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Viernes, 09 Abril 2021 05:45

El voto indígena, clave en Ecuador

El voto indígena, clave en Ecuador

El principal movimiento aborigen llamó a un “voto nulo ideológico”

Sin embargo, el presidente del movimiento, Jaime Vargas, anunció su apoyo a Andrés Arauz en un acto junto al candidato.

 

Desde Quito. Ecuador está a las puertas de las elecciones presidenciales. La mayoría de las encuestas dan favorito a Andrés Arauz, candidato de la Unión por la Esperanza, con un promedio de cuatro puntos por arriba de su contrincante, Guillermo Lasso, de la alianza Creo y el Partido Social Cristiano. Cada uno cerró la campaña el día jueves, el primero en Manabí y Quito, el segundo en Guayaquil, centros de la sierra y de la costa, puntos centrales del mapa electoral.

Los números indican además que existe porcentaje elevado de votos en blanco y nulos, alrededor del 27 por ciento del electorado. Se trata de votos que au se disputan los candidatos, que han realizado los últimos días de campaña bajo el estado de excepción decretado por el gobierno de Lenin Moreno que, sin embargo, no ha impedido la realización de las actividades.

La composición del voto nulo y blanco es una de las preguntas centrales. Uno de los actores políticos que se ha posicionado a favor de un “voto nulo ideológico” ha sido la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el principal movimiento indígena del país. La decisión fue tomada el 10 de marzo en un Consejo Ampliado y luego adoptada por su instrumento electoral, el partido Pachakutik, quien, en la primera vuelta llevó la candidatura de Yaku Pérez, tercero en el resultado.

Esa decisión de la Conaie tuvo un giro el sábado tres, cuando el presidente de la confederación, Jaime Vargas, anunció el apoyo a Arauz en un acto junto al candidato. Su declaración pública, recibido positivamente en las filas del correismo, generó numerosas reacciones dentro del movimiento indígena que pusieron sobre la mesa las diferentes disputas que venían desarrollándose en su interior.

En primer lugar, la Conaie volvió a ratificar su decisión de llamar al “voto nulo ideológico” en una conferencia de prensa: “ningún partido representa a los pueblos indígenas (…) “nuestro voto es por la dignidad, contra el fraude, por la corrupción que está empapada en el país, por eso hacemos el voto nulo, para tener una conciencia tranquila y salir con mucha dignidad a las calles a reclamar por nuestros derechos”.

Similar posición fue adoptada por Pachakutik, que, además, procedió a separar del partido tanto a Vargas, como a quien acompañó a Pérez en la fórmula presidencial por haber, en ese caso, hecho un llamado a votar por Lasso. El ex candidato presidencial, presente en la conferencia, anunció que comenzará “una limpieza dentro de Pachakutik”, y denunció la existencia de un pacto entre Vargas y el correismo: “como candidato presidencial y como Pachakutik no hemos recibido ningún apoyo en lo absoluto de la dirigencia de la Conaie, del señor Vargas, o si hemos recibido ha sido contra-campaña”.

Las partes enfrentadas se acusaron mutuamente de alianzas que no cuentan con la aprobación de la mayoría. Por un lado, Vargas señaló que “Pachakutik está atado por la derecha, los dirigentes siguen apoyando a la derecha y nosotros no vamos a apoyar a una derecha que nos atropelló”. Esa misma crítica fue hecha por Leonidas Iza, uno de los principales dirigentes de la Conaie, quien se pronunció en medio del conflicto: “desde hace cuatro años hay una clase dirigencial, siendo indígenas, están de acuerdo con esa derecha fascista que nos asesinó, nos ha perseguido”.

Por otro lado, quienes se encuentran centralmente en Pachakutik, acusaron a Vargas, así como a Iza, de tener acuerdos no declarados con el correismo, proceso político descrito durante la conferencia como “dictadura de Rafael Correa quien humilló al movimiento indígena de Ecuador”. Ese sector del movimiento indígena, volvió a plantear la imposibilidad de cualquier acercamiento con Arauz y la revolución ciudadana.

Quedó así expuesta la disputa que venía ocurriendo puertas adentro del movimiento, agudizada centralmente a partir de la candidatura de Pérez, que, según Vargas e Iza no fue producto de la decisión de los pueblos y nacionalidades que conforman la Conaie -como debería haber sido-, sino únicamente de los coordinadores de Pachakutik.

Aún resulta difícil saber cómo será el impacto electoral del giro de Vargas, así como del sostenimiento del voto nulo ideológico, ratificado por la Conaie, Pachakutik y dirigentes del peso de Iza, que llamó públicamente a mantener la unidad ante los peligros de división. Otra pregunta, que tendrá respuesta más adelante, es cuál será la relación del principal movimiento indígena respecto al próximo gobierno, algo que dependerá tanto de quién gane el domingo, así como también de la elección de autoridades de la Conaie que tendrá lugar a principios de mayo.

Por el momento todas las miradas están puestas sobre la elección del domingo, que será un parteaguas en Ecuador. Las alertas respecto a maniobras de última hora aún se mantienen, en particular debido, por ejemplo, a declaraciones de fuentes del Consejo Nacional Electoral que dieron cuenta de un intento de fraude que se estaría gestando desde dentro del poder electoral. Se trata de una contienda que ha estado marcada por irregularidades desde el primer momento y en la cual está en juego el camino que tomará el país en los próximos años: una profundización neoliberal, vía Lasso, o el regreso a un proyecto progresista, con Arauz.

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Ilustraciones: Juan Dellacha

Perú. Entrevista a Verónika Mendoza

 

En vísperas de las elecciones presidenciales, desde el Colectivo Editorial de Jacobin América Latina tuvimos la oportunidad de conversar con Verónika Mendoza, quien se proyecta como candidata de la izquierda peruana.

Jacobin América Latina. Desde que fuiste candidata a la presidencia en 2016, los medios no se cansan de calificarte como representante peruana del ciclo progresista latinoamericano. Sin embargo, pocos indagaron en tu propio sentido de pertenencia a ese ciclo político. ¿Cómo te sitúas en relación con el progresismo latinoamericano?

Verónika Mendoza. En Perú siempre nos sentimos un tanto alejados de los procesos progresistas latinoamericanos. A veces los miramos con admiración, a veces de manera crítica, pero siempre con distancia. Valoramos su horizonte antimperialista, que sigue vigente y deberá ratificarse a cada paso para construir cada vez mayores márgenes de autonomía regional y continental. También valoramos la tendencia redistributiva que, en mayor o menor medida, todos compartieron. La intención de construir un Estado que se comprometa con el bienestar de las mayorías y que, por medio de iniciativas de distinta índole, procure garantizar derechos y permitir el acceso a los recursos y a los bienes públicos es siempre una política saludable. Su componente democratizador, que tuvo efectos concretos en la ampliación de derechos y de la dignidad de los sectores populares, es otro punto a resaltar.

