ACTUALIDAD

Pobreza: ¿tema macroeconómico o problema...
El llamado Premio Nobel de Economía ha sido entregado este año a tres investigadores que han desarrollado una novedosa línea de trabajo sobre la pobreza en el mundo. Se trata de Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer, quienes desde hace ya dos décadas cultivan un "enfoque experimental"... Leer Más
El zar Vlady Putin visita Arabia Saudita,...
Sucedió al día siguiente lo que escribí: "Un escenario consiste en la quizá tardía reconciliación del gobierno central de Bashar al Assad con los secesionistas kurdos siempre y cuando pospongan su elusiva independencia" (https://bit.ly/2BanSdb), al unísono del retiro de mil soldados de EU que... Leer Más
"Fue una negociación pública inédita en la...
La académica Stoessel reflexiona sobre la situación de Ecuador tras el acuerdo entre el gobierno y los sectores populares; el rol de los medios y de las Fuerzas armadas así como la persecución al correísmo. Soledad Stoessel es profesora de sociología y politóloga en la Universidad Nacional de La... Leer Más
Los Estados y las empresas no pueden resolver el...
Es muy positivo que millones de jóvenes salgan a las calles contra el cambio climático, en todo el mundo. Para muchas es la primera experiencia de lucha y movilización, y es destacable que lo hagan sin que medien aparatos políticos que convoquen y/o manipulen. Este es el aspecto fundamental que... Leer Más
Banerjee, Duflo y Kremer ganan el premio Nobel...
El Banco de Suecia les galardona porque han contribuido a desarrollar políticas e incentivos para ayudar a los hogares más pobres El Banco Nacional de Suecia ha concedido este lunes el Premio Nobel de Economía a Abhijit Banerjee (Bombay, 1961), Esther Duflo (París, 1972) y Michael Kremer (EE UU,... Leer Más
Idiotez política contra kurdos
Qué perfidia. ¿Existe una palabra más solemne que pueda aplicarse a semejante traición? Los kurdos, aliados de Occidente, son traicionados una vez más. Antes Kissinger, ahora Trump. Y aquí vienen de nuevo los turcos con sus juegos fronterizos, fingiendo que combaten el "terrorismo" cuando están... Leer Más
Lenín Moreno cede: deroga el aumento de los...
El gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena alcanzaron un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace más de diez días. El gobierno ecuatoriano se comprometió a derogar el decreto que eliminaba el subsido estatal a los combustibles.  Sucedió luego de más de diez días... Leer Más
Pan, ira y rosas
Unos 50 mil trabajadores de General Motors (GM) están por cumplir un mes en huelga, la acción laboral del sector privado más grande de la última década (que afecta, por las cadenas de producción integradas, a miles de trabajadores más en México y Canadá) en una disputa que es, en esencia, una... Leer Más
prev
next
Bolsonaro elogia la dictadura chilena al responder a críticas de Michelle Bachelet

Río de Janeiro. En su más violento –y virulento– ataque personal, el neofascista presidente brasileño, Jair Bolsonaro, eligió como blanco a la ex mandataria chilena y actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Además, elogió al dictador Augusto Pinochet por, entre otras cosas, haber matado "comunistas" para impedir en 1973 que Chile se transformara "en Cuba". Mencionó directamente al brigadier Alberto Bachelet, padre de Michelle, asesinado en prisión luego de una sesión de tortura en febrero de 1974. Al año siguiente la misma Bachelet fue apresada y torturada.

Entre otras ofensas, Bolsonaro dijo, refiriéndose al blanco de su ráfaga, que "quien no tiene qué hacer trata de abrigarse en la cuestión de los derechos humanos".

Brasil, a propósito, está en campaña para ocupar una plaza en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Diplomáticos que todavía no han sido removidos de sus puestos vieron en el ataque de Bolsonaro un acto de sabotaje a su trabajo.

En la representación de la ONU en Ginebra las palabras contra Michelle Bachelet y su padre asesinado fueron consideradas "vergonzosas" e "inconcebibles".

Por la mañana, en Facebook, Bolsonaro –o quien escribe por él– había dicho: "Michelle Bachelet, comisionada de Derechos Humanos de la ONU, siguiendo la línea de Macron de entrometerse en los asuntos internos y en la soberanía brasileña, embiste a Brasil en la agenda de derechos humanos (de bandidos), atacando a nuestros valiosos policías civiles y militares. También dice que Brasil pierde espacio democrático, pero se olvida de que su país no es Cuba gracias a los que tuvieron el coraje de darle un basta a la izquierda en 1973, y entre los comunistas estaba su padre, brigadier en aquella época".

Esta fue su reacción a declaraciones de Bachelet hechas en Ginebra, en las cuales mostró su preocupación por lo que ocurre en Brasil desde la llegada del ultraderechista a la presidencia.

En un lenguaje cuidadoso, aunque contundente, Bachelet señaló que Brasil sufre "una reducción del espacio democrático", con énfasis en los ataques a defensores de la naturaleza y de los derechos humanos. Mencionó directamente el aumento de muertes causadas por policías, cuyas mayores víctimas son negros y habitantes de villas miseria.

Luego de lamentar "el discurso público que legitima ejecuciones sumarias e impunidad", cuestionó la política de facilitar el acceso indiscriminado a las armas, defendida con ardor por Bolsonaro.

También se extendió a las agresiones al medio ambiente, concentrándose en denunciar los ataques a los indígenas y la violencia en el campo, además de los incendios intencionales.

La nueva diatriba de Bolsonaro supera todos sus antecedentes de ataques personales sin control ni límite.

Su frontal agresión a la ex mandataria chilena despertó críticas severas en Chile, incluso en sectores de la derecha que han sido opositores a Bachelet en sus dos mandatos presidenciales.

En Santiago, el presidente del Senado, Jaime Quintana, repudió el ataque y aseguró que Bolsonaro "agredió la memoria de los chilenos". Exigió, además, una "respuesta contundente" del presidente derechista Sebastián Piñera.

"No comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto de una ex presidenta de Chile, especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre", sostuvo más tarde Piñera.

Se creó, además, fuerte malestar en vísperas de la visita oficial a Brasil del ministro chileno de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, prevista para hoy.

Desde que Bolsonaro asumió la presidencia brasileña y empezó a disparar declaraciones sin evaluar consecuencias, surgieron problemas con, en orden alfabético: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Chile, Cuba, Francia, Irán, Israel, Paraguay, Noruega y Venezuela.

Nunca antes, sin embargo, había sido tan agresivo como ahora.

En Brasilia y Santiago nadie se animó, en un primer momento, a calcular las consecuencias del nuevo desastre de un Bolsonaro en estado puro, pero se considera que serán inevitables.

Publicado enInternacional
Martes, 03 Septiembre 2019 05:47

El negacionismo frente a las víctimas

El negacionismo frente a las víctimas

“No hay desaparecidos en el Palacio de Justicia”, informó el titular de prensa que reprodujo las declaraciones brindadas por el fiscal Jorge Sarmiento, a cargo de la investigación para encontrar los restos de los desaparecidos de tan luctuoso suceso. Al día siguiente, lo matizó diciendo “No es cierto, es una falacia por generalización apresurada concluir eso”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 14 de noviembre de 2014, le ordenó al Estado efectuar una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de las once víctimas desaparecidas del Palacio, a la mayor brevedad posible.

En cumplimiento de ese mandato, la Fiscalía General de la Nación creó una unidad investigativa, integrada por cuatro fiscales, entre ellos Sarmiento,quien recientemente afirmó en los medios de comunicación que al encontrarse los cuerpos de seis personas que figuraban como desaparecidas, ya no existe la desaparición forzada respecto a estas víctimas.

Se refería el investigador al hallazgo de los cuerpos, en distintos momentos y lugares del país, de Ana Rosa Castiblanco (2001) y Lucy Amparo Oviedo (2015) en la fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá;de Cristina del Pilar Guarín Cortés y Luz Mary Portela León (2015);y de Héctor Jaime Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández (2017) en cementerios privados de Bogotá, Barranquilla y Manizales.

