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La trama civil del derrocamiento de Evo Morales
El sitio Behind Back Doors anticipó el golpe basándose en 16 audios de opositores Carlos Sánchez Berzain, Mandred Reyes Villa, Gonzalo Sánchez de Lozada y Mario Cossío son los nombres que aparecen en un informe de octubre que prenunciaba el golpe.    Evo Morales tenía razón. El 23 de... Leer Más
Carlos Ruiz Encina: "En Chile se está gestando...
A un mes de uno de los movimientos sociales más extraordinarios de la historia de Chile, el investigador analiza las causas de la protesta, las demandas de la calle tras décadas de promesas incumplidas y la resistencia del gobierno de Sebastián Piñera para tomar medidas a la... Leer Más
Neoliberalismo, ¿tercera fase?
Es una dinámica conocida: la caída de la tasa de ganancia y la necesidad de incrementar la explotación de la fuerza de trabajo impulsan al capitalismo a tres tipos de disputas: 1) pugnas entre países por mayores porcentajes en el comercio global y saqueos de las economías periféricas,... Leer Más
El litio-golpe de Bolivia con la bendición de la...
Mas allá del abordaje sociologista ultra-reduccionista sobre el golpe de Estado policiaco/militar/mediático en Bolivia, con bendición de Estados Unidos y la OEA–con sede en Washington y cuyo 60 por ciento de su presupuesto es financiado por Washington–, surgen sus profundas razones en el análisis... Leer Más
Licencia para matar y salir impune en Bolivia
Tras la masacre de Cochabamba, la presidenta ilegal le dio inmunidad a las FF.AA. El decreto 4078 aprobado por Añez deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”. Fueron nueve muertos y ciento quince... Leer Más
El legado imborrable de los chalecos amarillos
Un año después de la irrupción explosiva del malestar, el número de manifestantes ha decaído de forma significativa en Francia. Pero la solidaridad y la construcción de lo común persisten como herencia de las protestas. Un chaleco amarillo gigantesco colgado de una ventana llama la atención del... Leer Más
Un largo proceso de degradación
Es clave para entender lo que está sucediendo ahora en Bolivia entender, a su vez, el proceso de división creciente y la degradación que durante los gobiernos de Evo Morales sufrieron los llamados movimientos sociales –que fueron el respaldo inicial del presidente– por una izquierda que permitía... Leer Más
La represión en Bolivia sumó cinco muertos
Las protestas del movimiento indígena son cada día más masivas. La CIDH condenó la masacre y le recordó a la autoproclamada presidenta “la obligación de asegurar el derecho a la vida”.  Las protestas protagonizadas por seguidores de Evo Morales van volviéndose cada día más masivas.... Leer Más
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Tierra Forme y Nuevo Reino de Granada y Popayán. Willem Blaeu, Amsterdan, 1647 (1ª. Edición: 1635). Mapoteca 4, X-61, Archivo Nacional, Bogotá.

Mucho antes de la invasión/conquista y la Colonia, cuando los pueblos originarios dominaban el territorio que hoy es Colombia, éste ya se había configurado como una nación de regiones geográficas con características y particularidades en clima, vegetación, cuencas y microcuencas hidrográficas, factores fundamentales que a su vez marcan las costumbres de sus habitantes e incluso su idioma. Si bien la conformación política ha variado o evolucionado de acuerdo con las circunstancias no naturales, la conformación geográfica regional se mantiene invariable hasta nuestros días. La denominación de Colombia, “país de regiones”, es un concepto moderno lingüístico, y por lo tanto científico, que resume la configuración geográfica ancestral, en un intento de acomodarla con la configuración político administrativa, pero sin encontrar la solución a las contradicciones políticas criollas que afloraron tempranas en el movimiento de los Comuneros de 1781, se manifestaron belicosas en la revuelta del 20 de julio de 1810, que propulsó un proceso de lucha para ponerle fin al régimen colonial, y se agudizaron y se exacerbaron a partir del establecimiento de la República en 1821, y han perdurado hasta nuestros días.

Como la define el arquitecto, escritor y geógrafo Alberto Mendoza Morales en su obra trascendental Colombia, Estado Regional (Bogotá, 2000) “Región es una porción de territorio, de tamaño variable, definida por límites arcifinios [naturales], individualizada por algún elemento unificador que la distingue, le imprime carácter único y la hace singular frente a otras regiones”.


Dentro de esta definición se desarrolló la vida de las naciones o regiones que conforman el territorio invadido por los conquistadores españoles a partir de 1500. Aquí habitaban la nación Calamarí (Caribe), la nación Mwiska, la nación Pijao, la nación Patía, y otras, formadas alrededor de doce grandes cuencas fluviales, que tienen como ejes los ríos Magdalena y Cauca (pues influyen ellos dos en la totalidad del territorio) y las otras diez grandes cuencas: Amazonia, Orinoquia, Catatumbo, Sierra Nevada, Sinú, Atrato, Baudó, San Juan, otros ríos, Patía y Mataje. El Himat ha identificado en Colombia 714.300 minicuencas hidrográficas (fluviales y lacustres) menores de 10 kilómetros.

Los españoles reorganizaron la división político administrativa del que bautizaron Nuevo Reino de Granada, subdividiéndolo, con base en la delimitación geográfica, en gobernaciones. La Gobernación de Santa Marta, la Gobernación de Cartagena, la Gobernación del Río de La Hacha (Guajira), las gobernaciones de Venezuela y Quito, la Gobernación de Popayán, los territorios de las Misiones (Llanos Orientales, Casanare, Arauca, Meta), y la Audiencia de Santafé, erigida en capital del Nuevo Reino de Granada. Esa división administrativa se mantuvo hasta el final de la Colonia, con las variantes de que la Gobernación de Venezuela fue convertida en capitanía, y la de Quito en presidencia, con una Real Audiencia auxiliar de la de Santafé. Tales regiones o gobernaciones estuvieron determinadas en su funcionamiento económico por una institución común: la Encomienda. Por orden del rey Carlos V la Encomienda estaba destinada a garantizar la propiedad de los indígenas sobre sus tierras y a darles la protección que necesitaran, para lo cual se nombraba un encomendero que tendría a su cuidado determinada porción de tierras (por lo general latifundios) y el cuidado de los indígenas que las habitaban y que eran sus dueños legítimos, en cuyo servicio obraba el encomendero, remunerado por los mismos indígenas. A los pocos años los encomenderos pasaron a ser los dueños de las tierras y los indígenas sus sirvientes.

De ahí se formaron enormes latifundios y los encomenderos pasaron a ser la clase de los terratenientes, de modo que a finales del siglo dieciocho la totalidad de las tierras productivas del Nuevo Reino de Granada era propiedad de no más del tres por ciento de la población. Los encomenderos terratenientes utilizaban para trabajarlas la mano de obra de los indígenas (que no eran esclavos, pero recibían un trato peor que si lo fueran) y de los esclavos.
Tras el movimiento del 20 de julio de 1810, que, si no estableció formalmente la independencia, sí le torció el pescuezo al régimen colonial español, se organizó un primer ensayo de Estado Regional, de tipo federal, en imitación al adoptado por los Estados Unidos de Norteamérica, y se le dio el nombre de Provincias Unidas de la Nueva Granada, con gobiernos y administraciones autónomas, y sujetas políticamente a la autoridad del Congreso. Esas Provincias Unidas surgieron de la conformación Geográfica natural del país. Venezuela y Quito no entraron a formar parte de la nueva organización post colonial y adoptaron su propio régimen político- administrativo.

Un observador tan agudo como Antonio Nariño, que llevaba casi treinta años de lucha por la libertad de su pueblo, y sufrido varias prisiones por esa causa, al salir de su celda en las mazmorras de Bocachica, en Cartagena, donde lo tenía encerrado el régimen español a raíz de la conspiración en 1809, analizó la forma como la organización de las Provincias Unidas no iba a derivar en un Estado nacional libre y soberano, integrado por regiones con verdadera autonomía económica, política y social, según las características regionales, sino en una supuesta nación hecha a semejanza de los Estados Unidos, pero con regiones que constituiría el feudo de los terratenientes herederos de las encomiendas y del dominio de la tierra en esas provincias. Tendríamos entonces un Estado feudal y no un Estado regional.

A su regreso a Santafé, Nariño asumió dos posturas inaceptables para los nuevos dominios. La primera, propuso un gobierno central, que facilitara la organización de las provincias para la defensa del país ante la inminencia de un intento de reconquista por parte de la antigua metrópoli, que lo emprendería tan pronto terminara su guerra contra Napoleón. Y la segunda, acabar con la encomienda y redistribuir las tierras entre los campesinos e indígenas que las trabajaban y que eran sus dueños legítimos. No podíamos pensar en fundar una democracia si pensábamos continuar bajo el mismo sistema feudal de la Colonia. La propuesta audaz de Nariño les produjo náuseas a los nuevos encomenderos, nada dispuestos a repartir sus fundos entre los trabajadores, así como así.

De ahí surgieron los dos primeros partidos políticos en Colombia con posiciones antagónicas. El centralista, encabezado por Antonio Nariño, y el federalista, por el doctor Camilo Torres. De ahí también surgió la primera de las nueve guerras civiles generales del Siglo diecinueve en Colombia, motivadas en apariencia por la misma razón: centralismo versus federalismo; pero no se trataba de dos posiciones políticas ni ideológica opuestas. A los federalistas les interesaba ese sistema porque se adaptaba mejor al dominio feudal de las tierras productivas de la República, mientras que los centralistas aspiraban a un gobierno que pudiera efectuar hacia la periferia una distribución equitativa no solo de la propiedad de la tierra sino de las riquezas que pudiera generar el trabajo nacional. Entró en juego también el libre cambio, del que se hicieron campeones los federalistas (o liberales radicales) y al que combatieron, apoyados en el centralismo, los artesanos que pretendían crear una industria nacional y pedían para ello la protección incondicional del gobierno. La lucha auténtica no fue entre centralistas y federalistas, sino entre librecambistas y artesanos, entre el libre comercio y el proteccionismo industrial.