También es valorable el arraigo histórico transformador que exhibieron, lo cual estuvo vinculado al hecho de poner en cuestión elementos estructurales como la identidad o la nación. Apuntar a remover el sustrato conservador-colonial-dependiente de nuestras sociedades resulta fundamental. En ese sentido, el caso boliviano, con el acceso de los sectores indígenas al gobierno y la puesta en práctica de una serie de mecanismos democráticos por fuera de los tradicionales, constituye un ejemplo a seguir. También lo fue el intento venezolano de generar otro tipo de participación, de construir el poder desde otras bases, tal como se observó durante el gobierno de Hugo Chávez.

Definitivamente, en Perú nos sentimos hermanados con estas experiencias, pasadas y recientes. Es innegable que hay una identidad y una cultura que compartimos con distintas experiencias populares, particularmente en lo referido a la impronta plebeya de impugnar el neoliberalismo y denunciarlo en todas sus versiones.

Pero también existen deficiencias, y la posibilidad de extraer lecciones y volvernos mejores depende de que seamos capaces de identificarlas y discutirlas. Es necesario tener en claro lo que podemos y no podemos hacer y lo que debemos y no debemos hacer, tanto en Perú como en toda América Latina.

JAL. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, estas deficiencias de los gobiernos progresistas y las lecciones que se desprenden de ellas?

VM. Desde nuestro lugar, a la izquierda del mapa político peruano, hemos sido críticos en varios aspectos. Venimos elaborando, desde los años 1990, algunas ideas más radicales vinculadas al movimiento alterglobalizador, al zapatismo, a los Foros Sociales. Trabajando junto a todo un movimiento que se atrevió a impugnar el orden en el momento en el que estaba mejor establecido, y que pretendió montar una plataforma que fuese mucho más allá de la crítica antineoliberal.

Desde ese lugar, cuando vimos emerger los gobiernos progresistas en nuestra región, si bien los recibimos como una buena noticia en relación con lo anterior, los percibimos en otra frecuencia, con otros códigos. Unos proyectos sin mucho compromiso por superar el capitalismo, sin vocación de ir más allá en la búsqueda de alternativas.

Existe una limitación muy desarrollista en el progresismo, que se expresa en su afán por gestionar lo establecido, particularmente en todo lo que tiene que ver con el modelo económico extractivo. Vimos cómo los países con gobiernos progresistas mantenían una creciente dependencia de sus materias primas, de la minería, del petróleo o de la soya, sin proponerse superar realmente el modelo primario exportador extractivista. Al contrario, muchos terminaron por exacerbarlo. Ese, creemos, es un primer déficit del que aprender: no se puede transformar realmente un país manteniendo una política económica meramente rentista y primario exportadora.

Un segundo déficit importante gira en torno a que, a pesar de los esfuerzos y de cierta radicalidad exhibida en algunos países, no se pudo desmontar la estructura de los Estados tal y como fue construida a lo largo de todos estos siglos. En Venezuela se habla de la Quinta República, pero vale la pena preguntarse cuántas de las taras de las otras repúblicas pesan sobre esta Quinta. El Estado cambió de manos, pero no hubo una reforma profunda. La forma de organizar el poder, a pesar de todo, parece persistir de forma inalterada.

No se puede negar que, aunque empalmaron con las demandas de cambio reclamadas por los movimientos sociales y por sectores ciudadanos, terminaron enmarcados en una dinámica más bien estatalista. Con ello, surge un tercer aspecto aleccionador: la compleja relación con los movimientos sociales, muchas veces tensa y ambivalente, terminó a menudo convirtiendo en opositoras a las organizaciones que no encajaron en esa lógica estatalista, lo cual terminó por tender un manto de sospecha sobre su autonomía. Una experiencia dramática, en este sentido, es la de Brasil, donde todo el acumulado del PT y su relación con los diversos movimientos sociales entraron en tensión, lo cual lo llevó a replegarse frente a fuerzas conservadoras como las que condujeron a Bolsonaro al gobierno. Otro ejemplo lo constituye Ecuador: la relación de tensión entre Correa y una parte importante del movimiento indígena y ecologista continúa hasta el día hoy.

Pero la dinámica histórica de las últimas décadas en Perú no es asimilable a ninguna de las trayectorias anteriores. Es un país hecho de retazos. Puede que un sector de la ciudadanía –especialmente en el sur– se sienta identificado con el proceso de cambio de Bolivia. Pero también hay otro sector que no, y que se identifica más con lo que pasa en Argentina, donde existe un bloque más amplio y nacionalista con fuerte presencia de una capa tecnocrática de corte moderno. Entre los jóvenes peruanos, por otra parte, la identificación más fuerte pasa por el movimiento chileno y la movilización social por una nueva constitución.

JAL. Iniciaste tu militancia política a principios de la década del 2000, en las filas de lo que alguna vez –aunque de manera efímera– fue aclamado como el vehículo del progresismo peruano: el Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Ahora, como candidata presidencial de Juntos por el Perú en 2021, ¿qué balance haces de la transformación de la izquierda peruana en estas últimas décadas?

VM. En Perú fue el nacionalismo de Ollanta Humala el que, hacia el año 2011, intentó subirse a la ola latinoamericana de gobiernos progresistas. Pero, pese a las expectativas depositadas por buena parte de la población, el Partido Nacionalista nunca lo logró del todo. Humala nunca fue revolucionario, ni mucho menos. No tenía una cultura de izquierdas, ni siquiera en clave nacional-popular. Su proyecto se estuvo muy limitado desde sus orígenes. La correlación de fuerzas al momento de su ascenso al gobierno fue el factor que más condicionamientos impuso, y el poder económico –en medio de una bonanza generalizada– se volvió rápidamente dominante. Más allá de la implementación de algunos programas sociales y del incipiente desarrollo de la arista social de la gestión estatal, Humala terminó siendo profundamente conservador.

Y es que, en nuestro país, la correlación de fuerzas heredada del fujimorismo ha permanecido hasta hoy inalterada. La herencia que recibimos a su caída nos legó todo su andamiaje de poder, incluyendo la Constitución promulgada en el año 1993. Las reformas neoliberales en el Perú fueron sumamente profundas, producto del conflicto armado y la crisis política de las décadas de 1980 y 1990. El gran logro de largo plazo del fujimorismo fue la rearticulación y la consolidación de un bloque dominante neoligárquico, aliado a las Fuerzas Armadas y sumamente poderoso.

Pero el retrato no estaría completo si no contemplamos también las debilidades propias: la crisis política y el pragmatismo dominante en la izquierda. Sin calibrar de manera justa la profunda derrota sufrida por el movimiento popular durante el conflicto armado y la consecuente implementación en toda línea del modelo neoliberal (no solo como programa de gobierno, sino también en el sentido ideológico), resulta imposible comprender la crisis del campo progresista en Perú. Su versión más deforme fue encarnada por la figura de Humala, pero también se expresó en la crisis de la izquierda, replegada en torno a las ONG y buscando atajos al gobierno para acomodarse con mayor facilidad.

