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La militarización del Estado
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O las grandes tecnológicas o la prensa libre
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Crece el peligro de guerra
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Fatou Bensouda: "La Corte Penal Internacional...
La fiscal general del tribunal con sede en La Haya brindó una conferencia virtual Nacida en Gambia, Bensouda lidera al único organismo permanente destinado a juzgar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. A dos meses de dejar el cargo, realiza un balance de su gestión y reconoce que... Leer Más
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Fatou Bensouda: "La Corte Penal Internacional fue fundada sobre la máxima del Nunca Más"

La fiscal general del tribunal con sede en La Haya brindó una conferencia virtual

Nacida en Gambia, Bensouda lidera al único organismo permanente destinado a juzgar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. A dos meses de dejar el cargo, realiza un balance de su gestión y reconoce que tomaron el legado del Juicio a las Juntas.

 

"La Corte Penal Internacional (CPI) fue construida sobre las duras lecciones que dejó la historia por las atrocidades espantosas que durante siglos permanecieron impunes", destacó Fatou Bensouda, quien lidera el primer organismo permanente capaz de juzgar a individuos por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Nacida en Gambia, Bensouda tiene bajo su órbita dos casos emblemáticos: los crímenes de guerra que involucran a las tropas estadounidenses en Afganistán, y aquellos que salpican a los soldados israelíes desplegados sobre territorio palestino. Pero tanto Estados Unidos como Israel no reconocen la jurisprudencia de la CPI, y el gobierno del expresidente Donald Trump llegó al extremo de aplicar duras sanciones financieras y retirarle la visa a Bensouda.

La fiscal general, sin embargo, se mostró satisfecha con el trabajo que viene realizando el tribunal con sede en La Haya. "Su creación es uno de los momentos de mayor orgullo en la historia de la humanidad", aseguró quien dejará su cargo en junio para ser reemplazada por el británico Karim Khan. Bensouda reconoció que en sus inicios la CPI retomó el legado del histórico Juicio a las Juntas realizado en Argentina en 1985. La abogada especializada en derecho marítimo manifestó que, como deuda pendiente, es necesario avanzar sobre delitos que habitualmente no son reportados: "los crímenes sexuales que involucran a mujeres y niños".

Bensouda participó del ciclo de conferencias online organizado por la Universidad Di Tella. Bajo el título "La importancia de una Corte Penal Internacional permanente y cómo apoyarla", la charla estuvo moderada por Alejandro Chehtman, director de la carrera de Abogacía de la Escuela de Derecho de esa casa de estudios. Bensouda se desempeñó como fiscal general y ministra de Justicia en Gambia. Casada y con tres hijos, uno de ellos ya fallecido, sustituyó en 2012 al argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal general de la CPI desde su puesta en marcha en 2002. 

Los orígenes de la CPI se remontan a los juicios de Nuremberg y Tokio, que condenaron los crímenes sistemáticos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. "Los horrores del Holocausto shockearon la conciencia de la humanidad y demandaron la creación de una corte internacional permanente con la aspiración de asegurar que quienes cometieron estos crímenes, sin importar cuán poderosos fueran, debían rendir cuentas", planteó Bensouda. La fiscal gambiana explicó que la Corte "fue fundada sobre la máxima del 'Nunca Más'".

Bensouda destacó la importancia del juzgamiento a los militares en Argentina tras la sangrienta Dictadura iniciada en 1976: "El Juicio a las Juntas es un ejemplo de los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento necesarios para investigar estas atrocidades". En 1998 más de 120 países firmaron el Estatuto de Roma y en 2002 el tratado entró en vigor con 60 ratificaciones, lo que significó el inicio de las actividades del tribunal internacional.

Estados Unidos en Afganistán

Antes de dilatar la entrega del mando a la nueva administración demócrata, el expresidente Donald Trump impuso sanciones a la CPI y le rechazó visados a Bensouda y a algunos de sus colaboradores. El motivo era evidente: la abogada había iniciado una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán. El viernes pasado el gobierno de Joe Biden, aún "en total desacuerdo" con la mirada de la CPI, levantó los castigos.

La fiscal general de la Corte explicó la forma en que las sanciones estadounidenses afectaron sus tareas cotidianas. "Hemos tenido que reorganizar la Corte para que no nos golpeara con tanta fuerza. A nivel financiero, las principales cuentas con base en Estados Unidos fueron cerradas", remarcó Bensouda, aunque valoró la forma en que la Corte reaccionó: "El equipo trabajó muy bien para conseguir transferencias económicas por nuevas vías. Conseguimos el asesoramiento legal que se necesitaba para ver cómo podíamos trabajar con eficacia sin tener que expulsar a parte del staff".

Pero lo más difícil, aseguró Bensouda, fue comprender que "las sanciones estadounidenses son merecidas por terroristas, por quienes violan derechos humanos, son para ellos y no para quienes trabajan para proteger la ley". Con la llegada de Biden al poder, la abogada apunta a "resetear la relación". Sin embargo, para evitar dificultades a futuro, Bensouda planteó la necesidad de "desarrollar un mecanismo que de forma sistemática proteja a la CPI y su integridad de cualquier ataque".

Ataque a territorios palestinos

El tribunal internacional también inició una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. El gobierno israelí es un aliado incondicional de Estados Unidos que también rechaza la autoridad de la CPI, al contrario de Palestina que acepta la jurisdicción de la Corte. El primer ministro Benjamin Netanyahu, actualmente juzgado por corrupción y fraude, criticó el inicio de la investigación y la calificó de "esencia misma del antisemitismo".

La CPI le dio en marzo a Israel y a los palestinos un mes para que puedan solicitar el aplazamiento de la investigación, siempre que puedan demostrar que están llevando a cabo sus propias averiguaciones. "En Palestina recibimos un pedido de investigación. Ellos aceptaron nuestra jurisdicción y la cuestión jamás estuvo relacionada a determinar si el territorio palestino es considerado o no un Estado", destacó Bensouda. La prestigiosa jurista evitó referirse a la férrea postura israelí, sin embargo aseguró: "Mi oficina exige actividades imparciales constantemente, no trabajamos bajo consideraciones políticas".

La pandemia y el rol del Estado

Consultada respecto a la posibilidad de encuadrar como crímenes humanitarios a la gestión de algunos gobiernos frente a la pandemia de coronavirus, Bensouda reconoció que "algunos líderes mundiales podrían haber respondido mejor", aunque para dar lugar a una acusación semejante "se debe detectar un ataque sistemático y directo a civiles e intención para hacerlo".

Sobre el caso particular del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la fiscal general admitió que la CPI recibió "distintas comunicaciones" denunciando su gestión de la pandemia. En efecto, Bolsonaro fue denunciado por más de un millón de profesionales de la salud a fines de julio de 2020 bajo el cargo de "genocidio". Un mes más tarde, el cacique Raoni Metuktire, emblemático defensor de la Amazonia, le pidió al tribunal internacional que investigue al mandatario de ultraderecha por "crímenes contra la humanidad"

A la hora del balance de su gestión, Bensouda destacó que la oficina de la CPI alcanzó "un número importante de éxitos en litigios y decisiones históricas". Mencionó en ese sentido la sentencia dictada en la jurisdicción de la frontera Myanmar-Bangladesh, que le permitió mantener abierta una investigación por los presuntos delitos cometidos contra la minoría rohingya, que Naciones Unidas describió como ejemplo de "limpieza étnica".

Bensouda también aseguró que el procesamiento del expresidente de Sudán, Omar Al Bashir, por los cargos de "genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", sirvió para confirmar que "nadie está encima de la ley". En Congo, la CPI "logró que por primera vez en la historia se declarara esclavismo sexual y violación de mujeres y hombres". Con una leve mueca de satisfacción, Bensouda consideró que "hay suficiente evidencia para creer que el trabajo de la CPI contribuye a la protección de los derechos humanos". 

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Lunes, 05 Abril 2021 05:32

Dios y el dinero

Dios y el dinero

Dado el peso simbólico que tiene la Semana Santa en la cultura occidental, es un tiempo propicio para que la Iglesia Católica y en particular el Papa utilicen la tribuna que le brindan las plataformas comunicacionales para renovar o reforzar sus mensajes. En esta ocasión Jorge Bergoglio usó cada uno de los momentos en los que pudo atraer la atención de las audiencias para ratificar las grandes líneas de su prédica, sin perder de vista tampoco la crítica situación de pandemia que atraviesa la humanidad. 

La mirada de Francisco se puede sintetizar en un párrafo de su alocución el domingo de Pascua hablando al mundo pero desprovisto de audiencias locales como resultado de las restricciones sanitarias. “La pandemia todavía está en pleno curso, la crisis social y económica es muy grave, especialmente para los más pobres; y a pesar de todo —y es escandaloso— los conflictos armados no cesan y los arsenales militares se refuerzan. Este es el escándalo de hoy”. 

