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Lo que la izquierda debería pensar sobre los impuestos

Cada vez se oye más a menudo que “los impuestos no pagan el gasto del gobierno”. La idea de que los impuestos son en el mejor de los casos innecesarios y que en el peor de los casos son un problema, está ganando fuerza entre la izquierda. El tesoro [británico] ha tanteado la posibilidad de incrementar los impuestos incluyendo la retirada de rendijas en el sistema que benefician a los más ricos. Es importante que estos cambios están siendo considerados por un ministro conservador. ¿Cómo debería responder el partido Laborista?

De momento, la línea oficial es que las subidas de impuestos no son pertinentes durante la actual crisis económica: el portavoz de Starmer ha dicho que “este es el peor momento para hablar de subidas de impuestos”. Esta respuesta se basa en el teoría keynesiana convencional por la cual en una crisis provocada al menos parcialmente por una falta de gasto, debe evitarse cualquier cosa que reduzca aun más el gasto del sector privado. Y aunque esto ha provocado cierto enfado entre la izquierda, que correctamente considera prioritaria la justicia impositiva, hay un cada vez más un bullicioso grupo en la izquierda que protesta en contra de incrementos impositivos por razones distintas.

El alegato comienza con que no hay de hecho ninguna conexión entre la imposición y el tamaño del sector público: el gasto del gobierno puede ser incrementado a cualquier nivel, así se afirma, sin necesidad de preocuparse por incrementar los ingresos fiscales para “pagar por” ello. El razonamiento detrás de esa afirmación se presenta a menudo de forma compleja, pero esencialmente se reduce a una simple observación: el Banco de Inglaterra –una institución del sector público- es el emisor de la libra esterlina. Siempre que el Banco de Inglaterra quiera seguir emitiendo libras en nombre del gobierno, este podrá gastar sin necesidad de gravar impuestos.

El argumento es técnicamente correcto en términos técnicos –el gobierno del Reino Unido nunca se quedará sin libras. Pero la conclusión de que “los impuestos no pagan el gasto” es incorrecto. Esto es porque se mezclan dos diferentes significador de “financiar”. El primero es el acto de liquidar una transacción. Es bien entendido por el público en general que cuando se hace un pago –al comprar en el supermercado, por ejemplo- esto llevará a cambios en los saldos de los balances: el efectivo del comprado, ya sea en dinero físico o electrónico, será reducido y el balance del supermercado será incrementado por el mismo importe.

“Pago” en este sentido se refiere a los tecnicismos de la transacción: ¿tiene el comprador suficiente dinero efectivo para comprar el bien o servicio? Si no, la transacción no puede llevarse a cabo. Dado que una falta de efectivo nunca puede limitar el gasto del gobierno en un sentido técnico del término, se dice, los impuestos no pagan o financian el gasto. El gasto, en cambio, “se paga” con el nuevo dinero que el Banco de Inglaterra emite electrónicamente.

De nuevo, esto es técnicamente correcto –pero es una estrecha, mecanicista y a últimas engañosa definición de cómo el gobierno “paga” su gasto-.  Lo que realmente importa son los bienes y servicios que los balances de dinero efectivo pueden comprar. El gobierno puede adquirir más cosas imprimiendo más dinero si se cumplen dos condiciones. La primera es que haya cierta atonía en la economía: en otras palabras, que haya desempleo o subempleo que pueda emplearse para producir bienes y servicios. La segunda condición es que el sector privado (hogares y empresas) estén dispuestas a aceptar el dinero extra creado por el gobierno.

Siempre que esas condiciones se cumplan, hay de hecho una barra libre para el gobierno debido a su habilidad de imprimir dinero fresco. Pero mientras que la mayoría de economías operan con cierta atonía –siempre hay personas desempleadas- esta capacidad tiene límites. En algún momento, se llegará al punto en el que los bienes y servicios comprados por el gobierno no puedan ser nuevamente producidos, de modo que el gobierno tenga que competir por los recursos económicos con el sector privado.

De igual modo, la disposición a aceptar más efectivo en los balances tiene sus límites: en algún momento los tenedores de esas libras creadas nuevamente las usarán para gastar en bienes y servicios, o adquirirán activos como casas o acciones de empresas. Los inversores podrían vender en los mercados de divisas por otras monedas, reduciendo así el valor de la libra.

Existe, por tanto, un límite a cuánto puede “pagar" el gobierno por su gasto con la impresión de nueva moneda. Más allá de este límite, el gobierno debe o tomar dinero prestado, o gravar impuestos. Este es el sentido en el cual los impuestos “pagan por” el gasto: hacen que haya recursos económicos disponibles para el gobierno que de otra manera no estarían disponibles.

Al gravar impuestos, el gobierno puede reducir el gasto de algunos individuos, o reducir el gasto en ciertos bienes y servicios. Por ejemplo, gravando a aquellos con mayores ingresos, el consumo en lujos altamente contaminantes puede ser reducido. Así más recursos estarán disponibles para otras actividades, como la construcción de infraestructuras para el transporte o para la provisión de necesidades de consumo para los trabajadores.

La emergencia climática y la pandemia requieren una reestructuración fundamental de la economía. El nivel de inversión que se necesita implica que los cuellos de botella son inevitables, requiriendo reducciones en el gasto en algún otro lugar. Por ejemplo, un mejor aislamiento de los hogares puede significar una reducción del gasto en nuevas calefacciones.

Hace un flaco favor y es confuso afirmar, por ejemplo, que el Green New Deal puede implementarse sin aumentar los impuestos a los ricos: los tecnicismos monetarios son más bien irrelevantes –lo que importa es que el consumo despilfarrador de los ricos tiene que ser reducido para liberar los recursos para el gasto social útil.

Los cambios discutidos por el Tesoro británico incluyen igualar las tasas impositivas de las ganancias de capital a las del ingreso, eliminar las desgravaciones de las pensiones a los más ricos e incrementar los impuestos a las empresas. Esto son cambios progresivos y que se necesitan desde hace un buen tiempo. La propuesta de cambios también ha congregado un amplio apoyo público. Oponerse a ellos supone alinearse con los ricos en vez de con la clase trabajadora y los más pobres.

Al mismo tiempo, los progresistas deben continuar abogando por el activismo fiscal para mantener los puestos de trabajo y transformar la economía. La pretensión de que los incrementos de la deuda pública debidos a la pandemia deben ser pagados son simplementes incorrectos y deben ser refutados.

El deficit público se mantendrá en niveles elevados hasta que la crisis se acabe y el ratio entre deuda y PIB incrementará –tal y como debe ocurrir, por otra parte-. El Banco de Inglaterra puede y debe continuar usando su poder de emitir moneda para asegurar que el incremento de la deuda pública ocurra sin generar inestabilidad financiera o económica.

Pero los ingresos impositivos y el tamano del estado no pueden divergir de manera constante en el tiempo. Aquellos que quieran un mayor y más eficaz estado deben abogar por cambios progresivos en el sistema fiscal que aseguren que el ingreso aumenta más o menos al mismo tiempo que los gastos en el largo plazo. Esto no quiere decir que los dos sean igual: no lo deben ser. El déficit público ha sido el estado normal de las cosas durante décadas –pero los déficits fiscales no puedes crecer sin límite alguno.

No debemos permitir que el argumento de que “los impuestos no pagan el gasto” erosionen el sistema impositivo, incrementen la desigualdad y abran la puerta a los fanáticos del mercado a abogar por la necesidad de rebajar el gasto en programas sociales básicos. Si queremos ver un cambio de sistema, es momento de que la izquierda abogue por una reforma fiscal progresiva en sus propios términos.

Por Jo Michell

economista post-keynesiano, profesor de la University of West of England.

05/02/2021

Publicado enEconomía
2020, el año en el que se derrumbaron los mantras y dogmas de la economía

La pandemia lo ha cambiado todo. No ha destruido el sistema, ni lo hará, pero nos muestra sus fallos y abre el debate hacia qué tipo de economía mundial queremos avanzar.

 

Repetir una y otra vez hasta que las suposiciones se conviertan en dogmas. Aplastar el conocimiento y la imaginación machacando con que there is no alternative. Tratar como locos o ignorantes a todo aquel que se descarrile de la ortodoxia que ellos mismos han convertido en ley divina. Y, si esas supuestas normas inviolables fallan, pues se le echa la culpa a las “externalidades”, o sea, se exculpa de todo error y pecado a sus métodos y recetas: si la mano invisible no funciona es porque no le dejan. Así se ha fraguado la corriente económica dominante de las últimas décadas y todo el tinglado financiarizado al servicio del capital que se ha construido sobre él. Pero el 2020 lo ha cambiado todo.

