Los chinos alertaron sobre "neumonía desconocida" y los kazajos los desmintieron

Kazajistán rechazó este viernes la advertencia emitida por la embajada de China en ese país sobre una supuesta "neumonía desconocida" en territorio kazajo con una tasa de letalidad "mucho más alta" que la de la covid-19. La información al respecto fue difundida por varios medios chinos y el gobierno de Kazajistán la calificó de "falsa".

"El Ministerio de Salud de la República de Kazajistán oficialmente declara que esta información no se ajusta a la realidad", señaló en un comunicado, en el que publicó además una imagen con el sello de "noticia falsa" encima de una de las informaciones publicadas al respecto.

Según medios chinos como Global Times, South China Morning Post o CGTN, la embajada china en Kazajistán indicó el jueves en la plataforma WeChat, citando informaciones de medios kazajos, que desde mediados de junio la incidencia de neumonía en las ciudades de Atirau, Aktobé y Shymkent ha aumentado "significativamente".

El mensaje a los ciudadanos chinos que viven en el país centroasiático afirmaba que hasta ahora casi 500 personas han sido infectadas y más de 30 se encuentran "gravemente enfermas".

La embajada china sostiene además que en la primera mitad del año la neumonía causó 1.772 muertes y que solo en junio murieron 628 personas, incluidos ciudadanos chinos.

Kazajistán y China comparten una frontera de 1.460 kilómetros.

El presidente Donald Trump, por primera vez, confirmó que Estados Unidos realizó un ataque cibernético encubierto en 2018 contra la Agencia de Investigación de Internet de Rusia, que ha sido acusada por los Estados Unidos de ayudar a facilitar la interferencia tanto en las elecciones presidenciales de 2016 como en las elecciones parciales de 2018.

Trump dio la confirmación durante una entrevista realizada por Marc Thiessen, columnista del Washington Post y ex redactor de discursos del presidente George W. Bush y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.

Thiessen escribe en el Post que durante su entrevista le preguntó a Trump si había lanzado un ciberataque, a lo que dijo que el mandatario respondió: “Correcto” .

Trump refirió durante la entrevista que en 2016, el entonces presidente Barack Obama “sabía antes de las elecciones que Rusia estaba jugando. O, le dijeron. Si era así o no, ¿quién sabe? Y no dijo nada. Y la razón por la que él no dijo nada era porque no quería tocarlo, porque pensaba que (Hillary Clinton) estaba ganando porque leía encuestas falsas. Entonces, pensó que ella iba a ganar. Y tuvimos la mayoría silenciosa que dijo: 'No , nos gusta Trump '”.

Trump afirmó que, a diferencia de su predecesor, actuó de acuerdo con la inteligencia que Estados Unidos tenía sobre la interferencia electoral de Rusia al lanzar el ciberataque.

“Mira, lo detuvimos”, le dijo Trump a Thiessen.

Obama en diciembre de 2016 anunció sanciones contra Rusia y expulsó a algunos diplomáticos rusos en represalia por la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El Washington Post en octubre de 2018 informó que hubo un ataque cibernético. La operación contra la compañía, que está financiada por un oligarca cercano al presidente ruso Vladimir Putin, se llevó a cabo para evitar cualquier interferencia en las elecciones parciales, según se informó en el periódico. Sin embargo, esta es la primera confirmación oficial de Trump.

Thiessen informa que altos funcionarios estadounidenses también confirmaron que la huelga ocurrió y fue efectiva, desconectando a la Agencia de Investigación de Internet.

En la entrevista, Trump dijo que el ciberataque era parte de una política más amplia para enfrentar a Rusia. “Nadie ha sido más duro con Rusia que yo”, dijo el presidente a Thiessen, una afirmación que ha hecho repetidamente en el pasado. Entre los ejemplos que dio mencionó que Estados Unidos está enviando destructores antitanque a Ucrania.

Como CNN informó anteriormente , Trump pareció confirmar que Estados Unidos había llevado a cabo tal ataque cibernético contra una entidad rusa durante las elecciones intermedias de 2018 en una entrevista de Fox News en junio de 2019.
“Prefiero no decir eso, pero puedes creer que todo sucedió, y sucedió durante mi administración”, dijo Trump a Steve Hilton de Fox News cuando se le preguntó acerca de un informe que autorizó personalmente un ataque cibernético en Rusia durante el tiempo de Los exámenes parciales.

