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Rand inició en 2018 su definición solipsista sobre el Declive de la verdad en EU: el papel aminorado de hechos y análisis. Se trata de una imagen local en espejo de la Conferencia de Munich sobre la Posverdad (https://bit.ly/2P76SL9). La "definición" de Rand comporta cuatro tendencias: 1.... Leer Más
China, en estado de urgencia
Trump no solo quiere que China compre más productos americanos. Los halcones que le asesoran pretenden ralentizar el desarrollo tecnológico del gigante asiático Este es el inicio de una rivalidad sistémica que va a durar décadas, y que hace que los mandarines de Pekín no solo estén pensando en si... Leer Más
Quinua de cien colores
Para el poder económico y político, la minería es la única actividad económica viable en las regiones andinas. Así ha sido en Perú desde la conquista. Pese a los inocultables daños que produce, los críticos suelen ser acusados de “enemigos del desarrollo”, y las comunidades que se oponen a la... Leer Más
La batalla por las calles
Cuba y el control de la protesta pública. Luego de que el gobierno decretara la cancelación de las tradicionales “congas” de la diversidad sexual, unas doscientas personas marcharon en La Habana por los derechos de la comunidad Lgtbiq, un acontecimiento que terminó con varios detenidos y... Leer Más
La gentrificación del pago: la extensión de la...
Utilizar —o ser obligado a utilizar— el pago digital supone entrar en la esfera de poder e influencia de las multinacionales.   Hay un fenómeno que se desarrolla lentamente por todo el mundo. Tendrá graves consecuencias, pero muy pocas personas son conscientes de ello, quizá porque supone... Leer Más
EEUU y China desatan la guerra fría del 5G por...
Estados Unidos intenta frenar la expansión mundial de la gigante tecnológica china Huawei como principal arquitecta del 5G, el Internet del futuro Washington ha publicado un decreto que puede suspender la actividad de Huawei, a quien acusa de ser un actor de espionaje para China y teme que se... Leer Más
No extradición de Santrich y renuncia del Fiscal
La Justicia Especial para la Paz —JEP—, como lo esperaba la mayor parte de los colombianos, decidió no conceder la extradición de Jesús Santrich, porque ese tribunal no encontró los elementos jurídico-probatorios suficientes para conceder la petición hecha por una corte de los Estados Unidos. El... Leer Más
China a EEUU: "Vamos a luchar hasta el final"
El mensaje fue lanzado al aire por Televisión Central de China (CCTV) mediante un editorial titulado: "China ha hecho la preparación integral". En él se anuncia la posición de Pekín en la guerra comercial lanzada por EEUU, durante la emisión del programa diario de noticias. El medio... Leer Más
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En el centro de este mural de Diego Rivera se observa el pago de un impuesto en monedas de plata.  Una reconstrucción aproximada del peso de la fiscalidad en la vida cotidiana de Nueva España. De Wolfgang Sauber - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3965016

Los primeros brotes de inconformidad de los vasallos del Nuevo Reino de Granada, como la rebelión de las Alcabalas en Vélez (1740) y de los Comuneros de Cali (1765), tuvieron un carácter económico limitado a la queja contra el cobro desmedido de impuestos. Reprimidas ambas, y sancionados con prisión sus cabecillas, consiguieron no obstante su objetivo. Por un tiempo se suavizó la política tributaria en las colonias de Indias; pero, a finales de los años setenta, la corrupción de los funcionarios de la corte, y de las mismas colonias, y los gastos que exigía la guerra contra Inglaterra, llevaron a un endurecimiento progresivo tanto en la exacción como en el aumento del valor y la cantidad de los tributos que las colonias deberían pagar a la hacienda española. Para hacer más efectivo el cobro, la corona envió visitadores con la misión de “desocupar el bolsillo de los vasallos” a fin de recoger las cuotas que les correspondieran en los distintos ramos de tributación (alcabalas, estancos, guías y tornaguías, armada de Barlovento, gracioso donativo, etc.).

La tributación exagerada no les hizo gracia a los vasallos de América, indígenas, mestizos, mulatos y criollos (los esclavos de origen africano solo tenían valor como mercancía, y en ese sentido, valían mucho). Estallaron grandes revueltas contra los impuestos en el Alto Perú (Bolivia), Perú y El Nuevo Reino de Granada. Además del motivo económico contra el pago de impuestos, esos levantamientos incluyeron un ingrediente político: la lucha por la independencia. Mientras que en el Perú la revuelta indígena encabezada por Túpac Amaru (José Gabriel Condorcanqui) fue sangrienta y terminó con la derrota de los rebeldes, la de los criollos del Nuevo Reino de Granada , conocida como Rebelión de Los Comuneros, que movilizó a más de veinte mil hombres en la provincia de Tunja (hoy Cundinamarca, Boyacá y Santander), fue neutralizada por la intermediación ladina del arzobispo de Santafé. Al ofrecer unas Capitulaciones que concedían a los rebeldes cuanto pedían, el arzobispo Caballero y Góngora dividió el movimiento comunero. La mayoría de los alzados, satisfechos con las Capitulaciones, guardaron o entregaron las armas precarias que habían puesto a temblar a las autoridades de Santafé, no tanto por las armas (machetes, azadones, palos y unos pocos fusiles y pistolas) como por el volumen asustador de los amotinados.

Los criollos de Santafé, y varios de los del movimiento comunero de la región de Guanentá y de El Socorro, quisieron continuar la rebelión. El charaleño José Antonio Galán, que actuaba en acuerdo con los criollos ilustrados de Santafé, desconoció las Capitulaciones, pregonó la lucha de los oprimidos contra los opresores, y se lanzó a una campaña militar brillante en el alto Magdalena que lo llevó a dominar el territorio ribereño hasta Neiva, pero fue derrotado en el intento de tomar el puerto de Honda, que estaba defendido con artillería.

El fracaso del movimiento comunero de 1781 no marcó el fin, sino el principio de la lucha por la Independencia. En los años siguientes el motivo económico varía esencialmente. Los jóvenes criollos, como Antonio Nariño, Pedro Fermín de Vargas y Francisco Antonio Zea han estudiado las nuevas doctrinas económicas expuestas por el español Bernardo Ward en su Proyecto Económico (Madrid, 1762/1782, tercera impresión) y por el escocés Adam Smith en Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones (Londres, 1776). Esos libros, que sustentan la necesidad de poner fin al colonialismo y de levantar las trabas proteccionistas al comercio, y que le ponen al análisis económico una base científica, influyeron de modo decisivo en el pensamiento y en la orientación económica de la generación granadina educada de la mano y bajo el talento del sabio José Celestino Mutis, así como encontró en la Ilustración y en los enciclopedistas franceses su pensamiento político revolucionario. Antonio Nariño es quizá el primer americano que expone con claridad científica y filosófica las aspiraciones económicas de los criollos, en su artículo Los Frutos del Árbol Noble, que firma como Un Observador Amigo del País, en el Papel Periódico de Santafé (1791) cuya síntesis la encontramos en el párrafo siguiente:

“Nosotros no conocemos lo que en el mundo se llama Comercio activo, el cual consiste en la exportación de nuestros frutos, de las obras de nuestras manos, y de las de nuestras industrias: por consecuencia ignoramos sus utilidades,, sus resortes y sus relaciones: nos contentamos con el bastardo y servil Comercio a quien se da el nombre de pasivo, y que solo estriba en el indolente abandono de sufrir el escarnio y ridiculez de todas las Naciones industriosas, permitiéndoles insensatos que nos estén continuamente extrayendo el escaso jugo de nuestro dinero y dejándonos sin esta miserable sustancia, tanto más apreciable, cuanto nos cuesta más dificultad que a nadie el adquirirla”.

Después del levantamiento de Los Comuneros (1781), y hasta la revolución francesa (1789) la lucha de los criollos se concentra en lograr la libertad de comerciar sus productos sin las restricciones (comercio activo) a que han estado sujetos (comercio pasivo) desde el principio de la Colonia (1538) y que ha generado, como es natural, un constante y cuantioso contrabando hacia el exterior, especialmente en los ramos del tabaco y las harinas. En 1793, Antonio Nariño traduce, publica y divulga clandestinamente, con el apoyo de los masones, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Convención Nacional en París el 4 de agosto de 1889. Ese documento transforma las aspiraciones por una libertad de comercio en el deseo de independencia y libertad total de pensamiento y de expresión, y demás derechos incluidos en la Declaración de 1789.

Más adelante, ya en prisión (1797) Antonio Nariño su clásico y formidable Ensayo sobre un nuevo plan de Administración en el Nuevo Reino de Granada, ampliará las ideas liberales que plantea en Los Frutos del Árbol Noble. (En este Suplemento reproducimos los fragmentos cardinales de dicho Ensayo).


Aunque, en apariencia, la Corte no dio importancia al Ensayo de Nariño, remitido por el Virrey de Santafé en diciembre de 1797, no es coincidencia que, con el nuevo siglo se relajen las medidas restrictivas de todo orden que regían en las colonias, se fomente el comercio activo y se permita la circulación de nuevos periódicos como El Correo Curioso, Erudito y Mercantil de Santafé (1801-1802) o El Redactor Americano (1806-1809) con su Alternativo, en los que, por las ideas que exponen, no parece que el gobierno virreinal haya ejercido sobre ellos mayor censura. Aun así, la idea de la independencia ya está anclada en la conciencia criolla, y en consecuencia sus promotores conspiran, fomentan el desarrollo de las tertulias literarias y económicas, siguen con atención los acontecimientos en la Península, y saben que, tras la derrota de la flota aliada hispano francesa en Trafalgar por los ingleses, el poder de la metrópoli se ha debilitado. La posterior invasión de España por Napoleón, el derrocamiento de de los reyes y la instauración de un monarca francés (José I, hermano de Napoleón), apuntan que ha sonado la hora en el reloj de la Independencia. Antonio Nariño (en libertad condicional desde 1803) prepara con otros criollos, entre ellos el canónigo Andrés Rosillo, el golpe para deponer al Virrey Amar, liquidar la Real Audiencia e instaurar un gobierno criollo soberano; pero los conspiradores son delatados por un espía (1809), Nariño es preso de nuevo, junto con el canónigo Rosillo, y enviado a las mazmorras de Cartagena. Rosillo es desterrado y confinado en El Socorro.

La conspiración no se detiene. Finalmente, el 20 de julio de 1810 los criollos deponen el gobierno colonial y asumen el mando, sin declarar la Independencia, limitándose a suscribir su fidelidad al rey Fernando VII (en el exilio) siempre y cuando el monarca venga a gobernar en Santafé, propuesta que los criollos astutos asimilan a imposible. El hecho de procrastinar la declaración de independencia genera la primera división política entre los criollos. La corriente partidaria de Antonio Nariño, que no está en la élite criolla, sino entre los artesanos y la gente del pueblo, y de la que es líder el “chispero” José María Carbonell, así llamado por ser el que encendió la chispa popular del 20 de julio, se amotina, pide la prisión de los virreyes y la declaración de independencia absoluta. El presidente de la Junta criolla de gobierno, Camilo Torres, responde al clamor popular ordenando la prisión de Carbonell. Ante tamaña arbitrariedad la protesta popular, e incluso de los propios amigos del doctor Torres Tenorio, fue tan grande que lo obligó a poner en libertad al “chispero” Carbonell. La misma presión popular hizo que la Junta de Gobierno, reacia a ello, enviara a Cartagena los fondos necesarios para el viaje de regreso a Santafé de Antonio Nariño, liberado pocos días después del 20 de julio.