Este no va a ser uno de esos artículos donde se explica que el capitalismo está llegando a su fin. Aquellos que lo manejan tienen mucho poder y nos llevan mucha ventaja, y su renovación y subsistencia ya se lleva fraguando desde la anterior crisis. Pero 2020 ha mostrado los fallos del sistema, y en entender dichos fallos se encuentra la clave para marcar una agenda política y social que sea capaz de labrar un futuro mejor para todo el mundo. El covid-19 ha señalado al rey desnudo mientras sus fieles vasallos insisten en convencernos de que sigue llevando ropa, pero que sus prendas necesitan una renovación. Un año donde hasta el Papa parece permitirse el lujo de señalar directamente al capitalismo y sus dogmas como causantes de la desigualdad en el mundo y la inminente crisis ecológica. Donde las instituciones que siempre han defendido sus reglas divinas se han visto obligadas a dar marcha atrás. Donde a Hayek se le esconde y todos se convierten en keynesianos.

Y, como siempre, se nos señala a la externalidad. Hemos pasado de culpar al que “ha vivido por encima de sus posibilidades” a “nos vemos obligado a tomar esta medida por el virus”, aliñados con muchas noticias de gente joven haciendo botellón, para imprimir en nuestras mentes la idea de que la culpa de que la pandemia sea más larga de lo que esperábamos es de esa gente joven y no de metros abarrotados y centros de trabajo repleto de currelas. Pero no nos engañemos, la economía ya estaba enferma y el covid solo ha sido una nueva excusa para poder justificar sus fallos estructurales.

Botón de “pausa” a la austeridad

Era comienzos de marzo y en España todavía nos estábamos riendo de “esos chinos totalitarios que encierran a ciudades enteras para la gripe esa” cuando Jerom Powell y Christine Lagarde, directores de la Reserva Federal Estadounidense (FED) y el Banco Central Europeo (BCE) respectivamente, anunciaron que harían lo necesario para sostener a un sistema económico que ya se resentía y se anotaba, en forma de caídas mundiales en los mercados bursátiles, sus primeros coletazos de la nueva crisis que se nos venía encima. En occidente todavía no teníamos conciencia de lo que estaba pasando al otro lado del globo y nuestra vida era totalmente normal, pero los mercados ya habían entrado en pánico total. Por supuesto, los bancos centrales salieron en su rescate.

Todos los bancos centrales anunciaron paquetes de medidas extraordinarios que básicamente venían a inyectar ingentes cantidades de dinero en los mercados para, otra vez, intentar “que fluya el crédito a familias y pymes”. No era suficiente. Los bancos querían que esos créditos fueran seguros y los gobiernos también salieron en su rescate a modo de avales a esos préstamos, como en el caso español con los créditos ICO avalados por el Estado central en un 80%, 90% para el sector de la hostelería.

Pero sin duda, el mayor golpe a las recetas aplicadas en las últimas décadas a los países del sur y en la última a los Estados del sur de Europa, lo dio la presidenta de la Comisión Europea el viernes 20 de marzo. Von der Leyen anunciaba que suspendía el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El límite del 60% de deuda pública respecto al PIB, que ya casi nadie en Europa cumplía, y el de déficit del 3%, se desvanecían ante un nuevo escenario de nueva crisis y de fuerzas eurófobas donde aplicar austeridad hubiera supuesto la descomposición de la Unión Europea y el ahondamiento en una profunda crisis económica sin solución fácil. La Comisión Europea, con la boca pequeña, desnudaba y ponía en evidencia las recetas austericidas aplicadas en la anterior crisis. Resultó que las reglas sagradas de la “estabilidad económica” europea no era más que, como algunos llevan años denunciando, un corsé absurdo al servicio de la estabilidad de los mercados financieros y no de los Estados. Tras 2008, viniendo de una burbuja inmobiliaria y financiera, había margen para apretar pero, en este nuevo episodio, apretar hubiera ahogado.

El “mea culpa” de la austeridad con boca pequeña se replicó en todos los gobiernos que lo habían abrazado anteriormente. Las instituciones supranacionales que habían sido el brazo ejecutor de dichas recetas también tuvieron que rectificar su mantra dominante. Tan solo un par de días antes de Navidad, el FMI publicaba el documento final de su revisión económica anual. Entre sus análisis y recomendaciones se desliza un mensaje clave, algo que muchos economistas a los que el FMI nunca ha querido escuchar llevan una década argumentando, un cambio de paradigma ya no solo en las políticas contra una crisis, sino de entender el destino de la economía global.

El FMI se ha dado cuenta de que expoliar mediante la austeridad, traducida en privatizaciones de todo lo público, y la apertura de sus economías, entendida como abrir las puertas a los expoliadores, estaba bien cuando se trataba de eso, de expoliar. En la anterior crisis, la financiera que arrancaba en 2008, se aplicaron esas medidas de austeridad a los países del norte y (¡oh, sorpresa!) funcionaron igual de mal que lo habían hecho en los países del sur. Desmantelaron nuestros servicios sanitarios y de protección social, desmantelaron una industria tan prometedora y necesaria como la de las energías renovables, rebajaron los impuestos a empresas y grandes capitales, nos dejaron indefensos ante nuevos impactos de la economía e indefensos, o al menos peor preparados, ante una crisis sanitaria.

Pero lo dicen con la boca pequeña. Nadie en Bruselas se atreve a decir en voz alta que la austeridad nunca volverá o que los objetivos del déficit no tendrán que cumplirse en unos años. De hecho, la solución divina a la crisis que se propone y abraza en Europa, los fondos de reconstrucción Next Generation UE, son un contrato de préstamo donde las condiciones de devolución siguen difuminadas. Otra vez, si no hay un cambio decisivo y valiente a nivel europeo en el destino de nuestra economía, lo que se presenta como la salvación a corto plazo puede ser nuestra tumba dentro de unos años.

El monocultivo económico

El “reparto en la cadena productiva global” u otros eufemismos para explicar que los países han sido empujados en esto de la globalización a especializarse en un tipo de industria, delegando en las bondades del libre comercio nuestro abastecimiento de otros servicios, es otro de esos castillo de naipes que se ha derrumbado. Ese monocultivo económico que es el turismo en España ha pasado de ser nuestro motor a nuestra tumba. El cierre de fronteras y la paralización casi por completo del turismo ha defenestrado nuestra economía de un plumazo, mostrando la debilidad de un país que ha confiado en un sector tan sensible a los shocks internacionales.

Las compañías aéreas son rescatadas, el sector de la hostelería también reclama su salvación, miles de personas esperan el trágico destino de las colas del paro al finalizar los ERTE. El panorama que deja la pandemia a un país como España es desolador y los fondos europeos, destinados a inversiones verdes y a la digitalización, no lo van a solucionar. 

En cuanto a las cadenas globales logísticas, también pudimos ver los fallos del sistema. La fábrica del mundo, China, paralizaba casi por completo su producción industrial al poner sus ciudades y centros de trabajo en confinamiento. Las cadenas logísticas de suministros globales se descomponían y congelaban. Las empresas de occidente temían el desabastecimiento de productos y componentes asiáticos que afectara a su oferta. No sabían todavía que su demanda, nosotros, estaríamos encerrados en casa sin poder consumir un par de semanas más tarde. Las bondades de la deslocalización productiva de la globalización se deshacían al mismo tiempo que faltaban EPI, respiradores o mascarillas en países europeos, con cada subasta en aeropuertos donde enviados de países competían por un container de productos que ya no se fabricaban en Europa o Estados Unidos, cada vez que producto básico y necesario en pandemia no llegaba a la balda de un supermercado porque no había salido de un puerto chino.

Nuevos actores, mismo poder

Mientras las guerras comerciales por la hegemonía mundial nos han despistado, la financiarización de la economía no ha hecho más que dar otro paso de gigante aprovechando esta nueva crisis. Las ingentes cantidades de dinero inyectadas en los mercados por parte de los bancos centrales no ha hecho más que engordar una economía especulativa que poco o nada tiene que ver con la economía real y con una recuperación efectiva de la economía y el empleo. Mientras el desempleo no se recupera y la gente hace interminables papeleos para conseguir el Ingreso Mínimo Vital, las bolsas de todo el planeta ya han recuperado sus niveles anteriores a la crisis impulsadas primordialmente por los dos sectores que controlan el planeta: el financiero y el tecnológico.

Trump intentó mostrar que defendía su Make America Great Again, cuando lo que pretendía era salvar la hegemonía norteamericana frente a China. La mejor forma de hacerlo ha sido rescatar con liquidez a esos dos sectores como puntas de lanza de su poder mundial. Los capos del mundo digital, como Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, han aumentado su riqueza exponencialmente durante esta pandemia. Los grandes fondos estadounidenses, como Black Rock, salen a la compra de gangas bursátiles en los países más afectados por la pandemia. Alimentar a empresas rentistas, de dinero o de datos que se convierten en dinero, es la principal vía del capitalismo para mantener el orden de las cosas tal y como están, y esta crisis no iba a ser menos. Visibilizar ese poder y cómo los Estados lo están apuntalando es una tarea esencial para poder vislumbrar nuevas formas de lucha y resistencia ante dichos poderes.

