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Especulación inmobiliaria, impuestos, desigualdad y pobreza
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

Millones de familias en Colombia viven en arriendo, con vivienda para un solo hogar o para varios (inquilinatos), y todas sueñan con tener casa propia, “el ahorro y la seguridad de toda una vida, para sí mismos y para el futuro de sus hijos”. Según estudios del Dane, solo 42,9 por ciento de los hogares cuenta con una unidad totalmente pagada, estos propietarios y el resto padecen los efectos de la especulación, explotación y exclusión inmobiliaria, la cual tiene intereses particulares y de clase social pero llamativamente encuentra terreno abonado en medidas expoliadoras y confiscadoras de los gobiernos municipales. Acá un acercamiento a esta realidad desde la experiencia nacional y bogotana.

 

Al caminar salta a la mirada: allí y allá, por todas partes, en edificios nuevos pero también en aquellos marcados por el paso del tiempo, los avisos de “Se arrienda” y/o “Vendo” pululan. Es un tema de oferta y demanda, piensa quien no está al tanto de los temas de la especulación inmobiliaria, pero al seguir en su camino encuentra otros edificios, unos que apenas están puliendo en sus terminados las decenas de manos que en ello intervienen, y sin embargo ya tienen pegado en sus ventanales: “Se vende” y/o “Se arrienda”. Y entonces lo que antes era oscuridad gana luz: compran no para solucionar la necesidad de habitar sino para especular, esto es, “hacer riqueza de la nada”.

Esta acción, como maniobras comerciales de otro tipo, son hijas de la mentalidad del “Dorado”, la misma que subyace en la cultura colombiana, mentalidad heredada de los invasores españoles, tan dados a vivir de la renta, de la especulación, del poco esfuerzo o sin desempeñar un trabajo útil o productivo, de los favores del gobernante, de la corrupción o del fraude. Mentalidad presente en todos los sectores de la sociedad colombiana, no solo los ricos, también los populares y la llamada “clase media”, que siempre anda pensando en cómo hacer rentar mejor sus ahorros, la pensión de un familiar, la liquidación recibida por parte de la empresa donde laboró por años y que ahora lo despide, la herencia de los progenitores: ¿comprar un taxi? ¿Invertir en un apartamento para venderlo en poco tiempo por el doble?...

El objetivo final es claro: se trata de lograr riqueza monetaria, como único fin que da sentido a la vida, por cualquier medio, producto de la especulación inmobiliaria, de prestar plata a un interés más alto del legalmente establecido, de acertar con la lotería o de cualquier otro golpe de suerte, trampa o gracia divina.

 

El mito del “Dorado”

 

La especulación es la actividad de comprar ciertos bienes con la intención consciente de revenderlos a los mayores precios posibles, generando un lucro rentístico de la diferencia. La actividad especulativa da lugar a movimientos anormales de precios no asimilables a fenómenos económicos reales de la esfera de la producción o del consumo. La especulación activa se ejercita sobre la base de variaciones de precios provocadas artificialmente. Estas acciones repercuten en un aumento de la incertidumbre y del riesgo presentes en la vida económica, y, específicamente, en pérdidas de salarios reales o del poder adquisitivo, esto es, en el empobrecimiento y caída en el bienestar de las clases trabajadora, popular y media. En Colombia, alimentan estas actividades especulativas inmobiliarias los recursos provenientes de la corrupción, el lavado de activos, la expoliación violenta, las economías mafiosas y el capital rentístico.

La cleptocracia institucional promueve la especulación inmobiliaria elevando los avalúos catastrales artificial y aceleradamente, al unísono del crecimiento de las tarifas impositivas (impuesto predial), provocando una espiral de transferencias de ingresos de los trabajadores hacia la clase política y la burocracia. En resumen, la “cleptocracia de Estado”1 confisca o usurpa, mediante el alza artificial de los avalúos catastrales y el aumento sostenido de las cargas tributarias sobre las viviendas (impuesto predial), un alto porcentaje de los ingresos del segmento productivo de la sociedad, convirtiendo el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria en un instrumento de explotación. 

 

Ingresos, inflación y burbuja inmobiliaria

 

El gráfico 1 ilustra el estímulo e inflamiento de las burbujas inmobiliarias en Colombia inducidas por las administraciones públicas y los especuladores privados, durante el período 1995-2019; la economía permite describirlas pero es difícil predecir el momento exacto de su detonación. En estos 25 años, el promedio del avaluó oficial del metro cuadrado de las viviendas creció a un ritmo anual del 11,2 por ciento; esto es, 1,5 veces superior al crecimiento del índice de precios al consumidor (IPC) que fue de 7,3 por ciento; y de 3,4 veces más que el ingreso del país que en promedio fue de 3,3 por ciento anual (medido como crecimiento anual del PIB).

Entre los años 1995-1999 el avaluó oficial incrementó el precio del M² de la vivienda en 18,2 por ciento promedio anual. En solo el año 2010 el alza anual alcanzó la cifra de 36,1 por ciento y en 2013 se registra un aumento desorbitado y abusivo de 42,2 por ciento.

 

 

El aumento especulativo y sin precedentes en los precios de la vivienda produce numerosos y negativos efectos, por lo menos hacen referencia al siguiente decálogo de perversiones: i) obliga a muchas familias residentes a huir de las costosas ciudades metropolitanas, provocando el crecimiento explosivo de la conurbación y suburbios en algunas regiones; ii) extremas diferencias regionales en los precios de la tierra; iii) aumenta el riesgo de las ejecuciones hipotecarias en cuanto los hogares no pueden cancelar las deudas; iv) el alto valor de la tierra contribuye a los altos costos de vida en general y al empobrecimiento de sectores que no pueden incrementar sus ingresos al mismo ritmo; v) Las personas que experimentaron ejecuciones hipotecarias o viven cerca de las ejecuciones hipotecarias tienen una mayor probabilidad de enfermarse o, al menos, lidiar con un aumento de la ansiedad; vi) se ha demostrado que el mercado de viviendas inestables aumenta los casos de violencia; vii) las ganancias extraordinarias de la especulación inmobiliaria desestimula las inversiones útiles, productivas y que elevan el bienestar social; viii) la especulación inmobiliaria genera desigualdad, injusticia, exclusión y estratificación socio-económica en las ciudades y regiones; ix) la concentración de la riqueza y el ingreso se exacerba; x) se destroza el tejido social y con él se pierden los sentidos y sentimientos ciudadanos de organicidad, pertenencia, identidad, ética, cooperación y solidaridad.

Más temprano que tarde la burbuja inmobiliaria termina explotando. Tomando en cuenta las tendencias históricas de la valoración de la vivienda es viable pronosticar correcciones de mercado que van desde unos pocos puntos porcentuales a 50 por ciento o más de los valores máximos en algunos mercados inmobiliarios. Estas correcciones son “desagradables” y “severas”; el “desplome” acelera otros factores que conducen a la recesión económica. Ejemplos de ciclos anteriores indican que las grandes reducciones en los precios reales de las viviendas, incluso las reducciones de dos dígitos en algunas ciudades de Colombia, son completamente posibles a partir en un futuro no muy lejano.

De acuerdo con el Censo nacional de población y vivienda (Cnpv 2018), el Dane informó que en Colombia había en el momento censal 48,3 millones de personas, viviendo en 14.2 millones de hogares; el número de viviendas fue de 13,5 millones de unidades. Según la Encuesta de Calidad de Vida del año 2018, publicada por el Dane (ECV 2018), la situación de los hogares de acuerdo con la tenencia de la vivienda presenta los siguientes resultados: apenas el 42,9 por ciento cuenta con una unidad totalmente pagada; otro 5 por ciento es parcialmente propietario, dado que la está pagando; el resto, esto es el 52,1 por ciento de los hogares vive en condiciones de arriendo o subarriendo (33,5%); usufructuarios, esto es, con permiso del propietario sin pago alguno (14,9%); posesión sin título (2,6%); o en propiedad colectiva (1,2%).

La especulación inmobiliaria aleja cada vez más la posibilidad de que los hogares de clase media o popular puedan ser propietarios algún día de una vivienda. Como se anotó, el avaluó oficial de la propiedad inmobiliaria crece, en promedio anual, 3,4 veces más rápido que los ingresos de los hogares. A esta gravosa situación se suma el que, de acuerdo con los resultados de la ECV 2018, apenas uno de cada diez hogares en el país cuenta con ingresos que cubren más que los gastos mínimos indispensables. En la encuesta de 2018, 35 de cada 100 hogares considera que vive bajo condiciones de pobreza. La especulación inmobiliaria, inducida al alimón por el capital rentista y la “cleptocracia institucional”, empobrece acelerada y constantemente a los hogares colombianos al encarecer arbitraria y artificialmente los precios de la vivienda y, en consecuencia, los cánones de arrendamiento.

 

La construcción y su aporte a la economía y el empleo

 

A partir de la década de 1970, en medio de la avalancha proveniente del campo a las urbes, producto de la llamada “violencia bipartidista”, pero también de las políticas económicas y sociales impulsadas por gobiernos nacionales para estimular la migración campo-ciudad y así conseguir mano de obra barata, como consumidores que potenciaran el aparato productivo, migración evidente en los cientos de barrios de invasión que cubrían las periferias de ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, la urbanización se convirtió en el principal motor del desarrollo en Colombia. Bajo las orientaciones del economista Lauchlin Currie, el Plan de las cuatro estrategias (1970-1974) incorporó las principales líneas de acción de quien fuera dos décadas atrás el jefe de la Misión del Banco Mundial a Colombia (1949); la reorientación de la política pública afirmaba que la urbanización está ineludiblemente ligada al desarrollo: debe estar planificada, debe buscarse su financiamiento, deben crearse millones de nuevos empleos urbanos, junto con la vivienda y los servicios públicos necesarios para garantizar un mayor bienestar para todos2.

La realidad histórica que se evidenció con posterioridad fue la construcción de centros urbanos inhumanos, violentos, segregados, congestionados, excluyentes, insolidarios, de anomia generalizada e insostenibles; esto es, modernización sin ciudadanía ni modernidad. La matriz fundadora de injusticia, discriminación, especulación, desigualdad, rentismo y estratificación y jerarquización socio-económica, herencia colonial, se trasladó del campo a la ciudad.

A mediados del siglo XX, la situación de la vivienda era bastante precaria: la construcción avanzaba a un ritmo inferior al índice de crecimiento de la población; por tanto, el hacinamiento y la mala calidad de las viviendas era moneda corriente. La construcción de viviendas aportaba apenas un poco más del 2 por ciento del ingreso nacional total del país. De acuerdo con el gráfico 2, a principios del siglo XXI la contribución del sector de la construcción al valor agregado nacional es de 3,9 por ciento; en 2015 alcanzó el pico de 8,1 por ciento; en los años siguientes se registra un paulatino y lento desinfle de la “burbuja” inmobiliaria producto del desfase o desequilibrio entre la especulación de precios de las viviendas y el lento crecimiento de los ingresos de los hogares, en consecuencia el aporte de esta rama económica cae a 6,9 por ciento en 2019.

En relación con el empleo generado por la construcción, éste se caracteriza, en una alta proporción, por ser precario, cíclico y efímero. Este es, sin embargo, un sector intensivo en la generación de empleo poco calificado. En el año 2001 la rama de la construcción generaba el 4 por ciento de los puestos de trabajo; en 2019 contribuye con el 6,8 por ciento del empleo nacional.

 

Especulación inmobiliaria y tributos en el Distrito Capital

 

Durante el período 1994-2019, Bogotá ha contado con 8 alcaldes; dos de ellos repitieron en el “segundo cargo más importante del país”: Mockus (1995-1997 y 2001-2003) y Peñalosa (1998-2000 y 2016-2019). Durante estos 26 años, el precio del M² de una vivienda de clase media (estrato socio-económico 4) en el Distrito capital, de acuerdo con el avaluó de la administración, se multiplicó por 13 al pasar de 271 mil pesos que valía en 1994 a 3,5 millones de pesos en 2019. En paralelo, la tarifa del impuesto predial a la propiedad de vivienda la elevaron las distintas administraciones distritales, con el apoyo del Concejo de Bogotá, de 6 a 6,8 por mil, entre 1994-2014; en 2017, se redujo ligeramente a 6,4 por mil y en 2019 trató de corregirse un poco los desmanes arbitrarios y usurpadores en la fijación de los avalúos oficiales (Gráfico 3).

 

 

Por alcaldías, los principales incrementos oficiales, tanto en avalúos como en tarifas, se registraron en dos alcaldías de tinte populista, mal llamadas de izquierda: Moreno-López (2008-2011) y Petro (2012-2015). Las políticas redistributivas de estas administraciones distritales descansan más en el ataque a la propiedad e ingresos de la clase media que a los de la oligarquía, empobreciéndola y generando dos polos sociales sin matices: ricos y pobres.

 

Empobrecimiento de la clase media

 

Allí donde la gente tiene esperanza, la sociedad cuenta con clase media. La existencia de clase media numerosa y estable es fundamental para la estabilidad política y el ejercicio ciudadano democrático. La clase media es una manera de ver la vida, no un estrato socio-económico específico. Por eso, la mayoría de los ciudadanos se describe a sí misma como de «clase media», cuando, según las estadísticas de ingresos, la mayoría no entraría en esa categoría. Decir «clase media» es una manera de describir a quienes aún creen en un camino lícito para salir de la pobreza y acceder a un nivel de vida más alto y decente, así como un futuro mejor y digno para sus hijos. Mentalmente puedes sentirte de clase media si crees en la movilidad social y que el trabajo productivo y el respeto de las normas de tu sociedad te llevarán allá donde quieras llegar3.

Las organizaciones políticas lumpen, la cleptocracia de Estado, los corruptos, las mafias organizadas y los especuladores inmobiliarios socaban y destruyen las ilusiones y esperanzas de la clase media. Con ello, se genera una agitada inestabilidad política, un sufrimiento adicional a las clases trabajadoras y viene a menos la democracia, así sea la realmente existente entre nosotros, contraída y solamente formal.

La democracia implica el ejercicio efectivo del poder por parte de un pueblo que no está dividido ni ordenado jerárquicamente en clases sociales, que tiene garantías reales para disfrutar de los derechos humanos, cuenta con la seguridad de vivir una vida digna, y su espíritu se materializa en una cultura, conciencia y autoconciencia del respeto por todas las expresiones de vida y el trabajo creativo, productivo y útil socialmente.

 

1   Término acuñado por el filósofo alemán Peter Sloterdijk, en los debates sobre las políticas fiscales de su país. Ver del autor: (2018) ¿Qué sucedió en el siglo XX? Ediciones Siruela, España.

2   Sandilands, Roger. (1990). Vida y política económica de Lauchlin Currie. Duke, Universiy Press- Legis, Colombia, pp. 246-266.

3   Friedman, Thomas. (2017, 6ta reimpresión). La tierra es plana. Breve historia del mundo globalizado del siglo XXI. Editorial Planeta Colombiana S. A., pp. 391-392.

*             Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

Publicado enColombia
Martes, 31 Diciembre 2019 10:30

La clase media no va al paraíso

La clase media no va al paraíso
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 La clase media, si alguna vez existió hoy desaparece en medio de salarios reducidos, macdonalización, sociedad de bajo coste y fabricación de seres endeudados. Esta es la realidad de las multitudes uniformadas.

 

“Nunca pienso que la gente muere.
Sólo que va a grandes almacenes”
Andy Warhol


A comienzos del mes de mayo de éste año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) lanzaba un SOS por la “clase media” de los países desarrollados. En el documento titulado Bajo presión: la clase media exprimida, remarcaba alarmada que en las tres últimas décadas los ingresos de los grupos medios crecieron un tercio menos que los ingresos del diez por ciento de los más adinerados, revelando que la inquietud surge del rápido retroceso de los ubicados en la mitad respecto de las cúpulas.

La preocupación, sin embargo, no es asunto nuevo en las altas esferas como quiera que en enero de 2009, el entonces recién posesionado presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba la creación del “Grupo de trabajo para la clase media” que, según él, era el colectivo perdedor en los últimos años y al que por el bien de su país, y del mundo, le debían ser devueltas las condiciones que le garantizaran su continuidad como sostén básico del consumo, y encarnación más sentida de los valores del “sueño americano”.