En su discurso de Instalación del Congreso de Angostura, el Libertador Simón Bolívar encareció a los diputados adoptar una constitución de tipo centralista, que se adaptaba a las características de los pueblos (Nueva Granada, Venezuela y Quito) que habrían de integrar la futura República de Colombia. El Congreso de Angostura elaboró una Constitución de tipo centralista con carácter provisional, mientras se decidía la suerte de la Guerra de Independencia. La victoria de Boyacá en 1819 y la liberación de la Nueva Granada, le permitieron al Libertador convocar el Congreso Constituyente de Cúcuta, instalado por Antonio Nariño. Allí se adoptó una constitución de tipo centralista y proteccionista, que impulsara el desarrollo de la industria artesanal nacional, y de la agricultura, como efectivamente las impulsó; pero las ambiciones de poder y de riqueza de la clase dirigente criolla, los intereses de los terratenientes, que ejercían el poder verdadero, y las intrigas de los ministros plenipotenciarios de Estados Unidos y de Inglaterra, que encontraban en el proteccionismo constitucional un obstáculo fastidioso para sus intereses comerciales, instaron a la separación de Venezuela y de Ecuador, y a la disolución de Colombia tras la muerte del Libertador en 1830. La República de la Nueva Granada, y las que le siguieron en el curso tormentoso del Siglo XIX colombiano, tampoco pudieron organizar Estados Regionales, en parte porque los terratenientes y los comerciantes se opusieron, y en parte porque los tratados de libre comercio y amistad con Estados Unidos (1835 y 1848) hicieron imposible que las regiones pudieran librarse de su vasallaje feudal.

Con las constituciones semilibrecambistas y semifederalistas de 1853 y 1857 el librecambio avanzó hacia el dominio total de la vida granadina, lo que se dio con la Constitución de 1863, que instauró nueve estados soberanos aupados bajo el denominador común de República de los Estados Unidos de Colombia. Sin embargo, las contradicciones se agudizaron. La soberanía pomposa de los nueve estados de 1863, como la autonomía de las doce provincias Unidas de 1811, era la misma máscara con que se encubrían los soberanos incuestionables: los terratenientes. El régimen feudal seguía imperando bajo la Constitución más liberal que pudiera imaginarse. Esa misma Constitución liberal que favorecía los intereses del libre comercio, pero no el nuestro sino el de las potencias que nos vendían sus productos, sumieron en la ruina a los artesanos colombianos, y se originó una confrontación que tuvo muchas refriegas en las plazas públicas entre gólgotas (librecambistas) y draconianos (artesanos). O como decían entonces. “entre los de casaca y los de ruana”.

En esas condiciones, se produjo una escisión política profunda e irreconciliable. La Iglesia y los conservadores, por un lado, que decían combatir el ateísmo de los radicales y la abusiva expropiación de los bienes sagrados (tierras, conventos, iglesias) por el decreto de bienes de manos muerta que expidió el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, con destino a la recaudación de fondos para financiar el Estado, pero cuyo producido, en su mayor parte, terminó en los bolsillos de los radicales (liberales librecambistas). Y por otro lado los liberales independientes (no librecambistas) y los artesanos que pugnaban por un gobierno proteccionista. El líder de los independientes fue el pensador liberal Rafael Núñez, que comenzó a publicar una serie de artículos (enviados desde Europa, donde ejercía el consulado de Colombia en Liverpool) a favor de una política de protección a la industria artesanal, la creación de empleo y de riqueza productiva, y de restricción al libre cambio, pensamiento en contravía de los postulados de la Constitución de Rionegro, que abolió por completo el proteccionismo.


Una lucha de varios años en la cual, el movimiento artesanal organizado llevó a Núñez a la presidencia en 1880. Dos años antes, al dar posesión de la presidencia al liberal independiente Julián Trujillo, Núñez había resumido su doctrina en dos postulados: Regeneración administrativa fundamental o catástrofe y Paz científica. Los radicales hicieron burlas, chanzas y sátiras sobre esos programas de Núñez, que les demostró que tan serio era su programa cuando, al iniciar su período, estableció el Banco Nacional, con carácter de Banco Emisor, y les quitó a los bancos de los estados, y a los privados, la facultad de emitir sus propios billetes. Como el período presidencial era apenas de dos años, Núñez no tuvo tiempo de avanzar en la regeneración administrativa fundamental, ni en la Paz Científica, hasta su segunda elección, en 1884.

¿En qué consistían la Regeneración administrativa fundamental y la Paz científica? Ambas nociones las había tomado Núñez del discurso del Libertador en Angostura. La Regeneración administrativa fundamental era gobernar con honradez, con pulcritud y con eficiencia para hacer de los recursos públicos un instrumento de prosperidad del común de los ciudadanos, y no del beneficio de unos pocos. En consecuencia, había que castigar con severidad el mal uso de esos recursos, y para ello se requería un gobierno central con autoridad (no autoritarismo) capaz de proteger y estimular el trabajo de los colombianos y darles vigor a las regiones. La Paz científica era la proveniente de la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, y de la tranquilidad que la solución de esas necesidades podía darles equitativamente a todos y a cada uno de los habitantes del país.

Los artesanos entendieron a Núñez. Lo llevaron a la presidencia en 1880 y 1884. Lo apoyaron en la guerra civil que declararon los radicales en 1885 “contra el régimen regenerador” al que tildaban de dictatorial, y después de la guerra, ganada por Núñez, respaldaron la reforma constitucional, que entre otros cambios fundamentales extendió el período presidencial a seis años. Por una gran mayoría, Núñez fue elegido para inaugurar el primer período de la Nueva Era (1886-1892).

Paradójicamente, aquel mandatario liberal y escéptico, cuasi ateo, atacado con ferocidad por los librecambistas variopintos, tuvo que aliarse con un segmento del conservatismo y hacerle a la Iglesia concesiones lamentables, pero necesarias para poder gobernar.

La Constitución de 1886 no alcanzó los objetivos anunciados por Núñez de Regeneración administrativa fundamental y Paz científica. Las concesiones a la Iglesia consiguieron que se mantuviera el mismo orden feudal que venía ininterrumpido desde la Colonia. Reformas como el papel moneda de curso forzoso, la prohibición de negociar en moneda extranjera (prohibición de estipular), y amplias medidas de protección a la industria artesanal, dinamizaron la economía, permitieron la creación de empleo, generaron un importante crecimiento industrial, mas no modificaron la propiedad feudal de la tierra, ni lograron crear el estado regional.

Varias décadas después, las reformas de la Revolución en Marcha impulsadas por el primer gobierno de López Pumarejo –en 1936– que pretendía, con la ley de tierras ponerle fin a nuestro feudalismo agrario, tropezaron igual con el poder de los terratenientes, que lejos de disminuir en 116 años de vida republicana se había acentuado y fortalecido.

La Carta de 1886, a la que hoy se cataloga de regresiva y conservadora, fue necesaria en su momento, como lo reconoció López Pumarejo, para implantar la unidad nacional y modernizar el país. Tan es así que se mantuvo vigente por ciento cinco años, hasta que, obedeciendo una ley natural de obsolescencia, fue sustituida por la Carta de 1991, que ha cumplido veintiocho años, y ha sido reformada, alterada en su esencia, incumplida y violada por las autoridades otras tantas veces. La Carta del 91 tiene una contradicción original. Al tiempo que ordena la organización de Colombia como un Estado Social de Derecho, tiene numerosos artículos de carácter neoliberal, que es lo opuesto al Estado Social de Derecho, sobre el que han prevalecido al socaire de sucesivos gobiernos neoliberales.

Aunque la Carta del 91 contiene herramientas jurídicas para organizar un estado regional, o un país de regiones, tampoco ha conseguido ese propósito. Como lo anota Alberto Mendoza Morales en su obra citada: “La riqueza de Colombia está en la heterogeneidad. Un Estado [como el colombiano] de tan fuertes características regionales está llamado a la descentralización, a aceptar y acoger de frente esas diferencias, a integrarlas, a fomentar la población de cada espacio, de modo que se maneje por sí misma, crezca por esfuerzo propio y elabore su propio plan de vida y desarrollo” (pero) “Los constituyentes de 1991 desecharon la definición geográfica de la región natural y adoptaron una definición político administrativa. En efecto, dispusieron: ‘Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación con personería jurídica y patrimonio propio (Art. 306 C. N.). La respectiva Ley Orgánica establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial (Art. 307 C. N.)’”.

Estima Mendoza Morales que “Los constituyentes, con su definición, confundieron regiones, que son entidades geográficas, con asociaciones de departamentos, que son entidades político administrativas”.

En esa confusión, no hubo ignorancia de los legisladores. Fue hecha a propósito para amparar los intereses de los terratenientes y de las asociaciones privadas que tienen negocios en las regiones, a las que de ningún modo conviene que esas regiones puedan tener administraciones soberanas y vida propia. El ordenamiento jurídico está enderezado a proteger el interés privado de unos pocos, bien sea a las buenas, cuando la ley les es propicia, o con la violencia, cuando no encuentran la complicidad de la ley. Así, las consultas populares y los cabildos abiertos, dispuestos por la Constitución como mecanismos democráticos, de hecho han resultado írritos, y los planes de ordenamiento territorial, en los que la participación de la comunidad es cero, sirven para favorecer negocios inmobiliarios o propiciar el despojo de tierras, con disfraz de legalidad. Como en 1811, hoy sigue imperando en Colombia un régimen feudal férreo. El anhelo de un país de regiones, no parece estar todavía a nuestro alcance.

Bolsonaro bebe vino durante la ceremonia religiosa. Imagen: AFP

Hacia un Estado ( "terriblemente" ) confesional. Jair Bolsonaro participó en una ceremonia religiosa celebrada por el Frente Parlamentario Evangélico en la Cámara de Diputados. Ese bloque, conocido popularmente como la Bancada de la Biblia, reúne a congresistas de varios partidos, en general de derecha, y cuenta con un centenar de miembros es decir cerca del 20 por ciento de la Cámara baja.

"Ustedes saben como las familias fueron atacadas por los últimos gobiernos, ustedes fueron decisivos en el rescate de los valores familiares", sentenció Bolsonaro.

"Cuántos intentaron dejarnos de lado diciendo que el Estado es laico, sí el Estado es laico pero nosotros somos cristianos, o plagiando a la querida Damares, somos terriblemente cristianos", dijo citando a la ministra Damares Alves, la pastora a cargo de la cartera de Mujer, Familia y Derechos Humanos.

Durante el culto, en el que también intervino un pastor, los asistentes celebraban las frases más tocantes extendiendo sus manos al cielo.

En Brasil el mandatario tiene la atribución de presentar al Congreso los nombres de candidatos al Supremo Tribunal Federal cada vez que un integrante del mismo se jubila o renuncia.

Hasta el 31 diciembre de 2021, cuando finaliza el actual mandato, se jubilarán dos magistrados de la máxima Corte.

Al referirse a ese tema anticipó que "entre los dos cupos que tendré que indicar para el Supremo Tribunal Federal uno de ellos será para un juez terriblemente evangélico".

La misma promesa había sido formulada el mes pasado cuando criticó a los jueces del Supremo por haber determinado que la homofobia es un delito equivalente al del racismo, condenado con prisión.