Barbara Starr de CNN también informó en octubre de 2018 que el Comando Cibernético del ejército de los Estados Unidos había comenzado a atacar a operativos rusos, que se cree que intentan influir en las elecciones intermedias de 2018 como parte de un amplio esfuerzo en coordinación con varias agencias gubernamentales, confirmó un funcionario de la administración a CNN.

(Con información de CNN)

Christopher Wray describió los crecientes esfuerzos de Beijing para apropiarse de los secretos tecnológicos estadounidenses: “en 10 años ha habido un aumento de los casos de espionaje económico"

El director del FBI, Christopher Wray, aseguró que los actos de espionaje y robo de información por parte de China representa “la mayor amenaza a largo plazo” para la seguridad de Estados Unidos.

China tiene “preferencias” para las próximas elecciones en Estados Unidos, estimó el martes el director del FBI, al revelar que la institución abre una investigación por contraespionaje en la que está implicada Beijing “cada diez horas”.

“La campaña maliciosa de influencia externa de China se dirige a nuestras políticas, nuestras posiciones 24/7, 365 días al año”, declaró Christopher Wray durante una intervención ante el grupo de análisis Hudson Institute en Washington.

Para él “no es una amenaza específica” para las elecciones de noviembre, cuando el presidente republicano Donald Trump buscará un nuevo mandato frente al demócrata Joe Biden.

Esas presiones son “todo el año, todo el tiempo” y “ciertamente eso tiene implicaciones para las elecciones y en verdad ellos tienen preferencias”, añadió el jefe del FBI sin decir más.

Durante su alocución, describió los crecientes esfuerzos de Beijing para apropiarse de los secretos tecnológicos estadounidenses. “En 10 años ha habido un aumento de los casos de espionaje económico que involucran a China”, dijo, refiriéndose a “una de las mayores transferencias de riqueza en la historia de la humanidad”.

Además de los 1.000 casos de este tipo, ha habido más de 1.000 indagatorias relacionadas con el robo de datos personales, intrusiones en investigaciones universitarias o presiones a disidentes que han huido a Estados Unidos, dijo.

“Hemos llegado al punto en que el FBI está abriendo una nueva investigación de contraespionaje relacionada con China cada 10 horas”, dijo. “En este momento, China está trabajando para comprometer (...) la investigación estadounidense sobre la covid-19”, dijo.

El gobierno de Donald Trump ha tenido un tono muy crítico contra China en los últimos meses y acusa a ese país de haber ocultado el alcance de la propagación del nuevo coronavirus después de que apareció en el centro del país a finales de 2019.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, arremetió el lunes contra los “orwellianos” pasos de China hacia la censura de activistas, escuelas y bibliotecas de Hong Kong basados en una nueva de ley de seguridad.

Autoridades de ese centro financiero ordenaron a las escuelas quitar libros para revisarlos en virtud de la nueva ley, que criminaliza opiniones como los llamados a la independencia o a la autonomía.

Algunas librerías de Hong Kong anunciaron que estaban retirando títulos de activistas prodemocracia. “El Partido Comunista Chino (PCC) prosigue la destrucción del Hong Kong libre”, dijo Pompeo.

Bajo “la represiva ley de seguridad nacional, autoridades locales -en un paso orwelliano- establecieron ahora una oficina del gobierno central nacional, comenzaron a quitar de los anaqueles libros críticos con el PCC, prohíben consignas políticas y exigen a las escuelas que apliquen la censura”, dijo.

Con información de AFP

El senador Robert Menéndez, el principal demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, tuiteó que la administración informó al Congreso de la retirada del país de la organización.

La Casa Blanca anunció este martes que inició el proceso para retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un paso que se hará efectivo dentro de un año y que llega en plena pandemia por la covid-19.

"El aviso de la retirada de Estados Unidos, que se hará efectiva el 6 de julio de 2021, se ha enviado al secretario general de la ONU, que es el depositario de la OMS", dijo a Efe un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato.

El portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó en un comunicado que recibió la notificación este lunes, y que ahora está "en el proceso de verificar con la OMS si se cumplen todas las condiciones para la retirada".

Cuando se sumó a la OMS en 1948, Estados Unidos impuso "ciertas condiciones para su posible retirada", que incluyen una notificación previa de un año y "el cumplimiento total con el pago de sus obligaciones financieras", explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

La retirada de EEUU podría detenerse si Trump pierde las elecciones presidenciales de noviembre

El hecho de que la medida no se haga efectiva hasta dentro de un año significa, además, que la retirada de Estados Unidos podría detenerse si Trump pierde las elecciones presidenciales de noviembre y su sucesor así lo decide.