La vuelta de Nariño a Santafé acentuó la división política y sacó a flote las diferencias económicas. El grupo de Camilo Torres, compuesto por miembros de la alta clase criolla aristocrática y feudal terrateniente, no estaba interesado en modificar las estructuras económicas coloniales, sino en conservarlas, pero gozando ellos de los privilegios del poder. Nariño proponía en cambio la abolición completa del régimen colonial, la redistribución de la propiedad de la tierra, que debería transferirse a los campesinos que la trabajaban; la aplicación de los Derechos Humanos; y la libertad de comercio para facilitar a los campesinos productores, y a los artesanos industriales, la distribución y venta de sus productos en el interior y en el exterior de la República. Camilo Torres y sus seguidores se opusieron furiosamente a las ideas y al gobierno de Nariño, quien había sido proclamado presidente de Cundinamarca después de una inteligente campaña periodística que dio en tierra con el gobierno de Jorge Tadeo Lozano, ficha de Camilo Torres.

Para enmascarar su verdadero rostro de terratenientes feudales, los torristas proclamaron la Constitución de un gobierno federal, a semejanza de la república modelo del Norte de América, y le pusieron un nombre similar: Provincias Unidas de la Nueva Granada, desconocieron el gobierno de Nariño y trasladaron a Tunja la capital de las Provincias Unidas. Nariño, con argumentos históricos, filosóficos y económicos, sostuvo la inconveniencia, para ese momento, de un gobierno federalista. Dadas las posibilidades nada remotas de un intento de reconquista por parte de la monarquía española, que acababa de ganar la guerra de liberación contra Napoleón y repuesto en el trono a los borbones, en cabeza de Fernando VII, Nariño había previsto que la única forma de enfrentar victoriosamente a España era con un gobierno central fuerte, que aglutinara y organizara las energías de la Nación para la defensa frente a la reconquista inminente. Los federalistas no quisieron escuchar razones y declararon la guerra al gobierno de Cundinamarca, presidido por Nariño. El 9 de enero de 1813 las tropas del Congreso pusieron sitio a Santafé y atacaron la capital con un contingente de cinco mil hombres a los que el gobierno de Tunja había prometido tres días de saqueo. Ese 9 de enero los federalistas fueron derrotados aparatosamente gracias al valor de los habitantes de Santafé y a la habilidad estratégica del presidente Nariño. Tunja tuvo que rendirse y pactar la paz con Cundinamarca. El presidente Nariño aceptó de buena gana firmar la paz sin poner condiciones a los vencidos. Ahora se precisaba la unidad. Se estaba organizado en la península la expedición Pacificadora, y reductos importantes de fuerzas realistas mantenían en su poder a Pasto, Quito, Lima y La Paz, e intentaban sitiar a Caracas, donde el Libertador Simón Bolívar resistía con recursos escasos.

Nariño organizó un ejército de tres mil hombres para marchar al sur, liberar a Pasto y Quito y quitar la presión que los realistas mantenía sobre Caracas. La traición del Congreso de las Provincias Unidas provocó la derrota de Nariño cuando se disponía a tomar a Pasto, y el consiguiente fracaso de la campaña del Sur, así como la caída de Caracas en poder de los hispanos. Simón Bolívar fue acogido por el Congreso de Tunja, que le encomendó la toma de Santafé y lo nombró comandante del ejército destinado a reforzar la defensa de Cartagena, hacia donde se encaminaba la flota pacificadora al mando del generalísimo Pablo Morillo. Bolívar fue rechazado en Cartagena por el comandante de la Plaza, Manuel del castillo y Rada. Castillo le advirtió al Libertador que lo atacaría si intentaba entrar en Cartagena. El Libertador, por evitar una guerra civil, abandonó el mando de su tropa y marchó al exilio en Jamaica, y después en Haití, donde, con ayuda del presidente Petion comenzó a organizar en 1816 el ejército Libertador, que inició el mismo año la guerra de Independencia y la culminó, en su primera etapa, entre derrotas y triunfos, los días 25 de julio, y 4 y 7 de agosto de 1819 en las batallas del Pantano de Vargas, Pienta (Charalá) y Boyacá.

La guerra de Independencia había dejado en suspensos el conflicto civil y económico entre los partidos Federalista y Centralista, iniciado en 1811-1813. Al terminar la Guerra Magna, en lo concerniente a Nueva granada (aún quedaban por liberar Venezuela, Ecuador, Perú y el Alto Perú, que ocuparían la atención del Libertador en los cinco años siguientes), la discordia se reanudó en el mismo Congreso Constituyente de la República de Colombia, realizado en Cúcuta en 1821, instalado por Antonio Nariño, como vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo. En esta ocasión, las posiciones cambiaron paradójicamente. Los antiguos federalistas, seguidores de Camilo Torres (fusilado por Morillo en 1816) tenían por nuevo caudillo al general Francisco de Paula Santander, que respaldó una constitución centralista, más apropiada para sus intereses, entretanto que el antiguo centralista, Antonio Nariño, propuso una constitución de carácter federalista, por estimarla más útil para gobernar una nación del tamaño de la que posiblemente conformarían la Nueva Granada, ya libre, y Venezuela, Ecuador, Perú y el Alto Perú cuando concluyera la campaña del Sur emprendida por el Libertador Simón Bolívar. También los intereses económicos que dieron nacimiento a los partidos federalista y centralista, habían cambiado sus posiciones en 1821. Los artesanos y los campesinos trabajadores que antes necesitaban del libre comercio para negociar con sus productos, se vieron enfrentados a la realidad de la producción creada por la Revolución Industrial de mediados del siglo XVIII. Esa realidad era que no habiéndose incorporado la producción del país, puramente artesanal, a los adelantes fabriles que impuso la Revolución Industrial, el libre comercio se había tornado en un factor que favorecía a las naciones industrialmente desarrolladas y desfavorecía a las que se mantuvieron en la forma artesanal de producción. En otras palabras, los artesanos criollos no estaban en capacidad de competir, ni en cantidad ni en calidad, con los productos de las potencias industriales. Si el gobierno de Colombia no aplicaba una política arancelaria proteccionista, llevaría a la ruina sin remedio del sector artesanal.

Esa dicotomía entre libre comercio y proteccionismo se prolongó a lo largo del siglo XIX, generó los partidos liberal (librecambista) y conservador (librecambista disfrazado de proteccionista) y dio origen a nueve guerras civiles. Los artesanos, que eran la fuerza electoral más poderosa, engañados reiteradamente por gobiernos liberales radicales, como los de López y Obando, o conservadores como el de Ospina Rodríguez, se sintieron interpretados por la exposición económica de Rafael Núñez, con la proyección de un programa proteccionista que no se limitara a los aranceles, sino que diera las facilidades necesarias a los artesanos para comercializar sus productos, y a los campesinos para adquirir la propiedad de la tierra, tal como lo habían propuesto al principio de la revolución, y en los comienzos de la república, los libertadores Simón Bolívar y Antonio Nariño.

Núñez instauró una política proteccionista científicamente estructurada y puesta en práctica, que modernizó al país en su desarrollo industrial, pero fracasó en la parte agraria por la incapacidad de doblegar a los terratenientes. La política proteccionista implantada por Núñez se mantuvo, con las necesarias variantes circunstanciales, hasta la década de los años 70 del siglo XX, cuando se empezaron a introducirse reformas neoliberales que se mantienen hasta hoy y que han conseguido liquidar la producción nacional en aras de una globalización desastrosa.

Periodismo y poder: ¿traición o independencia política?

La detención en Kiev del periodista del portal RIA Novosti Ukraina Kiril Vishinski puede ser una buena oportunidad para reflexionar sobre las relaciones entre periodismo y poder, ya que enseña el abuso de los Estados frente a la labor de información y opinión de los medios.


Sólo en 2017 fueron reportados 85 casos de agresión física en relación a los periodistas en Ucrania. Varios fueron asesinados en 2014 y 2015, a la vez que el país restringió el trabajo de los medios denegando el acceso al país a los reporteros de Rusia. En marzo de 2016 fueron suspendidas las acreditaciones de 115 medios rusos.


Vishinski fue acusado de "alta traición y presunto apoyo a las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk" y se le dictó arresto de 60 días sin fianza. Ese tipo de acusaciones remiten a la Guerra Fría y a situaciones bélicas, que suelen ser las ocasiones en las que el periodismo siente la presión del poder.
Los ataques a la libertad de expresión tienen una larga historia en el mundo. Quizá el caso más célebre fue el del escritor y periodista francés Émile Zola, quien en 1897 se implicó en el célebre 'caso Dreyfus', un militar francés, de origen judío, culpado falsamente por espía. El 13 de enero de 1898 publicó un largo artículo en el diario L'Aurore titulado 'Yo acuso', en el que demostraba las falsedades de los acusadores.


La edición del diario tuvo amplia circulación, con más de 300.000 ejemplares y fue una pieza central en la revisión del proceso. Sin embargo, el Gobierno francés condenó a Zola a un año de cárcel y a una multa de 7.500 francos, lo que lo forzó al exilio en Londres donde vivió de forma secreta para regresar recién cuando se había finalizado el proceso judicial. Vivió penosamente, ya que la justicia le embargó sus bienes y los grandes medios lo acosaron de forma permanente.
Aunque se trata de un caso muy particular por la notable influencia del escritor/periodista, no es el caso más sobresaliente. Las dictaduras en el Cono Sur de Sudamérica persiguieron y asesinaron al periodista argentino Rodolfo Walsh, cerraron el mítico semanario uruguayo Marcha y encarcelaron a su director Carlos Quijano y a colaboradores de la talla de Juan Carlos Onetti, quienes debieron exiliarse al salir de la cárcel.


El periodista estadounidense Gary Webb puso en evidencia las conexiones de la CIA con el mundo de la droga, mostrando cómo los barrios negros fueron inundados de drogas para abastecer de dinero y armas a la CIA. En sus investigaciones denunció también a Luis Posada Carriles y a otros cubano—americanos involucrados en este negocio.


El 10 de diciembre del 2004, Webb fue encontrado muerto en su vivienda con dos disparos de revólver en la cabeza. A pesar de esto, la policía dijo que se trataba de un suicidio. Varias investigaciones han demostrado que en realidad se trató de un asesinato.


En Saigón, actual Ho Chi Minh (Vietnam), hay un museo dedicado a los horrores de la guerra de Vietnam, que cuenta con un exposición titulada 'Réquiem: por los fotógrafos que murieron en Vietnam e Indochina', donde se detalla que durante el conflicto armado murieron 135 reporteros gráficos: 72 periodistas vietnamitas del lado revolucionario, otros 11 del régimen de Saigón, 16 estadounidenses, 12 franceses y 4 japoneses, entre otros.


En las relaciones entre periodismo y poder, observamos un conjunto de violaciones sistemáticas que tienen algunos puntos en común, desde el caso Zolá hasta el de Vishinski.


Recordemos a Julian Assange, cuyas denuncias en Wikileaks provocaron una aguda persecución en su contra que lo llevaron a exiliarse en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace seis años.


La primera es la opacidad y los caprichos del poder. Habitualmente la acusación de 'traición de la patria' tiene escaso o nulo fundamento, además de vulnerar el derecho a la información de los ciudadanos y de forzar a los medios a cerrar filas con los Gobiernos de turno. De hecho, es un tipo de acusación demasiado general que suele encubrir otras intenciones.