Esa es la mirada de Bergoglio. El “escándalo” consiste en que siguen siendo los más pobres los afectados, desde antes por situaciones sociales y económicas, pero ahora también porque no acceden a una distribución adecuada y justa de las vacunas, como también lo señaló de manera explícita en otra parte de la misma alocución pascual en la que volvió a pedir por un “internacionalismo de las vacunas” que exprese la solidaridad internacional.

Para Francisco la pobreza y la desigualdad guardan estrecha relación con las guerras. “Todavía hay demasiadas guerras, demasiada violencia en el mundo” afirmó el Papa el domingo de Pascua en el Vaticano al impartir su bendición et-orbi.html">urbe et orbi (a la ciudad y al mundo) . Lo ha dicho en varios de sus documentos. Y esta misma semana lo ratificó en la ceremonia que anticipó el triduo pascual. “Los enfermos, los pobres y los descartados de este mundo son los crucificados de nuestro tiempo” sostuvo el Papa en la audiencia general del 31 de marzo celebrada en la biblioteca priva del Palacio Apostólico Vaticano. En la misma ocasión Jorge Bergoglio dijo que “hay dos señores en el mundo, dos, no más: Dios y el dinero. Quien sirve al dinero está contra Dios”.

Si bien el mensaje de Francisco en algunos casos sigue siendo críptico como el de sus antecesores en el pontificado y el de tantos líderes de la propia Iglesia Católica, el Papa Bergoglio hace un esfuerzo permanente para, por una parte, ofrecer su análisis y sus propuestas a los problemas que afectan a la sociedad mundial poniendo su mirada más allá de los límites de su propia comunidad religiosa y, por otra, para expresar con claridad su posición sobre estos temas.

Pero más allá de su diagnóstico sobre los problemas de la comunidad internacional, Francisco no desconoce las dificultades de su comunidad, la Iglesia Católica, en particular las resistencias a su propio liderazgo y las luchas que se dan dentro de la institución eclesiástica. Hay pocas referencias directas al tema, pero el Papa busca los caminos para instalar la cuestión en agenda. Días atrás se pronunció de manera discrepante con la Congregación para la Doctrina de la Fe que había desautorizado las bendiciones de uniones de personas del mismo sexo. Ahora utilizó como vocero no oficial al fraile capuchino Ramiro Cantalamessa, a quien el Papa designó como predicador el jueves santo, para hablar de la división en la Iglesia. Mientras Bergoglio escuchaba en silencio, el sacerdote aseveró en esa ocasión que “la fraternidad católica esta herida” y no es por “el dogma o los sacramentos” sino por “la política y la ideología”. Nadie podría imaginar que Francisco no conocía de antemano las palabras del orador que él mismo seleccionó para la ocasión.

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El Lava Jato, Moro y la hipocresía de la corte suprema brasilera

La votación de la Corte Suprema por la sospecha de Moro, 5 años después del rol que tuvo el en el golpe institucional que llevó al juicio político a Dilma y la detención arbitraria de Lula, que le negó la posibilidad de presentarse a elecciones en 2018; todo esto conforma el retrato de la hipócrita “imparcialidad” de la justicia brasileña.

 

Con el cambio de voto de la jueza Carmen Lúcia , quien se había pronunciado a favor de Moro en 2018, la votación en segundo turno de la Corte Suprema votó hoy a favor de la sospecha sobre Moro, el ex ministro de Justicia de Bolsonaro, lo que debe conducir a la anulación de todos los procesos contra Lula , incluidos los casos del Triplex y también las donaciones realizadas al Instituto Lula. Detrás de este giro están los temores e intereses de distintas fracciones de la clase dominante ante un país en profunda crisis que puede conducir a mayores inestabilidades en la lucha de clases.

El Supremo Tribunal Federal (STF) ha trabajado con el Lava Jato desde sus inicios en 2014 y fue directamente decisivo para el avance del juicio político contra Dilma, rechazando la solicitud del entonces gobierno del PT y de los diputados de anular el proceso que se estaba llevando a cabo en la Cámara a principios de 2016.

En abril de 2018, en vísperas del juicio de hábeas corpus de Lula que sería realizado por el STF tras su detención arbitraria, el entonces comandante del Ejército brasileño, general Eduardo Villas Bôas, hizo una declaración en twitter, demostrando claramente la injerencia y la influencia de las Fuerzas Armadas en la política, presionando al STF para que no acepte tal habeas corpus. Entre otras cosas, el general afirmó que "cree que comparte el deseo de todos los ciudadanos en aras de repudiar la impunidad". En esa ocasión, el STF no solo subordinó total y silenciosamente las declaraciones abiertamente golpistas del alto mando del ejército, sino que también actuó en conjunto con los altos mandos militares para coordinar todas las operaciones antidemocráticas de la Lava Jato.

Hay que recordar que fue el STF el encargado de elegir al magistrado ponente de Lava-Jato. Juntos, los militares, golpistas de varios partidos, los principales medios de comunicación y la Corte Suprema con un rol protagónico, apoyaron y fortalecieron al Lava-Jato, el golpe institucional y allanaron el camino para el triunfo de Bolsonaro en 2018.

Por más obvia que sea la búsqueda del STF para “maquillar” la participación directa que tuvo, junto a los militares y al régimen poítico, en el rumbo autoritario en el que se enredó el país tras el surgimiento del Lava Jato en el 2014, existen evidentes debilidades, como como señalamos en un análisis reciente:

“Uno de ellos es el enorme debilitamiento del Lava Jato. El escándalo de Vaza Jato de 2019, que reveló todas las medidas autoritarias utilizadas para detener arbitrariamente a Lula, presentes en las conversaciones privadas entre los golpistas Sérgio Moro y Deltan Dallagnol, dio a conocer públicamente el fraude judicial que sostuvo el golpe institucional. Denunciamos este fraude desde 2014 como la esencia del Lava Jato: una operación proimperialista que allanó el camino para el establecimiento de un nuevo régimen basado en el golpe y abrió sectores estratégicos de la economía a las multinacionales extranjeras. El debilitamiento de Moro se profundizó después de su ruptura con el gobierno de Bolsonaro, que le otorgó el Ministerio de Justicia por otro año y medio. Al final, la Operación Lava Jato se disolvió en febrero de 2021. Utilizado para erosionar el régimen de 1988, la operación Lava Jato no pudo estabilizar un nuevo régimen en medio de la crisis económica mundial. Menos aún con las fuerzas desatadas en el régimen post-golpista, en el que Bolsonaro y las instituciones del golpe se disputaban quién sería el trazo decisivo de los contornos de este nuevo sistema político ”.

Desde el 2014 hasta ahora, uno de los objetivos más importantes de Lava-Jato y del golpe institucional y su curso autoritario fueron los ataques económicos, son los que quizás desangran a la gigantesca clase obrera brasileña, que en este contexto vive un nuevo registro diario con más de 3.000 muertos en 24 horas, víctimas de un virus que podría controlarse mucho más de no ser por la irracionalidad de los gobiernos y la búsqueda capitalista de lucro a toda costa. Desde entonces, han pasado reformas laborales y previsionales, subcontratación irrestricta, decenas de ataques a los derechos sociales, laborales y democráticos, siempre sobre la base de mucho chantaje, con el respaldo del Tribunal Supremo a todos ellos.

Durante la votación del día martes, los principales miembros del poder judicial hablaron insistentemente sobre la imparcialidad con la mayor rigidez que se pueda imaginar. Pero no han cambiado de opinión sobre ninguno de los atentados, ni siquiera sobre qué es democrático o no en un juicio, que fue y sigue siendo político en el caso de Lula. Lo cierto es que temen la magnitud de la crisis y cuánta inestabilidad puede generar, especialmente en una América Latina sumida en el desempleo y el empobrecimiento generalizado. El nuevo mundo con el viejo capitalismo despojado por la pandemia, obliga al régimen a repensar los factores restrictivos con los que puede contar:

“Por un lado, tanto el imperialismo extranjero como el régimen golpista brasileño buscan hoy preservar las conquistas del Lava Jato, descartando sus métodos. Esta es la mejor manera de continuar el régimen del golpe institucional y su agenda económica bajo un frágil aspecto “democrático”, desgastado por maniobras autoritarias desde 2016. Por otro lado, se hace más necesario que la burguesía brasileña cuente con frenos ante la posibilidad de fuertes disturbios sociales ante los dramáticos efectos de la crisis económica y de salud, que combinada con la errática política de Bolsonaro, colocan a Brasil como un paria en el mundo. El mayor dispositivo que cuenta la burguesía brasileña para la contención de la lucha de clases en Brasil se llama Lula ”.

Las batallas contra los efectos de la pandemia de coronavirus, el desempleo y los ataques económicos de los golpistas deben ir de la mano de la defensa de nuestros derechos democráticos, por eso denunciamos siempre la detención arbitraria de Lula y los crecientes mecanismos autoritarios en el régimen, como el caso de utilizar la Ley de Seguridad Nacional para perseguir a opositores en el gobierno de Bolsonaro. A su vez, depende de una política de independencia de clase que conozca a los enemigos, como el STF junto a todo el régimen golpista, y al mismo tiempo no confíe en la política de conciliación de clases del PT que, con solo conmemorar las decisiones institucionales de arriba, alimenta la trampa de espera pasiva por una falsa solución electoral en 2022.

