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El Internet ruso, el Google chino, el 5G de EEUU: Internet se va llenando de fronteras

Internet nunca fue un terreno neutral, pero el ansia de los gobiernos por aumentar su control sobre él está restringiendo cada vez más derechos

El veto de Trump sobre Huawei y China afecta directamente a la libertad de los consumidores europeos, pero encierra una lucha por el control de la infraestructura

"Quien controla la infraestructura tiene un control muy alto sobre qué se mueve por ella, cuándo y a qué velocidad", recuerdan los expertos

 

Hace una década, decir que Internet como red libre estaba para tirar a la basura y empezar de cero con otra era considerado una postura radical. Hoy es lo que propone uno de sus padres, Tim Bernes-Lee, el ingeniero que inventó del concepto de la World Wide Web. A través de la fundación que dirige está buscando apoyos para desarrollar una red descentralizada y que impida por concepto que los gobiernos y las grandes empresas vuelvan a cerrarla, como han hecho con la actual. Internet no es neutral y nunca lo ha sido, pero está yendo a peor.

Que EEUU haya decidido determinar a la población mundial sobre qué dispositivos comprar, bloqueando que haya software o componentes estadounidenses en los dispositivos que fabriquen la empresas chinas Huawei o ZTE es el último ejemplo. Pero hay muchos más, mirando arriba, abajo y a los lados.


No hay ninguna autoridad pública que gobierne los asuntos de Internet. Esta circunstancia, considerada positiva por los expertos como un plus en sus primeros años, está en cuestión tras escándalos como el de Facebook y Cambridge Analytica. No hay nadie que ponga reglas, pero eso implica que tampoco hay nadie encargado de que proteger la red como un espacio neutral.


Otros aspectos están gobernados de forma estrictamente privada. Es el caso de la asignación de nombres de dominio, como los ".com" o ".es", sobre los que decide el ICANN, una institución privada aunque sin propósito de lucro radicada en California. Puede parecer que su labor no es demasiado trascendental, hasta que se topa con un debate con aristas, como sobre el que se ha posicionado esta semana: ¿el dominio ".amazon" debe ser de Amazon o de los países de la cuenca del Amazonas?


Un conflicto de siete años que el ICANN ha resuelto este jueves a favor de la multinacional. Esta solicitó primero la gestión del ".amazon", cuando la organización anunció que permitiría un mayor grado de personalización de los dominios. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela solicitaron una "gobernanza compartida": argumentan que no pretenden impedir que Amazon pueda utilizar "kindle.amazon" o "ebooks.amazon" como desee, pero no querían depender de la buena voluntad de la multinacional para otros como "tourism.amazon". Ahora tendrán 90 días para presentar alegaciones al ICANN que, si no son aceptadas, supondrán el punto final de sus aspiraciones a decidir sobre ".amazon".
"En realidad, si te pones a buscar en la materialidad sobre la que se asienta Internet, en sus infraestructuras físicas, en qué zonas geográficas, y te das cuenta de que en realidad la red lleva privatizada casi desde su surgimiento", recuerda en conversación con este medio Enric Luján, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. "Ves que la gran mayoría de cables de Internet los controlan megacorporaciones internacionales, que los intercambiadores de paquetes y todos los centros logísticos están en manos privadas. Al final, quien controla la infraestructura tiene un control muy alto sobre qué se mueve por ella, cuándo y a qué velocidad".


"La decisión de Trump de vetar a Huawei, más que ser un game breaker, lo que hace es confirmar la tendencia de segmentación que Internet ha tenido desde el principio. Ahora perdemos también la libertad de escoger una u otra marca. Se te restringe el acceso a Internet incluso como usuario, como cliente, desde determinados soportes, solo porque sobre ese soporte hay un boicot activo y descarado para beneficiar a unas marcas por delante de otras", continúa Luján, experto en la relación entre filosofía y tecnología y coautor del libro Resistencia digital.


El Gobierno estadounidense escudó su veto a Huawei en motivos de "seguridad nacional", acusándola de espionaje. EEUU no ha ofrecido pruebas de ello, mientras que las investigaciones que se han abierto en otros países tampoco han hallado evidencias. Varias fuentes de empresas del sector digital español con presencia en toda Europa confesaron a eldiario.es que detrás del veto ven motivos económicos, ya que esta empresa es puntera en el desarrollo de la tecnología 5G, clave en el proceso de robotización de la sociedad y el futuro de proyectos como el del coche autónomo, y está en negociación con varios gobiernos europeos para suministrarles su tecnología.


Fronteras y privatización cada vez más visibles


La cuestión de la soberanía digital ha vuelto con fuerza al debate público europeo a raíz del recorte de libertades que un gobierno tercero ha impuesto al resto del mundo a la hora de elegir la marca del dispositivo que desea comprar. Pero en los países de fuera de la órbita de EEUU como China o Rusia. Estos países sospecharon desde el principio de la neutralidad de la red estadounidense y de las empresas estadounidenses que le daban forma. Las primeras vetadas fueron las empresas de redes sociales y Google. Tienen compañías que dan servicios paralelos, pero nacionales y bajo la vigilancia de sus gobiernos.


Los chinos viven directamente en su propio ciberecosistema vallado: su buscador censurado Baidu es el más usado del mundo. Apenas usan productos de Google. En el otro extremo, las cifras de venta de Huawei en EEUU son muy pequeñas, lo que deja a Europa como uno de los territorios más afectados por el veto de Trump.


"Hay varios estados, sobre todo los grandes países más autoritarios, que tienen su propio control de Internet, no cerrado del todo, pero sí muy controlado. Está China, Rusia o la India, pero hay otros", explica Andrés Ortega Klein, investigador del Real Instituto Elcano y director del Observatorio de las ideas. "La guerra comercial se está dando también por la preeminencia tecnológica. No solo por imponer tecnología propia a los demás países, sino por el control: Internet es también en un instrumento de control tanto de las poblaciones propias como del resto de países".


El experto recuerda en este punto las publicaciones de Edward Snowden, que demostraron que los servicios de inteligencia tenían túneles para espiar básicamente a todo el mundo, desde Angela Merkel a los técnicos brasileños que analizaban una de las mayores bolsas de petróleo del mundo que fue encontrada frente a su costa y por el que estaban pujando las petroleras estadounidenses.


"El resto de países se han dado cuenta de esto y los que pueden, quieren tener su propia infraestructura. Esto está fragmentado Internet en varias redes, cada vez más separadas", detalla el experto: "Además en poco tiempo puede venir una fragmentación superior, que son los Internet de diversa calidad", alude Ortega Klein en referencia a la intención de la administración Trump de romper la neutralidad que todavía existe entre los contenidos que circulan por la red y permitir a las operadoras priorizar unos sobre otros. Los que más paguen, concretamente.


Independízate si puedes


En el verano de 2013 acababa de estallar el escándalo de espionaje revelado por Snowden los europeos interrogaron a la UE por los motivos por los que la directiva de privacidad que debía protegerles de desmanes como aquel estuviera tan sumamente anticuada. Databa de 1995, antes siquiera de la expansión de Internet.


La entonces vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la cartera de Justicia, Viviane Reding, dio una pista sobre el por qué de semejante retraso: "Nunca había visto un lobby tan potente", declaró, señalando al Gobierno estadounidense y sus multinacionales digitales. Explicó que en ese momento en Bruselas había más lobbistas tratando de dificultar que la nueva norma saliera adelante que burócratas comunitarios trabajando en ella: "[Las compañías norteamericanas] han presionado para que no se les aplicasen los estándares comunitarios. Y el Gobierno estadounidense ha ejercido presión, lo mismo que esas compañías".