La segunda cuestión es preguntarse por qué, en un período en el que no hay guerras mundiales, abundan este tipo de agresiones a periodistas críticos que se dedican a develar los secretos y atrocidades del poder, como es el caso de Assange y algunos otros. Aquí aparecen dos cuestiones.


Una de ellas gira en torno a la transición hegemónica que estamos viviendo, con una seria e inevitable decadencia del poder estadounidense, que provoca una reacción defensiva para alargar su dominación. Un férreo control de los medios, sobre todo en las zonas más calientes del planeta, parece ser un requisito indispensable en este período que tiende al caos. Por lo mismo, el periodismo crítico o no alineado con las grandes agencias mundiales es percibido como una 'amenaza'.


Por otro lado, aunque no existe una guerra mundial, hay numerosos conflictos entre Estados y pueblos que son de hecho verdaderas guerras de alta intensidad. Oriente Medio es el punto más caliente del planeta, fuera de dudas. Pero existen otros como Afganistán, Crimea y Ucrania, la frontera de México con Estados Unidos y el mar del Sur de China, entre los más evidentes, que nos impiden hablar de una situación de normalidad.


En el caso de Vishinski, la actitud antirrusa del régimen de Kiev es la única razón de su encarcelamiento. De ese modo, como en los demás reseñados, la lógica de la guerra es motivo de ataque a los periodistas. En períodos de alta tensión geopolítica la verdad y la calidad de la información son las primeras víctimas, como puede atestiguarlo cualquier lector más o menos imparcial de un medio que supo ser tan prestigioso como The New York Times, reducido según Robert Parry (quien denunció el caso Irán-Contra y ganó el premio Pulitzer) a una simple página de propaganda antirrusa.

03:38 22.05.2018 (actualizada a las 03:39 22.05.2018) URL corto

Publicado enSociedad
Puigdemont, exiliado en Bélgica, será promovido por los independentistas como president.

 

Promoverán la investidura del ex president Puigdemont, exiliado en Bélgica

Las formaciones soberanistas más votadas en los comicios del 21 de diciembre sellaron el acuerdo en la madrugada de ayer en Bruselas. Acordaron dar quórum en la Legislatura para impedir maniobras del gobierno español.

 

Los independentistas catalanes llegaron a un acuerdo para intentar posibilitar la investidura del ex presidente del Parlamento regional, Carles Puigdemont, quien permanece exiliado en Bélgica y si regresara a España sin fueros podría ir a prisión. La Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y Junts per Cataluña (JxCat), las formaciones soberanistas más votadas en los comicios del 21 de diciembre, sellaron el acuerdo en la madrugada de ayer en Bruselas, informó la dirigente de ERC Marta Rovira.

En la reunión, los independentistas se pusieron de acuerdo en dos cuestiones: rechazar de plano la posibilidad de no dar quórum en caso de que el Estado intente impedir una composición que refleje el resultado de las elecciones y buscar la manera de que Puigdemont pueda ser investido.

El destituido jefe de gobierno catalán quiere ser investido por vía “telemática” a través de Skype, algo que el reglamento del Parlamento de la norteña región no prohíbe expresamente, aunque expertos en leyes señalan que el Tribunal Constitucional podría prohibirlo amparándose en el manual de usos y costumbres. La segunda opción es una investidura delegada; es decir, que otro diputado lea su discurso.

En cualquier caso, Puigdemont planea regresar a España –donde lo espera una orden de detención– una vez que haya sido proclamado presidente.

Pero la ERC, cuyo líder, el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, permanece en prisión en Madrid y también obtuvo una banca en las últimas elecciones, advirtió que no quiere tomar una decisión que tal vez no sea viable. “Hay acuerdo”, aseguraron fuentes cercanas al partido en declaraciones el diario catalán La Vanguardia, pero aclararon que no firmaron un cheque en blanco.

Además, la ERC, si bien impulsa la investidura de Puigdemont, se abraza a la esperanza de que sea Junqueras quien lidere el Parlamento, una opción que había quedado relegada a un segundo lugar porque JxCat obtuvo más votos. Por ahora, la única presidencia que ostentaría la ERC, en función del acuerdo de anoche, es la de la Mesa (órgano de dirección) del próximo Parlamento, que se constituirá el 17 de enero próximo. La Mesa está integrada por un presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios. Los soberanistas ocuparían cuatro de esos asientos, con los que controlarían el órgano y podrían dar batalla por la presidencia regional desde adentro. Sin embargo, desde el partido de Puigdemont, el PDeCat, advierten que cerrar las opciones a “Puigdemont o elecciones” no vale la pena, que lo más importante es retener el gobierno, no quien lo lidera.

Por otro lado, el oficialista Partido Popular (PP) del jefe del gobierno español Mariano Rajoy, ya advirtió que está dispuesto a “impedir por todos los medios” una investidura a distancia y asegura tener un acuerdo con sus aliados para impedirlo. Así lo afirmó ayer el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, quien dijo estar a la espera de una decisión de los independentistas para dar una respuesta.

En los comicios del 21 de diciembre pasado, los soberanistas sumaron 70 legisladores, superando por dos la mayoría absoluta de 68. JxCat (PdeCat y Convergencia democrática) obtuvo 34 diputados, entre ellos Puigdemont, y ERC consiguió 32; el otro partido independentista, la CUP (radicales antisistema) logró 4 escaños. Ayer la CUP instó este mediodía a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana a explicar el “contenido material del acuerdo” que alcanzaron en Bruselas. Sin embargo, sus portavoces aclararon que no está en el ánimo del partido apoyar un eventual gobierno de Ciudadanos o un nuevo llamado a elecciones, por lo que dieron a entender que sus diputados apoyarían la formación de un gobierno independentista como el acordado ayer en Bruselas. Mientras tanto, Junqueras, y quien fuera responsable de Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn, también diputados electos, permanecen en prisión preventiva sin fianza en la causa judicial que investiga a todo el anterior gobierno independentista. Puigdemont y Junqueras habían concurrido en coalición en los anteriores comicios catalanes, en septiembre de 2015, y gobernaron juntos hasta ser destituidos por el Ejecutivo español el 27 de octubre pasado. Otros miembros de ese gobierno están en libertad condicional en España o prófugos en Bélgica, y la mayoría de ellos fueron elegidos parlamentarios en diciembre. La Justicia española aún no resolvió si autorizará a los legisladores presos a asistir al Parlamento a votar en la sesión de constitución del 17 y en el debate de investidura que se debe celebrar antes del 31 de enero, pero ya descartó que puedan hacerlo los cinco diputados electos que permanecen en Bruselas.

El Ejecutivo español destituyó a todo el gobierno catalán justo después de que el Parlamento regional aprobase por mayoría una declaración a favor de la secesión unilateral. Entonces, Rajoy, convocó elecciones autonómicas, ganadas en minoría por los liberales de Ciudadanos (36 escaños), contrarios a la independencia. La incógnita es qué pasaría si los independentistas lograran cumplir con sus planes e investir a Puigdemont como presidente del Parlamento: Madrid se encontraría frente al mismo escenario que desencadenó la disolución del gobierno catalán tras la declaración unilateral de independencia.

 

 

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Jueves, 21 Diciembre 2017 06:45

Cataluña elegirá hoy a su nuevo Govern

Cataluña elegirá hoy a su nuevo Govern

La incertidumbre es máxima ante unos comicios obligados por Rajoy y disputados entre dos bloques con ajustada diferencia según las encuestas. Se espera que más de cinco millones de catalanes acudan a las urnas.


Desde Barcelona

Elecciones atípicas en Cataluña hasta por el día en que se celebran, un jueves. Hoy se vota en una de las regiones más ricas del sur de Europa para elegir nuevo parlamento y, sobre todo, para decidir si el proceso de separación de España sigue o no adelante. Se espera que la mayoría de los 5.553.983 catalanes que están citados a las urnas acuda a una jornada electoral que augura participación récord tras tres meses de vértigo, un autogobierno intervenido, políticos y activistas en prisión y el ex president, Carles Puigdemont, huido en Bruselas.

El “procés”- nombre con el que se conoce la hoja de ruta independentista iniciada por Artur Mas en 2012- vivió desde mediados de septiembre un acelere inédito con la convocatoria del referéndum soberanista que movilizó el 1 de octubre a 3 millones de personas pese a la violenta represión de un Ejecutivo central enfurecido. La sociedad catalana tomó las calles durante semanas y la eclosión tanto a favor como en contra de la secesión acabó con declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento catalán y aplicación pocas horas después del tan temido artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de la región. La medida consensuada por Partido Popular (PP), socialistas y Ciudadanos destituyó al entonces gobierno de la Generalitat y convocó a las elecciones anticipadas que hoy hace salir a media Cataluña antes del trabajo para expresar en las urnas cómo quiere continuar la historia.

Pero las opciones no son muchas: bloque constitucionalista o independentista. Y entre uno y otro extremo la coalición del partido de Ada Colau y Podemos, buscando correr el eje de lo nacional a lo social y un referéndum pactado con el gobierno central como alternativa. Las encuestas vaticinan una victoria muy ajustada del bando secesionista, pero el partido que hace solo 10 años entró en escena para pujar por el unionismo, Ciudadanos, parece pisarle los talones; reflejando este posible reparto parejo de escaños las dos mitades en las que, ahora más que nunca, se encuentra dividida la sociedad catalana.

Hasta último minuto de campaña, los cabeza de lista de las siete formaciones que hoy se presentan volcaron todas sus fuerzas en arañar el preciado voto de los indecisos que podría inclinar la balanza hacia un lado u otro. El favorito en los sondeos, Esquerra Republicana, apeló a la excepcionalidad de la situación como golpe de efecto final en un acto este martes frente a la cárcel madrileña de Estremera, donde su líder y ex vicepresidente del gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, lleva 48 días preso. “Estoy en la cárcel porque no me escondo nunca”, dijo el ex vicepresidente el día anterior en una entrevista radiofónica, lanzando un dardo a quien fue su aliado de Gobierno y del proceso independentista, Carles Puigdemont. Las desavenencias entre ambos –que esta vez concurren a las elecciones en listas separadas– se fueron pronunciando durante las dos semanas de campaña hasta posicionarlos frente a frente, en duelo por la futura presidencia catalana.

“Estoy en Bruselas por exactamente lo mismo que Junqueras está en la cárcel, porque no nos escondemos y porque damos la cara”, le contestó Puigdemont también a través de una radio catalana. El ex gobernador, apelando del mismo modo a la excepcionalidad de las circunstancias, convocó a medios catalanes con presencia en Bruselas frente a la casa en la que se alojó el histórico president republicano Francesc Macià durante su exilio europeo para reiterarles que solo él puede garantizar “el retorno del legítimo gobierno de la Generalitat y el fin de la intervención de Mariano Rajoy”, mensaje que fue leitmotiv de su campaña. En su último mítin por internet, Puigdemont reivindicó a su partido –Junts per Catalunya– como “la única” candidatura que defiende “el retorno del president Puigdemont, el vicepresident Junqueras y todos los consellers”, en una apuesta por una lista personalista cuya principal baza es la figura del ex presidente cesado como adalid de la causa independentista.