La Corte IDH dijo que “la forma en que se trataron los cuerpos de las personas fallecidas, la inhumación en fosas comunes sin respetar parámetros mínimos que facilitan la posterior identificación de los cuerpos, así como la falta de entrega de los cuerpos a sus familiares puede constituir un trato denigrante, en perjuicio de la persona fallecida así como de sus familiares”.Advirtió además que “el hecho que aparezcan los cuerpos en esa fosa común, no quiere decir que las personas no hayan podido salir con vida del Palacio”, como efectivamente se comprobó en noviembre de 2015, cuatro años después de la sentencia, que Ana Rosa Castiblanco salió viva del Palacio.

El que aparezcan seis cuerpos no borra la desaparición forzada.Una verdad no borra otra verdad.La Corte IDH ha dicho que los elementos concurrentes y constitutivos de éste crimen son: (a) la privación de la libertad; (b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y (c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. La jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, al igual que varias cortes constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales nacionales, coinciden con la caracterización indicada.

Faltan por encontrar los cuerpos de cinco personas. Según el fiscal, son los únicos desaparecidos forzados: Carlos Rodríguez Vera y David Suspes Celis –con prueba de video que salieron con vida del Palacio–, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola Figueroa e Irma Franco Pineda, a quien más de 60 testigos la vieron en la Casa del Florero.

El investigador, al referirse a la situación del general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 35 años de prisión por las desapariciones forzadas del Palacio,dijo que será la Corte Suprema de Justicia la que reverse la sentencia de desaparición forzada y la cambie por homicidio. Es de notorio conocimiento público que la Corte ya se pronunció al respecto y mantuvo la desaparición forzada. ¿Ignorancia, mala fe o ambas cosas?

Las justicia colombiana ya emitió su veredicto sobre los desaparecidos del Palacio mediante sentencias del Consejo de Estado que condenó a la Nación por las desapariciones forzadas, y con las dos sentencias de juezas penales y del Tribunal Superior de Bogotá, que condenaron a los militares Arias Cabrales y Plazas Vega por estas desapariciones forzadas. La Corte Suprema de Justicia, que después absolvió al coronel Plazas, dejó en firme que hay desapariciones forzadas. La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, integrada por tres exmagistrados de la Corte Suprema, en su informe final determinó también la existencia de la desaparición forzada de personas. Decisiones de notorio conocimiento público, ¿cómo es posible que no lo sepa el fiscal?

La Corte IDH soportó su sentencia en estas decisiones y fue más allá cuando hizo notar que: “los hechos del presente caso se enmarcan en un contexto de sucesos graves, complejos y mayores a aquellos sometidos a juzgamiento, en los cuales fueron víctimas centenares de personas adicionales a las presuntas víctimas del presente caso”.

No se equivocó la Corte. Los cuerpos que se presumían que eran de los magistrados Andrade y Echeverry –y que fueron entregados a sus familiares recién ocurridos los hechos. Treinta y dos años después resultaron ser los de Héctor Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández, empleados de la cafetería del Palacio de Justicia. Los dos magistrados están desaparecidos y sus familiares los buscan.

El investigador parece operar bajo una hipótesis del negacionismo investigativo, lo cual va a contrapelo de las decisiones de la justicia colombiana e internacional. Igual que el fiscal Sarmiento piensa el doctor Rafael Nieto Loaiza,exagente del Estado colombiano ante la Corte IDH que dijo que no hay desapariciones forzadas, ni torturas, ni ejecuciones extrajudiciales en el Palacioy,el coronel Plazas Vega, quien reiteradamente afirma que no hay desaparecidos en el Palacio, que por el contrario, están muertos y no los han buscado bien, que la única desaparecida es Irma Franco. Plazas sabe lo que dice porque mandó a matar a “esos h.p.”. Llamativo: el fiscal Sarmiento y el coronel Plazas piensan igual.

La evidencia probatoria en que se basaron los jueces domésticos y el tribunal internacional sostiene lo contrario. Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Bernardo Beltrán se les ve salir con vida de la edificación en los videos.(El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar y ediciones desde abajo, 2017).

La directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Adriana García, en agosto de 2019justificó los errores técnicos cometidos en la época de los hechos por no contar con las herramientas adecuadas con las que se cuenta hoy para identificar los cadáveres, ampliando así de manera indirecta las afirmaciones negacionistas del fiscal.El doctor Ego Lutenberguer, director del Instituto de Medicina Legal en 1985, le dijo a la fiscal Ángela Buitrago Ruíz durante la investigación del coronel Plazas Vega que el trabajo realizado por su institución fue perfecto. Sin embargo el doctor Carlos Valdés,a quien se atribuye el éxito de los recientes hallazgos, dijo en noviembre de 2018 que en 1985 los militares se tomaron el Instituto de Medicina Legal.¡Baíleme ese trompo en la uña! Nos preguntamos: ¿quién dice la verdad? ¿a quién le creemos?

Refiriéndose a las afirmaciones del fiscal Sarmiento, la doctora Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, dijo que el negacionismo no le ayuda a la paz dado que toda la población colombiana se dio cuenta que salieron personas vivas del Palacio y sus familiares siguen reclamando a sus seres queridos. Por su parte, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, se mostró sorprendido por el pronunciamiento del fiscal y se comprometió a esclarecer la verdad humana, ética e histórica de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

El negacionismo hacia las víctimas también se emplea para desconocer la existencia del conflicto armado interno en Colombia. Esa es la posición del expresidente Álvaro Uribe, apoyado por su partido el Centro Democrático y el fiscal investigador.

Además de negar la existencia de estos desaparecidos, el fiscal Jorge Sarmiento matizó que lo existente son “malas entregas y cuerpos mezclados”. Este asunto ya lo decidió la Corte cuando afirmó, que “los hechos del presente caso impactaron a más personas de las que están actualmente representadas ante la Corte, como efectivamente sucedió con los casos de los magistrados Andrade y Echeverry. Sobre cuerpos mezclados, está el del magistrado Pedro Elias Serrano Abadía y la visitante Norma Constanza Esguerra. La Corte le reprochó al Estado que no se haya exhumado el cuerpo del magistrado, situación que sigue sin esclarecerse hasta la fecha. Increíblemente, el fiscal Sarmiento invoca a su favor los propios errores cometidos por el Estado –lo cual viola los principios generales del derecho–, como la variación de la escena del crimen: apilar los cadáveres en el primer piso, lavar los cuerpos, mezclar prendas personales, inhumar los cuerpos en fosa común, errores que aceptó el Estado ante la Corte.

Afirmó el investigador que el trabajo de identificación de los cuerpos “de verdad debe ser orgullo patrio” –al igual que el coronel Plazas Vega quien piensa que “defendió la democracia” en la retoma del Palacio con el exceso de uso de la fuerza, al emplear tanques de guerra de manera indiscriminada contra la edificación.

Negacionismo, rueda suelta y Fiscalía General de la Nación

El negacionismo revictimiza a las víctimas por el sufrimiento adicional que a los familiares les genera, faltando a su deber de investigar el delito, instruir las diligencias para el esclarecimiento de lo ocurrido y asegurar el soporte médico legal para identificar los cuerpos.

La postura tanto del fiscal, como del Instituto de Medicina Legal –que debería guardar independencia frente a la Fiscalía General de la Nación– es un ataque al Acuerdo de Paz, concretamente a la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que hace parte junto con la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento y la Justicia Especial para la Paz, del Sistema Integral de Verdad, justicia y reparación integral. Las víctimas de desaparición forzada cometidas por el ejército y por paramilitares en connivencia con éstos, ¿pierden el carácter de desaparecidos forzados al encontrarse sus restos?

Nos preguntamos también si el fiscal Sarmiento actúo como rueda suelta o si, por el contrario, su postura negacionista hace parte de un política institucional de la Fiscalía General de la Nación. La sociedad colombiana y la comunidad internacional merecen una respuesta a estos interrogantes.

La Corte IDH le ordenó al Estado colombiano llevar a cabo, en un plazo razonable, investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para establecer la verdad de los hechos, y determinar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

Sobre establecer la causa de la muerte de las personas, dijo el fiscal que va a ser muy difícil aclararlo, porque los restos que han encontrados han sido mínimos, son muy pequeños, están carbonizados, lo que no les permite a los investigadores dar cuenta de cómo murieron la personas y las circunstancias de esas muertes. Añade que en los informes de Medicina Legal se afirma que la causa de la muerte de los nuevos hallazgos es el homicidio, pero para saber la verdad de cómo murieron “nunca lo vamos a poder saber”. Es decir, no habrá ni verdad ni justicia en las desapariciones forzadas y las ejecuciones extra judiciales del Palacio. La Fiscalía no busca ni la verdad ni la justicia, sino la impunidad total.