A pesar de ser católico el ocupante del Palacio del Planalto no esconde sus diferencias con el papa Francisco --profundizadas debido a las opiniones de Bergoglio en defensa de la Amazonia-- y su simpatía por el poderoso movimiento neopentecostal del cual recibió apoyo en los comicios del año pasado. A través de la prédica de miles de pastores las principales corrientes pentecostales, como la Iglesia Universal del Reino de Dios, orientaron a sus fieles para votar al candidato de ultraderecha contra el "pecaminoso" Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores.

Para agradecer ese voto duro el mes pasado participó en la multitudinaria Marcha por Jesús realizada cada año en San Pablo, siendo el primer presidente que toma parte en esa movilización religiosa.

Contrario al aborto, la "ideología de género" y la criminalización de la homofobia Jair Messias Bolsonaro fue bautizado por un pastor las aguas del rio Jordán, en Israel, en 2016.

Al tomar parte de acto religioso realizado ayer en el Parlamento el capitán retirado dio otro paso de una alianza cuyo correlato internacional ha sido su aproximación al movimiento cristiano-sionista que patrocina tanto a Donald Trump como al premier israelí Benjamin Netanyahu.

El secretario de Estado Mike Pompeo, representante del lobby cristiano-sionista, fue el enviado de Trump a la ceremonia de toma de posesión del mandatario brasileño en enero pasado y uno de los arquitectos de la cumbre Trump-Bolsonaro en la Casa Blanca celebrada en marzo.

Fue durante esa visita a Washington que Bolsonaro se reunió con el pastor-electrónico Pat Robertson, propietario de la cadena Christian´s Broadcast Nework y mundialmente famoso desde su apoyo a la cruzada anticomunista de Ronald Reagan en la década del 80.

Pat Robertson y su hijo Gordon pidieron a Dios que Washington y Brasilia "estén cada vez más próximos" y manifestaron su intención de apoyar a Brasil en su "ayuda humanitaria" destinada a Venezuela.

Bolsonaro, que aspira a tener un imperio mediático que responda orgánicamente a su proyecto reeleccionista en 2021, habló ayer de su deseo de encontrarse en breve con el obispo Edir Macedo dueño del multimedios Record y de visitar el Templo de Salomón, construido en 2014, perteneciente a la Iglesia Universal del Reino de Dios la cual fue homenajeada ayer al cumplir 42 años.

La visita de Bolsonaro al Legislativo dejó dos mensajes:uno hacia la Bancada de la Biblia, sustenada por los dipu-pastores, y otro hacia la Bancada de la Bala, cuyos miembros son en su mayoría policías estaduales y federales, entre quienes hay presuntos simpatizantes de las "milicias" paramilitares.

A estos últimos les prometió un régimen especial, que los pone a salvo de la draconiana reforma previsional que comenzó a ser tratada este miércoles en el Plenario de la Cámara baja.

Se trata de un proyecto redactado por el ministro de Economía Paulo Guedes, inspirado en la reforma previsional del dictador Augusto Pinochet, con cuyo gobierno colaboró a fines de los años 70.

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Manifestantes en Hong Kong toman el Congreso

Tras cerca de tres horas de ocupación, pasada la medianoche local la policía antidisturbios de Hong Kong retomó el control del Parlamento.

 

En una jornada de caos sin precedentes, decenas de miles de manifestantes salieron a la calle ayer y al menos un centenar irrumpió en el Parlamento de Hong Kong, después de derribar la puerta de entrada. La protesta a favor de la democracia y contra el gobierno pro Beijing de Carrie Lam había comenzado temprano a propósito del 22º aniversario del traspaso a China de la soberanía de la antigua colonia británica. Estas nuevas manifestaciones se suman a las que vienen dándose desde principios de junio para reclamar contra el proyecto de ley del gobierno que autorizaría las extradiciones a China continental.

En cada aniversario del traspaso de la soberanía, activistas locales por la democracia organizan enormes manifestaciones para pedir por sus exigencias democráticas, incluyendo la posibilidad de elegir a un nuevo Ejecutivo local por sufragio universal. Este año, unas 550.000 personas se habían volcado a las calles hongkonesas para exigir la renuncia de Lam y el abandono del proyecto de ley de extradición a China. “No a la extradición a China”, “Hong Kong levantate”, se leía en muchos cárteles que portaban los manifestantes, en su gran mayoría jóvenes vestidos de negro, que recorrieron pacíficamente los cerca de tres kilómetros que separan el Parque Victoria de la zona de Admiralty, donde se encuentra el Parlamento y la sede del Gobierno. Sin embargo, poco antes de la tradicional ceremonia de izamiento de las banderas de China y Hong Kong, todo se desbandó. Al llegar a Admiralty varios cientos de manifestantes se dirigieron hacia la sede del Legislativo y allí un grupo de ellos comenzó a tumbar las barreras de acero que protegían la entrada de la institución para después usarlas para derribar las puertas de cristal blindado del Parlamento. 

Tras casi cinco horas de asedio, los manifestantes, protegidos por escudos de fabricación casera, cascos amarillos y paraguas, superaron el blindaje desplegado por la policía, que optó por retirarse, según informó el diario local South China Morning Post en su edición digital. Alrededor de un centenar de personas irrumpieron, entonces, en el edificio abriéndose paso al romper ventanas, mientras cantaban las consignas de la protesta. En las primeras horas de la noche, habían ocupado el principal recinto del Parlamento, pintado gratifis en las paredes y de negro el escudo de la ciudad, y desplegado una bandera de la época colonial británica en el podio. 

Tras cerca de tres horas de ocupación -pasada la medianoche local-, no obstante, la policía antidisturbios de Hong Kong retomó el control del Parlamento. Los manifestantes que habían tomado el edificio huyeron antes de que las autoridades ingresaran y mientras las unidades antimotines lanzaban gases lacrimógenos contra otros grupos que se encontraban en los alrededores. 

A la sede parlamentaria también habían acudido algunos diputados opositores que, aunque mostraron su rechazo a la violencia, destacaron que a los manifestantes se les había agotado la paciencia tras semanas de masivas protestas sin que el Gobierno local atendiese sus demandas. “Estamos en la crisis política más grave desde el traspaso de la soberanía a China, es una situación sin retorno”, dijo el diputado independiente y activista, Eddie Chu, quien, además, expresó su temor a una intervención del Ejército chino en Hong Kong si Lam no es capaz de resolver la crisis políticamente.

Hace semanas, Hong Kong está inmersa en una ola de protestas multitudinarias y violencia política de tono ascendente debido a un intento del gobierno de modificar las leyes de extradición, lo que permitiría que los sospechosos sean enviados a China para ser juzgados. 

La normativa, duramente cuestionada por una mayoría de hongkoneses y cuyo debate fue suspendido indefinidamente, aumentó los temores de que este territorio semi-autónomo devuelto a Beijing por Reino Unido el 1 de julio de 1997, pierda una serie de libertades de las que gozan sus ciudadanos bajo la modalidad “un país, dos sistemas”. Esta modalidad fue requisito para el acuerdo Londres-Beijing previo a la devolución de la isla y deberá aplicarse a la antigua colonia durante 50 años.

Lam, quien recibió severas críticas por tratar de impulsar la legislación, prometió ser más receptiva al sentimiento público, pero no ha respondido directamente a las demandas de los manifestantes. En un discurso tras la ceremonia de izamiento de la bandera que conmemoraba el aniversario de la entrega, Lam dijo que las protestas y las dos marchas que atrajeron a cientos de miles de participantes le enseñaron que necesita escuchar mejor a los jóvenes y las personas en general. “Esto me hizo dar cuenta de que yo debo recordarme todo el tiempo de la necesidad de captar los sentimientos públicos con precisión”, dijo.

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Junqueras, líder del ERC preso por sedición, durante una comparencia en el Congreso español. Imagen: EFE

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU considera contraria a los DD.HH. la prisión preventiva de los dirigentes catalanes.

 

Un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha pedido este miércoles la liberación inmediata de los líderes independentistas catalanes en prisión, en un informe que ha sido cuestionado por el gobierno español. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del organismo internacional considera contraria a los derechos humanos la prisión preventiva dictada contra los dirigentes catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los tres elevaron su situación a principios del año pasado a ese órgano, que en sus conclusiones insta a España a poner en marcha una “investigación exhaustiva e independiente” de las circunstancias en torno a la “privación arbitraria de la libertad” de los imputados.
El abogado británico que representa a los políticos catalanes, Ben Emmerson, afirmó en una rueda de prensa en Londres que el Gobierno español no debe ignorar la comunicación del grupo de trabajo. Si lo hace, “estará cometiendo de manera continuada y flagrante una violación de la ley internacional”, sostuvo el letrado, que ha defendido en otros casos al fundador del portal de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange.


El Ejecutivo español, por su parte, ha trasladado a la ONU su “malestar” por el informe y ha pedido una auditoría sobre el funcionamiento del grupo de trabajo que lo ha publicado, según indicó el embajador de España en la capital británica, Carlos Bastarreche. El diplomático consideró, en un encuentro con medios de diversos países europeos en su residencia en Londres, que la comunicación del grupo de trabajo supone “una clara interferencia” al proceso judicial que se sigue contra los líderes por la organización de un referéndum independentista en 2017 declarado ilegal. Expresó asimismo su “preocupación” por “el uso de un grupo de la ONU” en lo que considera “una campaña de desinformación”.


Fuentes del Ejecutivo español han puesto en duda por su parte la imparcialidad del documento, al considerar que sus redactores no conocen los delitos de los que están acusados los dirigentes independentistas, entre otros los de desobediencia, malversación y rebelión, que les pueden acarrear entre 17 y 25 años de cárcel. Esas fuentes sostienen que el grupo de trabajo cree que en España es legal la convocatoria de un referéndum de independencia y critican que los autores no tienen en cuenta “el principio de separación de poderes ni la independencia judicial”.


El documento divulgado ayer solicita al Gobierno que le proporcione información sobre las medidas de seguimiento que espera que ponga en marcha respecto a las “recomendaciones” que ha formulado. El grupo pide al Ejecutivo que le proporcione esos datos en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de este dictamen, aunque afirma que se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso.
Para Emmerson, el informe es la “última palabra” de un grupo amparado por la autoridad de la ONU a fin de interpretar las obligaciones que marca la legislación internacional. “Si los jueces en Madrid les condenan a penas de cárcel, aunque sean de una semana, España estará en curso hacia una colisión con las Naciones Unidas”, consideró el abogado.
El documento hecho público ayer “está acreditando una vulneración flagrante de derechos de los dirigentes catalanes”, expresó por su parte la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie.


El texto del grupo de trabajo se ha difundido después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara una demanda del ex presidente catalán Puigdemont contra la decisión del Tribunal Constitucional, de anular el pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017, en el que se declararía la independencia de Cataluña.