Miércoles 24 de marzo | 01:57

Lava Jato.

Supremo Tribunal de Brasil declaró que Sergio Moro fue parcial en proceso contra Lula

Por tres votos a favor y dos en contra el Supremo Tribunal Federal de Brasil juzgó este martes como parcial la acción del juez Sergio Moro en el proceso que terminó con el encarcelamiento del expresidente Lula da Silva.

Martes 23 de marzo | 15:52

La jueza Cármen Lúcia, que se había pronunciado a favor del juez Sergio Moro en 2018, dio este martes una sorpresa al cambiar su voto y pronunciarse por la sospecha de la parcialidad de Moro durante los juicios que se le siguieron al expresidente Lula da Silva. De esta manera se anulan todas las condenas de Lula, incluidos los casos del Triplex, del sitio de Atibaia y también de las donaciones realizadas al Instituto Lula.

La segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil había retomado este martes la sesión en la que se juzga la parcialidad del juez Sergio Moro, principal responsable de la operación Lava Jato, en los procesos que se abrieron contra el expresidente Lula de Silva.

Las sospechas sobre el accionar de Moro provienen del llamado Vaza Jato, una filtración masiva de mensajes de Telegram entre jueces y fiscales, publicada por el sitio The Intercept en 2019 donde queda clara la connivencia entre los distintos actores para llevar adelante la operación Lava Jato y en ese marco encarcelar a Lula.

El proceso contra Moro fue impulsado por el juez del STF Gilmar Mendes, inmediatamente después de que el Edson Fachin, también juez del Supremo Tribunal, anulara todas las condenas de Lula a principios de marzo.

El juzgamiento de Moro había quedado en suspenso el 9 de marzo, cuando uno de los jueces del Supremo Tribunal, Nunes Marques, pidió un tiempo para estudiar el caso hasta este martes cuando se retomó.

La segunda sala del STF, precedida por Gilmar Mendes, cuenta con 5 jueces. Hasta este martes la votación estaba empatada en 2 a 2. Mendes y Lewandowski habían votado a favor de la sospecha de que Moro actuó en forma parcial, mientras que Fachin y Cármen Lúcia se contaban en contra de la sospecha (una posición que mantenían desde el año 2018, cuando empezaron los debates originales del caso).

Quién faltaba definir su voto era Nunes Marques, que había pedido tiempo para estudiar el caso y finalmente voto a favor de Moro, es decir, contra las sospechas de parcialidad. Lo hizo bajo el argumento de que los mensajes publicados por The Intercept en el Vaza Jato habrían sido obtenidos de forma ilegal, y por lo tanto si aceptara la sospecha de Moro legalizaría la "actividad de los piratas informáticos", dando lugar a la invasión de teléfonos móviles, llegando a hacer una comparación con las dictaduras.

Sin embargo, el resultado terminó quedando tres a dos en contra de Moro con el cambio de voto de la jueza Cármen Lúcia.

La imparcialidad de Moro, y por tanto la anulación total de toda condena contra Lula, aún puede ser votada en el pleno del STF, ya que la votación de este martes fue en la segunda sala, donde solo votaron estos 5 jueces.

En el argumento de su votación Carmen Lúcia insistió en que la imparcialidad de Moro habría sido solo en el caso de Lula, pero no el conjunto del operativo Lava-Jato, dejando de esta manera libre de culpa y cargo a este operativo lleno de ilegalidades y arbitrariedades.

Todo este proceso se da en el marco de las disputas entre diferentes actores del poder judicial que desde hace años arbitra y decide sobre la política nacional brasileña. El mismo STF que hoy vota contra Moro es el que permitió el golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2016, manipuló las elecciones de 2018 en beneficio de Bolsonaro y avaló reformas neoliberales contra los trabajadores y los más pobres.

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Según el argumento de Cepeda, Diego Cadena habría manipulado testigos a favor de Santiago Uribe. Foto: Colprensa

Carlos Enrique Vélez, alias ‘Victor’ reiteró ante la Fiscalía cómo fueron los supuestos ofrecimientos y pagos que le habría hecho el abogado, a quien el ente investigativo llamó a juicio en el 2020 por estos mismos hechos.

 

El caso Uribe sigue generando controversia en el país. Después de que el pasado 18 de marzo El Espectador y Blu Radio revelaran partes del expediente completo que reposa en la Fiscalía sobre la investigación de falsos testigos, este sábado la cadena radial dio a conocer el testimonio de alias ‘Víctor’, un paramilitar condenado a 40 años de prisión.

Según lo informado, Vélez dice que Cadena le ofreció $200 millones de pesos, de los que habría alcanzado a recibir cerca de $50 millones, para declarar contra el senador Iván Cepeda y, así, beneficiar con su testimonio al expresidente.

Ante la Fiscalía, alias ‘Víctor’ explicó cómo fueron los supuestos ofrecimientos y pagos que le habría hecho Cadena, e incluso se molestó por tener que repetir su versión, ya que lo había hecho en otras ocasiones.

Blu Radio reveló que Diego Cadena visitó a alias ‘Víctor’ en junio de 2017 en la cárcel de Palmira y le ofreció $200 millones de pesos con dos propósitos: “uno, que declarara contra el senador Iván Cepeda y dos, que desmintiera a Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, quien ha declarado contra los hermanos Uribe. Alias ‘Víctor’ aceptó y firmó una carta que escribió Cadena”, señaló la emisora.

De igual forma, alias ‘Víctor’ agregó que la oferta no solo se la hicieron a él, sino también a otros exparamilitares que declararon en favor de Álvaro Uribe por medio de cartas gestionadas por Cadena, añadió ese medio.

Blu Radio publicó uno de los fragmentos de la declaración de Vélez, en ella se lee: ¿Usted firmó (la carta) de manera libre y voluntaria?”, le preguntó el fiscal a Vélez. “Claro –contestó él-, porque él me estaba ofreciendo”. “¿Cuánto le ofreció?”. “Como se lo dije anteriormente, $200 millones, no solo para mí si no para varias personas: lo que era alias Diana, Fosforito, varias personas, que le ayudaran a desmentir a Alberto (Guerrero)”.

El fiscal le preguntó “¿Ya le había pagado los $200 millones?”. “No, él no me dio toda esa plata”. “Entonces, ¿por qué le firmó la carta?”. Y ahí fue cuando Vélez dejó ver su molestia: “Última vez que contesto esas preguntas porque ya le he dado las mismas respuestas”.

Por último se supo que el exparamilitar le hizo a Cadena “un cronograma de las personas que le podían colaborar para desmentir a Alberto”.

Alias ‘Víctor’ agregó que Diego Cadena “lo que hizo fue manipular toda la información de la verdad de las reuniones que tuve con Iván Cepeda” y admitió que el entonces abogado del expresidente Uribe “me dio una carta a mí, yo le pasé esas consignaciones a la Corte (Suprema)”, aseguró Blu Radio.

Más adelante, en la declaración el exparamilitar señaló que alcanzó a recibir una parte del dinero que presuntamente le prometió Diego Cadena. La emisora aseguró que el entonces abogado de Uribe le consignó cerca de $50 millones y empezó a recibir los giros días después de esa primera visita en la cárcel.

Cabe resaltar que Diego Cadena ha manifestado en otras oportunidades que ese dinero no fue ningún soborno, sino que fue una “ayuda humanitaria”. Igualmente, ha indicado que fue por iniciativa suya y que el expresidente Uribe solo se enteró tiempo después.

El pasado jueves 18 de marzo, se reveló el expediente que tiene el despacho del fiscal Gabriel Jaimes y con el que buscará que un juez precluya la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. En ese folio de pruebas al que tuvo acceso El Espectador y Blu Radio, se destacó la declaración que entregó Diego Cadena, que ejerció como abogado de Uribe, ante la Fiscalía.

En la diligencia que se desarrolló el pasado 24 de febrero en la ciudad de Cali, Cadena acudió con su abogado Iván Cancino, para ser interrogado nuevamente sobre su papel en este proceso por supuesta manipulación de testigos ya que también está acusado.

En una parte del cuestionamiento el abogado Cancino se molestó con Cadena porque supuestamente no prestó atención a lo que le preguntaban y terminó contestando de manera equivocada una pregunta sobre los testigos del caso Uribe.

“Usted presentó estos testigos ante los procesos que se estaban tramitando”, preguntó el fiscal, a lo que Cadena respondió que “sí”, el agente contrapreguntó: “de todo”, a lo que Cadena respondió que “de algunos”. De inmediato, su abogado se agita, se quita el tapabocas y le dice: “Escuchá la pregunta hombre” y se le ve muy molesto.

Cadena entonces repite: “¿Que si yo presenté a los testigos?”, y Cancino repite: “la pregunta es que si usted presentó a los testigos, escucha”. Finalmente, Cadena cambia su respuesta y dice que no.