Por último,el investigador se refirió públicamente a la audiencia de seguimiento de sentencia con carácter privado del caso Palacio de Justicia, que va a realizar la Corte IDH el próximo 6 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, anunciando que le van a decir a la Corte que han hecho un trabajo brillante, porque hasta la fecha han encontrado a estas personas y seguirán en la búsqueda de los que faltan. ¿Qué se pretende con ésta estrategia mediática? ¿Quiere incidir y convencer a los jueces y a la opinión pública que la Fiscalía cumplió la sentencia?

La respuesta a estos interrogantes la debe dar la Corte cuando emita la resolución de cumplimiento de sentencia del caso bajo examen. A la vez, ¿no debería el Tribunal repensar su práctica implementada hace tres años, de otorgar audiencias privadas de casos en países de donde el Estado es parte? Con la experiencia de la audiencia privada del Palacio de Justicia que se avecina, se corre el riesgo que se ventilen asuntos privados de manera pública. ¿No sería mejor adelantar este tipo de audiencias en la sede de la Corte en San José de Costa Rica o en otro país distinto al concernido con el caso?

Ojalá que se encuentren los cuerpos de las cinco víctimas restantes y los de las demás víctimas del Palacio que hoy figuran como desaparecidas, así como los demás desaparecidos en Colombia, porque las familias tienen derecho a cerrar su duelo, a recibir los restos en forma digna y a darle sepultura a sus seres queridos. Al igual, la sociedad colombiana y la comunidad internacional tienen derecho a conocer la verdad de lo sucedido.

Publicado enColombia
“Hemos roto las cadenas, pero no las hemos destruido”

Mi dictamen
sobre el gobierno
que conviene
al Reino
de la Nueva
Granada

 

En 1811, a un año del movimiento que puso fin en Santafé de Bogotá al Régimen colonial, la Junta Provisional de Gobierno integrada por criollos ilustres, aún no se ponía de acuerdo sobre qué clase de gobierno debería establecerse. La mayoría de los miembros de la Junta eran partidarios de esperar los acontecimientos de la Península y las noticias sobre la suerte del monarca, Fernando VII, que estaba prisionero de los franceses. También se discutía acerca de cuál gobierno podría ser más conveniente en las nuevas circunstancia. ¿Centralista? ¿Federalista?

El periodista Antonio Nariño, que no formaba parte del gobierno, comenzó a publicar desde el 13 de julio del año citado el semanario La Bagatela, de tono acentuadamente crítico sobre cómo los dirigentes criollos estaban manejando las cosas. Respecto al gobierno que le convenía al entonces todavía llamado Reino de la Nueva Granada, escribió una sería de artículos con un profundo sentido político y un conocimiento perspicaz de la idiosincrasia neogranadina.


****


I

 

Es cosa graciosa oír a un periodista de bagatelas anunciar con magisterio su dictamen, nada menos que sobre un punto en que se han quebrado la cabeza nuestros Doctores, sin haber hasta ahora adelantado nada. …Seamos justos: ¿no se han dicho veinte mil bagatelas en todo el Reino sobre esta materia? Pues déjeseme decir a mí una para todo el Reino, y cuando más concluiremos que se han dicho veinte mil y una bagatela, hasta el 28 de julio. –Entremos en materia.

Yo me figuro, para decretar a mi gusto, que soy un soberano con los plenos poderes de todo el Reino; y que tengo mi trono, como el gran Lama, en la punta de un cerro. Como mi idea no es la de gobernar a mi gusto, sino la de que se gobiernen al suyo mis amados Granadinos, doy orden para que vengan Diputados de todas las Provincias y me expongan su voluntad en un Congreso que yo presidiré.

Llegan los Diputados a las faldas de mi trono: se señala el día y la hora del cónclave (porque por ahora hacemos poco caso de los términos); y tomando la voz el más sabio, o el más atrevido, me expone a nombre de todo el Colegio: “Que la voluntad general quiere, que todas las Provincias, por sus límites viejos, se erijan en Estados soberanos independientes, no sólo de la España y demás potencias Europeas, sino hasta de su antigua Capital; que se unan por medio de un Congreso Federativo, que solo conozca de paz y guerra y que a los pueblos que querían seguir su ejemplo (esta es la fábula de los Congresos) se les obligue por la fuerza a vivir sujetos y dependientes de sus antiguas matrices.

Oída la expresión de la voluntad general, y en virtud de la Soberanía que me he supuesto, y de los plenos poderes que con igual título tengo de todo el Reino, mando: que todas las Provincias sean de hoy en adelante Estados Soberanos independientes; que no solo se reconozcan tales unos entre otros, porque así les tiene cuenta, sino que los reconozcan también en todas las potencias de Europa, el Emperador de China y el gran Kan de los Tártaros; que se unan por un Congreso Federativo que conozca solo de paz y guerra; y que al pueblo que quiera seguir su ejemplo, se le castigue por querer un disparate.

Con este mi soberano decreto se retiraron los Diputados de todas las Provincias muy contentos y yo, creyendo haber vaciado en él toda la sabiduría humana, determiné entregarme al sueño de Epiménides, y no despertar, como este sabio, hasta pasados 57 años, para ver ya floreciendo mis Provincias. Pero no sé cuántos años, meses o días había dormido, cuando me vinieron a despertar, avisándome que ahí estaban otra vez los Diputados de las Provincias que pedían audiencia.


II

 

Llegó el domingo señalado para el segundo Congreso, y después de las ceremonias de estilo en casos de semejante importancia, tomó la voz uno de los Diputados:

–Muy alto, muy elevado, y por vuestra voluntad, muy poderoso señor: Yo, a nombre de toda esta ilustre Asamblea vengo a haceros presente que de nada nos sirvió tu soberano decreto, pues, aunque de derecho quedamos todos erigidos en Soberanos Estados, en el hecho nos hemos hallado tan embarazados que no ha sido posible atar ni desatar. ¡Cuántas veces, Señor, hemos suspirado por tu Soberano poder! Si como nos hiciste la gracia de hacernos soberanos con un solo decreto, nos hubieras con otro dado rentas, creado tribunales y organizado una milicia, levantado Escuelas, Colegios y Universidades, para formar los hombres de que carecemos, creed, Señor, que nuestro agradecimiento y nuestra Soberanía habrían sido completos. Mas habiéndonos encontrado, como muchos Doctores, con el título y sin la ciencia, no nos queda otro recurso que el de venir a echarnos a tus pies, e implorar con lágrimas en los ojos ese poder creador, para que con un nuevo Decreto suplas nuestras faltas. ¿No podrá, elevado Señor, crear Jueces, Magistrados, Legisladores, Militares, Filósofos, el que ha podido convertir unas pobres Provincias en Estados Soberanos?

–Esperamos, pues, muy Alto, muy Elevado y muy Poderoso Señor, que con la misma facilidad que nos otorgaste la gracia mayor, nos otorgues esta menor que humildemente te pedimos.

Calló el vehemente Orador, que según el fuego con que hablaba, lo creí íntimamente persuadido de que esto de hacer Soberanía, Magistrados, Legisladores, Militares y filósofos era soplar y hacer botellas: y yo por la primera vez de mi vida me hallé embarazado con mi soberanía. Pero tomando un poco de resuello, con aquel aire que dan los altos puestos:
–Señores –les dije– mi corazón está dispuesto a serviros en cuanto me pidáis: deseo daros gusto y si fuera tan fácil hacer vuestra felicidad, como lo es complaceros, desde hoy seríais felices. Yo voy a daros el nuevo decreto que me pedís; voy a mandar que de hoy en adelante no solo haya en vuestras Provincias, convertidas ya en Estados Soberanos, Jueces, Magistrados, Legisladores, Militares y Filósofos, sino que las de temperamento frío produzcan plátanos y cañas de azúcar, y las de tierras calientes trigo, papas y también alcachofas, para que nada os falte…

–Pero, señor –dijo otro de los Diputados interrumpiéndome– ¿y la tierra produciría estos frutos con tu decreto?