Pero hoy nuestra realidad comienza a cambiar. Las intensas movilizaciones desatadas a partir de la destitución de Vizcarra sacaron a la luz la necesidad de transformaciones de otro orden y la disposición de amplios sectores de la población para impulsarlas. La construcción de un proyecto firmemente arraigado en los procesos populares puede permitirnos revertir el camino de renuncia que viene transitando hace tiempo la izquierda. Es un esfuerzo propio, que solo podemos hacer nosotros mismos, porque la búsqueda de atajos ya se ha evidenciado infructuosa en el pasado. No se trata de llegar más rápido, sino de llegar mejor, con mejores posibilidades de triunfar. Las experiencias progresistas en nuestra región representan un punto de referencia del cual extraer lecciones positivas y negativas. Pero la fortaleza de nuestro arraigo popular dependerá de la originalidad de la senda que logremos trazar: ni calco ni copiasino creación heroica, una apuesta por avanzar más allá.

Por Jacobin América Latina

3 abril 2021

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Yonhy Lescano, Hernando de Soto y Verónika Mendoza.   ________________________________________ Imagen: AFP

Hay seis candidatos con posibilidades de pasar a segunda vuelta

Consultores anticipan que el 11 de abril será la votación con el apoyo más bajo a los candidatos punteros y con la mayor fragmentación del sufragio. 

 

El Perú ingresa a la última semana de la campaña electoral para las elecciones presidenciales y parlamentarias más reñidas e impredecibles que se recuerden. En medio de la grave crisis por la pandemia, que estos días golpea con especial fuerza al país, y un alto nivel de descrédito de la clase política por denuncias de corrupción que involucran a seis expresidentes y otros altos dirigentes, incluyendo a cuatro postulantes a la presidencia, es también la elección con el apoyo más bajo a los candidatos punteros y la mayor fragmentación del voto. 

A una semana de los comicios, la única certeza es que habrá segunda vuelta, la que se realizará en junio. De acuerdo a dos encuestas publicadas este domingo, los últimos sondeos que se pueden difundir en el país antes de las elecciones del 11 de abril, hay seis candidatos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Todo está muy apretado.

Para la encuestadora Ipsos, en primer lugar está el excongresista Yonhy Lescano, con 12,1 por ciento, de acuerdo a una simulación de votación secreta que realizó con una cédula igual a la que se usará el día de las elecciones. Segundo se ubica el economista neoliberal Hernando de Soto, con 11,5 por ciento. El tercer puesto es para la candidata de izquierda Verónika Mendoza, con 10,2 por ciento. Luego vienen el exfutbolista de centroderecha George Forsyth con 9,8 por ciento y Keiko Fujimori con 9,3 por ciento. Tomando en cuenta el margen de error, es un quíntuple empate técnico. En esta simulación de votación, un 17,3 por ciento votó blanco o viciado.

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) también publicó una encuesta este domingo. En el primer lugar igualan Keiko Fujimori y Hernando de Soto, con 9,8 por ciento. Tercero aparece el candidato de la ultraderecha Rafael López Aliaga con 8,4 por ciento, cuarto Yonhy Lescano con 8,2 por ciento y en quinto lugar Verónika Mendoza con 7,3 por ciento. También un quíntuple empate técnico, aunque con un nombre cambiado. Los indecisos llegan al 28 por ciento.

Las dos encuestas coinciden en un crecimiento del economista Hernando de Soto en este último tramo de la campaña, lo que lo deja bien posicionado para la recta final. Es el que más sube. Paradójicamente, a De Soto, el candidato de mayor edad con 79 años, es al que mejor le va entre los jóvenes, de acuerdo al IEP. El economista de derecha, que en 1990 formó parte del equipo que lanzó la candidatura presidencial de Mario Vargas Llosa, que luego fue asesor económico de Alberto Fujimori, quien en esa elección derrotó al escritor e impuso una reforma neoliberal amparada en el autoritarismo, y que en 2011 y 2016 apoyó la candidatura de Keiko Fujimori, tiene su principal base electoral en Lima.

Por la cantidad de candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones organizó un debate en tres días, que se realizaron entre lunes y miércoles últimos, dividiendo a los candidatos por sorteo en tres grupos de seis. De Soto estuvo opaco cuando le tocó participar el martes, pero el hecho que López Aliaga, conocido como "Porky”, con quien disputa un mismo espacio electoral, haya tenido un desempeño desastroso en su participación el miércoles, leyendo en todas sus intervenciones, con la cabeza enterrada en sus papeles, enredado y balbuceante, parece haber terminado favoreciendo al economista. “Porky”, el “Bolsonaro peruano” de 60 años, entra a la etapa decisiva con una tendencia a la baja.

Las dos encuestadoras también coinciden en un descenso de Lescano, que desde hace semanas venía como puntero relativamente cómodo y que, aunque Ipsos lo sigue colocando primero, ya no tiene asegurado su pase a la segunda vuelta, como parecía hasta hace sólo unos días. Lescano, de 62 años, ha sido 18 años congresista por el partido de centroderecha Acción Popular. En contra de la cúpula de su partido, en esta campaña ha cuestionado el modelo neoliberal y ofrecido reformas, aunque sin llegar a proponer un cambio de modelo, lo que, en un escenario dominado por los discursos de derecha, lo ha colocado en la centroizquierda en términos económicos, pero en aspectos sociales se ubica a la derecha, con posturas conservadoras.

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú, que a los 40 años postula por segunda vez a la presidencia, es la principal figura de la izquierda en estas elecciones, en las que hay tres candidatos de ese sector político. Tuvo una actuación destacada en el debate del pasado lunes, día que le tocó participar. Una semana antes había sido la clara ganadora, según los analistas y una encuesta, de un debate organizado por un canal de televisión entre cinco candidatos. Luego de ese primer debate comenzó a subir, y con ese crecimiento se reforzaron los ataques en su contra desde los grandes medios, que una vez más agitaron el miedo a la izquierda y los fantasmas de Hugo Chávez, Maduro y Venezuela para repetir que “si gana la izquierda nos convertiremos en otra Venezuela”.

En 2016, Mendoza quedó en tercer lugar con 18,7 por ciento, muy cerca de pasar a la segunda vuelta, lo que no consiguió porque una candidatura de izquierda radical obtuvo cuatro por ciento y le quitó los votos que necesitaba para ir a la elección definitiva. Esta vez esa historia se puede repetir. En este último tramo viene levantando sorpresivamente la candidatura del radical dirigente magisterial Pedro Castillo, que ha subido a 6,6 por ciento, según los dos sondeos citados, ganando apoyo especialmente en las zonas andinas y rurales, crecimiento que erosiona la base electoral de Verónika Mendoza.

En su tercer intento de buscar el retorno del fujimorismo al poder, Keiko, la hija de 45 años del encarcelado exdictador Fujimori, que está procesada por lavado de activos, ha perdido una gran parte del apoyo que tuvo en las elecciones de 2011 y 2016, pero, con todos muy abajo, mantiene posibilidades de pasar a la segunda vuelta, como ocurrió en esas otras dos elecciones, en las que perdió en esa instancia final.