La escena ya sembró dudas sobre la diligencia, ya que después de este percance, el fiscal y el procurador presentes en ese momento, le aconsejan a Cadena que consulte al abogado cuando tenga dudas. “No tendría ningún sentido que lo acompañe su abogado si no lo puede consultar”, dijo el fiscal.

Blu Radio presentó esta grabación junto a El Espectador, en la que Cadena además relató que su trabajo como abogado del exsenador Uribe consistía en verificar la información que le entregaba el político: “Que digan la verdad incluso si me perjudica, me decía Uribe, y utilizaba una frase: que le digan la verdad al país. Yo recopilaba la información y se la entregaba al doctor Uribe o a su exasesor Fabián Rojas [quien hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe mientras este estuvo en el Senado] para que le dieran el destino correspondiente”.

En otro aparte, Cadena volvió a responder de manera equivocada. “¿Se acordó la búsqueda de testigos?”, preguntó el fiscal. “Sí, correcto”, contestó Cadena, lo que hizo reaccionar nuevamente a Cancino: “Ojo a la pregunta, usted tiene que entender la literalidad: ¿se acordó buscar testigos, encontrarlos?”. “No”, dijo Cadena. “Le pido el favor que piense la pregunta antes de responder, el objetivo es esclarecer, pero lo menos que quiero es que usted (inaudible)”, le indicó el fiscal a Diego Cadena. El funcionario judicial insistió en la pregunta, y esta vez, Cadena contestó: “Me abstengo, simplemente le puedo decir que se estaba verificando información”.

Además de esta declaración, entre las pruebas que recolectó la Fiscalía para pedir la preclusión del caso contra el expresidente, según ambos medios de comunicación, el ente acusatorio no tuvo éxito en determinar o descubrir información valiosa en las sim cards decomisadas a Juan Guillermo Monsalve y con las que hablaba por teléfono desde la Cárcel la Picota.

20 de Marzo de 2021

Publicado enColombia
Un grupo de trabajadores ayudan a excavar durante una jornada de exhumación en el cementerio del municipio de Dabeiba el 11 de marzo de 2021, departamento de Antioquia (Colombia). — Luis Eduardo Noriega A. / EFE

Vecinos de Dabeiba se dedican a excavar en puntos señalados por los forenses de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz en ese cementerio convertido en una enorme fosa común.

Con una pala, Jaime de Jesús Arango remueve más que tierra en el cementerio Las Mercedes. Cuando levanta pequeñas cantidades de material agita uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, mientras trata de encontrar parte de la verdad sobre los "falsos positivos".

Sus labores como sepulturero en este camposanto del municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste), varían durante las diligencias que realiza la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en diciembre de 2019 inició allí varias excavaciones tras recibir declaraciones de miembros del Ejército que reconocieron haber participado en estas ejecuciones extrajudiciales y desvelaron el lugar de las fosas.

"Es un trabajo diferente; acá no hay un familiar y no se sabe dónde quedó el doliente (difunto)", dice a Efe Arango, durante la cuarta jornada de exhumaciones y búsqueda de "falsos positivos", jóvenes, sobre todo de zonas humildes, llevados por el Ejército bajo promesas de trabajo y ejecutados para ser presentados como guerrilleros a sus superiores, y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

Un cementerio convertido en fosa común

Arango explica que él y once personas más, la mayoría vecinos de Dabeiba, se dedican a excavar en puntos señalados por los forenses de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en ese cementerio convertido en una enorme fosa común. Así lo muestran los escalofriantes hallazgos: 80 cuerpos han sido recuperados hasta el momento.

Esa escuadra de trabajadores, vestidos de verde, con picos, palas y carretillas, recibe la señal y entra a remover o a tapar, en un trabajo en equipo integrado por tres expertas forenses -antropóloga, odontóloga y psicóloga-, un topógrafo, un fotógrafo, un fiscal y algunos magistrados.

"La gente pregunta, pero uno no puede decir nada; no sabemos nada de (la identidad de los) cuerpos porque eso no nos pertenece a nosotros. No sabemos cuántos cuerpos hay en cada fosa", comenta el sepulturero, mientras un dron merodea haciendo imágenes aéreas para registrar las fosas y crear un mapa 3D del cementerio.

Intervención "casi arqueológica"

Un Cristo resucitado, ángeles y una cruz dan la bienvenida a los visitantes de este pueblo. Una capilla en la mitad, pequeñas cruces esparcidas, pálidas lápidas y otras coloridas, flores... Todos elementos comunes de un camposanto hasta que aparecen cintas amarillas y personal vestido de blanco moviéndose por áreas delimitadas con pinzas, brochas y otras herramientas.

En esa escena lúgubre sobresalen al fondo casas que cuelgan de una ladera pronunciada. Desde allí vigilan algunos vecinos y suena música vallenata a todo volumen como si fuera un sabotaje a las rigurosas labores judiciales.

La misma banda sonora que acompañó la entrega de los restos, en febrero del 2020, de la primera víctima identificada: Edison Alexander Lezcano Hurtado, un campesino y padre de tres hijos que tenía 23 años en 2002 cuando fue asesinado por el Ejército.

Durante las primeras diligencias en Dabeiba, expertos de Medicina Legal tomaron 150 muestras de ADN e hicieron entrevistas para cotejar las informaciones con los cuerpos exhumados. Ese proceso de recolección del material genético fue clave para la identificación y entrega de cinco víctimas a sus familiares.

En una de las fosas encontradas sobresalen 18 pequeñas banderas verdes y anaranjadas. Unas señalan restos con un "contexto funerario normal", mientras que las otras marcan, según la evaluación de los forenses, lo que no corresponde a un enterramiento realizado por una familia. No hay mortaja, restos de ataúd.

Identifican patrones

En la cuarta diligencia forense, realizada entre el 6 y el 13 de marzo, los forenses dieron con los restos de nueve personas, que se suman a los 80 cuerpos recuperados en este camposanto en Antioquia durante 15 meses de inspección, como parte del Caso 3 de la JEP.

En esta ocasión localizaron junto a los restos exhumados un pantalón de camuflaje. En otra fosa, el hallazgo incluyó una gorra militar juntos a los restos de un posible "falso positivo", que yacía sobre un entierro legal, en el que se ve un cuerpo en mejores condiciones y con ropa.

Durante su trabajo, la JEP encontró cuerpos en bolsas negras, desnudos, con heridas de arma de fuego en la cabeza, totalmente fragmentados. Unos aparecen con prendas militares y otros, amarrados de manos, pies y cuello, en estado de total indefensión.

"Se repiten los patrones", detalla el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli, quien ordenó las exhumaciones en Las Mercedes cuando un militar reveló su participación en inhumaciones ilegales en Dabeiba. Abrió una "Caja de Pandora".

La JEP, creada por el acuerdo de paz de 2016 con las FARC para investigar crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto armado, elevó en febrero a 6.402 el número de "falsos positivos", concentrándose la mayoría de ejecuciones entre 2002 y 2008. "Hay un fenómeno macrocriminal inaceptable", afirma el togado.

Comienzo de una verdad

"La Puerta de Urabá", como es llamada Dabeiba, es uno de los territorios donde la guerra no tuvo piedad con ninguno de sus protagonistas. "Si hay un sitio emblemático del conflicto armado es Dabeiba", asegura Ramelli.

Situada en los límites de la estratégica región agroindustrial de Urabá, allí operaron varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC que se disputaban el control de esos territorios con paramilitares y con el Ejército.

Pese a esas huellas de la guerra, el alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, espera que no sean estigmatizados ni visibilizados únicamente por las fosas y la violencia. Quiere que sean recordados como un "pueblo pacífico que no busca venganzas", pero "quiere saber la verdad".

Mientras la JEP busca respuestas en Las Mercedes, los niños juegan en sus bicicletas en el parque principal de un territorio donde conviven actualmente exguerrilleros de las FARC, exparamilitares, población afro e indígenas, pero en especial, víctimas.

"Nosotros perdonamos, pero es muy difícil olvidar", dice a Efe el alcalde, y relata que la guerrilla no solo lo tiroteó años atrás, sino que además asesinó a su hermano y a la madre de sus hijos.

A su vez, el padre Carlos Arturo Sánchez, nombrado recientemente párroco de la iglesia encargada de la administración del cementerio, califica a las intervenciones de la JEP como una "obra grande y admirable" que una vez termine permitirá iniciar un "proceso de perdón y reconciliación" entre una comunidad que "permanece unida", pese a la violencia

DABEIBA

18/03/2021 19:58

Jeimmy Paola Sierra / EFE

Publicado enColombia
Jueves, 18 Marzo 2021 05:47

Lula vuelve: ¿y ahora qué?

Lula vuelve: ¿y ahora qué?

La anulación de las condenas contra Luiz Inácio Lula da Silva por parte de un juez de la Corte Suprema de Justicia alteró un escenario político ya atravesado por la crisis y la incertidumbre. El ex-presidente busca proyectarse nuevamente como estadista frente al desgobierno de Jair Bolsonaro en relación a la pandemia de covid-19. Pero hay que ver cómo opera el antagonismo «petismo»/«antipetismo» que atraviesa a la sociedad brasileña. Y si el Partido de los Trabajadores logra recuperar a sectores de clase media y trabajadora que perdió en los últimos años.