Hoy se develará si la estrategia llevada a cabo desde Bruselas surtió efecto y Junts per Catalunya se convierten en los más votados para forzar al gobierno de Rajoy a retirarse de Cataluña o, si no consiguen esa mayoría deseada, logran igualmente imponer a Puigdemont como candidato a la investidura por delante de Oriol Junqueras, si el bloque independentista gana la contienda. Ambas cosas se presentan complicadas en unas elecciones que parecen indicar una fragmentación política cada vez mayor y un cierre de pactos, de momento, inviable.

El ascenso de Ciudadanos podría patear el tablero del proceso independentista si su líder, Inés Arrimadas, finalmente hoy le arrebata el primer puesto vaticinado por los sondeos a Esquerra Republicana. De todos modos, el veto cruzado entre partidos dificulta su llegada a la presidencia, ya que tanto los independentistas como los de Catalunya en Comú- Podem anunciaron su rechazo por activa y por pasiva a investir a “la formación naranja”, color que representa al partido neoliberal y unionista.

Los únicos que se consideran capaces de resolver el rompecabezas que probablemente derive de estas urnas son los socialistas catalanes (PSC), abanderados de “la conciliación”. Su cabeza de lista, Miquel Iceta, se presentó durante la campaña como el indicado para articular una mayoría parlamentaria que impida la repetición de elecciones. Su prioridad pasa por impedir que el bloque independentista obtenga esa mayoría y para eso Iceta aseguró que tendería la mano tanto a los “comunes” –el partido de Podemos y Colau– como a Ciudadanos.

Catalunya en Comú, por su parte, espera que “la llave” base de su campaña para desempatar entre los dos bloques sea suya al final de la jornada y que el Govern de izquierdas que su líder, Xavier Domènech, postula con su grupo, los socialistas y Esquerra Republicana no sea tan imposible como hasta hoy demostraron los debates y las encuestas.

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Domingo, 19 Noviembre 2017 07:38

¿Hacia dónde va Kurdistán?

El pueblo kurdo sigue reclamando la libertad del lider del PKK, Abdullah Öcalan / Foto: Afp, Yasin Akgul

 

Tras la guerra en Siria, el giro autoritario en Turquía y el referéndum en Irak.

 

La causa kurda se ha visto atravesada por una serie de acontecimientos en Oriente Medio que han modificado la correlación de fuerzas de este movimiento.


En los últimos años el devenir del pueblo kurdo se conoció de una forma más profunda en las cuatro latitudes del mundo. Negados, reprimidos, asesinados y traicionados, los pobladores de Kurdistán –repartido arbitrariamente entre Irak, Siria, Irán y Turquía en las primeras décadas del siglo pasado– vienen sosteniendo una lucha que, más allá de matices y diferencias internas, tiene entre sus principales objetivos la independencia, la democracia y la liberación.

Una de las principales razones por las que las tierras que puebla la principal minoría étnica de Oriente Medio (unos 40 millones de personas) son reclamadas por estos países es su riqueza natural. Por Kurdistán cruzan los grandes ríos Tigris y Éufrates, sus territorios fértiles son ideales para la agricultura y la ganadería, y en el subsuelo un mar de petróleo es codiciado sobre todo por Estados Unidos, Rusia, China y países de Europa y sus representantes nacionales. Del suelo kurdo se extrae el 75 por ciento del petróleo de Irak, el 50 por ciento del de Irán, y allí se halla casi la totalidad de las reservas de Turquía y Siria.

La causa kurda se ha visto atravesada, en los últimos años, por una serie de acontecimientos en estos países –crisis de diferente índole, conflictos interpuestos y guerras– que han modificado la correlación de fuerzas del movimiento kurdo en la región.

 


EN EL SULTANATO.


En Turquía la política dio un giro drástico a partir del intento de golpe de Estado del 15 y 16 de julio de 2016, algo que tuvo particular impacto en el sureste de Turquía, en la zona kurda de Bakur. Una vez desactivada la intentona, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, puso en marcha una impresionante maquinaria represiva que incluyó purgas en las instituciones públicas e intervenciones de empresas privadas que dejaron a cientos de miles de empleados sin trabajo, la declaración de un estado de emergencia permanente –que le permite al presidente gobernar por decreto–, el recorte radical de las libertades individuales y la censura de la prensa opositora. El golpe le sirvió de excusa a Erdogan para endurecer la persecución y represión de las organizaciones kurdas en Turquía que su gobierno ya había encaminado, en consonancia con la histórica política turca hacia los kurdos. Una política de asimilación, desplazamientos forzados, confiscación de tierras, negación de los derechos de los kurdos y asesinatos masivos.

En 2016 Erdogan tenía problemas en varios frentes. El más molesto en el plano interno era el crecimiento del Movimiento de Liberación de Kurdistán, que canaliza su política institucional a través del Partido Democrático de los Pueblos (Hdp, por sus siglas originales), y del Partido Paz y Democracia (Bdp, por sus siglas originales). En junio de 2015, en las elecciones generales, el Hdp logró que 80 de sus candidatos a diputados ingresaran al parlamento, una victoria inédita. Además, a través del Bdp, el movimiento kurdo gobernaba alrededor de 100 alcaldías del sureste del país. Finalizados los comicios y ante la imposibilidad de formar un gobierno con mayoría de su partido, el Akp, Erdogan convocó a nuevas elecciones para noviembre de ese año, por falta de mayoría absoluta en el parlamento. En el tiempo que transcurrió hasta entonces, las fuerzas de seguridad y el Ejército lanzaron una operación demoledora contra el pueblo kurdo. Además de encarcelar a 2 mil militantes del Hdp, se desarrollaron operaciones militares en varias ciudades y pueblos de Bakur. Los dos ejemplos más aterradores se dieron en el pueblo de Nusaybin (en la frontera con Kurdistán sirio) y en el barrio Sur, de la ciudad de Diyarbakir (capital histórica de Kurdistán en Turquía). En el primer caso la aviación turca y tropas terrestres arrasaron el pueblo, en el cual vivían 80 mil personas. Bombas y una masacre sostenida fue la respuesta de Turquía a las declaraciones de autonomía hechas en varios pueblos kurdos cerca de la frontera con Siria. Nusaybin quedó totalmente destruida. Pero el Ejército turco ingresó al pueblo en ruinas para desplegar una inmensa bandera turca en el único edificio que quedaba en pie, mientras los soldados turcos, formados frente al estandarte, entonaban su himno. En el caso de Sur, barrio declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, la metodología fue la misma: bombardeos y desplazamiento de la población. Además fueron destruidas las construcciones históricas.

Pese a la represión del Estado turco, en los nuevos comicios de noviembre de 2015 el Hdp consiguió 59 diputados en el parlamento nacional. En la actualidad, 11 de esos legisladores se encuentran encarcelados, incluidos los co-presidentes del partido. Mientras el gobierno de Erdogan los acusa de terrorismo, el propio Akp ha militarizado Bakur (Kurdistán turco) y apoyado con total impunidad a grupos terroristas como el Estado Islámico, algo que han denunciado reiteradas veces tanto Rusia como el gobierno sirio, y que ha sido confirmado en varios documentos y filmaciones por diversas organizaciones kurdas.

Desde hace varios años la guerrilla del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (Pkk) sostiene un alto el fuego unilateral en Turquía, y en dos ocasiones intentó impulsar procesos de paz con el Estado turco. En ambas, el gobierno de Erdogan –que llegó al poder hace 13 años con una máscara progresista y modernizadora– hizo estallar esas iniciativas por los aires.

Por estos días el pueblo kurdo en el sureste de Turquía se encuentra movilizado para defender sus derechos básicos y la libertad del líder kurdo, y fundador del Pkk, Abdullah Öcalan, que desde hace casi 19 años se encuentra encarcelado en la isla-prisión de Imrali, lugar en el que tiene prohibida la visita de sus familiares y abogados.


LA FEDERACIÓN.


Cuando en 2011 en Siria estalló una serie de protestas contra el gobierno de partido Baaz, Oriente Medio ya atravesaba un proceso de profundo resquebrajamiento. En Rojava (la parte siria de Kurdistán) las manifestaciones y levantamientos no escasearon. Los kurdos de Rojava también se movilizaban por su libertad. Pero mientras en varios lugares de Siria esas protestas eran reprimidas por el Estado o sofocadas por los incipientes grupos terroristas que aparecían en el territorio, en el norte del país comenzaba un proceso de resistencia y organización que perdura aún.

Al estallar la guerra en Siria, que sucedió a la primavera árabe en ese país, los kurdos de Siria, con fuerte influencia del Pkk y de Öcalan, optaron por una “tercera vía” –como ellos la denominan–: ni sumarse a los grupos armados irregulares, como el Frente Al Nusra o la organización Estado Islámico, ni plegarse a las filas del Ejército Árabe Sirio, de Bashar al Asad. Ese pueblo ya tenía decidido que, costara lo que costara, la respuesta sería una revolución con profundas raíces democráticas que respetara a las diferentes religiones y etnias de la región, y que las mujeres fueran la punta de lanza y la garantía para alcanzar la liberación total (véase entrevista con Sivan Zerdesti).

Hace dos años fue proclamada la Federación Democrática del Norte de Siria, una novedosa forma de autogobierno que reúne a kurdos, árabes, asirios, turcomanos y armenios. Se fundaron cientos de pequeñas cooperativas y se conformaron las Fuerzas Democráticas de Siria (Fds), organización de autodefensa que ya liberó la provincia de Raqqa y ahora se encuentra combatiendo al grupo Estado Islámico en Deir ez-Zor.

Tanto las Fds como las instituciones de autogobierno que administran los cuatro cantones de la federación incluyen a todas las nacionalidades que viven en la región. Al mismo tiempo, las mujeres de la zona tienen sus propias organizaciones autónomas con el mismo poder de decisión e influencia que las entidades mixtas. Además de integrar las Unidades de Protección de las Mujeres (Ypj), las mujeres kurdas y de otras etnias y religiones son consideradas el sujeto revolucionario que permite la liberación del territorio.

El gobierno de Damasco mantiene un discurso prudente pero por momentos ambiguo sobre la lucha encabezada por los kurdos del país. Hasta ahora las fuerzas de autodefensa del norte de Siria no tuvieron enfrentamientos de gran envergadura con las tropas del Ejército de Siria, aunque no se descartan en un futuro no muy lejano. Actualmente, en la provincia de Deir ez-Zor se producen los principales combates contra el EI, tanto por parte de las Fds como del Ejército sirio. Desde la Federación Democrática ya expresaron en varias ocasiones la disposición a dialogar con Damasco para encontrar una salida democrática que incluya a todas las etnias que habitan el territorio y las religiones que se profesan.


EN IRAK.


Tal vez Masud Barzani no imaginaba el final que le esperaba cuando anunció el 25 de setiembre pasado en Bashur (la parte iraquí de Kurdistán) que se iba a realizar un referéndum para que los pobladores kurdos votaran sobre la creación de un Estado kurdo independiente. La consulta popular, de carácter no vinculante, se efectuó y una mayoría aplastante la respaldó, pese al rechazo del gobierno central de Bagdad, Turquía, Irán y Estados Unidos.