Si no sirve en crisis, no sirve

Alemania entró en el accionariado de una de las empresas que están en la carrera de la vacuna para asegurarle su financiación. España limitó el precio de las mascarillas. Los bancos centrales del Reino Unido o Japón han financiado directamente a sus Estados. Los que abogan por la no intervención de los Estados en la economía han (otra vez) lloriquedado a sus puertas para exigir más dinero. Todos los sectores han exigido la intervención pública para ser rescatados. Todo ello y mucho más en tan solo unos meses, incluso semanas, de crisis económicas. El capitalismo presume de una fuerza y estabilidad que no aguanta ni dos meses sin tener que llorar y reclamar ayudas públicas.

En esos lloros debemos cimentar las bases de una economía que atienda más a las necesides públicas, de las personas, que a las de los mercados financieros. De esta pandemia quedarán secuelas y, como he dicho al comienzo, el capital ya está conformando su salida y su nueva posición dentro de esa recuperación económica para no perder su lugar dominante (de cómo los capitales están dando forma a esa transformación verde y a la digitalización lo dejamos para otro artículo). Pero de esas cenizas es de dónde debería salir esa nueva forma de entender la economía. De los restos de esas recetas fallidas debe cocinarse una nueva forma de entender la economía. Abandonar esos dogmas para crear unas nuevas fórmulas que pongan la vida en el medio. Que los mantras de la nueva recuperación hablen de que la economía y la ciencia deban estar al servicio de la sociedad, sobre sistemas más resilientes a las crisis o que directamente las evite, sobre cómo poner por encima los intereses del planeta sobre el de los accionistas y donde el cortoplacismo capitalista se sustituya por la necesidad de hacer un planeta que beneficie a todas y todos. Porque esta crisis ha mostrado que el sistema actual es débil, que los mantras mil veces repetidos no tienen por qué ser ciertos y que los dogmas de la economía son eso, dogmas, pero que la economía es, o debe ser, otra cosa.

Publicado enEconomía
Guatemala: el Congreso suspendió la aprobación del presupuesto que desató las protestas

La ONU pidió que se investigue la represión, ya que dos manifestantes perdieron un ojo

Varios sectores de la ciudadanía reclamaron en las calles porque el gasto para 2021 no priorizaba el combate a la pobreza y dejaba de lado la educación y la salud, 

 

El Congreso de Guatemala suspendió la aprobación del presupuesto del país para 2021, que había generado protestas donde manifestantes incendiaron la sede del Parlamento y pidieron la renuncia del presidente conservador Alejandro Giammattei, por no priorizar la lucha contra la pobreza. La ONU pidió que se investigue la represión a las protestas, ya que dos manifestantes perdieron un ojo a causa del impacto de gases lacrimógenos lanzados por la Policía.

"Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del Organismo Legislativo 2021", informó el presidente del Parlamento, el oficialista Allan Rodríguez, en un mensaje a la nación por el canal del Congreso.

El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines a Giammattei, aprobó el martes de la semana pasada un presupuesto de casi 12.800 millones de dólares. Varios sectores de la ciudadanía reclamaron porque el gasto no priorizaba el combate a la pobreza, que afecta al 59,3% de los casi 17 millones de habitantes, según cifras oficiales, y dejaba de lado la educación y la salud, en momentos en que la pandemia deja más de 4.000 muertos y casi 120.000 contagios en el país. Sin embargo, privilegió el desarrollo de infraestructura, beneficio que recae en las firmas constructoras.

Con esta suspensión, ahora los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por unos 10.390 millones de dólares.

El sábado, miles de guatemaltecos se manifestaron pacíficamente para pedir la renuncia de Giammattei, pero otros se dirigieron a la sede del Parlamento e incendiaron varias oficinas tras romper ventanas para ingresar.

El domingo, cientos volvieron a las calles a protestar, aunque este lunes, tras la detención del trámite del presupuesto, ya no se registraron protestas.

La ONU pide una investigación

 La ONU confió este lunes en que las autoridades de Guatemala lleven a cabo una investigación imparcial sobre lo sucedido en las protestas del pasado sábado, en las que el vicepresidente del país, Guillermo Castillo, denunció un "uso excesivo de fuerza policial" contra los manifestantes.

"Confiamos en que las autoridades lleven a cabo una investigación imparcial e independiente de los hechos", señaló el portavoz Stéphane Dujarric en su conferencia de prensa diaria.

Dujarric subrayó que "los derechos fundamentales de libertad de expresión y asamblea pacífica deben ser respetados" y dijo que Naciones Unidas llama a todos los actores a "trabajar juntos" y con medios pacíficos y legales para dar respuesta a los problemas que vive Guatemala.

Las fuerzas de seguridad detuvieron el sábado a más de 30 personas por diversos motivos durante las manifestaciones, según confirmaron tanto el Organismo Judicial como el Ministerio de Gobernación (Interior).

Además, los cuerpos de socorro han indicado que al menos 40 personas fueron atendidas por heridas, y docenas afectadas por los gases lacrimógenos, sin que se contabilizaran muertos en las protestas.

Este lunes, el Hospital Roosevelt, el más grande de Guatemala, confirmó que dos manifestantes perdieron un ojo a causa del impacto de gases lacrimógenos lanzados por la Policía Nacional Civil (PNC).

Los incidentes se registraron en el marco de una masiva convocatoria para manifestarse este sábado en contra del presidente, Alejandro Giammattei, y el Congreso guatemalteco tras la aprobación del presupuesto del Estado para 2021.

En tanto, una agrupación de países y organizaciones formado para dar asistencia a Guatemala, conocido como G-13, expresó este lunes su preocupación por la situación y dijo estar dispuesto a apoyar el diálogo de cualquier forma posible". Entre los donantes están Estados Unidos, Alemania y Francia.

El presidente Giammattei dijo en un comunicado la noche del domingo que las protestas eran de grupos "minoritarios que buscan forzar un verdadero golpe de Estado".

La crisis 

El manejo de la crisis sanitaria por parte de Giammattei, un médico de 64 años, fue criticado por su propio vicepresidente Guillermo Castillo, la oposición y sectores sociales, que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los sectores más afectados por los confinamientos.

El vicepresidente Castillo, que el viernes ofreció a Giammattei dimitir juntos "por el bien del país", pidió el domingo al Ministerio Público que investigue tanto la quema de oficinas del Congreso como el accionar de la policía frente a los manifestantes.

El país, donde se suceden las denuncias por corrupción así como demoras en la designación de jueces, ya vivió en 2015 la renuncia del presidente Otto Pérez por un caso de fraude aduanero.

La indignación social de estos días responde también a la opacidad con la que se han manejado los recursos destinados a la pandemia de coronavirus, así como el rechazo que despierta la creación de un superministerio dirigido por una persona cercana al mandatario.

El Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas un 15% de esos recursos llegó a los guatemaltecos, según datos oficiales y de ONGs fiscalizadoras.

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Una mujer indígena participa en las recientes protestas sociales chilenas. Martin Bernetti AFP

Sin un importante incremento de la productividad será muy difícil sostener un mayor nivel de gasto social y menos aún generar mejores empleos en la región

En varios países de Latinoamérica el año 2019 será recordado como el del estallido social. Eso es particularmente cierto en el caso de Chile, pero en buena medida puede ser visto como una moraleja de lo que puede ocurrir en naciones que logran crecer, pero no son capaces de hacerlo con inclusión social. Es decir, mejorando de manera integral las condiciones de vida de las personas y promoviendo el acceso a oportunidades educativas, trabajo, salud, vivienda, seguridad, entre otras, en especial de aquellos grupos más vulnerables.

Es sabido que los países de América Latina se encuentran entre los más desiguales del mundo. Solo algunos de África son más desiguales. Pero también son de los menos innovadores. Ningún país de la región está entre los primeros 50 del ranking del Índice Mundial de Innovación 2019 de la OMPI. Aunque hoy la mirada está puesta en las urgencias que emanaron de las protestas sociales, es difícil pensar que los países latinoamericanos podrán avanzar demasiado en enfrentar los retos que tienen por delante si no se hace un esfuerzo por promover mayor innovación. ¿Suena extraño? Déjeme tratar de explicarlo.

Es claro que políticas que mejoren la inclusión social deben ser una prioridad. Pero también es importante notar que sin un importante incremento de la productividad será muy difícil sostener un mayor nivel de gasto social y menos aún generar mejores empleos, que son claves para disminuir la desigualdad.

