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Casa por cárcel para la totalidad de personas...
La ley lo permite, la Constitución y los Tratados Internacionales lo reivindican, además la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional lo reclaman todos los días.  La detención de los preventivos en la cárcel y en estaciones de policía, no puede olvidarse, es absolutamente... Leer Más
326 colombianos en riesgo de morir por...
Cerca de 326 colombianos y colombianas están atrapados en Perú, y en alto riesgo de perder su vida. Sobreviviendo en dificiles circunstancias, no cuentan con óptimas condiciones para protegerse del Covid-19. Además, y como resultado de las medidas de control social ordenadas allí para garantizar... Leer Más
El experimento sueco. Enfrentar el virus a...
Para desconcierto de sus vecinos, Suecia permanece reacia a las medidas de cuarentena. No ha suspendido las clases ni los torneos deportivos. Tampoco ha cerrado los bares y todavía son comunes las reuniones de amigos. Por detrás de esa decisión, asoma una guerra de epidemiólogos y modelos... Leer Más
Covid19 y la doctrina del shock en los mercados...
A la vez que ha quebrado las cadenas de producción globales, covid19  ha revelado las graves disfunciones de los mercados financieros internacionales. La respuesta sin precedentes de los bancos centrales en favor de las grandes corporaciones, entre ellas las más contaminantes, no hará más que... Leer Más
Los movimientos en la pandemia
“Hay tiempos de luchar, hay tiempos de paz y de guerra, hay tiempos de epidemias”, explica Dilei en una comunicación por wasap. La militante del Movimiento Sin Tierra (MST) del estado de Paraíba, nordeste de Brasil, explica cómo están enfrentado la situación. En los campamentos y asentamientos... Leer Más
Qué mundo queremos
Antes de la llegada del inesperado virus, filósofos y sociólogos nos avisaban de que nos encontrábamos ante los estertores de la segunda modernidad. De repente lo normal se ha vuelto extraño, nos empezamos a plantear qué es lo verdaderamente útil, funcional, importante. En los últimos meses... Leer Más
«La pandemia se enmarca en una crisis...
En un artículo reciente, escribiste: «el coronavirus constituye la chispa o el detonador de la crisis bursátil pero no es la causa». ¿Podrías aclarar lo que piensas sobre esta cuestión? Mientras que los grandes medios y los gobiernos afirman constantemente que la crisis bursátil ha sido provocada... Leer Más
Plan golpista del Departamento de Estado de EE.UU.
La extorsión a Venezuela crece  EE.UU. planteó la creación de un “Consejo de Estado para un gobierno de transición”, que excluya a Maduro y a Guaidó.   El ajedrez golpista se acelera en tiempo de pandemia. Estados Unidos, al frente de la estrategia para derrocar a Nicolás Maduro, dio... Leer Más
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Lunes, 23 Marzo 2020 10:08

La masacre del aislamiento

La masacre del aislamiento

Tras conocerse la masacre de 23 reclusos, o tal vez más, y 85 o más heridos, los alrededores de la cárcel Nacional Modelo, con ubicación en Bogotá, quedaron ocupados por familiares de quienes allí purgan condena. Eran alrededor de 300 familiares los que en horas de la tarde del domingo 22 de marzo, destrozadas por la angustía, por la falta de información precisa sobre los hechos en curso y los nombres de quienes perdieron su vida o fueron heridos por la arremida de la guardia, reforzada por su cuerpo especial represivo, el Cores – Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad–, presionaban a la guardia y al Esmad para llegar hasta las puertas del presidio.

 

 

Jorge Villamizar llegó en taxi hacia las 8:40 de la noche del 21 de marzo, junto con su padre, avisados vía whatsapp de lo ocurrido al interior de La Modelo. Preocupados esperaron hasta las 2:30 de la madrugada después de que el Esmad disparó aturdidoras y gases varias veces a las familias que fueron llegando al penal para buscar respuesta sobre lo sucedido con sus familiares. Los disparos cesaron cuando llegaron –muchos hombres con camuflados– dice Jorge.

 

 

Vecinos del sector contaron que desde la madrugada empezaron a salir furgonetas con cuerpos, y mientras realizábamos este cubrimiento pudimos comprobar, a lo largo de dos horas, el ingreso y salida del penal de alrededor de 7 ambulancias. La mayoría de los presos del bloque 4 -5, supuestamente los más peligrosos del penal, murieron en el potrero y el rancho. Los mismos que se ven en ese vídeo que circula en redes sociales, donde una persona, tal vez un guarda del Inpec, empieza a contar los cuerpos. En el vídeo se observa un muchacho vestido con camisa a cuadros y aparentemente un tiro en un ojo, se trata de Jhon Ortiz Ardila de 24 años. Su hermana, Johana Ardila, de 38 años, llegó a la cárcel desde las 10 de la mañana, y todavía no le han dicho si está muerto o herido. “Lo más probable es que a mi hermano lo dejaron morir ahí”, contó Johana con los ojos llorosos.

Al preguntarle a los familiares sobre la cantidad muertos, unos indicaban que 50, otros que 70, y a lo lejos se vía una tela denunciaba que son más de 30. Aparentemente la cifra brindada por la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, no es cierta. En todo caso, la falta de información crea zozobra pero también especulación. Es normal, y por ello es indispensable que el gobierno publique la lista de los muertos y de los heridos, además de la condición de estos.

 

 

En su presión por tener información precisa, impedidos por vallas protegidas por guardia del Inpec y en segundo plano por el Esmad, los familiares gritaban: “que nos den repuestas, que nos den respuestas”.

 

 

Los presos convocaron a un cacerolazo por la ausencia de medidas por parte del gobierno después de denunciar varias veces las condiciones de salud paupérrimas a que están sometidos, y luego de conocerse de la cuarentena y aislamiento obligatorio decretado para todo el país. Los presos, ya asilados, ahora sufren un doble aislamiento pues no podrán recibir visita de sus familiares, temen y denuncian el alto riesgo de contagio del Covid-19 al que están expuestos por la falta de implementos sanitarios para la guardia, además de no implementarse medidas sanitarios con ellos –arreglo de baños, ampliación de espacios para superar el hacinamiento en que viven, garantía de agua a toda hora–.

 

 

Paradojas de la vida. Los 23 o más asesinados en la madrugada del 22 de marzo de 2020 en la Cárcel Modelo de Bogotá, murieron en su lucha por evitar que el coronavirus los matara, así como exigiendo que muchos de ellos pudieran salir a domiciliara, y así salvarse de la pandemia que agobia al mundo.