Una vez realizado el referéndum, desde Bagdad no dudaron en enviar tropas a Bashur y el Kdp ordenó a su fuerza militar, los peshmergas, que se retiraran de varias zonas. Barzani, líder del Partido Democrático de Kurdistán (Kdp) y hasta hace apenas unas semanas presidente “vitalicio” de Bashur, anunció su renuncia al cargo, y su partido, que administra esa región semiautónoma, convocó a nuevos comicios. Tanto el Pkk como partidos importantes de Bashur habían criticado duramente el referéndum porque, señalaban, su realización no era una solución de fondo para la libertad y la independencia del pueblo kurdo. El referéndum que Barzani presentó al mundo como una lucha independentista terminó por golpear de forma directa a los kurdos. El Ejército iraquí tomó el control de Kirkuk, principal provincia petrolera del país que hasta ese momento era controlada por la administración de Bashur. Al igual que en 2014, cuando Barzani ordenó el retiro de sus tropas de la región de Shengal –habitada por una mayoría yezidí– y dejó que el EI arrasara poblados y aldeas, además de secuestrar a unas 2 mil mujeres, en Kirkuk también el rescate de pobladores y la defensa del territorio la brindó la guerrilla del Pkk, que se trasladó desde las montañas de Qandil para hacer frente a los soldados enviados por Bagdad, aunque luego tuvo que replegarse.

En medio de esta nueva crisis, el Pkk sabe que se abre una posibilidad de llevar adelante su política, basada en el confederalismo democrático, una ideología abrazada a mediados de la década de 1990 que se define como anticapitalista, tiene como principal meta la liberación de las mujeres y aboga por conformar una red comunal que enfrente a los estados-nación. Desde Qandil, territorio que controla desde hace casi 20 años, el Pkk propuso una amplia unidad de las organizaciones kurdas y los pueblos que habitan Bashur para hacer frente a un conflicto que atraviesa la región más rica del territorio iraquí.


Y EN IRÁN.

 

En la actualidad la lucha del pueblo de Rojhilat (Kurdistán iraní) es muy poco difundida. Las últimas noticias se conocieron en setiembre de este año cuando fue convocada una huelga general, luego de que las fuerzas de seguridad iraníes asesinaran a dos kolbers (así se denominan los trabajadores de la frontera). La represión contra los kolbers, que trasladan mercadería desde Bashur a Rojhilat, no es reciente y le ha costado la vida a muchos kurdos que desempeñan esta labor. Durante varios días las protestas se multiplicaron en varias ciudades de la región.

En agosto de este año la Asociación de Derechos Humanos de Kurdistán presentó un extenso informe1 denunciando que el Estado iraní cometió contra el pueblo kurdo “violaciones de los derechos civiles y políticos, violaciones de la libertad de opinión y de expresión, violaciones del derecho a la vida y a la seguridad personal, así como tortura de presos políticos y la conculcación de los derechos fundamentales de los presos”.

A mediados de 2017 el co-presidente del Partido de Kurdistán por una Vida Libre (Pjak) Siyamend Mouni afirmó en una entrevista con la agencia de noticias Anf que la salida para Rojhilat es un “sistema donde todos los pueblos y fuerzas pueden expresarse y reclamar sus derechos”. El Pjak, vinculado con el Pkk, apuesta a “continuar la lucha a través del paradigma de la sociedad democrática contra la dictadura y las invasiones”, destacó el dirigente del partido kurdo en Irán. Mouni no descartó que en Irán se desarrollen “nuevos acontecimientos”, teniendo en cuenta la crisis que vive Oriente Medio. Para el copresidente del Pjak, Irán tiene dos opciones: una política para la transformación democrática en Rojhilat y en todo Irán, o virar hacia un proceso similar al que atraviesan Irak y Siria. Mouni destacó que el Pjak prefiere “la transformación democrática”, pero “si esto no sucede, Kurdistán se defenderá. Tenemos la fuerza y la experiencia para hacer esto. Nadie debe tener ninguna duda de que vamos a defender a nuestro pueblo y nuestro país. Hemos hecho todos los preparativos necesarios”.

 

1. http://kurdistanamericalatina.org/informe-completo-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-el-kurdistan-irani/

 

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Sábado, 18 Noviembre 2017 07:53

Los independentistas, juntos pero no revueltos

Los abogados de Puigdemont hicieron declaraciones a la prensa desde el Palacio de Justicia en Bruselas.

 

Tres formaciones del bloque se presentan por separado, con Puigdemont como candidato desde Bélgica y Junqueras desde la prisión. Podemos se une al partido de Colau. Socialistas, PP y Ciudadanos son las opciones unionistas.

 

Desde Barcelona

El rompecabezas catalán renueva sus piezas para intentar rearmarse, por fin, tras las elecciones impuestas por Mariano Rajoy el 21 de diciembre. Los últimos dos meses frenéticos no solo acabaron con políticos encarcelados, gobernantes exiliados en Bruselas y una Comunidad autónoma intervenida por el Ejecutivo central sino también que trajeron consigo la reconfiguracióñ de los partidos de cara a los próximos comicios regionales.

La primera novedad llega desde el propio independentismo, el cual optó –después de semanas de negociaciones– por romper la coalición que lo llevó al gobierno de Cataluña en 2015 y presentar este viernes listas separadas. Aunque el partido de Carles Puigdemont, PDeCAT, hizo todo lo posible por mantener el bloque unido, ni Esquerra Republicana (ERC) ni la formación anticapitalista CUP quisieron repetir el pacto, por lo que el “tripartito” que gobernó los últimos años bajo el paraguas del secesionismo no podrá reeditarse. No obstante esta disolución, desde las filas independentistas se insiste en que habrá una estrategia en común para “ensanchar muchísimo la base independentista y afrontar con garantías las elecciones del 21 de diciembre” o, al menos, así lo aseguró la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al volver esta semana de un viaje a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. Su objetivo, según declaró la dirigente republicana, es “obtener de nuevo la mayoría en escaños entre las candidaturas secesionistas y superar, de manera conjunta, el 50% en votos”, lo cual, desde su punto de vista, les daría la legitimidad necesaria para seguir adelante con el proyecto de la independencia.

Juntos pero no revueltos, así se presentarán los partidos defensores de la separación de España. El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, volverá a ser cabeza de lista de su formación aunque, para ello, los actos de campaña los tenga que hacer desde Bélgica. Ayer el líder independentista y los consellers cesados por la aplicación del artículo 155 de la Constitución declararon ante los tribunales belgas a la espera de que el juez decidiera si acepta o no la petición de extradición de la Audiencia Nacional española, pero el magistrado no decidió. La resolución se pospuso para el 4 de diciembre con el objetivo de que “las defensas puedan tener más tiempo para hacer sus alegaciones por escrito”, explicó el abogado del expresident. Además, sea cual sea la decisión del juez, tanto la defensa como la fiscalía podrán recurrirla hasta dos veces, por lo que todo el proceso es susceptible de alargarse hasta dos meses.

En cualquier caso, el ex president, será el candidato presentado por su partido para el 21 de diciembre, repitiendo fórmula pero no nombre. Los del PdeCAT en vez de integrar la coalición “Junts pel Sí” que hasta ahora formaba con Esquerra Republicana, serán parte de Junts Per Catalunya (JUNTSxCAT), una confluencia entre su actual partido y el antiguo, Convergència. Esta nueva– vieja– marca pretende diferenciarse de la anterior en que cuenta con una mayor presencia de figuras independentistas que no son necesariamente del mundo de la política. Así, la lista de Puigdemont tendrá como número dos al presidente de la asociación independentista Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, encarcelado desde hace un mes en Madrid; ocupando puestos prominentes a los ex consejeros Clara Ponsatí –huida en Bruselas– y Jordi Turull, Josep Rull y Lluis Puig– los dos primeros en prisión preventiva y el tercero en Bruselas pendiente de extradición a España– y a periodistas, actores, escritores o historiadores fuertemente involucrados en la causa separatista.

Los republicanos, por su parte, también harán campaña desde la prisión. El partido que todas las encuestas dan, de momento, como vencedor en los próximos comicios regionales se presenta bajo la marca ERC-Catalunya Sí (ERC-CatSí) con su líder y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como candidato, aun encontrándose entre rejas por orden de la Audiencia Nacional a raíz de la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre. Los siguientes puestos en la lista también están ocupados por miembros del grupo “castigado” por la Justicia española y el gobierno del Partido Popular: Raül Romeva, Carles Mundó y Toni Comín en los números 3, 5 y 7 por Barcelona; Dolors Bassa como cabeza de lista por Girona, y Meritxell Serret liderando la de Lleida, son los consellers en prisión preventiva o en Bruselas que buscarán recuperar sus antiguas sillas en el Palacio de la Generalitat.

Para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sin embargo no es buena idea que quienes están en la cárcel por su papel en el proceso independentista se presenten a las elecciones sino que “deberían estar inhabilitados”. En una entrevista a la radio española COPE, el jefe del Ejecutivo afirmó que tanto el ex presidente Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras están “inhabilitados políticamente” y que los ciudadanos tomarán nota de sus “mentiras”. “Ahora se le está diciendo a la gente que se les ha engañado. No solo no estaban preparados (para la independencia), sino que era imposible”, expresó Rajoy en referencia a las declaraciones que diversos miembros del bloque secesionista hicieron durante la semana matizando la inminencia de la separación de España. Pero más allá de las opiniones del líder conservador y de las aparentes reculadas de los independentistas, lo cierto es que Junqueras y los siete ex consejeros del gobierno catalán actualmente en prisión están todavía pendientes de juicio y, por tanto, pueden presentarse a las urnas mientras no haya sentencia firme de inhabilitación.

Contra los dos partidos independentistas competirá el que hasta la intervención del Poder central compartía con ellos el gobierno de la Generalitat, la plataforma anticapitalista CUP, quienes tras las cada vez mayores desavenencias con ambos irán a los comicios en solitario. Podemos, por su parte, se une a la formación de Ada Colau –después de que sus bases aprobaran la confluencia en una consulta– para defender en Cataluña la opción soberanista no independentista. Xavier Domènech será el número uno de Catalunya En Comú-Units Podem, una coalición que integran cinco partidos de izquierda favorables al derecho a decidir y a la implementación de políticas sociales como prioridad, por encima de la formación o no de un Estado independiente.

Dentro del bloque unionista estarán quienes apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, es decir, la suspensión del autogobierno catalán para evitar que siguiera adelante el proceso hacia la secesión. Los socialistas, con Miquel Iceta a la cabeza, los populares, con Xavier García Albiol y Ciudadanos, con Inés Arrimadas, coinciden en repetir los candidatos de los comicios del 2015 y en conformar nuevamente la opción en las urnas para aquellos que rechazan el proyecto independentista.

 

 

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Flamencos en una manifestación por su independencia.

 

En un país de apenas 10 millones de habitantes, con ocho cámaras de representantes y apenas competencias para el gobierno central, la principal fuerza política es un partido independentista

 

Diciembre de 2006: la televisión pública belga francófona (RTBF) corta por sorpresa su programación habitual. En una emisión especial, François de Brigode, presentador del principal informativo de la cadena, se excusa por la interrupción con los espectadores: “Flandes proclamará unilateralmente su independencia”, anuncia. “Bélgica como tal no existirá más”, sentencia. Comienzan entonces las conexiones en directo frente al Palacio Real, el Parlamento de Flandes o el de Valonia; también la emisión de imágenes de celebraciones en Amberes, el transporte bloqueado por el cierre de la frontera y los comentarios de los políticos belgas. Si se preguntan cómo es que Bélgica sigue siendo hoy un país unificado, no piensen que los representantes encontraron una solución política a la crisis, ni que los responsables de la declaración unilateral de independencia fueron llevados ante la Justicia. Es que esto sencillamente nunca ocurrió.