–Lo mismo produciría la tierra esos frutos, que el que vosotros de la noche a la mañana os encontréis con hombres y recursos para sostener la Soberanía de unas Provincias que carecen de todo menos de voluntad de ser Soberanas; pero como mi deseo es daros gusto ¿qué importa que en el hecho ni nazca el trigo, ni los plátanos, ni tengáis Legisladores, ni rentas, si lleváis los títulos para tenerlo todo, aunque sea de aquí a cincuenta años?

–¿Y si, entretanto, un enemigo nos ataca?

–¿Cómo os ha de atacar, poseyend vuestra Soberanía con unos títulos auténticos y reconocidos por tales hasta del Preste Juan de las Indias? Pero supongamos que sin reparar en nuestros derechos, y en esos títulos auténticos, de hecho nos ataquen. En este caso …no hay duda…os vencerán; pero os vencerán con injusticia, y con la misma os pondrán a trabajar las minas para los vencedores.

Aquí se quedó todo en silencio, y mis Diputados no hacían más que mirarse los unos a los otros. Ya creía yo caer en mi sueño anticipadamente cuando el mismo preguntón se paró, y mirando antes a sus compañeros, como para captar su beneplácito:

–Soberano señor –me dijo–, supuesto que nosotros, con toda la bambolla de nuestros títulos y derechos podemos ser oprimidos por el primero que se le antoje atacarnos, y que este antojo es muy probable que pronto se verifique, nos reducimos a renunciar a nuestros legítimos y vanos derechos, y a que se forme un gobierno en la Capital, único y soberano, con tal que no haga leyes con efecto retroactivo, y nos vaya a pedir cuentas de lo pasado; sino que todo deba comenzar de nuevo, que con esto quedaremos gustosos.

–Ya os he dicho –les contesté– que mis únicos deseos son el complaceros, y así supuesta esta firme resolución, ordeno y mando: que se admita la renuncia de los legítimos y vanos derechos que querían ejercer las Provincias de la Nueva Granada, sin tener todavía fuerzas para ello; que todas las cosas vuelvan y se pongan in statu quo (este terminillo latino diplomático tiene su busilis) que no se hagan leyes con efecto retroactivo, ni se pidan cuentas de lo pasado; sino que todo comience de nuevo como si hoy fuera el día de la creación del mundo.

Satisfechos además y contentos se fueron mis Diputados y yo volví a mi sueño de 57 años.

 

III

 

¡Quién lo creyera! No me parece que habría dormido medio lustro, cuando se vuelve a interrumpir mi sueño con la llegada de nuevos diputados.

–¿Qué es lo que quieren esos señores Diputados? –dije montado en cólera a mis criados– ¡Qué es lo que quieren otra vez! …¿No les he concedido últimamente el gobierno a que están acostumbrados y el más propio para mantenerlos con su amada servidumbre? ¿No les he decretado a su gusto cuanto me pidieron? …
Pero sosegándome luego, y reflexionando como buen soberano, que más hacían ellos en venir a pedirme dictamen, que yo en dárselo, mandé que entrasen.

–Perdonad, elevado señor –me dijo un anciano Diputado– perdonad el que tan frecuentemente te estemos interrumpiendo el sueño con nuestras demandas; esta es la suerte de los que se hallan en la altura que vos os halláis por vuestra voluntad, y pues vos mismo os habéis impuesto esta carga llevadla con paciencia. Nuestras desgracias, nuestras aflicciones y temores se aumentan todos los días; el sol ya no se levanta para animar nuestras esperanzas, como lo hacía en aquellos días desgraciados de nuestra antigua opresión, en que a lo menos teníamos este lenitivo que aplicar a nuestros males; hoy sólo viene a aclarar nuestros temores. Sí, temores tanto más fundados, cuanto las dificultades de organizarnos crecen en razón directa de nuestros vanos deseos de engrandecernos. Apenas amaneció la aurora de nuestra libertad, cuando se oyó por todo el Reino la voz de Federación; voz vaga, aunque general, porque no se le asignó el verdadero significado que conforme a nuestra situación le convenía. Todas las provincias, mayores y menores, quisieron ser Estados Soberanos independientes, llevadas del entusiasmo que justamente tenían por el gobierno de la América Inglesa; pero sin advertir, ni reflexionar si estábamos en el mismo caso y circunstancias. Ocurrieron a vos, Poderoso Señor, para ponerlo en ejecución; y aunque les concedisteis por vuestra bondad aún más de lo que os pedían, la experiencia les hizo ver que no era lo mismo decretarse la soberanía que ejercerla y llenar con acierto todos los importantes puestos que pide la formación de un nuevo gobierno; que formar una sabia y adecuada Constitución, con hombres capaces de llenar todos los ramos de la administración, no era obra del momento; ni podría verificarse todavía en unas Provincias que por el régimen del antiguo sistema de opresión y de ignorancia, carecían no sólo de Escuelas y Colegios para la instrucción, sino hasta de los libros aparentes por haber quemado la Santa Inquisición cuantos llegaban a nuestras costas. Así fue que, desengañados por una parte de poder abrazar el sistema de los Anglo Americanos, y temerosos, por otra, de verse envueltos en una guerra civil, o de caer en manos de algunos extranjeros, vinieron a vos, y renunciando a sus incontestables aunque infructuosos derechos, os pidieron que el gobierno se centralizase, erigiendo una soberanía en la Capital, a que todas las Provincias quedarían sujetas. Vos les admitisteis la renuncia y decretasteis que las cosas volviesen in statu quo, con sólo ciertas pequeñas condiciones. Esto fue pasar de un extremo a otro; nada hemos adelantado, hemos mudado de Amos, pero no de condición. Las mismas leyes, el mismo gobierno, con algunas apariencias de libertad, pero en realidad con los mismos vicios*, los mismos obstáculos y arbitrariedades en la administración de Justicia, las mismas trabas en el Comercio, las mismas dificultades en los recursos, los mismos títulos, dignidades, preeminencias y quijotismo en los que mandan; y en una palabra, conquistamos nuestra libertad para volver a lo que antes éramos. En medio de esta alternativa, se nos propone que dividamos el Reino en cuatro grandes Departamentos, como el único medio de salvarnos, y podernos organizar con firmeza. Pero viendo que este pensamiento participa de los inconvenientes de los dos anteriores, sin ninguna de sus ventajas, no hemos querido hacer la prueba; ella sería muy dilatada y costosa, y ya estamos más que convencidos de que nos urge demasiado el tiempo para exponernos a perderlo con esta nueva tentativa. Venimos, pues, a echarnos a vuestros brazos por la última vez, y a suplicaros que, conciliando los deseos de las Provincias, sus justos derechos a gozar de toda la libertad posible, y la urgencia de las circunstancias que nos demandan un pronto remedio, nos dictéis vos mismo el modo con que nos debemos organizar, para no perder hasta la libertad de podernos dar una forma de gobierno que es la única que hasta ahora tenemos. Ofreciéndoos a nuestro nombre, y de todas nuestras Provincias, que no nos apartaremos un punto de lo que vuestra elevada y santa Soberanía nos dictare.

Calló el respetable anciano, y muy lejos de embarazar este lenguaje a mi Soberanía, como me sucedió en la segunda Asamblea, me alentó y comencé a sentir en mi corazón la dulce esperanza de que la libertad se sentaría entre nosotros. Y como mi soberanía no me la he apropiado para mi interés personal, sino para proporcionar la utilidad de todos, a pesar de mis altisonantes títulos, creí que ya era llegado el caso de manifestar mi dictamen, tratando con unos hombre que, penetrados del verdadero interés de la Patria, sólo desean lo que más nos convenga a todos, sin pararse en vanas preeminencias que, por legítimas que sean, ellas no pueden salvarnos del peligro verdadero en que estamos de volver a caer en las cadenas, que sólo hemos roto, pero no destruido. Así, lleno de la confianza que inspira la pureza de unas intenciones benéficas:

–Señores –les dije– supuesto que el tiempo y la experiencia os han conducido al término de conocer y confesar el disparate que es querernos aplicar servilmente las formas de gobierno de otras naciones que se han hallado en muy diversa situación que nosotros; supuesto que de buena fe y con tanta sabiduría venís hoy a que conferenciemos, no sobre los títulos y derechos que cada provincia tiene para figurar, sino sobre los medios de poder asegurar nuestra independencia y libertad, del modo que las circunstancias nos lo permitan; y supuesto finalmente que queréis oír mi dictamen y deferir a él, yo os lo pondré con la misma ingenuidad, con la misma buena fe y con los mismos deseos que os animan a vosotros de ponernos a cubierto, tanto de una guerra civil, como de un ataque exterior. Pero hoy no quiero hacer uso de mi alta Soberanía, ni exigir vuestras ofertas de deferir enteramente a mi dictamen; quiero que lo conferenciemos y que la razón, y no la autoridad, sea lo que decida.