Más adelante, en diciembre de 2016, el mismísimo FMI, en un artículo firmado por el economista senior Ali Alichi, mostraba preocupación por la contracción sufrida por la clase media, pues en el último medio siglo habría sido reducida en once puntos porcentuales. Y, en nuestro entorno, finalizando el mes de mayo de este año, el ultraliberal Sebastián Piñera, actual presidente de Chile, presentó el programa “Clase media protegida”. ¿Qué esconde tanta preocupación? ¿Quiénes componen, en realidad, el grupo que políticos y teóricos convencionales dicen considerar en esa categoría? ¿Qué del funcionamiento del sistema realmente amenaza la supuesta desaparición de la llamada clase media?
La caracterización general de lo que significa “clase media” –ni pobres ni ricos– ha sido siempre controversial, y es aceptado que su definición es bastante subjetiva y ad hoc, en la medida que sus fronteras son borrosas y quedan al capricho de quién las establece.  La Ocde define como de clase media a los hogares cuyos ingresos están entre el 75 y el 200 por ciento de la media del ingreso nacional, en un intervalo cuyos límites no están soportados en parámetros concretos, y en los que, por ser el valor superior 300 por ciento mayor que el límite inferior, ya debería llamar a sospecha.

El termino fue acuñado por el sociólogo norteamericano Richard Wrigth Mills en su obra Las clases medias en Norteamérica (White-Collar), en la que daba cuenta de la profundización de la división del trabajo y la maquinización en oficinas y comercios a principios del siglo XX, lugares predominantes de los trabajadores de “cuello blanco”, y núcleo de lo que denominó cómo clase media. Nacía así una separación teórica de los asalariados, cuya gelatinosa correspondencia con la realidad ha tenido efectos sociales y políticos que han limitado una acción conjunta de grupos separados por diferencias marginales y que, sin lugar a dudas, más allá de tales diferencias, están arrinconados en la estrecha parcela de la subordinación.



Clases sociales y normas de apropiación

Cuando surge el tema de las clases sociales, la atención es dirigida, de forma casi automática, hacía los planteamientos marxistas, obviándose que el concepto emerge junto con la economía política y que son los fisiócratas los primeros que lo plantean. En efecto, fue François Quesnay quien, sobre la base de la función económica de los individuos formuló, ya en el siglo XVIII, la categorización de la sociedad en tres clases: productiva, estéril y  de propietarios (terratenientes). La productiva correspondía al conjunto de agentes de la agricultura –excluidos los dueños de la tierra– pues afirmaba que tan sólo allí las sociedades generan excedente material; estériles eran los productores de las manufacturas pues, en el mejor de los casos, entregan tanta materia en los productos como la que reciben en lo insumos, y, por último, los terratenientes que no tienen una función productiva, propiamente dicha, y por su parasitismo debían ser los únicos pagadores de impuestos. Esta clasificación surge asociada a la primera modelización de la circulación y distribución de la riqueza –La Tabla Económica– que hubiera sido imposible sin la agrupación de los individuos en categorías a las que pudiera asignárseles un flujo de ingreso derivado de su función en el sistema económico. Por primera vez, no era el origen de sangre ni la herencia las que definían en el imaginario la posición social.

Posteriormente, Adam Smith y David Ricardo corrigen la categorización, al comprender que la relación funcional en el sistema económico está definida por el recurso productivo apropiado, y reformulan las categorías en capitalistas (dueños de los factores de la producción materiales diferentes a la tierra), los rentistas (dueños de los inmuebles) y los trabajadores (vendedores de fuerza de trabajo, como asalariados). Clasificación también surgida de la necesidad de descubrir las fuerzas que rigen los montos de los ingresos que perciben los diferentes agentes económicos y que dio origen a la categorización de esos ingresos en ganancias, rentas y salarios, correspondientes a las tres clases.

Pues bien, el origen del concepto no tiene ninguna intencionalidad ideológica, como puede verse, y como quieren hacerlo creer los que buscan suprimirlo, por el interés de ocultar la realidad de las leyes sociales que rigen la apropiación del producto. El mayor alcance explicativo que le da Marx, no modifica la estructura formulada por Smith y Ricardo, y en el truncado capítulo cincuenta y dos de El capital –de tan sólo dos páginas–, y último de esa obra, cuando Marx pregunta por “¿qué es una clase?”, al responderse dice que surge de “la identidad de sus fuentes de ingresos” y reconoce que, en ese sentido, cualquiera de las clases podría subdividirse, pues en el sector rural, por ejemplo, sería posible hablar de terratenientes “propietarios de viñedos”, “propietarios de bosques”, etcétera, pero que esto no altera los argumentos centrales, esto es, que los ingresos están enmarcados en las luchas generadas entre los agentes económicos propietarios de los diferentes factores de la producción, y en el que la mercantilización de la fuerza de trabajo enmarca a los trabajadores directos en unas condiciones sociales, que hace de su sinergia la fuerza que define su participación en el producto social.  

   

Funcionariado y clase media: los trabajadores de “cuello blanco”

El paso, a finales del siglo XIX, de la empresa “marshalliana” –con una sola función y generalmente dirigida por una familia propietaria– a las grandes compañías multidivisionales, muchas con carácter multinacional, condujo a una extensión del trabajo administrativo y de las funciones del control nunca antes vistas. El correspondiente crecimiento del Estado y de sus funciones regulativas daría lugar al aumento de la importancia tanto cuantitativa como social y política de lo que Alfred Weber denominaría genéricamente como “burocracia”. El funcionario, como agente central de las organizaciones públicas y privadas, será el corazón de la denominada «clase media»: “Los «funcionarios» forman el cuadro administrativo típico de las asociaciones racionales, sean estas políticas, hierocráticas, económicas (especialmente capitalistas) o de otra clase”1, dirá Weber en una sentencia que muestra la naciente importancia, en el mundo de los asalariados, de un grupo asociado a labores de dirección y control.

Los trabajos de Henry Fayol, en los que el autoritarismo al interior de las empresas será ponderado como un principio central de la administración, y en los que la disciplina y el control son convertidos en más efectivos si dependen de una cadena de mando jerarquizada –análoga en verticalidad a la de la organización militar–, indican ya que la división del trabajo en el área administrativa va más allá de la eficiencia y la eficacia, y que también está diseñada para contener los mecanismos simbólicos y materiales del poder y la intimidación. La división entre trabajadores de “cuello blanco” («empleados») y de “cuello azul” («obreros»), esto es, entre “trabajo cognitivo” y “trabajo manual” adquiere la dimensión suficiente para velar las condiciones de vendedores de fuerza de trabajo de los funcionarios, y erige una barrera que ha impedido que los asignados a tareas de diseño y control, en la producción de bienes y servicios, puedan identificarse y reclamar conjuntamente por sus derechos, con aquellos destinados a la ejecución de los procesos. Fayol cumplió en el área administrativa el papel que Taylor, y en general la “Organización Científica del Trabajo”, habían realizado en el campo de las labores manuales: despojar al trabajador de su autonomía y su identidad.

Charles Wright Mills, comenzando la segunda mitad del siglo XX, da cuenta de la extensión alcanzada por el sistema burocrático y cómo había permeado todos los campos de la sociedad, pero, así también, llama la atención sobre la mecanización y precarización que entre el funcionariado empezaba a generalizarse: “La introducción de la maquinaria de oficina y de los planes de venta ha ido mecanizando la oficina y la tienda, los dos grandes locales donde tiene lugar el trabajo del white-collar […]. La demiurgia directiva está constantemente promoviendo todas estas tendencias: mecanización, división más minuciosa del trabajo, empleo de trabajadores menos preparados y más baratos”2.

De esa manera, la tarea de la uniformidad de condiciones, y la formación de una gran masa homogénea de productores-consumidores, alimentan de forma cada vez más intensa la gran máquina devoradora de recursos usados en la reproducción de mercancías indiferenciadas –multiplicadas ad náuseam–, acelerando su marcha hasta el extremo que hoy nos tiene al borde del colapso ambiental y social. La automatización de las labores y la necesidad de la homogeneización del consumo, para la masificación de su producción, empezaban a mostrarse como la base de la igualación y la uniformización por lo bajo, de la sociedad.



El punto de quiebre


Desde el último cuarto del siglo XX, es innegable la tendencia del predominio del sector servicios, tanto en el número de trabajadores como en su valor en la contabilidad nacional, así como la presencia cada vez más generalizada de la robotización en los talleres. Esto ha traído como consecuencia la reducción sustancial del músculo en la fabricación de bienes y la indiferenciación entre las labores directas en la fabricación y las indirectas en las “oficinas”, aplanando las singularidades que separaban trabajadores de “cuello blanco” de “trabajadores de “cuello azul”: “El primer grado, y a veces el aplicado primero en las oficinas, es el de la D-AC: diseño con ayuda de computadora. Luego vienen las diferentes dimensiones  de la C-aC, Concepción con Ayuda de Computadora, culminando todo en formas que mezclan tareas de concepción y de fabricación, o más exactamente que integran funciones de oficina y el taller”3. Lo que no significa que en la dirección los Oficiales Ejecutivos en Jefe (más conocidos como CEO por las siglas en inglés), y algunos profesionales de la concepción y el diseño no sigan separados de la gran masa; por lo contrario, han sido convertidos en parte de la élite, y conforman con ésta un grupo cada vez más reducido que, en sentido estricto, como veremos, no pueden considerarse asalariados, y cuyos patrones de consumo los acercan al sector más privilegiado.
 
Pierre Bourdieu señala cómo desde los inicios de la sociología, la definición de clases sociales no indica lo mismo que categoría social en el sentido de estatus, “Por eso, como observa Max Weber, «podría decirse, a costa de una excesiva simplificación, que las clases se distinguen según su relación con la producción y la adquisición de bienes, y los grupos de status, en cambio, según los principios de su consumo de los bienes, representado por tipos específicos de estilos de vida»”4. Es, en ese estricto sentido, que acá negamos la existencia de una “clase” media, sin deconocer qué durante varias décadas, trabajadores de “cuello blanco”, incluyendo algunos trabajadores independientes y pequeños empresarios, han constituido un grupo de estatus subsumido integralmente en las normas del orden burgués y defensor, en la primera línea, del mundo del capital.

Pues bien, la automatización señalada tanto en las labores de ejecución, como en las de diseño y control, no sólo ha uniformado, en buena medida los movimientos requeridos para las diferentes tareas, sino que los ha simplificado provocando la depreciación del salario que ha ido igualándose por lo bajo. La homogeneización de los consumos es tanto el efecto de la igualación precarizada de los ingresos como de la masificación de la producción de los bienes y servicios más comunes, que tiene en la uniformidad de los gustos y los comportamientos una garantía de demandas en gran escala, así como la seguridad de la mecanización de reacciones y comportamientos que garantizan la estabilidad del sistema.

En esta medida, la macdonalización de la que habla George Ritzer, no es otra cosa que la manifestación sociológica del sacrificio de la libertad en aras de la seguridad: “McDonald’s nos ofrece aquello que es previsible. Sabemos que el Huevo McMuffin que tomaremos en Nueva York, lo miremos por donde lo miremos, será idéntico al que hemos comido en Chicago o en Los Ángeles. También sabemos que el que pediremos la semana o el año que viene será idéntico al que hemos comido hoy. Reconforta saber que McDonald’s no nos brinda sorpresas, es decir, que la comida que tomamos en un determinado momento o lugar es idéntica a la que comemos en otro sitio o a otra hora […]. El éxito del modelo McDonald’s indica que mucha gente ha empezado a desear un mundo sin sorpresas”5.
Pero, lo que no debemos olvidar, es que el arquetipo McDonald’s no fue más que el anticipo de lo que a finales del siglo XX, y en lo corrido del XXI, quedaría consolidado como el modelo de la “sociedad de bajo coste”, expresión acuñada por Massimo Gaggi y Edoardo Narduzzi, en el libro titulado El fin de la clase media y el nacimiento de la sociedad de bajo coste6.

El fenómeno del bajo coste (quizá más conocido por su expresión en inglés, low cost) aparece a finales de la década de 1990 en ciertas ofertas de los pasajes aéreos, que es completada masivamente por las ofertas de productos de precios bajos en almacenes como Wal-Mart, que aprovechan los artículos de imitación chinos y la desregulación laboral en sus tiendas. Ropa como la de Zara y los muebles modulares de Ikea, cuyas ofertas están inscritas en el principio de baratas y a la moda (“cheap and chic”), intentando conjugar precios bajos con un mensaje de sofisticación en el consumo, que ahora no está apoyado en la particularidad sino tan sólo en el símbolo de lo que es actual, así su uso sea masivo.

En esta dinámica social, a la precarización de los salarios la acompaña la masificación de los consumos, eliminando la línea de demarcación que hacía de la clase media un grupo de status. La base material y social que marca el “declive” de la clase media indica que revertir la situación no es un asunto de buena voluntad de las políticas públicas, sino de la lucha del conjunto de los asalariados que más que de cuello azul o blanco, parecen todos teñidos de un gris lánguido.

La diferencia salarial entre los directivos de las empresas –que no son dueños– y el promedio de los trabajadores, según el Economic Policy Institute, pasó de una relación 20 a 1 en los años sesenta del siglo pasado, a 300 a 1 como promedio en la actualidad, llegando a ser de 700 a 1 en las empresas más grandes. Esto, entonces, excluye de la clase social de los asalariados a los directivos situados en la cúpula –igual que deben ser excluidos las estrellas del deporte y el espectáculo–, pues no están sujetos a la ley descubierta por la economía política que indica que un asalariado, en sentido estricto, está sujeto a regresar periódica y sistemáticamente al proceso de venta de su fuerza de trabajo en el mercado para poder sobrevivir, en razón de que la lucha entre el trabajo y el capital de un lado, y la competencia entre trabajadores, del otro, nivela el salario al valor de sus medios de subsistencia, en una puja cuyo resultado estructural Adam Smith denominó “ley de hierro de los salarios”.

Así, que más allá de las diferencias cada vez más pequeñas entre trabajadores asalariados, por la mayor simplicidad o complejidad de sus tareas, no hay duda que la mayor parte de la llamada “clase media” siempre ha sido, y es hoy más que nunca, en sentido estricto, asalariada. Quizá, lo positivo de que la realidad los haya “des-estatuido”, es que por fin reconozcan sin ambigüedades su verdadera condición al interior del sistema y, en consecuencia, acentúen de forma masiva sus luchas contra el capital.



Engaños y endeudamiento


Cuando el Dane definió como miembros de la clase media colombiana a quienes ganaban entre $450.000 y $2.250.000 al mes, provocó hilaridad generalizada. Sus defensores, entonces, argumentaron que la institución tan sólo aplicaba los criterios internacionales para esa definición, sin obviamente recabar en que tal aplicación, en un país con un ingreso promedio tan bajo, hacía de la definición una caricatura sin sentido. Pues, así numéricamente se esté en la mitad, ese ingreso no permite el nivel de consumo que la sociología otorga al estatus de “clase media”.

En esta senda, las cifras entregadas al público por Planeación Nacional afirman que la clase media pasó del 16,3 por ciento de la población en 2002 a 30,6 por ciento en 2016, y alborozadamente indican que en el 2030 más del 60 por ciento de las personas estarán en esa categoría, en un cuento que no es coincidente con las mediocres cifras del comportamiento del PIB per cápita. Ahora, si el criterio sostenido para esa definición es el rango establecido por las entidades multilaterales, y el parámetro del rango es el ingreso promedio, es claro que aun manteniendo todo constante, si baja el promedio, al bajar el piso del rango incluimos más personas en la categoría, por ser numéricamente mayores las familias de bajos ingresos. Seguramente nuestros genios de la economía, amparados en esa lógica, no demoraran en recomendar disminuir el salario medio para incluir más personas como de la clase media.

Según la Encuesta nacional de calidad de vida, los hogares con automóvil propio en Colombia son tan sólo el diez por ciento y, cómo es sabido, este es un símbolo inequívoco de pertenencia a los grupos sociales medios. El otro “consumo conspicuo” que supuestamente distingue a la clase media, los estudios superiores, es otra cifra que niega las afirmaciones oficiales, pues tan sólo el 35 por ciento de los estudiantes que acaba el bachillerato acceden, de forma inmediata a la universidad, con una probabilidad de ingreso para los quintiles intermedios de tan sólo el 23 por ciento, según el Banco Mundial. De los estudiantes que ingresan apenas el 35 por ciento culmina con la graduación, lo que significa que únicamente un 13 por ciento de los que culminan el bachillerato alcanzan un título profesional.

Colombia también ha entrado en la etapa de endéudate y estudia. El Icetex en el año 2000 otorgó créditos al 5,3 por ciento del total de matriculados en las instituciones de educación superior, y en el 2015 ese porcentaje fue del 21 por ciento. Lo qué sumado a los préstamos estudiantiles de la banca privada, acerca el porcentaje de estudiantes endeudados al 50 por ciento de la matrícula total, ¿esa es la forma de ingresar a la clase media?

El endeudamiento es la forma más perversa de la precarización, y cómo sostiene Mauricio Lazzarato “En tanto que la economía real empobrece a los gobernados en cuanto «asalariados» (congelamiento salarial, precarización, etcétera) y beneficiarios de derechos sociales (reducción de las transferencias de ingresos, disminución de los servicios públicos, de los subsidios de desempleo y de las becas estudiantiles, etcétera), las finanzas pretenden enriquecerlos a través del crédito y el accionariado […]; nada de derecho a la vivienda, sino créditos inmobiliarios; nada de derecho a la escolarización, sino préstamos para pagar los estudios; nada de mutualización contra los riesgos (desempleo, salud, jubilación, etcétera), sino inversión en seguros individuales”7.