"Los estadounidenses han entendido antes que los europeos la importancia de este dossier. Por eso intentan pararlo, porque suponía que no podrían actuar más como hasta ahora. Es un juego de poder. Y los estadounidenses lo han entendido", denunció Redding, del PP europeo.


El Reglamento General de Protección de Datos europeo seguiría retrasándose mucho más. Terminó entrando en vigor un lustro después, el 25 de mayo de 2018. Las autoridades comunitarias lo festejaron como una vía para poner a Europa en el mapa digital. No se independizaría del imperialismo digital estadounidense, pero al menos impondría los estándares más altos en cuanto a protección de derechos individuales en el entorno digital.


Una de sus medidas más publicitadas fue la posibilidad de multar a cualquier compañía que se lo saltara con un 4% de su facturación mundial anual. Un año después se su entrada en vigor esas grandes sanciones aún están por llegar.

Por Carlos del Castillo
23/05/2019 - 21:56h

La ruptura de Google con Huawei muestra el peligro de la dependencia tecnológica... y las ventajas del 'software' libre

Una decisión político-comercial puede suponer un duro golpe a determinadas compañías, pero a determinada escala siempre es un perjuicio para los ciudadanos. No obstante, en el caso de Google y Huawei, puede que esta decisión —forzada desde la Casa Blanca— suponga a la larga una buena noticia para todos.



La guerra comercial entre EEUU y China se está convirtiendo en una auténtica escalada. Una de las últimas consecuencias es la suspensión por parte de Google de una importante porción de su negocio con Huawei tras la inclusión de esta compañía en la 'lista negra' estadounidense de empresas que suponen una "amenaza para la seguridad nacional". Se demuestra una vez más el riesgo que supone dejar en manos de empresas de otros países elementos esenciales de un producto, como el 'software', de tal forma que una decisión de la Casa Blanca puede terminar perjudicando a ciudadanos de todo el mundo.


Esta decisión de la Administración Trump, que ataca directamente a la próspera división de teléfonos móviles del fabricante chino, supone que Huawei pierde el acceso a la mayoría de las transferencias del gigante estadounidense: sus móviles, a partir de ahora, dejarán de tener acceso a Google Mobile Services, la plataforma que aglutina los servicios del gigante estadounidense como Google Play Store (la 'tienda' de aplicaciones), el cliente de correo electrónico Gmail, la aplicación de YouTube y el navegador Chrome para móvil: los nuevos teléfonos no podrán llevar esas 'apps'.


La empresa asiática, eso sí, aún tendrá acceso a la versión libre de Android a través de licencias de código abierto, disponibles para cualquiera que quiera usarlas. De hecho, Huawei tiene desarrollado un sistema operativo derivado basado en Android; la instalación de este sistema, que ya no dependería de Google para nada, podría generar todo un mercado alternativo mundial: no olvidemos que la compañía china logró colocar el pasado año en todo el mundo nada menos que 200 millones de dispositivos móviles.


"Si dependes de un proveedor que está en un país y se somete a sus reglas, y mañana ese país se enfada con el tuyo por la razón que sea, pues tienes un problema", comenta a Público, en conversación telefónica, el abogado especializado en tecnología David Maeztu.


Este caso es el ejemplo perfecto que muestra cómo la dependencia de terceros radicados en otros países puede convertirse en una vulnerabilidad para el negocio de gigantes tecnológicos (entre otros muchos problemas), pero también cómo el 'software' libre puede suponer una garantía frente a determinadas decisiones políticas.


"Lo bueno del 'software' libre es que compañías desarrollen productos propios basándose en lo que otros ya han hecho, es decir, uno no tiene por qué empezar de cero, y además todo ese trabajo nuevo se aporta a la comunidad", recuerda el citado experto.


Efectivamente, el punto fuerte de Android es que su base es 'software' libre, lo que va a permitir a Huawei reaccionar mejor que si tuviese que crear un sistema operativo desde cero. "Lo que es bueno para ti se convierte en algo bueno para la comunidad, lo que además extiende la estandarización, los sistemas se vuelven más interoperables, y si mañana un gobierno toma una decisión como la que ha tomado EEUU, el impacto puede ser menor".


La capa básica de Android cuenta con licencias Apache y GPL, comenta Maeztu, que apunta que el principal problema que va a tener Huawei va a ser el quedarse sin acceso a las aplicaciones de Google. "Pero es que los teléfonos ya funcionan sin ellas", afirma, y aventura: "Imaginemos que un fabricante como Huawei se mete a saco con la distribución".


"Que la decisión de un país pueda afectar a consumidores y ciudadanos de otros países, pues que parece que redefine un poco las reglas de la gobernanza global: EEUU puede obligar a Google a hacer determinadas acciones por el hecho de estar radicada allí", razona Maeztu, que apunta: "Igual deberíamos ir pensando en ir avanzando hacia sistemas más abiertos, y que internet sea lo que era: gente que volcaba conocimiento y libertad para usarlo".


Todo este movimiento puede suponer, en un futuro no muy lejano, la ruptura del monopolio 'de facto' que ejerce Google en los sistemas operativos móviles. Y esto puede ser una buena noticia.


Soberanía tecnológica


Para el abogado especializado en internet y doctor en filosofía Javier de la Cueva, un histórico defensor del 'software' libre, en el caso de Google y Huawei "existe una cuestión de soberanía tecnológica que está íntimamente ligada a la libertad de competencia: en el momento en el que viene desde fuera una disposición estadounidense en la que se establece es una prohibición de competencia precisamente a través de un código, lo que se está haciendo es beneficiar a una serie de productos frente a otros".


"Como siempre, la pregunta que hay que hacerse es: ¿a quién beneficia todo esto? o bien, ¿quién se lleva el dinero?", se pregunta De la Cueva, para quien estamos ante "una acción teledirigida económicamente, eso es evidente, aquí lo que realmente importa es el dinero". "La Unión Europea, por cierto, tendría que verificar si esa decisión atenta contra el libre mercado, para empezar", añade: "Y yo creo que sí".


Este letrado denuncia, además, que la acción "demuestra cómo, precisamente a través del código, lo que se está haciendo es montar una normativa en sí; es decir, cuando impido realizar una serie de actualizaciones lo que hago es que, mediante el propio acceso a ese código, expulso a un actor del mercado".


De la Cueva realiza una interesante reflexión sobre el código abierto. "La base de internet mismo, lo que realmente hizo que estallase la revolución de la Red, fueron los Request for Comments (RFC), que son de licencia libre. Internet es la obra de propiedad intelectual libre más grande y relevante de la historia, como ninguna otra obra propietaria".


"En un momento dado", añade, "Google se hizo con el kernel de Linux, y usó ese núcleo para montar un sistema operativo —Android—que atrapa a los consumidores; lo que vemos aquí es que hasta qué punto cualquier sistema libre puede ser utilizarse para el mal". "Todo esto muestra cómo Google ya estaba usando ese sistema libre para cooperar en la sociedad de control en la que vivimos —nos prometieron la sociedad del conocimiento, nos han devuelto la sociedad del control—, y muestra también que esa sociedad del control existe realmente, no sólo sobre los individuos sino también sobre las empresas".


"Es interesante lo que está pasando porque, de alguna manera, obliga a Huawei —no olvidemos que también es un gigante— a hacer un fork o bifurcación (un proyecto derivado de otro que usa el código fuente del proyecto ya existente).", comenta este experto, que añade: "A largo plazo, EEUU podría estar dándose un tiro en el pie: está forzando a los chinos a hacer una versión alternativa a la dominante bajo la batuta de Google, de modo que se genere un importante mercado con móviles sin Google". Un ejemplo de un sistema derivado que es libre es LineageOS.


