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¡No hay derecho! Miradas territoriales sobre la interrupción voluntaria del embarazo

Si bien la sentencia C-355 de 2006de la Corte Constitucional ha tenido como objetivo garantizar el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE);las realidades estructurales, sociales y particulares a las que nos enfrentamos las mujeres en el territorio colombiano, agudizadas por la penalización de la práctica del aborto en el Código Penal Colombiano, han condicionado la posibilidad de que a través de este fallo se garantice a las mujeres y las niñas de todo el territorio nacional, servicios accesibles que tengan como finalidad el ejercicio del derecho.

Con el ánimo de garantizar la protección del derecho a la IVE -aspecto que no se agota con la interrupción del embarazo per se, sino que vincula la fase diagnóstica y la atención postaborto-, es indispensable que el Estado reconozca la desigualdad en acceso a servicios e información que caracteriza a las regiones y zonas rurales del país. Hablar de IVE desde una perspectiva centralizada, en un país como Colombia, implica acrecentar las brechas existentes entre las mujeres que habitan en las grandes ciudades y las que viven en regiones periféricas, también, esta visión centralizada permite el detrimento del derecho a la igualdad y nodiscriminación. Es necesario escuchar argumentos descentralizados geográficamente, construidos a partir de la experiencia propia y del proceso situado de acompañar o trabajar por la garantía del derecho, en configuraciones territoriales específicas.

Sobre este punto es determinante considerar las condiciones especiales a las que se someten las mujeres habitantes de zonas rurales del país, con escasos recursos, con un sistema de salud deficiente que no permite la atención oportuna de las mujeres y con un sin número de barreras sociales y culturales específicas en cada región, que por su complejidad menoscaban el acceso oportuno a los servicios relacionados con la IVE.

En el caso de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño –territorio en el que habitamos como organizaciones-, existen múltiples barreras a las que las mujeres deben enfrentarse, entre ellas, la carencia de oferta suficiente de los procedimientos de segundo nivel, ya que solo se cuenta con aspiración manual endouterina –AMEU- en tres instituciones en todo el departamento. Así, por ejemplo, para procedimientos que deban aplicarse más allá de la semana veinte de gestación, no existe una institución en el municipio, ni en el departamento que preste el servicio, teniendo que hacerse una referencia a otro lugar del país para realizar el procedimiento, situación que genera un mayor obstáculo en las mujeres que lo requieran, pues no solo deben desplazarse sino además, asumir los costos que ello supone, cuestión que es mucho más complicada atendiendo a sus situaciones particulares.

 

En términos generales, los procesos de acompañamiento y formación en IVE han permitido a las organizaciones identificar una amplia gama de barreras, situaciones u obstáculos sociales, institucionales y estructurales presentes en el territorio, que limitan el acceso al servicio en condiciones de calidad, seguridad y oportunidad.

Las barreras sociales son todas aquellas actitudes, comportamientos y creencias presentes en los individuos, las familias, las comunidades y la sociedad en general, que censuran la práctica del aborto, desconociendo los derechos de las mujeres en general, y en especial los derechos sexuales y reproductivos. Una de las barreras que identificamos es la falta de conocimiento respecto a la IVE, como un derecho fundamental de las mujeres y niñas; este desconocimiento limita la exigibilidad del derecho y,en el plano institucional, impide la prestación de un servicio de salud que no vulnere los derechos sexuales y reproductivos, e incumple el ordenamiento jurídico nacional respecto a este derecho.

La idealización de la maternidad y la construcción de imaginarios respecto a condiciones “idóneas” para el ejercicio de la misma, se convierte en la negación de la posibilidad de elección; estos imaginarios provenientes de creencias religiosas y conservadoras arraigadas en la cultura nariñense censuran el aborto, el disfrute de la sexualidad y el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

La censura social condiciona la aplicación de las causales, a través de las cuales, en la actualidad, se hace efectivo el derecho a la IVE; por ejemplo, cuándo se otorga legitimidad a la causal violencia sexual, pero se reprocha la causal salud mental y se acepta condicionalmente la causal malformación del feto incompatible con la vida extrauterina[1].

A su turno, las barreras institucionales son aquellas prácticas (discursivas o fácticas) que ejercen las y los profesionales de salud, vinculados a la prestación del servicio de IVE, realizados en las EPS e IPS,   que niegan, dificultan o dilatan injustificadamente el acceso al derecho. Estas prácticas irresponsables condicionan la operatividad de la ruta de atención al conocimiento que tienen las mujeres sobre su derecho a la IVE y al acompañamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres.

La objeción de conciencia -el derecho de las y los médicos a no practicar la IVE por razones religiosas o morales-, adquiere la calidad de barrera cuando no atiende las condiciones en las cuales debe presentarse por parte de las y los profesionales de salud, cuándo se utiliza de forma indiscriminada, cuando las instituciones de salud no cuentan con profesionales que no se declaran objetores-as y que puedan prestar el servicio, o cuando se declaran objetoras de conciencia como institución, siendo este un derecho de las personas naturales, no jurídicas.

Por otra parte, las instituciones exigen a las mujeres solicitantes de IVE, requisitos adicionales no previstos en la jurisprudencia, como la obligación de atención psicológica en causales que no la requieren; así mismo, se expiden certificaciones con diagnósticos incompletos que retrasan la prestación del servicio, imponiendo cargas desproporcionadas que vulneran derechos y configurando una violencia institucional, prohibida por la misma Corte Constitucional

En lo que concierne a las barreras estructurales, entendidas como aquellas situaciones que afectan el acceso al derecho, producto de las condiciones de desigualdad social y económica que rodean a las mujeres que pretenden acceder al servicio, se destaca la debilidad en la ejecución de proyectos y estrategias de formación relacionadas con educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, y derechos de las mujeres.

Teniendo en cuenta que el departamento de Nariño es un territorio mayoritariamente rural, altamente golpeado por situaciones de violencia social y armada del país, donde su población no cuenta con condiciones socioeconómicas favorables y que en algunos casos las usuarias deben asumir los costos asociados a la práctica de la IVE; la mayoría de mujeres del departamento no logran efectivizar el derecho, de manera que, concluyen con el embarazo o se someten a procedimientos clandestinos poniendo en riesgo su vida.

En concordancia con lo anterior, la existencia del delito de aborto previsto en el Código Penal Colombiano, aun cuando la IVE es underecho fundamental, se convierte en una de las mayores barreras estructurales, en tanto es una figura utilizada por las instituciones de salud para coartar el derecho de acceso a la IVE, generando incertidumbre en las y los profesionales de la salud, sobre su marco de acción legal, pero además, conservando en la sociedad la percepción de delito respecto del derecho que asiste a las mujeres para decidir sobre la maternidad. Esto envía un doble mensaje: por una parte, las instituciones se excusan en la figura jurídica penal para no prestar el servicio de IVE, so pena de incurrir en delito; por otro lado, las mujeres solicitantes sufren en carne propia la estigmatización a que conlleva su práctica, cuestión que se explica además por la falta de información y de educación existente frente al tema y que finalmente incrementa el miedo de las mujeres a la criminalización.