Salarios reducidos, macdonalización, sociedad de bajo coste y fabricación de seres endeudados es la realidad de las multitudes uniformadas. Reconocerse como asalariados, con todas las implicaciones y el acumulado de su historia, y contracara del capital, debe ser el paso inmediato que lleve a los trabajadores a buscar la luz al otro lado del túnel.



1    Max Weber, Economía y sociedad, Volumen I, Capítulo 3, F.C.E, p. 175.
2    C. Wright Mills, Las Clases Medias en Norteamérica (White-collar), Aguilar ediciones, p. 290.
3    Benjamín Coriat, El taller y el Robot: Ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la era de la electrónica, Siglo XXI editores, p. 58.
4    Pierre Bourdieu, “Condición de clase y posición de clase”, Revista Colombiana de Sociología, Vol VII No. 1 2002 (pp. 119-141) p. 132.
5    George Ritzer, La McDonalización de la Sociedad Un análisis de la racionalización en la vida cotidiana, EditorialAriel, Barcelona, p. 25.
6    Gaggi, Massimo y Narduzzi, Edoardo, Ediciones Lengua de Trapo, Madrid, 2006.
7    Mauricio Lazzarato, La fábrica del hombre endeudado, ensayo sobre la condición neoliberal, Amorrortu editores, p. 127.

Publicado enColombia
Germán Ardila, Cristóforo, óleo sobre tela, 115 x 100 cm. (Cortesía del autor)
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

Tres grises y una actitud resaltan en la lectura del informe presentado por el presidente Iván Duque acerca del primer año de gestión, que presentó el pasado 20 de julio en el Congreso de la República. No es algo menor advertir la actitud negativa que el discurso expresa.


En efecto, parece no percatarse de que ya fue elegido, y que por tanto debiera proceder como Presidente y no como candidato en campaña. Su tono y su énfasis lo delatan: “Desde uno de los escaños de este Parlamento defendí las mismas ideas y la visión de país que hoy desarrollamos desde el Gobierno. Ideas que son mandato. Mandato que es orgullo y servicio, compromiso y sacrificio, trabajo duro y diálogo social transformador. Nuestro Gobierno, apreciados congresistas, escucha, actúa y cumple” (Cursivas y negrillas del original). ¿Así será cuando sea presidente?


El interrogante tiene todo su sentido, ya que una de las críticas más reiteradas de los movimientos sociales a este gobierno –también a los anteriores– es que. para intentar que escuche hay que decretar un paro, y para que cumpla hay que hacer uno o varios más. El prolongado paro de los indígenas nasa, en unión con campesinos y comunidades afrodescendientes, en el primer semestre del año en curso, no deja dudas al respecto.


Ese es el tono a lo largo del discurso, que no deja de estar presente, incluso hasta en su final, al asegurar: “Apreciados congresistas, ¡aquí estamos y para adelante vamos! Nuestro rumbo es el Crecimiento con Equidad. Colombia no va a parar de crecer”. (Cursivas, negrillas y subrayado en el original). Iván Duque sigue en campaña.


El tono y la forma como el Presidente le habla al país tienen en realidad un destinatario específico: la porción de población de la cual espera fidelidad con su voto. Sus palabras son pronunciadas pensando en el 2022, en la continuidad de un gobierno que promete configurar un nuevo Frente Nacional. Esta vez, entre la derecha más recalcitrante (Centro Democrático) y el ala más ‘liberal’ de la misma: el partido conservador y las fracciones políticas que entre elecciones cambian de nombre partidario o se reacomodan de acuerdo “al sol que mejor alumbre”.


Se trata de un objetivo y un foco precisos, reafirmados cuando alude de manera formal a la supuesta ‘unidad nacional’, al comienzo de su discurso: “Ese futuro que queremos, ese futuro que añoramos, es un futuro de todos” no es la preocupación principal que domina hoy en la Casa de Nariño. Esa preocupación es la de conservar y, de ser posible, acrecentar los 10’365.450 votos con los cuales fue elegido para gobernar a Colombia. Y, para eso, marca los énfasis que resaltan a lo largo de su discurso. Este gobierno logró sacar adelante o mejorar: “[…] aumentamos en 45 por ciento los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE); […] Fortalecimos los hospitales públicos […] con el Programa de Acción Inmediata, que ya ha invertido cerca de $187 mil millones en infraestructura. […] Acabamos de sancionar la ley que otorga incentivos para el uso de vehículos eléctricos. […] lanzamos la política Ruta Futuro, para enfrentar el problema de las drogas. […] nunca más los traficantes de droga y los secuestradores podrán enmascarar sus actividades criminales bajo ropajes ideológicos (aprobamos la) Ley del Abigeato (y la) Ley del Veterano. (Impulsaremos) la propuesta de cadena perpetua para los agresores y abusadores de los más vulnerables de nuestra sociedad (los niños, NN) […]”.


Estas y otras acciones resaltadas en su discurso son similares a las destacadas por quienes le antecedieron como presidente, en el afán de mostrar que sí hacen y cumplen con sus promesas de campaña, que son eficientes, y que gobiernan a favor de los excluidos. La pregunta que sobresale es: ¿Si todos han actuado así, y si el actual gobierno va por igual ruta, por qué la desigualdad social campea, por qué es precaria la prestación de los diversos servicios públicos, y están sin respuesta los reclamos de las mayorías que debieran resumirse en justicia, bienestar social y felicidad? ¿Propaganda? ¿Demagogia? ¿Exageración? ¿Apariencia?
Los grises


La actitud y la prioridad de su gobierno/partido les dan paso a los grises de su discurso, los mismos que lo desnudan en su carácter y su proyecto: 1. Como toda expresión del poder, su incapacidad de corregir. 2. Su talento para desinformar y manipular la realidad, 3. Bicentenario y el temor de proyectar el país de los próximos 200 años, o al menos el de las próximas décadas, para hacerle honor al bicentenario de la Independencia.


1. Incapacidad para corregir, característica de toda expresión de poder


Con excepción de la frase “Falta mucho por hacer, mucho” (que hace en alusión al asesinato de líderes sociales y su reducción, de acuerdo a las cifras del Gobierno), a lo largo del discurso de marras no hay alusión alguna que evidencie faltantes o errores o incapacidad o aprendizaje. Ello refleja una deformación del poder, en el caso del actual gobernante colombiano y en los de quienes llegan a acumular poder en alguna instancia: no miran hacia los lados, poco escuchan, menos reconocen. En el caso de los gobernantes, según sus expresiones públicas, ejercen funciones a favor de las mayorías –aunque la realidad indique todo lo contrario. Cada uno de ellos dice que es “demócrata”, dialoga, escucha, hace lo que sus gobernantes le demandan y esperan de él. Nada más lejano de la realidad.


Cada gobernante se debe al poder real que domina en sus sociedades, para nuestro tiempo y caso: es el capital financiero, en primera instancia, con los terratenientes a su par, y en segundo lugar los industriales y los comerciantes, así como los militares, los religiosos de las iglesias cristianas y católicas.


Entre todos ellos, o en medio de ellos, obran poderosos terratenientes, industriales, comerciantes, militares, no siempre ligados a la política, la economía y la administración local y regional de manera legal o pacífica. Concentrados en acrecentar sus dominios y su influencia social, con todos los resortes del aparato estatal y gubernamental a su favor, facilitados por el marco institucional –o la fuerza y la instrumentalización de narcotraficantes. Se benefician, entre otros, de presupuestos, contrataciones de grandes obras, administración de una numerosa burocracia; con relación y mando sobre un número de charreteras, de oficiales y suboficiales sin honor, vinculados con estructuras criminales de poder y corrupción.


De esta manera, en muchos casos a través de un ahondado presidencialismo, el gobernante termina por olvidar el mandato recibido, dejando a la entrada de su oficina, y en la placa y las palabras talladas, aquello de la función y el deber democráticos. No es para menos: el poder, como si fuera miel, empalaga; y, como si fuera alcohol o psicoactivo, emborracha y alucina: hace ver lo que no es (donde hay exclusión, simula inclusión; donde hay pobreza, aparenta igualdad y justicia). Es muy claro que de esta constante del poder tradicional no está exento Duque. Con su proceder, prolonga una característica del poder hasta ahora conocido, y sólo con escasas excepciones, y por cortos períodos de tiempo, superado en momentos muy particulares de la humanidad: su concentración en una o muy pocas personas, y, con esto, su carácter nada democrático. Precisamente, el reto en los tiempos que vivimos es conseguir que el poder cumpla con una acción más colectiva, desconcentrada, y con acogimiento de las regiones y las diferencias. Es éste un imposible de ver en los regímenes dominados por el capital y su modelo neoliberal, y de propiedad terrateniente, como el nuestro.


Regímenes en los cuales se ha llegado, según diversas organizaciones internacionales, a la paradoja del 1-99 por ciento, o lo que es igual, a la concentración demencial de riqueza, la cual va asociada al control del poder político. Y de este modo, al control de los Estados y gobiernos, así como del aparato militar. Es decir, el actual ejercicio del poder, cuando atañe a la cosa pública, es la síntesis de la antidemocracia más aberrante.


2. Desinformar y manipular la realidad


Como una constante, quienes ejercen el poder, gobernando o no, siempre desinforman y manipulan la opinión pública. En realidad engañan, depositando sobre sus intereses la legalidad y la legitimidad con fundamento en sus propiedades y su riqueza en general, y en las decisiones que toman y las leyes que aprueban; desinformación y manipulación reafirmadas en época de fakenews, como la que hoy vivimos.


Iván Duque no escapa de estas características del poder. En su informe, acomoda la realidad histórica: “[…] en este año del Bicentenario debemos tener en cuenta que se nos brinda una oportunidad de revivir tanto el sentir de unión de país, el sentir nacional, como el orgullo patrio que marcó ese momento histórico”. ¿De dónde saca esa supuesta ‘unión de país’? ¿La de centralistas y federalistas? ¿La que llevó al sometimiento –por parte de terratenientes y comerciantes– de pobres, indígenas y negros –esclavos–, negados todos ellos del derecho a la libertad plena y al usufructo de la tierra? ¿La que propició el intento de asesinato de Bolívar?


Pero no es sólo esto. En su informe resalta que “propusimos un pacto que ponga primero a los pobres […]” (negrilla y cursiva en el original). Enfatizando en otro aparte de su discurso, “[…] le propusimos a Colombia que todos nuestros esfuerzos y nuestras iniciativas estarían orientados a la equidad”. Nada más lejano de la realidad. Más allá de destinar unos millones para concretar algún proyecto social en educación, salud y otros áreas, lo los prioritario para este gobierno son los ricos de siempre. Y no es un cliché. Veamos.


En la pasada reforma fiscal o Ley de financiamiento (2018), se ampliaron las exenciones concedidas a las personas jurídicas, tan variadas y numerosas que en realidad terminan por reducir a tal tamaño la Tarifa Impositiva Nominal de las Empresas (1,3 por ciento), que al final de sumas y restas, y en proporción a sus ingresos, las personas naturales pagan más impuesto (5 por ciento) que las grandes empresas. Exenciones tan amplias, con diferencias por sector industrial y comercial, sumadas, les ahorran a los ricos 20 mil millones de pesos-año, es decir, cerca de tres veces el dinero recaudado por esa misma reforma.(1).


Como también lo difundieron los gobiernos anteriores, se procede así “con el propósito de estimular la inversión privada nacional y extranjera” (según el Presidente, reducir “[…] la carga de impuestos que estaba asfixiando a las empresas”), lo que procuraría mayor y mejor empleo (al decir de Duque, reducir la “[…] carga tributaria de los generadores de empleo”). Como es conocido por la experiencia, el desempleo no decae, el empleo no mejora en calidad, las empresas sí multiplican las ganancias y la llamada clase media sigue esquilmada en sus ingresos, por el pago del impuesto de Renta y del IVA, en lo cual la acompaña los sectores populares.


De este modo, más allá de las palabras de Iván Duque, los ricos serán más ricos, y los trabajadores en particular, así como los sectores populares en general, verán más menguados sus ingresos diarios. Así lo reafirma el Presidente: “[…] como resultado de la Ley de Financiamiento y Reactivación Económica, logramos aumentar el recaudo neto en 11 billones de pesos”, cifra que oculta, en un juego de apariencias y desinformación, que este no es el resultado de cobrarle más a quien más tiene, como ejercicio simple de justicia, sino el fruto de una argucia elemental: bajar el monto de ingresos totales por los cuales el trabajador está obligado a declarar renta.


Esa política tributaria de estímulos para las grandes personas jurídicas procede en vía contraria a lo aconsejado por la política clásica en materia tributaria, de no otorgar tratamientos diferenciales y efectivos en esta materia, para no propiciar ineficiencias en la asignación de recursos y en la distribución de ingresos. “Aparte de la generación de condiciones propiciatorias de ineficiencias y distorsiones en la administración tributaria en diferentes ámbitos como la evasión y elusión”. (2. Garay). Además, es una política tributaria que resulta contraria a un propósito que debe ser nacional: reducir la honda desigualdad reinante en Colombia, “[…] uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y entre los dos más desiguales en América Latina, incluso el más desigual según algunos especialistas, cuando se observa no sólo el índice de Gini sino también las brechas en la distribución del ingreso, las diferencias regionales en el país y la baja calidad en el acceso a trabajos de buena calidad” (3).


En estas condiciones, ¿puede creer alguien que “[…] el objetivo central del crecimiento de nuestra economía es la construcción de Equidad”? ¿Y asimismo que “[…] estamos trabajando para crear las condiciones que permitan a las empresas multiplicar la creación de puestos de trabajo estables y formales”? Da risa. Solamente cuando los derechos de los trabajadores sean quebrados hasta lo inimaginable, reduciendo salarios, incrementando su porcentaje para el aporte pensional, eliminando pagos por despidos injustos, etcétera, aceptarán los empleadores formalizar en mayor número sus plantas de trabajadores.


Pero en este juego de palabras y simulaciones, el Presidente anuncia que “Colombia tiene que pensar en grande […]”. (negrilla y cursiva en el original). ¿Podrá ajustarse a la realidad este necesario propósito cuando no se aplican las requeridas políticas para dejar de ser el nuestro uno de los países más desiguales del mundo? ¿Podrá esto dejar de ser simple palabrería cuando prolongamos nuestra existencia como uno de los pocos países en el mundo que mantienen viva la problemática de la tierra, negándose a concretar una reforma agraria que en efecto entregue la tierra –con asesoría en todos los campos necesarios–, así como a una efectiva soberanía alimentaria que propicie suministros sanos para toda la población, al igual que una política ambiental a la altura de nuestras características naturales y la defensa de la vida misma?


¿Podrá ajustarse a la realidad este propósito cuando nuestros gobernantes persisten en defender y prolongar, por ejemplo, la guerra contra las drogas? ¿Podrá ser esto realidad cuando persiste en su negativa a impulsar por todos los medios posibles una política de integración regional y, por esa vía, la renuncia en un plazo no mayor a tres o cuatro décadas al Estado-nación?


En el reino de la manipulación, queda una frase para esculpir: “¡En la Colombia que estamos construyendo, nadie puede sentir temor de expresar sus ideas y de proteger los intereses de su comunidad”, una clara expresión de mal gusto, pues da cuenta del desconocimiento de la Colombia profunda, que no queda no sólo en lo conocido como su periferia rural sino que también está presente, y cada vez más, en las barriadas de las grandes ciudades donde el común denominador son las “fronteras invisibles” o la ley del fusil –el revólver es juego de niños. Es ésta una manipulación que pretende ocultar el reacomodo del régimen, extendiendo sombras sobre la matriz paramilitar, a la par que sobre su efectiva prolongación uribista, para lo cual es fundamental la disputa de la memoria en que anda enfrascado este gobierno.


3. El año del Bicentenario


Sin sentido histórico ni visión futura, retoma en su discurso esta realidad, pero no se atreve, como representante de una clase, a dibujar el país de los próximos dos siglos, tal como debiera ser, en honor a quien en la Carta de Jamaica previó no un país pequeño –con banqueros afanados de más lucro ni terratenientes y otros mezquinos disputándose el control del país y su aislamiento global– sino todo un amplio territorio y una región integrada para el beneficio y la felicidad de sus habitantes, atento al riesgo proveniente del Norte.