El informativo emulaba el famoso programa de Orson Welles, La guerra de los mundos, y los belgas sólo supieron que se trataba de una ficción pasada la media hora de programa, cuando medio país reaccionaba estupefacto a la noticia. El experimento no gustó ni al entonces primer ministro y ahora eurodiputado, Guy Verhofstadt, ni al que sería más tarde jefe del Ejecutivo, Elio Di Rupo. Los nacionalistas flamencos, por su parte, utilizaron la emisión para abrir el debate sobre sus aspiraciones independentistas.

Lo que en 2006 fue una broma pesada para miles de belgas pegados a la pantalla se hizo realidad en Catalunya la pasada semana. Bélgica, donde se refugia Carles Puigdemont con cuatro de sus exconsellers desde el pasado lunes, mira con recelo la crisis catalana. Pocos países en el mundo están tan profundamente divididos en lo político y lo social como este y el gobierno belga podría ser la primera víctima política del proceso.

 

Ocho Parlamentos, tres idiomas oficiales


Bélgica, con una extensión de poco más de 30.000 kilómetros cuadrados y apenas 10 millones de habitantes, cuenta con siete parlamentos, ocho si sumamos el Senado. Su Constitución define Bélgica como un “Estado federal que se compone de comunidades y regiones”, y, como España, es una monarquía parlamentaria.

Este pequeño país del norte de Europa cuenta, por un lado, con un gobierno y un parlamento federales. Estos ejercen su poder en todo el territorio pero sus competencias son extremadamente limitadas: Exteriores, Defensa, Justicia, Hacienda, Seguridad Social y parte de Sanidad e Interior. El Parlamento federal se compone de dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado. Actualmente cuatro fuerzas forman la conocida como coalición sueca (por los colores de los partidos que la componen) del gobierno federal belga: los democristianos (CD&V), liberales (Open VLD), los nacionalistas flamencos (N-VA) y los liberales francófonos del MR.

Bélgica cuenta también con tres comunidades. Las comunidades son entidades políticas ligadas a las tres lenguas oficiales del país -francés, neerlandés y alemán-, y cuyas competencias están vinculadas a la lengua, la cultura, la educación o la producción audiovisual. Cada comunidad tiene gobierno y parlamento propios.

El país está dividido además en tres regiones, que constituyen entidades territoriales con una enorme autonomía: la Región de Bruselas Capital, la Región de Valonia y la Región de Flandes. Flandes, la de mayor extensión y también la más poblada, cubre la zona neerlandófona; Valonia, el área francófona y germanófona, y la Región de Bruselas Capital es bilingüe. La mayor parte de las competencias políticas y sociales en Bélgica recaen en los gobiernos regionales que se encargan de Economía, Empleo, Transporte, Energía, Medioambiente y Planificación Territorial, entre otras. Las regiones son competentes además para las relaciones exteriores en todos los ámbitos de su gobierno.

Bélgica es, en definitiva, compleja, caótica, y, en muchos sentidos, un desastre derivado de la gestión de un país profundamente dividido a todos los niveles.

 

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Independentistas catalanes en Bruselas este viernes. REUTERS/Eric Vidal

 

 

Un país fragmentado por la lengua


Aunque sobre el mapa Bélgica es un país único, en la práctica lo forman al menos dos. En Bélgica, la cuestión fundamental no es tanto la relevancia del nacionalismo flamenco como el hecho de que no existe unidad nacional a casi ningún nivel. No hay periódicos, ni canales de televisión, ni referentes culturales, ni partidos políticos nacionales. Lo único nacional, a parte del chocolate, las patatas fritas y la cerveza, es la selección de fútbol (los Diablos Rojos) y hasta los cánticos son bilingües.

En Bélgica no hay política nacional, sólo una suma de intereses, un precario equilibrio que se rompe a menudo, en un país acostumbrado a ver caer a sus gobiernos cada pocos meses, a largas negociaciones para formar gabinete –tienen el récord del mundo de un país sin gobierno-, a evitar dimisiones para no dar al traste con la precaria configuración de un ejecutivo que, por ley, debe estar formado a partes iguales por francófonos y neerlandófonos.

La Región de Bruselas es una pequeña isla entre Valonia y Flandes, el lugar donde el conflicto confluye, donde las comunidades francófona y neerlandófona tienen su capital, donde se alzan y caen los gobiernos federales, las señales y las calles son bilingües, las paradas de autobús y metro se cantan alternativamente en francés y neerlandés, el ruido del tráfico aéreo se reparte entre ambas regiones y los cines, en versión original, dedican media pantalla a subtítulos.

Bruselas, una región en medio de Flandes con mayoría francófona, es un reflejo de un país dividido y al mismo tiempo una particularidad entre dos mundos que se oponen. Con una población extranjera que asciende al 42% de sus habitantes, Bruselas es una de las ciudades más cosmopolitas de Europa y es, además, sede de organizaciones internacionales, como la OTAN, y corazón de la Unión Europea. Que Bruselas sea territorio compartido es una de las claves de la endeble unidad nacional belga.

 

Las diferencias entre Flandes y Valonia


La obligatoriedad de la enseñanza de las tres lenguas oficiales varía en cada región. La enseñanza del neerlandés es obligatoria como segunda lengua en la Región de Bruselas Capital, mientras que en las Comunas valonas de la frontera con Flandes es opcional. Lo mismo sucede con el alemán y el inglés en el resto de Comunas que no están en la frontera. En Flandes, el francés es opcional como segunda lengua. En la práctica, el idioma mayoritario es el neerlandés, pero son más los neerlandófonos capaces de hablar francés que al contrario. En Bélgica, el idioma es un muro social, pero no es la única diferencia.

La Región de Flandes es la más extensa y también la más poblada. Flandes es el pulmón de la economía belga (casi el 60% del PIB), la que más crece, la más rica. Amberes, una de sus principales ciudades, es el tercer puerto más importante de Europa; tienen las mejores universidades (Lovaina o Gante, por ejemplo), más inversión extranjera y es el principal exportador del país (más del 70%).

Mientras, Valonia, que fue en el siglo XIX una de las regiones de referencia en Europa, sufrió el hundimiento que siguió al cierre de la industria pesada, particularmente en sus ciudades más industrializadas. La inversión pública, a través del Plan Marshall 4.0, trata de impulsar la economía valona y fomentar la creación de empresas en la región y las inversiones extranjeras. El sector servicios, la construcción y, en menor medida, la industria, son los principales sectores de la economía del sur de Bélgica.

En el ámbito político, Valonia, con una tradición sindical importante y un fuerte movimiento obrero, tiende a votar a la izquierda. En Flandes, la derecha ha hecho su fuerte y el principal partido de extrema derecha belga, el Vlaams Belang, es, de hecho, nacionalista flamenco.

 

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Bart de Wever, durante un mitin. REUTERS

 

 

Las raíces del nacionalismo flamenco


La historia del nacionalismo flamenco se remonta a la fundación de Bélgica, que logró su independencia de los Países Bajos en 1830. Entonces, el francés, respecto al neerlandés, era la lengua mayoritaria entre las élites del país, mientras que los campesinos hablaban dialectos que en todo caso se asemejaban a las lenguas ahora oficiales. La presencia de una comunidad germanófona, sin embargo, se remonta a la Primera Guerra Mundial.

Aunque las reivindicaciones por el reconocimiento del bilingüismo del país llegaron de ambos grupos, el conflicto en Bélgica tiene un origen lingüístico y la composición del país en torno al idioma hizo progresivamente que se convirtiera en una cuestión territorial. La politización del conflicto derivó en la división entre el norte, católico y campesino, y el sur, industrializado y obrero, que también votan de manera diferente.

La gran ruptura entre las comunidades tiene lugar tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Flandes se convierte en el principal pulmón económico de Bélgica. Se producen entonces las primeras demandas que dieron lugar al Estado Federal belga. Lo curioso, explica a Público Pascal Delwit, politólogo de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), es que estas peticiones venían de sectores tanto de Flandes como de Valonia.

Bélgica lleva treinta años discutiendo su configuración, treinta años viviendo entre tensiones y rencillas políticas, en la absoluta falta de comunicación entre las dos partes de un país que, literalmente, no hablan el mismo idioma.

Desde 1970, Bélgica ha llevado a cabo nada menos que seis reformas de su Constitución y desde 1993, es un Estado federal. La última reforma, entre 2012 y 2014, convirtió el Senado en una cámara de representación de las entidades federales (regiones y comunidades) y supuso una amplia transferencia de competencias del gobierno federal a las tres regiones en que se divide el país. También estableció la celebración de elecciones cada cinco años, coincidiendo con las europeas. Las siguientes tendrán lugar en 2019 y los nacionalistas flamencos quieren una nueva reforma del Estado federal para entonces.

 

Un partido nacionalista flamenco, primera fuerza


El independentismo flamenco en los últimos años, explica Pascal Delwit, es resultado precisamente de la federalización del Estado, que hace que progresivamente “la vida política, la vida económica, la vida cultural y la vida mediática giren más en torno a las regiones y menos en torno a lo federal”. Delwit apunta además a un segundo fenómeno que, entiende, no es exclusivo de Bélgica, sino que se reproduce en otros lugares: “Las regiones más ricas quieren separarse de las regiones más pobres”. En Bélgica, la región más rica es Flandes, “que estima que hay demasiadas transferencias hacia Bruselas y Valonia. Y hay el mismo problema de Italia del norte a Italia del sur o de Catalunya a Madrid”, asegura.

Para Delwit, los movimientos nacionalistas en Escocia o Catalunya son de centroizquierda, mientras que en Bélgica son de derechas, igual que en Italia. Hasta hace apenas unos años, el único partido independentista flamenco era el ilegalizado Vlaams Blok, origen del actual Vlaams Belang, un partido de extrema derecha, xenófobo y racista, conocido por su propaganda antiinmigración y sus soflamas islamófobas. Pero en 2002 nació la N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie), algo así como Alianza Neoflamenca. La N-VA es un partido nacionalista de derechas, con posturas particularmente duras en lo relativo a los asuntos socioeconómicos y la migración, que también defiende la independencia de Flandes.

“Este movimiento se ha acelerado en los últimos años, tanto que hemos llegado a la paradoja de que en 2014 la N-VA, un partido que proclama la independencia de Flandes, se convirtió en el primer partido del país”, relata el politógolo de la ULB.

El polémico alcalde de Amberes y líder de la N-VA, Bart de Wever, ha empezado a hacer campaña por la independencia de Flandes de cara las elecciones comunales de 2018 y para las regionales y federales de 2019. De Wever llamó a filas a todos los que “desean un Flandes próspero y solidario”, a quienes quieren “abrazar la identidad flamenca" y “un Flandes independiente”. Pero Delwit es mucho más cauto: “El líder del partido a veces defiende la independencia de Flandes y a veces la reforma del Estado para reducir lo federal a casi nada”.

De hecho, Geert Bourgeois, ministro presidente de Flandes y miembro de la N-VA, reconoce que a día de hoy no existe una mayoría en Flandes que apoye la independencia. Y las posibilidades de una coalición con el Vlaams Belang, asegura Delwit, son escasas, pues el partido sigue teniendo una representación limitada y la N-VA necesita de otros socios para gobernar. Aliarse con la extrema derecha, insiste el politólogo, lo haría imposible.