Y sucede que en las últimas décadas la expansión económica de la región se ha sustentado fundamentalmente en el crecimiento demográfico y en la explotación extensiva de recursos naturales. Sin embargo, en varios países ya se está experimentando una transición demográfica que implica que una creciente proporción de adultos mayores deberá ser sostenida por una porción menor de personas en edad de trabajar. Ello solo será posible con un fuerte aumento de la productividad y la evidencia acumulada por años de investigación nos dice que la innovación es el factor que permite generarlo.

Por su parte, los efectos del cambio climático ya se hacen sentir en la región en forma de creciente escasez hídrica, surgimiento de nuevas plagas, inundaciones e incendios, entre otros, todo lo cual afecta la capacidad productiva en el campo agropecuario, forestal, minero o acuícola. Más aun, la necesidad de cumplir con estándares medio ambientales más elevados, así como la competencia por el uso del agua y del territorio en general, han vuelto más difícil la materialización de grandes proyectos de inversión que antes eran rápidamente aprobados, sin perjuicio de los impactos que podían tener en el entorno o en la vida de las comunidades.

De este modo, América Latina en realidad no solo enfrenta el desafío de lograr mayores niveles de inclusión social, sino el gran reto de elevar la productividad y ser más sustentable ambientalmente. Estos objetivos ciertamente se encuentran muchas veces en contradicción, pero es claro que sacrificar uno a costa de los otros no representa un camino viable e inevitablemente conducirá a nuevos conflictos.

No se me ocurre ningún camino distinto al de lograr mayores niveles de innovación para poder conciliar la necesidad de crecer económicamente con las impostergables demandas de inclusión social y sostenibilidad. En efecto, es a través de la introducción de nuevas formas de producir o de nuevos tipos de producto que se puede lograr un uso más eficiente y a la vez ambientalmente sostenible de los recursos.

¿Cómo lograr disponer de cultivos de alto rendimiento que utilicen menos agua y menos agroquímicos? ¿Cómo desarrollar embalajes de bajo costo que no utilicen plástico y que sean bio degradables? ¿Cómo utilizar más extensivamente la energía solar? ¿Cómo utilizar el potencial de la tecnología digital para extender el uso de la telemedicina?

Las oportunidades y desafíos son múltiples. Y son las empresas y los países que generen las respuestas a este tipo de cuestiones quienes estarán a la vanguardia de transitar hacia un desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible. El problema, claro está, es que avanzar en esa dirección requiere realizar esfuerzos que no van a rendir fruto en el corto plazo y ciertamente implica destinar recursos que hoy disputan problemáticas que políticamente son urgentes.

Sin embargo, la historia nos muestra que, enfrentados a coyunturas similarmente dramáticas, países como Finlandia, Irlanda o Corea del Sur, tuvieron el coraje de entender que no hay atajos para el desarrollo. Estas naciones destinaron, y siguen destinando, significativos recursos públicos para estimular la innovación, formar y atraer talento, y fortalecer sus capacidades científico-tecnológicas. Sus esfuerzos no tuvieron frutos inmediatos, pero hoy los resultados están a la vista.

Frente al imperativo de lograr un crecimiento económico inclusivo y sustentable, el imperativo de innovar debe ser parte fundamental del nuevo trato social que impulse una nueva ruta de progreso en América Latina.

Por Gonzalo Rivas es el jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Sector de Instituciones para el Desarrollo del BID.

3 FEB 2020 - 18:10 COT

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La desigualdad enturbia el tímido avance de América Latina en desarrollo humano

Argentina, Venezuela y Nicaragua registran retrocesos en el indicador de la ONU. En el resto de la región las mejoras son escasas, con la inequidad penalizando sistemáticamente

 

 El desarrollo humano avanza en América Latina, aunque a un ritmo notablemente más bajo que en el resto del mundo y menor al de las últimas décadas. Todos los países de la región salvo tres —ArgentinaVenezuela y Nicaragua, todas ellas economías inmersas en crisis económicas y políticas— mejoraron el año pasado en el índice de desarrollo humano (IDH que aglutina un buen número de variables en todos los ámbitos) publicado este lunes por Naciones Unidas. La inequidad se ceba muy especialmente con el subcontinente —la región más desigual del mundo—, corrigiendo a la baja sistemáticamente las mediciones de prácticamente todos los países del área. El IDH es una fórmula de medición del bienestar de la población mucho más completa que la renta per cápita: no se queda en los factores económicos e incluye variables como la esperanza de vida o la calidad educativa.

"Aunque las medidas de desigualdad han mejorado en muchos países de la región, los niveles siguen siendo muy altos", analiza Pedro Concencião, director del informe. "Ha habido, también, progresos en salud y en educación. Pero el ingreso tampoco ha acompañado, en especial desde 2014". BrasilMéxicoColombiaChileParaguay o Panamá son algunos de los casos más paradigmáticos de cómo las amplias diferencias de ingresos merman el progreso social. El primero, responsable de la mayor parte del incremento de la pobreza extrema en la región durante el último lustro, se deja 23 puestos en la clasificación de Naciones Unidas cuando se incorpora el factor inequidad; Chile, durante décadas tomado como ejemplo de las políticas de liberalización económica en la región e inmerso ahora en el periodo social más convulso desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, con un alzamiento social contra la injusticia social y la ausencia de un Estado verdaderamente protector, retrocede hasta 14 lugares; México cae 17 puestos; Colombia, 16; y Paraguay y Panamá, 14 y 13 respectivamente. En todos estos países, la métrica más común de dispersión de rentas, el coeficiente de Gini, supera —con creces, en el caso de Brasil— la media mundial y del resto de países en vías de desarrollo.

En el caso latinoamericano, el administrador del PNUD y presidente del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, Achim Steiner vincula sin ambages la reciente oleada de protestas sociales en varios países de la región —Chile, Ecuador y Colombia, entre otros— con una "sensación generalizada de descontento en la población" y con la desigualdad misma. El caso chileno es, quizá, el más claro cuando se cruzan los datos de la ONU con las reclamaciones de los manifestantes que han tomado Santiago y el resto de grandes ciudades chilenas: en un país en el que las demandas sociales apuntan claramente a la ausencia (o mala calidad) de los servicios públicos, la prosperidad —es uno de los más ricos de la región— no lo es todo y las diferencias de renta y la discriminación social pesan —y mucho— sobre el bienestar general.

 

Monográfico sobre inequidad

El PNUD suele centrar una parte importante de su análisis anual en la influencia de la inequidad sobre el índice en todas las regiones del mundo. Esta vez, sin embargo, el énfasis es mucho mayor. Los datos justifican claramente el porqué de esta mayor preocupación del organismo: mientras el avance global en pobreza extrema es indudable, apuntan los técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) —un punto en el que América Latina también ha pinchado en hueso en los últimos cinco años—, "las brechas de desigualdad siguen en niveles inaceptables". En un país de desarrollo humano muy alto, una persona de 40 años que pertenece al 1% más rico tendrá una esperanza de vida de entre 10 y 15 años más que alguien que pertenezca al 1% más pobre. Y mientras un niño nacido en el año 2000 tiene un 50% de probabilidades de estar hoy en la universidad, otro nacido el mismo año en un país de desarrollo humano bajo (como Haití, por citar un caso de la región) tiene un 83% de probabilidad de haber sobrevivido y solo un 3% de estar cursando hoy estudios superiores.

Más datos del PNUD que sustentan por qué en los últimos años el problema de la desigualdad no ha dejado de ganar peso en la escala de preocupaciones de los principales organismos internacionales: si el crecimiento económico sigue la pauta fijada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su cuadro de proyecciones, el número de personas en situación de extrema pobreza en todo el mundo se mantendrá por encima de los 550 millones —más que la suma de las poblaciones de EE UU y Brasil—; si, por el contrario, cada año se lograse reducir el índice de Gini en un 1%, 100 millones de personas más saldrían de la carestía extrema. En el caso de los países emergentes, el problema de desigualdad está, en gran medida, en la incapacidad redistributiva del Estado: la posición de partida es prácticamente la misma que la de las economías avanzadas, pero a diferencia de estas últimas, los impuestos y las transferencias públicas apenas logran corregir las diferencias de renta.

Pese a la lectura habitual de la inequidad como mera medida económica, la ONU anima a ir un paso más allá. "Tenemos todavía un sentido de la desigualdad del siglo XX, únicamente vinculado a la renta per cápita", apunta Steiner. "Pero estas desigualdades económicas iniciales han dado lugar a una nueva generación de inequidad: microdesigualdades que parten de la percepción de que 'mi hijo nace en una situación de desventaja'. Y eso revela una falta de movilidad social". En América Latina, esa ruptura del ascensor social se hace especialmente evidente.