Es éste el gran reto para una clase enfrascada en la defensa de sus pequeñeces; preocupada por despojar de sus tierras a los vecinos, pequeños propietarios, o por acrecentar la riqueza mediante la transformación de las normas, legislando a su favor, o desmontando empresas y concentrando en la especulación comercial; un proceder en que lo universal, como debiera ser el sentir y pensar de cualquier político en cualquier país de nuestro tiempo, debiera resaltar en cada una de sus acciones, pero para nuestro caso lo universal puede ser el nombre de una finca, de un banco o de una agencia comercial. Es por eso que en el informe de marras sobresale la ausencia de proyección estratégica para el país, visionando como máximo “Año Dos”, y de ahí poco más.


Como es de conocimiento general, proceder bajo el influjo de la futurología en un país demanda, por un lado, espíritu abierto y desprevenido, sentido humanitario; por otro, lectura geopolítica y estratégica. Pero, a la vez, capacidad de sueño, apuesta por el futuro y pensamientos grandes, algo que ni este gobierno ni los anteriores han tenido.


4. Año dos


Termina Duque su discurso con una visión pegada a las paredes, proyectando las acciones por acometer durante el segundo año de su gobierno. Más allá de lo enunciado, en que destaca acciones simples de imagen y opinión pública, como la de apoyar con el trámite de la cadena perpetua para violadores y abusadores de niños, es necesario reparar en el ocultamiento de varias medidas que sí son del interés de la administración de turno, entre ellas las reformas pensional, laboral (una más) y tributaria, la venta de diversidad de bienes públicos, así como la anhelada por el capital nacional e internacional: la enajenación de acciones de Ecopetrol autorizada desde 2006.


De concretarse estos pretendidos, con mayor énfasis las reformas a pensiones y al mundo del trabajo, es claro que quedaremos mucho más lejos de reducir la desigualdad y de atacar la inequidad, reafirmando lo ya conocido desde mucho antes del 7 de agosto de 2018: Iván Duque encabeza “un gobierno de los ricos y para los ricos” (4), aunque diga y aparente lo contrario. 

 

1. “Aquí reside precisamente una razón determinante de por qué, a pesar de regir formalmente unas tarifas nominales elevadas, incluso internacionalmente, en Colombia son relativamente bajas las tarifas efectivas impositivas para el conjunto de personas jurídicas –aunque con sustanciales diferencias entre empresas por sectores. Y también por qué la carga tributaria efectiva en Colombia –respecto al PIB– es relativamente baja aún en el contexto latinoamericano, y por qué son tan elevados los niveles de evasión y elusión tributarias. Con el agravante de que los cambios introducidos en el Estatuto Tributario por la Ley de financiamiento, aprobada en diciembre pasado (Ley 1943 de 2018), no sólo profundizarán inequidades horizontales y verticales sino que además aumentarán el gasto tributario, agravando la regresividad y las ineficiencias del sistema impositivo en el caso de personas jurídicas”. En, Garay Salamanca, Luis Jorge, y Espitia Zamora, Jorge Enrique. Dinámica de las desigualdades en Colombia (en impresión, Ediciones Desde Abajo).
2. Garay Salamanca, Jorge, op. cit.
3. Íd.
4. Sarmiento Anzola, Libardo, “Un gobierno de los ricos y para los ricos”, Le Monde diplomatique, número 181, septiembre 2018.

 


Artículos de esta edición:

 

Un año de medidas a favor de los poderosos

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37435-un-ano-de-medidas-a-favor-de-los-poderosos.html

Las obsesiones no siempre son buenas consejeras

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"¿Quiren más paz? Aquí la tienen..."

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Cosmología y vida cotidiana

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37437-cosmologia-y-vida-cotidiana.html

 

Los talibanes de San Francisco

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37438-los-talibanes-de-san-francisco.html

 


 

Publicado enColombia
Lunes, 30 Diciembre 2019 09:35

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Neoliberalismo, ¿tercera fase?
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 Es una dinámica conocida: la caída de la tasa de ganancia y la necesidad de incrementar la explotación de la fuerza de trabajo impulsan al capitalismo a tres tipos de disputas: 1) pugnas entre países por mayores porcentajes en el comercio global y saqueos de las economías periféricas, contradicción que en repetidas ocasiones se salda con guerras diferidas o directas; 2) implementación de reformas en la mayor cantidad de países posibles, con el propósito de esquilmar los ingresos directos e indirectos de quienes generan la riqueza social, acción que provoca la reacción/defensa de los afectados como exigencia de respeto a sus derechos históricos y, en lo posible, mejoras en sus condiciones de vida; en ocasiones, demanda de cambio total de las reglas de juego –otro sistema social–, pero no siempre es así; 3) brutales ajustes económicos que implican reducir el gasto público social, las importaciones, y la demanda interna de bienes de la canasta familiar para cubrir la brecha de pagos de la deuda externa y honrar sus deudas reprogramadas con el capital financiero transnacional.


Vivimos estos escenarios en los meses y días que pasan. Entre ellos, por un lado y como parte de la geopolítica global, las potencias dirimen tal disputa en territorios ajenos y a través de terceros países –Arabia Saudita vs. Irán, con Yemen como país afectado; Estados Unidos vs. Rusia, con una confluencia de otras fuerzas que implican a Turquía, Israel, Iraq, Irán, Isis, con Siria como país afectado y telón de fondo; Estados Unidos vs. China, en una conocida disputa comercial que antecede la posible confrontación global de próximas décadas. En nuestra subregión, sin ascender aún a lo bélico, la contienda compromete a los Estados Unidos y sus aliados regionales (Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil y otros) en contra de Venezuela, Bolivia y, más allá de la subregión, Nicaragua y Cuba, y en el trasfondo Rusia y China.

Como es típico de los Estados, con preeminencia de los imperios, en estas disputas, en cualquiera de las formas que asuman, defienden de manera prioritaria a sus multinacionales, consiguiendo para ellas beneficios de todo tipo, además de propiciarles mano de obra abundante, especializada y por pagar con salarios mucho más bajos que los cancelados en la metrópoli.

Es una disputa, una contradicción latente y permanente que nos recuerda que ‘mercado libre’ y guerra van de la mano, y que los cañones son precisamente la otra materialización de la ‘diplomacia’, los martillos que derrumban muros e imponen las lógicas del poder, de manera tal que todo aquello que el capital no logra someter a través de leyes, endeudamiento, amenazas, bloqueos, condicionantes y similares, su violencia, legitimada por distintos conductos, lo impone, así sea destruyendo el país objeto de sus cañones, cuya reconstrucción será el conducto para imponer los mandatos del capital.

Por otro lado, lo vivimos actualmente en el sur de nuestro continente, donde los detentadores del capital avanzaron en los últimos años usurpando las condiciones de vida digna de amplios sectores sociales, así como de sus derechos políticos –Chile– y en otros –Ecuador–, pretendiendo arrinconar a la sociedad para despojarla de buena parte de sus conquistas históricas.

El de Suramérica es un escenario ya sufrido por amplios sectores sociales, en tanto que en décadas recientes ya les habían arrebatado, tanto en los países relacionados como en todos los que integran el mapa de esta subregión del mundo, parte de sus conquistas laborales, económicas y políticas, a través de lo que se conoce como reformas neoliberales de primera y segunda generación. Pero ahora, ante la prolongada caída de la tasa de ganancia y el cambiante cuadro geopolítico global, vuelven por las mismas.

Como efecto de las aludidas reformas, en los años 80 del anterior siglo, en una primera ofensiva del capital sobre el trabajo, parte de los activos públicos sufrieron su privatización y el comercio perdió controles de Estado hasta ser liberalizado en su totalidad. El mercado laboral empezó su flexibilización, iniciando la contratación indirecta de mano obra, legalizando las empresas de intermediación y contratación laboral, zafando al patrón de la contratación directa, y abriendo de esta manera las puertas para quebrar el salario y la estabilidad laboral. La ofensiva contra los sindicatos y la sindicalización encontró acá también un espacio: una agresiva política laboral y económica sobre la cual volverán.

En los años 90 de igual centuria, impusieron la segunda ofensiva, precedida y presionada asimismo por el Consenso de Washington (1), con la cual van mucho más allá, en la medida en que las reformas con afectaciones particulares ya no son el propósito sino que en el centro de la misma entró como prioridad la reforma del conjunto del Estado, legalizándose la ofensiva neoliberal a través de las cartas constitucionales de los países objeto de esta ofensiva. Es así como toda la administración pública es adecuada para que el capital opere y pueda fluir sin obstáculo alguno, hasta el punto de que todo le es permitido, para lo cual la administración pública se ajusta a sus demandas y con ella la administración de justicia, aparato adecuado para proteger en forma integral los intereses de las minorías.

Entre una y otra reforma, como resultado del dominio del capital financiero en el nivel global, la financiarización entra a reglar la economía y los intercambios sociales. De este modo, la globalización, por este y otros conductos, impone sus dominios, lógicas e intereses, recordando la máxima de Henry Kissinger, secretario de Estado en la era Nixon: “Controla el petróleo y controlarás a las naciones; controla los alimentos y controlarás a la gente; controla el sistema financiero y controlaras el mundo”.
La concreción de estas reformas no fue impune, ya que en diversos países se sucedieron resistencias sociales como el famoso caracazo, el alzamiento zapatista en contra del Tclan, que, como todos los tratados comerciales de estas dé, aplican como punta de lanza para obligar a la apertura neoliberal, la crisis de Argentina de los años 2000, así como los alzamientos sociales que dieron cuenta de tres presidentes en Ecuador. Y mientras todo ello sucedía, antes, en medio y después, la intervención de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, bajo la égida de Estados Unidos, hegemónico en ese momento en el panorama global.

Para el caso de Colombia, que en 1991 ajustó su Carta Magna a tales postulados, la crisis económica de 1999 fue ocasión para someter al Estado y la sociedad toda a la dinámica neoliberal, para lo cual la conjunción, con todo el instrumental guerrero –legal e ilegal–, fue el conducto para contener cualquier inconformidad social. Una particularidad continental necesaria de resaltar, adjunta al efecto del narcotráfico como un producto de exportación y colchón económico, además de somnífero cultural y atomizador social.

Estos factores, los culturales, con amplios efectos sociales, son la otra variable neoliberal que permeó a las sociedades, sometidas a una ofensiva consumista como vehículo para estimular la producción de los grandes y medianos grupos económicos, de cuya mano se eleva la tasa de ganancia que dinamiza al capitalismo. Indicadores en el PIB de las potencias de ciento y más por ciento llegó a ser su reflejo, con la excepción de China, siempre muy por encima de tal indicador. Se trata de un crecimiento que revienta en 2007 con la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica y financiera que desata, de la cual el capitalismo no logra todavía recuperarse totalmente.

Precisamente, como una de las variables que buscan dar cuenta de tal realidad, el actual gobierno de los Estados Unidos, aferrado a un nacionalismo proteccionista que desdice parcialmente de la globalización pero no así del neoliberalismo, desata la guerra comercial en curso, con China como con otros países, a la par de lo cual el cuadro territorial del Sistema Mundo Capitalista va adquiriendo inéditas coordenadas: unos mercados pasan a manos de nuevos intereses, otros entran en disputa y algunos más quedan compartidos, todo ello en medio de tensiones que por momentos hacen tambalear el tablero global.

Es esta una realidad cambiante que por ratos parece indicar que el neoliberalismo está quebrado, pero es sólo la impresión, ya que sus manifestaciones sociales y culturales más profundas no han sufrido resquebrajamiento alguno, como tampoco el mercado global. Además, ni la financiarización ni los ataques contra el mundo del trabajo dejan de sucederse, al igual que otras manifestaciones típicas de esta forma y dinamizador económico y político, con expresiones de gobierno claramente identificables.

Realidad comprobable en el reciente paquetazo que intentaron imponer en Ecuador (ver, “Ecuador, las razones de la rebelión de octubre”, pág. 10), para el cual el conocido argumento del déficit fiscal regresa como excusa para imponer políticas privatizadoras y para la reducción del rol del Estado, para justificar más impuestos para los asalariados y menos para los más ricos, así como “necesaria” flexibilización laboral y menos control a la circulación de divisas, entre otros objetivos pretendidos.
Esto en Ecuador. Pero 22 meses atrás –diciembre de 2017–, ya habían logrado reformar las pensiones en Argentina, pese a la resistencia de sus fuerzas sindicales (2), propósito que también lograron concretar en Brasil (3) y que asimismo buscan implementar en Colombia, donde la sociedad ya está avisada del trámite futuro de más flexibilidad laboral, a la par de transformar el sector de las pensiones, para beneficio del sector financiero y empresarial en general. Tales reformas les aseguran a las oligarquías de esta parte del mundo los recursos suficientes para cumplir con el pago de la deuda pública, según las exigencias del cancerbero del sistema capitalista, el Fondo Monetario Internacional.

Una vez más, tales reformas repiten experiencias ya vividas: apertura económica y laboral, desmonte de subsidios, incremento de tarifas de servicios públicos, privatización de los pocos bienes que continúan en manos públicas, todo para que el capital gane más, medidas estas argumentadas desde la promesa nunca cumplida de crear más empleo, reducir los niveles de amplia desigualdad social que registran estas sociedades y otros decires similares aireados por la mass media oficiosa, promesas que el viento se lleva.

En esta ocasión, la nueva ofensiva va de la mano de la banca multilateral, de organizaciones tipo Ocde, así como de instancias de coordinación y convivencia entre países, como la OEA, en un intento asimismo por recuperar recursos naturales, dominio territorial y mercados como Venezuela, Bolivia, Cuba y otros, a fin de asegurar el dominio de Estados Unidos.

La dificultad que encuentran estos organismos e instancias regionales y globales para aplicar sus mandatos es que todo su recetario ya es conocido, y que sus efectos han sido perversos al ahondar las tasas de desigualdad conocidas por estas sociedades, así como acrecentar su deuda externa, a la par de acostumbrarlas a vivir con el desempleo como problema estructural.

En estas condiciones, no es casual la insubordinación social que conmocionó a Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre. Tampoco lo es la mayúscula movilización social que conmociona a Chile, respuesta creciente y solidaria de un pueblo que por más de treinta años ha padecido el neoliberalismo, y con éste la privatización de los derechos humanos: salud, educación, pensiones, transporte, etcétera, a la par del dominio de un disciplinamiento social solamente útil para el capital.

Insubordinación con logros específicos que permiten asegurar que el capital sufre en esta parte del mundo una derrota parcial. Pero es necesario recordar que el neoliberalismo es flexible, que no tiene un solo cuerpo y que sabe esperar. Por ahora, guardará la cabeza en algunos de los países de la región, mientras en otros actuará, dependiendo de la correlación de fuerzas. Como sea, más tarde o más temprano, regresará tras su pretendida recuperación de la tasa de ganancia a costa de quienes viven de su fuerza de trabajo, y que únicamente podrá ser derrotado si encuentra en toda la región, y más allá de ésta, un modelo social, económico y político, una propuesta de Estado integral, humanista, basada en la solidaridad y la defensa del bien común, con un modelo de vida que armonice a la humanidad con la naturaleza, que lo confronte y logre ganar el apoyo de los cuerpos sociales.


Hace dos o tres décadas, la sociedad desconfiaba de tal posibilidad. Hoy, producto de la cuarta revolución industrial en marcha y la gigantesca masa de información potenciada por la misma, reconoce que sí son posibles la justicia, la democracia integral y la concreción plena de la Carta de Derechos Humanos, y con ello la materialización de vida digna como precepto elemental de cualquier sociedad, todo ello, como es evidente, antípoda del neoliberalismo. La lucha de clases está de vuelta.

 

1. Con ese nombre se conoció el cambio de paradigma cuyo origen está ligado a la crisis de la deuda de 1982. Los países de Latinoamérica habían estado viviendo de dinero prestado desde mediados de los años 70, los años en que vivió más allá de sus posibilidades. Finalmente le pasaron la cuenta de cobro a la región con gran severidad. El viejo modelo de intervención estatal y proteccionismo había llevado a distorsiones económicas de escala patológica. Pero el remedio, el neoliberalismo, fue peor que la enfermedad.
2. https://www.elmundo.es/internacional/2017/12/19/5a38f493268e3e3e718b4632.html.
3. https://www.france24.com/es/20191023-brasil-senado-reforma-pensional-bolsonaro.

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El fin de año que no se preveía en Venezuela

Caracas vive un diciembre más tranquilo que en años anteriores

Se respira cierta calma. Hay grandes colas en las calles, esta vez no por desabastecimiento, sino para gastar el bono en criptomoneda Petro, en un contexto de crisis económica. 

Nadie sabía en enero en qué situación se encontraría Venezuela a final de año. Pocos, muy pocos, imaginaban que se estaría en calma y que habría grandes colas en las calles, esta vez no por desabastecimiento como en el 2015 o 2016, sino para gastar el bono en criptomoneda Petro otorgado por el gobierno para las fiestas.