 

Bruselas, un obstáculo para la independencia de Flandes


Bélgica no hace referencia en su Constitución al derecho de autodeterminación, no incluye la posibilidad de un referéndum sobre la independencia de ninguna de sus regiones ni ningún otro mecanismo político para negociarla. Es decir, Flandes tiene las mismas herramientas que Catalunya para declarar su independencia, pero un contexto muy distinto.

La primera opción sería la vía por la que optaron Carles Puigdemont y su gobierno. “El Parlamento Flamenco podría hacer una declaración de independencia de Flandes” de manera unilateral, “fuera del orden constitucional”, explica Pascal Delwit. La otra posibilidad, de la misma manera que en España, es una solución negociada.

Para Delwit, hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Por un lado, “como vemos en el caso catalán, en un contexto de secesión”, queda en cuestión la pertenencia a la Unión Europea e incluso el uso del euro. “Si sales de un Estado miembro de la UE, formalmente ya no formas parte de la Unión Europea, debes pedir la adhesión y debe ser aceptada por el Estado del que acabas de separarte”, recuerda el politólogo.

El segundo punto es que cuando hablamos de otras zonas como Italia, Escocia o España, “la separación no sería fácil, pero vemos que el territorio puede liberarse”. En el caso de Bélgica, no es tan sencillo. “Bruselas es la capital al mismo tiempo de la Comunidad Francófona y la Comunidad Flamenca y, por supuesto, es la capital de Bélgica. Es la capital informal de la Unión Europea, es una capital internacional que acoge la OTAN, que acoge una gran comunidad internacional -el 42% de los habitantes de Bruselas tienen una nacionalidad diferente de la belga- y entre los belgas, la mayoría son francófonos”, explica Pascal Delwit. Por lo tanto, entiende el politólogo, “es tan inimaginable la independencia de Flandes con Bruselas como sin Bruselas”.

Un problema que forma parte del debate interno de los nacionalistas flamencos, divididos respecto a esta cuestión. En la hipótesis de una negociación, “más fácil en España” según Delwit, el punto principal sería Bruselas. Primero, porque la Región de Bruselas es también autónoma y, por lo tanto, supondría una adhesión, y segundo, porque esa adhesión sería difícilmente aceptable por una mayoría francófona en la capital.

Aunque en la práctica la autonomía de Flandes es mucho mayor que la de Catalunya y las diferencias sociales, políticas y culturales bastante más amplias respecto al resto del territorio, la región belga se enfrentaría a dificultades mayores para conseguir la independencia.

 

El conflicto catalán y las rencillas belgas


Probablemente, la mayor víctima colateral del procés sea el primer ministro de Bélgica, Charles Michel. Michel, francófono, es jefe de un Ejecutivo mayoritariamente neerlandófono. Fue el primer líder europeo en condenar la violencia en Catalunya durante la celebración del referéndum del 1 de octubre; ha llamado al diálogo y a buscar soluciones políticas durante meses y, aunque llamó a respetar la legalidad nacional e internacional, no rechazó ni reconoció en ningún momento la República de Catalunya. Varios miembros del Gobierno belga han apoyado abiertamente la causa catalana, e incluso algunos diputados de la N-VA estuvieron en la celebración de la consulta.

Y, mientras Michel hacía equilibrios para no herir sensibilidades entre los miembros de su Gobierno ni crear conflictos diplomáticos con España, su secretario de Estado para el Asilo y la Migración dijo en una entrevista que estaría dispuesto a procesar una posible demanda de asilo de Carles Puigdemont. Lo que parecía un simple comentario de apoyo político al expresident, una crítica al Gobierno español y un capote a la causa catalana, se ha convertido en, tal y como titula el diario Le Soir, una pesadilla para el Gobierno belga, tras la visita sorpresa de Puigdemont.

Carles Puigdemont ha insistido en varias ocasiones en que no viene a meterse en la política belga y desmintió en una entrevista en RTBF que haya tenido reunión alguna con grupos políticos en el país. Charles Michel quiso dejar claro que el Gobierno no tenía nada que ver con la visita del expresident y la N-VA, a través de su portavoz, hizo lo propio. Hasta el ministro de Justicia, Koen Geens, ha querido aclarar que el Ejecutivo no tiene papel alguno en la gestión de la euroorden de arresto que pesa sobre Puigdemont y los exconsellers.

En este contexto, el primer ministro Charles Michel no puede dar marcha atrás, ya que podría enfadar a los suyos, pero tiene que controlar sus palabras, o podría desencadenar una crisis diplomática con España. Michel es esclavo de su Gobierno, de la N-VA y también de sus palabras el 1 de octubre. “A día de hoy, la tensión es totalmente evidente en el Gobierno belga en relación a la cuestión catalana”, sentencia Delwit. Sin quererlo, el autodenominado "Govern en el exilio", podría desencadenar una crisis que dé al traste con el frágil equilibrio belga.

 

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Lunes, 06 Noviembre 2017 08:03

Un juez belga deja en libertad a Puigdemont

Carles Puigdemont declaró durante cinco horas ante un magistrado de Bruselas.

 

El destituido presidente catalán y cuatro ex consejeros se entregaron ayer a la policía de Bruselas: quedaron en libertad con cargos y medidas cautelares. Los partidos catalanes preparan las elecciones anticipadas.

 

Ahora es la justicia belga la que decidió cómo sigue el curso de los acontecimientos en el proceso independentista de Cataluña. El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y los cuatro ex consellers de su gobierno destituido por el Ejecutivo español recibieron la noticia de su libertad provisional tras cinco horas de declaración ante un magistrado en Bruselas que debía decidir si rechazaba o no la euroorden de búsqueda y captura dictada por la Audiencia Nacional de España.

El ex presidente catalán y sus ex consejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, declararon ayer después de haberse presentado voluntariamente ante la policía belga y, finalmente, quedaron en libertad con cargos y medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comunicar al magistrado dónde de alojan durante su estancia en Bélgica.

La Fiscalía de Bruselas había ordenado la detención del ex Ejecutivo catalán exiliado allí desde el lunes pasado, como paso previo a designar un juez de instrucción que les tome declaraciones pero, con su entrega voluntaria, Carles Puigdemont se adelantó y evitó la imagen del arresto, la cual solo vendría a empeorar su ya de por sí extremadamente delicada situación. El jueves pasado, ninguno de los cinco ex miembros del gobierno catalán acudió a la citación de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, para declarar como investigados por rebelión, sedición y malversación. Al igual que al ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, y a los siete ex consellers- encarcelados ese jueves, inmediatamente después de su comparecencia en el tribunal de Madrid- la magistrada acusa a los exiliados en Bruselas de alentar un movimiento de “insurrección activa” en Cataluña, a través de concentraciones “tumultuarias”, convocatorias masivas “para impedir a la policía cumplir con sus funciones” y escraches a la Guardia Civil, en paralelo con la promoción de la idea del derecho de autodeterminación de la región.

Si la vía judicial no se detiene y en cuestión de días resolvió lo que para otras causas- la gran trama Gürtel de corrupción del Partido Popular, por ejemplo- se toma años o, incluso, décadas; la vía política tampoco puede quedarse atrás en la carrera vertiginosa que tiene a Cataluña con la lengua afuera desde hace dos meses. Mañana vence el plazo para la presentación de coaliciones de cara a las elecciones regionales que el Ejecutivo central convocó el 21 de diciembre. Los partidos cuentan con menos tiempo que nunca para formar listas, redactar programas y lanzarse a la calle a convencer votantes, así que este fin de semana lo pasaron todos reunidos en sus comités buscando nombres y propuestas que representen su posicionamiento ante lo que parece decidirse en estas urnas: la continuidad o la interrupción del proceso independentista.

El partido de Puigdemont sigue queriendo a Puigdemont, aunque esté en el extranjero. Ayer el PDeCAT decidió que el ex president sea su candidato a las elecciones del 21 de diciembre pero, además, abogó por una lista unitaria independentista “que incorpore a todas las sensibilidades”, según indicó la coordinadora del partido, Marta Pascal. Siguiendo lo defendido por su líder, quien desde Bruselas aseguró que estaba dispuesto a concurrir a los comicios aún desde el exilio, la coordinadora del PdeCAT aseguró que el programa electoral de la lista única debe incluir “la libertad con mayúsculas de Cataluña, la amnistía para los presos políticos y la recuperación total de las instituciones catalanas con el fin del 155”. Asimismo, Pascal reivindicó que formen parte de la lista todos los ex consejeros -entre ellos, el ex vicepresidente y líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras-, así como los líderes de Òmnium y la Assamblea Nacinal Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, en prisión desde el pasado 16 de octubre.

Entre las demás formaciones secesionistas, sin embargo, no está tan claro el deseo de una candidatura conjunta o no, al menos, en los mismos términos con los que ganaron las elecciones de 2015. En opinión de ERC, la nueva lista unitaria tendría que sumar a la formación anticapitalista CUP y a una parte de Podem, la fracción catalana de Podemos, a la coalición con la que gobernaba Cataluña junto al partido de Puigdemont. Este sábado, dejando las sillas vacías de Oriol Junqueras y los ex consellers encarcelados, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, reclamó al Estado la puesta en libertad de los presos políticos para “legitimar” el 21D. “No podemos ir a unas elecciones con los principales líderes políticos y sociales en la cárcel”, declaró aunque matizando que se presentarán igualmente y que “el independentismo volverá a ganar”.

Los “comuns”, como se conoce a los militantes del partido de Ada Colau, Catalunya en Comú, también decidieron qué camino seguir hacia las urnas de diciembre y, una vez más, lo resuelto fue no sumarse al carro de los independentistas y no participar en la lista unitaria que proponen. Aunque acordando con PDeCAT y ERC ciertos puntos del programa electoral, como la exigencia de libertad para los ex consellers y los líderes de Òmnium y la ANC o el fin del artículo 155 de la Constitución que llevó a la intervención de Cataluña, los “comuns” se niegan a la candidatura conjunta porque “hay que pasar página de plebiscitos y listas unitarias que sólo han dado continuidad a las políticas de recortes de Convergència (nombre anterior del partido de Puigdemont), según afirmó la portavoz de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany.

La propuesta de los de Ada Colau es una lista común pero con Podem, bajo el liderazgo de Xavier Domènech, con la intención de “formar nuevos consensos y devolver al centro la agenda social postergada”. Todo dependerá de lo que durante esta semana ratifiquen en una consulta las bases de ambas formaciones, lo mismo que la CUP, que esperará hasta el domingo próximo para que sus militantes se pronuncien, haciendo caso omiso a los plazos apurados que impuso Rajoy con unas elecciones inmediatas. Los partidos unionistas, eso sí, ya tienen todo preparado y PP, Ciudadanos y Socialistas ya arrancaron su pre-campaña, sin perderse ni un minuto de la posibilidad de luchar contra la separación de España.

 

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Puigdemont llamó ayer a los independentistas a conformar una lista de unidad para las regionales.

 

En su mensaje, el político independentista insertó un enlace a una web denominada “Lista unitaria”, donde hace un llamamiento a construir “un frente electoral soberanista amplio, que vaya más allá de una coalición de partidos”.

 

El destituido presidente catalán Carles Puigdemont afirmó hoy estar dispuesto a colaborar con la Justicia belga, un día después de que España emitiera una orden de detención internacional y europea contra él y cuatro de sus ex consejeros por su rol en el proceso independentista en Cataluña.