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En el centro de este mural de Diego Rivera se observa el pago de un impuesto en monedas de plata.  Una reconstrucción aproximada del peso de la fiscalidad en la vida cotidiana de Nueva España. De Wolfgang Sauber - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3965016

Los primeros brotes de inconformidad de los vasallos del Nuevo Reino de Granada, como la rebelión de las Alcabalas en Vélez (1740) y de los Comuneros de Cali (1765), tuvieron un carácter económico limitado a la queja contra el cobro desmedido de impuestos. Reprimidas ambas, y sancionados con prisión sus cabecillas, consiguieron no obstante su objetivo. Por un tiempo se suavizó la política tributaria en las colonias de Indias; pero, a finales de los años setenta, la corrupción de los funcionarios de la corte, y de las mismas colonias, y los gastos que exigía la guerra contra Inglaterra, llevaron a un endurecimiento progresivo tanto en la exacción como en el aumento del valor y la cantidad de los tributos que las colonias deberían pagar a la hacienda española. Para hacer más efectivo el cobro, la corona envió visitadores con la misión de “desocupar el bolsillo de los vasallos” a fin de recoger las cuotas que les correspondieran en los distintos ramos de tributación (alcabalas, estancos, guías y tornaguías, armada de Barlovento, gracioso donativo, etc.).

La tributación exagerada no les hizo gracia a los vasallos de América, indígenas, mestizos, mulatos y criollos (los esclavos de origen africano solo tenían valor como mercancía, y en ese sentido, valían mucho). Estallaron grandes revueltas contra los impuestos en el Alto Perú (Bolivia), Perú y El Nuevo Reino de Granada. Además del motivo económico contra el pago de impuestos, esos levantamientos incluyeron un ingrediente político: la lucha por la independencia. Mientras que en el Perú la revuelta indígena encabezada por Túpac Amaru (José Gabriel Condorcanqui) fue sangrienta y terminó con la derrota de los rebeldes, la de los criollos del Nuevo Reino de Granada , conocida como Rebelión de Los Comuneros, que movilizó a más de veinte mil hombres en la provincia de Tunja (hoy Cundinamarca, Boyacá y Santander), fue neutralizada por la intermediación ladina del arzobispo de Santafé. Al ofrecer unas Capitulaciones que concedían a los rebeldes cuanto pedían, el arzobispo Caballero y Góngora dividió el movimiento comunero. La mayoría de los alzados, satisfechos con las Capitulaciones, guardaron o entregaron las armas precarias que habían puesto a temblar a las autoridades de Santafé, no tanto por las armas (machetes, azadones, palos y unos pocos fusiles y pistolas) como por el volumen asustador de los amotinados.

Los criollos de Santafé, y varios de los del movimiento comunero de la región de Guanentá y de El Socorro, quisieron continuar la rebelión. El charaleño José Antonio Galán, que actuaba en acuerdo con los criollos ilustrados de Santafé, desconoció las Capitulaciones, pregonó la lucha de los oprimidos contra los opresores, y se lanzó a una campaña militar brillante en el alto Magdalena que lo llevó a dominar el territorio ribereño hasta Neiva, pero fue derrotado en el intento de tomar el puerto de Honda, que estaba defendido con artillería.

El fracaso del movimiento comunero de 1781 no marcó el fin, sino el principio de la lucha por la Independencia. En los años siguientes el motivo económico varía esencialmente. Los jóvenes criollos, como Antonio Nariño, Pedro Fermín de Vargas y Francisco Antonio Zea han estudiado las nuevas doctrinas económicas expuestas por el español Bernardo Ward en su Proyecto Económico (Madrid, 1762/1782, tercera impresión) y por el escocés Adam Smith en Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones (Londres, 1776). Esos libros, que sustentan la necesidad de poner fin al colonialismo y de levantar las trabas proteccionistas al comercio, y que le ponen al análisis económico una base científica, influyeron de modo decisivo en el pensamiento y en la orientación económica de la generación granadina educada de la mano y bajo el talento del sabio José Celestino Mutis, así como encontró en la Ilustración y en los enciclopedistas franceses su pensamiento político revolucionario. Antonio Nariño es quizá el primer americano que expone con claridad científica y filosófica las aspiraciones económicas de los criollos, en su artículo Los Frutos del Árbol Noble, que firma como Un Observador Amigo del País, en el Papel Periódico de Santafé (1791) cuya síntesis la encontramos en el párrafo siguiente:

“Nosotros no conocemos lo que en el mundo se llama Comercio activo, el cual consiste en la exportación de nuestros frutos, de las obras de nuestras manos, y de las de nuestras industrias: por consecuencia ignoramos sus utilidades,, sus resortes y sus relaciones: nos contentamos con el bastardo y servil Comercio a quien se da el nombre de pasivo, y que solo estriba en el indolente abandono de sufrir el escarnio y ridiculez de todas las Naciones industriosas, permitiéndoles insensatos que nos estén continuamente extrayendo el escaso jugo de nuestro dinero y dejándonos sin esta miserable sustancia, tanto más apreciable, cuanto nos cuesta más dificultad que a nadie el adquirirla”.

Después del levantamiento de Los Comuneros (1781), y hasta la revolución francesa (1789) la lucha de los criollos se concentra en lograr la libertad de comerciar sus productos sin las restricciones (comercio activo) a que han estado sujetos (comercio pasivo) desde el principio de la Colonia (1538) y que ha generado, como es natural, un constante y cuantioso contrabando hacia el exterior, especialmente en los ramos del tabaco y las harinas. En 1793, Antonio Nariño traduce, publica y divulga clandestinamente, con el apoyo de los masones, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Convención Nacional en París el 4 de agosto de 1889. Ese documento transforma las aspiraciones por una libertad de comercio en el deseo de independencia y libertad total de pensamiento y de expresión, y demás derechos incluidos en la Declaración de 1789.

Más adelante, ya en prisión (1797) Antonio Nariño su clásico y formidable Ensayo sobre un nuevo plan de Administración en el Nuevo Reino de Granada, ampliará las ideas liberales que plantea en Los Frutos del Árbol Noble. (En este Suplemento reproducimos los fragmentos cardinales de dicho Ensayo).


Aunque, en apariencia, la Corte no dio importancia al Ensayo de Nariño, remitido por el Virrey de Santafé en diciembre de 1797, no es coincidencia que, con el nuevo siglo se relajen las medidas restrictivas de todo orden que regían en las colonias, se fomente el comercio activo y se permita la circulación de nuevos periódicos como El Correo Curioso, Erudito y Mercantil de Santafé (1801-1802) o El Redactor Americano (1806-1809) con su Alternativo, en los que, por las ideas que exponen, no parece que el gobierno virreinal haya ejercido sobre ellos mayor censura. Aun así, la idea de la independencia ya está anclada en la conciencia criolla, y en consecuencia sus promotores conspiran, fomentan el desarrollo de las tertulias literarias y económicas, siguen con atención los acontecimientos en la Península, y saben que, tras la derrota de la flota aliada hispano francesa en Trafalgar por los ingleses, el poder de la metrópoli se ha debilitado. La posterior invasión de España por Napoleón, el derrocamiento de de los reyes y la instauración de un monarca francés (José I, hermano de Napoleón), apuntan que ha sonado la hora en el reloj de la Independencia. Antonio Nariño (en libertad condicional desde 1803) prepara con otros criollos, entre ellos el canónigo Andrés Rosillo, el golpe para deponer al Virrey Amar, liquidar la Real Audiencia e instaurar un gobierno criollo soberano; pero los conspiradores son delatados por un espía (1809), Nariño es preso de nuevo, junto con el canónigo Rosillo, y enviado a las mazmorras de Cartagena. Rosillo es desterrado y confinado en El Socorro.

La conspiración no se detiene. Finalmente, el 20 de julio de 1810 los criollos deponen el gobierno colonial y asumen el mando, sin declarar la Independencia, limitándose a suscribir su fidelidad al rey Fernando VII (en el exilio) siempre y cuando el monarca venga a gobernar en Santafé, propuesta que los criollos astutos asimilan a imposible. El hecho de procrastinar la declaración de independencia genera la primera división política entre los criollos. La corriente partidaria de Antonio Nariño, que no está en la élite criolla, sino entre los artesanos y la gente del pueblo, y de la que es líder el “chispero” José María Carbonell, así llamado por ser el que encendió la chispa popular del 20 de julio, se amotina, pide la prisión de los virreyes y la declaración de independencia absoluta. El presidente de la Junta criolla de gobierno, Camilo Torres, responde al clamor popular ordenando la prisión de Carbonell. Ante tamaña arbitrariedad la protesta popular, e incluso de los propios amigos del doctor Torres Tenorio, fue tan grande que lo obligó a poner en libertad al “chispero” Carbonell. La misma presión popular hizo que la Junta de Gobierno, reacia a ello, enviara a Cartagena los fondos necesarios para el viaje de regreso a Santafé de Antonio Nariño, liberado pocos días después del 20 de julio.

La vuelta de Nariño a Santafé acentuó la división política y sacó a flote las diferencias económicas. El grupo de Camilo Torres, compuesto por miembros de la alta clase criolla aristocrática y feudal terrateniente, no estaba interesado en modificar las estructuras económicas coloniales, sino en conservarlas, pero gozando ellos de los privilegios del poder. Nariño proponía en cambio la abolición completa del régimen colonial, la redistribución de la propiedad de la tierra, que debería transferirse a los campesinos que la trabajaban; la aplicación de los Derechos Humanos; y la libertad de comercio para facilitar a los campesinos productores, y a los artesanos industriales, la distribución y venta de sus productos en el interior y en el exterior de la República. Camilo Torres y sus seguidores se opusieron furiosamente a las ideas y al gobierno de Nariño, quien había sido proclamado presidente de Cundinamarca después de una inteligente campaña periodística que dio en tierra con el gobierno de Jorge Tadeo Lozano, ficha de Camilo Torres.