Caracas vive un diciembre con mayor tranquilidad que en años anteriores. La economía, en una dinámica de bloqueo y crisis -piezas imbricadas-, ha dejado mayores espacios de respiro para la población. Se han visto fuegos artificiales, mesas navideñas con el pernil entregado por el gobierno, consumo permanente en las arterias principales de Caracas.

Se trata de una situación que lleva varios meses y ha generado una meseta en la superficie de una economía cuyo PIB se ha contraído más de la mitad en seis años. Un escenario marcado por la emergencia y consolidación de un sector dolarizado de la población, el uso de esa moneda en las transacciones comerciales en barrios populares o zonas pudientes, y la multiplicación de los trabajos informales a.nte la caída sostenida de los salarios formales con la devaluación de la moneda nacional y el aumento de precios.

La situación en Caracas es más estable que en las demás partes del país. No se ven colas de gasolina como en las carreteras o ciudades del interior, el abastecimiento de luz se ha mantenido con pocos registros de cortes, y se ha consolidado un circuito de consumo para la franja minoritaria que vive y piensa en dólares.

Era difícil pronosticar este diciembre a principios de año con la autoproclamación de Juan Guaidó y el intento de ingreso por la fuerza desde Colombia el 23 de febrero. Tampoco en marzo, con el apagón/saboteo nacional que dejó al país a oscuras durante varios días, o el 30 de abril, con Guaidó y Leopoldo López junto a un puñado de militares en armas en las calles.

La ofensiva parecía casi imparable, no solamente por el primer momento de fuerza de la fórmula Guaidó y su atractivo para la oposición venezolana que volvía a movilizarse, sino principalmente porque detrás o delante del autoproclamado siempre estuvo el gobierno norteamericano.

El rol de Estados Unidos (EEUU) fue explícito durante todo el año. John Bolton, exasesor de seguridad, afirmó que no tenían problema en hablar de la Doctrina Monroe, y, para llevar el expediente Venezuela, fue nombrado Elliot Abrahms, un hombre que estuvo al frente de las guerras sucias de Centroamérica en los años 80, con hechos como la masacre de El Mozote, en El Salvador.

La alineación de Donald Trump, Mike Pompeo, Bolton, Abrams, el eje anticastrista encabezado por Marco Rubio, y los poderes pocas veces visibles del Estado profundo, conformaron un cuadro de asalto final. Ese cálculo de fuerzas resultó errado para quienes encabezaron la ofensiva: no solamente Nicolás Maduro sigue en el gobierno, sino que Guaidó y el conjunto de la oposición atraviesa sus peores meses.

La crisis de la derecha tiene varios elementos superpuestos: escándalos de corrupción dentro de la Asamblea Nacional (AN), la división entre quienes ven posibles acuerdos con el gobierno para, por ejemplo, las elecciones legislativas previstas para el 2020, y quienes solo plantean una salida por la fuerza, y la cuestión de la presidencia de la AN que deberá ser renovada el 5 de enero.

Quien esté al frente del legislativo es central tanto a nivel interno como internacional. En lo nacional porque define en gran parte quien quedará en la conducción de la derecha y su principal tribuna. En lo internacional porque la ingeniería del gobierno paralelo creada por EEUU tiene su principal punto de apoyo en la AN: reconocen a quien está al frente del legislativo como presidente encargado del país.

La apuesta norteamericana es mantener a Guaidó. Ya han afirmado, anticipándose a un escenario adverso, que su respaldo no es a él como persona, sino a la presidencia de la única institución que reconocen como democrática. Su permanencia allí sería sostener la actual correlación de fuerzas, mientras que su desplazamiento podría significar un retroceso para EEUU, así como una nueva expresión de su incapacidad para resolver el expediente Venezuela.

El siguiente paso clave luego del 5 será la convocatoria a las elecciones legislativas. Por el momento el tema de conversación de la mayoría de la población es el bono entregado por el gobierno, el reconocimiento del esfuerzo, o el cuestionamiento hecho por opositores que lo califican como un instrumento para controlar a la población y mantener el mismo cuadro sin resolver la situación económica.

Los problemas de fondo difícilmente tengan solución en un tiempo corto, por el impacto del bloqueo económico y financiero que seguirá escalando como ha sido anunciado por EEUU, por la baja producción petrolera que por momentos logra estabilizarse en un millón de barriles diarios, o la falta de capacidad del sector eléctrico para abastecer la actual demanda nacional.

La economía está en proceso de transición y metamorfosis en una combinación de escenario de guerra y orientaciones pocas veces explicitadas por el gobierno. Se trata de un cuadro complejo, marcado a su vez por la emigración y sus consecuentes remesas que traen dólares en los barrios populares y las clases medias.

Venezuela termina un año que han parecido ser muchos más. Por estos días en los barrios populares se gastan los bonos, se preparan las mesas de año nuevo, las rumbas con salsa, trap y reggaetón, se extraña a quienes están fuera del país, se pone en obra la capacidad de resiliencia de una sociedad que se prepara para un 2020 que será, seguramente, más complejo que el 2019.

Por Marco Teruggi

Desde Caracas

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Raúl Zibechi: El modelo extractivista como causa del contexto latinoamericano actual

Frente al golpe de Estado en Bolivia y la crisis social, económica y política que gobierna en varios países de Latinoamérica, el periodista uruguayo Raúl Zibechi, entrevistado por Enredando las mañanas, hace foco en el extractivismo como causa fundamental de grandes conflictos actuales.

 “Lo que es común a gobiernos conservadores y progresistas es que ambos son neoliberales. Es un modelo económico basado en el despojo de los territorios, en la transformación de la naturaleza en mercancías, para lo cual es necesario desplazar poblaciones, contaminar y llevar a cabo un modelo extractivo de acumulación por despojo (soja, minería a cielo abierto, grandes obras de infraestructura, especulación inmobiliaria urbana). Ese modelo unos lo administran de un modo y otros de otro, pero el modelo es el mismo. Ahora en Argentina por ejemplo, el tema de la soja y el glifosato no entran en discusión con el cambio de gobierno”.

Zibechi afirma que, independientemente de los gobiernos, lo que está estallando en países como Bolivia, Nicaragua, Brasil y Chile es la crisis que genera el modelo extractivista, que genera un fuerte enriquecimiento del 1%, polarización social, una situación de exclusión y empobrecimiento de las mayorías. El resultado: menos posibilidad de gobernabilidad, ya que las condiciones que impone el modelo son insostenibles, muy duras y excluyentes. Como ejemplo pone lo que pasa en Uruguay: “la mitad de los asalariados tiene un ingreso menor a dos salarios mínimos. No alcanza para vivir”

En cuanto al contexto actual boliviano, el periodista remonta sus causas también a hechos referidos al modelo extractivista, partiendo de una crisis del MAS que comienza en el año 2011 cuando se intentó hacer la carretera que pasaba por reservas naturales del país, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) territorio indígena. Esta carretera estaba financiada por Brasil para la importación de commodities. “Eso es el modelo extractivo. Ahí comienza la crisis. Ahí se produce un enorme movimiento popular de base indígena para detener la carretera. Y a partir de ahí, los dos grandes movimientos  que habían estado involucrados en esa marcha son perseguidos por el gobierno del MAS”. Eso lo suma a algunos desaciertos posteriores del gobierno de Evo Morales, como el haber desoído el referendo de 2016 que proponía su reelección, habiendo modificado órganos del contralor para poder presentarse.

En 2013 Raúl Zibechi había hablado del fin del ciclo progresista, teniendo en cuenta que lo que viniera luego no iba a tener gobernabilidad: “Se evaporó la gobernabilidad porque las bases materiales de la gobernabilidad, que fue lo que Maristella Svampa llamó el consenso de las commodities, se terminó porque las guerras comerciales en el mundo después de las crisis de 2008 son muy agudas, particularmente entre China y Estados Unidos, y porque en la región latinoamericana, la fuerza que han adquirido los movimientos populares hacen que no sean aplicables paquetes de ajuste por parte de ningún gobierno”.

De este modo, el periodista y pensador uruguayo explicó para Enredando las Mañanas cómo la profundización del modelo extractivo está en el trasfondo de la crisis del MAS en Bolivia, y de otros conflictos latinoamericanos actuales.

28 diciembre 2019 

Publicado originalmente en RNMA

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Récords del 2019: Calor, maratón y el vuelo más largo

El mes más caluroso, la maratón más rápida, la multa más elevada: repasamos el año 2019 en diez récords en los ámbitos climáticos, económicos, culturales o deportivos.

Julio de 2019 es el mes más caluroso jamás registrado, con un promedio de 16,7 grados centígrados, rompiendo el récord anterior de julio de 2016, según la Agencia Estadounidense para los Océanos y la Atmósfera (NOAA).

Señal del calentamiento global acelerado, nueve de los diez meses de julio más calurosos son posteriores a 2005. En París, se batió un récord absoluto de calor el 25 de julio: 42,6 ºC.

En diciembre, fue el turno de Australia, con una sequía y fuego sin precedentes. Un récord de calor (en un promedio nacional) se batió el 19 de diciembre: 41.9 °C.

En julio, las autoridades federales de Estados Unidos impusieron una multa de 5.000 millones de dólares a Facebook por 'engañar' a sus usuarios sobre la confidencialidad de la información personal. La multa es la más alta jamás impuesta en los Estados Unidos por violación de la privacidad.

La guerra comercial con Estados Unidos y la actual desaceleración económica no socavan el éxito en China de los saldos tradicionales del 'Día de los Solteros', el 11 de noviembre: casi 35 mil millones de euros gastados en 24 horas en las plataformas de Alibaba, un gigante de comercio en línea.

Mientras en Londres se desatan debates sobre el espinoso tema del Brexit, el 'Parlamento de los monos', un lienzo de Banksy que muestra a los chimpancés sentados en la Cámara de los Comunes, se vende en octubre por 11,1 millones de euros, un récord para este 'artista callejero' británico.

Pero estamos lejos de la cumbre alcanzada en mayo por el artista plástico estadounidense Jeff Koons con su 'Conejo', una escultura de acero inoxidable que representa un conejo inflable, subastada por $ 91.1 millones. Récord absoluto para un artista vivo.

Por primera vez, un atleta corre una maratón en menos de dos horas. La hazaña es del campeón keniano Eliud Kipchoge, en Viena el 12 de octubre, durante una carrera no homologada, con un trazado y condiciones cuidadosamente preparadas: 1 hora 59 minutos y 40 segundos.

La prodigiosa atleta estadounidense Simone Biles suma a los 19 años un récord de 25 medallas, incluyendo 19 de oro, después del Mundial de Gimnasia disputado en octubre en Stuttgart (Alemania), superando la cosecha de 23 medallas obtenidas en la década de 1990 por el legendario gimnasta bielorruso Vitaly Scherbo.

Los mejores alpinistas hasta ahora han logrado escalar las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta en una década. Pero el nepalés Nirmal Purja tardó seis meses y seis días (de abril a octubre de 2019) en lograr su hazaña impensable. Un "éxito único", dijo el legendario italiano Reinhold Messner, el primero en escalar los 8.000 en los años 70 y 80. Le había llevado 16 años.

El vuelo sin escalas más largo de la historia se completó el 20 de octubre entre Nueva York y Sídney en 19 horas y 16 minutos. Para este vuelo experimental, llevado a cabo por la compañía australiana Qantas en un Boeing especialmente equipado, cuatro pilotos se turnaron en los controles.

Nacida antes del quinto mes de embarazo, pesaba apenas 245 gramos y tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Saybie dejó el Hospital Sharp Mary Birch con buena salud a fines de mayo después de cinco meses de cuidados intensivos. Es el bebé prematuro más pequeño del mundo en sobrevivir, según este hospital californiano.

En Hong Kong, la desaceleración económica no parecen obstaculizar la locura inmobiliaria: en octubre se vendió un espacio de estacionamiento por casi un millón de dólares, en una ciudad en la que uno de cada cinco hongkoneses vive por debajo del umbral de la pobreza.

(Con información de AFP)

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Viernes, 27 Diciembre 2019 06:00

Matar, negar…y objetar

Matar, negar…y objetar
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

“No tenemos ojos, ni corazón ni conciencia para mirarnos en el espejo roto de la guerra. De botas, armas, viudas y huérfanos llenaron esta tierra, que muy rápido cambió de dueños. No nos conmovieron los muertos, tampoco los mutilados ni las lágrimas que inundan los caminos del destierro y el despojo de miles de familias del campo. Crecieron las ciudades, también las injusticias, y las manos manchadas de sangre”.

Jesús Abad Colorado (retratista de la guerra)

Tan sólo dos semanas después que Iván Duque anunciara la objeción de seis artículos de la Justicia Especial para la paz (JEP) –en otro intento de desestructuración de los acuerdos suscritos para poner fin al conflicto armado con las Farc–, la Cruz Roja publicó el balance del 2018 sobre derechos humanos titulado Retos humanitarios 2019, en el que afirma que “La realidad es que en Colombia no se puede hablar de posconflicto: actualmente, no hay uno, sino al menos cinco conflictos armados en el país (cuatro de ellos entre el Estado colombiano y grupos armados organizados, a saber, el ELN, el EPL, las AGC y las estructuras de las FARC-EP del antiguo Bloque Oriental que no se acogieron al proceso de paz, y el quinto, que enfrenta al ELN con el EPL). Estos conflictos armados, sumados a la violencia ejercida por grupos de distinta naturaleza en el campo y en las ciudades, siguen marcando el día a día de millones de colombianos”. Denuncia en su informe esta entidad, asimismo, que en el último año el número de desplazados pasó de 14.594 a 27.780, así como que cada cuatro días es registrado un nuevo caso de desaparición forzada.

El anuncio presidencial, en contraste con el de la organización internacional, es muestra, una vez más, de la marcada bipolaridad que padece el país entre una realidad innegable de inusitada violencia, por un lado, y la negación de su existencia o el sabotaje a los intentos de su superación, del otro, y que ha determinado la simultaneidad y, seguramente, la complementariedad, entre una formalidad de aparente estabilidad política y un amplio espectro de cruentas y sistemáticas prácticas que incluye masacres, desplazamientos, asesinatos fuera de combate y desapariciones forzadas. En el mundo imaginario de la “normalidad” viven políticos, académicos y los sectores de la población con mejores ingresos, pues escapan a los rigores directos del conflicto; en el de la realidad del atropello, los grupos subordinados que son quienes los sufren.

“Colombia asesina”

En noviembre 20 de 1986, el conocido historiador británico Eric J. Hobsbawm publicó, en New York Review of Books, un artículo titulado ‘Colombia asesina’. El escrito fue escrito al cumplirse un año de la tragedia de Armero, en la que la negligencia oficial –algunas versiones sostienen que no fue negligencia sino un hecho criminal consciente para evitar el problema social que representaba evacuar sus 25.000 habitantes– tuvo como resultado la muerte de más de 23.000 personas, y también al año de la toma del Palacio de Justicia, que tuvo un saldo cercano a los cien muertos, incluida la plana mayor de la Corte Suprema de Justicia. En ese artículo, más allá de los reparos que puedan hacérsele a muchas de sus observaciones, Hobsbawm señala que: “La cohesión de la oligarquía y su auténtica adhesión a una constitución electoral, ha garantizado que el país no haya sido víctima, prácticamente nunca, de las usuales dictaduras o juntas militares latinoamericanas; pero el precio ha sido baños de sangre endémicos y, a veces, epidémicos”; argumentando llamativamente la existencia de una relación causal entre ‘democracia formal’ y ‘baños de sangre’, que por ser tan acentuada exige, por lo menos, un esbozo de exploración.

En ese sentido, y según el informe Basta ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre la década de los ochenta del siglo pasado –período de la publicación del artículo de Hobsbaum– y el 2012, la “normalidad” institucional fue acompañada de 1.962 masacres, 23.161 víctimas en asesinatos selectivos, 25.007 desapariciones forzadas (número que supera el de las dictaduras del Conos Sur), 6.433.115 desplazados, y más de 8 millones de hectáreas despojadas. De los episodios de violencia, en 588 eventos fueron contadas 1.530 personas víctimas de objeto de sevicia, sufriendo torturas tales como degollamiento, descuartizamiento, decapitación, evisceración, incineración, castración, violación, empalamiento o quemaduras, entre otras prácticas, perpetradas con el explícito propósito de aterrorizar la población. Estas cifras, aún para nuestros estándares de crueldad y de violencia endémica, son alucinantes, pese a lo cual, buena parte de la academia y los columnistas oficiosos de los periódicos las minimizan, cuando no es que recurren a la negación absoluta.