"Lo que se haga ahora puede cancelarse el año que viene, porque no será definitivo", aseguró este martes un diplomático de la ONU, que pidió el anonimato, a la cadena televisiva CNN.

El senador demócrata Robert Menéndez indicó en un tuit que el Congreso estadounidense también ha sido notificado de la decisión de Trump de "retirar oficialmente a EE.UU. de la OMS en medio de una pandemia".

En abril, Trump congeló temporalmente los fondos que EE.UU. aporta a la OMS, al acusar a esa institución de estar "sesgada" a favor de China y de haber gestionado mal la emergencia sanitaria de la covid-19. Hasta entonces, Estados Unidos era el mayor donante de la OMS y le aportaba entre 400 y 500 millones de dólares anuales, aproximadamente el 15 % del presupuesto total del organismo.

Meses de amenazas

La notificación formal de salida llega tras meses de amenazas de la administración Trump para sacar a los Estados Unidos de la OMS. El presidente Trump ha atacado repetidamente a la organización por su lenta respuesta al brote de coronavirus en Wuhan y acusándola de estar bajo el control de China.

Los expertos en salud pública y los demócratas han alertado que la decisión  podría socavar la respuesta global a la pandemia, que ha infectado a 11,6 millones de personas en todo el mundo.

Trump dio el pasado mes de mayo por "terminada" la relación de Washington con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que ha acusado de estar bajo el "completo control" de China.

07/07/2020 20:54 Actualizado: 07/07/2020 21:51

efe | público

El incendio en la central de Natanz se suma a otros misteriosos incidentes recientes

El misterioso “accidente” del pasado jueves en la planta nuclear de Natanz ha desatado las sospechas de un nuevo ataque exterior en Irán. El incendio se suma a otras tres explosiones ocurridas en los últimos días en instalaciones nucleares y militares, incluida una de las bases donde se desarrolla el programa de misiles en el este de Teherán, el pasado 26 de junio. ¿Es un sabotaje? ¿Un ataque aéreo? Se preguntan los iraníes.

No es la primera vez que el programa nuclear iraní sería víctima de un sabotaje. Ya sucedió en el pasado, antes del acuerdo nuclear del 2015, cuando se vio afectado por el poderoso virus cibernético Stuxnet, que causó graves daños en el sistema. Si bien ningún país reconoció su autoría, las sospechas recayeron en Israel y EE.UU., que buscaban evitar que Irán pudiera desarrollar un arma nuclear. Una acusación negada rotundamente por Teherán. Por esa misma época una serie de asesinatos estremecieron al país no solo por su naturaleza –cercano al de las mafias latinoamericanas, con sicarios disparando desde motos–, sino porque los cinco hombres fallecidos estaban vinculados con el programa nuclear.

En un primer momento, el portavoz de la agencia iraní de energía atómica, Behruz Kamalvandi, intentó quitar importancia al incendio de Natanz, diciendo que había sido un “incidente” en un cobertizo industrial y que no había radiación ya que la planta no estaba activa. Pero una imagen por satélite revelada por una cadena opositora indica que la explosión dejó parte del edificio prácticamente destruido. Las sospechas crecieron cuando se supo que un grupo que se hace llamar Guepardos de la Patria envió un comunicado antes de la explosión a la BBC persa, atribuyéndose el ataque llevado a cabo supuestamente con una bomba.

Estos rumores hicieron que el viernes el portavoz del Consejo de Seguridad de Irán, Keyvan Khosravi, asegurara a la prensa que los expertos ya habían determinado la causa del incidente pero que lo revelarían “en el momento adecuado por motivos de seguridad”. Dos días más tarde, Kamalvandi reconocía a la agencia Irna que la producción de centrifugadoras avanzadas podría verse ralentizada a medio plazo, al igual que el programa nuclear. Con estas centrifugadoras se buscaba acelerar el enriquecimiento de uranio, facilitando el camino para que Irán pueda lograr una bomba.

“En este lugar había equipos avanzados y dispositivos de medición de precisión que fueron destruidos o dañados”, confirmó Kamalvandi, que anunció que reemplazarían la edificación con una de mayor capacidad para equipos avanzados.

“No todos los incidentes que pasan en Irán están conectados necesariamente con nosotros”, dijo el domingo el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz. Tanto EE.UU. como Israel niegan su responsabilidad. Las versiones locales apuntan a fallos técnicos, pero otra imagen de satélite publicada por el New York Times demuestra que la explosión es mucho más grande de lo que se aseguró originalmente, cuando se atribuyó a un gasoducto.