Publicado enFotorreportajes
Lunes, 23 Marzo 2020 09:15

La masacre del aislamiento

La masacre del aislamiento

Tras conocerse la masacre de 23 reclusos, o tal vez más, y 85 o más heridos, los alrededores de la cárcel Nacional Modelo, con ubicación en Bogotá, quedaron ocupados por familiares de quienes allí purgan condena. Eran alrededor de 300 familiares los que en horas de la tarde del domingo 22 de marzo, destrozadas por la angustía, por la falta de información precisa sobre los hechos en curso y los nombres de quienes perdieron su vida o fueron heridos por la arremida de la guardia, reforzada por su cuerpo especial represivo, el Cores – Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad–, presionaban a la guardia y al Esmad para llegar hasta las puertas del presidio.

 

 

Jorge Villamizar llegó en taxi hacia las 8:40 de la noche del 21 de marzo, junto con su padre, avisados vía whatsapp de lo ocurrido al interior de La Modelo. Preocupados esperaron hasta las 2:30 de la madrugada después de que el Esmad disparó aturdidoras y gases varias veces a las familias que fueron llegando al penal para buscar respuesta sobre lo sucedido con sus familiares. Los disparos cesaron cuando llegaron –muchos hombres con camuflados– dice Jorge.

 

 

Vecinos del sector contaron que desde la madrugada empezaron a salir furgonetas con cuerpos, y mientras realizábamos este cubrimiento pudimos comprobar, a lo largo de dos horas, el ingreso y salida del penal de alrededor de 7 ambulancias. La mayoría de los presos del bloque 4 -5, supuestamente los más peligrosos del penal, murieron en el potrero y el rancho. Los mismos que se ven en ese vídeo que circula en redes sociales, donde una persona, tal vez un guarda del Inpec, empieza a contar los cuerpos. En el vídeo se observa un muchacho vestido con camisa a cuadros y aparentemente un tiro en un ojo, se trata de Jhon Ortiz Ardila de 24 años. Su hermana, Johana Ardila, de 38 años, llegó a la cárcel desde las 10 de la mañana, y todavía no le han dicho si está muerto o herido. “Lo más probable es que a mi hermano lo dejaron morir ahí”, contó Johana con los ojos llorosos.

Al preguntarle a los familiares sobre la cantidad muertos, unos indicaban que 50, otros que 70, y a lo lejos se vía una tela denunciaba que son más de 30. Aparentemente la cifra brindada por la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, no es cierta. En todo caso, la falta de información crea zozobra pero también especulación. Es normal, y por ello es indispensable que el gobierno publique la lista de los muertos y de los heridos, además de la condición de estos.

 

 

En su presión por tener información precisa, impedidos por vallas protegidas por guardia del Inpec y en segundo plano por el Esmad, los familiares gritaban: “que nos den repuestas, que nos den respuestas”.

 

 

Los presos convocaron a un cacerolazo por la ausencia de medidas por parte del gobierno después de denunciar varias veces las condiciones de salud paupérrimas a que están sometidos, y luego de conocerse de la cuarentena y aislamiento obligatorio decretado para todo el país. Los presos, ya asilados, ahora sufren un doble aislamiento pues no podrán recibir visita de sus familiares, temen y denuncian el alto riesgo de contagio del Covid-19 al que están expuestos por la falta de implementos sanitarios para la guardia, además de no implementarse medidas sanitarios con ellos –arreglo de baños, ampliación de espacios para superar el hacinamiento en que viven, garantía de agua a toda hora–.

 

 

Paradojas de la vida. Los 23 o más asesinados en la madrugada del 22 de marzo de 2020 en la Cárcel Modelo de Bogotá, murieron en su lucha por evitar que el coronavirus los matara, así como exigiendo que muchos de ellos pudieran salir a domiciliara, y así salvarse de la pandemia que agobia al mundo.

Publicado enColombia
Cárcel Nacional Modelo, Bogotá

De momento, se desconoce la cantidad de heridos o si se han registrado muertos.

En al menos 10 cárceles de Colombia, los reos protestan este sábado por las medidas tomadas para afrontar la crisis por la pandemia de coronavirus.

En las ciudades de Bogotá, Jamundí, Cómbita e Ibagué se produjeron
protestas, incendios y enfrentamientos. De momento, se desconoce la cantidad de heridos o si se han registrado muertos.

Vecinos del sector de Bogotá donde se encuentra ubicada la cárcel La Modelo comentan en en redes sociales que se oyen balaceras. En redes sociales se han publicado videos desde el interior del penal en los que se ve a reclusos gritando "vamos para la calle".

Estos sucesos ocurren después de que el Movimiento Nacional Carcelario exigiera en un comunicado mejoras en las condiciones de las cárceles y rechazara las actuales medidas para enfrentar al coronavirus.

"Ante la alerta de salud que se ha generado en el país en los últimos días respecto a la pandemia de coronavirus, las personas privadas de la libertad alzamos la voz en rechazo de las políticas y acciones poco efectivas que ha tomado el INPEC y las entidades de gobierno en las cárceles de Colombia", reza el comunicado, citado por El Espectador.

El mismo día, el Gobierno del país suramericano confirmó la primera muerte por coronavirus. Se trata de un taxista de 58 años que murió en la ciudad de Cartagena.

El presidente, Iván Duque, decretó el pasado viernes que a partir del próximo martes la República entrará en "aislamiento total obligatorio" para frenar la propagación del nuevo coronavirus, que hasta el momento ha infectado a 210 personas.

22 mar 2020

Publicado enColombia
Domingo, 22 Marzo 2020 06:25

Elogio del riesgo  

Elogio del riesgo  

“Vivir es una invención arrancada del terror”, escribe Anne Dufourmantelle (París, 1964). Encendida opositora de la obediencia, filósofa y psicoanalista, escarba con pasión en las miserias emocionales de hombres y mujeres de clase media urbana bajo el capitalismo. “Un terror que algunos apaciguan entre brazos siempre distintos, otros en el alcohol, otros aún en una hiperactividad enfermiza: los seres son desiguales ante la angustia”. Nada más tramposo que la mentalidad del autoayudismo asustado y narcisista, plantea. Vivir ya es un riesgo, opina. Y sale al cruce de la conformidad con uno mismo, esa profusión de libros que forman el mercado mundial del reaseguramiento en un mundo donde no hay nada seguro. Nada más lejos del publicitado riesgo cero. Si Dufourmantelle carga contra los tabúes individuales, no menos va contra los sociales. Por ejemplo, en su “Trabajar, el undécimo mandamiento”, dispara: “El trabajo libera son palabras de siniestra memoria. En nuestras sociedades democráticas llamadas liberales, el trabajo es aquello sobre lo que reposa todo el sistema económico-político de la deuda. ¿Qué libertad permite esta sociedad a los individuos que preferirían no hacerlo? El imperativo, repetido desde el jardín de infancia hasta la vejez, que dicta que el trabajo es aquello que nos hará libres, ¿nos deja aún la opción de aceptarlo o de rechazarlo? De ahí se deriva —y de esto soy testigo como psicoanalista— una falta afectiva que mina a los seres hasta conducirlos, en ocasiones, a querer salir del juego”.