“Acá no pasa nada”

A raíz de la publicación del libro Paz en la república –editado por Margarita Garrido, Carlos Camacho y Daniel Gutiérrez–, en el que son contados catorce años de guerra en el país durante el período que va de 1932 a 1946, algunos académicos, incluidos los editores, buscan afirmar que es un mito decir que hemos vivido sumidos en un conflicto. Como eco de las reseñas hechas al libro, por ejemplo, el columnista Eduardo Posada Carbó (El Tiempo, 21-03-2019), inicialmente, y luego Santiago Montenegro (El Espectador, 25-03-2019), lamentan que nuestra historiografía haya hecho un lugar común de la idea que Colombia es un país violento. Se trataría tan sólo de un mito, según ellos, del que debemos desprendernos pues nuestro transcurrir, en ese sentido, es comparable con el resto de países hispanoamericanos.

Sin embargo, la comparación con las naciones de nuestro entorno luce demasiado forzada si miramos los argumentos del columnista Posada Carbó, quien escribe “José Gil Fortoul contó once revoluciones armadas en Venezuela tan solo entre 1830 y 1856. Apenas en un año, 1868, Argentina habría sufrido 117 revoluciones”, pues, 117 revoluciones armadas en un año (conflictos cuya duración promedio sería, entonces, de 3,1 días) no son, ni mucho menos, guerras, como es el caso de Colombia en el que, independientemente del tamaño de los ejércitos y la duración de los conflictos, a los enfrentamientos nadie ha dudado en calificarlos de eso, de guerras. Los golpes de Estado, que sirven para que la academia colombiana quiera decir que no somos ninguna excepción en el continente, no son confrontaciones entre ejércitos, con contadas excepciones y, por tanto, usarlas para negar nuestra particular situación no es otra cosa que negacionismo en el sentido más estricto de la palabra.

El hecho mismo que durante el 14 por ciento de un siglo haya habido enfrentamientos debería inquietarnos, pero el mensaje de los académicos es el de que debemos minimizar tal hecho. Sin embargo, las cifras sobre el siglo XIX dicen más, pues desde 1839, año en que estalló la primera guerra civil en la Colombia republicana hasta 1902, año de culminación de la última confrontación armada comenzada en dicho siglo, es decir, en el lapso de 63 años, los catorce contabilizados por esos mismos autores, representan casi un cuarto del período, ¿es esa una cifra para mirar con menosprecio? Ahora bien, cortar el estudio en 1946 le ahorra a los académicos toda una serie de problemas, pues ¿cómo caracterizar los 70 años posteriores? Si asumimos la acepción de “guerra civil no declarada” para el período que sigue al asesinato de Gaitán, de los 180 años que median entre 1839, inicio de la Guerra de los Supremos y 2019, tendríamos un total de 87 años de guerra, poco más del 48 por ciento del período, que no es algo equiparable con ningún país de nuestro entorno. Las únicas salidas para la academia negacionista son, entonces, obviar la última etapa de nuestro discurrir histórico o seguir los argumentos de los seguidores del llamado Centro Democrático y negar el conflicto.

De otro lado, impugnar las causas sociales de la guerra en Colombia, es también un ejercicio que busca imponerse. El mencionado columnista Montenegro escribe al respecto “Ya en los años 90, Fernando Gaitán Daza había planteado que Colombia no había sido un país tan violento como muchos decían y, además, había argumentado también que la violencia no tenía relación con la pobreza o con la distribución del ingreso”, es decir, que nuestras guerras son hechos sociales sin explicación social, en una paradoja sin sentido. Pretender negar el conflicto o su importancia con argumentos como el de que países con desmedidos niveles de pobreza y concentraciones elevadas del ingreso como el nuestro no han tenido guerras, o que cuando fueron fundadas las Farc y el Eln había también jóvenes que escuchaban rock o creaban el movimiento nadaísta, es una muestra abrumadora de la simpleza del negacionismo. Éste, en la academia, no es otra cosa que el correlato de la impunidad en los tribunales.

Enemigo interno, bandidos e identidad nacional

El sociólogo greco-francés Nicos Poulantzas, en su obra clásica Estado, poder y socialismo afirma que las fronteras y el territorio del Estado no son previos a su constitución, sino que uno y otro van conformándose en un proceso de retroalimentación y consolidación. Pues bien, que el territorio colombiano haya ido encogiéndose con el tiempo va más allá de la simple metáfora sobre la involución continuada en que ha ido convirtiéndose nuestro devenir histórico. En efecto, la delimitación fronteriza de los países latinoamericanos tuvo como base el llamado Utis Possidetis Juris, fundado en la demarcación territorial del imperio español durante la Colonia, que establecía para la Nueva Granada dos millones de kilómetros cuadrados, que con los sucesivos tratados fronterizos entreguistas fue reducido a los actuales poco más de millón cien mil, en una muestra que a diferencia del común de los Estados-Nación, Colombia no ha tenido en sus relaciones con los “otros transfronterizos”, el principio de su afirmación, no ha tenido en realidad fronteras, y por tanto ha carecido de cuerpo e identidad. De tal suerte que las ocho guerras civiles del siglo XIX y la guerra civil no declarada que comenzó a mediados del siglo XX –y que ahora pretenden ser negadas o minimizadas–, son un fuerte indicio que la constitución del Estado colombiano ha tenido lugar a través de la construcción del enemigo interno.

Giorgio Agamben, en su conocido Homo Sacer, recuerda cómo en el primitivo derecho germánico, contrariamente al derecho romano, el concepto de paz (fried) estaba construido sobre la exclusión del malhechor, el bandido (Friedlos), el sin paz, al que podía darse muerte sin cometer homicidio. Pues bien, el carácter sacrificial asumido por la violencia en Colombia da pistas que a los intereses económicos –en lo esencial sobre la propiedad de la tierra–, debemos sumarle un sentido simbólico en el que la eliminación del Otro adquiere un sentido fundante de la afirmación de lo propio. La paz de unos no puede existir, para ese marco ideológico y cultural, sin la existencia de los “sin paz”, los “bandidos”, cuya exclusión los convierte en sacrificables. En el capítulo noveno del libro de Fals Borda, Guzman Campos y Umaña Luna, La violencia en Colombia –titulado Tanatomía–, los autores enumeran prácticas como el descuartizamiento, la emasculación, los “cortes” entre los que enumeran el de ‘franela’, ‘corbata”, de ‘mica’, ‘francés’, que tenían en común la profanación del cadáver. Igualmente señalan como en el lenguaje de la violencia fueron expresiones comunes ‘Picar para tamal’, ‘bocachiquiar’ o ‘no dejar ni semilla’, esto último, testimonio de que el asesinato de infantes ha sido un hecho sistemático del terrorismo represivo sobre la población. Prácticas que no sólo fueron replicadas en la guerra iniciada en la década de los sesenta sino que fueron ampliadas por los paramilitares desde los años noventa del siglo XX con la conversión, por ejemplo, de las cabezas de los decapitados en pelotas de juego. ¿Lugar común? ¿Mito? No. Realidad documentada.

Otro aspecto señalado por los negacionistas en su supuesta “desmitificación de la violencia”, es el de afirmar que no existe ninguna línea de continuidad entre las guerras del siglo XIX, la etapa de la guerra civil inter-partidaria (liberal-conservadora) y la aparición de las guerrillas con ideología clasista. Pero, ¿es que acaso esos diferentes conflictos no han estado atravesados por los intereses sobre la propiedad de la tierra, de un lado, y del otro la tensión entre los poderes centrales y los poderes regionales? ¿no ha sido un lugar común que cómo agente de la violencia el latifundismo armado haya estado siempre presente? La acumulación de tierras como refugio seguro y valorizable de los excedentes ociosos de la acumulación y prueba inequívoca de la incapacidad de los sectores dominantes de generar inversiones productivas ha estado en la raíz de los despojos a bala de las tierras campesinas.

Entre enero de 2016 y marzo de 2019 fueron asesinados 500 líderes locales, testimoniando que los contradictores del patrimonio improductivo son los voceros de las comunidades que reclaman contra el despojo y luchan por su vida en los campos colombianos. Negar que en todos los conflictos enfrentados durante la vida republicana sí existe un hilo conductor que los une y que está representado por el latifundismo armado es la peor forma del negacionismo, pues al ocultar las raíces de los intereses que alimentan la violencia, bloquean los principios de su solución.

Los intentos de excluir a los militares de la JEP y las discusiones alrededor de los requisitos para aceptar los terceros civiles, muestran las complicaciones existentes en el país para alcanzar un esbozo de verdad sobre lo acontecido, pero también son indicio de cómo la llamada normalidad democrática no es más que la contracara del conflicto. Empresarios, Iglesia y academia buscan excluirse de cualquier responsabilidad, y recurren a la argucia de autonombrarse víctimas o agentes neutrales. En el reciente libro del escritor francés, Frédéric Martel, Sodoma: poder y escándalo en el Vaticano, son reeditados señalamientos contra el fallecido cardenal Alfonso López Trujillo, en los que a las acusaciones de pedofilia, son sumadas las de señalar a curas simpatizantes de la llamada Teología de la Liberación, para su persecución y ejecución. Estas acusaciones no son asunto nuevo, pues en 1996 el periodista Hernando Salazar Palacio en su libro La guerra secreta del cardenal López Trujillo, las reseñaba, así como tampoco son de reciente data ni aclaradas las afirmaciones de “Don Berna” sobre que el obispo Isaías Duarte Cancino fue uno de los ideólogos del paramilitarismo. Pero, el papel de la Iglesia en la violencia no es algo nuevo, y ha sido también común en la historia de los conflictos, para lo cual basta revisar el trabajo reciente de la Pacific School of Religion de Berkeley, Casos de implicación de la iglesia en la violencia en Colombia, donde puede revisarse una lista de intolerantes y de las razones de la intolerancia de esa comunidad religiosa. Ahora bien, dado que el director de la Comisión de la Verdad es un sacerdote jesuita ¿no parece aún más necesario que ante la JEP den confesión de verdad clérigos de esa religión?

Los saboteadores del proceso con las Farc han logrado que el acuerdo de paz entre contendientes haya sido, de hecho, convertido en texto de rendición, y buscan desesperadamente que sea rebajado aún más a “sometimiento a la justicia”, lo que coincide con el comportamiento felón del Estado colombiano, qué en los pactos con las guerrillas liberales de mediados del siglo XX, actuó de la misma forma. En Colombia, mantener la paz de unos pocos (fried), implica crear muchos sin paz (Friedlos), y quien mejor que el senador Alvaro Uribe para expresarlo tan claramente: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta” (Trino de abril 7 de 2019): Masacre de civiles “terroristas” (los indígenas de la Minga en este caso), de un lado, y del otro “autoridad firme y serena” (la represión violenta del Estado). ¿Queda duda del por qué de nuestra guerra habitual? Hobsbawm no estaba desenfocado, para nuestra desgracia tiene razón, por lo que pasar de la “normalidad” formal a una sociedad verdaderamente incluyente se constituye en la urgente tarea de los “sin paz”.

Publicado enColombia
Lunes, 23 Diciembre 2019 05:34

Aguafuertes maracuchas

Aguafuertes maracuchas

Maracaibo, la capital petrolera de Venezuela, escenifica la decadencia de un modelo. A la vieja contaminación de las aguas de su lago por la industria extractiva se suman hoy las brutales consecuencias del colapso económico. Entre los apagones y el racionamiento de combustible, sus habitantes viven del recuerdo de un pasado desaparecido.

Giovanny Jaramillo Rojas

20 diciembre, 2019

Háblame de Maracaibo

tierra bendita, tierra del viejo golpe pasmero

mi patria chica, tierra del sol cuna de gaiteros

por ella canto, por ella vivo, por ella muero.

Junior Veladiago

I.

28 de septiembre. Es mediodía en Maracaibo, la ciudad caída.

Doña Dioselina Ospina me trata como a un hijo. Me abrió las puertas de su casa para alimentarme. Vive en el sector La Lago, un barrio acomodado de Maracaibo, con su esposo y su ex nuera. Sus manos blancas son un embeleso, un extraordinario embrujo de comida venezolana: arroz con pollo, mandioca frita, pabellón criollo, muchacho guisado, bollos pelones, pasteles, quesos madurados, arepas rellenas y empanadas de carne y papa hacen parte de su exquisito y casero repertorio gastronómico.

Para ella, cada plato, indefectiblemente, contiene una historia. Por ejemplo, el arroz con pollo supuso la reconstrucción de la vida de su madre colombiana, que había migrado a Barinas a principios del siglo XX. El pabellón criollo la llevó a hablar de sus épocas juveniles en Barquisimeto, Caracas y Valencia, mientras que los quesos madurados la sumergieron en la memoria de la tierra que le secuestró su identidad, según ella, para siempre: Maracaibo.

Los sabores y los olores son la razón de su vida. Doña Dioselina lo remarca una y otra vez. Su corpulencia expone una gran debilidad por la comida. Sus maneras, aunque muy propias de los 67 años que arrastra con inusitada dignidad, denotan un desgarbo muy propio de una aristocracia que, aunque disminuida, se niega a la evaporación rotunda.

Rubor para todo el rostro, cejas perfectamente delineadas, aroma a Jean Paul Gaultier y cabello intacto, prolijo, mantas de seda largas multicolores y collares y pendientes de diseño. Su postura, invariablemente recta, parece proporcionada por la precisión de una ecuación matemática. En todos nuestros encuentros nunca se le escurrió una sola gota de sudor, ni siquiera cuando la temperatura amenazaba con calcinarlo todo.

Lo primero que dijo cuando la conocí fue que, si bien podría parecer increíble o incluso mentira, Maracaibo había sido, alguna vez, la Miami de Suramérica y que por eso ella y su esposo habían decidido instalar su matrimonio, a finales de la década del 70, en la futurista capital del estado Zulia, el estado más rico y próspero de la Venezuela de entonces. Doña Dioselina relata, con macilenta voz, que hasta los primeros años de este acelerado siglo la ciudad de Maracaibo contaba con vuelos directos a muchas ciudades de Estados Unidos y Europa. Que el desfile de turistas e inversores era incesante y que toda la ciudad permanecía coloreada por un cosmopolitismo indefinible. Sus anchas avenidas ostentaban los mejores y más costosos autos, hoteles y restaurantes prestigiosos, el comercio era una fiesta que no tenía nada que envidiar al primer mundo y su arquitectura exhibía el eclecticismo de una migración que aparentemente había llegado para quedarse.

Ahora, todo esto parece un cuento triste, un relato melancólico cuya inverosimilitud lo situaría en el género de la ciencia ficción. Hoy Maracaibo es todo lo opuesto a esa urbe que recuerda Doña Dioselina: una ciudad que respira herida a la vera de una ruta infecunda, una ciudad que se extravió en su patrimonio hasta la resequedad y la ofuscación.

Basta con dar un paseo para evidenciar que es el escenario perfecto donde se compendia la declinación social y económica de Venezuela. Al caminar por el centro se puede verificar aquel imaginario que han venido construyendo por todo el planeta los varios millones de personas que decidieron abandonar el país. Una ciudad insociable, descuidada, sin sistema formal de transporte, con edificios abandonados y enormes complejos industriales al punto del colapso, ya no económico, sino directamente material. Una ciudad fantasma que se recluye temprano, en total silencio, a ejercer el derecho de soñar imposibles.

En cada almuerzo, en cada cena, hasta consejos de vida y clases informales e inconscientes de sociología se animó a darme Doña Dioselina: los hijos son lo más importante, sólo el estudio libera al ser humano de la pobreza, lo único que mantiene en pie a las sociedades actuales es el consumo, los militares son buenos si están del lado de los valores morales y no de ideologías políticas y, como para chuparse los dedos: los indios son un problema porque ni dejan de tener hijos, ni se mueren rápido. “Son vagos y no son confiables”, terminó diciendo, para después, en silencio, como dándose cuenta de su racismo, pasar a servirme un delicioso jugo de guayaba.

Doña Dioselina tiene tres hijos y todos, con sus siete nietos, viven fuera de Venezuela. Dos en Estados Unidos y uno en las Islas Caimán. Cada vez que la invitan sale del país a visitar a su descendencia y vuelve a Maracaibo con la valija llena de comida, ropa y tecnología. No se va definitivamente porque duda mucho que pueda conseguir un mejor lugar para vivir. Para ella Venezuela es el mejor país del planeta, el más bello, y por eso dice, continuamente, que la esperanza es lo último que se pierde y que el día del cambio, aquel en el que pueda volver a caminar tranquila por la calle, ir de compras sin ser molestada por la miseria circundante y ver a su familia reunida, empapada por la felicidad patria, llegará más temprano que tarde.

II.

29 de septiembre. Amanece en Maracaibo, la ciudad sin fuerzas.

De tanto ir y venir vaciamos el tanque del auto y decidimos ir a llenarlo. En Venezuela no debería representar ningún problema, ya que la gasolina es prácticamente gratis, gracias al fuerte subsidio estatal. De hecho, el procedimiento se parece a una broma. La transacción es simbólica y, aunque hay precios definidos en los tableros de las estaciones de servicio (0,0025 dólares por litro), el asunto se puede zanjar con la cantidad de bolívares que el comprador disponga. Un monto que difícilmente puede llegar a superar los 20 centavos de dólar y que el funcionario de la estación de servicio ni siquiera se toma el tiempo de contar. Hacerlo significaría perder varias horas diarias: un dólar pueden ser, depende de la denominación, hasta 400 billetes.