Las mismas dudas sobrevuelan las explosiones de las otras plantas eléctricas, cuya naturaleza sigue siendo incierta. La Covid-19, el mal manejo de los recursos, pero sobre todo las sanciones económicas –especialmente la imposibilidad de vender su petróleo y repatriar las divisas– tienen al Gobierno en una situación económica nunca vista. Recientemente el presidente, Hasan Rohani, dijo que este era el año más difícil en 41 años de revolución islámica.

Por Catalina Gómez | Teherán, Irán

07/07/2020 01:23| Actualizado a 07/07/2020 09:29

Después de un siglo de absentismo en Oriente Próximo, Turquía vuelve a la región para defender sus intereses vitales. El presidente Erdogan se enfrenta a un aislamiento creciente de las potencias regionales y occidentales a causa del islamismo moderado que practica, lo que le obliga a intervenir en conflictos que hasta ahora los turcos ignoraban.

A fines de junio el diario francés Le Figaro se alarmaba al dar cuenta de la creciente influencia de Turquía en el Mediterráneo oriental, destacando la preocupación que esta circunstancia suscita en numerosos países de la región, desde Grecia a Egipto y desde Arabia Saudí a Israel, así como entre ciertas potencias occidentales, incluida Francia, cuyos planes para la zona son bien distintos a los de Ankara.

Naturalmente, los intereses de París y Turquía en Libia están alejados. Los franceses quieren un norte de África estable y apartado de cualquier forma de islamismo, por moderado que sea, mientras que los turcos aspiran a que los gobiernos acojan con afecto el islamismo moderado o que lo representen directamente, por supuesto garantizando la estabilidad.

Desde la desaparición del califato en el siglo XX, y desde que perdió sus posesiones en Oriente Próximo a manos de las potencias europeas en la Primera Guerra Mundial, Ankara había desarrollado una política modesta y nada agresiva en la región, una política sin aspiraciones trascendentes. Sin embargo, en los últimos años el presidente Recep Tayyip Erdogan ha puesto fin a un siglo de absentismo por motivos estratégicos.

Desde París el presidente Emmanuel Macron ha lanzado una campaña internacional para desacreditar a Erdogan, campaña que gira especialmente entorno al acuerdo marítimo que Ankara firmó en noviembre de 2019 con el gobierno de Trípoli reconocido internacionalmente. París asegura que ese acuerdo "suscita los miedos de una escalada regional a la luz de un creciente riesgo de conflicto".

Los franceses sostienen que con el acuerdo marítimo, Turquía podría impedir que se construyera el gasoducto que planea Israel para exportar gas a Europa. Los libaneses dicen que una parte de ese gas está en yacimientos situados dentro de su zona marítima, aunque lógicamente no están capacitados para defenderse de lo que califican de robo por parte del estado judío.

Además, las aguas de Chipre son también ricas en gas, lo que suscita una disputa entre Chipre y Grecia por un lado, y Turquía, que ocupa el norte de Chipre desde los años setenta, por otro lado. Los israelíes no han entrado abiertamente en el conflicto, aunque es evidente que no se quedan al margen y hacen que otros países, incluidos Chipre y Grecia, defiendan sus intereses.Turquía es un tema central en los medios de comunicación hebreos. Israel, que es con gran diferencia la potencia dominante en Oriente Próximo y la que dicta las políticas de sus aliados, es la enemiga número uno de Ankara y mueve activamente unas fichas que incluyen los Emiratos Árabes Unidos (EUA), Arabia Saudí y Egipto por este orden. Los ataques de los medios hebreos contra Turquía están a la orden del día y son muy numerosos.

Los medios hebreos no solo se hacen eco de los conflictos internacionales de la región. Alegan que Turquía es un país que no garantiza la libertad religiosa y que está destinando millones de dólares a organizaciones benéficas palestinas con el fin de manipular a los palestinos según sus intereses. Para más inri, decía la semana pasada The Jerusalem Post, los turcos destinan dinero a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, donde un creciente número de israelíes quiere establecer el Tercer Templo en cuanto se presente la oportunidad.

Desde el momento en que Turquía, Francia y Grecia son miembros de la OTAN, parece difícil imaginar un escenario de guerra, pero bien podría ser que se registren incidentes como el que ocurrió en las aguas libias en junio entre los ejércitos de Francia y Turquía, donde Turquía se llevó el gato al agua a costa de Francia, una ofensa que Macron no ha digerido.