"Y oye", ironiza De la Cueva, "nos vendría muy bien a muchos, en concreto a los parlamentarios españoles que llevan en sus bolsillos móviles con aplicaciones que envían su geolocalización a servidores de compañías estadounidenses: ¿Cómo es posible los representantes de la soberanía popular están cediendo sus datos a Google? ¿Estamos locos?".
Para este jurista, "hay una oportunidad para poner en valor no la tecnología china o la estadounidense, sino la 'tecnología ciudadana': a lo mejor esto produce un impulso en los grupos de desarrollo de 'software' libre, ya que bajo el paraguas del código libre puede entrar cualquier tipo de agente".


"No sabemos las consecuencias que puede tener todo este movimiento, pero sí sabemos que lo que pasaba hasta ahora no era asumible: la situación de monopolio 'de facto' a la que estábamos entregados tanto con Google (Android) como con Apple (iOS)", afirma, y concluye: "A lo mejor, todo esto que está pasando es hasta bueno".


El origen de todo esto


La guerra comercial entre las dos primeras superpotencias del mundo tiene varias patas, y esta última medida en forma de sanciones es sólo una ramificación de una de ellas: la batalla por el despliegue de la tecnología 5G en Europa.


La periodista especializada Marta Peirano explica a la perfección y muy claro, en un hilo en Twitter, cómo las acusaciones de espionaje por parte de la Casa Blanca contra compañías tecnológicas chinas ha derivado en un pulso político y judicial que tensiona las ya difíciles relaciones entre ambos países.


Por tanto, esta lista negra que ha obligado a Google y otras tecnológicas de EEUU a romper con Huawei es una decisión política que es necesario analizar desde una perspectiva más amplia. No se trata sólo de espionaje o seguridad.


"De momento, no se han aportado pruebas de que el gobierno de China hace lo mismo que el gobierno de EEUU", comenta irónicamente David Maeztu, que añade: "No sabemos si EEUU acusa a las empresas chinas de espiar, o de que no les da la información que obtienen al espiar".


Visto con un poco más de distancia, lo que está en juego es el dominio de la tecnología móvil durante las próximas décadas. Y si por el camino se rompen uno o dos monopolios, o se consigue concienciar a uno o dos políticos, quizá deberíamos aprovecharnos de ello.

20/05/2019 23:50 Actualizado: 20/05/2019 23:50
Por Pablo Romero
@pabloromero

San Francisco se convierte en la primera ciudad de EEUU en prohibir a la Policía usar técnicas de reconocimiento facial

Gobiernos y agencias de seguridad de EEUU hace años que utilizan las técnicas de reconocimiento facial (capaces de identificar a individuos mediante inteligencia artificial) para tareas como identificar a criminales, ayudar en las tareas de búsqueda de menores desaparecidos y prevenir el fraude documental.

La Alcaldía de San Francisco (EEUU) prohibió a las agencias locales, entre ellas la Policía, el uso de técnicas de reconocimiento facial, cada vez más empleadas por las autoridades para identificar a criminales pero criticadas por las organizaciones pro derechos civiles.


La ciudad californiana se convirtió así en la primera de Estados Unidos en tomar una medida de estas características y ahora podrían seguirla en un futuro cercano la vecina Oakland, que está considerando una prohibición similar, y el estado de Massachusetts, donde el Senado estatal también estudia la cuestión.


"Esta no es una política antitecnológica. Se trata de poder exigir responsabilidades en torno a la tecnología de vigilancia, de garantizar que se hace un uso seguro de ella", explicó durante el pleno el concejal promotor de la medida, Aaron Peskin, quien aseguró que "se puede tener seguridad sin convertirse en un estado policial".


La medida fue aprobada en el pleno del consistorio con la oposición pública del cuerpo de Policía local, que durante los últimos días ha presionado para que no saliese adelante una prohibición que a su juicio dificultará el día a día de sus operaciones.
Sesgos policiales contra minorías


Gobiernos y agencias de seguridad de EEUU hace años que utilizan las técnicas de reconocimiento facial (capaces de identificar a individuos mediante inteligencia artificial) para tareas como identificar a criminales, ayudar en las tareas de búsqueda de menores desaparecidos y prevenir el fraude documental.


Sin embargo, los grupos en defensa de los derechos civiles aseguran que esta tecnología invade la privacidad de los ciudadanos de forma excesiva, a la vez que puede perpetuar sesgos policiales contra minorías étnicas ya que se ha probado que tiende más al error con personas de piel oscura.


En este sentido, Peskin citó el estudio llevado a cabo en julio pasado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) que halló que el reconocimiento facial había identificado incorrectamente a 28 congresistas de EEUU (en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas) como criminales al comparar sus fotografías con imágenes policiales.

San Francisco (EEUU)
15/05/2019 12:48 Actualizado: 15/05/2019 12:55
Efe

Assange y Snowden frente a la arquitectura de la opresión y el espionaje

Poco tiempo ha pasado desde que el presidente ecuatoriano Moreno entregó a Julián Assange a las autoridades británicas, en sintonía con los intereses de Estados Unidos, que no perdonan que el fundador de Wikileaks haya revelado documentos con las prácticas de tortura empleadas en Guantánamo, las violaciones a los derechos humanos y asesinato de civiles cometidas en Irak y Afganistán, entre otros documentos secretos. Snowden, quien reveló el espionaje global que hace la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) sigue exiliado en la Federación Rusa, imposibilitado de regresar a su país.

El fenómeno del espionaje global, el papel de los servicios de inteligencia y la vigilancia masiva en el marco de lo que se comienza a denominar como un "complejo securitario digital", está abriendo nuevos escenarios para el "campo de la guerra" como para el "campo de la política". El epicentro de este dispositivo que se despliega y consolida a nivel mundial es EU. Aquí se sostiene que no reemplaza, sino que convive –y construye poder– junto al "complejo militar industrial", término utilizado por Eisenhower en su discurso de despedida como presidente en 1961, en el que advertía el peligro de la "influencia injustificada" de este sector para el futuro de EU y sus "posibles efectos desastrosos" [1].

Ramonet sostiene que el ciberespacio se constituye como un "quinto elemento", dando lugar a nuevas formas de concebir la defensa y las estrategias de seguridad de un país/región y que, en efecto, ha nacido un nuevo complejo securitario digital que adquiere cada vez mayor relevancia, el cual consiste en una alianza entre las mayores empresas privadas globales de Internet y la principal potencia militar: EU.

El espionaje, incluso masivo, no es nuevo. Luego de la segunda guerra mundial Gran Bretaña, EU, Australia, Nueva Zelanda y Canadá habían diseñado un programa de intercepción de comunicaciones a nivel global (UKUSA). Lo que resulta destacable es el perfeccionamiento constante, la sofisticación y el alcance de estos sistemas de vigilancia y de obtención de información tanto para la persecución/acción política como para los réditos de las empresas que utilizando la información vertida, conocen mejor los gustos e inclinaciones de sus posibles consumidores. El español sostiene que "en la era de Internet, la vigilancia se ha vuelto omnipresente y totalmente inmaterial, imperceptible, indetectable, invisible. Además, ya es, técnicamente, de una excesiva sencillez" [2].