Salvo los citados casos de Argentina —que pierde dos lugares en la clasificación global pero que, pese a todo, sigue siendo el único representante latinoamericano junto con Chile entre los países con IDH muy alto—, Venezuela —que retrocede 26 puestos desde 2013, el mayor retroceso en todo el mundo y que suma su cuarta caída anual consecutiva— y Nicaragua, la evolución del indicador de desarrollo humano es positiva en la región. Con un importante pero: es la zona del mundo que registra el menor avance en este apartado desde 2010: menos del 0,5% anual, la mitad que Asia del Sur y el África subsahariana. En el lado opuesto, las mayores mejoras en 2018 se registran en Perú, que escala cuatro puestos, y en Bolivia, que ya se ha sumado al grupo de países con desarrollo económico alto y que es, de lejos, el país en el que más mejoran las condiciones de vida de sus ciudadanos en las tres últimas décadas. En ambos casos, matiza Concencião, buena parte de la mejora es achacable al crecimiento económico Dos buenas noticias, en todo caso, en un entorno marcadamente negativo por el efecto arrastre de la desigualdad sobre el desarrollo humano.

 

Por IGNACIO FARIZA

Madrid 9 DIC 2019 - 15:22 COT

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 Luis Felipe López-Calva, director del PNUD para América Latina y el Caribe. UN

El director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolo (PNUD) en América Latina y el Caribe destaca la relación entre desigualdad y gobernanza como diagnóstico para afrontar los desafíos de la región

 

América Latina atraviesa por una etapa de convulsión. Las crisis políticas de la región, las protestas, las demandas de cambio y las reivindicaciones de los ciudadanos llevan meses evidenciando debilidades estructurales y forzando a algunos Gobiernos a mirarse en el espejo. Detrás de estas turbulencias, que se han dado de forma casi paralela aunque responden a especificidades distintas, hay una premisa común: la desigualdad. Pero la brecha social, de alguna manera, siempre estuvo ahí. Por lo que cabe preguntarse, ¿por qué ahora? Luis Felipe López-Calva, director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cree que, antes de nada, "hay que entender mejor la relación entre gobernanza y desigualdad".

El economista mexicano, que presenta este lunes en Bogotá el informe anual sobre desarrollo humano elaborado por el organismo de la ONU, incide en la importancia de ese vínculo en conversación con EL PAÍS, ya que "la relación entre desigualdad y gobernanza puede generar este de tipo de procesos de mucha conflictividad y eventualmente, lamentablemente, de violencia". En su opinión, se dan tres factores de tensión. "Desde el punto de vista económico, la desaceleración". Este es el punto de partida que alentó, por ejemplo, las protestas en Chile, en Colombia y en cierta medida en Ecuador. "La economía latinoamericana tuvo un proceso muy importante de crecimiento para estándares latinoamericanos", razona. "Se redujo la pobreza monetaria del 44% al 24%, de acuerdo con datos del Banco Mundial. No es un logro menor. Y ahora las expectativas crecientes de la población latinoamericana se ven afectadas por un proceso de paro económico. No recesión, pero sí desaceleración. La pobreza multidimensional, con más del 30% de la población, se redujo mucho pero los retos son muy grandes. Ese proceso que tenía Latinoamérica de ir hacia convertirse eventualmente en una sociedad de clase media, fuerte, se interrumpe".

El vendaval económico expone a la región y la hace más vulnerable a fenómenos como la migración. Colombia, concretamente, aplicó una política de puertas abiertas ante éxodo de venezolanos. Millones de personas huyen del régimen de Nicolás Maduro y en el país vecino ya se han instalado más de 1,5, camino de dos. "No esperábamos que en la región crecieran los flujos migratorios de la manera en que lo están haciendo, que por cierto es una forma extrema con la que las personas procesan su desencuentro con la gobernanza. En muchos casos por razones de violencia, económicas o por razones aspiracionales la gente simplemente decide que tiene que moverse. Ese es un segundo aspecto que genera también tensión social", reflexiona López-Calva, que añade un tercer elemento: "Es el tema ambiental. Solo este año hemos visto los incendios en la Amazonia, la Chiquitanía en Bolivia y un huracán de dimensión inusitada en el caso de Bahamas. Esta situación demanda que la gobernanza responda de una manera efectiva".

"Cuando hablamos de gobernanza", continúa el responsable del PNUD para Latinoamérica, "estamos hablando de acuerdos entre actores". "Y hay dos acuerdos básicos: de políticas públicas, como salud, educación e infraestructuras, y acuerdos respecto a las reglas del juego, sobre cómo cambiamos de Gobierno, cómo votamos". "La desigualdad puede afectar la capacidad de esos actores de estar en esa mesa. En Chile, es muy interesante ver que después de las movilizaciones, el Gobierno responde diciendo 'aquí está un nuevo paquete de políticas'. Pero la ciudadanía dice que no, que eso no es suficiente y quiere un cambio en las reglas del juego. Por eso tenemos que relacionar desigualdad con gobernanza".

En cualquier caso, según este funcionario de Naciones Unidas, "es muy importante diferenciar los procesos que están llevándose a cabo". Es decir, no es lo mismo lo que ocurrió en Chile, en Ecuador que lo que pasa en Colombia, aunque siempre existen lineamientos comunes. "El aspecto aspiracional es importante tenerlo ahí, en el sentido de que las aspiraciones de muchos grupos no se ven satisfechas. Veamos el caso de la violencia, por ejemplo. Latinoamérica y en el Caribe tienen el 8% de la población global, pero al mismo tiempo el 36% de las muertes violentas a nivel global. Catorce de los 20 países más violentos están en nuestra región y es algo a lo que la sociedad tiene que reaccionar. Según el Latinobarómetro más reciente, más del 75% de los ciudadanos dijeron que el sistema político está al servicio de los más poderosos. Estamos hablando de que esa desigualdad ha minado la confianza en las instituciones. Y por tanto la capacidad de las instituciones de procesar esos acuerdos", mantiene López-Calva. Y corrupción, por supuesto, es uno de los determinantes de la caída en la confianza en los Gobiernos.

Por eso, recalca, "hay que recuperar la noción básica de legitimidad". Y para eso quizá América Latina tenga que ir más allá en el fortalecimiento de los controles al poder. "Hay un poder muy fuerte centralizado y débiles controles a ese poder centralizado y eso dificulta la construcción de acuerdos. Hay otras democracias que buscan la legitimidad no solamente en las urnas sino también en la forma en la que se construyen los acuerdos". La rendición de cuentas es el primer paso. Pero, por encima de todo, según el responsable del PNUD, se trata de profundizar la relación entre desigualdad y buen gobierno. Un asunto que tiene que ver con todos los desafíos de la región y del que, en buena medida, dependen las oportunidades de futuro.

Por FRANCESCO MANETTO

Bogotá 9 DIC 2019 - 00:16 COT

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Lunes, 09 Diciembre 2019 06:23

Obsceno

El museo Guggenheim ofreció el año pasado al presidente Donald Trump un escusado de oro de 18 kilates, obra de Maurizio Cattelan llamada America, en préstamo para decorar la Casa Blanca. El magnate había pedido un Van Gogh.Foto del Museo Guggenheim

La semana pasada, entre la cacofonía del impeachment, el berrinche en la OTAN y las amenazas contra el país vecino (designar como terroristas a los cárteles mexicanos y el envío de inspectores para cuestiones de derechos laborales en México que, por cierto, no se respetan en Estados Unidos), brotaron varias noticias que por sí solas y/o en combinación son obscenas.

Primero, una combinación obscena: el régimen de Trump anunció la semana pasada que aprobó una medida que anula la asistencia alimentaria federal para unos 700 mil estadunidenses con el objetivo de expulsar a un total de 3 millones –entre ellos cientos de miles de niños– del programa para combatir hambre. Ese es el regalo de Navidad para los pobres.

En esa misma semana se reportó que el uno por ciento de los más ricos ahora concentran una riqueza de 35.4 billones de dólares, casi lo mismo que toda la clase media de Estados Unidos. Y el 10 por ciento más rico de los hogares ahora concentran 63.8 de la riqueza, casi el doble del total en manos de todos los demás, según estadísticas oficiales reportadas por Bloomberg.

Según algunos cálculos, las reducciones de impuestos otorgadas por el régimen actual a los más ricos supera un billón de dólares, mientras ese mismo gobierno busca ahorrar al reducir los programas para combatir el hambre entre su población.

Vale recordar que en la última elección presidencial, 40 por ciento del total de las contribuciones a las campañas presidenciales provino del .001 por ciento más rico de estadunidenses, un grupo compuesto de 24 mil 949 mega ricos.

No fue la única obscenidad.