El ministro de Defensa griego, Nikolaos Panigiotopoulos, dijo hace pocas fechas que su país "está listo para un conflicto militar con Turquía". Atenas ha denunciado que los turcos están perforando en busca de gas y petróleo en dos decenas de lugares que los griegos consideran que están dentro de su jurisdicción, y hace pocos días barcos militares de los dos países registraron un incidente.

Con este complejo panorama es difícil definir las ambiciones de Erdogan. Por un lado es evidente que los países de Oriente Próximo y Europa están a disgusto con su islamismo y no quieren que llegue a otros lugares. Por otro lado, es obvio que a causa de ello, Turquía está siendo aislada por las potencias dominantes, una situación que a Erdogan no le queda más remedio que corregir buscando aliados a cualquier coste.

Las relaciones entre Erdogan y Washington han experimentado altibajos en los cuatro años de mandato del presidente Donald Trump. En el libro publicado en junio por el exconsejero para la seguridad nacional de Trump, John Bolton en más de una ocasión indica que Trump ha estado dando su apoyo a Erdogan, lo que por ejemplo justificaría la presencia turca en Libia.

Esta situación quizá cambiará si Trump pierde las elecciones de noviembre como indican las encuestas. Esto le crearía un serio problema a Erdogan, máxime si Francia consigue arrastrar al resto de la Unión Europea contra Turquía. La política exterior europea con respecto a Oriente Próximo no puede estar más equivocada. No solo no hay una voz unificada sino que cada país va a su bola sin tener en cuenta los intereses del continente en su conjunto, una circunstancia que aporta más inestabilidad a la región.

JERUSALÉN

05/07/2020 08:49

EUGENIO GARCÍA GASCÓN

Caracas. Once colaboradores del líder opositor Juan Guaidó fueron imputados en Venezuela por "traición a la patria", acusados de "despojar" a Venezuela de las reservas de oro almacenadas en el Banco de Inglaterra, informó este viernes la Fiscalía. "A todos estos criminales que han actuado para favorecer los intereses de potencias extranjeras (...) se les imputan los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir", anunció el fiscal general, Tarek William Saab, en declaraciones a la televisión estatal.

El gobierno de Maduro requiere los fondos para atender la pandemia de Covid-19 en Venezuela.

Figuran en la lista Vanessa Neumann y Carlos Vecchio, delegados de Guaidó en Reino Unido y Estados Unidos; así como el diputado Julio Borges, exiliado en Colombia, encargado de las relaciones exteriores del dirigente parlamentario, quien reclamó la presidencia encargada de Venezuela en enero de 2019 con reconocimiento de medio centenar de países. También están entre los acusados los cinco miembros de la directiva ad-hoc del Banco Central de Venezuela, Ricardo Villasmil, Guaicoima Cuius, Manuel Rodríguez, Nelson Lugo y Carlos Suárez; el ex procurador especial José Hernández y dos miembros de su equipo, Irene Loreto y Geraldine Afiuni.

El jueves, el gobierno de Nicolás Maduro pidió una investigación penal para determinar "responsabilidades por el robo" de más de mil millones de dólares en oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, tras un fallo de la justicia británica que se derivó de que el gobierno británico es uno de los que reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

El Ministerio Público solicitó "órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes" contra los acusados, afirmó Saab. No habló, sin embargo, de procesos de solicitud de extradición.

El fiscal, quien se refirió a Guaidó como "payaso", calificó a los acusados de "falsos representantes de Venezuela que han intervenido en la apropiación del oro de la República".

Contra Guaidó cursan varias investigaciones penales en la justicia venezolana, sin que haya sido ordenada su detención.

El gobierno de Maduro lleva año y medio intentando sin éxito recuperar más de 30 toneladas de oro que Venezuela tiene guardadas en las cámaras del Banco de Inglaterra.

La oficina de prensa de Guaidó dijo en un comunicado que mientras el "proceso judicial continúa", los recursos se mantendrán en el Reino Unido y no serán usados a corto plazo.

El Banco Central de Venezuela, controlado por Maduro, anunció el jueves que apelará de la sentencia del juez británico.

En tanto, el presidente estadunidense, Donald Trump, utilizó el dinero robado a Venezuela para construir parte del muro en la frontera con México, según un informe del sitio digital thegrayzone.com.

Se estima que 24 mil millones de dólares del dinero público venezolano fueron saqueados y la administración Trump uso al menos 601 millones de dólares para construir un muro militarizado en la frontera entre Estados Unidos y México, precisa el sitio.