Como podemos observar, las condiciones para la garantía del derecho fundamental a la IVE dependen de los contextos regionales, de ahí que es preciso la implementación de un enfoque territorial que reconozca las múltiples barreras que deben afrontar las mujeres en Colombia para acceder al servicio que efectiviza el derecho, las cuales se ven agudizadas en los territorios que enfrentan condiciones de exclusión histórica, en las zonas rurales y en regiones de exacerbación del conflicto armado interno, como es el caso del departamento deNariño.

Estamos seguras que avanzar en la protección al goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como deber del Estado social y democrático de derecho, desde la perspectiva territorial antes mencionada, implica el análisis comprometido respecto a la eliminación de barreras estructurales existentes para el acceso al derecho de IVE y en este sentido, la reflexión respecto a la pertinencia de la despenalización del aborto, como condición indispensable para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La experiencia en Colombia nos ha mostrado que la penalización del aborto no disminuye su práctica, sólo condena su realización a la clandestinidad.Es un hecho que la despenalización no implica incremento de abortos, sino la atención segura, oportuna y con dignidad de quienes han decidido interrumpir su embarazo. De ahí que, la penalización se traduce en muertes de mujeres por la falta de condiciones para la práctica del aborto, costos para el sistema de salud que debe atender los casos de las mujeres con complicaciones por abortos inseguros, costos en el sistema judicial derivados del proceso de investigación y sanción del delito, y construcción y legitimación de dinámicas de sanción social, ejecutadas en su mayoría por grupos antiderechos, tanto contralas mujeres que acceden a la IVE, como contra  los y las profesionales e instituciones prestadoras del servicio.

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres y de la vida, exigimos al Estado la despenalización total del aborto, así como la construcción de espacios de control, vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las instituciones en la garantía del derecho a la IVE, a no retroceder en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y por el contrario, reforzar el avance en el reconocimiento y garantía de la autonomía reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.

Mientras esto no se haga efectivo ¡No hay derecho!

 

Coautoras: Surprise City, Asmupaz y Corporación Violeta en Movimiento.

 

*Surprise City: Fundación que desde el arte y la cultura para jóvenes, acompaña y fortalece los procesos de formación en educación sexual y reproductiva, esencialmente la interrupción voluntaria del embarazo.

*Asmupaz: Asociación legalmente constituida por mujeres trabajadoras sexuales, que desde el año 2015 viene trabajando por la defensa de los Derechos Humanos y los Derechos Sexuales, Reproductivos y Laborales de las Mujeres Trabajadoras Sexuales; y que desde el año 2016 viene desarrollando procesos de acompañamiento en IVE en el municipio de Pasto y el Departamento de Nariño, así como también procesos de formación en Derechos Sexuales y Reproductivos, y campañas de promoción del derecho.

* Corporación Violeta: Expresión organizativa en construcción, cuyo objeto es la promoción, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos en la región desde una perspectiva feminista. Comprometida, en ese sentido, con la promoción de justicia con enfoque de género y de diversidad; el fortalecimiento de procesos institucionales, sociales y organizativos alrededor de la implementación y construcción del enfoque de género, orientaciones sexuales e identidades de género; el desarrollo de escenarios de construcción de conocimientos respecto a las dinámicas territoriales en materia de derechos humanos, prevención de VBG y violencias a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y no binarias, que permitan la reflexión, discusión y recomendación de acciones para la protección de los derechos.

 

[1]En mayo de 2006, la Corte Constitucional expidió la Sentencia C-355, a través de la cual se despenaliza parcialmente el aborto en Colombia, en reconocimiento del derecho que asiste a toda mujer de interrumpir voluntariamente su embarazo cuando (i) la vida o la salud física o mental de la mujer gestante se encuentren en riesgo; (ii) el feto presente graves malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, es decir, que por su gravedad hacen que el feto sea inviable y, (iii) cuando la gestación sea producto de violación o incesto (Corte Constitucional, 2006).

Publicado enColombia
Sábado, 15 Febrero 2020 06:28

En marcha otro montaje judicial

En marcha otro montaje judicial

Comunicado a la opinion pública

 

Nosotros, Rosembert Ariza, Miguel Ángel Beltrán, Nubia Ruiz, docentes adscritos al departamento de Sociología de la Universidad Nacional, y Renán Vega, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, evidenciamos los hechos que nos hacen denunciar que estaríamos siendo víctimas de un posible montaje judicial, que cuenta con acciones previas de hostigamiento y persecución tanto a nosotros como a nuestras familias.

El pasado 27 de enero de 2020 llegó a la oficina del profesor Rosembert Ariza (ubicada en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá) un paquete sellado, en el que se remitía un escrito de 21 páginas, con el emblema del Movimiento Revolucionario del Pueblo [MRP] y firmado por Remedios La Bella, militante del MRP.

Al final del mismo aparecen nuestros nombres y junto a cada uno de estos el correo de contacto remedioslabellamov @ outlookcom. Es obvio que quienes elaboraron ese texto y lo hicieron llegar al profesor Ariza pretenden hacerlo pasar como si nosotros fuéramos sus redactores y, en consecuencia, ideólogos y militantes del citado MRP.

Declaramos en forma enfática que nosotros no hemos escrito tal documento y no formamos parte ni de esa ni de organización clandestina alguna. El hecho que se nos haga figurar como autores de ese panfleto corresponde a un montaje, inscrito en el marco de la persecución al pensamiento crítico contra personas que adelantamos una labor de docencia e investigación independiente en el seno de las universidades públicas, y, al mismo tiempo, somos coparticipes en la movilización social que se adelanta en las universidades y en diversos espacios de la sociedad colombiana.

Como resultado de esa labor de acompañamiento de diversos procesos sociales hemos, participado en grupos de solidaridad con prisioneros políticos (hombres y mujeres), algunos de los cuales han sido nuestros alumnos, y quienes tienen como característica similar la de soportar montajes judiciales. Aún más, uno de nosotros, Miguel Ángel Beltrán Villegas, fue secuestrado y torturado en México, y tras su expulsión ilegal a Colombia, encarcelado y destituido de la Universidad Nacional de Colombia, como resultado de un montaje judicial, que se fraguó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y se prolongó durante varios años.

El documento señalado es resultado de una burda patraña: ¿a quién le cabe en la cabeza que en una plataforma político-militar de una organización clandestina aparezcan los nombres propios de profesores universitarios que tienen una vida pública, de los cuales se sabe dónde trabajan, dónde viven y qué hacen?. Lo lógico es que un documento de esta índole no tenga firmantes o quienes lo firman lo hagan con seudónimo o con nombre propio si estuvieran en la clandestinidad. Pero como en estos casos no importa ni la lógica ni la racionalidad, sino el daño que la mentira y la infamia produzcan, es evidente que aunque no se sepa quién ha elaborado este montaje, lo que sí queda claro es su carácter malintencionado, porque se busca enlodar nuestros nombres, convertirnos en objeto de persecución, silenciarnos, generar cizaña en los espacios en los que se desenvuelve nuestra actividad, desprestigiar nuestra labor docente e investigativa y responsabilizarnos de antemano sobre acontecimientos que se le atribuyan al mencionado grupo clandestino.