Para enmascarar su verdadero rostro de terratenientes feudales, los torristas proclamaron la Constitución de un gobierno federal, a semejanza de la república modelo del Norte de América, y le pusieron un nombre similar: Provincias Unidas de la Nueva Granada, desconocieron el gobierno de Nariño y trasladaron a Tunja la capital de las Provincias Unidas. Nariño, con argumentos históricos, filosóficos y económicos, sostuvo la inconveniencia, para ese momento, de un gobierno federalista. Dadas las posibilidades nada remotas de un intento de reconquista por parte de la monarquía española, que acababa de ganar la guerra de liberación contra Napoleón y repuesto en el trono a los borbones, en cabeza de Fernando VII, Nariño había previsto que la única forma de enfrentar victoriosamente a España era con un gobierno central fuerte, que aglutinara y organizara las energías de la Nación para la defensa frente a la reconquista inminente. Los federalistas no quisieron escuchar razones y declararon la guerra al gobierno de Cundinamarca, presidido por Nariño. El 9 de enero de 1813 las tropas del Congreso pusieron sitio a Santafé y atacaron la capital con un contingente de cinco mil hombres a los que el gobierno de Tunja había prometido tres días de saqueo. Ese 9 de enero los federalistas fueron derrotados aparatosamente gracias al valor de los habitantes de Santafé y a la habilidad estratégica del presidente Nariño. Tunja tuvo que rendirse y pactar la paz con Cundinamarca. El presidente Nariño aceptó de buena gana firmar la paz sin poner condiciones a los vencidos. Ahora se precisaba la unidad. Se estaba organizado en la península la expedición Pacificadora, y reductos importantes de fuerzas realistas mantenían en su poder a Pasto, Quito, Lima y La Paz, e intentaban sitiar a Caracas, donde el Libertador Simón Bolívar resistía con recursos escasos.

Nariño organizó un ejército de tres mil hombres para marchar al sur, liberar a Pasto y Quito y quitar la presión que los realistas mantenía sobre Caracas. La traición del Congreso de las Provincias Unidas provocó la derrota de Nariño cuando se disponía a tomar a Pasto, y el consiguiente fracaso de la campaña del Sur, así como la caída de Caracas en poder de los hispanos. Simón Bolívar fue acogido por el Congreso de Tunja, que le encomendó la toma de Santafé y lo nombró comandante del ejército destinado a reforzar la defensa de Cartagena, hacia donde se encaminaba la flota pacificadora al mando del generalísimo Pablo Morillo. Bolívar fue rechazado en Cartagena por el comandante de la Plaza, Manuel del castillo y Rada. Castillo le advirtió al Libertador que lo atacaría si intentaba entrar en Cartagena. El Libertador, por evitar una guerra civil, abandonó el mando de su tropa y marchó al exilio en Jamaica, y después en Haití, donde, con ayuda del presidente Petion comenzó a organizar en 1816 el ejército Libertador, que inició el mismo año la guerra de Independencia y la culminó, en su primera etapa, entre derrotas y triunfos, los días 25 de julio, y 4 y 7 de agosto de 1819 en las batallas del Pantano de Vargas, Pienta (Charalá) y Boyacá.

La guerra de Independencia había dejado en suspensos el conflicto civil y económico entre los partidos Federalista y Centralista, iniciado en 1811-1813. Al terminar la Guerra Magna, en lo concerniente a Nueva granada (aún quedaban por liberar Venezuela, Ecuador, Perú y el Alto Perú, que ocuparían la atención del Libertador en los cinco años siguientes), la discordia se reanudó en el mismo Congreso Constituyente de la República de Colombia, realizado en Cúcuta en 1821, instalado por Antonio Nariño, como vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo. En esta ocasión, las posiciones cambiaron paradójicamente. Los antiguos federalistas, seguidores de Camilo Torres (fusilado por Morillo en 1816) tenían por nuevo caudillo al general Francisco de Paula Santander, que respaldó una constitución centralista, más apropiada para sus intereses, entretanto que el antiguo centralista, Antonio Nariño, propuso una constitución de carácter federalista, por estimarla más útil para gobernar una nación del tamaño de la que posiblemente conformarían la Nueva Granada, ya libre, y Venezuela, Ecuador, Perú y el Alto Perú cuando concluyera la campaña del Sur emprendida por el Libertador Simón Bolívar. También los intereses económicos que dieron nacimiento a los partidos federalista y centralista, habían cambiado sus posiciones en 1821. Los artesanos y los campesinos trabajadores que antes necesitaban del libre comercio para negociar con sus productos, se vieron enfrentados a la realidad de la producción creada por la Revolución Industrial de mediados del siglo XVIII. Esa realidad era que no habiéndose incorporado la producción del país, puramente artesanal, a los adelantes fabriles que impuso la Revolución Industrial, el libre comercio se había tornado en un factor que favorecía a las naciones industrialmente desarrolladas y desfavorecía a las que se mantuvieron en la forma artesanal de producción. En otras palabras, los artesanos criollos no estaban en capacidad de competir, ni en cantidad ni en calidad, con los productos de las potencias industriales. Si el gobierno de Colombia no aplicaba una política arancelaria proteccionista, llevaría a la ruina sin remedio del sector artesanal.

Esa dicotomía entre libre comercio y proteccionismo se prolongó a lo largo del siglo XIX, generó los partidos liberal (librecambista) y conservador (librecambista disfrazado de proteccionista) y dio origen a nueve guerras civiles. Los artesanos, que eran la fuerza electoral más poderosa, engañados reiteradamente por gobiernos liberales radicales, como los de López y Obando, o conservadores como el de Ospina Rodríguez, se sintieron interpretados por la exposición económica de Rafael Núñez, con la proyección de un programa proteccionista que no se limitara a los aranceles, sino que diera las facilidades necesarias a los artesanos para comercializar sus productos, y a los campesinos para adquirir la propiedad de la tierra, tal como lo habían propuesto al principio de la revolución, y en los comienzos de la república, los libertadores Simón Bolívar y Antonio Nariño.

Núñez instauró una política proteccionista científicamente estructurada y puesta en práctica, que modernizó al país en su desarrollo industrial, pero fracasó en la parte agraria por la incapacidad de doblegar a los terratenientes. La política proteccionista implantada por Núñez se mantuvo, con las necesarias variantes circunstanciales, hasta la década de los años 70 del siglo XX, cuando se empezaron a introducirse reformas neoliberales que se mantienen hasta hoy y que han conseguido liquidar la producción nacional en aras de una globalización desastrosa.

Periodismo y poder: ¿traición o independencia política?

La detención en Kiev del periodista del portal RIA Novosti Ukraina Kiril Vishinski puede ser una buena oportunidad para reflexionar sobre las relaciones entre periodismo y poder, ya que enseña el abuso de los Estados frente a la labor de información y opinión de los medios.


Sólo en 2017 fueron reportados 85 casos de agresión física en relación a los periodistas en Ucrania. Varios fueron asesinados en 2014 y 2015, a la vez que el país restringió el trabajo de los medios denegando el acceso al país a los reporteros de Rusia. En marzo de 2016 fueron suspendidas las acreditaciones de 115 medios rusos.


Vishinski fue acusado de "alta traición y presunto apoyo a las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk" y se le dictó arresto de 60 días sin fianza. Ese tipo de acusaciones remiten a la Guerra Fría y a situaciones bélicas, que suelen ser las ocasiones en las que el periodismo siente la presión del poder.
Los ataques a la libertad de expresión tienen una larga historia en el mundo. Quizá el caso más célebre fue el del escritor y periodista francés Émile Zola, quien en 1897 se implicó en el célebre 'caso Dreyfus', un militar francés, de origen judío, culpado falsamente por espía. El 13 de enero de 1898 publicó un largo artículo en el diario L'Aurore titulado 'Yo acuso', en el que demostraba las falsedades de los acusadores.


La edición del diario tuvo amplia circulación, con más de 300.000 ejemplares y fue una pieza central en la revisión del proceso. Sin embargo, el Gobierno francés condenó a Zola a un año de cárcel y a una multa de 7.500 francos, lo que lo forzó al exilio en Londres donde vivió de forma secreta para regresar recién cuando se había finalizado el proceso judicial. Vivió penosamente, ya que la justicia le embargó sus bienes y los grandes medios lo acosaron de forma permanente.
Aunque se trata de un caso muy particular por la notable influencia del escritor/periodista, no es el caso más sobresaliente. Las dictaduras en el Cono Sur de Sudamérica persiguieron y asesinaron al periodista argentino Rodolfo Walsh, cerraron el mítico semanario uruguayo Marcha y encarcelaron a su director Carlos Quijano y a colaboradores de la talla de Juan Carlos Onetti, quienes debieron exiliarse al salir de la cárcel.


El periodista estadounidense Gary Webb puso en evidencia las conexiones de la CIA con el mundo de la droga, mostrando cómo los barrios negros fueron inundados de drogas para abastecer de dinero y armas a la CIA. En sus investigaciones denunció también a Luis Posada Carriles y a otros cubano—americanos involucrados en este negocio.


El 10 de diciembre del 2004, Webb fue encontrado muerto en su vivienda con dos disparos de revólver en la cabeza. A pesar de esto, la policía dijo que se trataba de un suicidio. Varias investigaciones han demostrado que en realidad se trató de un asesinato.


En Saigón, actual Ho Chi Minh (Vietnam), hay un museo dedicado a los horrores de la guerra de Vietnam, que cuenta con un exposición titulada 'Réquiem: por los fotógrafos que murieron en Vietnam e Indochina', donde se detalla que durante el conflicto armado murieron 135 reporteros gráficos: 72 periodistas vietnamitas del lado revolucionario, otros 11 del régimen de Saigón, 16 estadounidenses, 12 franceses y 4 japoneses, entre otros.


En las relaciones entre periodismo y poder, observamos un conjunto de violaciones sistemáticas que tienen algunos puntos en común, desde el caso Zolá hasta el de Vishinski.


Recordemos a Julian Assange, cuyas denuncias en Wikileaks provocaron una aguda persecución en su contra que lo llevaron a exiliarse en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace seis años.


La primera es la opacidad y los caprichos del poder. Habitualmente la acusación de 'traición de la patria' tiene escaso o nulo fundamento, además de vulnerar el derecho a la información de los ciudadanos y de forzar a los medios a cerrar filas con los Gobiernos de turno. De hecho, es un tipo de acusación demasiado general que suele encubrir otras intenciones.


La segunda cuestión es preguntarse por qué, en un período en el que no hay guerras mundiales, abundan este tipo de agresiones a periodistas críticos que se dedican a develar los secretos y atrocidades del poder, como es el caso de Assange y algunos otros. Aquí aparecen dos cuestiones.


Una de ellas gira en torno a la transición hegemónica que estamos viviendo, con una seria e inevitable decadencia del poder estadounidense, que provoca una reacción defensiva para alargar su dominación. Un férreo control de los medios, sobre todo en las zonas más calientes del planeta, parece ser un requisito indispensable en este período que tiende al caos. Por lo mismo, el periodismo crítico o no alineado con las grandes agencias mundiales es percibido como una 'amenaza'.


Por otro lado, aunque no existe una guerra mundial, hay numerosos conflictos entre Estados y pueblos que son de hecho verdaderas guerras de alta intensidad. Oriente Medio es el punto más caliente del planeta, fuera de dudas. Pero existen otros como Afganistán, Crimea y Ucrania, la frontera de México con Estados Unidos y el mar del Sur de China, entre los más evidentes, que nos impiden hablar de una situación de normalidad.