Aprovechando su popularidad y jugando a ser la figura nueva contraria a la clase política, el exfutbolista George Forsyth, de 38 años, estuvo varios meses en primer lugar, pero comenzó a caer cuando sus apariciones públicas y en medios para exponer sus propuestas dejaron al descubierto su notoria debilidad argumental. Ha logrado detener su caída y recuperarse algo, con lo que todavía sigue en el partido.

“Hernando de Soto tiene la ventaja de haber crecido a lo último, y cuando crecés al final las críticas que te hacen pueden ser menos dañinas. Lescano si bien ha caído algo está mejor ubicado que otros porque su ambigüedad le permite ganar votos por izquierda y por derecha. Forsyth está más al centro y eso lo puede ayudar. Si bien Keiko Fujimori aparece primera en la encuesta del IEP, su nivel de rechazo es el mayor de todos y eso la complica. Verónika Mendoza ha ido creciendo, pero de la misma manera también ha crecido desde su izquierda Pedro Castillo y eso la puede dejar afuera de la segunda vuelta. Castillo crece en esta etapa final porque hay un voto radical que no ha sido cubierto. Veo muy difícil que López Aliaga pase a la segunda vuelta. Tuvo un crecimiento y eso puso la atención sobre él y ahí aparecieron sus claras debilidades y ha comenzado a bajar”, le señaló a PáginaI12 Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica.

Para Tuesta, “esta es la elección con el mayor nivel de incertidumbre que hayamos vivido”. “En esta última semana en la que no van a haber encuestas vamos a entrar al túnel oscuro”.

Por Carlos Noriega

Desde Lima 

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Jaime Durán Barba sobre las elecciones en Ecuador: “Creo que va a ganar Guillermo Lasso por unos cinco puntos”

Aseguró que el gobierno de Lenín Moreno "es el más impopular de la historia del país”

El consultor y analista político ecuatoriano, Jaime Durán Barba, se refirió este sábado a las elecciones previstas para el 11 de abril en su país y consideró que ganará el candidato Guillermo Lasso por “unos cinco puntos”. A su vez, habló sobre la situación política en Argentina y manifestó que “el macrismo y el kirchnerismo deben repensar sus proyectos porque sino aparecerá una tercera fuerza que los barrerá”.

En diálogo con AM 750, Durán Barba aseguró desde su departamento situado en Quito, que se encuentra “encerrado, hipocondríaco y asustado por la pandemia” y consideró que la gente está atravesando un momento de cambio, en el que se volvió “más autónoma y pasa por encima de las instituciones”.

Al referirse a las elecciones de Ecuador, cuya segunda vuelta se realizará el próximo 11 de abril, dijo que “hay distintas variables en juego” y aseguró que el gobierno nacional, al mando de Lenín Moreno, es el “más impopular de la historia del país”. “Se dedicó a perseguir de manera absurda a Rafael Correa y eso ayudó al candidato del expresidente, Andrés Arauz. Nunca hubo un gobierno con tanto rechazo, ni tampoco uno que se haya dedicado tanto a perseguir a un político”, detalló.

 “A Moreno le fue espantosamente mal, pero a su vez la gente tiene un recuerdo complejo de Correa, quien vivió un momento económico estupendo del país con el petróleo a 100 dólares, pero su temperamento, su violencia y sus amenazas fastidiaron a los electores. Ese es el elemento negativo más fuerte. Correa tiene un 23% de apoyo y un 65% de personas que no lo votarían jamás”, agregó.

Sobre Arauz, quien resultó ganador en la primera cita en las urnas el pasado 7 de febrero con 32,72% de los votos, dijo que hizo una buena campaña en la que le funcionó “ser distinto” y explicó que “si un político es igual a los que vivían hacen 30 años, no se tiene ningún futuro”. “Arauz hizo una campaña bonita y su juventud le favoreció mucho. Sin embargo, Correa estropeó su avance, no por mala fe, sino por su temperamento”, analizó.

A su vez, sostuvo que de “no ocurrir algo muy imprevisto que importe a los electores”, cree que las elecciones las terminará ganando por unos cinco puntos Lasso, quien fue el segundo en las primeras elecciones con el 19,74% de los votos, seguido de muy cerca por el candidato indígena Yaku Pérez, apenas 35 décimas por debajo del banquero.

Respecto a Yaku Perez, dijo que el candidato “hizo algo rarísimo”, que fue “asomar varias veces tocando el saxo en sus videos y bailando de una manera muy occidental”. “Esto le dio una entrada muy importante en sectores juveniles y urbanos del país. Yaku terminó siendo una mezcla del voto indigena más el de los electores del siglo XXI, con ideas ambientalistas. El resto tiene sensaciones mezcladas”, detalló.

Tras hablar sobre la estrategia de Yaku en las redes sociales, consideró importante “estudiar la política de clicks” y dijo que “el tema del Internet es mucho más difundido de lo que creemos los académicos. Hubo una experiencia con el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, cuando fue a visitar a un grupo indígena y le pidieron una foto para subir a Facebook y él no entendía cómo iba a hacerlo. Ahora los pibes indígenas tienen su teléfono y navegan por las redes.

Luego, al hablar sobre la situación política en Argentina, Durán Barba dijo que la discusión en nuestro país está “muy atrasada” y aseguró que “el macrismo y el kirchnerismo deben repensar sus proyectos porque sino aparecerá una tercera fuerza que los barrerá”.

 “Ni el macrismo ni el kirchnerismo se han reformulado. Yo creo que, si no repiensan su situación, se va a sumar un tercer grupo que los barra”, aseguró. Y cuestionó que el país esté “todavía discutiendo cosas del siglo XX”. “No digo que Ecuador esté mejor, pero estamos muy atrasados, muy convencidos de que cuando se produjo el Big Bang, ya estaban las 10 verdades peronistas. No es así, son mucho más recientes”, agregó.

Al concluir, consideró que “hay que pensar en un mundo distinto que incorpore la tecnología, sin que la tecnología mate a la gente, porque es un gran progreso que también implica riesgos. Hay que reformular la revolución, el cambio. La clase obrera va extinguirse en 10 años, hay que pensar qué hacemos ahora”.

Ecuador entra esta semana en la recta final de la campaña electoral, en la que los candidatos presidenciales al balotaje, Arauz y Lasso, dejaron de lado el discurso polarizador y los vínculos partidistas e incorporaron propuestas más inclusivas para captar a los más de cuatro millones de ecuatorianos que votaron por otras opciones en la primera vuelta.

En la primera cita a las urnas, el último 7 de febrero, Arauz resultó ganador con 32,72% de los votos, insuficientes para evitar el balotaje. Por su parte, Lasso fue segundo con 19,74%, seguido por Pérez, apenas 35 décimas por debajo. En el cuarto puesto, figuró Xavier Hervas, con 15,68% de los sufragios. 

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Ecuador: campaña, operaciones y denuncias

Faltan menos de dos semanas para el ballottage del 11 de abril

Andrés Arauz lidera los sondeos y su rival, el banquero Guillermo Lasso, busca proyectar una imagen distinta de la mano de Durán Barba. 