Pues bien, al llegar nos encontramos con una fila compuesta por cientos de autos. Unas 15 cuadras mal contadas. A simple ojo se podría improvisar una cifra: en Maracaibo, tres de cada cinco estaciones de servicio de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se encuentran cerradas. La buena noticia es que casi todos los despojos gasolineros sirven de habitación a la infinidad de indigentes que circulan, como sombras desterradas, por la ciudad. La mala noticia es que cuando se consigue entrar en alguna de las estaciones que tiene combustible disponible, la Guardia Nacional Bolivariana decide a qué cantidad de gasolina puedes acceder.

El tiempo no nos daba como para pasar algunas horas a la espera de un turno. Pero la sorpresa fue total cuando nuestra conductora nos dijo que en marzo pasado estuvo dos días haciendo fila, durmiendo y comiendo dentro del auto con pequeños intervalos de ausencia para ir al baño y que, incluso, conocía gente que había completado cinco días en ese trámite.

Para la mirada foránea este fenómeno no deja de ser un escándalo, pero para los maracuchos, que así se llaman los habitantes de Maracaibo, no es más que otra de las manifestaciones de la insondable hondura de la crisis. Una palabra, “crisis”, que no logra encerrar el verdadero sentido en el que avanza la realidad: en una tierra rica en petróleo escasea el combustible. Aunque Venezuela no es precisamente un país refinador (el 80 por ciento de la gasolina que consume proviene de Rusia y China), esa paradoja es una sombra del derrumbe total.

Después de esperar tres horas y no avanzar un solo metro en la delirante fila, decidimos recurrir a la otra opción: la oferta del mercado negro. Para poder llegar a la zona de la ciudad donde se podía suplir la necesidad instantáneamente, tuvimos que negociar (cinco dólares) y absorber (por medio de una manguera) el combustible del tanque de un auto amigo. Después atravesamos Maracaibo hacia una localidad marginal llamada Ciudad Lossada.

Tras dar algunas vueltas, en medio de un barrio desértico, de calles destapadas a las malas, atiborradas de basura y viviendas construidas con materiales más que precarios, conseguimos el contacto que nos suministraría el preciado líquido. Por 40 litros pagamos diez dólares. Más o menos cinco veces el salario mínimo mensual venezolano a esta fecha. El joven que nos atiende, de clara ascendencia wayú, además de cobrar, sólo dijo: “Vivir aquí es un martirio; nos están dejando morir, no se sabe si es más difícil conseguir agua o gasolina”.

La parálisis humana es evidente. En un contexto en el que no hay posibilidad de movilidad social, la espera es el hambre de cada día y el rebusque, la incontenible sed. Se estima que, desde 2017, unas 200 mil personas dejaron su vida en Maracaibo para irse a buscarla en cualquier otro lugar, lejos de esta zona cero que escenifica el verdadero desmayo venezolano, aquel que en Caracas aún no pasa de ser una migraña.

III.

30 de septiembre de 2019. Llueve en Maracaibo, la ciudad ahogada.

Maracaibo es una ciudad memoriosa y oscura. El alumbrado público y el suministro de agua son, desde hace algunos años, un par de milagros en una urbe que permanece suspendida en la evocación de lo que fue. Maracaibo también es ermitaña, sobrecogedora. El célebre y floreciente trasfondo industrial de las últimas tres décadas del siglo XX es, ahora, una hilera de ruinas, ad portas de cambiar al estatus de mito.

El fastuoso lago está contaminado. Echado a perder. Los constantes derrames de crudo, propiciados por la dejadez gubernamental y el deterioro de los pozos petroleros (que hoy en día no son más que imponentes tumbas marítimas), flotan viscosos como una manta negra por encima de las aguas. Comer frutos del lago, reiteradamente, es una carrera en contra de la intoxicación inmediata y alguna extraña enfermedad futura.

Los semáforos, si sirven, sirven mal. Titilan y titilan sin sentido. Las exorbitantes avenidas amenazan con quebrarse en cualquier momento. El famoso mercado de pulgas y su romería se parecen más a un asfixiante rebato de resistencia, en el que sólo subsiste no el más fuerte, sino el más rápido, el más informal: tráfico de divisas, venta ilegal de medicamentos, ropas, accesorios, licores y cigarrillos contrabandeados, alimentos vencidos y carnes descompuestas. Resignación: todo lo que sea, por un dólar, por un puñado de pesos colombianos, por algo de comer. Maracaibo no lucha contra ningún olvido ni contra la decadencia: Maracaibo pelea contra su propia deriva y, con nebulosa presunción, continúa erguida, dándole coletazos al concepto de naufragio.

IV.

1 de octubre de 2019. Anochece en Maracaibo, la ciudad que se niega a ser borrada.

La cerrazón es una boca que se abre para tragárselo todo. Hay más oscuridad que de costumbre en una ciudad radicalmente oscura: los autos bajan la velocidad, los pocos comercios que funcionan cierran y la gente se enclaustra, con el último rayo de sol, a sobrellevar la intimidad de un apagón. Desde la terraza de mi hotel apenas se ve la luna, indómita, juntando esfuerzos para avivar las calles desoladas. El viento, calmo, patea el mutismo y trae la fresca respiración del lago. Los edificios parecen mecerse como palmeras prehistóricas y tristes.

Las zonas privilegiadas padecen la oscuridad pocos minutos. Con un chasquido de dedos encienden sus plantas, y la cerveza sigue fría,y Netflix, disponible. El gran resto entra en la noche incierta, aquella que soporta el insoportable zancudero en el que se convierte el sonido de la electricidad portátil.

El apagón dura 16 horas. Entre los maracuchos no sólo es algo pasajero, sino algo normal. En los últimos meses la ciudad ha experimentado hasta siete días consecutivos sin luz. Una locura para cualquier ciudad que se ufane de ser moderna. No obstante, el conserje del hotel dice que algo estalló en algún lado y que es cuestión de esperar el arreglo, una recepcionista asegura que, a veces, la gobernación sacrifica la luz local para no quitársela a Caracas, y un huésped, con furia, señala que es una conspiración del país del norte, aquel que huele a azufre. La gente dice cualquier cosa porque lo importante es convencerse de algo, teorizar la adversidad, justificar el infortunio, todo con el objetivo de burlar la realidad: especular para darle un sentido a la orfandad.

Cada habitante, como si se tratara de una guerra civil, pero sin un enemigo claramente definido, permanece auspiciado por una suerte de individualismo ciego y voraz, un ensimismamiento que no le permite ser consciente de los demás, porque la finalidad es clara: sobrevivir a como dé lugar. Ceder un poco, en cualquier sentido, podría significar una pequeña muerte que, de tantas sucesivas, podría convertirse en la muerte final. La gente de Maracaibo vive sujeta a la espera de que la F de fracaso se convierta en F de futuro, resiste maniatada, mientras la hirviente luz le tortura los ojos, mientras la lobreguez ahuyenta la vida y mientras el tiempo, implacable, lo pudre todo.

V.

2 de octubre de 2019. Despedirse de Maracaibo, la ciudad fantaseada.

Doña Dioselina me muestra fotos de la ciudad. En los años ochenta, ella y su marido caminan por el malecón y, enseguida, sonríen en la entrada de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. En los años noventa, sus hijos posan frente al teatro Baralt, y después, una panorámica del imponente puente General Rafael Urdaneta. Pasados los años dos mil, sus dos primeros nietos en una pileta del parque acuático de la ciudad y un hermoso atardecer en la laguna de Sinamaica.

Doña Dioselina me brinda una última comida. Mi preferida: pabellón criollo. Me ve comer y me dice: “Extraño a mis hijos, hijo”. Me despido y lo que no le digo, no sé por qué, es que sí, que tiene razón, que Maracaibo no sólo se parecía a Miami, sino que quizás llegó a ser mucho más interesante. Más bonita

Publicado enCrisis Venezuela
Jueves, 19 Diciembre 2019 06:27

(Neo)capitalismo y sufrimiento psíquico

(Neo)capitalismo y sufrimiento psíquico

Como anunciaba Joaquín Estefanía en Estos años bárbaros (2015) la salida de la Gran Recesión ha convertido en estructural lo que durante la gestión de la crisis financiera se vendía como secuelas transitorias: el incremento de la desigualdad, la precariedad laboral, la desregulación de los mercados, la privatización de los bienes públicos, arrasando con los antaño derechos constitucionales en educación, sanidad, pensiones, prestaciones sociales. El neoliberalismo completa la revolución conservadora iniciada con Reagan y Thatcher en los años ochenta del pasado siglo con la conquista del Estado en beneficio de unos pocos. Para el fundamentalismo neoliberal, una vez dueños del mundo tras la caída del muro de Berlín, las leyes sociales surgidas tras la crisis de 1929 y la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, son un obstáculo, un residuo a suprimir, como lo son las políticas sociales de algunos Estados latinoamericanos (Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela…) iniciadas a contracorriente.

Se juega con el mito de la mejor eficacia de los mercados y el necesario adelgazamiento de las cuentas públicas, cuando la toma de los gobiernos nacionales por el capital financiero, por ese 1% de la población mundial, no supone el adelgazamiento del gasto público, supone la venta de hospitales, pensiones y universidades del erario a los fondos buitres internacionales. Supone la acumulación ilimitada del capital, como previó Marx, más la también ilimitada invasión de la vida toda. La lógica del mercado configura subjetividades, cosifica las relaciones humanas, convirtiendo todo en consumo, competencia y, en definitiva, mercancía. Estrategia totalizadora, que pretende ir más allá del control de la economía, buscando imponer una cultura y un pensamiento único a nivel mundial. Un pensamiento que borre en el imaginario colectivo los grandes relatos que configuraron el sujeto de ayer, la ilustración, el freudismo, el marxismo. Se trata de forjar un sujeto neoliberal cuya ideología esté procurada por la publicidad y su el deseo copado por el consumo.

Los dueños de los medios seducen a la población con el ideal privatizador, convirtiendo la precarización del trabajo en un aliciente emprendedor, individualismo competitivo del que depende la persona y la sitúa siempre en continuo riesgo. Empresario de uno mismo, se pierde el vínculo social. El nosotros se convierte en un pronombre peligroso, cuando no se reduce a unas pocas personas o a la comunión de los estadios de fútbol. La vida se vuelve una competición en la que ya están definidos los ganadores, los detentadores del poder patrimonial y meritocrático y también los perdedores, los nadie, los desechos poco meritorios, los excluidos, el sobrante social del sistema productivo. Los determinantes sociales lo atestiguan. Por poner unos ejemplos: la renta media de los estudiantes de la Universidad de Harvard corresponde a la renta media del 2% de los estadounidenses más ricos. En Francia las instituciones educativas más elitistas reclutan a sus miembros en grupos sociales apenas más amplios (Piketty, 2015). O las desigualdades en la esperanza de vida, entre una clase social y otra; en un barrio u otro de la misma ciudad en cualquier parte del mundo. En Barcelona, la esperanza de vida en barrios como Torre Baró, en NouBarris, es 11 años menor que en Pedralbes. En el barrio de Calton, un barrio pobre de la ciudad de Glasgow, la población tiene una esperanza de vida de 54 años, una de las más bajas del mundo; a pocos kilómetros, en la rica zona de Lenzie, la esperanza de vida es de 82 años, una de las más altas de Europa (Maestro, 2017). Según un estudio reciente (The Lancet Planetary Health, Usama Bilal y Ana Diez Roux), dependiendo de la zona de Santiago de Chile la diferencia de esperanza de vida es de 18 años. El Chile que ahora explota en las calles y que ha sido vendido como modelo de desarrollo por el neocapitalismo durante las últimas décadas.

Las consecuencias en el sufrimiento psíquico son el incremento de los problemas mentales y sobre todo un estrés generalizado que se traduce en malestar, en infantil desesperanza, frustrado un deseo que nunca fue construido, que nunca tuvo el forjado necesario para perdurar. Enfermedades del vacío o quiebra de la identidad en la ausencia de un útero social.

En este presente, ante estas circunstancias, los interrogantes se vuelven hacia la asistencia social y el sistema sanitario, recolectores de la miseria social, donde la pregunta de entrada, parafraseando al sociólogo Jesús Ibáñez, estaría en si es posible en un sistema capitalista hacer una política de gobierno no capitalista (Ibáñez, 199p. 223). Llevada a la asistencia sanitaria y social, la pregunta es ¿si es posible una sanidad universal y equitativa, una salud colectiva en el contexto neoliberal? Su viabilidades la apuesta (retórica) de la socialdemocracia una vez que aceptó como el menos malo de los sistemas el capitalista. En su discurso: la vuelta a un Estado de Bienestar actualizado por la gestión privada. Pero la cuestión es ¿cuál es el precio de esta actualización, que por lo que sabemos hoy desvirtúa completamente los principios comunitarios y salubristas en los procesos llevados a cabo en Europa? (Desviat, 2016).

En cualquier caso, en esta contradicción se encuentra la ambigüedad y la insuficiencia de los Servicios Nacionales de Salud, de las propias leyes que los crearon en tiempos del Estado del Bienestar, dejando siempre la puerta abierta a la privatización de los servicios. En realidad, aún en los años de mayor protección social, la sanidad pública estuvo siempre condicionada a una financiación que privilegiaba a las grandes empresas farmacéuticas, tecnológicas y constructoras. Los gobiernos conservadores, pero también los socialdemócratas, mantuvieron la sanidad pública en sus programas, lo que además les permitía disminuir costes y acercar los recursos a la población atendida con un claro beneficio político electoral, mas al tiempo protegieron las infraestructuras de poder de la medicina conservadora y empresarial. La reforma sanitaria, y de la salud mental comunitaria, en sus logros de mayor cobertura y universalidad, se desarrolló siempre a contracorriente del poder económico, fueran ministros conservadores o socialistas.

De hecho, las ayudas económicas del Banco Mundial se acompañaron de la exigencia a los países de la reducción de la participación del sector público en la gestión de actividades comerciales y la disminución de los servicios sociales, convirtiendo en objetivo prioritario la privatización de la sanidad y las pensiones, al estilo de EEUU. Algo que queda claro en el informe de 1989 del Banco Mundial sobre financiación de los servicios sanitarios, donde se plantea introducir las fuerzas del mercado y trasladar a los usuarios los gastos en el uso de las prestaciones (Akin, 1987). Y en la pronta asunción de esta política por los Estados, empezando por el Reino Unido, que fue durante tiempo referencia por su aseguramiento público universal, como puede verse en documentos recientemente desclasificados del Gabinete de Margaret Thatcher, donde en un informe del Banco Mundial se dice textualmente que se deberá poner fin a la provisión de atención sanitaria por el Estado para la mayoría de la población, haciendo que los servicios sanitarios sean de titularidad y gestión privada, y que las personas que necesiten atención sanitaria deberán pagar por ello. Aquellos que no tengan medios para pagar podrán recibir una ayuda del Estado a través de algún sistema de reembolso (Lamata, Oñorbe, 2014).

La filosofía es trasparente: la salud es responsabilidad de la persona, del cuidado o no cuidado que haga con su vida, por tanto deben pagar por los servicios que consume. La sanidad deja de ser un bien público al que todas las personas tienen, por tanto, derecho. La ideología salubrista basada en el estilo de vida –cuide su comida, su hábitat, haga ejercicio, no corra riesgos—ignora los determinantes sociales, las condiciones de vida y de trabajo, que la salubridad que propone exige un cierto estatus social al que buena parte de la población no tiene acceso.

El hecho es que la quiebra de la universalidad deja fuera del sistema sanitario a colectivos vulnerables (desempleados de larga duración, inmigrantes sin papeles, discapacitados, ancianos…), al tiempo que los recortes presupuestarios deterioran los servicios asistenciales públicos, reducen la cesta básica, introducen el copago en medicamentos y suprimen prestaciones de apoyo (transporte, aparatos ortopédicos…). El Estado desplaza a los mercados la decisión de quien tendrá acceso a vivir y a cómo malvivir o morir. El paciente pasa a ser un cliente que puede ser rentable o no.