Un hecho no menor es que la más conocida de las 12 agencias de inteligencia de EU (la CIA) haya sido vulnerada con la revelación de miles de documentos secretos. O’Donnell resume que "se trata de una serie de instructivos, escritos en clave informática, con programas de virus y troyanos para pinchar con la última tecnología todo tipo de teléfono, computadora y televisor inteligente, incluyendo comunicaciones justo antes y después de ser encriptadas en smartphones de iPhone y Android por personas que pensaban que sus comunicaciones eran seguras precisamente porque eran encriptadas". [3]

Por otro lado, merece una breve caracterización otra de las agencias más importantes de EU, que gracias a las revelaciones de Snowden, hoy podemos conocer mayores elementos de su capacidad de despliegue. La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) "emplea directamente a unos 30 mil agentes, y dispone de 60 mil personas más, reclutadas por empresas privadas. De todos los presupuestos destinados a los servicios secretos estadunidenses, el más importante es el de la NSA". [4] Además, realizó acuerdos con decenas de empresas telefónicas, de ingeniería informática y electrónica y con servicios de inteligencia de otros países para obtener mayor y mejor cantidad de información.

Como señala Snowden, estamos ante una minuciosa y peligrosa "arquitectura de la opresión". Esta es la esencia del complejo securitario digital que, todo indica, tendrá cada vez más incidencia en el siglo XXI. El rumbo de la mundialización está en disputa y como contrarrestar estas tendencias desde una lógica solidaria y humanista que no contribuya a la cultura del descarte [5], al decir de Francisco, constituye un gran desafío para este siglo, en el cual los pueblos, respetando y aceptando la pluralidad de identidades e historias, debemos ser los protagonistas.

Por Nicolás Canosa, sociólogo argentino

 

Publicado enSociedad
Sábado, 04 Mayo 2019 06:06

Assange, la causa perdida

Assange, la causa perdida

La entrega de Julian Assange se desarrolla en medio de una trama de tres patas. Dos de ellas serían de forma mientras que una de contenido. 

La primera, la pata “Ina Papers”, caería en una suerte de retaliación política a partir del retorno al viejo modelo económico de Estado. La entrega de Assange a la policía inglesa –en territorio diplomático ecuatoriano, por cierto– coincide, precisamente, semanas después de generado un escándalo de grandes magnitudes simbólicas y pre judiciales, en especial tras ponerse en conocimiento la supuesta relación del presidente Lenin Moreno con la empresa offshore Ina Invesment Corporation, fundada originalmente por su hermano Edwin Moreno en Belice y cuyas cuentas se manejaron, al parecer, en el Balboa Bank de Panamá. Los beneficios que recibiría Lenin Moreno giran alrededor de la transferencia de dinero para la compra de menajes durante su estadía en Ginebra, así como la adquisición de un departamento en Alicante sobre la costa mediterránea de España.


El efecto simbólico surge de la contradicción del discurso unívoco del momento, de la falta de congruencia frente a la nueva ola en que se inscribe hoy en día la política latinoamericana. Pues como lo presentan espectacularmente –cual serie de Netflix– los medios de comunicación, los casos de corrupción son la noticia más importante del quehacer político y social. Queda relegada la información sobre las palpables desigualdades sociales y la existencia de miles de personas que aún no reciben adecuados servicios de educación y salud. Los escándalos de corrupción devienen como el nuevo coliseo romano, en el cual deleitamos ver a leones devorar a cristianos. Una arena donde, indudablemente, Lenin Moreno teme caer.
Al margen de la proyectada emergencia global que muestra a la corrupción como una amenaza que va más allá del desastre nuclear o de la contaminación ambiental, lo cierto es que América Latina ha vuelto a los brazos del neoliberalismo. Con mucha imprecisión se menciona que cualquier crítica a este modelo económico se convierte en un ataque al liberalismo, es decir, a las libertades individuales y al movimiento de derechos convertidos en contrapesos del Estado. El neoliberalismo, sin embargo, se distancia de esta corriente al perfeccionar un sistema de dominación financiera donde las corporaciones someten a los Estados.


La segunda pata de esta trama tiene que ver con el vaciamiento del Derecho, alentado por el furibundo eco que fuera reproducido por los grupos de la derecha local para expulsar a Assange de nuestra embajada en Londres. Este “malestar” convertido en consigna fue esgrimido no sólo a través de recalcitrantes mensajes de ex candidatos presidenciales,asambleístas de turno, ex diplomáticos, comunicadores y denominados expertos jurídicos en relaciones internacionales. En todos ellos se estableció poco menos la consigna de “saquen al malcriado”, “Assange es incontrolable” o “no sabe comportarse”. Había que volver al Siglo XV para resucitar a Rotterdam y observar como los disciplinistas del Siglo XXI iban legitimando el cuestionable Protocolo de Visitas que convirtió en incomodad y asunto de Estado el maullido de un gato y el rechinar de una patineta. Se trata de un manual de comportamiento que tendría de trasfondo el aislamiento de Assange. Así, el estatus político de asilado habría migrado tenuemente a un estado de constricción física y moral, algo que en el lenguaje jurídico sería compatible con el vocablo tortura.


En agosto de 2012 el Estado ecuatoriano reconoció la condición de asilo político a Julian Assange, motivado por los graves riesgos que podrían en peligro su libertad, integridad física y vida como represalia tras poner en conocimiento del mundo información que otros países consideran como secreta o privilegiada. Además, en diciembre de 2017 se aceptó su carta de naturalización, lo que impedía constitucionalmente cualquier extradición, remoción, deportación o expulsión en todo lo que representa el territorio ecuatoriano. Las razones del asilo y la nacionalidad debían convertirse en elementos centrales de protección frente a cualquier ponderación que pretendía legitimar su entrega.


El Protocolo de Visitas, Comunicación y Atención Médica, no obstante, se convirtió en el dogal del estatus jurídico y político de Assange, el caballo de Troya que permitió –tras su supuesta violación– a las agencias británicas de seguridad entrar en territorio ecuatoriano para detenerlo en la madrugada del 11 de abril. Atrás quedaron la Opinión Consultiva 25/2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le remarcó al Estado ecuatoriano la necesidad de precautelar el principio de no devolución; la Opinión Consultiva 54/2015 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas que solicitó a Suecia y Reino Unido las debidas garantías para que Assange pueda circular libremente; o, fundamentalmente, la propia Constitución ecuatoriana que reconoce el principio de no devolución (Art. 41), prohíbe la expulsión cuando peligra la vida, integridad o libertad de un extranjero (Art. 66.14) así como la extradición de ecuatorianos (Art. 79).


Pero la pata que engloba la trama en la penosa entrega de Assange a sus perseguidores se halla en la destrucción misma de la causa altruista. Es el castigo en sí que entraña a la sustancia por encima de las formas jurídicas o diplomáticas. Quien arriesga su libertad y vida para proteger el interés público universal debe ser protegido. Por ello, el Parlamento Europeo creó la Directiva 943/2016 que instruye a los países de la unión a reformular sus legislaciones administrativas, civiles y penales para impedir el castigo a la divulgación cuando su fin es el interés de sus ciudadanos, la libertad de expresión e información, la denuncia a una actividad ilegal o el desempeño ilegítimo de una actividad económica de poder. Un gran salto que reconoce en un whistleblower no a un criminal, sino a un héroe.

Por Jorge Vicente Paladines: Profesor de la Universidad Central del Ecuador
@JorgePaladines


Un organismo de la ONU

Pide por Assange

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU pidió ayer al Gobierno británico que libere al fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, al tiempo que criticó severamente que se le mantenga en una prisión de alta seguridad que no corresponde a los delitos de los que es acusado. Se trata del tercer pronunciamiento que realiza esta instancia de expertos independientes que trabajan bajo el paraguas de Naciones Unidas, a favor de la libertad del activista que hizo posible la filtración de cientos de miles de documentos clasificados de Estados Unidos. Los dos primeros los emitió cuando se encontraba asilado en la embajada de Ecuador en Londres, mientras que el de ayer se produce dos días después de que Assange fuese condenado a 50 semanas de cárcel por haber roto en 2012 cuando acudió a refugiarse en la legación diplomática, las condiciones de su libertad condicional. “El derecho a la libertad del señor Assange debe ser restablecido”, dijo el Comité, tal como lo hiciese ya en 2015 y 2018.