 

Andrés Arauz es recibido en un pueblo pequeño de la provincia de Azuay, en la sierra. Las personas se acercan, toman fotos, lo abrazan, levantan el índice para indicar uno, es decir el número de su lista electoral, hay euforia. De fondo se ven las montañas verde lluvia, el final de otro día maratónico de campaña que lleva al candidato de la revolución ciudadana a través de ciudades, pueblos, reuniones, y entrevistas.

Quedan ya menos de dos semanas para el ballottage del 11 de abril, la línea final donde, se sabe, pueden definirse porcentajes electorales decisivos, en particular en una contienda donde el voto nulo ronda el 25%. Arauz, quien lidera los sondeos, enfrenta a Guillermo Lasso, el candidato banquero, así conocido por su pasado como presidente del banco de Guayaquil, uno de los principales en el país.

La dinámica de campaña es incesante, tanto en las diferentes provincias, como, a su vez, en uno de los territorios centrales para cualquier campaña actualmente: las redes sociales, tanto Twitter, como Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube, y Google para anuncios que aparecen en páginas o aplicaciones. Es allí donde se juega una de las claves, la posibilidad de llegar a diferentes públicos, romper los círculos propios, diseñar mensajes particularizados con precisión de big data.

Ese terreno es central para cada candidato, en particular para Lasso, debido a la necesidad que tiene de construirse una identidad distinta a la que ha sido durante sus más de veinte años de vida política y económica, dos esferas profundamente imbricadas en su caso. Lasso debe aparecer como cercano a pueblos indígenas, a las mujeres, a la juventud, preocupado por las mayorías sociales, los trabajadores, el ambiente, empático, en lo que conforma una operación de simulación/engaño que recuerda a la realizada por Mauricio Macri en su campaña electoral. No es casualidad que el asesor de ambos sea la misma persona: Jaime Durán Barba.

El objetivo de la operación mediática es construir un candidato con un proyecto diferente al que encabeza, y, a su vez, borrar tanto su pasado como su presente. Acerca de lo primero, se busca presentarlo como inocente en la principal crisis que vivió el país, en 1999, conocida como el feriado bancario, cuando miles de ecuatorianos tuvieron que emigrar del país mientras la banca acumulaba fortunas, como el banco de Guayaquil, que pasó de un patrimonio de 54 millones de dólares en 1998 a 75 millones en el 2002, según los datos de la superintendencia de bancos.

Acerca de lo segundo, su campaña política busca presentarlo como ajeno al actual gobierno de Lenín Moreno, y esconder la repetición de lo ocurrido en 1999: su enriquecimiento personal en un momento de crisis nacional. En efecto, según el servicio de rentas internas, sus ingresos en el 2020 fueron de 6,4 millones de dólares, mayores al 2019 con 2 millones, al 2018 con 2,3 millones o al 2017, con 4,3 millones. Durante esos años, en simultáneo, fueron despedidos 130 mil trabajadores del Estado y 600 mil en el ámbito privado.

Pero Lasso no solamente aumentó en millones su patrimonio, sino que, además, fue y sigue siendo parte del diseño de las políticas del gobierno de Moreno. Esto es particularmente notorio en el actual intento de privatizar el Banco Central del Ecuador (BCE) que impulsa Moreno a través de la denominada Ley de Defensa de la Dolarización, un proyecto que busca autonomizar al BCE del poder ejecutivo, y ponerlo en mano de sectores privados, un intento que proviene desde la década del 90.

El proyecto de Ley, que ya había sido rechazada dos veces por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, fue aceptado este lunes, para ser tratado en el seno del poder legislativo de forma urgente. El intento de Moreno/la banca es una de las últimas maniobras económicas fuertes antes de dejar el gobierno el 24 de mayo, que, en caso de resultar, dejaría al próximo ejecutivo en una situación de aún mayor fragilidad y manos atadas. No es la única, también busca, por ejemplo, concretar la privatización de la refinería de Esmeraldas antes de abandonar el palacio presidencial de Carondelet.

Ese programa de gobierno es el que encabeza tras bastidores el sector bancario, es decir el de Lasso, ahora transformado en candidato con poncho y pinturas amazónicas. Su campaña, tanto la pública como la sucia, cuenta, al igual que en la primera vuelta, un fuerte financiamiento que, según Arauz proviene de vías ilegales: “ese despliegue enorme con vayas, publicidad en las radios, una campaña de redes con trolls ubicando en diferentes países del mundo (…) es pagado con recursos de depositantes del banco de Guayaquil”, por lo cual realizó una denuncia penal por delito de peculado bancario.

Se espera que las menos de dos semanas restantes puedan verse atravesadas por diferentes operaciones de difamación y campaña sucia contra Arauz, al igual que la preparación vía encuestadoras -en particular Cedatos, de Lasso- del terreno para la jornada de votación, en una acción similar a la de las presidenciales del 2017. En aquella oportunidad la maniobra consistió en instalar con anticipación una victoria de Lasso, y anunciarlo como ganador tempranamente el día de la elección a través de diferentes canales, como Ecuavisa, para crear el engaño de su victoria seguido de la denuncia de fraude.

Esa vertiginosidad en ámbitos de campaña y actividades no parece, sin embargo, tener un correlato en la sociedad. Quito, así como Cuenca -capital de Azuay- no ofrecen la imagen de un país en campaña, y las conversaciones diarias tampoco dan cuenta de pasiones electorales. Esa baja expectativa política parece ser otro de los legados de Moreno, quien pasará a las páginas de la historia como un caso modelo de traición política.

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Lunes, 29 Marzo 2021 05:11

Voto x voto

Manifestantes con carteles en honor a George Floyd y otras víctimas del racismo, ayer, frente al Centro de Gobierno del condado de Hennepin, en Minneapolis. Republicanos han introducido 253 proyectos de ley en 43 de los 50 estados de la unión, con el fin de suprimir el voto de ciertos sectores, sobre todo de los que en Estados Unidos se llaman de color.Foto Afp

Mientras Estados Unidos anuncia al mundo que ese país ha regresado como su autoproclamado campeón de la democracia, en su propia casa la mayor ofensiva política es promover medidas antidemocráticas diseñadas para suprimir el voto de millones de sus ciudadanos.

Los republicanos han introducido 253 proyectos de ley en 43 de los 50 estados de la unión, con el objetivo de suprimir el voto deciertos sectores, sobre todo de los que aquí se llaman de color, incluyendo los afroestadunidenses, los latinos y otras minorías, junto con el voto de los jóvenes y de los pobres que suelen favorecer a los demócratas.

Una de estas iniciativas ya prosperó en Georgia la semana pasada, justo el estado donde los demócratas ganaron el control del Senado federal, y donde Trump y sus aliados buscaron presionar a los encargados de la elección a revertir los resultados de los comicios presidenciales. La nueva ley, como las otras 249 pendientes, impone una serie de restricciones para obstaculizar el ejercicio del derecho al voto, incluyendo la eliminación de boletas enviadas por correo, reduciendo los horarios del voto, nuevos requisitos de identificación, y hasta hacer mas incómodo el proceso al prohibir que personas ofrezcan agua y alimento a los que están esperando en filas en una casilla.