Según un informe que se difundió casi sin atraer atención, el inspector general del Departamento de Seguridad Interna reveló que en mayo de 2018 al implementarse las medidas para separar a niños de sus familias inmigrantes, el gobierno calculaba que más de 26 mil menores de edad serían separados bajo su política de cero tolerancia. O sea, el régimen de Trump estaba preparado para imponer la máxima crueldad posible de separación, más bien secuestro, de por lo menos otros 20 mil niños antes de que tribunales federales ordenaran un alto (no se sabe la cifra exacta hasta la fecha, pero se calcula que aproximadamente entre 4 y 5 mil niños fueron separados desde 2017).

en tanto, no cesa la campaña oficial contra la verdad. Tan efectiva ha sido la táctica del régimen para poner en duda los hechos y la verdad misma, así como a los mensajeros (sobre todo los periodistas), que aunque todas estas obscenidades son reportadas todo continúa como si nada. 63 por ciento de estadunidenses confía poco o nada en políticos electos, 57 no confía en funcionarios nombrados por presidentes, y 52 confía poco o nada en los medios noticieros, según el Centro de Investigación Pew. Entonces, políticos y periodistas pueden debatir o reportar estas obscenidades, pero las mayorías no les creen.

Mientras, siguen asombrando las opiniones de los que si le creen al presidente que más ha engañado o distorsionado los hechos (según el conteo del Washington Post más de 13 mil mentiras): la mayoría (53 por ciento contra 47 de republicanos, opina que Trump es mejor presidente que Abraham Lincoln, según una encuesta de la revista Economist.

Para acabar en el baño… Trump comentó el viernes en una reunión en la Casa Blanca que impulsará una investigación sobre las normas de eficiencia del uso de agua, señalando que hay asuntos que le preocupan relacionados con elementos de baño en el país, sobre todo los inodoros. La gente los está usando 10, 15 veces, en lugar de una sola, desperdiciando mucha agua, y el líder del último superpoder mundial indicó que la agencia federal de regulación ambiental está indagando este asunto bajo mi sugerencia.

No se sabe si esta obsesión es resultado de que su Casa Blanca supuestamente rechazó el año pasado un ofrecimiento del Museo Guggenheim de un escusado de oro sólido de 18 kilates –obra de arte de Maurizio Cattelan llamada America– para instalar en la residencia presidencial.

Lo obsceno –por supuesto incluyendo las guerras y las intervenciones– es por ahora política oficial.

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Stiglitz, Piketty y Ghosh entre las personalidades que integran la ICRICT.

 El sistema actual se basa en una ficción ya que considera a las filiales de las multinacionales como entidades independientes unas de otras. Así, pagan muy bajos impuestos o evaden.  

 La lucha por la igualdad social y la lucha por la justicia fiscal tienen la misma legitimidad, tanto más cuanto que la segunda condiciona el bienestar de los pueblos. Los megamillonarios y las grandes empresas multinacionales no pagan los impuestos que deberían. Gracias a montajes tramposos y dispositivos como la llamada “optimización fiscal”, las empresas globalizadas, sobre todo aquellas que pertenecen al ramo de la “economía digital”, evaden masiva y escandalosamente sus obligaciones fiscales. Salvo sus beneficiarios, a nadie le cabe en la cabeza que las empresas que forman el núcleo GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) hayan pagado en España sólo 29 millones de euros en impuestos cuando facturan por cientos y cientos de millones. 

Tanto el FMI como Tax Justice Network calculan que unos 500 mil millones de dólares por año se van por la borda de la evasión fiscal. El economista francés Gabriel Zucman, conocido por sus trabajos sobre las desigualdades sociales y los paraísos fiscales, estima que el 40% de los beneficios de las empresas multinacionales son transferidos a los paraísos fiscales. Esa transferencia ilícita organizada por las multinacionales priva a los países miembros de la Unión Europea de una suma que oscila entre 50 y 70 mil millones de dólares anuales en concepto de impuestos. Peor aún, en Estados Unidos, ”60 de las 500 empresas más importantes, por ejemplo, Amazon, Netflix o General Motors, no pagaron ningún impuesto en 2018 pese a un beneficio acumulado de 79 mil millones de dólares” (José Antonio Ocampo, Economista y presidente del ICRICT, Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional).

Esta Comisión está integrada por unas 15 personalidades entre las cuales se encuentran el economista Thomas Piketty (autor del ensayo El Capital en el Siglo XX), el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, la especialista en economía de desarrollo Jayati Ghosh, o el economista Ricardo Martner (ex jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), La ICRICT se propone alentar un debate para una reforma substancial del sistema internacional aplicado a los impuestos de las empresas. Es una clave fundamental para el desarrollo y la igualdad. Como lo resalta la profesora Jayati Ghosh, ”la arquitectura económica internacional y los patrones asociados de comercio y flujos de capital continúan impulsando la desigualdad”. Con una reunión inicial en 2015 en Nueva York y una primera declaración hecha pública el mismo año en Trento (Italia) la Comisión ha ido tejiendo un sólido programa de acción que cuenta con el respaldo de Oxfam, CCFD-Terre Solidaire y el World Inequality Lab. 

La Comisión organizó en París un encuentro con varios de sus miembros bajo el lema “ Impuestos a las multinacionales: ¿Una revolución para mañana ?”. Se trata, en efecto, de una “revolución” a la altura del desfalco descomunal que cometen cada año los mega grupos. Comparemos: en 2017, Facebook pagó en Reino Unido 8,2 millones de euros de impuestos frente a una ganancia de 1,5 mil millones de euros. Amazon abonó, en Europa, 16,5 millones de euros en concepto de impuestos para una cifra global de negocios de 21 mil millones. La ingeniería contable es un antídoto contra el desarrollo y un proveedor de pobreza. La trampa vale también para la Argentina, país donde estos grupos (Netflix, Airbnb, Spotify y otros) escapan a sus obligaciones fiscales porque están radicadas fuera del país.

¿ Cómo se monta el engaño ?. La ICRICT la resume así: «el sistema actual está basado sobre una ficción por cuanto considera a las filiales de las multinacionales como entidades independientes unas de otras. Ello alienta a las multinacionales a crear estructuras complejas de evasión fiscal creando cientos de filiales en países fiscalmente benignos”. En el Viejo Continente hay países miembros de la Unión Europea que se decidan a “aspirar” la base fiscal de sus vecinos. Es el caso de Luxemburgo, de Irlanda, de Bélgica y de la misma Holanda (Suiza también pero no es un miembro de la UE). En Irlanda, la tasa de imposición es muy baja y, además, el país deja exenta de impuestos a la Propiedad Intelectual. Así, las distintas filiales de Google, Starbucks o Apple transfieren sus ganancias a Irlanda y, de allí, las depositan en los paraísos fiscales. Eluden la masa impositiva en los países donde operan, giran el dinero a su “sede” (Irlanda) y de allí los capitales vuelan. ICRICT ha propuesto ya que se aplique un porcentaje mínimo de impuestos para evitar una competencia entre países donde se tributa menos y también que las empresas cumplan con sus obligaciones impositivas como sociedades unitarias (gravamen unitario y distribución global basada en lo que se produce, con qué se produce y lo que se consume in situ).

Esa tasa “única y global” podría ser del 20%

El valor se crea en un lugar, pero el beneficio es trasladado a otro. La fórmula ha permitido transferencias monumentales de recursos fuera de los lugares donde estos fueron producidos. ”Las estrategias de las corporaciones multinacionales para evitar pagar impuestos son un ataque a los derechos humanos”, alega el economista y presidente del ICRICT José Antonio Ocampo. Según la ICRICT, unos 7,6 billones de dólares duermen en los paraísos fiscales, lo que equivale al 10% del PIB mundial. El porcentaje puede subir al 60% en algunos países de América Latina. 

La OCDE (Organización de Cooperación y desarrollo económico) viene trabajando desde hace algunos años en una reforma del régimen internacional impositivo para las empresas. Sin embargo, Piketty considera esas discusiones “insuficientes” y defiende más bien la idea de que ese tema pase bajo la tutela de la ONU. Salud, infraestructuras, educación, seguridad, desarrollo, todo depende de la capacidad de un Estado para financiar esos sectores. Stiglitz recordó en la capital francesa que la evasión fiscal “tiene un costo enorme para la sociedad. Si las empresas más ricas del planeta no pagan impuestos les corresponderá entonces a otros respaldar los servicios públicos”. 

Cuando más imponente es la evasión, más drástica es la disminución de recursos. Francia ha decidido aplicar un impuesto a los actores de la economía digital, la Tasa GAFA (3%), y otros países le seguirán los pasos. Es sin embargo muy poco comparado con los abismales beneficios que esas multinacionales obtienen y con los que obtendrán mediante el ingreso de esos grupos al sector financiero (Google, Amazon y Facebook). Stiglitz comentó en París que "la mayoría de las empresas estadounidenses son más creativas en soluciones fiscales que en el desarrollo de nuevos productos". Se trata estrictamente de una estafa globalizada al conjunto de las sociedades del mundo. Y hará falta mucha imaginación y movilización social así como coraje estatal para que devuelvan lo que hurtan.