En el caso de Vishinski, la actitud antirrusa del régimen de Kiev es la única razón de su encarcelamiento. De ese modo, como en los demás reseñados, la lógica de la guerra es motivo de ataque a los periodistas. En períodos de alta tensión geopolítica la verdad y la calidad de la información son las primeras víctimas, como puede atestiguarlo cualquier lector más o menos imparcial de un medio que supo ser tan prestigioso como The New York Times, reducido según Robert Parry (quien denunció el caso Irán-Contra y ganó el premio Pulitzer) a una simple página de propaganda antirrusa.

03:38 22.05.2018 (actualizada a las 03:39 22.05.2018) URL corto

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Puigdemont, exiliado en Bélgica, será promovido por los independentistas como president.

 

Promoverán la investidura del ex president Puigdemont, exiliado en Bélgica

Las formaciones soberanistas más votadas en los comicios del 21 de diciembre sellaron el acuerdo en la madrugada de ayer en Bruselas. Acordaron dar quórum en la Legislatura para impedir maniobras del gobierno español.

 

Los independentistas catalanes llegaron a un acuerdo para intentar posibilitar la investidura del ex presidente del Parlamento regional, Carles Puigdemont, quien permanece exiliado en Bélgica y si regresara a España sin fueros podría ir a prisión. La Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y Junts per Cataluña (JxCat), las formaciones soberanistas más votadas en los comicios del 21 de diciembre, sellaron el acuerdo en la madrugada de ayer en Bruselas, informó la dirigente de ERC Marta Rovira.

En la reunión, los independentistas se pusieron de acuerdo en dos cuestiones: rechazar de plano la posibilidad de no dar quórum en caso de que el Estado intente impedir una composición que refleje el resultado de las elecciones y buscar la manera de que Puigdemont pueda ser investido.

El destituido jefe de gobierno catalán quiere ser investido por vía “telemática” a través de Skype, algo que el reglamento del Parlamento de la norteña región no prohíbe expresamente, aunque expertos en leyes señalan que el Tribunal Constitucional podría prohibirlo amparándose en el manual de usos y costumbres. La segunda opción es una investidura delegada; es decir, que otro diputado lea su discurso.

En cualquier caso, Puigdemont planea regresar a España –donde lo espera una orden de detención– una vez que haya sido proclamado presidente.

Pero la ERC, cuyo líder, el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, permanece en prisión en Madrid y también obtuvo una banca en las últimas elecciones, advirtió que no quiere tomar una decisión que tal vez no sea viable. “Hay acuerdo”, aseguraron fuentes cercanas al partido en declaraciones el diario catalán La Vanguardia, pero aclararon que no firmaron un cheque en blanco.

Además, la ERC, si bien impulsa la investidura de Puigdemont, se abraza a la esperanza de que sea Junqueras quien lidere el Parlamento, una opción que había quedado relegada a un segundo lugar porque JxCat obtuvo más votos. Por ahora, la única presidencia que ostentaría la ERC, en función del acuerdo de anoche, es la de la Mesa (órgano de dirección) del próximo Parlamento, que se constituirá el 17 de enero próximo. La Mesa está integrada por un presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios. Los soberanistas ocuparían cuatro de esos asientos, con los que controlarían el órgano y podrían dar batalla por la presidencia regional desde adentro. Sin embargo, desde el partido de Puigdemont, el PDeCat, advierten que cerrar las opciones a “Puigdemont o elecciones” no vale la pena, que lo más importante es retener el gobierno, no quien lo lidera.

Por otro lado, el oficialista Partido Popular (PP) del jefe del gobierno español Mariano Rajoy, ya advirtió que está dispuesto a “impedir por todos los medios” una investidura a distancia y asegura tener un acuerdo con sus aliados para impedirlo. Así lo afirmó ayer el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, quien dijo estar a la espera de una decisión de los independentistas para dar una respuesta.

En los comicios del 21 de diciembre pasado, los soberanistas sumaron 70 legisladores, superando por dos la mayoría absoluta de 68. JxCat (PdeCat y Convergencia democrática) obtuvo 34 diputados, entre ellos Puigdemont, y ERC consiguió 32; el otro partido independentista, la CUP (radicales antisistema) logró 4 escaños. Ayer la CUP instó este mediodía a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana a explicar el “contenido material del acuerdo” que alcanzaron en Bruselas. Sin embargo, sus portavoces aclararon que no está en el ánimo del partido apoyar un eventual gobierno de Ciudadanos o un nuevo llamado a elecciones, por lo que dieron a entender que sus diputados apoyarían la formación de un gobierno independentista como el acordado ayer en Bruselas. Mientras tanto, Junqueras, y quien fuera responsable de Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn, también diputados electos, permanecen en prisión preventiva sin fianza en la causa judicial que investiga a todo el anterior gobierno independentista. Puigdemont y Junqueras habían concurrido en coalición en los anteriores comicios catalanes, en septiembre de 2015, y gobernaron juntos hasta ser destituidos por el Ejecutivo español el 27 de octubre pasado. Otros miembros de ese gobierno están en libertad condicional en España o prófugos en Bélgica, y la mayoría de ellos fueron elegidos parlamentarios en diciembre. La Justicia española aún no resolvió si autorizará a los legisladores presos a asistir al Parlamento a votar en la sesión de constitución del 17 y en el debate de investidura que se debe celebrar antes del 31 de enero, pero ya descartó que puedan hacerlo los cinco diputados electos que permanecen en Bruselas.

El Ejecutivo español destituyó a todo el gobierno catalán justo después de que el Parlamento regional aprobase por mayoría una declaración a favor de la secesión unilateral. Entonces, Rajoy, convocó elecciones autonómicas, ganadas en minoría por los liberales de Ciudadanos (36 escaños), contrarios a la independencia. La incógnita es qué pasaría si los independentistas lograran cumplir con sus planes e investir a Puigdemont como presidente del Parlamento: Madrid se encontraría frente al mismo escenario que desencadenó la disolución del gobierno catalán tras la declaración unilateral de independencia.

 

 

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Jueves, 21 Diciembre 2017 06:45

Cataluña elegirá hoy a su nuevo Govern

Cataluña elegirá hoy a su nuevo Govern

La incertidumbre es máxima ante unos comicios obligados por Rajoy y disputados entre dos bloques con ajustada diferencia según las encuestas. Se espera que más de cinco millones de catalanes acudan a las urnas.


Desde Barcelona

Elecciones atípicas en Cataluña hasta por el día en que se celebran, un jueves. Hoy se vota en una de las regiones más ricas del sur de Europa para elegir nuevo parlamento y, sobre todo, para decidir si el proceso de separación de España sigue o no adelante. Se espera que la mayoría de los 5.553.983 catalanes que están citados a las urnas acuda a una jornada electoral que augura participación récord tras tres meses de vértigo, un autogobierno intervenido, políticos y activistas en prisión y el ex president, Carles Puigdemont, huido en Bruselas.

El “procés”- nombre con el que se conoce la hoja de ruta independentista iniciada por Artur Mas en 2012- vivió desde mediados de septiembre un acelere inédito con la convocatoria del referéndum soberanista que movilizó el 1 de octubre a 3 millones de personas pese a la violenta represión de un Ejecutivo central enfurecido. La sociedad catalana tomó las calles durante semanas y la eclosión tanto a favor como en contra de la secesión acabó con declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento catalán y aplicación pocas horas después del tan temido artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de la región. La medida consensuada por Partido Popular (PP), socialistas y Ciudadanos destituyó al entonces gobierno de la Generalitat y convocó a las elecciones anticipadas que hoy hace salir a media Cataluña antes del trabajo para expresar en las urnas cómo quiere continuar la historia.

Pero las opciones no son muchas: bloque constitucionalista o independentista. Y entre uno y otro extremo la coalición del partido de Ada Colau y Podemos, buscando correr el eje de lo nacional a lo social y un referéndum pactado con el gobierno central como alternativa. Las encuestas vaticinan una victoria muy ajustada del bando secesionista, pero el partido que hace solo 10 años entró en escena para pujar por el unionismo, Ciudadanos, parece pisarle los talones; reflejando este posible reparto parejo de escaños las dos mitades en las que, ahora más que nunca, se encuentra dividida la sociedad catalana.

Hasta último minuto de campaña, los cabeza de lista de las siete formaciones que hoy se presentan volcaron todas sus fuerzas en arañar el preciado voto de los indecisos que podría inclinar la balanza hacia un lado u otro. El favorito en los sondeos, Esquerra Republicana, apeló a la excepcionalidad de la situación como golpe de efecto final en un acto este martes frente a la cárcel madrileña de Estremera, donde su líder y ex vicepresidente del gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, lleva 48 días preso. “Estoy en la cárcel porque no me escondo nunca”, dijo el ex vicepresidente el día anterior en una entrevista radiofónica, lanzando un dardo a quien fue su aliado de Gobierno y del proceso independentista, Carles Puigdemont. Las desavenencias entre ambos –que esta vez concurren a las elecciones en listas separadas– se fueron pronunciando durante las dos semanas de campaña hasta posicionarlos frente a frente, en duelo por la futura presidencia catalana.

“Estoy en Bruselas por exactamente lo mismo que Junqueras está en la cárcel, porque no nos escondemos y porque damos la cara”, le contestó Puigdemont también a través de una radio catalana. El ex gobernador, apelando del mismo modo a la excepcionalidad de las circunstancias, convocó a medios catalanes con presencia en Bruselas frente a la casa en la que se alojó el histórico president republicano Francesc Macià durante su exilio europeo para reiterarles que solo él puede garantizar “el retorno del legítimo gobierno de la Generalitat y el fin de la intervención de Mariano Rajoy”, mensaje que fue leitmotiv de su campaña. En su último mítin por internet, Puigdemont reivindicó a su partido –Junts per Catalunya– como “la única” candidatura que defiende “el retorno del president Puigdemont, el vicepresident Junqueras y todos los consellers”, en una apuesta por una lista personalista cuya principal baza es la figura del ex presidente cesado como adalid de la causa independentista.

Hoy se develará si la estrategia llevada a cabo desde Bruselas surtió efecto y Junts per Catalunya se convierten en los más votados para forzar al gobierno de Rajoy a retirarse de Cataluña o, si no consiguen esa mayoría deseada, logran igualmente imponer a Puigdemont como candidato a la investidura por delante de Oriol Junqueras, si el bloque independentista gana la contienda. Ambas cosas se presentan complicadas en unas elecciones que parecen indicar una fragmentación política cada vez mayor y un cierre de pactos, de momento, inviable.