 

«Estoy viendo la destrucción del país. Estoy viendo la destrucción de la esperanza de los brasileños. Y estoy viendo que nosotros tenemos dificultades para reaccionar». Esa fue la primera definición política que dio Luiz Inácio Lula da Silva en Recife, Pernambuco, el 17 de noviembre de 2019, en su primer acto después de ser liberado de la prisión en Curitiba. Luego prosiguió hablando de su injusta prisión, del ex juez Sergio Moro, de la cadena O Globo y del «golpe» contra Dilma Rousseff. El énfasis —completamente justificable, dadas las circunstancias— estaba puesto en la persecución contra él y su partido. 

El Partido de los Trabajadores (PT) se encuentra desde hacía tiempo sin un discurso que interpele a las mayorías, como si no pudiese salir del arrinconamiento político y judicial y, por consiguiente, de la defensa de sí mismo. Del «no habrá golpe», al «Lula libre». Ahora, con la anulación de las condenas por parte de un juez de la Corte Suprema de Brasil, el ex-presidente recupera sus derechos políticos, lo que le ha dado al PT una posibilidad tangible de recuperar el poder y ello se reflejó inmediatamente en un cambio de postura. El partido fundado en 1980 ha estado enfocado principalmente en recuperar su carta más poderosa: el ex-presidente de origen obrero.

Con su liberación, el PT recuperó la capacidad de reacción. En el discurso de la semana pasada, luego de la anulación de las sentencias en su contra, Lula logró, después de mucho tiempo, poner el énfasis en el proyecto de país. La energía de la gestualidad estuvo centrada en criticar al gobierno y en desarrollar una propuesta, y no ya en la defensa de sí mismo. Lula logró recuperar densidad política y articular un discurso como construcción de sentido, pero también diálogo y articulación con otros sectores. No faltaron las referencias a la persecución, pero fueron como una introducción necesaria, dada la reciente anulación de las sentencias, para luego hablar de Brasil. «Vamos a dialogar con todos los actores políticos», anunció. Ese fue, evidentemente, el otro gran giro. Desde hacía mucho tiempo, el PT no mostraba vocación de dialogar con sectores más allá de los ideológicamente afines. Fernando Haddad, ex-ministro de Educación y ex-alcalde de San Pablo, fue mucho más contundente en una entrevista posterior a la CNN Brasil. En su opinión, Lula va a construir alianzas con un abanico lo más amplio posible de partidos, «no pensando en ganar las elecciones, sino pensando en gobernar».

Lula dejó el poder el 1 de enero de 2011 con un 83% de aprobación y 4% de desaprobación, según el instituto Ibope. No es necesario volver sobre los tantas veces mencionados logros de su gestión. Los millones que salieron de la pobreza, la sexta economía mundial, la clasificación de Brasil como país emergente. Sin embargo, el regreso de Lula al poder es posible, pero está lejos de ser sencillo. ¿Cómo se explica esa dificultad si Brasil vivió uno de los mejores momentos de su historia durante su gobierno? «Nunca fuimos tan felices», decía la tapa de la revista Isto É de agosto de 2010. «Los brasileños son llevados por el sentimiento de bienestar, comprando más autos, viajando más, comprando casa propia y realizando sueños hasta entonces intangibles», explicaba la portada. Analizar las posibilidades de Lula para 2022 requiere repasar, al menos sucintamente, qué sucedió en estos años, por qué el PT perdió terreno entre el electorado, la fuerza del antipetismo y la posición actual de los otros jugadores, incluyendo al presidente Jair Bolsonaro.

Lula da Silva fue electo presidente por primera vez en 2002 en un país en el que, como indican los estudios del Instituto Datafolha, la mayoría se autodefine como conservadora y de derecha, pero en el que la izquierda siempre tuvo un espacio político considerable. Para lograr el triunfo fue necesario un viraje hacia el centro, una política de alianzas con el empresariado nacional y la ya famosa «Carta al pueblo brasileño», que selló su compromiso con el mercado. Luego de tres derrotas en las presidenciales (1989, 1994 y 1998), el PT rompió su techo electoral y los votantes le dieron a Lula, líder de un partido claramente ubicado en la izquierda, su primera oportunidad como presidente.

En 2005, el caso de corrupción conocido como Mensalão pareció acabar con las posibilidades de reelección. Pero estaba teniendo lugar la reconfiguración electoral que el politólogo André Singer describió luego en su artículo «Raíces sociales e ideológicas del lulismo». Sectores de clase media y de la clase trabajadora tradicional dejaron de apoyar al gobierno, pero este incorporó a sectores de bajos ingresos, históricamente conservadores, como resultado de la combinación de una serie de políticas: el plan Bolsa Familia, los aumentos del salario mínimo, los créditos, el aumento del consumo, las inversiones, el crecimiento del trabajo registrado. El fenómeno sería más notorio en el Nordeste, desde entonces la región donde el PT sería más fuerte en detrimento de San Pablo. A pesar del escándalo del Mensalão, que dejó raída la bandera anticorrupción del PT, en las elecciones de 2006 el pueblo brasileño le dio a Lula una segunda oportunidad para presidir el país. Y lo mejor vendría en ese segundo mandato.

David Samuels y Cesar Zucco explican en su libro Partisans, Antipartisans, and Nonpartisans: Voting Behavior in Brazil (Partidarios, antipartidarios y no partidarios: El comportamiento electoral en Brasil) que para entender cómo se manifiesta el sistema de partidos brasileño entre el electorado es necesario ir más allá de la identificación partidaria de los ciudadanos y observar con mayor detenimiento el fenómeno del «antipartidismo» —entendido como la oposición a un partido determinado—. Según los autores, el PT es el único que cuenta con cantidades significativas de partidarios entre el electorado, convirtiéndose en el principal ordenador de las preferencias. Los petistas y su contracara, los antipetistas, le dan sentido al sistema. Desde 1994, las elecciones presidenciales se ordenaron a partir del binomio Partido de los Trabajadores/ Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, centroderecha), pero entre el electorado las identidades predominantes siempre fueron petismo/antipetismo. Esto explicaría la estrepitosa pérdida de votos del PSDB en 2018 y la emergencia de Jair Bolsonaro como representante del campo antipetista. Por consiguiente, analizar las posibilidades electorales de Lula en 2022 requiere, entre otras cosas, ponderar la correlación de fuerzas entre petismo y antipetismo.

Los últimos años de la política brasileña han sido de consecutivas victorias del antipetismo. La declinación del PT comienza, de hecho, luego de los gobiernos de Lula, con la ola de protestas de junio de 2013. En 2014, Dilma Rousseff ganó la reelección en segunda vuelta contra Aécio Neves por apenas tres puntos porcentuales de diferencia y, en 2015, la operación Lava Jato funcionó a todo vapor y el país entró en recesión al mismo tiempo que Dilma continuaba con el giro económico hacia la ortodoxia y el ajuste, abandonando sus propias banderas políticas. 

La consecuencia fue el derrumbe total de la aprobación del gobierno, las manifestaciones callejeras, la crisis económica y un escándalo de corrupción. Sin dudas, detrás del impeachment hay una serie de razones muy específicas. Como explica Fernando Limongi en su artículo «La crisis actual y el debate institucional», publicado en 2017, el objetivo de Michel Temer y Eduardo Cunha —los principales impulsores del impeachment— era escapar de la operación Lava Jato. Por ello, para destituir a la presidenta utilizaron el argumento del «maquillaje fiscal» y no los vinculados a las denuncias de corrupción. En 2016, la dimensión de la crisis era tal que hubo quien dentro del PT propuso cambiar el nombre del partido. En las presidenciales de 2018, el PT obtuvo 30% de los votos en primera vuelta, lo que lo situó en los niveles de la década de 1990. En las municipales de 2016, con todas las particularidades que tienen este tipo de comicios, el antipetismo fue contundente. En 2020 siguió mostrando, aunque en menor medida, su fortaleza. La semana pasada, según el Instituto de Opinión Pública Paraná Pesquisas, 57,5% de los brasileños dijo estar en contra de la anulación de las sentencias contra Lula. Según CNN/Real Time Big Data, el porcentaje era del 54%.

La operación Lava Jato no se reduce a la persecución judicial contra Lula y a todos los atropellos al debido proceso que fueron notorios desde el comienzo. La magnitud del esquema de corrupción descubierto hizo caer a políticos y ministros de diferentes colores partidarios, pero también a grandes empresarios. Eike Batista, el brasileño más rico, sexto en el ranking mundial de la revista Forbes en 2012, fue preso en 2017. La dimensión y el impacto del Lava Jato fue enorme. Lula puede no haber sido el jefe de la asociación ilícita como denunciaron los fiscales liderados por Deltan Dallagnol y su lamentable PowerPoint, pero los hechos de corrupción tuvieron lugar durante su presidencia. Su partido estuvo claramente entre los beneficiados.