Asimismo, el Grupo criticó que Assange, “por un delito menor”, se encuentre en la prisión de máxima seguridad: “Este trato parece ser contrario a los principios de necesidad y proporcionalidad de acuerdo a los estándares de derechos humanos”.

Publicado enSociedad
Jueves, 02 Mayo 2019 06:14

Condenan el asilo de Julian Assange

Condenan el asilo de Julian Assange

Un tribunal condenó al fundador de WikiLeaks, que había perdido su asilo diplomático, a 50 semanas de reclusión.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue condenado ayer a casi un año de cárcel en Reino Unido por haber violado su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para no ser extraditado a Suecia. Un tribunal londinense lo condenó a 50 semanas de reclusión por este delito pasible de un año de prisión, por el que fue detenido el 11 de abril dentro de la legación ecuatoriana después de que Quito le retirara el asilo diplomático que le había concedido casi siete años antes.


Este es, sin embargo, solo el primer capítulo de la batalla legal que le espera al australiano, requerido por Estados Unidos para juzgarlo por “piratería informática”: hoy debe enfrentar una vista judicial por esa petición de extradición, que su equipo legal recurrirá en un proceso que podría alargarse hasta dos años. “El combate continúa”, afirmó el periodista islandés Kristinn Hrafnsson, redactor jefe de WikiLeaks, afirmando que “mañana empieza la batalla más dura y más importante” que podría constituir “una cuestión de vida o muerte para Assange”.


El editor y experto informático, de 47 años, llegó al juzgado en un furgón policial desde la prisión de Belmarsh, donde pasó las últimas dos semanas, con un desafiante puño en alto y mejor aspecto que cuando fue detenido. Vestido con chaqueta negra sobre una camiseta gris, había cambiado la larga barba blanca y la cola de caballo por una barba bien recortada y un cuidado cabello corto. “¡Vergüenza a Reino Unido!” y “¡Vergüenza a Ecuador que vendió a Assange!”, gritaba una manifestante mientras otro enarbolaba una pancarta que decía “Liberen a Julian Assange, candidato al premio Nobel de la Paz”.


Subrayando que vigilarlo durante tantos años tuvo un costo para los contribuyentes británicos, la juez Deborah Taylor le reprochó que se pusiera “deliberadamente” fuera del alcance de la justicia.”Es difícil imaginar un ejemplo más grave de este delito”, afirmó ayer durante la audiencia, dirigiéndose a Assange. “Al esconderse en la embajada, el 19 de junio de 2012, el acusado se había quitado del alcance -de la justicia-, de manera deliberada, al tiempo que permanecía en el Reino Unidoexplotando su posición privilegiada para incumplir la ley”, dijo la magistrada en su resolución.


Assange, a su vez, contestó que hizo lo que pudo. Lo hizo en una carta de arrepentimiento que fue leída por su abogado, quien aseguró que éste decidió quedarse en la legación ecuatoriana por “las amenazas que recaían sobre él desde Estados Unidos y que lo ensombrecían todo”. En su carta el periodista pide “disculpas sin reservas” a aquellas personas que consideren que les ha “faltado al respeto” por la manera en la que ha conducido su caso.”Me encontré en apuros con circunstancias difíciles. Hice lo que en aquel momento me pareció que era lo mejor o quizás lo único que podría haber hecho”, se justifica Assange en la misiva, en la que admite que lamenta el curso que ha tomado la situación. “Esas dificultades -continúa la carta- “tuvieron un impacto en muchas otras personas”.


Por su parte, el abogado que representa al fundador de WikiLeaks, Mark Summers, subrayó que durante los últimos años su cliente había sido controlado por el temor a ser entregado a Estados Unidos, donde se le quiere juzgar por los miles de cables difundidos por su portal. “Mientras le llovían las amenazas desde EE.UU., éstas empañaron todo lo que tenía que ver con él. Dominaron sus pensamientos. No fueron inventadas por él, le fueron controlando”, explicó el letrado.


El fundador de la plataforma de filtraciones, famosa desde que en 2010 difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos de Estados Unidos, era objeto de una orden de detención británica desde 2012. Esta fue emitida tras no presentarse a una comparecencia judicial en el marco de su libertad condicional después de refugiarse en la embajada de Ecuador para evitar a una extradición a Suecia, que lo había requerido en relación a una investigación por posibles delitos sexuales que posteriormente fue archivada.


Una de las posibles acusaciones en Suecia prescribió en 2015 y la otra fue abandonada en 2017 después de interrogar en la embajada ecuatoriana a Assange, a quien el anterior presidente de Ecuador, Rafael Correa, dio protección diplomática. La abogada británica Jennifer Robinson, que representa a Assange, aseguró recientemente que éste está dispuesto a cooperar con las autoridades suecas si retoman la investigación mientras su padre pedía desde Sidney que el informático, cuyo mal aspecto físico lo dejó conmocionado, fuera extraditado a Australia.


“La cuestión clave por el momento”, había dicho Robinson, “es la extradición a Estados Unidos”. Ya en 2012, Assange aseguró que quiso escapar a la extradición a Suecia para no acabar en Estados Unidos, donde sus defensores temen que pueda ser condenado a cadena perpetua o incluso muerte por traición. La justicia estadounidense afirma haberlo imputado únicamente de conspiración para cometer intrusión informática, un delito pasible de un máximo de cinco años de cárcel, por ayudar a la exanalista de inteligencia Chelsea Manning a obtener una contraseña que nunca fue utilizada, en el contexto de una mega filtración de documentos que sí fueron extraídos por Mannning y publicados por WikiLeaks.


Manning, que nació varón con el nombre de Bradley hace 31 años y cambió de género en la cárcel en 2012 (había sido condenada a 35 años de prisión y Obama la perdonó después de siete), volvió a ser detenida el 8 de marzo porque se niega a testificar ante un gran jurado que investiga a WikiLeaks y Assange.

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Domingo, 28 Abril 2019 05:50

Assange, WikiLeaks y el Estado vigilante

Assange, WikiLeaks y el Estado vigilante

Julian Assange no la tiene fácil, pero tampoco el gobierno de Estados Unidos. Washington lleva más de cinco años investigando al fundador de WikiLeaks a través de un Gran Jurado constituido en las entrañas del complejo burocrático-militar estadounidense. Pero cuando la embajada ecuatoriana echó como a un perro a su huésped más ilustre, el Departamento de Estados apenas pudo retenerlo tras las rejas de una cárcel británica con un modesto pedido de extradición basado solo en un intento fallido de descifrar la clave de una computadora del Departamento de Defensa. Si se llegara a probar que Assange efectivamente se valió de algún acto ilegal para intentar conseguir esa contraseña, se trataría de un presunto crimen informático castigado con hasta cinco años de cárcel. La acusación menciona que Assange solo le dijo a su presunta fuente, Chelsea Manning, que había intentado conseguir la clave pero “no tuve suerte”. Si tomamos semejante confesión literalmente (formaría parte de los chats borrados y luego recuperados entre Manning y Assange) habría que preguntarse si tratar de conseguir una clave secreta constituye delito y, si la respuesta fuera afirmativa, qué pasaría si el supuesto infractor no hubiera tenido “suerte”. Sin no se agregan acusaciones más sustanciales, dichas preguntas podrían terminar determinando la culpabilidad o inocencia de Assange, tanto en el juicio de extradición como en un eventual juicio criminal en Estados Unidos.