La denuncia suscrita por Ben Norton, periodista, escritor y cineasta, señala que desde que la Casa Blanca comenzó con un intento de golpe de estado contra el gobierno electo de Venezuela en enero de 2019, hasta 24 mil millones de dólares de bienes públicos venezolanos fueron confiscados por países extranjeros, principalmente por Washington y los estados miembros de la Unión Europea.

Durante su campaña presidencial de 2016, Trump insistió en innumerables ocasiones en que "haría pagar a México" para construir un gigantesco muro que cubriera los aproximadamente 3 mil 145 kilómetros de su frontera común.

Al calificar de cuestionables las fuentes de financiación usadas por el mandatario estadunidense, Norton señala que Trump recurrió a ellas incapaz de obligar al país vecino a financiar su proyecto favorito de 18 mil millones de dólares, que ya costó unos 30 millones de dólares por milla en el sur de Texas.

Norton cita como fuente de la información a la cadena Univisión, la cual revisó los registros del Congreso estadunidense y documentos judiciales, en los cuales encontró que la administración Trump aprovechó 601 millones de dólares del "fondo de confiscación" del Departamento del Tesoro para la construcción del muro.

Un juez sentenció que el gobierno de Maduro no podrá usar las 31 toneladas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra 

El Banco Central del país bolivariano anunció que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés".

El juez británico Nigel Teare del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, sentenció que las 31 toneladas de oro venezolano que se encuentran en el Banco de Inglaterra no pueden ser manejadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) ya que el “el gobierno de su Majestad reconoce a Guaidó en calidad de presidente constitucional interino de Venezuela”.

La justicia británica dictaminó entonces que quien tendrá acceso al oro en reclamación, valorado en cerca de 1.6 mil millones de dólares, será el “gobierno de Guaidó” a través de la “junta ad hoc del BCV” que designó en julio del 2019, pocos meses después de su autoproclamación.

El BCV anunció que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés que pretende privar al pueblo venezolano del oro tan urgentemente necesario para hacer frente a la pandemia de covid-19”.

La demanda por el oro por parte del BCV había iniciado a finales del 2018. El reconocimiento en enero del 2019 de Guaidó como “presidente encargado” por parte de Gran Bretaña, congeló la respuesta del gobierno británico a la demanda venezolana, algo que el gobierno de Nicolás Maduro denunció diplomáticamente en reiteradas oportunidades.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, se refirió en su libro La habitación donde sucedió, una memoria de la Casa Blanca a esa decisión británica. Allí afirmó que el entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, estaba “encantado de cooperar” con Estados Unidos, “por ejemplo congelando los depósitos de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra”.

Bolton se refiere a esa decisión de inicio del 2019 como parte de los “pasos que ya estaban aplicando para presionar financieramente a Maduro”. En ese mismo párrafo, el ex asesor de Seguridad Nacional destaca como, en esos días, trabajaban para recrudecer las sanciones sobre la industria petrolera venezolana.

El BCV prosiguió durante el 2019 y 2020 en el intento de acceder a las reservas de oro. En mayo pasado realizó una demanda ante el Tribunal Comercial de Londres para que el Banco de Inglaterra entregue el oro venezolano. Allí no solamente fue expuesto el argumento legal, sino también humanitario: el monto del oro sería destinado para ir directamente al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para hacer frente a la pandemia en el país.

La falta de respuesta del Banco de Inglaterra durante meses se debió a la zona gris diplomática construida hacia Venezuela. Mientras el gobierno inglés reconoció a Guaidó, su “embajadora”, Vanessa Neumann, fue recibida, pero sin las credenciales formales, una situación similar a la ocurrida en varios países de Europa y América Latina.

Así, mientras por un lado la política exterior apoyaba la política de gobierno paralelo en Venezuela, la situación legal no era clara, algo diferente al caso estadounidense donde fueron alineados en la misma política -con tensiones- la Casa Blanca, el Departamento de Estado, del Tesoro, y de Justicia. Esa situación de falta de claridad, sobre la cual el Banco de Inglaterra se amparaba para su falta de respuesta, fue despejada con la sentencia del día jueves.

Este fallo representa no solamente una pérdida para el BCV, sino que sienta a su vez un precedente para otros expedientes en una situación similar, como los 120 millones de dólares pertenecientes al BCV que se encuentran en el Deutsche Bank, o las numerosas cuentas congeladas en diferentes bancos.