Teniendo en cuenta recientes casos de judicializaciones infundadas o “falsos positivos judiciales” en nuestro país, adelantados contra estudiantes y profesores (que han sido privados de su libertad, judicializados y sometidos a una especie de linchamiento mediático), denunciamos lo que acaba de ocurrir, que bien puede ser el eslabón inicial de una tenebrosa cadena de señalamientos e inculpaciones, propias de esta modalidad de persecución política en Colombia.

Hacemos pública esta denuncia, porque el silencio no es la mejor opción para enfrentar este tipo de montajes y porque, teniendo en cuenta la irresponsabilidad de ciertos medios de comunicación, nos queremos anticipar a la presentación pública del montaje como una gran chiva informativa en la que se dé a conocer el documento de marras, se nos endilgue su autoría y, como derivación, lluevan sobre nosotros señalamientos y acusaciones como supuestos militantes e ideólogos de un movimiento armado clandestino. Este tipo de señalamiento genera graves consecuencias personales y familiares y por eso es necesario enfrentarlo con decoro y dignidad.

Bogotá, 14 de febrero de 2020

Firman:

Renán Vega Cantor, Docente Universidad Pedagógica Nacional

Miguel Ángel Beltrán Villegas, Docente Universidad Nacional de Colombia

Rosembert Ariza Santamaría, Docente Universidad Nacional de Colombia

Nubia Ruiz Ruiz, Docente Universidad Nacional de Colombia

Publicado enColombia
Por la libertad. Contra la censura a María Galindo

La dirección de la publicación boliviana Página Siete ha decidido “prescindir” de las columnas semanales que la feminista y miembro de Mujeres Creando, María Galindo, publica en ese medio desde hace diez años, luego de demorar la publicación de su última columna. En un largo texto, la directora del medio explica que los escritos de Galindo no se atienen al “código de ética” del medio.


Sin embargo, en el mismo escrito, sostiene que sus opiniones resultan problemáticas “en un momento delicado como el que vivimos”, sin dar más explicaciones sobre qué entiende el medio por el momento actual que atraviesa Bolivia.


Nos llama la atención que se decida impedir el ejercicio de la libertad de expresión de Galindo en Página Siete, apenas un mes y medio después de la honda crisis política, que nosotros leemos como un doble golpe contra el pueblo boliviano que en unos cuantos días atestiguó el colapso del gobierno de Morales y el ingreso al gobierno de Jeannine Áñez, sostenida por segmentos recalcitrantes de la derecha agroindustrial. En medio del gran desconcierto generado por tales caóticos acontecimientos, María Galindo ha trabajado más que nadie por esclarecer los contradictorios y acelerados eventos encadenados que configuran la situación actual. En ese contexto, el estilo y el contenido de los escritos de Galindo parecen haber sido “útiles” mientras Galindo enfatizaba la crítica al gobierno del MAS, pero desde que semanas atrás atacó en su columna a la presidenta ilegítima, Jeannine Áñez, las cosas parecen haber cambiado para ese medio. Esto se ha acentuado cuando Galindo intenta reconstruir los sucesos ocurridos entre el 10 y el 13 de noviembre pasados que exhiben los juegos de complicidades y cálculos de las clases dominantes en Bolivia, las históricas y las depuestas.


Quienes firmamos estas líneas respaldamos la libertad de expresión y nos solidarizamos con María Galindo, mucho más allá de la opinión que tengamos sobre sus columnas, cuestión que no juzgamos porque no es eso lo que está en debate. Pensamos que las afirmaciones de su última columna, molestan a quienes nunca han abandonado el poder ni renunciado a su influencia en los distintos gobiernos, porque les gusta que se exhiban sus modos de intervención. Esta es, para nosotros, la razón de fondo de la censura a Galindo, lo que nos ratifica en la consideración de que el régimen actual encarna un nuevo despotismo.


Raquel Gutiérrez Aguilar

Raúl Zibechi

Publicado enInternacional
El FBI , el Departamento de Seguridad Nacional y la Policía local tienen licencias de la alpicación Clearview. EFE

'Clearview', es una aplicación de reconocimiento facial que hace posible recuperar, de forma inmediata, centenares de imágenes públicas de una persona junto a los enlaces de los sitios web en los que aparecieron. 

Más de 600 agencias y cuerpos del orden en Estados Unidos han comenzado a utilizar durante el pasado año una nueva aplicación de reconocimiento facial que permite identificar inmediatamente a casi cualquier persona, informó este sábado The New York Times.

La aplicación, Clearview, utiliza para ello una base de datos con más de 3.000 millones de imágenes recopiladas de Facebook, Instagram YouTube y multitud de webs. Gigantes de internet como Google han evitado hasta ahora ofrecer este tipo de tecnología por los enormes problemas de privacidad que plantea, según recuerda el Times. Mientras, sin despertar mucha atención y en medio de un gran secretismo, Clearview la ha desarrollado y ha comenzado a comercializarla, principalmente entre cuerpos de Policía, aunque también ha vendido licencias a algunas compañías para fines de seguridad. Entre otros, disponen de la aplicación el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y numerosas fuerzas de Policía locales, asegura el diario.

El sistema permite subir la foto de un individuo y ver de inmediato imágenes públicas de esa persona junto a enlaces a los sitios web en los que aparecieron. Así, además de la identidad, el usuario puede tener acceso a menudo a la ocupación, el lugar de residencia o los conocidos de esa persona. 

The New York Times analizó el código de la app y descubrió que incluye una opción para utilizarse junto a gafas de realidad aumentada, lo que potencialmente podría permitir a los usuarios identificar a cualquier persona que vean. 


Clearview fue fundada por el australiano Hoan Ton-That, responsable de varias aplicaciones poco exitosas para teléfonos móviles y por Richard Schwartz, un ayudante de Rudolph Giuliani durante su tiempo como alcalde de Nueva York. Además, cuenta con respaldo financiero por parte del magnate de Silicon Valley Peter Thiel, un inversor cercano a Donald Trump y que está involucrado en compañías como Facebook.

Las fuerzas del orden disponen en EE.UU. de acceso a sistemas de reconocimiento facial desde hace años, pero tradicionalmente limitados a buscar en fotografías en poder de las autoridades, como retratos de arrestados. Mientras tanto, algunas grandes ciudades han prohibido a sus agentes el uso de este tipo de tecnología por los problemas de privacidad que plantea.

nueva york

19/01/2020 13:06 Actualizado: 19/01/2020 13:20

Publicado enInternacional
Domingo, 19 Enero 2020 05:35

La otra parte de la guerra comercial

La otra parte de la guerra comercial

Ofensiva de Estados Unidos contra la OMC.

El presidente de Estados Unidos ha estado saboteando el nombramiento de nuevos jueces de la corte de apelaciones de la Organización Mundial de Comercio (Omc), instancia que se utiliza si una de las partes está inconforme con el fallo arbitral inicial. La Omc fue impulsada por Estados Unidos en 1990 y en la Conferencia de Marrakech de 1994 con el objetivo de abrir las economías y tener mayores flujos de comercio mundial. El mecanismo para lograrlo eran los tribunales arbitrales. Ahora con el proceso de globalización en retroceso, Estados Unidos ha hecho inoperantes esos tribunales y está desmontando el organismo multilateral.