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Sábado, 21 Septiembre 2019 05:19

¿Por qué funciona la economía boliviana?

¿Por qué funciona la economía boliviana?

Bolivia era un país bimonetario. Justo antes de la llegada de Evo Morales, en 2005, sólo 15 por ciento de los depósitos estaban en moneda nacional; en materia de crédito, únicamente 7 por ciento se otorgaba en pesos bolivianos. En esos años, siempre bajo gobiernos neoliberales, todo el mundo usaba el dólar para refugiarse de la desvalorización del peso. Aquellos que podían compraban dólares mensualmente y los vendían a medida que necesitaban gastar. La economía estaba más dolarizada que la de la Argentina actual. Sin embargo, después de algo más de una década, en apenas unos 13 años, la situación se revirtió completamente. En 2019, 99 por ciento de los depósitos y 87 por ciento de los préstamos son en pesos bolivianos. En la actualidad, todos prefieren prestar en pesos y tomar depósitos en pesos porque es una moneda fuerte y rentable.

Esta transformación económica no tuvo lugar por arte de magia. En economía, los milagros no existen. Todo tiene que ver con todo. Cada resultado económico es la consecuencia de un gran conjunto de decisiones que poco o nada tienen que ver con la creencia "paranormal" de que los mercados, por sí solos, nos llevarán a un equilibrio virtuoso. No. La economía no funciona así. Ni mucho menos.

Evo logró la bolivianización del sistema financiero al mismo tiempo que hacía crecer la economía más que nadie en toda Latinoamérica. Supo, además, combinar el bienestar macroeconómico con el bienestar microeconómico de las familias, algo diferente a lo que sucede en Perú, Colombia o Paraguay, que sólo pueden presumir de buenos indicadores macroeconómicos, y muy diferente de Argentina, que no disfruta bienestar macro ni microeconómico.

 

¿Cómo lo hizo? He aquí una breve enumeración de las principales acciones:

 

  1. Evo recibió el Gobierno con un tipo de cambio de ocho pesos por dólar, a poco de asumir "apreció" la moneda a siete pesos y, actualmente, se mantiene estable (cotiza en 6.95). Le generó una pérdida a los tenedores de dólares con la que rompió la inercia y mandó la señal de que quien le apuesta al dólar no siempre gana.
  1. Desalentó la compraventa de divisas ampliando el diferencial cambiario entre compra y venta de divisas hasta una diferencia de 10 centavos.
  1. Aumentó a 66.5% el encaje líquido que los bancos deben tener por cada depósito en dólares, mientras el encaje para los depósitos en pesos es de 11 por ciento. La medida encarece el costo de los créditos en dólares.
  1. Se ofrecieron tasas ligeramente más altas a los ahorristas en pesos.
  1. Se estableció un impuesto a las transacciones financieras en dólares, que afecta sólo a las cajas de ahorros con más de 2 mil dólares y a los depósitos a plazos menores al año
  1. Se aumentaron los requisitos para otorgar créditos en moneda extranjera y se facilitó el crédito en moneda nacional, por lo que aumentó mucho la preferencia a otorgar préstamos en pesos.
  1. Se utilizó la Unidad de Fomento a la Vivienda, unidad de cuenta actualizada con la inflación local, como instrumento para realizar todo tipo de contratos en moneda local y desalentar el uso del dólar como unidad de cuenta.
  1. Se emitieron títulos públicos en moneda nacional y desaparecieron los títulos en dólares.
  1. Se emitieron títulos especiales en pesos para pequeños tenedores.
  1. Usando varios instrumentos, en especial los coeficientes de reservas y cupos máximos, se orientó el crédito bancario a las actividades productivas, especialmente vivienda, vivienda social, empresas, microcréditos y Pymes, expandiendo la cartera de créditos en casi siete veces. Los tipos de interés que resultaron de esta política son envidiables: por debajo de 10 por ciento para los créditos hipotecarios, por debajo de 7 por ciento a los créditos de vivienda social, cercanos a 20 por ciento para el consumo, por debajo de 5 por ciento si es crédito empresarial y de 7 por ciento cuando se trata de Pymes.
  1. Se prohibió indexar las tarifas en función de la evolución del dólar.
  1. Se creó un fondo contracíclico de reservas internacionales que ronda 25 del PIB.
  1. Implementó una política deliberada de control del monopolio y abuso de posición dominante, con seguimiento casi diario y control directo por parte de Presidencia sobre precios relevantes de la economía.
  1. Se llevó a cabo una obsesiva política de apoyo a la producción, con crédito dirigido a la inversión productiva y una vasta inversión en infraestructura que tuvo el efecto de extender el área geográfica desde donde se provee a las grandes ciudades, por lo que la oferta productiva se amplió y, con ello, muchos precios cayeron.

 

Y por si todo esto fuera poco, se hizo en un contexto de nacionalizaciones que, según un informe de Celag, tuvo un impacto en la economía boliviana de generación de riqueza por 74 mil millones de dólares (dos PIB del año 2017), 670 mil puestos de trabajo, ahorro de divisas de 45 por ciento, aumento de consumo de 125 por ciento y subida de la inversión hasta 11 mil 200 millones de dólares (29.9 por ciento del PIB). Además, ello tuvo lugar en un clima de inflación a la baja; 1.5 por ciento en el último año, igual o más baja que la de Estados Unidos a pesar del fuerte ritmo de crecimiento sostenido y de la mejora en absolutamente todos los indicadores de bienestar social y económico.

Después de todo lo expuesto, y mirando lo sucedido con Macri en Argentina, ¿quién se atreve a decir que no hay alternativa ni pragmatismo en esta propuesta económica boliviana?

Por Guillermo Oglietti y Alfredo Serrano, Celag

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¿El “plan” económico de un país “borracho”?

Cual fiestero “borracho”, sin dinero y con caminar tambaleante, el país regresa al “hogar” neoliberal -así sea a rastras-, de la mano del gobierno de Lenín Moreno (impulsado por la inercia de las medidas de política económica adoptadas por el gobierno anterior). Si bien desde diversas corrientes (derechas, “izquierda” progresista, las otras izquierdas... y demás), se ha acusado al morenismo de no tener un verdadero plan económico, a estas alturas (y con casi medio período de gobierno sobrevivido) parece que el “plan” es la improvisación. Un “plan” que, por cierto, se despliega por capítulos aparentemente disconexos de una telenovela que apunta a un climax de fin de temporada: el retorno al redil del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y de ahí empezará una nueva temporada de la tan conocida serie neoliberal, que no será más de lo mismo, sino más de lo peor…

Cualquiera que vea al “borracho” país de la mano de un gobierno delirante (que canta a los cuatro vientos su sueño de producir con la mano derecha y repartir con la izquierda ), creerá que la borrachera fue causada por la enorme irresponsabilidad de diez años de desperdicio que nos han llevado a una grave crisis económica. Si biern la crisis existe (como ejemplo basta mencionar cuatro años de un PIB per cápita estancado), ese desperdicio de la década es solo una parte de toda esta historia... pues el “borracho” país no está así por voluntad propia, ¡lo han emborrachado permanentemente y lo siguen haciendo!


De hecho, mientras el morenismo distrae al pueblo con llamadas xenófobas y continuos culebrones en contra del correísmo -su eterno fantasma-, por otro lado, aprovecha la distracción para consolidar su supervivencia con entreguismos vergonzosos [2] y medidas desesperadas. Así, luego del “ajuste” a los subsidios de las gasolinas y la adquisición apurada de endeudamiento con China por 900 millones de dólares a fines del año pasado , se colocaron bonos soberanos por 1.000 millones a diez años plazo y a una tasa de interés del 10,75% . La tasa de dicha colocación es una de la más altas desde el contraataque de la deuda externa durante el correísmo, lo cual muestra que la situación económica ecuatoriana es crítica [3] más cuando se compara con los créditos obtenidos por países vecinos como Colombia .


Es en ese marco de improvisación e imparable endeudamiento donde se perfila la arremetida morenista para acelerar las concesiones, en lo que -de a poco- parece constituirse como la gran orgía privatizadora del siglo XXI. Usando como pretexto una lectura fiscalista de la crisis (para la cual el problema es conseguir recursos económicos y balancear las cuentas fiscales como sea), se apuntala una gran oleada de privatizaciones, que vendrá acompañada de más flexibilizaciones y liberalizaciones. Una oleada que busca convencer al pueblo ecuatoriano que, por definición, toda empresa pública es ineficiente y generadora de pérdidas. Razonamiento simplón [4] que se complementa con el pérfido engaño a la opinión pública de que las concesiones no son privatizaciones.