Dufourmantelle se aparta de los rebusques del hermetismo y prefiere la claridad. Su prosa es capaz de irrumpir en medio de un razonamiento discursivo con una frase cortante, una imagen que, con la potencia de la metáfora, descubre otra cosa, una que acechaba en lo reprimido y no podía ser expresada de otra forma. Y pregunta: “¿Por qué será que la extrañeza del mundo deja a ciertos seres como desollados en vida? Muchas veces éstos se vuelven creadores, a menos que sucumban – la angustia es insoportable en altas dosis o cuando dura demasiado tiempo – o bien abdiquen inmediatamente, se agarren de un objeto balsa (la botella, la jeringa, la crisis), único proveedor de esa posibilidad de un refugio que no han recibido o no han sabido recibir en la cuna. ¿Y por qué será que otros parecen haber sido inmunizados desde el nacimiento?” A Dufourmantelle no le intimida arriesgarse en sus intervenciones clínicas mediante la formulación de interrogantes tanto cuando se encuentra ante un paciente o en la situación silenciosa y meditativa de la escritura. Y sí, la escritura es esencial, constitutiva en ella. Reflexionando, anota que “el gesto de la escritura se parece a un deshechizo, a una promesa de fidelidad, pero, ¿a quién? ¿Lo sabrá el escritor en el instante en que escribe?”. Otra reflexión: “Contra la extrañeza del mundo, la escritura inventa un lenguaje para traducir lo intraducible, para hacer oír lo innombrable e intentar inscribir en él una forma nueva. Así nace una lengua propia, para parafrasear a Virginia Woolf, un recinto particular donde el sujeto a cubierto por un tiempo ha negociado su paso en la tormenta de lo real”. Importa señalarlo, además de haber escrito un ensayo sobre la hospitalidad con Jacques Derrida, Dufourmantelle ha publicado novelas.

La literatura, define, es la búsqueda de la belleza, “una parte desnuda del mundo que se nos revela”. Y escribe: “Seamos o no creyentes, la belleza abre un espacio a la trascendencia, o por lo menos a aquello que señala hacia lo que posibilita. Alcanza nuestro caos interior en la aflicción de nuestra relación con nosotros mismos, la desherencia de lo que dejamos al abandono”. No obstante, no es ingenua y va contra la idea de lo bello como salvación. “Hay en la belleza un espanto del que ha hablado toda una literatura. Aquello hacia lo cual nos señala desiste al mismo tiempo completamente”.

El año pasado, en una librería, encontré su “En caso de amor”, un pequeño tratado de psicopatología amorosa contemporánea, relaciones devastadas traducidas en una serie de ensayos provenientes de su labor clínica, pero no sólo. Si “En caso de amor” me impresionó, apenas al hojearlo, se debió a su estilo, eso que decía al principio, una legibilidad infrecuente en la escritura psi, por lo general engrupida. Sus temas: humillaciones, derrotas, vergüenzas, culpas, secretos que se resisten a la luz. Este es su material de trabajo y sus experiencias pueden leerse tanto como con un interés psi como de simple y pura curiosidad ficcional. ¿Acaso la novela familiar, esa que nos inventamos para seguir aguantando y aguantándonos, no es una ficción?

Con sólo leer uno de sus nuevos –nuevos para nosotros– breves y punzantes ensayos del 2011 que integran “Elogio del riesgo” uno ya se da cuenta con qué clase de inteligencia está entrando en tránsito, porque, hay que decirlo, Dufourmantelle exige eso, dejarse llevar, estar dispuesto a una introspección cuestionadora, ser otro, sentir de pronto que le tiraron a uno de la alfombra o como proponía Wittgenstein, al llegar a lo alto de la escalera, en el último peldaño, animarse a patearla sin tener de qué agarrarse. Pero, me pregunto, ¿acaso no es esta la impresión del comienzo desconcertante de un tratamiento, animarse a la primera sesión?

“La vida es un riesgo inconsiderado que nosotros los vivos, corremos” escribe. Le importa dejar en claro que no se trata de otra cosa que arriesgarla. “Vivimos bajo anestesia local, envueltos en celofán, buscando desesperadamente una sustancia o un amor que pueda despertarnos sin asustarnos”. En esto coincide con Kierkegaard: somos nuestros propios enterradores. Entonces, nos desafía, por qué no arriesgar el porvenir. Su coherencia es profunda. Y sus apuestas al riesgo deben ser leídas como proféticas, un saber por anticipado acerca de cuál será su destino, un destino que sólo se puede captar desde la responsabilidad de la elección y reside, como en lo escritural, en una decisión ante una circunstancia que, como en una tragedia griega, no parece fortuita. Que este libro tan deslumbrante y sabio como su angustia existencial se titule “Elogio del riesgo” cobra un sentido admirable al enterarnos cómo terminó sus días. En julio de 2017, a los cincuenta y tres años, estaba en una playa de la Riviera cuando cambió el clima y el área de nado se volvió peligrosa. Divisó a dos chicos de una pareja amiga en peligro y, sin vacilar, se lanzó al mar. Logró salvarlos, pero sufrió un paro cardíaco. Unos rescatistas la sacaron inconsciente del agua y trataron de reanimarla pero no lo lograron. Los chicos sobrevivieron. 

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El aborto, el hilo que pretenden cortar

La Corte Constitucional citó de manera sorpresiva para el 2 de marzo del 2020, en Sala Plena extraordinaria, para decidir sobre las dos demandas interpuestas por la abogada Natalia Bernal, quien pide penalizar el aborto hasta en las tres causales despenalizadas desde el 2006. En contra, la ponencia del magistrado Alejandro Linares propone despenalizar totalmente el aborto en las primeras 16 semanas, y en adelante dejarlo condicionado a las tres causales de excepción que existen desde la sentencia C-355 2006.

Una posibilidad que escandaliza a la sociedad más conservadora de Colombia, con gritos como los de Álvaro Uribe trino en su teléfono: “rechazo la ponencia, basta con las 3 causales así no estemos de acuerdo. Objeción de conciencia”, o Margarita Restrepo que escribió: “Creo firmemente que desde el momento de la concepción se debe respetar la vida del que está por nacer. No comparto que la vida de un ser humano sea relativa y no absoluta, y se acabe por la voluntad de un tercero”.

Declaraciones, como las de Álvaro Uribe, quien no tuvo en cuenta la objeción de conciencia en sus dos mandatos de seguridad democrática, durante los cuales miles de jóvenes no estaban de acuerdo con ir a la guerra y sin embargo fueron reclutados en contra de su voluntad.