El ascenso de Ciudadanos podría patear el tablero del proceso independentista si su líder, Inés Arrimadas, finalmente hoy le arrebata el primer puesto vaticinado por los sondeos a Esquerra Republicana. De todos modos, el veto cruzado entre partidos dificulta su llegada a la presidencia, ya que tanto los independentistas como los de Catalunya en Comú- Podem anunciaron su rechazo por activa y por pasiva a investir a “la formación naranja”, color que representa al partido neoliberal y unionista.

Los únicos que se consideran capaces de resolver el rompecabezas que probablemente derive de estas urnas son los socialistas catalanes (PSC), abanderados de “la conciliación”. Su cabeza de lista, Miquel Iceta, se presentó durante la campaña como el indicado para articular una mayoría parlamentaria que impida la repetición de elecciones. Su prioridad pasa por impedir que el bloque independentista obtenga esa mayoría y para eso Iceta aseguró que tendería la mano tanto a los “comunes” –el partido de Podemos y Colau– como a Ciudadanos.

Catalunya en Comú, por su parte, espera que “la llave” base de su campaña para desempatar entre los dos bloques sea suya al final de la jornada y que el Govern de izquierdas que su líder, Xavier Domènech, postula con su grupo, los socialistas y Esquerra Republicana no sea tan imposible como hasta hoy demostraron los debates y las encuestas.

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Domingo, 19 Noviembre 2017 07:38

¿Hacia dónde va Kurdistán?

El pueblo kurdo sigue reclamando la libertad del lider del PKK, Abdullah Öcalan / Foto: Afp, Yasin Akgul

 

Tras la guerra en Siria, el giro autoritario en Turquía y el referéndum en Irak.

 

La causa kurda se ha visto atravesada por una serie de acontecimientos en Oriente Medio que han modificado la correlación de fuerzas de este movimiento.


En los últimos años el devenir del pueblo kurdo se conoció de una forma más profunda en las cuatro latitudes del mundo. Negados, reprimidos, asesinados y traicionados, los pobladores de Kurdistán –repartido arbitrariamente entre Irak, Siria, Irán y Turquía en las primeras décadas del siglo pasado– vienen sosteniendo una lucha que, más allá de matices y diferencias internas, tiene entre sus principales objetivos la independencia, la democracia y la liberación.

Una de las principales razones por las que las tierras que puebla la principal minoría étnica de Oriente Medio (unos 40 millones de personas) son reclamadas por estos países es su riqueza natural. Por Kurdistán cruzan los grandes ríos Tigris y Éufrates, sus territorios fértiles son ideales para la agricultura y la ganadería, y en el subsuelo un mar de petróleo es codiciado sobre todo por Estados Unidos, Rusia, China y países de Europa y sus representantes nacionales. Del suelo kurdo se extrae el 75 por ciento del petróleo de Irak, el 50 por ciento del de Irán, y allí se halla casi la totalidad de las reservas de Turquía y Siria.

La causa kurda se ha visto atravesada, en los últimos años, por una serie de acontecimientos en estos países –crisis de diferente índole, conflictos interpuestos y guerras– que han modificado la correlación de fuerzas del movimiento kurdo en la región.

 


EN EL SULTANATO.


En Turquía la política dio un giro drástico a partir del intento de golpe de Estado del 15 y 16 de julio de 2016, algo que tuvo particular impacto en el sureste de Turquía, en la zona kurda de Bakur. Una vez desactivada la intentona, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, puso en marcha una impresionante maquinaria represiva que incluyó purgas en las instituciones públicas e intervenciones de empresas privadas que dejaron a cientos de miles de empleados sin trabajo, la declaración de un estado de emergencia permanente –que le permite al presidente gobernar por decreto–, el recorte radical de las libertades individuales y la censura de la prensa opositora. El golpe le sirvió de excusa a Erdogan para endurecer la persecución y represión de las organizaciones kurdas en Turquía que su gobierno ya había encaminado, en consonancia con la histórica política turca hacia los kurdos. Una política de asimilación, desplazamientos forzados, confiscación de tierras, negación de los derechos de los kurdos y asesinatos masivos.

En 2016 Erdogan tenía problemas en varios frentes. El más molesto en el plano interno era el crecimiento del Movimiento de Liberación de Kurdistán, que canaliza su política institucional a través del Partido Democrático de los Pueblos (Hdp, por sus siglas originales), y del Partido Paz y Democracia (Bdp, por sus siglas originales). En junio de 2015, en las elecciones generales, el Hdp logró que 80 de sus candidatos a diputados ingresaran al parlamento, una victoria inédita. Además, a través del Bdp, el movimiento kurdo gobernaba alrededor de 100 alcaldías del sureste del país. Finalizados los comicios y ante la imposibilidad de formar un gobierno con mayoría de su partido, el Akp, Erdogan convocó a nuevas elecciones para noviembre de ese año, por falta de mayoría absoluta en el parlamento. En el tiempo que transcurrió hasta entonces, las fuerzas de seguridad y el Ejército lanzaron una operación demoledora contra el pueblo kurdo. Además de encarcelar a 2 mil militantes del Hdp, se desarrollaron operaciones militares en varias ciudades y pueblos de Bakur. Los dos ejemplos más aterradores se dieron en el pueblo de Nusaybin (en la frontera con Kurdistán sirio) y en el barrio Sur, de la ciudad de Diyarbakir (capital histórica de Kurdistán en Turquía). En el primer caso la aviación turca y tropas terrestres arrasaron el pueblo, en el cual vivían 80 mil personas. Bombas y una masacre sostenida fue la respuesta de Turquía a las declaraciones de autonomía hechas en varios pueblos kurdos cerca de la frontera con Siria. Nusaybin quedó totalmente destruida. Pero el Ejército turco ingresó al pueblo en ruinas para desplegar una inmensa bandera turca en el único edificio que quedaba en pie, mientras los soldados turcos, formados frente al estandarte, entonaban su himno. En el caso de Sur, barrio declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, la metodología fue la misma: bombardeos y desplazamiento de la población. Además fueron destruidas las construcciones históricas.

Pese a la represión del Estado turco, en los nuevos comicios de noviembre de 2015 el Hdp consiguió 59 diputados en el parlamento nacional. En la actualidad, 11 de esos legisladores se encuentran encarcelados, incluidos los co-presidentes del partido. Mientras el gobierno de Erdogan los acusa de terrorismo, el propio Akp ha militarizado Bakur (Kurdistán turco) y apoyado con total impunidad a grupos terroristas como el Estado Islámico, algo que han denunciado reiteradas veces tanto Rusia como el gobierno sirio, y que ha sido confirmado en varios documentos y filmaciones por diversas organizaciones kurdas.

Desde hace varios años la guerrilla del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (Pkk) sostiene un alto el fuego unilateral en Turquía, y en dos ocasiones intentó impulsar procesos de paz con el Estado turco. En ambas, el gobierno de Erdogan –que llegó al poder hace 13 años con una máscara progresista y modernizadora– hizo estallar esas iniciativas por los aires.

Por estos días el pueblo kurdo en el sureste de Turquía se encuentra movilizado para defender sus derechos básicos y la libertad del líder kurdo, y fundador del Pkk, Abdullah Öcalan, que desde hace casi 19 años se encuentra encarcelado en la isla-prisión de Imrali, lugar en el que tiene prohibida la visita de sus familiares y abogados.


LA FEDERACIÓN.


Cuando en 2011 en Siria estalló una serie de protestas contra el gobierno de partido Baaz, Oriente Medio ya atravesaba un proceso de profundo resquebrajamiento. En Rojava (la parte siria de Kurdistán) las manifestaciones y levantamientos no escasearon. Los kurdos de Rojava también se movilizaban por su libertad. Pero mientras en varios lugares de Siria esas protestas eran reprimidas por el Estado o sofocadas por los incipientes grupos terroristas que aparecían en el territorio, en el norte del país comenzaba un proceso de resistencia y organización que perdura aún.

Al estallar la guerra en Siria, que sucedió a la primavera árabe en ese país, los kurdos de Siria, con fuerte influencia del Pkk y de Öcalan, optaron por una “tercera vía” –como ellos la denominan–: ni sumarse a los grupos armados irregulares, como el Frente Al Nusra o la organización Estado Islámico, ni plegarse a las filas del Ejército Árabe Sirio, de Bashar al Asad. Ese pueblo ya tenía decidido que, costara lo que costara, la respuesta sería una revolución con profundas raíces democráticas que respetara a las diferentes religiones y etnias de la región, y que las mujeres fueran la punta de lanza y la garantía para alcanzar la liberación total (véase entrevista con Sivan Zerdesti).

Hace dos años fue proclamada la Federación Democrática del Norte de Siria, una novedosa forma de autogobierno que reúne a kurdos, árabes, asirios, turcomanos y armenios. Se fundaron cientos de pequeñas cooperativas y se conformaron las Fuerzas Democráticas de Siria (Fds), organización de autodefensa que ya liberó la provincia de Raqqa y ahora se encuentra combatiendo al grupo Estado Islámico en Deir ez-Zor.

Tanto las Fds como las instituciones de autogobierno que administran los cuatro cantones de la federación incluyen a todas las nacionalidades que viven en la región. Al mismo tiempo, las mujeres de la zona tienen sus propias organizaciones autónomas con el mismo poder de decisión e influencia que las entidades mixtas. Además de integrar las Unidades de Protección de las Mujeres (Ypj), las mujeres kurdas y de otras etnias y religiones son consideradas el sujeto revolucionario que permite la liberación del territorio.

El gobierno de Damasco mantiene un discurso prudente pero por momentos ambiguo sobre la lucha encabezada por los kurdos del país. Hasta ahora las fuerzas de autodefensa del norte de Siria no tuvieron enfrentamientos de gran envergadura con las tropas del Ejército de Siria, aunque no se descartan en un futuro no muy lejano. Actualmente, en la provincia de Deir ez-Zor se producen los principales combates contra el EI, tanto por parte de las Fds como del Ejército sirio. Desde la Federación Democrática ya expresaron en varias ocasiones la disposición a dialogar con Damasco para encontrar una salida democrática que incluya a todas las etnias que habitan el territorio y las religiones que se profesan.


EN IRAK.


Tal vez Masud Barzani no imaginaba el final que le esperaba cuando anunció el 25 de setiembre pasado en Bashur (la parte iraquí de Kurdistán) que se iba a realizar un referéndum para que los pobladores kurdos votaran sobre la creación de un Estado kurdo independiente. La consulta popular, de carácter no vinculante, se efectuó y una mayoría aplastante la respaldó, pese al rechazo del gobierno central de Bagdad, Turquía, Irán y Estados Unidos.