Sin embargo, nada asegura que Assange sea juzgado por lo que ha sido acusado hasta ahora. Por un lado, Estados Unidos, habiéndose asegurado el primer objetivo de retener bajo arresto a Assange a través de su pedido de extradición, podría agregar nuevas acusaciones antes de que el juicio de extradición culminara. Algunos expertos legales calculan que los fiscales estadounidenses que lo han requerido tienen hasta 65 días para ampliar su acusación, contando desde el momento en que Assange fue detenido, el 11 de abril pasado. Por otro lado, la alternativa que más inquieta a Assange y a su equipo es que se agreguen nuevos cargos a la acusación original, una vez que el editor y ciberactivista sea deportado de Gran Bretaña. “Creemeos que la acusación que se presentó con la solicitud de extradición es solo parte de la historia”, declaró el nuevo editor de WikiLeaks y vocero histórico de la organización, el periodista islandés Kristinn Hrafnsson. “Vendrán más, se agregarán más cargos.”


James C. Goodale, abogado principal del diario The New York Times durante el juicio por los Papeles del Pentágono en la década del 70, coincide con el pronóstico de WikiLeaks. “La acusación en contra de Assange parece escrita con el único objetivo de conseguir su extradición. Una vez que llegue a Estados Unidos, sin dudas, será golpeado con cargos múltiples”, escribió el abogado en The Hill, un sitio especializado en la cobertura del Capitolio. En su artículo, Goodale hace notar que la ley británica no permite extradiciones por razones políticas y que el crimen de espionaje es considerado un crimen político por la jurisprudencia de ese país. Por esa razón, explica el especialista, los fiscales estadounidenses han evitado por ahora acusar a Assange de espionaje. Sin embargo, continúa el abogado, en la acusación, la descripción de la conspiración de la que habría participado Assange contiene lenguaje extraído de la Ley de Espionaje. “Assange y Manning tenían razones para creer que la difusión pública de los despachos de las guerras de Irak y Afganistán causarían lesión a Estrados Unidos”, dice el texto presentado por los fiscales estadounidenses a las autoridades británicas En concreto, la frase “causar lesión a Estados Unidos” proviene de la Ley de Espionaje. Y según Goodale, no fue insertada en la acusación por casualidad. “Las referencias a la conspiración bajo la Ley de Espionaje en la acusación en contra de Assange hace pensar que Estados Unidos podría cambiar la carnada. O sea, primero sacar a Assange del sistema judicial británico como sea para después acusarlo de espionaje una vez que se encuentre en territorio de Estados Unidos.”


Pero para llevar adelante semejante estrategia los fiscales deben sortear un escollo no menor: el tratado de extradición no permite que una persona sea juzgada por un crimen diferente al por el cual fue extraditado. Sin embargo, dicho escollo legal no sería insalvable, opinó el ex abogado jefe del New York Times. “Hay una excepción a la prohibición de presentar nuevas acusaciones después de la extradición. Se trata de cargos adicionales que se basen en los mismos hechos por los que la extradición fue concedida. En otras palabras, Assange podría ser acusado de espionaje si esos cargos se presentaran como una profundización de la acusación por delitos informáticos”, explicó Goodale.


Pase lo que pase es altamente improbable que Assange sea condenado a muerte. Virginia es uno de los 30 estados entre los 50 del país norteamericano que aplica la pena capital. Es el más rápido en ejecutar a sus sentenciados, con un promedio de ocho años de espera, y es segundo detrás de Texas en cantidad de ejecutados desde 1976 (114, sobre un total de casi 1500). Pero tanto la legislación británica como la europea a la que Reino Unido suscribe prohíben extraditar personas a países con pena de muerte a menos que el país receptor garantice que dicha pena no será aplicada al extraditado.


La exigencia británica del respeto a la vida del extraditado no garantiza que Assange recibirá un trato respetuoso de los derechos humanos en un centro de detención estadounidense. Su supuesta fuente en la megafiltración llamada Cablegate, Chelsea Manning, detenido en 2010, condenado a 35 años y perdonado por Barack Obama a los siete, recibió en la cárcel un trato “cruel, inhumano y degradante, equiparable a la tortura”, según dictaminó en 2012 el entonces relator especial para la tortura de la ONU, Juan Méndez. Mientras Manning recibía ese trato, sus interrogadores insistían en demandarle que involucrara a Assange en un supuesto complot de espionaje. Hace dos meses Manning fue detenido nuevamente y hasta hoy permanece en una celda de aislamiento por negarse a contestar preguntas sobre Assange ante el Gran Jurado de Alexandria.


La nueva detención de Manning y la negociación informal para sacar a Assange de la embajada ecuatoriana en Londres son apenas dos botones de muestra de la creciente intolerancia del gobierno estadounidense a la filtración de información sensible desde la llegada a la presidencia de Donald Trump dos años atrás.


Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés), seis personas han ido a juicio por espionaje debido a sus filtraciones a periodistas desde la asunción de Trump, casi el doble de rápido que en los 8 años de Obama, período en el cual diez personas fueron juzgadas. La administración Trump dictó procesamientos por filtrar a la prensa información secreta de la Agencia de Seguridad Nacional (Reality Winner fue condenada a cinco años de cárcel), el FBI (Terry Albury, condenado a cuatro años cárcel) y la CIA (Joshua Schulte, detenido por difundir herramientas de hackeo de la agencia a través de WikiLeaks, está a la espera de ser juzgado.)


Claro que juzgar y condenar a Assange, un publicador de información secreta, sería muy distinto que ir en contra de los filtradores. Los principales medios de Estados Unidos (y del mundo entero) fueron socios de WikiLeaks en la publicación de sus filtraciones más impactantes y la primera enmienda de la constitución estadounidense protege explícitamente la libertad de expresión. Por eso los fiscales de Alexandria, en sus allanamientos e interrogatorios de testigos, insisten en buscar evidencias de que Assange participó en sus filtraciones de una manera distinta a la que habitualmente hacen los periodistas y que no fue simplemente un receptor pasivo de información que le llegó de manera anónima.


En ocho años de investigación, al parecer, apenas consiguieron un chat borrado que sugiere un intento fallido de descifrar una clave secreta y una narrativa legal, sin correlato empírico, que habla de una supuesta “lesión” a Estados Unidos. En tiempos de Trump, fake news y posverdad no hace falta mucho más para castigar al principal responsable de desnudar al Estado vigilante.


“La detención de Assange” –escribió Bruno Galizzi, de la Fundación Garzón en eldiario.es– “es un paso más dado por quienes quieren retroceder a épocas pretéritas cuando reinaba la opacidad, recortando nuestros derechos fundamentales y castigando a quienes dan a conocer los secretos que avergüenzan a quienes detentan el poder”.


@santiodonnell

 

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Lunes, 15 Abril 2019 07:03

El mensaje y el mensajero

El mensaje y el mensajero

El régimen encabezado por alguien que tiene entre sus consignas que los medios son "enemigos del pueblo" acaba de proceder penalmente contra Julian Assange, director fundador de Wikileaks. Este es un ataque contra todos los que ejercemos este oficio en el mundo (incluidos los que trabajamos en este periódico), pero también para cualquiera que considera que el pueblo tiene derecho de saber lo que los gobiernos hacen en sus nombres.