Con este debate reabierto por quienes pretenden dar al traste con una medida progresiva lograda años atrás por la lucha de miles de mujeres y la conciencia progresista de algunos magistrados, acercándonos a la realidad de los territorios, ¿cuáles son las barreras estatales, sociales e institucionales a las que se enfrentan mujeres en regiones y zonas rurales para el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)?

En el siguiente artículo, escrito para desdeabajo por la Fundación Surprise City, la Asociación Asmupaz y de la Corporación Violeta, podrán encontrar una mirada territorial sobre la interrupción voluntaria del embarazo:

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/38873-no-hay-derecho-miradas-territoriales-sobre-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo.html

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Lunes, 02 Marzo 2020 06:13

La guitarra de Woody

La guitarra de Woody

La guitarra de Woody Guthrie tenía grabada la frase "esta máquina mata a fascistas".

Esa guitarra viajó por todo el país, acompañando canciones de luchas sociales, huelgas, migrantes, desafíos y sobre todo de solidaridad entre los muchos que enfrentan la injusticia a manos de los pocos, o sea, canciones de amor y rabia desde abajo.

Tal vez la más conocida, aunque también censurada, es su himno This land is your land ( Esta tierra es tuya), escrita hace justo 80 años en la ciudad de Nueva York, una respuesta furiosa a una canción patriótica que se llama God Bless America. Esta tierra es tuya resume la disputa que hoy es más contemporánea que nunca, sobre a quién le pertenece este país.

Lo que está al fondo de la dinámica política y social en este país en este momento es que la desigualdad económica ha llegado a su punto más alto en medio siglo, algunos dicen que la concentración de riqueza es la más extrema en 80 años (más o menos cuando se escribió esa canción). Por ejemplo, los tres hombres más ricos del país son dueños de más riqueza que 50 por ciento de la población más pobre, y el 5 por ciento más rico de los estadunidenses son dueños de dos tercios de la riqueza nacional (https://inequality.org/facts/wealth-inequality/). La disputa política y electoral tiene que ver en gran medida con las consecuencias y la respuesta a eso y, a la vez, con la democracia misma.

Louis D. Brandeis, juez de la Suprema Corte y uno de los intelectuales constitucionalistas más importantes de Estados Unidos, declaró hace más de un siglo: "Podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en las manos de unos pocos, pero no podemos tener ambas".

Algunos señalan que Trump es una respuesta populista de derecha a estas condiciones. A la vez, el movimiento en apoyo de Bernie Sanders ofrece una expresión progresista a las mismas condiciones. Ambas cosechan la furia contra las cúpulas políticas y económicas que en todo sus sentidos han anulado el llamado sueño americano al imponer una agenda neoliberal sobre la economía más rica de la historia.

La apuesta de Trump toma prestados algunos de los ingredientes clásicos del fascismo histórico pero sin la coherencia ideológica, lo cual ya está ampliamente documentado. Pero vale subrayar que a pesar de los gritos de que la democracia está en jaque con este régimen, ese proyecto cuenta con la complicidad suficiente de las cúpulas económicas y políticas del país como la cooperación "pragmática" de otros gobiernos. Hemos visto esta película.

No es por causalidad que el nuevo proyecto de David Simon (el creador de las series extraordinarias The Wire y Treme, entre otras), que se estrenará próximamente, es una serie basada en la novela de Phillip Roth El complot contra America, cuya premisa es descartar la noción de que "eso no puede ocurrir aquí", al imaginarse cómo un nazi (el famoso aviador, quien era un simpatizante nazi en la vida real –o sea, una celebridad–, Charles Lindbergh) se vuelve presidente de Estados Unidos en 1940 y busca imponer su poder sobre las tres ramas del gobierno, explorando el culto de celebridad y la tiranía de una mayoría que de repente apoya a un político sin escrúpulos, y la lucha de resistencia contra el abuso del poder que no necesariamente triunfa.

La nación y sus nociones, ilusiones y realidades democráticas están en disputa. Por ahora no se sabe de quién es este país.

La canción de Guthrie incluye un par de versos frecuentemente censurados en escuelas y otros lugares:

“Ahí había un alto muro ahí que intento pararme / El letrero ahí decía ‘Propiedad Privada’ / Pero del otro lado, no decía nada / Ese lado fue hecho para ti y para mí”.

Otro más:

"Una mañana asoleada en la sombra del campanario / Por la oficina de asistencia social vi a mi gente / Mientras estaban ahí hambrientos / Me quede ahí preguntándome / ¿Esta tierra fue hecha para ti y para mí?"

Llegó la hora para sacar la guitarra de Woody.

"https://www.youtube.com/ watch?v=wxiMrvDbq3s" https://www.youtube.com/ watch?v=wxiMrvDbq3s. "https://www.youtube.com/ watch?v=6IfehzGF9GE" https://www.youtube.com/watch?v=6IfehzGF9GE." https://www.youtube.com/ watch?v=dS0OQ9HP3Oo" https://www.youtube.com/watch?v=dS0OQ9HP3Oo

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Excombatientes talibanes entregan sus armas este domingo en Jalalabad. GUHLAMULLA HABIBI EFE

El presidente de Afganistán rechaza liberar a los milicianos prisioneros como precondición para el diálogo interno

El acuerdo de Estados Unidos con los talibanes ha encontrado este domingo su primer obstáculo. El presidente afgano, Ashraf Ghani, ha rechazado la cláusula que prevé la liberación de miembros de la guerrilla. “El Gobierno de Afganistán no se ha comprometido a liberar a 5.000 prisioneros talibanes”, ha declarado Ghani al día siguiente de asistir en Qatar a la firma de ese pacto, presentado como un primer paso para alcanzar una solución política en aquel país. No obstante, el presidente extiende la tregua que se respetó durante la semana pasada.

“Estados Unidos carece de autoridad para dejar en libertad a los prisioneros, esa es una prerrogativa que corresponde al Gobierno de Afganistán”, ha subrayado Ghani durante una conferencia de prensa de la que se ha hecho eco la web afgana ToloNews. Es tan solo la segunda vez que el presidente comparece ante los medios en sus cinco años de mandato.

Según los términos del acuerdo, “Estados Unidos se compromete a trabajar con todas las partes implicadas para la liberación de los presos políticos y combatientes”. El texto prevé que hasta 5.000 talibanes encarcelados serán liberados a cambio de un millar de presos del lado gubernamental antes del 10 de marzo, para facilitar el inicio del diálogo interafgano. Pero Ghani rechaza que esa medida se considere una precondición y defiende que debe ser parte de las conversaciones con los talibanes.