El voto afroestadunidense, junto con el latino y de otras minorías, fue lo que llevó al triunfo demócrata en Georgia. La foto oficial de la promulgación en ley de la nueva medida mostraba al gobernador republicano Brian Kemp firmando la norma rodeado por seis hombres blancos. Estas iniciativas son impulsadas con la narrativa falsa de que ocurrió un magno fraude en la ultima elección, es decir, se presentan con el argumento de que son para proteger la integridad de las elecciones ante acusaciones de fraude electoral para el cual hay nula evidencia.

De hecho, promotores de estas leyes acusan que los inmigrantes indocumentados –algo que repitió Trump y otros durante los últimos cinco días como parte de su ataque contra mexicanos y otros latinoamericanos– son usados por los demócratas para perpetrar ese fraude. O sea, vinculan la crisis en la frontera inflada por los republicanos en su argumento para proteger el voto.

Líderes demócratas y de derechos civiles afirman que representa una amenaza existencial a este sistema, el ex presidente Jimmy Carter, quien se ha dedicado a ser observador electoral en más de 100 elecciones alrededor del mundo, denunció esta medida antidemocrática en su estado de Georgia y el propio presidente Biden lo declaró como algo antiestadunidense.

De hecho, para líderes de derechos civiles, esto es el ataque más ambicioso para revertir las conquistas de los movimientos de los 60. Más aún, esta ofensiva reaccionaria está vincu-lada con la promoción de políticas xenofóbicas y racistas que han nutrido la ola de crímenes de odio contra minorías, ofensiva que arrancó a nivel nacional con el ataque de Trump contra mexicanos en 2015.

Los republicanos y la derecha entienden que el futuro no les pertenece, y los cambios demográficos ya expresados por las nuevas generaciones implican el fin de su Estados Unidos. Para frenarlos aparentemente están dispuestos a sacrificar todos esos valores democráticos que dicen defender y desean exportar a otros países.

En respuesta, los demócratas y varios movimientos de derechos civiles, incluyendo algunas corrientes de Black Lives Matter y de algunas agrupaciones latinas, están luchando contra estas medidas y a la vez impulsando un proyecto de ley federal, que algunos califican como la iniciativa más importante para ampliar los derechos al voto desde los años 60. La protesta incluye medidas para el empadronamiento automático nacional de los que tienen derecho al voto, limitar la influencia de fondos privados en las contiendas, ampliar los horarios del voto, como también el uso de mecanismos como sufragio por correo.

Ésta es la noticia de hoy porque es la única que los historiadores registrarán de esta era: ¿los estadunidenses defendieron su democracia o cayeron en oligarquía?, escribe la historiadora Heather Cox Richardson.

Graham Nash. Vote https://youtu.be/CeR2ysos2PM

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Las democracias bajo asedio en América Latina

Desde Quito. Las alarmas se encendieron cuando la vicefiscal de Colombia llegó a Quito días atrás con la causa montada contra Andrés Arauz en las manos. Situación de crisis, análisis de escenario, y, finalmente, una noche calma y fría. Fue una nueva amenaza en la campaña presidencial, que desde la hora cero estuvo marcada por las maniobras contra la candidatura de quien busca llegar al Palacio de Carondelet para reconstruir el proyecto de la revolución ciudadana.

El cuadro es similar al de las elecciones bolivianas del 2020, con la victoria de Luis Arce: nada puede darse por seguro hasta que sea puesta la banda presidencial, ni la realización de las elecciones, tampoco un desarrollo estable de acontecimiento en los días posteriores a los resultados, en caso de ganar Arauz. La diferencia entre un proceso y el otro es que en Bolivia existía un gobierno de facto, mientras que en Ecuador se trata de un presidente elegido constitucionalmente.

El caso ecuatoriano es paradigmático: el gobierno de Lenín Moreno no solamente traicionó el proyecto por el cual fue elegido y a muchos de sus antiguos compañeros -otros lo acompañaron en la puñalada-, sino que abrió las puertas a un proceso de cierre interno de vías democráticas. La persecución abarcó los diferentes niveles: el liderazgo principal, es decir, Rafael Correa, las segundas y terceras líneas, los sucesivos partidos luego de la pérdida de Alianza País, con causas desde corrupción hasta delitos de rebelión.

Ese proceso conllevó un diseño institucional con puntos neurálgicos, como la Fiscalía. Allí está ahora la principal causa montada contra Arauz, en una operación trabajada junto con a la Revista Semana y la Fiscalía de Colombia, un medio y una institución bajo mando de factores del Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe, al frente del gobierno. La situación en Colombia es trágica: según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, entre el 2020 y los meses del 2021 han ocurrido 110 masacres con un total de 446 víctimas, el asesinato de 342 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 12 familiares de líderes, y 74 firmantes de los acuerdos de paz.

La causa, montada desde esa Fiscalía, es la principal carta pública para intentar golpear la candidatura de Arauz. Ya fueron sorteadas otras amenazas, como un pacto entre Guillermo Lasso y Yaku Pérez -segundo y tercero respectivamente- para un recuento de votos que finalmente no ocurrió luego de un giro de Lasso, o un llamado público por parte de Pérez, en representación de un sector de poder, a una intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral para criminalizar a Arauz, cambiar el Consejo Nacional Electoral y anular la primera vuelta.

En Ecuador se concentran los principales elementos de lo que conforma una democracia restringida, donde la principal fuerza política es perseguida y obstaculizada para poder participar. Los paralelismos con el caso argentino son varios: el despliegue mediático y político para acusar de corrupción sistemáticamente al anterior gobierno articulado al intento de disciplinamiento vía Poder Judicial. ¿Qué hará Arauz ante esos poderes en caso de victoria? Es una de las principales preguntas, al igual que en Argentina luego de más de un año de gobierno.

Las similitudes en la utilización de un dispositivo mediático-judicial para perseguir a los principales liderazgos en países donde existieron gobiernos populares son ya conocidas: Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. El caso venezolano se sitúa en otra escala, la de bloqueo desde Washington, robo de activos, operaciones armadas encubiertas, institucionalidad paralela, el arrastre del conflicto al terreno de las trincheras, el precipicio, la crisis permanente y prolongada.

En cada caso la pregunta es la misma: ¿cuáles son las reglas del juego? ¿hacia dónde buscan avanzar los poderes fácticos nacionales, internacionales, y sus representantes políticos? Puesto en perspectiva, se puede ver que en trece años ocurrieron cuatro golpes de Estado en el continente contra gobiernos progresistas -Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia-, el despliegue del lawfare, una comunicación de asedio, la construcción de instancias electorales en escenarios de desestabilización, la mutación de las derechas con exponentes como Jair Bolsonaro, que representa una tendencia en desarrollo en el continente, afianzada en diferentes países de Europa y en Estados Unidos.