Según Marcelo Olarreaga, profesor de Economía en la Universidad de Ginebra, “la estrategia del gobierno de Estados Unidos es deshacerse de la Omc, para entonces poder hacer lo que quiera […]. Trump quiere imponer las reglas de Estados Unidos a todo el mundo” (Npr, 2-X-18). Deshacerse de los tribunales arbitrales de la Omc podría dejar como mecanismo de solución de controversias a las cortes del distrito sur de Nueva York, utilizadas en el recordado caso Elliot contra Argentina, con la participación del juez Thomas Griesa. Sería el unilateralismo absoluto. Se perdería la imparcialidad o, en todo caso, la percepción de imparcialidad que debe tener un tribunal arbitral.

El sabotaje de Estados Unidos a las cortes de apelaciones de la Omc es de larga data, desde la presidencia de G W Bush hasta el presente. El tribunal de apelaciones debería tener siete jueces, pero bajo los presidentes Bush, Barack Obama y Donald Trump se ha impedido el nombramiento de nuevos jueces, como protesta contra el funcionamiento de la organización. Estados Unidos insiste en su principio de excepcionalidad y en que su Constitución no permite que un tribunal extranjero –en este caso los jueces de apelación– sustituya a un tribunal estadounidense. Todo indica que si Washington pensó que la Omc iba a ser un instrumento de dominio global, no resultó y fue un bumerán.

Después de una campaña estadounidense para bloquear los nombramientos y renovaciones de jueces en ambas cortes, el 30 de setiembre de 2018 Trump impidió la renovación de un juez cuyo periodo expiraba ese día, y dejó así sólo a tres magistrados. Los mandatos de dos de estos terminaron el 10 de diciembre de 2019, por lo que la jueza china Hong Zhao estará sola en el cargo hasta que finalice su mandato en noviembre de 2020. Sola, Hong no puede atender ningún caso, porque se requieren al menos tres jueces para emitir un fallo. La Omc, con eso, dejó de existir para los fines prácticos. La guerra comercial ahora ya no tiene frenos. Ni China, ni nadie, tiene dónde quejarse. Dado que los contratos de comercio internacional se hacen en dólares, esto deja a las cortes estadounidenses como las candidatas a reemplazar a los tribunales de la Omc. Amerika über Alles.

Entre enero de 1995 y diciembre de 2019 se presentaron 592 casos ante la Omc y se adoptaron 120 decisiones en la corte de apelaciones, que abarcan 162 de esos casos. Los demás se abandonaron o se decidieron fuera de la Omc. Lo que aparece al analizarlos es que los estadounidenses son malos perdedores y peores competidores.

A inicios de diciembre de 2019, Estados Unidos tenía ante la Omc 124 casos como quejumbroso y 155 casos de quejas en su contra, provenientes de un universo de 31 países. La Unión Europea tenía 194 casos como quejumbroso y 86 de quejas en su contra, de un universo de 18 países. China tenía 21 casos como quejumbroso y apenas 44 casos de quejas en su contra, y eran sólo cuatro países los que se quejaban de ella. Cerrar los tribunales de la Omc tiene sentido para el país que recibe más quejas de parte de más países, y que además no cree en el libre comercio. En este horizonte, para Estados Unidos utilizar sus propios tribunales tiene sentido para aplicar el principio del poder, como se hizo en el caso de Argentina y Elliot. Esta es una decisión de Estado que acompaña la guerra comercial y favorece a las empresas estadounidenses, pero que, además, le permite a ese país pelear su hegemonía debilitada en el plano comercial.

Por Óscar Ugarteche

17 enero, 2020

Publicado enEconomía
María Teresa Rivera abrazándose con su abogado tras conocer la decisión del juez que la dejaba libre

María Teresa Rivera, absuelta tras más de cuatro años encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo en el país centroamericano, es el primer caso conocido de asilo vinculado al derecho al aborto

Tras recibir protección junto a su hijo en 2017, se convirtió en activista por el derecho al aborto: "En El Salvador nos condenan por ser mujeres y pobres"

 

Cada vez que María Teresa Rivera subía las escaleras de la cárcel, se repetía que aquella iba a ser la última. Cada vez que dormía en el suelo, tocaba la puerta o volvían a darle de desayunar frijoles llenos de gusanos, el pensamiento era el mismo: este es mi último día aquí. "Me decían que estaba loca. Yo pensaba: 'Sí, pero esta loca se va a ir". Con esa idea, que se le pasó a diario por la cabeza durante los más de cuatro años que estuvo en prisión, guardó la camiseta de una mariposa que le regaló una compañera. "Yo decía: 'Un día voy a ser como esa mariposa libre. Un día voy a regresar a casa", recuerda en una entrevista con eldiario.es.

El 20 de mayo de 2016, Rivera desempolvó aquella camiseta para acudir al juzgado. El juez anuló la sentencia de 40 años por homicidio agravado tras sufrir un aborto espontáneo en El Salvador, uno de los países que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo en todas las circunstancias. Aquel día, María Teresa Rivera recuperaba su libertad. "Solo levanté mis manos dándole las gracias a Dios". Pero la Fiscalía recurrió el caso y sus opciones, indica, eran dos: o arriesgarse a que volvieran a encarcelarla o buscar protección en el extranjero.

Eligió la segunda. Logró sacarse el pasaporte y en octubre, se subió por primera vez a un avión con su hijo Óscar, que entonces tenía 11 años. El destino: Suecia, un país que desconocía por completo. "Había pensado irme a Estados Unidos, hasta en irme caminando. Pero se me presentó la ocasión de ir a un seminario y me dije: 'Esta es mi oportunidad'. Hablé con las organizaciones y no fui al seminario: iba decidida a ir a Migración. Aterricé y al día siguiente, a primera hora, fui", relata la salvadoreña, de 36 años. "Tenía miedo, pero me atendió una persona muy amable y respetuosa. Por primera vez, me sentí escuchada. Me sentí protegida y apoyada. En El Salvador nunca tuve el apoyo de una autoridad". 

Solicitó protección internacional a las autoridades suecas y, cinco meses después, se lo concedieron. Rivera se convertía entonces en el primer caso público de asilo vinculado al derecho al aborto, por el riesgo de ser encarcelada por este motivo. "Me dijeron que una condena a 40 años por abortar es una tortura, porque el aborto es un derecho y en El Salvador las leyes son muy restrictivas. Lo más importante es que esta puerta esté abierta para otras compañeras. Por eso lucho. Si hay un precedente, hay oportunidades para otras".

Las personas tienen el mismo derecho a solicitar asilo por persecución por motivos de género que quienes huyen de un conflicto armado. Entre ellas están quienes sufren violencia de género o sexual, ataques por su orientación sexual e identidad de género, quienes son objeto de matrimonio forzado, las que temen ser víctimas de mutilación genital, esterilización forzada o crímenes de honor o quienes han sido víctimas de trata. Muchas veces, recuerdan fuentes especializadas en asilo, varios abusos van de la mano, lo que hace que este tipo de persecución no obedezca a un único motivo. Además, suele tratarse de casos vulnerables cuyos detalles muchas veces no se dan a conocer por temor a que las refugiadas sean identificadas.