La percepción de que esto es así parece ser el motivo por el cual la filtración de los chats entre Moro y los fiscales, iniciada a mediados de 2019 y que todavía continúa a cuentagotas, no movió el amperímetro de la opinión pública en favor de Lula. Pero la obscena parcialidad y las operaciones judiciales que muestran las filtraciones sí han cambiado la imagen que se tenía de Moro en la sociedad y el respeto a su figura que reflejaban los medios de comunicación. Lo más importante es que se incluyeron elementos que pueden carecer de valor probatorio (los mensajes fueron obtenidos de manera ilegal y ello los anula como prueba) pero que modificaron la actitud de los miembros de la Corte Suprema hacia Lula y la Lava Jato. Sin las revelaciones de los mensajes, era poco probable la anulación de las sentencias. Todo indica que la decisión del juez Edson Fachin de anular las condenas contra Lula por la cuestión de la jurisdicción tenía por objetivo evitar el tratamiento en la Corte de la falta de imparcialidad de Moro, tal vez dando la posibilidad de que la sentencia sea ratificada en el Distrito Federal. Fachin no pudo evitar que la Corte comience a tratar la falta de imparcialidad la semana pasada y el propio juez, otrora «lavajatista», dijo que los mensajes de Moro y los fiscales «no se pueden esconder debajo de la alfombra».

El clivaje petismo/antipetismo es fundamental, aunque tampoco lo explica todo. Lula tiene la capacidad de ampliar los apoyos del PT. De haberse podido presentar en 2018, su candidatura hubiese obtenido más que el magro 30% que consiguió Fernando Haddad en primera vuelta. Pero la fuerza del antipetismo impone límites. Y, al mismo tiempo, podría operar una disputa por la reconfiguración y el liderazgo del campo antipetista.

Es cierto que las preferencias políticas de los brasileños han ganado mayor complejidad con la emergencia del bolsonarismo, el cual ciertamente representa a la derecha radical. El bolsonarismo, que comenzó a tener volumen hacia 2016, tiene un núcleo del 20%. El 46% que obtuvo en la primera vuelta de 2018 fue un espejismo, algo que quedó de manifiesto con la inmediata caída de la aprobación una vez llegado al gobierno. Pero la aparición del bolsonarismo también ha dado lugar al surgimiento de los «ni-ni», aquellos que no quieren ni a Bolsonaro ni a Lula. De acuerdo a la reciente encuesta del IPEC, publicada en la revista Piauí, los «ni-ni» representan 20% del electorado.

Otro sector a considerar es el de los «si-sí», aquellos que expresan que pueden votar tanto a Bolsonaro como a Lula. Según IPEC, alcanzan un 10% de la población. Este otro sector es uno de los motivos por el cual el primer perjudicado con el «regreso» de Lula es Bolsonaro. La predisposición a votar a uno o al otro (en algunos casos sin excluir a terceros) es un problema para el actual presidente, que todavía no encuentra un Norte claro para su gestión. Son varios los aspectos donde ese déficit se hace más perceptible: desde la ambivalencia entre apoyarse en su núcleo radical o buscar ser más amplio, hasta los cambios en el estilo y la estrategia de comunicación del presidente. Pero donde más se nota es en el terreno económico. Más allá del fuerte apoyo al sector agropecuario y algunas reformas de tipo liberal, a grandes rasgos el gobierno de Bolsonaro siempre se encuentra a medio camino entre la responsabilidad fiscal y el aumento del gasto o las privatizaciones y la intervención estatal. 

Si no hay solución para la creciente inflación, el desempleo y la inminente recesión, los «si-si» podrían darle la bienvenida a Lula. Como escribió Márcio Coimbra en enero pasado, Bolsonaro es más intuición que estrategia y ante la complejidad del escenario actual no se puede descartar que no llegue a la segunda vuelta de las elecciones que tendrán lugar dentro de casi un año y medio. Más que favorecer a Bolsonaro por vía de la polarización, la elegibilidad de Lula le mueve el piso al actual presidente de la mano de los «si-si».

Esto nos lleva a analizar el campo de lo que podríamos denominar como el de la «derecha tradicional». Aunque no tiene ningún presidenciable fuerte, por su tamaño y estructura en el nivel municipal y estadual, el PSDB puede volver a ser parte de un armado que dispute con el PT. Por fuera, danzan en las encuestas de intención de voto los nombres del propio Moro, fuertemente debilitado luego de su paso por el gobierno de Bolsonaro como ministro de seguridad pero que mantiene 10% sin moverse de su casa. Y en menor medida, Luciano Huck, conductor de espectáculos en O Globo, con entre 6 y 9%. Este sector, que no tiene nombres definidos y en el que abundan los hipotéticos precandidatos y la falta de coordinación, es sin embargo un potencial ganador con la participación electoral de un Lula que le quita votos a Bolsonaro. Pero el escenario no está para nada definido. Con Lula en el ring y el actual escenario económico, la tendencia es que Bolsonaro pierda fuerza y que Lula pueda alcanzarlo en intención de voto. ¿Cuál va a ser el tamaño de la sangría para el actual gobierno? ¿Qué tan duro es el núcleo bolsonarista? ¿A la derecha tradicional le alcanzaría con ganar el campo antipetista? Bolsonaro tiene por ahora la maquinaria y la iniciativa a su favor.

En la centroizquierda se destaca la figura de Ciro Gomes, con su proyecto de «desarrollismo nacional» y su estrategia de absorber el voto de la clase media desencantada con el PT. Con el carismático Lula en la cancha, el trabajo es más difícil para Gomes, quien por otra parte tiene poca llegada a los sectores de más bajos ingresos. Marina Silva ya no tiene el potencial que alguna vez tuvo (20% de los votos en 2010 y 2014), pero podría sumar como vicepresidenta, tanto para Gomes como para Lula. El Partido Socialista Brasileño (PSB) también está en una encrucijada importante con la vuelta de Lula. Sin este, el PSB se encaminaba a construir «fuera de los extremismos»; pero con Lula en la vereda de enfrente se le puede complicar retener el gobierno de Pernambuco (en la región del Nordeste) y este estado suele definir la estrategia de los socialistas.

En lo que concierne al PT y su relación con el electorado, la óptica para analizar la posibilidad de que Lula da Silva vuelva al poder no es la de la narrativa del «golpe» contra Dilma y la del líder popular que fue perseguido judicialmente e imposibilitado de competir en una elección que de otro modo hubiera ganado. El proceso de Brasil de los últimos años indica que el PT ha perdido terreno y que Lula ya no goza de la confianza de una parte considerable de la sociedad. Con él en el poder, Brasil vivió una de sus mejores épocas ¿Tendrá Lula una tercera oportunidad? 

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Jineth Bedoya, periodista y activista colombiana contra la violencia de género.CAMILO ROZ

Bedoya fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, cuando realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá

 

El que era esperado en Colombia como un día histórico, el inicio de la audiencia pública virtual por el caso de la periodista Jineth Bedoya ante el más alto tribunal americano de derechos humanos, ha desembocado este lunes en una inédita acción del Estado colombiano. El país andino ha optado por recusar a los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y se ha retirado del juicio en el que se determina su responsabilidad por las amenazas, agresiones y violencia sexual que ha sufrido Bedoya, en el contexto de sus obligaciones internacionales con las mujeres periodistas.

La búsqueda de justicia de Jineth Bedoya ya cumple 20 años. La periodista, hoy subeditora del periódico El Tiempo, fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, cuando realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Desde entonces se ha convertido en una de las principales voces contra la violencia sexual en América Latina y lleva una década al frente de la campaña No es hora de callar, con el propósito de que las víctimas alcen la voz y denuncien las agresiones.

El inicio de la audiencia de tres días había sido recibida con expectativa en Colombia. “Por primera vez un tribunal internacional, nada menos que una instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), escucha y seguramente se pronunciará sobre la violencia contra las mujeres periodistas en nuestro país y en el hemisferio y sobre la violencia sexual en Colombia”, señalaba el editorial de El Tiempo este lunes. “No es hora de callar ni de tolerar. Es hora de justicia plena”, apuntó. En el informe de fondo que envió a la corte en 2018, la CIDH concluyó que el Estado colombiano es responsable de múltiples violaciones a los derechos de Jineth Bedoya. Hace apenas dos años, dos paramilitares fueron condenados a 40 años de cárcel como autores materiales después de que ella se tuvo que convertir en investigadora de su propio crimen. Hasta ahora ninguno de los autores intelectuales del crimen han sido judicializados.

La comunicadora ha seguido recibiendo incesantes amenazas hasta el día de hoy. “Mi vida se destruyó, a mí me mataron la mañana del 25 de mayo”, relató en la audiencia con la voz entrecortada al señalar que el periodismo ha sido el oxígeno que le ha permitido seguir adelante. “He creído que la palabra es la mejor forma de transformar el dolor. Pero lamentablemente mi vida se acabó”, declaró. “¿Cómo se puede recuperar algo que queda quebrado en mil pedazos? Porque eso es lo que hace la violencia sexual”, apuntó en otro momento.