A mí me parece que vuestra propuesta es asequible y que se puede conciliar muy bien la voluntad general, con una forma de gobierno enérgica y capaz de salvarnos de los peligros que por todas partes nos amenazan. El deseo que se ha manifestado generalmente por la federación de las Provincias, no sólo es un entusiasmo por el gobierno adoptado en la América Inglesa, sino que es un grito de la naturaleza: los grandes Estados no pueden ser libres sino bajo de este sistema, y mucho menos donde la pobreza, la ignorancia y una corta población diseminada en un inmenso terreno disponen a la servidumbre. Pero el sistema de convertir nuestras Provincias en Estados Soberanos para hacer la Federación es una locura hija de la precipitación de nuestros juicios y de una ambición mal entendida. Vosotros lo habéis visto, señores, y lo habéis palpado en el dilatado tiempo de un año que llevamos bregando con esta quimera; yo apelo a vuestro mismo testimonio. ¿Qué Constituciones tienen las provincias? ¿Qué legislaturas tienen, ni pueden todavía tener? ¡Querer establecer una forma libre de gobierno con las leyes del despotismo es querer formar un Centauro político! Y querer formar otros tantos códigos como tenemos de Provincias, sin tener hombres para formarlos es querer coger las estrellas con las manos. No es la extensión del territorio, no es la población, no son las riquezas ni las luces las que forman la fuerza de un imperio por sí solas; la suma total de todas estas cosas forma su fuerza, y si nosotros, en lugar de acumular nuestras luces, nuestras riquezas y nuestras fuerzas, las dividimos en otras tantas partes como tenemos de provincias, ¿cuál será el resultado? Que, si con la suma total de nuestros medios apenas nos podremos salvar, dividiéndonos, nuestra pérdida será tanto más probable cuanto mayor sea el número de partes en que nos dividamos.

Me parece, señores, que si las Provincias nombraran Representantes por un número dado de sus poblaciones; que estos Representantes escogidos entre los más ilustrados de cada Provincia viniesen a la Capital, no a formar un Congreso, sino un Cuerpo Legislativo, el Supremo poder Ejecutivo y el alto Poder Judicial; y que las Provincias se reservaran el nombramiento de los empleados para la ejecución de estas mismas leyes en su distrito, la recaudación de sus rentas y la organización de su milicia, todo con arreglo a ellas, se llenarían todas las indicaciones que habéis manifestado. Las Provincias nada perderían de sus incontestables derechos, porque el alto gobierno se compondría indistintamente de sus Representantes; las leyes serían hechas por ellos con conocimiento de todas las localidades, y su ejecución particular quedaba reservada a cada Provincia. Veis aquí cuál sería mi decreto, si en esta ocasión pudiera mandar, pero habiendo decidido que la razón y no la autoridad debía decidir, sólo os suplico lo meditéis muy despacio, y que me objetéis cuanto os parezca contrario a la causa común, para lo que os doy quince días de plazo.

Los diputados se retiraron en silencio y entre tanto, con el cuidado, solo pude dormitarme; entre sueños vi que en una nube resplandeciente venía hacía mí una hermosísima Matrona.

–Tus votos –me dijo al llegar– han sido oídos. Vengo a pagaros tus ardientes deseos por la felicidad de tu Patria; no sólo todo se verificará según ellos, sino que se verificará al momento.

Atónito y sin saber lo que me pasaba, lleno de respeto guardé un silencio que aunque quisiera no podría interrumpir; pero al instante vi que los Diputados para el Congreso se reunían con la mejor armonía en una Convención; que pedían a las Provincias mandasen nuevos Diputados a razón de uno por cada diez mil almas, con poderes para ratificar la Constitución que quedaban formando. Los Diputados vienen de todas partes, con unos moderados salarios para sólo su mantención frugal; se juntan, ratifican una Constitución Republicana Aristocrática Electiva, y de entre ellos mismos, por un método nuevo de elecciones, se nombran los sujetos que deben ocupar los puntos del Cuerpo Legislativo, del Poder Ejecutivo y de la alta corte de Justicia. El Congreso se disuelve: la Gran Legislatura, comenzando sus funciones, se divide en tantas secciones cuantos son los ramos más urgentes de su despacho, sus deliberaciones son públicas, y sus primeras leyes hablan de una milicia bien organizada, del arreglo del tesoro y de las costumbres públicas y privadas. El espíritu público se anima, crujen las imprentas, sociedades de distintos ramos se levantan por todas partes, y la administración de Justicia, simplificada por el método de los Jurados, asegura a los ciudadanos contra la arbitrariedad de los Jueces.

Vuelvo los ojos a las Provincias y las veo ocupadas en nombrar sus magistrados para la ejecución de las leyes comunes; en crear Escuelas de primeras letras, de Dibujo, de Agricultura, y los que pueden, sus Colegios y Universidades; las veo pedir imprentas, formar también sociedades patrióticas, tratar de la apertura y composición de caminos, y organizar una milicia por Compañías para no distraer al labrador y al artesano de sus útiles tareas.

Tiendo finalmente la vista por todo el Reino, y veo la concordia, la abundancia, la libertad y la alegría dándose el ósculo de Paz. Todas las virtudes sociales y domésticas las veo brotar como las hojas de los árboles después de un crudo invierno. Cada ciudadano es un Monarca; “Soy libre”, dice, “tengo asegurada mi subsistencia en mi trabajo; mis hijos crecen a la sombra de un gobierno justo; sus sabias leyes los ponen a cubierto de la corrupción de las costumbres, y muero contento”.

 

IV

 

Pasaron los quince días y al despertar vi que todo había sido un sueño. Mis Diputados parecieron, y tan lejos estaban de haber abrazado mi dictamen, que comenzaron por poner nuevos obstáculos, y por manifestar que todo lo que no era mantener una Soberanía, era para ellos una bagatela, aunque persuada lo contrario la razón, la necesidad y el peligro de volverla a perder antes de mucho tiempo. Conocí que había muchos a quienes hacía fuerza la necesidad en que nos hallábamos de abrazar este partido; pero que el medio por donde se les presentaba, y el encaprichamiento en que los había puesto el sistema de los Anglo-Americanos, sus propios intereses (aunque mal entendidos) y esta quisicosilla de no ceder a la opinión de un fulano, por más razón que tenga, les hacía mirarlo con desprecio. Por las objeciones que me hicieron se verá cómo se va a sacrificar el Reino y nuestra libertad a la obstinación de querer mantener una multitud de Soberanías parciales, sin tener fuerzas, luces, ni recursos suficientes para sostenerse.

Convinieron, porque no se puede cerrar los ojos a la razón, en que las Provincias no tienen, ni pueden tener por ahora, Legislaturas; que apenas hay dos gobiernos organizados; que casi todos se hallan sin rentas fijas y arregladas; sin armas; sin una milicia ejercitada: y lo que es más que todo, sin hombres suficientes y capaces de poder llenar todos estos arduos y necesarios objetos; pero para sostener su sistema de Soberanías parciales me contestaron que todos estos obstáculos quedarían vencidos uniéndose unas provincias a otras. Les pregunté ¿si esto lo creían fácil como lo veían? Y si en caso de convenirse a la unión, no entraríamos luego en la disputa de ¿cuál había de ser cabeza o capital de estas Provincias compuestas de otras? Que si, por ejemplo, se unían Cartagena y Antioquia, ¿no querrían Cartagena y Antioquia ser capitales? Y últimamente que ¿si este no era en substancia el sistema Departamental a que tan abiertamente se han opuesto las Provincias?