"Nos condenan por ser mujeres y pobres"

El caso de María Teresa Rivera se remonta a noviembre de 2011, al día en que se despertó esposada a una camilla de un hospital. El personal del centro la denunció y la acusó de haberse sometido a un aborto. "Los doctores y los policías me decían que era una asesina, que había matado a mi hijo. '¿Qué hijo?', me preguntaba yo", señala. Lo único que recuerda, asegura, es que el día anterior había sentido necesidad de ir al baño. "Me bajó algo rápido. Cuando me levanté, estaba llena de sangre y me desmayé", sostiene. En todo momento, Rivera ha mantenido que desconocía estar embarazada. 

Una de las pruebas en las que se basaron para condenarla fue la declaración del jefe de la fábrica en la que trabajaba, que testificó en su contra, diciendo que le había comunicado que estaba embarazada en enero de 2011. "Yo le había dicho que tenía sospechas. Pero era enero, o sea que habría estado embarazada de 11 meses. Era ilógico. También les pedí que me hicieran una prueba para ver si me había tomado algo, pero no lo rechazaron. No tuve una defensa adecuada y fui condenada a 40 años sin prueba alguna", recalca. Aunque en un principio fue investigada por "aborto", castigado con hasta ocho años de cárcel, la Fiscalía cambió la tipificación del delito a homicidio agravado, con una pena mucho mayor.

Rivera siguió peleando en los tribunales y con el apoyo de varias organizaciones, recurrió la sentencia. En 2016, la Justicia le dio la razón y concluyó que no había suficiente evidencia que probara los cargos en su contra. "La Fiscalía me ponía como la peor asesina, insistió en que lo hice con alevosía. Pero un médico dijo que el bebé ya estaba muerto en mi vientre, que lo que hice fue expulsarlo. Ahí es cuando el juez me da mi libertad absoluta y que el Estado debe de pagarme por los daños y perjuicios. Pero el Estado no me pagó, volvió a perseguirme", apunta, en referencia a la decisión de la Fiscalía de apelar la decisión. 

Entre la condena y la absolución, cuatro largos años y seis meses en la cárcel. Pero cuando recuerda cómo era la vida entre esas cuatro paredes, pasa de puntillas por los días que pasó limpiando los lavabos o sacando la basura para ganarse algo de dinero. O los insultos, humillaciones y amenazas que recibió allí dentro: "Asesina", "comeniños", "mala madre".

Cuando piensa en la cárcel, Rivera se acuerda de otras mujeres: Mayra, Beatriz, Alba, Lorena, Manuela, Guadalupe, Evelyn. A esta última, Evelyn Hernández, la conoció el día antes de salir. En agosto, esta joven de 21 años de edad acusada de homicidio agravado , fue también absuelta. "Cuando la conocí, pensé: 'Es una niña'. Hay muchas mujeres que están encarceladas por sufrir un aborto tras una violación y sus violadores están libres". En la cárcel, entró en contacto con el grupo de 'Las 17', como se conoce a las 17 mujeres que estaban encarceladas entonces como consecuencia de la penalización total del aborto en El Salvador. 

"Para nosotras no hay justicia de verdad", prosigue. Ese 'nosotras' se refiere a las mujeres que viven en condiciones de pobreza en El Salvador, aquellas por las que María Teresa Rivera ha pasado a convertirse en una activista por el derecho al aborto. "Somos las mujeres pobres las que vamos a parar a una cárcel por sufrir emergencias obstétricas, por sufrir un aborto independientemente de si es o no producto de una violación. En El Salvador se está condenando la pobreza. Nos están condenando por ser mujeres y pobres", reitera.

Pero esa conciencia feminista le viene de lejos, de las enseñanzas de su madre, a la que perdió con cinco años en la guerra civil. "Mi mamá siempre me dijo que nosotras no habíamos nacido para lavar la ropa al marido, decía que teníamos que estudiar, que podíamos ser diferentes".

Cuando piensa en la cárcel, lo que más le duele es haber pasado cuatro años separada de su hijo, fruto de una relación en la que sufrió violencia machista y que consiguió dejar atrás, siendo muy joven, gracias a esa fuerza que heredó de su madre. Asegura que durante el encierro solo pudo ver a Óscar dos veces. Mientras, se quedó con su suegra. "Por mucho dinero que te den, nadie va a llenar ese vacío. Me lo quitaron durante cuatro años. Hay un sentimiento de abandono. Mi hijo siempre me ha dicho que no tiene nada que perdonarme, que soy inocente, pero la huella está. Cuando estuve dentro de la cárcel pasó hambre, le humillaron, le pegaron. Los pandilleros lo llamaron para pasar cosas en la calle", agrega con la voz entrecortada. 

Una nueva vida en Suecia

Al salir de prisión, Rivera cuenta que se encontró "con todas las puertas cerradas" a la hora de buscar trabajo. "Estás marcada porque sos una asesina. Me resultó muy difícil encontrar trabajo. No me importaba empezar de cero, pero sufrí discriminación laboral". Además, las pandillas comenzaron a extorsionar con una "cuota mensual" por su pequeño negocio de comida. Unido a la decisión de la Fiscalía, estas dificultades para salir adelante fueron las que empujaron a Rivera a marcharse al país nórdico. 

Los comienzos no fueron fáciles en Suecia. "Los primeros meses fueron duros, nos costó mucho adaptarnos. Mi hijo no quería ir al colegio. 'No tengo con quien hablar, todos hablan en otro idioma, no sé qué hablan', me decía. 'Ya vas a aprender', le respondía yo". Ahora, Óscar tiene 14 años y habla sueco con soltura, presume orgullosa su madre. "Yo lo hablo, bueno... ¡no sé en que dialecto, pero lo hablo!", dice entre risas. 

Ahora viven en Fors, una localidad a dos horas de Estocolmo. "Es un pueblo que tiene naturaleza y en verano se pone muy bonito", asegura sonriente. Pagan el piso con la ayuda a la que tienen derecho por ser refugiados en el país. De momento, Rivera estudia Enfermería para poder encontrar trabajo. "Sin bachillerato sueco es difícil", prosigue. De momento, no se plantea regresar a El Salvador. "Me encantaría, pero no sé qué me puede pasar si vuelvo". 

Compagina los estudios con el activismo. Sabe lo importante que es no sentirse sola en una cárcel. A raíz de una campaña de Amnistía Internacional –que la ha invitado a España para presentar su último informe sobre ataques contra defensoras– y el apoyo de otras organizaciones locales como la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, comenzó a llegarle un aluvión de cartas al centro penitenciario. "De España, de Suecia, de todo el mundo... yo solo pensaba: 'Cuánta gente apoyándome y trabajando para que pueda salir de aquí'. Mi familia me borró del mapa, para ellos no existía, pero para otra gente sí. Y eso me dio fuerzas para no rendirme". 