Bedoya relató en su declaración que agentes de la policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel con jefes paramilitares, la trampa que ocasionó su secuestro, así como la revictimización que debió afrontar debido a que las autoridades la llamaron en 12 ocasiones a declarar sobre la agresión sexual. También declaró que la mayor medida de reparación que podría recibir es clausurar La Modelo, donde sistematicamente se han producido todo tipo de violaciones de derechos.

Después de varias horas de audiencia, el equipo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que representa a Colombia, en cabeza de Camilo Gómez, anunció que se proponía presentar a la brevedad posible un escrito para recusar a cinco de los seis jueces, con el argumento de que sus preguntas prejuzgaban. “Aquí de lo que se trata es de la falta de garantías y objetividad en este proceso (…) Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la corte y que pone la cara ante la víctima, pero que espera de sus jueces la imparcialidad y la objetividad que son la esencia de la justicia”, dijo Gómez en su inesperado alegato al anunciar que se retiraban. “Esperaremos que el ilustre Estado de Colombia presente sus escritos y haga sus peticiones, las cuales serán resueltas oportunamente, y mientras tanto esta audiencia no se puede interrumpir y vamos a continuar”, zanjó Elizabeth Odio Benitez, presidenta de la Corte.

“Se trata de una conducta sin precedentes e irresponsable”, reaccionó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, en alusión a la decisión de Colombia de recusar a casi todos los jueces porque le molestaron las preguntas a la víctima. “El Gobierno de Iván Duque debería avergonzarse de lo que hizo ante la Corte IDH en el caso de Jineth Bedoya”, escribió en sus redes sociales.

“Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia”, señaló en un comunicado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que acompaña el caso. El retiro del Estado es un acto sin precedentes que genera preocupación sobre su compromiso frente al juicio, así como sobre el sometimiento frente a la decisión que adopte la corte, apuntó la organización. “Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla”, concluyó la FLIP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 16 mar 2021 - 00:46 UTC

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La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, en una oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, La Paz, Bolivia, el 13 de marzo de 2021

La ex presidenta de facto exige juicio de privilegio, por pacificar al país

 

La Paz., La juez Regina Santa Cruz decretó ayer cuatro meses de prisión preventina para la ex mandataria de facto, Jeanine Áñez y para sus ex ministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra. Horas antes la Fisca-lía de Bolivia había pedido seis meses de cárcel preventiva para Áñez, detenida por su papel en el derrocamiento del mandatario Evo Morales, en noviembre de 2019, y ella exigió un "juicio de privilegio", al asegurar que se busca "criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado".

Tres fiscales habían firmado la imputación para la aplicación de prisión preventiva por seis meses también para los dos ex ministros Guzmán y Coimbra, acusados igualmente de delitos de sedición, conspiración y terrorismo por asumir el poder luego que Morales fue conminado a renunciar por las cúpulas castrense y policial, en medio de manifestaciones impulsadas por la derecha, que, sin pruebas, alegó fraude en las elecciones que ganó Morales, y que dejaron un saldo de 33 muertos.

La fiscalía sostiene además que el 10 de noviembre el líder cívico Fernando Camacho presentó en la sede presidencial una carta "en la que recomienda la renuncia del presidente Evo Morales".

A esta petición se sumó el comandante de las fuerzas armadas, Williams Kaliman, quien junto a otros "deliberaron" y pidieron a Morales que dimitiera.

“La fuerza armada no delibera, no realiza acción política (...). Se concretiza un golpe de Estado, toda vez que la policía y las fuerzas armadas tienen armamento letal y deciden obedecer a una persona que no tenía facultad jurídica (...)

"Por todos los hechos sediciosos y terroristas llevados a cabo el 10 de noviembre de 2019 el ex presidente Evo Morales, con el riesgo de perder la vida y velando por el pueblo boliviano, para no ser masacrados y humillados sus ministros, alcaldes y otros, renuncia a la Presidencia, junto con el vicepresidente Álvaro García Linera", añade la Fiscalía en su denuncia.

Tras la renuncia de Morales, Áñez y sus allegados habrían obligado a renunciar a Adriana Salvatierra, quien ocupaba el cargo de presidenta del Senado, y a Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, para que Áñez asumiera la presidencia de Bolivia.

La Fiscalía considera que "de esta manera posibilitaron que (Áñez) asumiera la Presidencia (...) de una forma amañada".

El caso tiene su origen en una denuncia de la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, por presunta sedición contra ocho ex autoridades policiales y militares por la muerte de manifestantes luego de asumir Áñez la presidencia.

La Fiscalía menciona a Camacho como uno de los principales impulsores de hechos ilegales, entre ellos la quema de instalaciones de distintos tribunales electorales departamentales, destrucción de actas electorales, así como de distintas presiones que impidieron el recuento oficial de votos.

Fiscalía: la ex mandataria preparaba "actos de fuga"

En cuanto a la justificación de la prisión preventiva, en el caso de Áñez, la Fiscalía expone que ésta "se encontraba realizando actos preparatorios de fuga" en el momento de su detención.

Áñez, abogada y ex presentadora de televisión, permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado tras ser arrestada mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar, en Trinidad, 600 kilómetros al noreste de La Paz, donde residía. La propia Áñez, de 53 años, declaró desde una ventanilla de la celda donde se encuentra detenida y exigió "juicio de privilegio", lo que impediría la prisión cautelar.

"Es absolutamente arbitraria, ya lo he manifestado porque es pretender criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado. Es decir, que la sucesión constitucional ahora no tendría ninguna validez”, dijo la ex mandataria golpista.

"Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales, y tendría que ser acusada en un caso de Corte, pero acá no tiene ninguna validez el estado de derecho y esto lo lamentamos tantísimo", agregó.

Más aún, aseguró tener "todo el apoyo del pueblo y de todos quienes creen en la democracia", menos de Evo Morales porque "él desprecia la democracia".

“Me envían cuatro meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, afirmó Áñez en Twitter, tras escuchar que la juez le dictó prisión preventiva.

Por fin llegará la justicia, aunque tarde: Evo Morales

Morales afirmó que la detención significa que "por fin llegará la justicia, aunque tarde. Esperemos que se haga un acto de justicia con las víctimas de tanta injusticia en Bolivia".

"Solo pedirles que haya un debido proceso, todos tienen derecho a la defensa, pero también tienen que demostrar que son inocentes, como tratan de mostrar los medios de comunicación", declaró a la radio Kawsachun Coca.

Morales subrayó que investigaciones internacionales demostraron que no hubo fraude electoral en 2019 y sí golpe de Estado. "A más de un año del golpe no se ha podido demostrar el supuesto fraude y la mejor prueba es el resultado del 18 de octubre del año pasado, cuando ganó nuevamente el MAS."

Tras la detención de Áñez, el líder opositor Carlos Mesa denunció que el MAS pretende usar un "inexistente golpe de Estado" para perseguir y "descabezar" a la oposición.

El dirigente cívico Fernando Camacho manifestó que "no hay motivos para festejar" su elección como gobernador del departamento de Santa Cruz, porque "está dándose una persecución en toda la nación hacia aquellos que estuvieron luchando por la democracia y la libertad".

El arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, criticó en su homilía dominical el "ánimo de revancha" del gobierno que “pretende tachar de golpista al pueblo y a sus representantes que defendieron al voto ciudadano y a la democracia (...) mientras los autores del fraude electoral se muestran como víctimas“. La Conferencia Episcopal Boliviana pidió la liberación inmediata de los detenidos.

Estados Unidos, la Unión Europea, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron por separado que se siga el debido proceso y no haya interferencia política en los juicios.

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Ecuador: amenazas a un mes de las presidenciales

Maniobras judiciales del consejo y del tribunal electoral jaquean los comicios

Mientras, Andrés Arauz, primero en las  las encuestas de cara al ballotage del 7 de febrero, y su rival Guillermo Lasso recorren el país y se reúnen con diferentes actores sociales.

 

Desde Quito.El próximo once de abril será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Andrés Arauz, primero en las urnas el pasado siete de febrero, y Guillermo Lasso, se encuentran en recorridos por el país con diferentes actores sociales, económicos y políticos. La campaña comenzará oficialmente el próximo martes, pero, a poco de una elección determinante, aún existen amenazas.

Una de ellas fue el llamado a la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral realizada por Yaku Pérez, quien quedó tercero en la contiende, y sostiene que ha existido un fraude. El candidato por el partido Pachakutik pidió públicamente que realicen un pronunciamiento constitucional para remplazar a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), se declare nula la primera vuelta electoral, tenga lugar una intervención de la Contraloría y la Fiscalía en los sistemas informáticos del poder electoral.

Pérez también pidió que la Fiscalía emita una sentencia sobre la denuncia presentada por la Fiscalía de Colombia acerca de un presunto financiamiento de campaña del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la campaña de Arauz, es decir, quien ganó la primera vuelta sea criminalizado en el marco de una operación internacional denunciada como falsa desde numerosas voces internacionales, en particular desde Colombia. Los intereses por torpedear una posible victoria de Arauz son numerosos por del gobierno colombiano, en manos del partido de Álvaro Uribe -quien realizó campaña a favor de Donald Trump en las últimas elecciones estadounidenses.