–Pero hay más –les dije–. Sabemos que, aun cuando todos estos obstáculos se vencieran con la misma facilidad que se proponen la mayor parte de las Provincias, ni aun uniéndose con otra u otras dos de sus limítrofes, pueden sostener la representación de Estados Soberanos para federarse bajo este aspecto. Supongamos que los Llanos se unan a Tunja, Pamplona al Socorro, Neiva y Mariquita a Santafé, Antioquia a Cartagena, el Chocó a Popayán, y Santa Marta con el Valle de Upar y Río de La Hacha hicieran la otra Provincia; pregunto ¿Podrá cada una de estas seis Provincias mantener su representación?

Me dijeron que sí; y que en la federación del Norte América había también una desigualdad semejante, que se equilibraba con la fuerza de la Federación, que corría siempre a sostener a las más débiles contra las más fuertes, y que lo mismo sucedería aquí. Confieso con ingenuidad que no dejó de hacerme fuerza esta reflexión, y que si creyera de buena fe que las Provincias habían de entrar en él sin disputas, ni demoras, suscribiría, porque mi ánimo no es sostener a toda costa mi opinión, sino propender a que se salve el Reino del peligro que inevitablemente corre de volver a ser subyugado, si no nos convenimos en un modo de concentrar nuestras fuerzas, sea cual fuere, como sea pronto; pero yo me temo que este plan no se verifique, como tengo dicho, por la oposición que se ha manifestado al sistema Departamental, que es muy semejante en cuanto a las divisiones, aunque sea mayor la demarcación y distinto su gobierno económico. El que yo he propuesto, es preciso convenir en que es más sencillo, más fácil de poner su ejecución, más seguro para reunirnos y darnos un gobierno uniforme, y por consiguiente preferible para ponernos en seguridad.

Por la distancia de los recursos, me dijeron también los Diputados, ¿no nos viene a dejar como en el antiguo gobierno?

–No, señores, no; este es un error nacido de no pensar bien las cosas, Todos los extremos son viciosos; tan mala es para la administración de Justicia una suma distancia, como la mucha proximidad. Bien sabido es la preponderancia de algunos ricachos en casi todos los pueblos del Reino; si se reconcentra en ellos la administración de Justicia, ¿qué recurso le queda al pobre, al desvalido, para no ser oprimido por el poderoso? La bondad de la ley, se me responderá. No, la ley sola no es bastante, si no se facilitan también los remedios de su ejecución contra los asaltos del oro y del valimiento. No es lo mismo corromper a unos jueces sobre los que se tiene algún ascendiente por las relaciones de parentesco, de amistad, o de los beneficios que la proximidad ofrece a los pudientes, que ir a corromper a una distancia en que no hay ninguna de esas relaciones, ni motivos de corrupción; y aquí es donde el pobre oprimido encuentra toda la fuerza de la ley para reclamar la injusticia que se le irrogó en su suelo patrio. Por otra parte, como en este sistema no debe la ley obligar a recurrir a la Capital, sino que debe quedar al arbitrio y voluntad de las partes, estas quedan como si estuvieran sus provincias en una rigurosa federación: y con ese recurso más, para los casos en que se sientan agraviados. Allí tendrán todos los recursos hasta la definitiva como si fueran enteramente independientes, y una puerta más abierta a la Justicia por si la hubieren menester. Esto quita también la objeción de que los pobres no pueden ocurrir a mucha distancia, porque tampoco ocurren, si no se les deja, como se quiere, a dónde ocurrir, y los que pueden, ocurrirán; lo que siempre es una ganancia para la mayor parte.

La gran dificultad para uno y otro plan está en desencaprichar a las Provincias de su funesto Quijotismo de creerse capaces de sostener su Soberana representación, porque hasta ahora no ha habido un peligro que de bulto les haga conocer que se engañan. Si en algunas es laudable la resistencia que han opuesto a la unión, por temor a perder la libertad que se les ha venido a las manos, en la mayor parte no es más que un delirio entretenido por los que mantienen el mando, que no conocen que mejor les estaría menos autoridad con seguridad, que toda la que se han apropiado con la cuasi certeza de perderla el día que menos lo piensen. Yo amo con todo mi corazón la ciudad en que respiro, pero amo más la libertad, y si para asegurarla creyera que Santafé se debía someter al menor de los pueblos del Reino, sería el primero en suscribir. Antes quiero ser libre en un pueblo, que esclavo en la Capital.

Los respetables Diputados de las Provincias son los que aceleran este momento tan deseado de los hombres de bien, de los verdaderos amantes del País, de la América y de la Libertad. Ellos serán responsables a Dios y a los hombres de la suerte que corra el Reino; en sus manos está nuestro destino, y el de las generaciones venideras. ¡Que pesen, que mediten la importancia y gravedad del asunto que se les ha confiado! Ellos pueden con su influjo, con sus luces, con su representación desimpresionar a las Provincias y obligarlas en cierto modo a abrazar el partido de la razón. ¡Que el cielo derrame sobre todos y cada uno sus bendiciones, para que acierten y les podamos llamar con justicia los salvadores de la Patria!

 

Publicado en La Bagatela, Santafé de Bogotá, 28 de julio, 1811, No. 3; 4 de agosto, 1811, No. 4; 11 de agosto, 1811, No. 5; 25 de agosto, 1811, No. 7.

* Advertencia del P. Cobos, para que nos vuelvan a moder la parte maciza: La Bagatela no habla sólo con Santafé, sólo para Santafé, ni sólo de Santafé.

 


 Línea de tiempo

 

1820

El año de 1820 es el que concluye la transición entre el siglo 18 y el siglo 19, y como tal fue un año de grandes e intensos acontecimientos en todos los órdenes. En 1819 había terminado la Campaña Libertadora de la Nueva Granada, a continuación de la cual el Congreso de Angostura tomó el nombre de Congreso de Colombia y se proclamó la Ley Fundamental de la República de Colombia, en carácter de provisional, integrada por los Departamentos de Cundinamarca (antes Nueva Granada) Venezuela y Quito, que deberían escoger sus diputados al Congreso General convocado para reunirse en Cúcuta en mayo de 1821. En Europa la revolución liberal española comandaba por el general Rafael del Riego, que obligó a Fernando VII a convocar las Cortes decretadas en Cadiz en 1821, convulsionó a Europa.

 