Se abre entonces una nueva puerta para que se profundicen los mecanismos de robo de activos y bienes de Venezuela en el exterior, algo que ha venido sucediendo desde el inicio del reconocimiento estadounidense a Guaidó. El caso paradigmático es el de CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos (EEUU) -valorada en 8 mil millones de dólares-, que fue embargada por el gobierno estadounidense en el 2019, y se encuentra actualmente bajo amenaza judicial de remate y desmembramiento para ser apropiada por una minera canadiense, Crystallex, o una petrolera estadounidense, ConocoPhillips.

Este proceso de despojo ha sido uno de los objetivos centrales contra Venezuela. El gobierno venezolano convocó, por ejemplo, en el mes de mayo al encargado de Negocios del Reino Unido en Venezuela para “presentarle protesta formal y exigir explicaciones ante la creación en su Cancillería de una Unidad para la Reconstrucción de Venezuela”.

De esta manera, mientras Guaidó perdió toda gravitación dentro del país, su mantenimiento artificial permite que avancen procesos de robo a la Nación. Esa política de piratería y bloqueo es parte de las divisiones de la oposición en el país. El sector que aún se mantiene alrededor de la estrategia del gobierno paralelo sostiene la necesidad de las sanciones y congelamiento de activos. Afirman, contra toda evidencia, que no afectan al conjunto de la población, sino únicamente al núcleo de poder del chavismo.

Otro sector en cambio, tanto político como de sectores económicos, se opone a la estrategia de asfixia y despojo progresivo. Ese sector es quien participará de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, para las cuales ya se han anotado 89 partidos políticos.

El dictamen apunta al decomiso de cuatro buques con una carga aproximada de 1,1 millones de barriles de combustible, que van rumbo al país suramericano.

La Justicia Federal de EE.UU. emitió una orden para decomisar cuatro buques iraníes que trasladan combustible hacia Venezuela, por considerar que la transacción beneficia a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que han sido catalogados por la Casa Blanca como una supuesta "organización terrorista".

El dictamen del juez James Boasberg responde al pedido de cuatro fiscales, y pretende el decomiso de aproximadamente 1,1 millones de barriles de gasolina, que son trasladados actualmente por los buques Bella, Bering, Pandi y Luna, hacia Venezuela.

De acuerdo con Boasberg, esta gasolina quedará bajo jurisdicción exclusiva de la corte federal para el Distrito de Columbia. Sin embargo, no indica qué métodos aplicará el gobierno de EE.UU. para confiscar las cargas.

El Departamento de Justicia estadounidense mostró su apoyo a la medida, al considerar que las ganancias por la venta de este combustible supuestamente "respaldan toda la gama de actividades nefastas de la Guardia Revolucionaria", incluyendo "terrorismo y abusos contra los derechos humanos".

Entre el 23 de mayo y el 1 de junio, los buques iraníes Clavel, Petunia, Fortune, Forest y Faxon, ignoraron las amenazas del gobierno de EE.UU. y se trasladaron a Venezuela, con un total de 1,53 millones de barriles de gasolina y alquilato. Sin embargo, los barcos Bella y Bering desistieron de la transacción para evitar las sanciones de Washington. 

Dos semanas después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó en su lista de sancionados a los capitanes de estos cinco barcos, por "apoyar a grupos terroristas y dictadores".

En esa oportunidad, el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, dijo que ese organismo perseguirá "a cualquiera que apoye los intentos iraníes de evadir las sanciones de los EE.UU. y que además permita un comportamiento desestabilizador en todo el mundo".

Venezuela ha registrado problemas con el abastecimiento de gasolina debido a las medidas unilaterales y coercitivas aplicadas por EE.UU., que no solo implican sanciones a altos funcionarios del Gobierno y el bloqueo de sus activos, sino que también contemplan amenazas a cualquier país que intente establecer relaciones comerciales con Caracas.

Publicado: 2 jul 2020 23:41 GMT

Aumenta la tensión entre Venezuela y la Unión Europea

Luego de que la UE anunciara sanciones a funcionarios venezolanos, Maduro le dio 72 horas a la embajadora Isabel Brilhante para dejar el país. 

El presidente Nicolás Maduro dio 72 horas a la embajadora de la Unión Europea (UE) en Venezuela, Isabel Brilhante, para dejar el país. La decisión fue expresada el lunes por la noche, luego de que la UE anunciara nuevas sanciones a funcionarios venezolanos. La UE, por su parte, anunció este martes que convocará a la embajadora de Venezuela ante la UE, Claudia Salerna Caldera, ante las instituciones europeas. Josep Borrell, representante para Asuntos Exteriores, quien condenó la decisión del gobierno venezolano, anticipó que habrá “medidas necesarias habituales de reciprocidad”.