No existe respuesta única ante la otra gran pregunta: ¿qué hacer ante eso? La situación es diferente según las fortalezas de los movimientos y gobiernos populares, la institucionalidad, o el lugar que ocupa cada país según el mapa estratégico estadounidense en el marco de las disputas globales con China y Rusia.

Las coordenadas cambian si se analiza Argentina, con la existencia de un movimiento obrero, territorial, feminista, de derechos humanos, y el entramado del peronismo, Bolivia, con fuertes movimientos indígenas, campesinos, mineros y el MAS, o Ecuador, con la ausencia de estructuras de organización popular y partidaria dentro de la revolución ciudadana, y un movimiento indígena en disputa entre sectores de izquierda y de derecha -siendo Pérez expresión de lo segundo-. El objetivo de la derecha en este caso es doble: desterrar al correísmo y desplazar dentro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador a quienes encabezaron el levantamiento en el 2019.

Desde ese diagnóstico de escenario pueden situarse los acontecimientos recientes en Bolivia, con la detención de Jeanine Añez, exministros del gobierno de facto, altos mandos militares, policiales, y el dirigente de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina. Este último factor es clave, se trata de neutralizar una estructura armada dentro de Bolivia, creada antes del golpe del 2019, desplegada en sus días de asalto con asesoramiento internacional y amparada luego por el gobierno de facto. No es la única formación armada -su ubicación en Cochabamba, centro del país, es estratégica-, el principal punto de acumulación de fuerzas de la derecha golpista es Santa Cruz, con el golpista y ahora gobernador Luis Fernando Camacho.

La evolución de los conflictos en varios países pone en duda la posibilidad de que pueda existir un acuerdo con los factores de poder dominante económico y político, que implicaría -seguramente- mantener un statu quo profundamente y cada vez más desigual. Esa dificultad de acuerdo no reside en la voluntad de diálogo de los gobiernos progresistas. El caso de Argentina es una muestra clara.  

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Chile: evalúan postergar las elecciones de abril por el avance de la pandemia

Desde el jueves, 14 millones de personas volverán a la cuarentena total 

Según un reciente sondeo de la consultora Plaza Pública Cadem, el 62 por ciento de los encuestados se muestran a favor de suspender la votación. 

 

En medio de un fuerte repunte de casos de coronavirus, en Chile se debate la idea de postergar las elecciones del sábado 10 y domingo 11 de abril, donde se elegirán a los 155 convencionales constituyentes que deberán redactar la nueva Constitución, pero también a gobernadores, alcaldes y concejales. Según un reciente sondeo de la consultora Plaza Pública Cadem, el 62 por ciento de los encuestados se muestran a favor de postergar la votación. Algunas voces de la política local también ponen en tela de juicio el proceso.

El país atraviesa la paradoja de ser uno de los líderes mundiales en niveles de vacunación, pero enfrenta una nueva ola de contagios que iguala a las peores cifras del año pasadoCasi la mitad de las 52 comunas de Santiago y cerca de 14 millones de personas en todo Chile volverán a la cuarentena total por coronavirus desde el próximo jueves.

Frente a ese escenario, en el gobierno chileno hay un fuerte debate en cuanto a la posibilidad de posponer las votaciones. Entre los funcionarios que se pronunciaron al respecto se encuentra el ministro de Salud Enrique Paris, quien aseguró que "nosotros no estamos de acuerdo en suspender las elecciones si los protocolos se cumplen tal como se cumplieron en el plebiscito" constitucional del 25 de octubre de 2020.

"Las elecciones hay que hacerlas", agregó Paris, a pesar de reconocer que el país vive una nueva ola de contagios, con más de seis mil casos diarios en los últimos días. Por su parte la diputada María José Hoffmann, de la pinochetista Unión Democrática Independiente (UDI), dijo que una suspensión de las elecciones sería una decisión “estrictamente sanitaria, pero nuestra voluntad es que el proceso se realice".

El senador Guido Girardi, del opositor Partido por la Democracia (PPD), fue más allá y acusó al Ejecutivo de no tomar las medidas necesarias para evitar la suspensión de los comicios. "Es como si quisieran llegar a un punto crítico, con camas ocupadas para optar por postergar", sostuvo Girardi en diálogo con Radio ADN. Si sigue el aumento de casos positivos y no se corta la cadena de contagios, "lo más probable es que dos semanas antes habrá que evaluar si se posterga, algo que nadie quiere y que se puede evitar", advirtió.

Mientras se resuelve el futuro electoral, las autoridades del ministerio de Salud optaron por continuar con el cronograma de inmunización existente y comenzar este lunes la vacunación de los vocales de mesa entre 51 a 56 años. Por primera vez en su historia, Chile dividirá sus elecciones en dos días: el sábado 10 y domingo 11 de abril, oportunidad en la que se elegirá a los 155 convencionales constituyentes que deberán redactar, en un máximo de 12 meses, una nueva Constitución que dejará atrás la escrita en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Actualmente, 17 de las 52 comunas de la Región Metropolitana están en aislamiento total. Desde este jueves el número se elevará y serán casi la mitad de las comunas las que pasarán a esa fase. Así lo anunció este lunes el gobierno, luego de que el ministro Enrique Paris alertara que "siguen aumentando los casos a nivel nacional". Desde el inicio de la pandemia, Chile acumula 938.094 casos y 22.359 vícitmas fatales.

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Brasil: la batalla comunicacional que se viene

Hay un debate en curso en Brasil sobre el uso de la palabra genocida para nombrar a Jair Bolsonaro. Militantes del PT detenidos en una protesta frente al Palacio del Planalto e influenciadores digitales convocados por la justicia fueron dos ejemplos de esta semana en la cruzada paradójica de no llamar las cosas por su nombre. Interesante la preocupación reciente de Bolsonaro por las palabras, viniendo de alguien que las desprecia, que no mide efectos ni consecuencias, empatía bajo cero.

Bolsonaro dominaba la comunicación política del país hasta hace diez días, cuando el expresidente Lula recuperó sus derechos políticos, provocando un tsunami. Si separamos las barbaridades que enuncia, de las formas de hacer política, tres territorios eran dominados por completo por el actual presidente, como ningún otro actor político: las “lives” de los jueves en sus redes sociales, los charlas informales con seguidores en el “corralito” que se monta diariamente en el Palacio de la Alvorada, y las apariciones públicas inesperadas, como la visita que hizo a la Corte Suprema en septiembre del año pasado. Los dos primeros son los palcos por excelencia que generan la catarata de declaraciones. Hablamos de la política como “acting”, como puesta en escena, como teatralidad.