Las palabras del candidato de Pachakutik fueron denunciadas como llamado a un golpe de Estado por parte de numerosos actores políticos dentro y fuera del país. Pérez, buscó luego desdecirse, y afirmó "no estoy pidiendo intervención militar que afecte la democracia en Ecuador, mi pedido encamina a que la fuerza pública garantice que las urnas se mantengan intactas, hasta abrir y demostrar transparencia”.

Su llamado a las Fuerzas Armadas evidenció el movimiento de tramas subterráneas que buscan alterar la elección del próximo once de abril por diferentes vías. Junto con esa alarma, tuvo lugar la declaración de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien aseguró el viernes tener “seria preocupación por el cumplimiento del calendario electoral”. La situación, según explicó, se debe a que están “esperando a lo que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) realice en estos días, que son cruciales para el país”.

Atamaint afirmó estar “en manos del TCE”, una situación que se debe al hecho que el Tribunal aceptó el pasado lunes el pedido de recurso presentado por Pérez pidiendo el recuento de más de 20.000 actas, por lo que deberá dictaminar si debe realizarse o no ese recuento. La decisión tomada por el TCE estuvo antecedida de la difusión de fotografías de lo que fue una reunión nocturna en un edificio privado entre Pérez y uno de los integrantes del Tribunal, Ángel Torres.

El CNE ya había realizado un recuento de 31 actas del total solicitado por el candidato de Pachakutik, que no había modificado el resultado de la primera vuelta. Sin embargo, la aceptación por parte del TCE, con 15 días para pronunciarse una vez aceptada la solicitud, dejó a la contienda electoral con un elemento en suspenso.

Mientras tanto, Arauz y Lasso continúan sus actividades por el país y a través de las redes sociales, y las demás fuerzas políticas tomaron posición ante el ballottage. Así, Xavier Hervas, del partido Izquierda Democrática, cuarto en las elecciones, afirmó que no realizará una alianza ninguno de los dos candidatos, modificando su posición inicial que era la de un llamado a conformar un frente con Pérez y Lasso contra Arauz.

Por otra parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAI), cuyo instrumento político es el partido Pachakutik, resolvió impulsar el “voto nulo ideológico” de cara a la segunda vuelta, y exigirle al TCE que “dé paso al reconteo de votos”. La decisión fue tomada en el Consejo Ampliado del movimiento, atravesado por numerosos debates, como la relación entre la CONAIE y Pachakutik, así como las tensiones internas entre sectores con búsqueda de alianzas hacia la derecha, como el mismo Pérez, y aquellos que defienden un posicionamiento de izquierda, como el dirigente Leonidas Iza.

Con las decisiones anunciadas por Hervas y la CONAIE-Pachakutik queda entonces excluida, al menos públicamente, la posibilidad de la conformación de una alianza electoral contra Arauz. La misma había sido planteada desde diferentes actores, incluido el mismo Lasso en su inicial acercamiento con Pérez, apelando al clivaje correismo/anti-correismo, construido como un dispositivo por parte de la derecha para dividir la política nacional, y utilizado como razón por sectores del movimiento indígena para defender acercamientos con quienes, así sean de derecha, se opongan a una candidatura de la revolución ciudadana.

La segunda vuelta será entonces una disputa entre Arauz y Lasso, representantes cada uno de modelos políticos, económicos, sociales y geopolíticos distintos. El primero, con una propuesta progresista y latinoamericana, con respaldo por parte de presidentes como Alberto Fernández y dirigentes como Pepe Mujica, el segundo, con un proyecto neoliberal alineado a la política exterior estadounidense, una posición que resulta clara por su recorrido en la banca privada y la política, aunque su actual campaña intenta presentarlo bajo otra faceta.

La incertidumbre acerca de posibles decisiones por parte de las instituciones del país, particularmente la Fiscalía y el TCE, en el marco de cuatro años marcados por la persecución política contra la dirigencia de la revolución ciudadana, arroja sobre la contienda niveles de preocupación que fueron constantes desde la misma inscripción de la candidatura de Arauz. 

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Tras su detención, Añez es escoltada miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en La Paz.  ________________________________________ Imagen: AFP

Detenida en Bolivia, fue acusada de sedición, conspiración y terrorismo

Tras ser arrestada el viernes, la expresidenta de facto eligió no declarar  en la primera oportunidad que tuvo. Hasta ahora se limitó a enviar cartas: una al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y otra para Michael Dóczy, embajador de la delegación europea en Bolivia.

 

La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, decidió no declarar este sábado ante la Fiscalía de La Paz. La exmandataria hizo uso de su derecho al silencio en el Ministerio Público luego de ser trasladada desde las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la sede de Gobierno, donde pasó la primera noche después de su detención.

Áñez está siendo investigada por delitos de sedición, conspiración y terrorismo en la causa por el golpe de Estado al presidente constitucional Evo Morales Aymá en noviembre de 2019. También fueron acusados varios de los miembros de su exgabinete, así como exaltos mandos militares y de la policía.

Áñez fue detenida ayer en la localidad de Trinidad en Beni, casi 600 kilómetros al noreste de la capital boliviana un poco antes de la una de la madrugada y después de una búsqueda intensa por parte de agentes de la policía. Según informó el  diario santacruceño El Deber, la familia de la exmandataria de facto intentó impedir la detención de Áñez. Sus primos y su hija incluso fueron detenidos brevemente por resistir el arresto  de la exsenadora y exmandatario de facto. El matutino La Razón informó que Áñez cumplió con una entrevista policial realizada por el comandante Aguilera y posteriormente fue transportada en avión a la capital.

Detención  y cartas a la OEA


Las imágenes que trascendieron en la televisión boliviana mostraron a una Áñez que no llegó esposada al aeropuerto y que estuvo escoltada por el actual ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Castillo y varios policías. "Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía", anunció Del Castillo en sus cuentas de Twitter y Facebook.

Por su parte, Áñez giró en las últimas horas cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). Así lo informó el diario La Razón de Bolivia. Según el matutino, la exmandataria interina espera que los organismos envíen misiones para evidenciar la supuesta persecución política por las acusaciones que se le hacen a raíz del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019. Una de las cartas están dirigidas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quién aún no se ha pronunciado sobre la detención de Áñez. La otra misiva tiene como destinatario al embajador de la delegación europea en Bolivia, Michael Dóczy.

Respuesta internacional

El Grupo de Puebla, una de las alianzas de países más activas de Iberoamérica, mostró su respaldo a la detención. “Cuando se cometen atrocidades contra el pueblo, los responsables deben pagar. Sin justicia ni reparación ante las violaciones de DDHH, las sociedades no sanan. Justicia para el pueblo boliviano, lo que ocurrió fue un Golpe de Estado y debe ser juzgado”, compartieron en el perfil de Twitter.

En cambio desde la Casa Blanca no fue emitido ningún comunicado sobre las detenciones de la administración de facto. El único mensaje de Estados Unidos vino de la encargada interina de Latinoamérica del Departamento de Estado, Julie Chung y tampoco hizo una alusión directa a los arrestos por la investigación del golpe de Estado que depuso al exmandatario constitucional en 2019. "Instamos a nuestros amigos y vecinos en Bolivia a defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana", publicó Chung en su cuenta de Twitter.

Sacaba y Senkata

Mientras tanto, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, reveló que el Alto Mando Militar hizo desaparecer documentación e información digitalizada sobre las represiones en Sacaba y Senkata, que dejaron 37 muertos y más de 500 personas heridas. Novillo habló el viernes en un acto realizado en el comando de Estado Mayor de la ciudad de La Paz. “No existe al cien por ciento toda la información, es el primer dato. Al momento de irse los militares golpistas han limpiado huellas, documentación (e) información cibernética, en datos y computadoras,” dijo. Además, afirmó que cada una de las fuerzas iniciará un sumario para identificar a los responsables de la pérdida de documentación e información digital.

La Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa hizo un llamado para recordar a las víctimas de Sacaba y Senkata. Segundina Flores, dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas descartó que la detención de la expresidenta y sus funcionarios se trate de una cacería. “No es cacería, que rindan cuentas a la Justicia”, aseveró Flores en conferencia de prensa.

La causa

La orden de la fiscalía para detener a la expresidenta de facto y a miembros de su gabinete se realiza a partir de la denuncia por el golpe de Estado de 2019 presentada por la exdiputada Lidia Patty (MAS). El viernes se conocieron las disposiciones de captura para Jeanine Áñez y los exministros Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa), Álvaro Coimbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía). El documento de la fiscalía además argumenta que las órdenes de detención se establecen por el riesgo de fuga de los involucrados  y la facilidad  que tienen de abandonar el país. Actualmente los exministros de Gobierno y Defensa,  señalados en la causa por la ruptura constitucional de 2019, residen en EE.UU.

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