Recuerda a sus compañeras. Mayra, Beatriz, Alba, Lorena, Manuela, Guadalupe, Evelyn. Las 17 y más. "No puedo apoyarlas económicamente, pero tengo voz y fuerza para hablar para que no queden en el olvido y que se conozca cada una de sus historia, porque no son solo un número". Quiere que las que continúan presas también escuchen de la boca de un juez que son inocentes. "Cuando me absolvieron me sentí libre, pero no totalmente libre porque ninguna mujer va a ser libre cuando a se están violando los derechos de otras mujeres, cuando hay otras mujeres que están todavía en la cárcel, ¿verdad?". Las quiere libres, como aquella mariposa.

Por Icíar Gutiérrez 

01/12/2019 - 21:14h

María Teresa Rivera. AMNISTÍA INTERNACIONAL

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Más de sesenta médicos advierten de que "Assange podría morir en prisión"

El fundador de WikiLeaks permanece desde abril interno en una cárcel de Londres esperando a su juicio de extradición a EEUU por filtrar documentos confidenciales. Esta reclusión se une a la vivida en la embajada de Ecuador desde 2012.

 

Los siete años de cautiverio forzoso vividos por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, le están pasando una dura factura física y psicológica. Así lo defienden más de sesenta médicos en una carta abierta dirigida a la ministra británica del Interior, Priti Patel, en la que solicitan atención médica urgente para él. "Assange podría morir en prisión", aseguran en el manifiesto.

Assange ha pasado sus días desde 2012 encerrado de manera forzosa. Primero en la embajada londinense de Ecuador y desde abril de este año en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, también en Londres. Tras ser detenido al abandonar la embajada, espera el comienzo en el próximo mes de febrero de su juicio de extradición a Estados Unidos, que le requiere por la filtración de miles de documentos confidenciales.

En la misiva divulgada hoy, los médicos –que proceden del Reino Unido, Australia y Sri Lanka, entre otros países– expresan su "gran preocupación" por la salud de Assange, de 48 años, y piden que el periodista sea llevado a un hospital universitario a fin de que sea evaluado y reciba la atención de especialistas.

"Desde el punto de vista médico y ante la evidencia disponible, tenemos una gran preocupación por el estado físico de Assange para afrontar el juicio en febrero de 2020. Lo más importante es que, en nuestra opinión, Assange requiere una evaluación médica urgente sobre su estado físico y psicológico", añaden.

La Fiscalía sueca retiró su investigación por violación

La semana pasada, la Fiscalía sueca decidió cerrar la investigación preliminar por violación contra Assange. La fiscal superior sueca, Eva-Marie Persson, justificó el cierre de la pesquisa contra el periodista por el debilitamiento de las pruebas y la falta de argumentos para la acusación.

EE.UU. acusa al periodista de "conspiración" para infiltrarse en sistemas informáticos gubernamentales. El periodista, que siempre se declaró inocente, estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012 hasta el pasado abril, cuando fue detenido por la Policía británica una vez que el Gobierno de Quito le retiró el estatuto de refugiado.

Assange se había refugiado en la legación diplomática ecuatoriana para evitar ser extraditado a Suecia, que le requería por delitos sexuales, pero, tras la decisión de la semana pasada de la fiscalía de ese país, le queda solo el proceso estadounidense.

MADRID

25/11/2019 10:35 Actualizado: 25/11/2019 11:00

PÚBLICO / EFE

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Domingo, 10 Noviembre 2019 06:09

"Vamos a hacer mucha lucha, todos los días"

"Vamos a hacer mucha lucha, todos los días"

Lula habló ante una multitud que lo esperaba en San Pablo

Se definió como "un joven de treinta" con la experiencia de uno de setenta, presentó a su novia, denunció a Bolsonaro como "un paramilitar" y prometió un "pronunciamiento".

Lula volvió. Con el vozarrón de toda la vida, más canoso, reencontró a sus compañeros del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC en el cordón industrial de San Pablo donde recomendó seguir el ejemplo de Alberto Fernández, defendió a Evo Morales y deploró el intervencionismo de Donald Trump.

Una multitud lo aguardó desde la mañana -algunos militantes llegaron a la madrugada- en San Bernardo do Campo entonada por los temas propalados desde grandes parlantes, como el antiguo jingle "Lulalalá. brilla una estrella (...) sin miedo de ser feliz ", el de su primera campaña en 1989 y el mismo con el cual descendió la rampa del Planato el 1 de enero de 2010, al concluir su segundo mandato con el 80 por ciento de aprobación.

"Ustedes vieron que en Argentina el compañero Alberto Fernandez y Cristina (Fernández) le dieron una paliza a Macri", subrayó desde lo alto de uno camión similar a los utilizados en los desfiles carnavalescos donde fue montado el palco. Allí estaban Fernando Haddad, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores en 2018, y sus compañeros Gleisi Hoffmann y Paulo Pimenta. Estaban dirigentes de la Central Unica de los Trabajadores, del Partido Socialismo y Libertad, y el Partido Comunista de Brasil, representantes de fuerzas que pueden ser el embrión de una coalición opositora al régimen de Jair Bolsonaro. Flameaban banderas rojas del PT y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y se vieron varios gremialistas con las remeras color naranja de la Federación Unica de trabajadores Petroleros.

La victoria del Frente de Todos en Argentina concentra la atención de Lula, que hace cuatro meses recibió la visita de Fernández en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Desde esa misma celda en el reclusorio policial saludó el triunfo peronista el 27 de octubre. Y el viernes, pocas horas después de recuperar la libertad autorizada por la Corte, envió un mensaje al mandatario electo que ayer se reunió con Dilma Rousseff en el marco de la cumbre del Grupo de Puebla. Gestos para recrear una integración regional demolida por los gobiernos conservadores. Lula dialogó con políticos y sindicalistas por cerca de una hora en el segundo piso del Sindicato, antes de bajar para hablar ante el público. Un fuerte esquema de seguridad fue montado en torno al predio. Esto porque el PT determinó un nuevo dispositivo debido a las fundadas sospechas de eventuales actos de violencia incentivados o consentidos desde el bolsonarismo.

Dos fuentes que estuvieron en el segundo piso del gremio metalúrigo, aunque no participaron en la reunión reservada con Lula, dijeron a este diario que hay "bastante interés" en viajar a Buenos Aires para la toma de posesión del 10 de diciembre. Pero temen alguna maniobra por parte de funcionarios ligados al ministro de justicia Sergio Moro, el ex juez de Lava Jato, para impedir ese viaje.

De saco y remera negros, Lula se mostraba de buen talante luego de 580 días encerrado en una "solitaria" del cuarto piso la Superintendencia en Curitiba. Dijo sentirse como un "león" para luchar "cada día" contra Bolsonaro y el programa del ministro de Economía Paulo Guedes, un "Chicago boy" que trabajó con la dictadura de Pinochet cuyo sistema de previdencia privada pretende aplicar en Brasil. En realidad es Bolsonaro quien comenzó a aplicar un modelo neoliberal extremo en harmonía con un estado policial-militar en el que se elimina casi por completo la legislación laboral y se agrava la represión política.