“Un acuerdo que se alcanza a puerta cerrada va a tener problemas básicos en su ejecución desde mañana mismo”, añadió el presidente afgano en una poco velada crítica a la ausencia de su Gobierno en las negociaciones que llevaron al pacto. Pero los talibanes siguen sin reconocer la legitimidad del Gobierno de Kabul, lo que ha obligado a Estados Unidos a hacer equilibrios para contar con la participación de éste y ofrecer la imagen de que va a incorporarse en una segunda fase.

Previo a la firma del acuerdo de EE UU con la guerrilla, un comunicado conjunto afgano-estadounidense anunció los planes de reducción de tropas, presentándolos dentro de un marco bilateral. Sin embargo, el asunto del intercambio de presos aparecía de forma mucho más ambigua: “La República Islámica de Afganistán participará en un debate facilitado por Estados Unidos con representantes talibanes sobre medidas de fomento de la confianza, que incluirá la posibilidad de liberar a un número significativo de prisioneros de ambos lados”.

Las objeciones del presidente pueden muy bien ser una mera táctica para hacerse valer ante el diálogo interafgano que debe empezar ahora y en el que la participación del Gobierno no está clara. El enviado estadounidense Zalmay Khalilzad, ha mencionado una delegación “incluyente” con “importantes figuras del Gobierno, responsables clave de partidos políticos, miembros de la sociedad civil y mujeres” para hablar con los talibanes.

El Gobierno querría determinar los participantes. Sin embargo, el rifirrafe que Ghani mantiene con su principal rival, Abdullah Abdullah, que le disputa el resultado de las últimas elecciones presidenciales, dificulta formar el equipo. En principio, solo tras el lanzamiento de esas conversaciones, empezará la retirada de las tropas estadounidenses que es lo que buscan tanto Washington como la guerrilla.

De momento, el presidente afgano ha dicho que, por su parte, “la reducción de la violencia va a continuar con el objetivo de alcanzar un alto el fuego definitivo”. Kabul ha informado a los talibanes a través del general Scott Miller, jefe de las fuerzas norteamericanas en Afganistán. La guerrilla aún no se ha manifestado al respecto. La víspera el responsable político del grupo, Mohammad Abbas Stanikzai, declaró a ToloNews que el alto el fuego llegará una vez que se acuerde el Gobierno interino (de transición) y dio a entender que seguirían atacando a las fuerzas afganas, aunque mantendrían la tregua con Estados Unidos.

Dubái 1 MAR 2020 - 11:14 COT

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Prohibido, muy restringido y poco despenalizado: así es el mapa del aborto en América Latina

En Argentina, un nuevo proyecto apoyado por el Gobierno intentará despenalizar el aborto tras el intento fracasado en agosto de 2018

Que miles de mujeres argentinas volvieran la semana pasada a echarse a las calles para relanzar la campaña por el aborto legal es una muestra más del cambio que se está produciendo en una región como América Latina y el Caribe, donde la interrupción del embarazo sigue restringida o castigada en gran parte de los países.

En los últimos años en la región no solo se ha extendido ese grito que reclama un aborto legal, seguro y gratuito, sino que también se han logrado avances importantes en salud sexual y reproductiva como la legalización de la interrupción del embarazo en el estado mexicano de Oaxaca en 2019 y la ley de aborto en tres causales aprobada por Chile en 2017.

Pero pese a los logros alcanzados en la región y a ese mayor consenso social de la opinión pública sobre el aborto, las mujeres aún se enfrentan a numerosas barreras para acceder a un aborto, incluso en los países donde es legal, como es la objeción de conciencia de profesionales ginecológicos que no quieren participar en esta práctica. Otros obstáculos se deben al creciente número de dirigentes conservadores y al avance de los grupos contrarios al aborto, si bien la situación varía dependiendo del país.

"En términos generales hay una mayor conciencia de la capacidad de decidir de las mujeres y la mayoría de los países latinoamericanos tiene leyes que reconocen el derecho de las mujeres a una amplia gama de anticonceptivos, protocolos de atención donde hay causales justificadas para abortar, etc", señala Susana Chávez, directora de la organización peruana Promsex y secretaria ejecutiva del Consorcio latinoamericano contra el aborto inseguro (Clacai). "Sin embargo, existe una corriente conservadora muy fuerte que está interponiendo medidas judiciales al cumplimiento de las leyes y eso añade trabas que limitan", añade.

En ese sentido, la experta asegura que en varios países se ha intentado "judicializar los protocolos de aborto por considerarlos una amenaza al concebido", mientras que en otros Estados de la región se han incorporado medidas restrictivas.

Tampoco hay que olvidar que a pesar de que en los últimos años América Latina ha tenido Gobiernos progresistas en varios países, por lo general han mantenido una postura conservadora frente a la interrupción voluntaria del embarazo. No se logró, por ejemplo, despenalizar la práctica en Argentina durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En el caso de Ecuador, Rafael Correa amenazó incluso con dimitir si el Parlamento permitía aprobarlo.

Un panorama desigual

Pero en la actualidad, ¿dónde es legal el aborto en América Latina y el Caribe? La mayoría de los países de la región cuenta con causales a la interrupción del embarazo que van más allá del peligro de muerte de la madre, aunque cada uno tiene leyes diferentes.

Los países más restrictivos son El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana, donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia. Las mujeres salvadoreñas se enfrentan incluso a penas de prisión que superan los 30 años al ser acusadas de homicidio agravado. Ni siquiera importa si sufrieron un aborto espontáneo.

Honduras, donde también se castiga con cárcel a las mujeres que interrumpen su embarazo, es además el único país de la región donde están prohibidas las píldoras anticonceptivas de emergencia.

"Pese a los logros de la región, Centroamérica no avanza al mismo ritmo e incluso algunas iniciativas de grupos antiaborto están ganando fuerza", recuerda a este medio el ginecólogo Guillermo Ortiz, asesor médico de IPAS, organización internacional que trabaja para ampliar el acceso de las mujeres a servicios de atención integral del aborto.

Ejemplo de ello es Costa Rica, donde el aborto terapéutico [razones médicas] es legal, pero "ha habido intentos de derogar la ley y tratar de que se vuelva a discutir el tema para prohibirlo completamente", tal y como pasó en El Salvador en 1998 y en Nicaragua en 2007, cuando el otrora comandante de la Revolución Sandinista Daniel Ortega asumió la presidencia.

Otros Estados latinoamericanos que cuentan con leyes muy restrictivas son Paraguay, Venezuela y Surinam, donde las mujeres únicamente pueden suspender su embarazo legalmente cuando su vida peligra.