“Estamos preparados para cooperar plenamente con la Justicia belga con motivo de la orden de detención europea emitida por España”, tuiteó Puigdemont en flamenco desde Bruselas, a donde se trasladó el pasado lunes junto a cuatro ex consejeros de su gabinete.

Al no asistir el jueves a la citación ante la Audiencia Nacional de España, la jueza Carmen Lamela ordenó ayer la detención de todos ellos en el marco de la investigación por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos vinculados al proceso independentista catalán.

La Fiscalía federal belga dijo hoy que estudiará la orden y que en los próximos días la trasladará a un juez de instrucción.

Una vez designado el magistrado y los “interesados sean encontrados y llevados ante el juez”, éste tendrá 24 horas para decidir si mantiene a los cinco detenidos o si los deja en libertad provisional a la espera de que resuelva si deben ser entregados al país que los reclama. En todo caso, la entrega podría demorarse hasta 90 días, ya que el abogado belga de Puigdemont, el experto en extradiciones Paul Bekaert, anticipó que recurrirá la orden de búsqueda y captura europea.

Ocho de los nueve miembros destituidos del gobierno catalán que sí acudieron a declarar el jueves, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras, se encuentran en prisión provisional por orden de la jueza.

Sólo Santi Vila, ex consejero de Empresa, pudo salir ayer luego tras pagar una fianza de 50.000 euros. Vila pudo beneficiarse de este recurso porque la magistrada tuvo en cuenta que dimitió antes de que el Parlamento catalán aprobase crear una república independiente.

Aunque la situación judicial de los miembros del depuesto gobierno catalán es compleja, estos van perfilando su estrategia para participar en las elecciones regionales del próximo 21 de diciembre, convocadas por el Ejecutivo español para salir de la crisis.

El propio Puigdemont llamó ayer a los independentistas a conformar una lista de unidad para las regionales, un día después de asegurar que está dispuesto a ser candidato, incluso “desde el extranjero”, y de que el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), al que pertenece, abogase por una “lista de país”.

“Es el momento para que todos los demócratas se unan. Por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y la República”, señaló en su cuenta de Twitter. En su mensaje, el político independentista insertó un enlace a una web denominada “Lista unitaria”, donde hace un llamamiento a construir “un frente electoral soberanista amplio, que vaya más allá de una coalición de partidos, con una lista cívica unitaria y transversal”.

Más de 60.000 personas ya votaron en el sitio web a favor de una fórmula de ese tipo.

Sin embargo, el partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), antiguo socio de PDeCat en la coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí), anunció ayer estar dispuesto a integrar una lista unitaria sólo si se le reconoce un papel más relevante en la alianza y si ésta tiene un carácter más amplio que la anterior.

ERC, que figura primero en los sondeos electorales, pretende así incluir en la coalición a otras formaciones como los izquierdistas de Podem –la versión catalana de Podemos– o los anticapitalistas de Candidatura de Unidad Popular (CUP). La CUP, que también integró la coalición Junts pel Sí, debe primero decidir el próximo 12 de noviembre en la asamblea nacional del partido si participará o no en las regionales.

También ERC amenazó ayer con no acudir a las elecciones si no son liberados antes los miembros del destituido gobierno catalán, a los que consideran “presos políticos”, para que todas las opciones puedan presentarse “en igualdad de condiciones”. “No podemos ir a elecciones con los principales líderes políticos y sociales del independentismo en prisión”, dijo la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en el marco del consejo nacional de la formación.

Para presionar en ese sentido al gobierno central, la formación insinuó que el independentismo podría entorpecer el sufragio desde las instituciones municipales en las que gobierna. El Ejecutivo español intervino la autonomía de Cataluña el pasado 27 de octubre, luego de que el Parlamento catalán declarase unilateralmente la independencia de esa región española.

En consecuencia, Madrid disolvió el Parlamento y destituyó al gobierno de Puigdemont, convocando elecciones regionales para el próximo 21 de diciembre.

Tras los cortes de carreteras y manifestaciones de independentistas del viernes, este sábado sólo se esperaba una protesta, en el partido de fútbol del FC Barcelona ante el Sevilla, en el que varios grupos de aficionados anunciaron que no entrarán hasta el minuto 10 en repudio de los encarcelamientos.

En cambio, un aire de campaña electoral se apoderó de Cataluña, con umerosos actos de partidos. Albert Rivera, del partido Ciudadanos -segundo de la cámara regional-, dijo en un mitin que “el 21 de diciembre hay que ir a votar para recuperar la libertad, para que los catalanes que queremos ser españoles podamos vivir en libertad’’.

Los catalanes tendrán “la oportunidad de poner punto y final al independentismo’’, dijo de su lado Xavier García Albiol, candidato a presidente regional por el Partido Popular, que gobierna en España.

Las formaciones independentistas aceptaron participar en los comicios regionales pese a que los convocó el gobierno central del conservador Mariano Rajoy para “restaurar el orden constitucional’’, tras la proclamación de la independencia catalana que no llegó a materializarse en una ruptura con España.

El otro partido independentista, la formación de extrema izquierda de la CUP (Coordinadora de Unidad Popular) se reunió también ayer en Perpignon en el sur de Francia, para decidir si concurre a unas elecciones que tilda de “ilegítimas’’ pero en las que se inclina por participar.

La decisión ser refrendada por los militantes, el fin de semana del 11 y el 12 de noviembre.

En su mensaje, Puigdemont prefiere hablar de frente “democrático’’ más que independentista, en un guante lanzado a la izquierda contraria a la independencia pero también a la intervención de Rajoy en el gobierno catalán, así como al encarcelamiento de parte del gobierno catalán destituido.

Esa izquierda, cuya figura de proa es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se resiste también a compartir cartel. “Sería un error pensar que ante la represión del Estado tenemos que replegarnos a posiciones independentistas’’, dijo a Catalunya Radio la portavoz de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany.

 

 

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Puigdemont y los cuatro ex ministros que enfrentan una orden de captura internacional por sedición.

 

La perspectiva de ver en los próximos días a todo el ex “Govern” en prisión abre un nuevo capítulo en la crisis que tiene en vilo a España y Europa desde hace semanas. Los independentistas respondieron convocando a protestas.

 

La Justicia española ordenó ayer la búsqueda y captura internacional del ex jefe de Gobierno catalán Carles Puigdemont y de cuatro ex consejeros que se encuentran con él en Bélgica por varios presuntos delitos vinculados al plan independentista que abrió una crisis sin precedentes en el país.

La Audiencia Nacional había enviado a prisión ya el jueves a otros ocho ex consejeros (ministros) catalanes investigados por sedición,rebelión y malversación, delitos castigados con hasta 30 años de prisión. Puigdemont y cuatro ex miembros del gabinete que eludieron esa cita judicial están imputados por esos tres cargos y por prevaricación y desobediencia a la autoridad, indicó la jueza.

La perspectiva de ver los próximos días a todo el ex “Govern” en prisión abre un nuevo capítulo en la crisis que tiene en vilo a España y Europa desde hace semanas. Los independentistas respondieron convocando a protestas y manifestaciones “masivas”, justo cuando Cataluña prepara las elecciones del 21 de diciembre.

La decisión llegó poco después de que Puigdemont dijera en una entrevista televisiva con la cadena belga RTBF desde Bruselas que estaba “dispuesto a ser candidato” en los comicios convocados en Cataluña para el 21 de diciembre, incluso desde el extranjero”. Además, el líder secesionista, explicó que se encuentra en la capital belga para “preparar su defensa” y que desea comparecer ante la “verdadera justicia, la justicia belga” y no la justicia española que “evidentemente está politizada”.

Justo mientras se emitía la entrevista, la Audiencia Nacional difundió los autos de la jueza Carmen Lamela, que remitió a la fiscalía belga una orden europea de detención contra Puigdemont y sus cuatro ex consejeros y dictó también una orden internacional de búsqueda y captura por si dejaran el país. Los autos consideran probado que Puigdemont “lideró la movilización de los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal” del 1 de octubre, organizado y celebrado por su Gobierno pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español.

En ese proceso, añade, se vulneraron diversas leyes y la Constitución española, al tiempo que “promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población”.

Los cuatro ex consejeros sobre los que pesa la orden de detención son Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Educación) y Lluis Puig (Justicia).

Otros ocho quedaron detenidos el jueves, mientras que Santi Vila (Empresa) salió ayer en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros. Fue el único que dejó el cargo antes de que el Parlamento catalán culminara el plan soberanista aprobando una resolución para crear una república catalana.

La jueza considera que Vila jugó un papel activo impulsando el proceso de secesión junto con el resto del gobierno catalán, pero a diferencia de los otros investigados, no aprecia un riesgo de reiteración delictiva ya que dimitió el día antes de la proclamación de la independencia, poniendo de manifiesto su “voluntad contraria” a la secesión.

“Estar privado de libertad es una situación muy extrema, desgarradora”, dijo Vila a la prensa al abandonar la prisión madrileña de Estremera, donde calificó a la medida de prisión de “desproporcionada” y llamó a los partidos de España “con un sentimiento democrático” a que intercedan para poner fin a esta situación tan terrible que acaba con políticos encarcelados”.

También le reclamó al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que “tome cartas en el asunto” porque, apuntó, esto “solo lo resolveremos desde la política”. Vila, quien representa al “sector moderado” del PDeCAT (Partido Demócrata Europeo Catalán), el mismo en el que milita Puigdemont, anunció que se presentará como candidato a las elecciones.

Las autoridades belgas confirmaron que recibieron la orden y adelantaron que la estudiarán mañana.

La detención de Puigdemont y sus cuatro ex ministros podría ser rápida a partir de entonces, si es que no se entregan antes.

En virtud de la denominada “euroorden”, un mecanismo que simplifica y acelera el proceso de entrega de un sospechoso entre dos países miembros de la Unión Europea (UE), Puigdemont podría ser llevado luego a España en un plazo de diez días, si acepta ese traslado, o 60 si lo rechaza.

La situación de Puigdemont podría acaparar así la atención en plena campaña para las elecciones regionales del 21 de diciembre, convocadas por Rajoy tras intervenir la autonomía de Cataluña y destituir al “Govern”.

En prisión seguirán Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes respectivos de las entidades civiles independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, después de que la Audiencia Nacional rechazara ayer el recurso de la defensa para dejarlos en libertad. Ambos están detenidos desde el 16 de octubre por presunta sedición.

El frente judicial fue recibido como una “humillación” por sectores soberanistas, que tras una semana de desmovilización y desconcierto volvieron a activarse y convocaron diversas protestas para los próximos días. Ya por la tarde, miles de personas se concentraron ante los ayuntamientos de toda Cataluña pidiendo libertad a los “presos políticos”.

ANC y Òmnium llamaron además a una gran manifestación el 11 de noviembre en Barcelona. “Queremos que sea masiva”, dijeron ayer sus vicepresidentes en una presentación ante la prensa. Ambas entidades llamaron también a celebrar un “paro país” el miércoles 8, cuando algunos sindicatos convocaron una huelga por motivos laborales.

En un tuit difundido por ANC, Sànchez llamó a “resistir” el embate judicial. “No tienen suficientes prisiones. La democracia ganará. El 21D el mundo lo verá”, dijo citado por la entidad. “Nos quieren humillados y destruidos. No podrán”.

 

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