Al promediar su interención Lula presentó a su novia, la socióloga Rosangela Silva, de anteojos y sonrisa clara. con la que espera casarse luego de encontrar un lugar donde vivir en San Pablo. La gente aprobó el romance y futuro casamiento pidiendo a coro "que se besen" los novios.

El sindicato de los metalúrgicos, donde Lula construyó su carrera gremial, fue donde el político se entregó a la policía el 7 de abril de año pasado antes de ser trasladado a Curitiba en un operativo que incluyó helicópteros y aviones para agregar más espectularidad a la cobertura en tiempo real de los medios. "Espero que ahora la Globo filme y saque fotos" del acto desde el helicóptero que sobrevuela el acto, provocó ayer Lula, mirando hacia lo alto y recibiendo la aprobación de sus seguidores. A diferencia de abril de 2018, cuando se vivió una clima de angustia ante el arresto, ayer se observaba un espírituo festivo y la determinación de presentarle batalla a Bolsonaro. Y según observadores confiables, este 9 de noviembre hubo más gente que aquel sábado frío de abril del año pasado.

El fundador y jefe del PT trazó un paralelo entre el golpe que derrocó a Dilma Rousseff en 2016 y la crisis actual en Bolivia. "Evo Morales ganó las elecciones, él hizo el mejor gobierno desde que Bolivia fue creada, pero la derecha, al igual que sucedió acá con Ddilma, no quiere aceptar el resultado, tenemos que ser solidarios con Bolivia, con el pueblo de Argentina, con el pueblo uruguayo para que Daniel Martínez (Frente Amplio) gane las elecciones (en segunda vuelta)". "Estamos viendo lo que ocurre en Chile, ése es el modelo que Paulo Guedes quiere construir acá, es por eso que el pueblo está en la calle (...) tenemos que ser solidarios con el pueblo de Venezuela, es normal tener críticas sobre cualquier gobierno del mundo pero los problemas de cada país es su propio pueblo el que los debe resolver". 

Luego de repasar brevemente la situación en Caracas, empalmó una crítica a la injerencia norteamericana contra el gobierno de Nicolás Maduro (a quien no citó explíticamente)."Que Trump resuelva el problema de los norteamericanos y no hinche las bolas (sic) de los latinoamericanos, él no fue elegido para ser el sherif del mundo". "Ellos están construyendo un muro para no dejar que los pobres entren a Estados Unidos, nosotros no podemos ni debemos aceptar esto".El discurso de ayer fue más medular que el del viernes en las puertas del presidio cuando agradeció la lealtad de los militantes del MST y el PT que durante más de un año y medio hicieron una "vigilia" por su liberación.

Este sábado ofreció algunas pistas de lo que será su programa de acción del cual hablará con más detalle en un "pronunciamiento" que puede dar a conocer en las próximas semanas.Por lo pronto no quedaron dudas de que asumirá la vanguardia de la pelea contra el gobierno. Hizo mención a que el actual ocupante del Palacio del Planalto venció el balotaje del 28 de octubre de 2018 porque el entonces juez Sergio Moro lo sentenció con el fin de impedirle ser candidato. En uno de los tramos más firmes del discurso vinculó sin rodeos a Bolsonaro con las "milicias" paramilitares y no descartó alguna complicidad del capitán retirado con el asesinato de la activista Marielle Franco, ocurrido el 14 de marzo de 2018 en el centro de Rio de Janeiro. "No hay que tenerle miedo a los milicianos (...) vamos a hacer mucha lucha, todos los días (...) este joven de energía de treinta y experiencia de setenta estará en la calle con ustedes". Lula demostró esar dispuesto a dar batalla en un escenario de guerra política al decir: "tenemos que seguir el ejemplo del pueblo de Chile, tenemos que resistir, tenemos que atacar y no solo defendernos".

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Lula da Silva: "Yo ya probé que es posible construir un país mejor"

El expresidente de Brasil apuntó al actual mandatario y antagonista. "Tengo la voluntad de probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un gobierno que no mienta tanto como miente Bolsonaro por Twitter".

Escoltado por "brigadistas" del Movimiento de los Campesinos Sin Tierra Lula, Luiz Inácio Lula da Silva dejó la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba luego de 580 días de reclusión que lo convirtieron en el preso político más notorio del mundo. Eran las diecisiete y cuarenta y dos de un día histórico. "Lula guerrero, del pueblo brasileño" fue una de las consignas más repetidas por los militantes conmovidos de quienes el líder recibía abrazos, palmadas y palabras de aliento. Vistiendo saco y remera negros saludaba a sus compañeros con el gesto concentrado, probablemente escogiendo las palabras de su primera alocución en la que le apuntó a dos blancos preferenciales: Jair Bolsonaro y Sergio Moro. A ellos se refirió en el discurso pronunciado a unos cuantos metros del reclusorio policial y luego volvió a citarlos, durante un mensaje que envió desde el vehículo a bordo del cual dejó el evento acompañado por su novia Rosángela, con la que prometió casarse.

En el palco lo acompañaron la titular del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann y el ex candidato Fernando Haddad, su bendecido en las elecciones anómalas de octubre del año pasado, de las que fue proscripto.

"Salgo con mucha voluntad de volver a luchar".

"Vi en la televisión los datos del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas), después de que fui preso Brasil empeoró, el pueblo no tiene más trabajo, el pueblo trabaja en Uber, el pueblo trabaja en bicicleta para entregar pizza, y me enteré de que no va a haber aumento del salario mínimo por dos años, yo no tengo rabia de nadie, tengo la voluntad de probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un gobierno que no mienta tanto como miente Bolsonaro por Twitter".

El diario Folha de San Pablo documentó que el mandatario miente o falsea datos una vez cada cuatro días desde que asumió en enero pasado. La última vez fue esta semana cuando anunció que tres multinacionales dejarían Argentina para instalarse en Brasil.

"Yo ya probé que es posible construir un país mejor, con más salario, con más calidad de enseñanza, yo tengo la convicción de que el pueblo pobre es la fuente para recuperar al país cuando se lo incluye en el presupuesto".

Citó al juez de Lava Jato, Sergio Moro, y el jefe de los fiscales de ese proceso, Deltan Dallagnol, incluyéndolos en "el lado podrido de la justicia, el lado podrido del ministerio público" conjurados para "criminalizar a la izquierda, al PT y a Lula".

El jueves el Supremo Tribunal Federal determinó por seis votos a cinco, que el exmandatario sea puesto en libertad durante una audiencia de casi ocho horas en la que no faltaron críticas, de algunos jueces, al "marketing" y los "abusos" de Moro y Dallagnol, funcionarios judiciales del interior proyectados a la escena nacional gracias a su condición de perseguidores de Lula.

Para ambos el fallo del Supremo significó una derrota considerable. Lo mismo cabe para Bolsonaro quien había prometido que su principal adversario político se iba a "pudrir en la cárcel". El regreso de su antagonista dejó sin palabras al dirigente ultraderechista que prefirió salir de Brasilia para encabezar un acto con cadetes de la policía federal en el estado de Goias. De aquí en más el presidente tendrá que enfrentar al único político capaz de galvanizar la oposición y plantarle cara.