En el caso de Perú, la gestante puede abortar si está en riesgo su salud o su vida, pero se aplica una perspectiva restrictiva de la norma. "Se imponen condiciones que no aparecen en la ley y se niegan derechos que ya tienen las mujeres imponiendo embarazos forzados aún a costa de su salud y su vida", asegura Chávez.

Todas estas restricciones legales se han convertido en una amenaza para la vida y salud de las mujeres en la región, ya que se ven obligadas a recurrir a prácticas clandestinas e inseguras para interrumpir su embarazo. La ilegalidad de este procedimiento, además, no reduce su práctica y de hecho el aborto clandestino es una de las principales causas de muerte materna en estos países.

América Latina y Caribe es la región con más abortos

América Latina y el Caribe es la región con la tasa de abortos más alta del mundo: 44 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, en comparación con Asia (36 por cada 1.000 mujeres), África (34), Europa (29) y América del Norte (17), según datos del Instituto Guttmacher, especializado en derechos reproductivos. 

En cuanto a la tasa de embarazos no planeados, América Latina y el Caribe también lidera la tabla, con 96 embarazos por cada 1.000 mujeres en edades de entre 15 y 44 años.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año se realizan unos 25 millones de abortos inseguros en el mundo, la mayoría en condiciones de clandestinidad.

Los únicos países de la región donde el aborto está despenalizado durante las primeras semanas de gestación son Uruguay, Cuba, Guayana, Guayana Francesa y Puerto Rico (estado libre asociado de EEUU).

En México las mujeres también pueden suspender su embarazo de forma legal, pero únicamente en dos estados: Ciudad de México y Oaxaca, al sur del país. Solo el aborto en caso de violación es legal en todo México, mientras que en algunos estados existen otras excepciones.

En todos estos países también existen complicaciones para acceder a los servicios. Desde profesionales sanitarios que se declaran objetores de conciencia hasta clínicas falsas donde intentan convencer a las mujeres de que no aborten.

Nuevo intento en Argentina

Las mujeres en Argentina pueden abortar legalmente si la vida de la madre peligra o si el embarazo fue producto de una violación, aunque incluso dentro de ese marco también encuentran obstáculos.

Los grupos feministas y las mujeres que relanzaron la semana pasada el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que tiene estado parlamentario, confían en que esta vez se apruebe una ley de plazos, pues a diferencia de otras ocasiones, ahora hay un respaldo presidencial. El mandatario Alberto Fernández ya ha dicho que enviará al Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto.

"Estamos a la expectativa de ver cómo va a ser el proyecto que presentará el Ejecutivo. Entendemos que a la hora del debate se van a poner a disposición ambos proyectos y en principio se votaría antes de junio", explica a eldiario.es la activista Jenny Durán, integrante de la campaña.

Retroceso en Chile

En 2017, bajo el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Chile despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida de la madre corra peligro, inviabilidad fetal y violación. Fue un paso histórico para el país, teniendo en cuenta que el aborto estaba prohibido bajo cualquier circunstancia desde 1989, cuando la dictadura de Augusto Pinochet así lo promulgó.

Sin embargo, las mujeres en Chile también tienen dificultades para acceder al aborto legal. Desde un principio la ley permitió a los médicos del sistema público negarse a realizar el procedimiento y en 2018 el Gobierno del conservador Sebastián Piñera añadió nuevas trabas. Actualmente los hospitales públicos no están obligados a tener permanentemente profesionales que practiquen abortos y las clínicas privadas pueden negarse a realizarlos.

Colombia: aborto permitido pero de difícil acceso

Desde el año 2006 el aborto está permitido en Colombia en tres supuestos: cuando existe riesgo para la vida de la madre, malformación del feto o violación. Sin embargo, al mismo tiempo la ley colombiana tipifica el aborto como un delito, por lo que a muchas mujeres se les complica acceder a los servicios.

"Se trata de un delito discriminatorio que afecta especialmente a las mujeres pobres, a las jóvenes y a las campesinas, ya que las mujeres que viven en grandes ciudades pueden acceder mejor porque tienen más información y recursos. Es un delito, además, que solo se puede aplicar a las mujeres, a las que se castiga por tomar decisiones sobre su propio cuerpo", indica a eldiario.es la activista feminista Beatriz Quintero, integrante de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una alianza de organizaciones que lucha desde 1998 para que el aborto se despenalice en Colombia.

Con el objetivo de disminuir las barreras que afrontan las mujeres, el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares ha propuesto al alto tribunal despenalizar el aborto en el primer trimestre. Pero no será un debate sencillo, pues la abogada Natalia Bernal ha propuesto prohibir la práctica por completo y los grupos contra el aborto también han protestado contra la iniciativa, que debería conseguir 5 votos a favor de un total de 9 magistrados.

Brasil, Bolivia y Ecuador

En el caso de Bolivia hasta 2017 el aborto solo era legal cuando existía riesgo de salud para la madre o en caso de violación, pero ese año el Gobierno de Evo Morales amplió los supuestos. En la actualidad tampoco es delito abortar durante las primeras ocho semanas de embarazo si la mujer es estudiante o tiene a su cargo a personas mayores o discapacitadas.

Brasil permite el aborto en caso de violación, de riesgo para la madre y de anencefalia. Ecuador, por su parte, tiene una legislación más severa, ya que solo se puede abortar legalmente en dos casos: cuando la vida de la madre está en riesgo y cuando una mujer con diversidad funcional ha sido violada. En septiembre de 2019 el Parlamento rechazó despenalizar la práctica en todos los casos de violación y malformación del feto.

Bajo este panorama, el hecho de que Argentina pueda lograr este año despenalizar el aborto aporta esperanza a toda la región.

Por María García Arenales

29/02/2020 - 21:11h

Publicado enSociedad
Martes, 25 Febrero 2020 05:49

No importa Assange

No importa Assange

No importa Julian Assange (foto). Importa que empieza su juicio de extradición en Londres. Y que hay mucho en juego en este juicio, al igual que en el proceso que le espera en Estados Unidos si la justicia británica decide enviarlo.

No importa él como persona, si cae o no simpático. Importa que estos juicios serán determinantes para el futuro del periodismo, la libertad de expresión y el derecho internacional.

En concreto, Assange está siendo acusado de espionaje por hacer lo que hacen los periodistas. Esto es, recabar y publicar información. Los espías hacen otra cosa: roban documentos y se los entregan a otro país.

La acusación en contra de Assange combina lenguaje del Espionage Act de 1917 con una descripción de prácticas que son habituales en las redacciones, como intercambiar mensajes encriptados con fuentes que desean permanecer anónimas.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, esas prácticas son apropiadas para un periodista de un medio reconocido como podría ser el New York Times. Pero no para Assange. En el día en que se anuciaron los cargos en su contra, con penas de hasta 175 años de cárcel, un vocero del Departamento de Justicia explicó la diferencia. "Es que Assange_argumentó_no es un periodista.” Mas aún, en un informe anual del Departamento de Estado al Congreso, el gobierno de Trump ha definido al medio que Assange dirige, WikiLeaks, como un “servicio de inteligencia no estatal”.