1 de enero: Revolución en España. Rafael del Riego se rebela en las Cabezas de San Juan. Implanta la monarquía constitucional y liberal.
22 de enero: El Congreso de Colombia declara abolida la esclavitud, de derecho, mas no de hecho.
23 de enero: Terrible conmoción en París por el asesinato del duque de Berry, hermano del rey de Francia, y heredero al trono.
24 de enero: En ataque por sorpresa los españoles recuperan Popayán.
10 de febrero: Jorge IV es proclamado Rey de Inglaterra.
7 de marzo: Fernando VII jura la Constitución liberal de Cadiz de 1812.
11 de marzo: Simón Bolívar decreta la creación de la Provincia del Cauca, con Cali como capital.
23 de marzo: Antonio Nariño, preso en la cárcel pública de Cádiz, queda en Libertad.
15 de marzo: Con el relevo en las generaciones llega el relevo inevitable en la moda. Los jóvenes estrenan los pantalones largos, y los antiguos bombachos quedan como el símbolo de la generación que se va.
30 de marzo: Se reimplanta en Francia la censura de prensa.
11 de mayo: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el reconocimiento de la Independencia de América Latina, por 80 votos contra 75.
20 de mayo: El presidente Libertador, Simón Bolívar, ordena la devolución de los resguardos a los indígenas.
5 de junio: Bolívar crea juntas de comercio y agricultura en todas las capitales de provincia.
20 de junio: El Libertador Simón Bolívar nacionaliza la educación
20 de junio: El Pacificador Pablo Morillo envía comisionados ante el Presidente Libertador, Simón, Bolívar, para negociar la paz.
23 de junio: El coronel Mariano Montilla derrota a los españoles en Laguna Salada y queda liberada la Guajira.
9 de julio: Se instalan en Madrid las Cortes.
12 de julio: El Almirante Luis Brion libera Barranquilla.
13 de julio: El Congreso de Colombia rechaza las propuestas de Morillo de unirse a la monarquía constitucional española.
21 de julio: El Libertador responde positivamente a las propuestas de armisticio del pacificador Pablo Morillo.
22 de julio: Amenaza de guerra civil en España. Se organiza una junta contra revolucionaria y absolutista, denominada Apostólica.
1 de agosto: Agitación en varias capitales de Europa por la revolución liberal en España.
1 de agosto: Francisco Antonio Zea celebra un convenio con Hening, Graham y Powles, representantes de los acreedores de Colombia. La deuda, que era de $2. 500. 000, se crece a $4. 578. 700
7 de agosto: Multitudinaria y apoteósica celebración del primer aniversario de la Batalla de Boyacá
22 de agosto: Desde Gibraltar Antonio Nariño le escribe al Presidente Libertador Simón Bolívar, para comunicarle su libertad y nombramiento como diputado a Cortes, al tiempo que le dictan orden de captura.
8 de septiembre: Arenga del general Rafael del Riego a las Cortes españolas. Las incita a defender las nuevas instituciones liberales e incluso, si es necesario para liquidar todo vestigio del despotismo, a establecer la República.
11 de septiembre: En Londres, Francisco Antonio Zea propone una Confederación Hispanoamericana.
20 de septiembre: Mensaje del Libertador de las Provincias del Río de La Plata, José de San Martín, a los soldados del ejército libertador de Colombia.
21 de septiembre: Zea le anuncia a Bolívar que Nariño partirá dentro de pocos días.
23 de septiembre: Deplorable situación interna en España por la guerra civil entre absolutistas y constitucionalistas.
1 de octubre: Tropas patriotas liberan en Venezuela la ciudad de Mérida
6 de octubre: El vicepresidente de Cundinamarca, Francisco de Paula Santander, decreta la creación de escuelas públicas en todo el Departamento.
8 de octubre: Quedan liberadas en el Departamento de Venezuela las provincias de Mérida y Trujillo.
9 de octubre: Guayaquil proclama su independencia.
19 de octubre: Queda liberada la provincia de Barcelona.
20 de octubre: Nuevos contactos de Bolívar y Morillo para celebrar el armisticio.
31de octubre: Conferencia de los soberanos aliados, en Troppau, Austria para acordar la intervención entre España contra la revolución liberal.
6 de noviembre: Avanza la revolución educativa en Colombia después de la victoria en Boyacá. Se anuncia la apertura de un nuevo curso de geometría teórica y práctica en el Colegio de San Bartolomé.
7 de noviembre: Toma cuerpo la revolución antiabsolutista en Portugal.
8 de noviembre: Queda libre el puerto de Guayaquil, en el Departamento de Quito.
9 de noviembre: El general mariano Montilla libera a Fundación.
11 de noviembre: Eligen Diputados de la Provincia de Pamplona al próximo Congreso General.
12 de noviembre: Se enarbola en Cariaco, Venezuela, el pabellón de la República de Colombia.
16 de noviembre: Principio de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos. Los Suizos reiteran que reconocen el derecho de los demás pueblos a formar sus gobiernos y condenan el intervencionismo de la Santa Alianza para restablecer en América los gobiernos monárquicos.
18 de noviembre: Bolívar y Morillo convienen un cese al fuego parcial.
19 de noviembre: Santa Marta queda liberada por las tropas del general Mariano Montilla.
20 de noviembre: James Monroe es reelegido presidente de los Estados Unidos de Norte América.
25-26 de noviembre: Bolívar y Morillo se entrevistan en Santa Ana. Firman un armisticio general por seis meses. Morillo reconoce que la guerra está perdida y anuncia su regreso a España, donde escribirá sus memorias para vindicarse de los cargos por crueldad y crímenes de guerra que le formuló Antonio Nariño en sus Cartas de Enrique Somoyar, pubicadas a principios de año en la Gaceta de Cádiz.
1 de diciembre: Se inician los viajes regulares de vapores por los ríos Ohio y Mississipi, en los Estados Unidos.
3 de diciembre: Las provincias de Cundinamarca eligen sus representantes para el próximo congreso general de Colombia.
3 de diciembre: El Pacificador Pablo Morillo se despide de sus tropas. Confía en que las Cortes y el rey pasarán del armisticio a la paz con las antiguas colonias, cuya soberanía reconocerán.
8 de diciembre: La provincia de Cuenca, en el Departamento de Quito, proclama su independencia y nombra junta de gobierno.
20 de diciembre: James Hancock, inventor e industrial londinense, crea una máquina procesadora de caucho natural o látex, que hará del caucho un elemento indispensable para la fabricación de numerosos productos-
25 de diciembre: Pablo Morillo se embarca para España y deja al mando al mariscal de campo Miguel de la Torre.
31 de diciembre: Al terminar el año solo quedan por liberar en el Departamento de Cundinamarca, la ciudad de Cartagena y el Istmo de Panamá.

Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

Ayer


Los movimientos anticoloniales que estallaron en 1781 en El Socorro y en 1810 en Santafé de Bogotá, no brotaron espontáneos, aunque la historiografía tradicional, y por ende la oficial, les han dado esa apariencia de espontaneidad. Fueron producto de años de preparación y de acumulación de motivos hacia una meta común: la Independencia.


No tuvieron, los movimientos independentistas, un carácter ideológico colectivo hasta las conspiraciones que se dieron en progresión continental durante los últimos años de la primera década del siglo XIX. Las rebeliones preliminares en el Nuevo Reino de Granada seguían el patrón de las vividas en otras regiones de América del Sur: la negativa a pagar impuestos de guerra, adicionales a los ya estatuidos, y la exigencia por parte de campesinos y artesanos de que se les permitiera comerciar libremente sus productos en el territorio, sin las restricciones de movimiento que les imponían las medidas de la Corona Española para favorecer el monopolio del comercio en las colonias ejercido por empresas peninsulares como la Compañía Guipuzcoana de Caracas, por ejemplo.


En su informe extenso y documentado de 1790 al Virrey Ezpeleta sobre el estado del Virreinato de la Nueva Granada, el economista criollo, escritor y precursor de la Independencia, Pedro Fermín de Vargas, hace descripción detallada de la situación económica en agricultura, población, comercio, industria y vías. Diagnostica los problemas y plantea soluciones.


“Se deja, pues, conocer (dice en una primera conclusión) cuán liberal ha sido la naturaleza con estos dominios del Rey, y que a nada que se fomentase la industria en ellos, competirían con los mejores del resto de la América. Una mano sabia, que, conociendo todos los recursos de que es capaz esta colonia, se aplicase con tesón a promover los ramos de agricultura, comercio y minas, tendría la satisfacción de ver floreciente el Reino en pocos años, y en estado de pagar con usura los cuidados que debe al soberano por su conservación”. Más adelante, Vargas anota en forma implícita la causa original de los movimientos pre-independientes en el Nuevo Reino de Granada:


“Es verdad que de cuando en cuando se han hecho algunos esfuerzos para componer los caminos. El Excelentísimo señor don José de Solís, Virrey que fue de este Reino, promovió cuanto estuvo de su parte la abertura del camino de Carare, la carrera de Vélez al río de La Magdalena, con la mira de dar salida pronta a las harinas del Reino. La Compañía de emprendedores que se formó en aquella época hubiera conseguido las grandes utilidades que se había propuesto si el Virrey sucesor” (Messía de la Zerda) “no hubiera variado de ideas y abierto el puerto de Cartagena a las harinas inglesas, que en un momento arruinaron la compañía y dieron un golpe mortal a nuestra agricultura”.