Caravanas

Lula comenzó a delinear, en su primer discurso a cielo abierto, los puntos fuertes de su estrategia.

Necesitará calibrar la nueva realidad del país, de la disposición de lucha de los trabajadores, clases medias, estudiantes y las alianzas a ser construidas.

El Brasil actual no es el mismo del 7 de abril del año pasado cuando fue detenido con la complicidad del Supremo Tribunal Federal que esta semana permitió su excarcelación.

Este sábado volverá a San Bernardo do Campo para reencontrarse con sus compañeros del sindicato de los metalúrgicos a donde estuvo alojado hasta el momento de su detención por parte de efectivos de la policía federal. Allí se forjó como líder sindical en los años setenta antes de fundar el PT y lanzarse a la vida partidaria. Habrá que prestar atención a ese discurso y a los símbolos a los que eche mano este político sagaz. Su año y medio como preso político lo convirtieron en una leyenda y agigantaron su estatura internacional.

Se espera que en los próximos días o semanas retome las caravanas por el país suspendidas con su arresto. Fuentes del PT comunicaron que se adoptarán medidas de seguridad redobladas, y recordaron que el año pasado un convoy fue baleado mientras recorría el interior del estado de Paraná.

Desde su entorno dejan trascender la idea de construir un frente de fuerzas democráticas, en el que se contemplan incluso partidos de centro, para antagonizar con el régimen. Explican la importancia de impedir la deriva autoritaria a la que conduce Bolsonaro en su alianza con Moro, las "milicias" paramilitares y las corporaciones armadas aunadas para imponer manu militare un modelo neoliberal a la chilena. El propio Bolsonaro anunció haber dado instrucciones al Ministerio de Defensa para poner en alerta a las tropas a fin de responder a protestas como las que arrinconaron aSebastián Piñera. El chileno es uno de los pocos aliados latinoamericanos del ocupante del Palacio del Planalto.

Una de las preguntas surgidas por estas horas era si el jefe petista tendrá autorización judicial para asistir a la toma de posesión de Alberto Fernández el 10 de diciembre en Buenos Aires. A la que no irá Bolsonaro, convertido en un paria de la comunidad internacional.

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Manifestantes y policía endurecen sus tácticas en las protestas de Hong Kong

La nueva ley contra las máscaras no solo no ha conseguido detener las protestas en Hong Kong; las ha empeorado. Dos días después de su entrada en vigor, decenas de miles de personas han salido a la calle a protestar contra la medida en tres grandes marchas en distintos puntos de la excolonia británica. La inmensa mayoría, en un gesto de desafío, llevaba máscaras o la cara cubierta de algún otro modo. Pero, tras comenzar de manera pacífica, grupos de manifestantes contra el Gobierno autónomo y contra China se han lanzado a una nueva ola de destrozos. La policía ha respondido con  cargas tras las que ha detenido a decenas de personas.

La jornada había comenzado con una derrota judicial para los opositores a la ley antimáscaras, la segunda en menos de 48 horas. Un tribunal de primera instancia denegó una petición de 24 legisladores de la oposición pandemócrata para que se impusiera una moratoria a la ley mientras se decide sobre su validez. La audiencia para analizar la legitimidad de la medida comenzará el próximo día 18, mientras tanto la prohibición continuará vigente.

Durante el día, continuaba aún la tensa atmósfera del sábado, cuando Hong Kong se levantó semiparalizado tras los fuertes choques de la noche del viernes —la medida entró en vigor esa medianoche—, con el metro completamente cerrado durante 24 horas por primera vez en su historia, numerosos comercios que no llegaron a abrir y destrozos aún visibles, especialmente en sucursales de bancos chinos. El cierre parcial de algunas líneas de metro, el principal sistema de transporte en esta ciudad de 7,4 millones de habitantes, continuaba el domingo; algunos de los centros comerciales más populares también optaron por prolongar su cierre.

Tras la decisión del tribunal, decenas de miles de personas desafiaron a la fuerte lluvia y los problemas de transporte para expresar su repulsa a una medida muy impopular: los manifestantes usan las máscaras para ocultar su identidad, pero también para protegerse del gas lacrimógeno. Con carteles en los que se leían mensajes como “los pacíficos y los bravos (los dos tipos en que se dividen a sí mismos los participantes en las protestas: moderados y radicales) lucharán siempre unidos”, entonaban el himno de las protestas, Gloria a Hong Kong, y gritos como “¡hongkoneses, rebelión!”

Muchos hacían, con una mano, el gesto chino para el número seis, con el puño cerrado y el pulgar y el meñique estirados, una alusión a lo que ya llaman su “sexta demanda”, la reforma o el desmantelamiento de la policía. Se suma así a las cinco previas: la retirada del polémico proyecto de ley de extradición que desencadenó las manifestaciones —la única a la que el Gobierno autónomo ha accedido—, la puesta en libertad sin cargos de los más de 2.000 detenidos, retirar la descripción de “disturbios” para las protestas, abrir una investigación independiente sobre el comportamiento de la policía y un verdadero sufragio universal.

Gradualmente, y como ha venido ocurriendo en los cuatro meses de protestas, la marcha pacífica se fue transformando en una serie de actos de violencia. Como en los últimos días, los bancos de propiedad china o los establecimientos de propietarios percibidos como simpatizantes de Pekín fueron el blanco preferido del vandalismo. Varias estaciones de metro sufrieron destrozos; alguna —la de Mong Kok, uno de los “puntos calientes” habituales de enfrentamientos entre movilizados y policía—- quedó completamente inundada.

Un taxista que golpeó a dos mujeres manifestantes con su vehículo en un barrio periférico fue atacado por los participantes. Un periodista de la televisión pública hongkonesa sufrió quemaduras en la cara cuando un cóctel molotov prendió el poncho de plástico que llevaba para protegerse de la lluvia.

Por primera vez, y después de que hubieran circulado en las redes algunas imágenes en las que antidisturbios hongkoneses parecían entrar en el cuartel de las tropas chinas en Hong Kong, en el acomodado barrio de Kowloon Tong, un grupo de manifestantes intentó acercarse al acantonamiento y apuntarlo con luces láser. Los soldados respondieron con una banderola de advertencia: si los jóvenes no se dispersaban, podrían ser arrestados.

La policía respondió con dureza al giro violento de las protestas, con gases lacrimógenos, balas de plástico y cañones de agua a presión y decenas de personas fueron detenidas. La operación de búsqueda y captura continuó durante la noche: a las nueve, las líneas de metro operativas cerraban definitivamente hasta el lunes. En puestos de control, los antidisturbios paraban los autobuses y registraban a los pasajeros, especialmente a los jóvenes, en busca de indicios de que hubieran participado en las movilizaciones.

En un comunicado en su página de Facebook, la policía acusaba a los manifestantes de intentar tomarse “la justicia por su mano”. “Las atrocidades perpetradas por los autores de los disturbios están por debajo del mínimo aceptable en cualquier sociedad civilizada. La policía advierte a los autores de disturbios que detengan todos sus actos ilegales y expresa su más fuerte condena contra todos los actos violentos de los alborotadores”.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín 7 OCT 2019 - 01:02 COT

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