Entonces, ¿Cuál sería la diferencia entre un periodista, que supuestamente goza de protección legal, y un “no periodista” como Assange, que no puede publicar información secreta? ¿Entre un portal de internet especializado en filtraciones periodísticas y un “servicio de inteligencia no estatal”? Mas importante todavía, ¿quién decidiría esta cuestión? El gobierno, por supuesto. En este caso, el gobierno de Trump. No parece algo que beneficie la libertad de expresión, o el ejercicio del periodismo crítico.

A esto hay que sumarle que en éste y otros casos similares Estados Unidos parece querer ejercer una especie de justicia universal pero al revés, en favor de sus propios intereses. Al hacer detener y extraditar a personas como Assange, que no estaba en Estados Unidos al momento de los hechos, acusado por publicaciones o reproducciones online que ocurrieron en otros países a través de servidores instalados en el extranjero, Estados Unidos, lejos respetar principios universales, impone los suyos al resto del universo.

A semejante persecución hay que agregar que Assange estuvo siete años encerrado en tres cuartos de la embajada ecuatoriana en Londres sin poder respirar aire puro ni ver la luz del día, en lo que Naciones Unidas llamó una detención ilegal de Gran Bretaña y Suecia por acusaciones de delitos sexuales que nunca fueron formalizadas, sumada a nueve meses en solitario en la cárcel británica de máxima seguridad de Belmarsh, hasta que el mes pasado entró en un régimen carcelario compartido con otros reclusos, entre otras severas restricciones para mantenerse lúcido y preparar adecuadamente su defensa.

Tanto la jurisprudencia británica como la europea prohiben extradiciones por delitos políticos. La defensa de Assange argumentará que no hay nada más político que este juicio de extradición. El proceso podría durar meses y poner a prueba no solo a las cortes británicas sino al sistema legal europeo, ya que las apelaciones llegarían a Estrasburgo o La Haya.

Conocí a Assange en Ellingham Hall, Norfolk, Gran Bretaña, en el invierno del 2011. Le dije que quería escribir sobre él.

“Mi vida personal no importa,” contestó. “Lo que importa es mi trabajo y lo que sucede con lo que hago. Escribí sobre eso.”

@santiodonnell

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¡No hay derecho! Miradas territoriales sobre la interrupción voluntaria del embarazo

Si bien la sentencia C-355 de 2006de la Corte Constitucional ha tenido como objetivo garantizar el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE);las realidades estructurales, sociales y particulares a las que nos enfrentamos las mujeres en el territorio colombiano, agudizadas por la penalización de la práctica del aborto en el Código Penal Colombiano, han condicionado la posibilidad de que a través de este fallo se garantice a las mujeres y las niñas de todo el territorio nacional, servicios accesibles que tengan como finalidad el ejercicio del derecho.

Con el ánimo de garantizar la protección del derecho a la IVE -aspecto que no se agota con la interrupción del embarazo per se, sino que vincula la fase diagnóstica y la atención postaborto-, es indispensable que el Estado reconozca la desigualdad en acceso a servicios e información que caracteriza a las regiones y zonas rurales del país. Hablar de IVE desde una perspectiva centralizada, en un país como Colombia, implica acrecentar las brechas existentes entre las mujeres que habitan en las grandes ciudades y las que viven en regiones periféricas, también, esta visión centralizada permite el detrimento del derecho a la igualdad y nodiscriminación. Es necesario escuchar argumentos descentralizados geográficamente, construidos a partir de la experiencia propia y del proceso situado de acompañar o trabajar por la garantía del derecho, en configuraciones territoriales específicas.

Sobre este punto es determinante considerar las condiciones especiales a las que se someten las mujeres habitantes de zonas rurales del país, con escasos recursos, con un sistema de salud deficiente que no permite la atención oportuna de las mujeres y con un sin número de barreras sociales y culturales específicas en cada región, que por su complejidad menoscaban el acceso oportuno a los servicios relacionados con la IVE.

En el caso de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño –territorio en el que habitamos como organizaciones-, existen múltiples barreras a las que las mujeres deben enfrentarse, entre ellas, la carencia de oferta suficiente de los procedimientos de segundo nivel, ya que solo se cuenta con aspiración manual endouterina –AMEU- en tres instituciones en todo el departamento. Así, por ejemplo, para procedimientos que deban aplicarse más allá de la semana veinte de gestación, no existe una institución en el municipio, ni en el departamento que preste el servicio, teniendo que hacerse una referencia a otro lugar del país para realizar el procedimiento, situación que genera un mayor obstáculo en las mujeres que lo requieran, pues no solo deben desplazarse sino además, asumir los costos que ello supone, cuestión que es mucho más complicada atendiendo a sus situaciones particulares.

 

En términos generales, los procesos de acompañamiento y formación en IVE han permitido a las organizaciones identificar una amplia gama de barreras, situaciones u obstáculos sociales, institucionales y estructurales presentes en el territorio, que limitan el acceso al servicio en condiciones de calidad, seguridad y oportunidad.

Las barreras sociales son todas aquellas actitudes, comportamientos y creencias presentes en los individuos, las familias, las comunidades y la sociedad en general, que censuran la práctica del aborto, desconociendo los derechos de las mujeres en general, y en especial los derechos sexuales y reproductivos. Una de las barreras que identificamos es la falta de conocimiento respecto a la IVE, como un derecho fundamental de las mujeres y niñas; este desconocimiento limita la exigibilidad del derecho y,en el plano institucional, impide la prestación de un servicio de salud que no vulnere los derechos sexuales y reproductivos, e incumple el ordenamiento jurídico nacional respecto a este derecho.

La idealización de la maternidad y la construcción de imaginarios respecto a condiciones “idóneas” para el ejercicio de la misma, se convierte en la negación de la posibilidad de elección; estos imaginarios provenientes de creencias religiosas y conservadoras arraigadas en la cultura nariñense censuran el aborto, el disfrute de la sexualidad y el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

La censura social condiciona la aplicación de las causales, a través de las cuales, en la actualidad, se hace efectivo el derecho a la IVE; por ejemplo, cuándo se otorga legitimidad a la causal violencia sexual, pero se reprocha la causal salud mental y se acepta condicionalmente la causal malformación del feto incompatible con la vida extrauterina[1].