Las pretensiones son grandes. En la mira está, en primer puesto, la concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). El asesor presidencial Santiago Cuesta dijo que se entregaría por 20 años la administración de la empresa a cambio de 4 mil millones de dólares en ingresos para el Estado . Lo raro es que Contraloría publicó un informe de 2018 hecho por una auditora privada revelando la compleja situación de la empresa. La CNT no tiene contabilidad y no hay datos certeros de cuánto dinero gana o pierde. Un informe de 2017 señala que, hasta 2016, el patrimonio de CNT crecía a razón de 132 millones por año y que en 2017 se produjo curiosamente una pérdida patrimonial de 1.343 millones. En esas condiciones de incertidumbre sorprende la certeza con la que opina el asesor del presidente Moreno, más aún cuando se recuerda que, en 2016, la CNT declaró una rentabilidad de 221 millones .


Luego de CNT, el propio discurso oficial permite entrever que el festín privatizador -disfrazado de concesiones- parece estar dando sus primeros pasos tras las hidroeléctricas e incluso tras el servicio de salud del IESS . Hasta las presiones para terminar con la protección a la “industria audiovisual”podrían mencionarse en este punto como ejemplo de los méritos que el país debe hacer para acceder a tratados de libre comercio (sobre todo con los EEUU y para ingresar a la Alianza del Pacífico). Tratados que presionan al desmantelamiento de las protecciones a un potencial desenvolvimiento endógeno sustentado sobre todo en las empresas nacionales pequeñas y medianas, a la vez que benefician a los grandes capos del comercio, consolidando -como objetivo último- nuestra condición de economía primario exportadora.


Por cierto, cabe aclarar que el empeño privatizador de Moreno en el fondo va cristalizando el plan de su antecesor. En 2016 Correa propuso un gran paquete de concesiones en donde la CNT abriría -con una alianza público-privada- hasta el 49% de su capital a inversionistas privados (en ese entonces el pretexto era la obtención de recursos para la reconstrucción de la infraestructura devastada luego del sismo del 16 de abril de 2016). Igualmente, Correa destacó que entre los potenciales activos a la venta también estaban las hidroeléctricas, como Sopladora, una hidroeléctrica de poco menos de 500 megavatios en la que se invirtió cerca de 800 millones de dólares. La idea de Correa era transformar en liquidez la riqueza del Estado. Y él se declaró dispuesto a vender también el Banco del Pacífico, los canales incautados TC Televisión y GamaTV (75 millones entre los dos), TAME. En definitiva, ya desde el “progresismo” corresísta se veían los inicios del festín privatizador .


Si bien esos planes no prosperaron, Correa logró concesionar puertos, por 50 años: Puerto Bolívar, Manta, Posorja (sin licitación) ... entregándolos a consorcios transnacionales asociados con grandes consorcios oligáricos criollos, como el grupo de Isabel Noboa Pontón. Igualmente Correa dio paso ala venta de empresas como el ingenio AZTRA o cementeras en condiciones más que ventajosas para los capitales privados . Asimismo, el correísmo se encargó de llevar a cabo una “privatización encubierta” del sistema de salud .


Lo que cuenta es que el correismo fracasó en fortalecer y dinamizar las empresas públicas, como pasó con Petroecuador: la petrolera estatal pudo asumir directamente la extracción de crudo de los conocidos “campos maduros” de petróleo; pero en vez de eso el correísmo entregó el campo Auca a la transnacional Schlumberger e intentó -sin éxito- entregar Sacha a Halliburton , campo que ya había sido entregado al inicio de su gestión a la estatal petrolera venezolana PDVSA (actos que el propio Rafael Correa, en 2005 y 2006, consideraba textual y públicamente como “ una traición a la patria ”). Y si de extractivismos hablamos, prohibido olvidar el festín minero del siglo XXI impulsado frenéticamente por Correa , que continúa su marcha en tiempos morenistas .


Llegados a este punto, cabe hacerse algunas preguntas muy serias: ¿cómo llegó el “borracho” país a esta situación?, ¿lo emborrachó el “excesivo” gasto público?, ¿fue el agresivo endeudamiento adquirido entre el fin del correísmo y todo el morenismo?, ¿fue el déficit fiscal?, ¿fue el tamaño del Estado?, ¿fue la implosión de la burbuja petrolera vivida desde 2015 (junto con la apreciación del dólar y el encarecimiento del crédito externo)?


Más allá de lo que digan los economistas ortodoxos, conservadores y prudentes (OCP) (teólogos acérrimos del neoliberalismo), a nuestro criterio la borrachera no es coyuntural, es estructural: todos los gobiernos, con diversa intensidad dependiendo de la disponibilidad de la bebida, han emborrachado al país de recursos provenientes de una -larga e histórica- dependencia del mercado mundial; dependencia que en tiempos recientes ha adquirido la forma de rentas petroleras e ingresos por deuda externa. Recursos que siguen ocultando los problemas estructurales que no se resuelven solo con ajustes fiscales.


Incluso en el caso hipotético de una contracción abrupta del déficit, el país no va a salir del mareo si no se retoma una agenda de transformación estructural seria, profunda y que tenga entre sus protagonistas a los sectores productivos de la pequeña y mediana empresa, de las cooperativas y asociaciones, del campesinado (actualmente abandonados en medio de un creciente deterioro del empleo ). Sin duda hay problemas urgentes que enfrentar (como la presión fiscal causada por los gastos corrientes cada vez más difíciles de cubrir, como sueldos o pago de intereses de la deuda pública), pero esos problemas nacen de desequilibrios estructurales que deben enfrentarse tarde o temprano.


Penosamente, el camino con el morenismo no es el de la transformación estructural. Más bien es, como dijimos al inicio, el retorno al FMI. Cuál pareja furiosa, el Fondo nos espera con garrote en mano para “castigar” la “borrachera”; lo que, puesto en palabras de Pablo Lucio Paredes, uno de los más recalcitrantes economistas OCP, significa “ … sobre todo poner orden en las finanzas públicas ¡con más energía y credibilidad! ” . Ese enérgico garrote del FMI que nos espera si no cambiamos de rumbo no va a caer en los verdaderos responsables de la crisis. Y tampoco nos va a liberar de la adiccióna los extractivismos (petrolero, bananero, minero…), más bien los va a profundizar. Pues, repitamos, el país no se emborrachó porque quiso. ¡Lo han emborrachado, y lo siguen haciendo... para continuar saqueándolo!


¿Qué hacer al respecto? Pues, como primer paso, caminemos a puerto seguro, donde en vez del garrote fondomonetarista, el país tenga al menos la esperanza de decidir por voluntad propia como superar esta borrachera. Está en manos de la lucha popular [5] el que esa esperanza se haga realidad.-
Notas:
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[1] Alberto Acosta y John Cajas Guijarro: Economistas ecuatorianos.
[2] Un ejemplo realmente vergonzante es el haberse sumado al grupo de los satélites del presidente norteamericano Donald Trump sobre la crisis de Venezuela, en lugar de mantener una posición digna como Uruguay y México, que proponen una salida al autoritario desgobierno de Maduro desde la propia sociedad venezolana (salida a la cual adherimos junto con muchas otras personas ).
[3] Cabe agregar que la tasa de colocación de los bonos soberanos también responde a las condiciones del mercado financiero internacional afectado por el incremento de las tasas de interés en los EEUU. Los efectos económicos de dicho incremento de las tasas de interés -cada vez más fuerte- incluso han generado pugnas entre Donald Trump y la Reserva Federal , a la vez que el resto del mundo enfrenta un mayor encarecimiento del financiamiento externo (tema delicado si se recuerda que a escala mundial parece existir una fuerte tendencia al sobreendeudamiento ).
[4] De hecho, la evidencia económica no parece mostrar que existan verdaderas diferencias entre las empresas públicas y privadas alrededor del mundo. Para muestra, se recomienda ver el artículo de David Hall y Tue Anh Nguyen (2018): “Economic benefits of public services”, Real-World Economics Review, No.84, pp.100-153 .
[5] Reconocemos que 2019 inició con un fortalecimiento del “músculo” de la lucha popular antineoliberal; ejemplo de ello fueron las protestas en Cotopaxi así como las nutridas movilizaciones del 30 de enero en varias ciudades del país en contra de las medidas económicas morenistas. Esperemos que esa lucha siga ganando “músculo” -y sobre todo “cerebro”- para evitar ser cooptada y pueda confrontar a un gobierno cuyas pretensiones de diálogo son cada vez menos creíbles. Para ello es crucial que empiece a converger la lucha popular antineoliberal con otras luchas sociales igualmente urgentes como, por ejemplo, la lucha feminista.

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