 “¿Qué poder se abrogan ellos? ¿Quiénes son para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza?”, afirmó Maduro al anunciar la decisión. Las nuevas sanciones europeas afectaron a 11 personas, entre ellas, a miembros de la dirección de la Asamblea Nacional Constituyente, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y de la Asamblea Nacional (AN) reconocida por el TSJ, en particular a su presidente Luis Parra.

Las sanciones habían sido anticipadas por la UE el pasado 9 de enero, cuando, en un comunicado, la diplomacia europea respaldó nuevamente a Juan Guaidó como presidente de la AN, luego de que el 5 de enero el órgano legislativo quedara dividido en dos directivas: una encabezada por Guaidó y otra por Parra.

El total de sancionados por la UE asciende así a 36 personas. Las medidas implican la prohibición de viajar a territorio europeo, el congelamiento de activos y se suman al embargo de armas decretado en noviembre del 2017.

La decisión europea tuvo lugar luego de que el pasado 12 de junio el TSJ nombrara la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE). La Unión Europea no reconoció la validez de ese acto, por lo tanto, al nuevo poder electoral, institución medular de las elecciones legislativas previstas para este año.

Jorge Arreaza, canciller venezolano, rechazó entonces la “pretensión europea de imponer una suerte de supervisión al funcionamiento de las instituciones democráticas en Venezuela”.

La decisión tomada por el gobierno venezolano respecto a la embajadora europea es así una respuesta a las declaraciones y medidas europeas. “Vamos a ordenar nuestras cosas con la UE, vamos a ir paso a paso, ya basta, si no nos quieren que se vayan, si no respetan a Venezuela que se vayan”, indicó Maduro.

El presidente también se refirió al caso específico del embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, sobre quien, afirmó, “Venezuela se reserva las acciones diplomáticas”, debido a su rol en la denominada Operación Gedeón, el intento de un desembarco armado en las costas del país a finales de mayo, del cual participaron dos mercenarios estadounidenses.

Maduro señaló la “complicidad” de Silva “con los actos criminales denunciados en el Wall Street Journal. El periódico estadounidense publicó un reportaje pocos días atrás donde indicó que López consideró “al menos seis propuestas de contratistas de seguridad privada para llevar a cabo incursiones militares para provocar una rebelión en las fuerzas armadas de Venezuela y derrocar al presidente”.

Leopoldo López se encuentra en la embajada de España desde el 30 de abril del 2019, luego de su intento fallido de encabezar un golpe de Estado junto a Guaidó y un grupo de militares. Así, según denuncias del gobierno y ahora de la investigación del Wall Street Journal, el dirigente del partido Voluntad Popular fue parte central del plan de la Operación Gedeón desde la embajada.

Esta nueva sucesión de hechos entre Venezuela y la UE sucede antes de las próximas elecciones legislativas que deberán ser anunciadas por el CNE. Todo indica que los comicios no serán reconocidos por quienes actualmente no reconocen al gobierno de Maduro, es decir centralmente Estados Unidos, Canadá, la UE, los gobiernos de derecha de América Latina.

El cuadro internacional respecto a Venezuela seguirá así similar al actual, donde, ese conjunto de gobiernos desconocerá los comicios, sus resultados y la nueva AN electa. ¿Qué sucederá luego? Seguramente una situación también similar a la que ahora acontece, con mayores sanciones y un intento de institucionalidad paralela, cada vez más reducida, bajo la figura de Guaidó.

El cambio estará a lo interno del país, donde participarán diferentes partidos de la oposición. Ese crecimiento de factores dispuestos a participar de las elecciones es el principal cambio que se ha venido construyendo en los últimos meses a través de diferentes mecanismos de diálogo. Parra, sancionado por la UE el lunes, es uno de los dirigentes que respaldan la próxima contienda electoral.

Aún faltan varios meses para las elecciones. Mientras tanto Venezuela enfrenta otro conflicto: la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por parte de la República Cooperativa de Guyana para tratar acerca del territorio en reclamación de Guayana Esequiba, territorio venezolano apropiado ilegalmente por Gran Bretaña a inicios del siglo XIX.

El gobierno venezolano ya anunció su desconocimiento de la audiencia de la CIJ iniciada este martes, debido a que la Corte “carece de jurisdicción para tratar la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba”, uno de los reclamos históricos de Venezuela.