A su turno, las barreras institucionales son aquellas prácticas (discursivas o fácticas) que ejercen las y los profesionales de salud, vinculados a la prestación del servicio de IVE, realizados en las EPS e IPS,   que niegan, dificultan o dilatan injustificadamente el acceso al derecho. Estas prácticas irresponsables condicionan la operatividad de la ruta de atención al conocimiento que tienen las mujeres sobre su derecho a la IVE y al acompañamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres.

La objeción de conciencia -el derecho de las y los médicos a no practicar la IVE por razones religiosas o morales-, adquiere la calidad de barrera cuando no atiende las condiciones en las cuales debe presentarse por parte de las y los profesionales de salud, cuándo se utiliza de forma indiscriminada, cuando las instituciones de salud no cuentan con profesionales que no se declaran objetores-as y que puedan prestar el servicio, o cuando se declaran objetoras de conciencia como institución, siendo este un derecho de las personas naturales, no jurídicas.

Por otra parte, las instituciones exigen a las mujeres solicitantes de IVE, requisitos adicionales no previstos en la jurisprudencia, como la obligación de atención psicológica en causales que no la requieren; así mismo, se expiden certificaciones con diagnósticos incompletos que retrasan la prestación del servicio, imponiendo cargas desproporcionadas que vulneran derechos y configurando una violencia institucional, prohibida por la misma Corte Constitucional

En lo que concierne a las barreras estructurales, entendidas como aquellas situaciones que afectan el acceso al derecho, producto de las condiciones de desigualdad social y económica que rodean a las mujeres que pretenden acceder al servicio, se destaca la debilidad en la ejecución de proyectos y estrategias de formación relacionadas con educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, y derechos de las mujeres.

Teniendo en cuenta que el departamento de Nariño es un territorio mayoritariamente rural, altamente golpeado por situaciones de violencia social y armada del país, donde su población no cuenta con condiciones socioeconómicas favorables y que en algunos casos las usuarias deben asumir los costos asociados a la práctica de la IVE; la mayoría de mujeres del departamento no logran efectivizar el derecho, de manera que, concluyen con el embarazo o se someten a procedimientos clandestinos poniendo en riesgo su vida.

En concordancia con lo anterior, la existencia del delito de aborto previsto en el Código Penal Colombiano, aun cuando la IVE es underecho fundamental, se convierte en una de las mayores barreras estructurales, en tanto es una figura utilizada por las instituciones de salud para coartar el derecho de acceso a la IVE, generando incertidumbre en las y los profesionales de la salud, sobre su marco de acción legal, pero además, conservando en la sociedad la percepción de delito respecto del derecho que asiste a las mujeres para decidir sobre la maternidad. Esto envía un doble mensaje: por una parte, las instituciones se excusan en la figura jurídica penal para no prestar el servicio de IVE, so pena de incurrir en delito; por otro lado, las mujeres solicitantes sufren en carne propia la estigmatización a que conlleva su práctica, cuestión que se explica además por la falta de información y de educación existente frente al tema y que finalmente incrementa el miedo de las mujeres a la criminalización.

Como podemos observar, las condiciones para la garantía del derecho fundamental a la IVE dependen de los contextos regionales, de ahí que es preciso la implementación de un enfoque territorial que reconozca las múltiples barreras que deben afrontar las mujeres en Colombia para acceder al servicio que efectiviza el derecho, las cuales se ven agudizadas en los territorios que enfrentan condiciones de exclusión histórica, en las zonas rurales y en regiones de exacerbación del conflicto armado interno, como es el caso del departamento deNariño.

Estamos seguras que avanzar en la protección al goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como deber del Estado social y democrático de derecho, desde la perspectiva territorial antes mencionada, implica el análisis comprometido respecto a la eliminación de barreras estructurales existentes para el acceso al derecho de IVE y en este sentido, la reflexión respecto a la pertinencia de la despenalización del aborto, como condición indispensable para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La experiencia en Colombia nos ha mostrado que la penalización del aborto no disminuye su práctica, sólo condena su realización a la clandestinidad.Es un hecho que la despenalización no implica incremento de abortos, sino la atención segura, oportuna y con dignidad de quienes han decidido interrumpir su embarazo. De ahí que, la penalización se traduce en muertes de mujeres por la falta de condiciones para la práctica del aborto, costos para el sistema de salud que debe atender los casos de las mujeres con complicaciones por abortos inseguros, costos en el sistema judicial derivados del proceso de investigación y sanción del delito, y construcción y legitimación de dinámicas de sanción social, ejecutadas en su mayoría por grupos antiderechos, tanto contralas mujeres que acceden a la IVE, como contra  los y las profesionales e instituciones prestadoras del servicio.

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres y de la vida, exigimos al Estado la despenalización total del aborto, así como la construcción de espacios de control, vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las instituciones en la garantía del derecho a la IVE, a no retroceder en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y por el contrario, reforzar el avance en el reconocimiento y garantía de la autonomía reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.

Mientras esto no se haga efectivo ¡No hay derecho!

 

Coautoras: Surprise City, Asmupaz y Corporación Violeta en Movimiento.

 

*Surprise City: Fundación que desde el arte y la cultura para jóvenes, acompaña y fortalece los procesos de formación en educación sexual y reproductiva, esencialmente la interrupción voluntaria del embarazo.

*Asmupaz: Asociación legalmente constituida por mujeres trabajadoras sexuales, que desde el año 2015 viene trabajando por la defensa de los Derechos Humanos y los Derechos Sexuales, Reproductivos y Laborales de las Mujeres Trabajadoras Sexuales; y que desde el año 2016 viene desarrollando procesos de acompañamiento en IVE en el municipio de Pasto y el Departamento de Nariño, así como también procesos de formación en Derechos Sexuales y Reproductivos, y campañas de promoción del derecho.

* Corporación Violeta: Expresión organizativa en construcción, cuyo objeto es la promoción, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos en la región desde una perspectiva feminista. Comprometida, en ese sentido, con la promoción de justicia con enfoque de género y de diversidad; el fortalecimiento de procesos institucionales, sociales y organizativos alrededor de la implementación y construcción del enfoque de género, orientaciones sexuales e identidades de género; el desarrollo de escenarios de construcción de conocimientos respecto a las dinámicas territoriales en materia de derechos humanos, prevención de VBG y violencias a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y no binarias, que permitan la reflexión, discusión y recomendación de acciones para la protección de los derechos.

 

[1]En mayo de 2006, la Corte Constitucional expidió la Sentencia C-355, a través de la cual se despenaliza parcialmente el aborto en Colombia, en reconocimiento del derecho que asiste a toda mujer de interrumpir voluntariamente su embarazo cuando (i) la vida o la salud física o mental de la mujer gestante se encuentren en riesgo; (ii) el feto presente graves malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, es decir, que por su gravedad hacen que el feto sea inviable y, (iii) cuando la gestación sea producto de violación o incesto (Corte Constitucional, 2006).

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