocupaciones en las áreas de secretos comerciales, propiedad intelectual relacionada con productos farmacéuticos, indicaciones geográficas, marcas registradas y aplicación de la ley contra productos pirateados y falsificados".


Transferencia de tecnología

El acuerdo establece "obligaciones vinculantes y ejecutivas" que impedirán a Pekín exigir que las compañías extranjeras trasfieran su tecnología a empresas chinas para poder acceder al mercado chino u obtener ventajas administrativas en territorio chino. A cambio, el gigante asiático se compromete a garantizar "transparencia, equidad y los debidos procesos" en la transferencia de tecnologías y licencias y realizarla "en condiciones de mercado".

Al mismo tiempo, Pekín promete "abstenerse de dirigir o apoyar las inversiones salientes destinadas a adquirir tecnología extranjera de conformidad con planes industriales que crean distorsión".
Servicios financieros

China deberá eliminar restricciones para los proveedores de servicios financieros estadounidenses, incluidos bancos, aseguradoras y empresas de calificación crediticia. Según EE.UU., este paso debería permitir a las compañías financieras estadounidenses "competir en igualdad de condiciones y expandir sus ofertas de exportación de servicios en el mercado chino".

 

Política monetaria

 

El acuerdo prohíbe a China devaluar su divisa con fines competitivos, de lo que la nación fue acusada por Washington en agosto del 2017 después de que el yuan cayera un 1,4% en un día.
Según EE.UU., "este enfoque ayudará a reforzar la estabilidad macroeconómica y cambiaria y garantizará que China no pueda utilizar las prácticas cambiarias para competir injustamente contra los exportadores estadounidenses".
Arreglo de controversias y ejecución

El mecanismo de solución de conflictos descrito en el resumen del acuerdo prevé "consultas regulares bilaterales" y "procedimientos sólidos", permitiendo "a cada parte tomar las medidas de respuesta proporcionadas que considere apropiadas".

En una entrevista al canal NPR, citada por Politico, el consejero comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, afirmó que el incumplimiento de los requisitos del acuerdo podrá resultar en la reimplantación de aranceles.

Si "se presenta una queja ante Robert E. Lighthizer, el representante comercial de EE.UU., esta será examinada en el plazo de 90 días. Y si él piensa que eso no se ha abordado adecuadamente, tenemos [el derecho de dar una] respuesta proporcionada y los chinos han prometido no tomar represalias", explicó el consejero.

"Ese es un mecanismo de ejecución muy, muy fuerte", agregó.

 

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