Noam Chomsky opinó que el arresto de Assange es "escandaloso" por la aparente colusión entre gobiernos –Estados Unidos, Inglaterra, Ecuador y Suecia, en este caso– para “silenciar a un periodista que estaba produciendo material que la gente en el poder no deseaba compartir con las multitudes… Wikileaks estaba revelando cosas que la gente debería saber sobre los que están en el poder. A los que están en el poder no les gusta eso, por lo tanto, lo tienen que silenciar… es un escándalo que ocurre una y otra vez”. También es escandaloso, comentó en un foro en Boston moderado por Democracy Now, que una vez más se demostró el alcance extraterritorial de Estados Unidos "para controlar lo que otros están haciendo en otras partes del mundo, eso es espantoso" (vale recordar que Assange no es estadunidense, sino australiano).

“Assange cometió los pecados imperdonables de avergonzar al establishment… Y ahora será castigado por nuestros pecados”, argumentó Jonathan Turley, profesor de leyes en la Universidad George Washington en un artículo publicado en USA Today.

Sin embargo, Assange es detestado por buena parte de los políticos demócratas que uno supondría defenderían la libertad de prensa. No perdonan que Wikileaks haya divulgado miles de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata durante la contienda presidencial de 2016 y que según ellos dañó la candidatura de Hillary Clinton (ella mismo declaró hace un par de días que Assange debe enfrentar "lo que se merece").

Neera Tanden, directora del Center for American Progress, un think tank encabezado por clintonistas, acusó en un tuit que "Assange fue el agente de un Estado proto-fascista, Rusia, para minar la democracia. Ese es comportamiento fascista. Todos en la izquierda deberían de repudiar lo que hizo, no celebrarlo". No mencionó que lo que fue revelado fue que Clinton y su equipo mintieron al público y sus trampas contra la campaña de Bernie Sanders para asegurar su nominación como candidata.

Otros "liberales" y demasiados periodistas justificaron el no defender a Assange con el argumento de que los cargos presentados por el Departamento de Justicia no tienen que ver con el ejercicio periodístico y/o que él no es periodista. Otros expresaron su antipatía contra el personaje por su megalomanía, su arrogancia o hasta por su comportamiento personal.

Pero como señala Alan Rusbridger, el ex editor ejecutivo de The Guardian, quien colaboró con Assange (y con quien se acabó peleando), publicar los archivos secretos oficiales obtenidos por Chelsea Manning y entregados a Wikileaks, no es el punto. En un artículo publicado en el Washington Post argumentó que “las leyes que protegen la libertad de expresión no deberían depender de la simpatía, salud mental o higiene personal de aquellos que están en la línea de fuego… aquí se tiene que considerar las implicaciones para la libertad de expresión”. Concluyó: “si creemos que la luz del día es una condición necesaria para la democracia…entonces la defensa de reporteros de investigación, a pesar de qué tan difíciles y hasta equivocados podrán estar, es importante”.

Por ahora, los responsables de violaciones a los derechos humanos, engaños y atentados contra las libertades civiles no han enfrentado la justicia, mientras Manning, Edward Snowden, Daniel Ellsberg, junto con periodistas (incluido el proyecto de Wikileaks) que entregaron los mensajes sobre todo esto al público son criminalizados y declarados "enemigos del pueblo". Ese es un truco antiguo, culpar al mensajero para intentar anular el mensaje.

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Viernes, 12 Abril 2019 06:26

Control social, designio del siglo XXI

Control social, designio del siglo XXI

Cuando el control social que ejercen los estados y las empresas se convierte en una malla tan fina que atrapa y sujeta todas las manifestaciones de la vida cotidiana, ¿es importante quién gobierna? El concepto de gobierno (instituciones estatales, nacionales, federales o municipales) es absolutamente insuficiente para comprender lo que está sucediendo en el día a día de nuestras sociedades.

La semana pasada en Bogotá, escuché asombrado los relatos sobre los niveles a los que está llegando la aplicación del Código de Policía. Un joven de 22 años, trabajador y estudiante universitario, fue castigado con una multa de 280 dólares (más de cinco mil pesos mexicanos) por comprar una empanada en la calle. La vendedora también fue multada.

En apenas dos años de vigencia del código se impusieron 400 mil multas, por situaciones cotidianas como correr en una estación de autobuses, comprar a vendedores ambulantes o defender a quien sufre multa policial, por "obstrucción" de la labor de los uniformados.

El Código de Policía fue aprobado en 2017, mientras se negociaba la paz con las FARC. El objetivo es evidente: taponar los poros por donde respira la cultura popular y juvenil, ya que se castigan hábitos como beber en las plazas, hacer malabarismo, actitudes circenses hacia la policía, entre muchas otras. Para los de abajo, el nuevo código implementa el "estado de excepción permanente" del que nos hablaba Walter Benjamin, que forma parte de la vida cotidiana de las personas oprimidas.

En China el control de la sociedad por el Estado es mucho más estricto aún. El sistema de "crédito social" otorga o quita puntos a las personas que, por ejemplo, fumen en lugares prohibidos, y se los sube a los que tienen actitudes condescendientes. En el puntaje entran todos los comportamientos de las personas, incluso algunos íntimos, como el consumo de películas o libros "eróticos", o hablar en forma grosera con alguien.

Los modos de control combinan las cámaras de videovigilancia (China tiene casi la mitad de las existentes en el mundo), con la inteligencia artificial y el reconocimiento facial. De ese modo, el Estado puede saber cuántos viajes has hecho en taxi y a dónde, qué compras, tus facturas médicas y hasta tus "generosidades" con los demás, como destaca el informe de Le Monde Diplomatique titulado "Chinos buenos y chinos malos" (edición de enero).

Como ejemplo de las puntuaciones que se imponen a los ciudadanos, el mensuario destaca: un punto por ayudar a un anciano a acudir a un hospital; cinco puntos menos y una multa por arrojar la basura al río. Pero por colocar un adhesivo contra el gobierno, te quitan 50 puntos y mil yuanes de multa. Como en los buenos regímenes autoritarios, todo viene mezclado: el castigo a los disidentes con la ayuda al prójimo y los malos hábitos.

Pero ahí comienzan los verdaderos problemas. Los que se portan bien, reciben regalos el día del Año Nuevo chino o tienen facilidades para obtener créditos para viajes o estudios. Los que tienen pocos puntos no pueden postularse a ciertos empleos, tomar vacaciones, subirse a trenes rápidos durante un año, reservar una habitación en un hotel o inscribir a su hijo en una buena escuela.

Las listas negras van de la mano de humillaciones públicas, ya que los datos se ventilan en páginas web, pero en algunos pueblos "los malos puntajes y el nombre de sus titulares son repetidos por altoparlante el viernes por la noche", de modo que el sistema convierte a tus vecinos en centinelas, según Le Monde Diplomatique.

El investigador de Amnistía Internacional para China, Patrick Poon, considera que el sistema de otorgar recompensas y castigos es una "práctica de control social a gran escala que legitima la clasificación jerárquica de los ciudadanos" (https://bit.ly/2G1diaz).

Cuando se producen hechos políticos importantes, como la Asamblea Nacional Popular, el régimen impone "vacaciones forzadas" a los disidentes obligándolos a salir de la ciudad, acompañados por agentes policiales para ser alojados en hoteles y complejos turísticos alejados con todos los gastos pagados (https://bit.ly/2Z3cRp4).

Hay muchos más ejemplos sobre el control social. La realidad se acerca cada vez más al concepto de "democracia totalitaria", del portugués João Bernardo. En su libro de próxima aparición en castellano, registra la estrecha relación entre el autoritarismo empresarial y el gubernamental, ya que los trabajadores pasan buena parte de su vida sometidos a la estricta disciplina imperante en el horario laboral.