Una vez realizado el referéndum, desde Bagdad no dudaron en enviar tropas a Bashur y el Kdp ordenó a su fuerza militar, los peshmergas, que se retiraran de varias zonas. Barzani, líder del Partido Democrático de Kurdistán (Kdp) y hasta hace apenas unas semanas presidente “vitalicio” de Bashur, anunció su renuncia al cargo, y su partido, que administra esa región semiautónoma, convocó a nuevos comicios. Tanto el Pkk como partidos importantes de Bashur habían criticado duramente el referéndum porque, señalaban, su realización no era una solución de fondo para la libertad y la independencia del pueblo kurdo. El referéndum que Barzani presentó al mundo como una lucha independentista terminó por golpear de forma directa a los kurdos. El Ejército iraquí tomó el control de Kirkuk, principal provincia petrolera del país que hasta ese momento era controlada por la administración de Bashur. Al igual que en 2014, cuando Barzani ordenó el retiro de sus tropas de la región de Shengal –habitada por una mayoría yezidí– y dejó que el EI arrasara poblados y aldeas, además de secuestrar a unas 2 mil mujeres, en Kirkuk también el rescate de pobladores y la defensa del territorio la brindó la guerrilla del Pkk, que se trasladó desde las montañas de Qandil para hacer frente a los soldados enviados por Bagdad, aunque luego tuvo que replegarse.

En medio de esta nueva crisis, el Pkk sabe que se abre una posibilidad de llevar adelante su política, basada en el confederalismo democrático, una ideología abrazada a mediados de la década de 1990 que se define como anticapitalista, tiene como principal meta la liberación de las mujeres y aboga por conformar una red comunal que enfrente a los estados-nación. Desde Qandil, territorio que controla desde hace casi 20 años, el Pkk propuso una amplia unidad de las organizaciones kurdas y los pueblos que habitan Bashur para hacer frente a un conflicto que atraviesa la región más rica del territorio iraquí.


Y EN IRÁN.

 

En la actualidad la lucha del pueblo de Rojhilat (Kurdistán iraní) es muy poco difundida. Las últimas noticias se conocieron en setiembre de este año cuando fue convocada una huelga general, luego de que las fuerzas de seguridad iraníes asesinaran a dos kolbers (así se denominan los trabajadores de la frontera). La represión contra los kolbers, que trasladan mercadería desde Bashur a Rojhilat, no es reciente y le ha costado la vida a muchos kurdos que desempeñan esta labor. Durante varios días las protestas se multiplicaron en varias ciudades de la región.

En agosto de este año la Asociación de Derechos Humanos de Kurdistán presentó un extenso informe1 denunciando que el Estado iraní cometió contra el pueblo kurdo “violaciones de los derechos civiles y políticos, violaciones de la libertad de opinión y de expresión, violaciones del derecho a la vida y a la seguridad personal, así como tortura de presos políticos y la conculcación de los derechos fundamentales de los presos”.

A mediados de 2017 el co-presidente del Partido de Kurdistán por una Vida Libre (Pjak) Siyamend Mouni afirmó en una entrevista con la agencia de noticias Anf que la salida para Rojhilat es un “sistema donde todos los pueblos y fuerzas pueden expresarse y reclamar sus derechos”. El Pjak, vinculado con el Pkk, apuesta a “continuar la lucha a través del paradigma de la sociedad democrática contra la dictadura y las invasiones”, destacó el dirigente del partido kurdo en Irán. Mouni no descartó que en Irán se desarrollen “nuevos acontecimientos”, teniendo en cuenta la crisis que vive Oriente Medio. Para el copresidente del Pjak, Irán tiene dos opciones: una política para la transformación democrática en Rojhilat y en todo Irán, o virar hacia un proceso similar al que atraviesan Irak y Siria. Mouni destacó que el Pjak prefiere “la transformación democrática”, pero “si esto no sucede, Kurdistán se defenderá. Tenemos la fuerza y la experiencia para hacer esto. Nadie debe tener ninguna duda de que vamos a defender a nuestro pueblo y nuestro país. Hemos hecho todos los preparativos necesarios”.

 

1. http://kurdistanamericalatina.org/informe-completo-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-el-kurdistan-irani/

 

Publicado enInternacional
Sábado, 18 Noviembre 2017 07:53

Los independentistas, juntos pero no revueltos

Los abogados de Puigdemont hicieron declaraciones a la prensa desde el Palacio de Justicia en Bruselas.

 

Tres formaciones del bloque se presentan por separado, con Puigdemont como candidato desde Bélgica y Junqueras desde la prisión. Podemos se une al partido de Colau. Socialistas, PP y Ciudadanos son las opciones unionistas.

 

Desde Barcelona

El rompecabezas catalán renueva sus piezas para intentar rearmarse, por fin, tras las elecciones impuestas por Mariano Rajoy el 21 de diciembre. Los últimos dos meses frenéticos no solo acabaron con políticos encarcelados, gobernantes exiliados en Bruselas y una Comunidad autónoma intervenida por el Ejecutivo central sino también que trajeron consigo la reconfiguracióñ de los partidos de cara a los próximos comicios regionales.

La primera novedad llega desde el propio independentismo, el cual optó –después de semanas de negociaciones– por romper la coalición que lo llevó al gobierno de Cataluña en 2015 y presentar este viernes listas separadas. Aunque el partido de Carles Puigdemont, PDeCAT, hizo todo lo posible por mantener el bloque unido, ni Esquerra Republicana (ERC) ni la formación anticapitalista CUP quisieron repetir el pacto, por lo que el “tripartito” que gobernó los últimos años bajo el paraguas del secesionismo no podrá reeditarse. No obstante esta disolución, desde las filas independentistas se insiste en que habrá una estrategia en común para “ensanchar muchísimo la base independentista y afrontar con garantías las elecciones del 21 de diciembre” o, al menos, así lo aseguró la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al volver esta semana de un viaje a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. Su objetivo, según declaró la dirigente republicana, es “obtener de nuevo la mayoría en escaños entre las candidaturas secesionistas y superar, de manera conjunta, el 50% en votos”, lo cual, desde su punto de vista, les daría la legitimidad necesaria para seguir adelante con el proyecto de la independencia.

Juntos pero no revueltos, así se presentarán los partidos defensores de la separación de España. El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, volverá a ser cabeza de lista de su formación aunque, para ello, los actos de campaña los tenga que hacer desde Bélgica. Ayer el líder independentista y los consellers cesados por la aplicación del artículo 155 de la Constitución declararon ante los tribunales belgas a la espera de que el juez decidiera si acepta o no la petición de extradición de la Audiencia Nacional española, pero el magistrado no decidió. La resolución se pospuso para el 4 de diciembre con el objetivo de que “las defensas puedan tener más tiempo para hacer sus alegaciones por escrito”, explicó el abogado del expresident. Además, sea cual sea la decisión del juez, tanto la defensa como la fiscalía podrán recurrirla hasta dos veces, por lo que todo el proceso es susceptible de alargarse hasta dos meses.

En cualquier caso, el ex president, será el candidato presentado por su partido para el 21 de diciembre, repitiendo fórmula pero no nombre. Los del PdeCAT en vez de integrar la coalición “Junts pel Sí” que hasta ahora formaba con Esquerra Republicana, serán parte de Junts Per Catalunya (JUNTSxCAT), una confluencia entre su actual partido y el antiguo, Convergència. Esta nueva– vieja– marca pretende diferenciarse de la anterior en que cuenta con una mayor presencia de figuras independentistas que no son necesariamente del mundo de la política. Así, la lista de Puigdemont tendrá como número dos al presidente de la asociación independentista Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, encarcelado desde hace un mes en Madrid; ocupando puestos prominentes a los ex consejeros Clara Ponsatí –huida en Bruselas– y Jordi Turull, Josep Rull y Lluis Puig– los dos primeros en prisión preventiva y el tercero en Bruselas pendiente de extradición a España– y a periodistas, actores, escritores o historiadores fuertemente involucrados en la causa separatista.

Los republicanos, por su parte, también harán campaña desde la prisión. El partido que todas las encuestas dan, de momento, como vencedor en los próximos comicios regionales se presenta bajo la marca ERC-Catalunya Sí (ERC-CatSí) con su líder y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como candidato, aun encontrándose entre rejas por orden de la Audiencia Nacional a raíz de la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre. Los siguientes puestos en la lista también están ocupados por miembros del grupo “castigado” por la Justicia española y el gobierno del Partido Popular: Raül Romeva, Carles Mundó y Toni Comín en los números 3, 5 y 7 por Barcelona; Dolors Bassa como cabeza de lista por Girona, y Meritxell Serret liderando la de Lleida, son los consellers en prisión preventiva o en Bruselas que buscarán recuperar sus antiguas sillas en el Palacio de la Generalitat.

Para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sin embargo no es buena idea que quienes están en la cárcel por su papel en el proceso independentista se presenten a las elecciones sino que “deberían estar inhabilitados”. En una entrevista a la radio española COPE, el jefe del Ejecutivo afirmó que tanto el ex presidente Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras están “inhabilitados políticamente” y que los ciudadanos tomarán nota de sus “mentiras”. “Ahora se le está diciendo a la gente que se les ha engañado. No solo no estaban preparados (para la independencia), sino que era imposible”, expresó Rajoy en referencia a las declaraciones que diversos miembros del bloque secesionista hicieron durante la semana matizando la inminencia de la separación de España. Pero más allá de las opiniones del líder conservador y de las aparentes reculadas de los independentistas, lo cierto es que Junqueras y los siete ex consejeros del gobierno catalán actualmente en prisión están todavía pendientes de juicio y, por tanto, pueden presentarse a las urnas mientras no haya sentencia firme de inhabilitación.

Contra los dos partidos independentistas competirá el que hasta la intervención del Poder central compartía con ellos el gobierno de la Generalitat, la plataforma anticapitalista CUP, quienes tras las cada vez mayores desavenencias con ambos irán a los comicios en solitario. Podemos, por su parte, se une a la formación de Ada Colau –después de que sus bases aprobaran la confluencia en una consulta– para defender en Cataluña la opción soberanista no independentista. Xavier Domènech será el número uno de Catalunya En Comú-Units Podem, una coalición que integran cinco partidos de izquierda favorables al derecho a decidir y a la implementación de políticas sociales como prioridad, por encima de la formación o no de un Estado independiente.

Dentro del bloque unionista estarán quienes apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, es decir, la suspensión del autogobierno catalán para evitar que siguiera adelante el proceso hacia la secesión. Los socialistas, con Miquel Iceta a la cabeza, los populares, con Xavier García Albiol y Ciudadanos, con Inés Arrimadas, coinciden en repetir los candidatos de los comicios del 2015 y en conformar nuevamente la opción en las urnas para aquellos que rechazan el proyecto independentista.

 

 

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