Pero hay otro fenómeno que hay que considerar al referirnos al sufrimiento singular y colectivo. Otro fenómeno al que enfrentar aparte de la falta de soporte social de los Estados y de la hegemonía del discurso conservador, la sustancial medicalización de la sociedad. La existencia de un Estado privatizador, la ausencia de una doctrina de salud y servicios sociales orientada al bien común, va a posibilitar el proceso de la mercantilización de la medicina, convertida en una importante fuente de riqueza, y consecuente medicalización y psiquiatrización de la población. Un proceso que tiene tres aspectos básicos, tal como enuncian Isabel del Cura y López García: uno, referir como enfermedad cualquier situación de la vida que comporte limitación, dolor, pena, insatisfacción o frustración (lo que podríamos definir como enfermedades inventadas); otra, la equiparación de factor de riesgo con enfermedad; y, por último, la ampliación de los márgenes de enfermedades (que sí lo son) aumentando así su prevalencia. Todo ello origina intervenciones diagnósticas y/o terapéuticas de dudosa eficacia y eficiencia(del Cura, Isabel; López García Franco, 2008). Hacer medicamentos para personas sanas era un viejo deseo de los laboratorios farmacéuticos, ahora el complejo médico-técnico-farmacéutico, aliado con los medios y con el poder político va más allá, con la fabricación de enfermedades. Ahora la estrategia funciona vendiendo no sólo las excelencias del fármaco sino, sobre todo, vendiendo la enfermedad. La depresión es un buen ejemplo, convertida en una pandemia mundial gracias a los antidepresivos. La cosa es simple, buscamos o creamos un malestar (el síntoma), le otorgamos un diagnóstico (precoz) y comercializamos un medicamento o una nueva indicación para un medicamento ya en uso (un antidepresivo para la timidez o un ansiolítico para circunstancias adversas) o costosas pruebas de alta tecnología completamente innecesarias. Robert Whitaker, un estudioso del fenómeno del aumento de consumo delos de los psicofármacos en EE UU, describe rigurosamente en su libro Anatomía de una epidemia la implicación de las instituciones sanitarias, profesionales y de usuarios en la elaboración del relato que les ha convertido en el tratamiento psiquiátrico dominante tanto de trastornos mentales graves como de síntomas comunes de malestar psíquico, cuando no han servido para la creación de falsas enfermedades. Preguntándose, y ese es el origen de la investigación que da lugar al libro, ¿cómo es posible que los problemas mentales se hayan incrementado desde los años 90 del pasado siglo, cuando precisamente por esas fechas aparecen lo que se propaga por asociaciones científicas y autoridades sanitarias como el mejor, sino único, remedio para atenderlos: los nuevos, supuestamente más eficientes y mucho más caros, antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, estimulantes y ansiolíticos? (Whitaker, 2015)(Desviat, 2017).

La introducción de nuevos medicamentos, no necesariamente mejores, pero si mucho más caros en los años ochenta del pasado siglo, colonizan el discurso psiquiátrico. El fármaco, respaldado por las Clasificaciones y Protocolos Internacionales de las Asociaciones científicas (infectadas por la financiación de las empresas farmacéuticas), se convierte en la bala de plata, en la panacea de los tratamientos del malestar, un atajo acorde con la cultura de la época, pragmática, intrascendente y apresurada. La psiquiatría se introduce en la gestión biopolítica de la vida por el resquicio de la insatisfacción, del vacío, la vida liquida que describe Bauman, ofertando soluciones a los problemas de la existencia: del amor, el odio, el miedo, la tristeza, la timidez, la culpa.

Se medicaliza el sufrimiento social —desahucios, desempleo, pobreza— y se psiquiatriza el mal; así cuando leemos en la prensa un caso criminal, vandálico, y se atribuyen sus actos a un trastorno mental, experimentamos cierta tranquilidad al imputar como una cuestión médica lo que es un mal social. Convertido en una cuestión genética o de anómala personalidad, no existe la responsabilidad de la sociedad en la que convivimos de una manera u otra, sostenemos. Al fin al cabo, no hace tanto que se vinculaba científicamente la criminalidad a la degeneración orgánica, hereditaria e inscrita en el cuerpo y en la mente.

El escándalo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es ilustrativo de la fabricación de una enfermedad que ha multiplicado por cientos de miles la venta de estimulantes en pocos años para tratar, en la inmensa mayoría de lo casos, comportamientos habituales en la infancia y adolescencia: distraerse fácilmente y olvidarse cosas con frecuencia; cambiar frecuentemente de actividad; soñar despiertos/fantasear demasiado, corretear mucho; tocar y jugar con todo lo que ven; decir co­mentarios inadecuados, pueden ser diagnosticados de TDH con el aval técnico Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIMH). Estimaciones recogi­das por Sami Timimi (Timimi, 2015)sugieren que a aproximadamente el 10 % de los niños en las escuelas de Estados Unidos se les ha pautado o tienen pautado un estimulante. En el Reino Unido la prescripción ha aumentado de 6000 recetas al año en 1994 hasta más de 450.000 en 2004; un asombroso aumento del 7000 % en solo una década (Department of Health, 2005).

La medicina se ha convertido en una gran generadora de riqueza, en cuanto la salud y el cuerpo se convierten en un objeto de consumo. En manos de la publicidad, es decir de los mercados, la medicina es una herramienta de normalización. Entendiendo por normal aquello que dictan los intereses del capital. Qué comer, qué vestir, qué tomar, como o con quien juntarnos. Las normas estandarizadas se multiplican al tiempo que avanza el proceso que Foucault denominó de “medicalización indefinida”. La medicina se impone al individuo, enfermo o no, como acto de autoridad, y ya no hay aspecto de la vida que quede fuera de su campo de actuación. El cuerpo se convierte en un espacio de intervención política. Este tiempo donde los poderes económico-políticos se inmiscuyen y regulan cada ámbito de nuestra vida, donde la vida es cualquier cosa menos algo espontáneo.

La atención de la Salud Mental al sufrimiento psíquico

Los cambios las formas de gestión y en el pensar de la época van a repercutir en las respuestas técnicas de la comunidad psi profesional. Hay una vuelta a la enfermedad como contingencia, que reduce a lo biológico el malestar. El sujeto, su biografía, queda fuera. Protocolos y vademécums sustituyen a una clínica de la escucha, qué se pregunte por el por qué subjetivo, afectivo, social del sufrimiento psíquico; una clínica que busque en las propias defensas de la persona formas de superar el padecer. Al tiempo, la medicalización produce cambios profundos en la demanda de prestaciones, que no tienen porque corresponder con las necesidades de la población, sino a los intereses de la clase hegemónica.

En el esfuerzo por reducir la psiquiatría al hecho físico, a la medicina del signo, se establecen criterios diagnósticos con unos signos-hechos-datos escogidos por consenso o por votación de un pocos que reducen la complejidad de la persona. Uno ya no delira con lo relacionado con su propia biografía. El contenido del delirio es ruido producido por la falla neuronal. No hay lenguaje, sujeto ni deseo. Solo cuerpo, enjambre químico neuronal. Mas, y he aquí la insustancialidad de la propuesta, es que los datos por si solos, como bien saben los propios publicistas de los mercados, poco valen, hay que interpretarlos.

La estrategia es obvia, se trata de homogeneizar, en torno a unos cuantos criterios, una propedéutica y un vademécum común para diagnosticar y tratar a las personas aquejadas de problemas de salud mental, en beneficio de las empresas farmacológicas y tecnológicas. Un único sentido para el mundo. El trastorno mental sería el mismo en China que en Costa Rica, en Noruega que en Mali, lo que facilitaría el mismo tratamiento. Algo tan disparatado, premeditadamente ignorante de la antropología, de la idiosincrasia de los pueblos, que seria irrelevante sino fuera porque la credibilidad de un hecho o de una visión determinada de los hechos está condicionada al aval de universidades, centros de investigación y a publicaciones de gran impacto que suelen depender directa o indirectamente de la financiación de los mercados.

Muy alejadas, por otra parte, de la realidad de la práctica asistencial. Lo que hace decir a autores como Richard Smith y Ian Roberts: que “la forma en que las revistas médicas publican los ensayos clínicos se ha convertido en una seria amenaza para la salud pública (Smith and Roberts, 2006).

Entre la aceptación y la resistencia

La acumulación irrefrenable descrita por Marx se aceleró con el fin del capitalismo industrial y no se sabe cual va a ser el acontecimiento que precipitará el choque final pronosticado por el autor de El capital, el momento en el que las fuerzas productivas entrarían en contradicción con las relaciones de producción, ni si ese acontecimiento tendrá lugar. El derrumbe disruptivo del fracasado socialismo de Estado en 1989 parecería haber agotado, como dice Enzo Traverso(2019), la trayectoria histórica del propio socialismo, de los movimientos que lucharon por cambiar el mundo con el principio de la igualdad como programa al reducir la historia toda del comunismo al hundimiento del totalitario régimen soviético. Una caída a la que se unía además los cambios profundos en las formas de producción que estaban acabando con el capitalismo industrial, en el que la izquierda forjo su identidad. Las grandes fábricas que concentraban a la clase obrera donde surgieron los sindicatos y los partidos políticos de izquierdas estaban siendo sustituidas por los nuevos modos de producción del neoliberalismo, la deslocalización, la precarización, la fragmentación y robotización de la producción. El sistema de partidos políticos surgidos con la industrialización en la confrontación obreros empresarios perdió su esencia política, convirtiéndose en aparatos electorales. En el caso de la derecha, los empresarios, sobre todo la empresa familiar y localizada territorialmente, fueron sustituidos por los lobbies financieros, sin perder la esencia de su identidad: la defensa de sus intereses de clase. En el caso de la izquierda revolucionaria, el resultado fue la perdida de un escenario que constituía su campo de batalla y su conexión con la izquierda civil. Por otra parte, el fracaso del socialismo autoritario no supuso la construcción de un socialismo democrático, como en un principio algunos imaginaron, sino que la caída de la URSS supuso la rápida transición a regímenes de un capitalismo salvaje, con el nacionalismo como identidad y en muchas ocasiones, infiltrado por criminales mafias. Algunos de los logros sociales del socialismo de Estado, como la sanidad universal y el pleno empleo, se derrumbaron, lo que llevó en pocos años a la reducción de la esperanza de vida y la precariedad o la indigencia para buena parte de la población. En la otra orilla, un capitalismo sin trabas, desalojadas las narraciones y utopías del siglo que acababa, afianzaba un presente que se quería sin pasado y sin futuro. No es el fin de la historia como preconizaba Fukuyama, sino el fin de la política. El mercado va a sustituirla, en un presentismo, donde no cabe la utopía, y por tanto, el futuro; ni cabe el pasado, perdida la memoria, en una historia huera, vacía de sentido.

Planteaba en Cohabitar la diferencia (Desviat, 2016) que la Reforma Psiquiátrica, cuyo primer objetivo fue sacar a los pacientes mentales de los hospitales psiquiátricos, de los manicomios, y situar servicios de atención en la comunidad, creó en su devenir nuevas situaciones, nuevos sujetos, nuevos sujetos de derechos. La locura se hizo visible y con ella la intolerancia, el estigma, la exclusión de la diferencia. Hizo ver que el proceso desinstitucionalizador atravesaba toda la formación social, desvelando prejuicios y representaciones sociales que iban mucho más allá del trastorno psíquico, una reordenación asistencial, y que situaban a los alienados juntos con otros de la exclusión social. Destapó la parte oculta en nuestra sociedad por la dictadura de la Razón, de la podredumbre de la razón en palabras de Antonin Artaud, en la que los locos son las víctimas por excelencia (Artaud, 1959), un imaginario colectivo poblado de los mitos, las leyendas y los sueños que nos constituyen. Nos acerca a lo que en verdad teje el síntoma singular y social, pues el síntoma se forja en la historia colectiva, en los deseos y miedos ubicados en la trastienda de nuestra cultura. Un proceso desinstitucionalizador que enfrenta a la Reforma de la Salud Mental con la miseria social y subjetiva, en un escenario en el que no se puede ser un simple observador, un impotente teórico de la marginación, la alienación y el sufrimiento. Donde el hacer comunitario hace del profesional un militante de la resistencia al orden social que instituye la enajenación en la miseria, donde la acción terapéutica, necesariamente experta en los entresijos técnicos de la terapia y el cuidado, se colorea políticamente.

Este estar en lo común por el que se define la salud mental comunitaria supone considerar a la población no solo como potenciales usuarias de los servicios, implica adentrarse en los deseos y frustraciones de sus barrios, hacerles cómplices de la gestión de su malestar. El fracaso de la medicina social es semejante al de la política gobernante que padecemos, y la razón de este fracaso está en la ausencia de comunidad, de los intereses, anhelos, frustraciones y ensueños, de las poblaciones que se atiende o se representa. Es frecuente la existencia de políticos que no han estado nunca en las circunscripciones que representan más allá de los días de la campaña electoral y es igualmente frecuente planificaciones, programas y actividad profesional de salud mental hechos sin haber pisado el barro o las aceras de los barrios que comunitariamente se atiende.

En salud y más concretamente en salud mental hablamos de participación, de la necesidad de contar con los ciudadanos, con las comunidades y los propios usuarios a la hora de la planificación y programación, mas, sin embargo, la participación se reduce, si existe, a encuentro a nivel directivo con sindicatos para temas laborales y el trabajo comunitario a situar centros de consulta fuera de los hospitales. Luego puede extrañarnos que la población no defienda los modelos que más podrían beneficiarles, de confundir las necesidades reales en sus demandas, de dejarse llevar por engañifas electorales que propician la privatización como modelo sanitario, en contra de una salud colectiva que puedan hacer suya.

Concluyendo. El hecho es que hoy, como nunca hasta ahora en la historia parece que no hay un afuera del sistema neoliberal, donde el fascismo hace presente el planteamiento de George Kennan, en un informe secreto, hoy accesible, cuando aconsejaba que había “que dejar de hablar de objetivos vagos e irreales, como los derechos humanos, el aumento de los niveles de vida y la democratización, y operar con genuinos conceptos fuerza que no estuviesen entorpecidos por eslóganes idealistas sobre altruismo y beneficencia universal, aunque estos eslóganes queden bien, y de hecho sean obligatorios, en el discurso político” (Chomsky, 2000). Una situación que puede conducirnos al “esto es lo que hay” y al “todo vale”. Un esto es lo que hay y en esta situación todo vale al que se suma la desgana por falta de perspectivas profesionales y ciudadanos, el queme o la renuncia o la aceptación de la derrota. Un es lo que hay y todo vale que nos lleva a una permanente insensibilidad, nos lleva a eludir nuestra parte de responsabilidad, nuestra ciega complicidad en el trascurrir de los hechos, nuestra parte de culpa. Algo que según Cornelius Castoriadis, nos ha convertido en cínicos profesional, social y políticamente, pues encerrados en un nosotros, en un mundo personal privatizado, hemos perdido la capacidad de actuar críticamente (Castoriadis C, 2011). Quizás lo más frecuente, como escribía en el libro antes citado (Desviat: p. 17) es el considerar que lo que sucede es lo natural de la sociedad humana, que ha sido siempre, la iniquidad, la desigualdad, la competitividad canalla y la desatención de los más frágiles, asumiendo las funciones cosméticas y de control social que impone el orden social; en el mejor de los casos cobijando la conciencia profesional y cívica en preservar ciertas cotas de dignidad, calidad y eficacia. Pero queda otra postura, una opción partisana, militante que trata de mantener una “clínica” de la resistencia, buscando aliados en los usuarios, familiares y ciudadanos para conseguir cambios en la asistencia a contracorriente y profundizar las grietas del sistema, en pos de un horizonte donde sea posible el cuidado de la salud mental, una sociedad de bienestar.

El peso de la alienación cambia cuando se es consciente de ella. En ese descubrimiento, cuando la mirada del amo ya no fulmina al colonizado, se introduce una sacudida esencial en el mundo, toda la nueva y revolucionaria seguridad del colonizado se desprende de esto, escribe Fanon en Los condenados de la Tierra (p40).

Una sanidad diferente, una atención a la salud mental que se entienda desde lo singular a lo colectivo, no será plenamente posible sino en una sociedad diferente. No podemos saber qué nos deparará el futuro. El socialismo es tan posible como la caída en la barbarie. Pero sí estamos obligados, si queremos una salud pública universal y equitativa, a desear y trajinar por una sociedad que parta de la igualdad como eje central de su discurso y tarea; una igualdad que trascienda la explotación, sin jerarquías de clase ni de género, y donde se reconozcan y convivan todas las diferencias; donde todas las fronteras sean reconocidas, respetadas y franqueables. Sin falsas identidades societarias.

Inmersos en la distopía del neocapitalismo y el auge en su seno de un nuevo capitalfascismo, puede parecer una descomunal utopía, pero podemos consolarnos con el hecho de que las revoluciones llegan cuando nadie las espera. 

 

Por Manuel Desviat

Viento sur

  Confundimos libertad con “libre mercado”. Así desconocíamos nuestra implacable condena como mercancías. (Francisco Pereña, 2014) 

Referencias

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del Cura, Isabel; López García Franco, A. (2008). La medicalización de la vida: una mirada desde la aención priamria. Átopos, Salud Mental, Comunidad y Cultura7, 4–12.

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Fuente: https://vientosur.info/spip.php?article15415

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