Se pregunta qué quiere decir democracia, en nuestras sociedades donde reina el poder omnímodo de las empresas. "La sociedad neoliberal llegó a un punto en que es muy difícil aplicarle las antiguas definiciones del estado de derecho que hasta hace poco distinguían las democracias de los regímenes donde impera la arbitrariedad política", sigue Bernardo. Nos queda la tarea de trazar los caminos para cambiar el mundo ante estas mutaciones sistémicas.

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Ecuador entrega a Assange a GB; ya lo reclama EU

Londres. Arrastrado primero y cargado después por siete agentes de Scotland Yard, "invitados" por el embajador de Ecuador en esta capital, Jaime Alberto Marchán, el fundador del portal de filtraciones Wikileaks, Julian Assange, fue sacado este jueves de la legación en la que se refugió desde el 19 de junio de 2012.

Media hora antes, Marchán citó al activista a su despacho para leerle la decisión de Ecuador y le pidió abandonar la sede diplomática, relató el canciller ecuatoriano, José Valencia. La agencia de noticias Europa Press reportó que el periodista al parecer se resistió al grito de "esto es ilegal".

En vista de la negativa, el diplomático pidió a la seguridad del recinto que lo sacaran del lugar y lo entregaran a la policía metropolitana londinense.

Cerca de las 10 de la mañana Assange, de 47 años, fue expulsado de la representación diplomática, esposado, cargado por la fuerza y aferrándose al libro Gore Vidal, historia del estado de seguridad nacional, que recoge las conversaciones sobre el funcionamiento de la política en Estados Unidos entre el periodista canadiense Paul Jay y el fallecido ensayista estadunidense.

"Deben resistir, Reino Unido tiene que resistir este intento de la administración (de Donald) Trump", gritó Assange cuando era sacado de la embajada.

Delgado y desaliñado, con larga barba blanca y el cabello recogido en una cola, el australiano fue introducido por la fuerza en un furgón policial.

En julio de 2010, Wikileaks publicó 70 mil documentos militares confidenciales sobre las operaciones de la coalición internacional en Afganistán. A finales de octubre filtró 400 mil más relacionados con la guerra de Irak y un mes más tarde el contenido de unos 250 mil cables diplomáticos secretos del Departamento de Estado.

El 18 de noviembre de ese año, Suecia emitió una orden de detención contra Assange, acusado de presuntas agresiones sexuales, incluida la violación de mujeres. Ante el temor de que si lo llevaban a Suecia sería extraditado a Estados Unidos, decidió refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres en junio de 2012.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tuiteó un video en el que justificó su decisión de revocar el asilo diplomático otorgado en 2012 y la nacionalidad ecuatoriana concedida en 2017 a Assange, porque "violó reiteradamente" las normas que regían su protección.

Desde Quito, el canciller José Valencia, ante la asamblea unicamaral ecuatoriana, alegó que se adoptó la decisión porque el fundador de Wikileaks externó opiniones sobre asuntos internos de otros estados, mal comportamiento y falta de respeto a las autoridades ecuatorianas, amenazas contra el Estado y la embajada en Londres.

Más aún, aseguró que Assange, junto con el ex canciller Ricardo Patiño y algunos hackers, que no identificó, conspiraban para desestabilizar al gobierno de Moreno.

Agregó que la salud del australiano estaba en riesgo debido al encierro prolongado y que el asilo no es un instrumento para evadir la justicia. Añadió que la cancillería y la contraloría investigarán las anomalías detectadas para la concesión de la ciudadanía ecuatoriana.

Desde su asiento en el furgón policial, Assange sonrió, hizo un guiñó y levantó el pulgar de la mano derecha en señal de victoria a un grupo de periodistas y fotógrafos. Sin pausas, fue trasladado al Tribunal de Magistrados de Westminster.

El juez de distrito Michael Snow no perdió tiempo en culparlo por violar los términos de su libertad condicional, otorgada en 2012, luego de que Suecia lo solicitó en extradición.

Los fiscales en Estocolmo abandonaron la investigación en mayo de 2017 porque "no pudieron avanzar", mientras Assange permaneció en la embajada. La vicefiscal general de Suecia, Eva-Marie Persson, indicó ayer que una de sus acusadoras solicitó formalmente la reapertura del caso, lo cual, si ocurre, puede abrir una batalla judicial que se prolongaría varios años.
El activista alegó que no tuvo una audiencia judicial justa, porque el marido de la juez que llevó el caso resultó perjudicado por las publicaciones de Wikileaks. "Eso es ridículo", replicó Snow, quien calificó a Assange de "narcisista incapaz de superar sus propios intereses".

Mientras la sesión se desarrollaba, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó su extradición para juzgarlo por "conspiración para cometer intrusión informática" por haber ayudado a la ex analista de inteligencia estadunidense Chelsea Manning a obtener una contraseña para acceder a cientos de miles de documentos de defensa confidenciales y luego divulgarlos en su portal.

El juez Snow lo citó a nueva audiencia el 2 de mayo y ordenó que el acusado permanezca bajo custodia policial. La pena exacta por violar la libertad condicional la decidirá un tribunal superior en fecha aún por determinar, informó el diario británico The Guardian, aunque podría ser condenado a 12 meses de cárcel.

Tras la comparecencia, Jennifer Robinson, abogada británica de Assange, afirmó que "impugnará y luchará" contra la extradición a Estados Unidos. Carlos Poveda, otro letrado defensor del activista, comentó que el gato de Assange fue resguardado antes de la detención.

En Madrid, el ex juez Baltasar Garzón, otro de sus abogados, comentó que Assange corre el riesgo de ser torturado si lo trasladan a Estados Unidos.

Expertos en derecho internacional aseguraron que la nueva pelea legal podría durar años, con largas audiencias en Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos que requieran de evidencias que deberán cruzar varios países y testimonios de expertos en medio de una discusión sobre los derechos humanos y la salud de Assange.

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó ante la Cámara de los Comunes: "En el Reino Unido nadie está por encima de la ley", y agradeció al gobierno de Ecuador por su cooperación y a la policía británica por su "gran profesionalidad".

El líder laborista Jeremy Corbyn tuiteó: "La extradición de Julian exhibiendo a Estados Unidos por exponer evidencias de las atrocidades en Irak y Afganistán debería ser rechazada por el gobierno británico".

El redactor en jefe de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, aseguró que Assange sólo es culpable de "conspiración para cometer periodismo".

Horas más tarde, Lenín Moreno arremetió de nuevo contra el activista: "Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato". Durante un acto en la sureña ciudad Latacunga, aseguró que Assange llegó a "manchar con su excremento" la embajada de Quito en Londres.

“De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers cuya única intención es desestabilizar gobiernos”, añadió.

Con su encierro, Assange superó los casos de Víctor Haya de la Torre, asilado cinco años en la embajada de Colombia en Lima (1949-1954), y del argentino Héctor Cámpora, refugiado en la embajada de México en Buenos Aires donde permaneció tres años después del golpe de Estado que instituyó una sangrienta dictadura que se extendió hasta 1983.

Al cierre de esta edición se reportó que un colaborador de Assange fue detenido cuando intentaba salir de Ecuador hacia Japón, informó la ministra ecuatoriana del Interior, María Paula Romo, sin precisar la identidad del detenido.

Sin citar fuentes, el canal Teleamazonas lo identificó como Ola Bini, un sueco dedicado al desarrollo de tecnología vinculada a seguridad, privacidad y criptografía.

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