Como aquello que genera una pauta permanente de información y define la agenda. Esta hipótesis fue descripta por Joao Santana en octubre de 2020. A partir de la semana pasada, esa naturalidad con la que ocupaba todo el espectro comunicacional se pone en disputa. Lula habló por más de tres horas y lo obligó a hacer dos giros casi que inmediatos: reconocer la vacuna como una realidad imprescindible, y cambiar por cuarta vez su ministro de Salud. El reciente apoyo a las vacunas vino con una marca que es todo un signo de descalabro del bolsonarismo más explícito: “nuestro arma es la vacuna”, fue la primera divulgación. Eso dio pie a un meme difundido por su hijo Eduardo con una adaptación del personaje Ze Gotinha, logomarca de las campañas de vacunación en el país, creado en 1986. En la imagen, Ze Gotinha tiene un fusil-jeringa, un abierto apoyo a las armas. La muerte se celebra, es el “viva la muerte” de Franco, tropicalizado. Entra en el territorio de lo perverso, en el medio de la crisis sanitaria más importante del país, enaltecer un arma. La vorágine por querer responder rápido al nuevo escenario y sobre todo hacer malabarismo por mantener su discurso armamentístico aggiornado a la nueva realidad pandémica, producen deslices. Ese meme condensa el bolsonarismo comunacional, es una metáfora de una época.

Un segundo ejemplo: el miércoles 17 de marzo, Lula le pide a Biden ayuda para conseguir vacunas, a través de una reunión del G-20 para discutir la redistribución del inmunizante para países que más lo precisen, como Brasil. Bolsonaro reacciona al día siguiente mostrando una carta del 26 de febrero donde Biden promete colaboración en este nuevo capítulo de la relación bilateral. Lo pone a la defensiva, lo obliga a mover las piezas a posteriori.

Este movimiento no es gratuito. Si Bolsonaro se muestra impermeable a la ciencia y el conocimiento, claro está que mira las encuestas y actúa en consecuencia. La caída de su popularidad, sumada a los escenarios de posible derrota frente a Lula (34% seguramente votaría a Lula vs 25% a Bolsonaro, según datos del Instituto Ipec de Marzo 2021) configuran este nuevo escenario. La adhesión al discurso provacuna entra mucho más en esa lógica que en estar convencido. Los principales actores de la economía le hacen saber que que no hay retorno del crecimiento sin vacuna.

Un análisis más detallado de la encuesta señala un elemento posiblemente central en la batalla comunicacional que se viene. Bolsonaro crece de 25% a 39% su potencial de voto entre los evangélicos, y en forma inversa, Lula cae del 34% al 27%. Cuando el PT fue fundado en 1980, los evangélicos representaban el 6,6% de población. En 2000, dos años antes de la victoria de Lula, el 15,4%. En 2021, son el 31,8%. Son uno de los pilares fundamentales de lo que se denomina la “nueva derecha brasileña”. Tres grupos que convergen en el actual bolsonarismo: la derecha más reaccionaria y retrógrada, que pide intervención militar y cierre de la Corte Suprema, la volátil “derecha liberal”, que hoy adhiere al bolsonarismo pero surfea la ola de quien defienda su agenda neoliberal, con el ministro de Economía Paulo Guedes como mayor exponente. Y el enorme contingente de evangélicos. En esa batalla argumental se dirimen parte de las chances de Lula de consolidar el potencial de voto actual, aunque tenga que correrse naturalmente más al centro. Coquetear con el voto “evangélico” es una tarea ardua. Pensar que uno de los mayores referentes de la iglesia evangélica, Edir Macedo, decía en marzo 2020 que el coronavirus era una “táctica de Satanás”, y se vacunó esta semana en Miami. Satanás vacunado y de paseo en Disney.

Eduardo Sincofsky es consultor en opinión pública. 

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La coalición que va por la Presidencia de Colombia apostándole a la centro-derecha, pero lejos del uribismo

Son siete los exmandatarios que empezarán a trabajar en un programa de gobierno para presentarle como una opción a los colombianos. Se trata de una coalición de centro-derecha que le competirá directamente al uribismo y a la Coalición de la Esperanza.

 

En la tarde del viernes el exalcalde de Barranquilla Alex Char se reunió en su casa con seis exgobernadores de diferentes regiones del país, quienes están pensando en una coalición electoral para llegar a la Presidencia de Colombia en 2022.

En esta reunión participaron los exgobernadores de Antioquia, Luis Pérez; del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; de Atlántico, Eduardo Verano; de Bolívar Dumek Turbay; de Norte de Santander, William Villamizar; y de Quindío, Carlos Eduardo Osorio.

 “Una voz desde las regiones”, fue el manifiesto que salió del encuentro. “Una propuesta de país que nace de las regiones, Colombia es multicultural y diversa. Con este equipo de trabajo proveniente de distintos rincones del país que conoce y ha sido cercano a su gente, trabajaremos por hacer realidad los sueños de colombianos que esperan ser escuchados”, aseguró la exmandataria del Valle.

Esta coalición claramente se ubica en la centro-derecha del panorama político en Colombia y entraría a competirle el voto al uribismo y a la Coalición de la Esperanza del partido Alianza Verde que también dicen estar fuera de los extremos.

Si bien Char y Toro se reunieron con el expresidente Álvaro Uribe dejando la sensación de una eventual alianza política con los precandidatos que salgan del Centro Democrático, los conservadores y los movimientos cristianos, según La Silla Vacía, la exgobernadora del Valle, dejó claro que esta sería una coalición independiente. “No queremos que nos asocien ni con la izquierda ni con la derecha”, agregó.

En esta misma línea de separarse del uribismo, Pérez dijo: “Nunca he entendido por qué relacionan a este grupo regional de independientes con Uribe. Creo que ninguno ha ganado elecciones con el apoyo de Álvaro Uribe. Lo que se aprobó en el equipo es que aquí no se acepta, por ahora, a nadie del grupo de Petro ni del Centro Democrático”.

Esta alianza de los exmandatarios puede que crezca en participantes en los próximos meses. Cabe recordar que el anfitrión de esta reunión Alex Char, también protagonizó una reunión con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el de Medellín, Federico Gutiérrez.

La Silla Vacía también conoció que la intención es que el candidato de esta coalición se elija a través de una consulta y no de una encuesta. Lo que también ayudaría a ver la cantidad de apoyo que tendrían por parte de los colombianos.

La ventaja con la que arrancan es que los exmandatarios han sido precisamente administradores públicos, la mayoría de ellos salieron del mandato con una buena imagen. Mientras que una desventaja podría ser el desconocimiento de los colombianos en general sobre sus gestiones o vida política, más aún si van como independientes y alejados de los partidos políticos.

Esta alianza entra a competirle directamente a la Coalición de la Esperanza, que igualmente busca desprenderse del uribismo y del petrismo. Sin duda, la estrategia de este grupo de exmandatarios será seducir a los votantes del centro político.

Pero el uribismo al parecer no desistirá en su idea de que haya una gran alianza entre la derecha y esta coalición antes de la primera vuelta. Así se lo dijo el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, a La Silla Vacía: “Si no llegamos juntos, estamos fregados. Aún falta mucho tiempo y la idea es que nos unamos todos los que queremos defender la economía de mercado, con una agenda social fuerte”. Y fue más allá al relacionar a Char con el gobierno de Iván Duque, “hay un vínculo de amistad y una afinidad ideológica”.

20 de Marzo de 2021

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