El promotor de la Compañía de emprendedores, y el más rico de sus socios, era don Jorge Miguel Lozano de Peralta, Alférez Real de Santafé y Sargento Mayor de las Milicias del Nuevo Reino, que posteriormente compraría el título de Marqués de San Jorge. Don Jorge Miguel fue el vasallo más rico del reino, dueño de la Dehesa de Bogotá (que abarcaba el noventa por ciento del territorio de la Sabana de Bogotá) y de Molinos en Villa de Leyva, donde, como lo dice Pedro Fermín de Vargas en su informe, se producían las harinas de mejor calidad en el mundo, de las cuales una buena parte se exportaba a Europa y a las colonias inglesas de Norte América. La competencia de las harinas inglesas, en efecto, arruinó a muchos de los socios de la Compañía de emprendedores, y puso en aprietas al señor Lozano de Peralta, y a miles de agricultores. Lozano pudo sostenerse gracias a su fortuna fabulosa y a la variedad de negocios de agricultura y ganadería facilitados por la vasta extensión de su Dehesa; pero no le perdonó al Virrey Messía aquella medida arbitraria contra los intereses de los agricultores criollos. Comenzó a cultivar dentro de sí un sentimiento rencoroso de rebeldía hacia el dominio español. Esa rebeldía se manifestó en actitudes como renunciar al título de Alférez Real (que lo hacía el segundo personaje en importancia del reino, después del Virrey) y al de Sargento mayor de las Milicias, además de enfrentarse en el cabildo de Santafé con chapetones pura sangre y retarlos a duelo. Posteriormente, al recibir el título de Marqués de San Jorge, por el cual debía pagar una suma nada despreciable al tesoro de su Majestad, solicitó a la Real Audiencia pasaporte para viajar a Madrid a efectuar el pago de su título nobiliario, pero la audiencia le negó el permiso, y en consecuencia el marqués rehusó pagar si no era en Madrid. En represalia, la Audiencia lo despojó del título. El marqués venía conspirando con criollos de Santafé y propietarios de tierras en la provincia de Tunja, en especial del Socorro, San Gil , Guanentá y Vélez. Apoyó con dinero y armas la rebelión de Galán, y participó sin remilgos en la intentona de artesanos e intelectuales el 10 de junio de 1781 para derribar el gobierno colonial. La Real Audiencia reunió pruebas de las actividades subversivas del marqués, quien por su lado envió a la Corte cartas en las que acusa a los oidores y al Virrey Caballero y Góngora de hurtar los fondos públicos y de otros delitos productivos. La Corte atendió las imputaciones de la Real Audiencia contra el Marqués de San Jorge y ordenó su prisión. Fue detenido en 1784 y enviado a las mazmorras de Bocachica en Cartagena, desde donde siguió conspirando hasta su muerte en 1793, dicen que causada por envenenamiento. El noble criollo había cumplido con su papel de precursor de la Independencia y con abrir el camino a las siguientes generaciones, que tuvieron como líderes a Francisco de Miranda, Antonio Nariño y Simón Bolívar.


El que los actos independentistas de la generación del marqués de San Jorge (la generación precursora) hayan sido minimizados por los historiadores, o sencillamente desconocidos, no les quita la importancia enorme que tuvieron, ni hace menos interesante y significativa la metamorfosis de personajes que, partiendo de un interés económico, terminaron incursos en una convicción ideológica y política en cuyo empeño no vacilaron en ofrendar su libertad, sus vidas y sus fortunas.


Otra figura clave en la formación del pensamiento independentista y libertario, fue el sabio gaditano José Celestino Mutis. De él no hablaremos en este artículo porque su papel formador y revolucionario en la gesta de la independencia está reconocido y exaltado.


La lucha por la independencia, principiada en 1780 con los levantamientos de Charalá y Mogotes, se prolongó, en lo que atañe a Colombia, por treinta y nueve años, entre conspiraciones, golpes insurgentes, contragolpes realistas, victorias y derrotas de los patriotas (1810-1814), reconquista española (1815) Guerra magna de Liberación (1816-1819), hasta culminar, con la brillante y épica campaña libertadora de la Nueva Granada en 1819, el 7 de agosto, en el Puente de Boyacá. Ahí concluye nuestro pasado.


Hoy


Nuestro presente comienza, sin solución de continuidad, el 8 de agosto y se hace visible a plenitud, con la creación de la República de Colombia en el Congreso Constituyente de Cúcuta en 1821.


Es un presente que nace embarazado, con dos mentalidades opuestas en su vientre, concebidas en el curso de las dos primeras décadas del siglo diecinueve. Esas mentalidades, como las describe Antonio Nariño en su discurso de instalación del Colegio Electoral en 1813, son las de aquellos que pelean por la libertad, y los que pelean por el poder. Mentalidades antagónicas, se enfrentarán, aun antes de que nazca el presente, y marcarán nuestra historia hasta la actualidad.


Si alguien, en los días inaugurales de la República, se hubiera preguntado cómo sería nuestro futuro, habría encontrado la respuesta precisa en dos discursos. En el primero (Angostura 15 de febrero, 1819) el Libertador Simón Bolívar avizora un futuro de prosperidad y felicidad basado en la multiplicidad de riquezas con que la naturaleza ha bendecido estos territorios recién nacidos a la luz de la libertad, pero advierte que para el logro de esa felicidad es indispensable “un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad, la paz. Un gobierno que haga triunfar, bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad”. El Libertador Antonio Nariño, en el discurso de defensa ante el Senado (Bogotá, 14 de mayo de 1823) dice al concluir su análisis de las causas que ocasionaron la ruina de las repúblicas de Grecia y de Roma: “¿Qué debemos, pues, esperar de nuestra República si comienza por dónde las otras acabaron? Al principio del reino de Tiberio, dice un célebre escritor, la complacencia, la adulación, la bajeza, la infamia, se hicieron artes necesarios a todos los que quisieron agradar; así todos los motivos que hacen obrar a los hombres los apartaban de la virtud, que cesó de temer partidarios desde el momento en que comenzó a ser peligrosa. Si vosotros, señores, al presentaros a la faz del mundo como legisladores, como jueces, como defensores de la Libertad y la virtud, no dais un ejemplo de la integridad de Bruto, del desinterés de Foción, y de la Justicia severa del Tribunal de Atenas, nuestra libertad va a morir en su nacimiento. Desde la hora en que triunfe el hombre atrevido, desvergonzado, intrigante, adulador, el Reino de Tiberio empieza y el de la Libertad acaba”.


Por desgracia las premoniciones sombrías de Nariño se cumplieron. Para conseguir una república “eminentemente popular, eminentemente justa, eminentemente moral”, como la pedía Simón Bolívar, se necesitaba, y se necesita, que en su gobierno prevalecieran ciudadanos eminentemente virtuosos, eminentemente justos, eminentemente morales; pero predominaron los complacientes, los aduladores, los ruines, los infames, los que aman el poder y no la libertad. Los hipócritas, los ambiciosos, los avaros se adueñaron de la república y apagaron la voz del ciudadano. El reino de Tiberio se impuso sobre el reino de la Libertad. Nuestra república ha vivido doscientos años de violencia implacable de los poderosos sobre los débiles. Las voces que se han alzado contra la desigualdad, la inequidad, la injusticia, la inmoralidad, han sido acalladas a sangre y fuego. En el siglo diecinueve los pretextos políticos fueron entre los que defendían el centralismo o el federalismo, y los pretextos económicos entre la oligarquía feudal terrateniente y la de comerciantes que auspiciaban el libre cambio, contra los artesanos industriosos que abogaban por el proteccionismo para su trabajo, el que de verdad producía la riqueza nacional. Los gobiernos que intentaron ser eminentemente populares, es decir, eminentemente democráticos (Simón Bolívar, José María Melo, Tomás C. de Mosquera, Rafael Núñez) fueron combatidos a muerte y malogrados por la oligarquía sanguinaria que ha detentado el poder a toda costa. Igual sucedió en el Siglo XX con los gobiernos progresistas de Rafael Reyes y Alfonso López Pumarejo.


Sin embargo, a lo largo, ancho y profundo de estos doscientos años de aparente vida republicana, la lucha de los ciudadanos amantes de la libertad, de la paz, del progreso en igualdad, y los torrentes de sangre inocente derramados y que continúan derramándose por los propagadores del oscurantismo y de la violencia, no han sido un fracaso. Bolívar decía que el aprendizaje de la libertad requería tiempo y sufrimiento. Después de doscientos años de sufrimiento los colombianos hemos aprendido el valor de la libertad y con esa enseñanza irreversible vamos a empezar a construir el país, que entonces parecía fantástico, soñado por el Libertador en su discurso de Angostura. Tenemos ya la experiencia, el sufrimiento, las herramientas democráticas, y la decisión para trasladar a las manos de sus legítimos dueños, los ciudadanos, el poder que la oligarquía corrupta, corruptora y excluyente, ha detentado en los doscientos años pasados.


Mañana


Si me preguntan cómo veo el futuro, responderé con las mismas palabras que expresaron dos centurias atrás Simón Bolívar y Antonio Nariño. Podemos adoptar la organización administrativa más perfecta, las leyes más justas, instituir el federalismo o el centralismo, dotar de autonomía a las regiones, concebir una constitución que establezca, como lo proclamó José Martí, “un gobierno con todos y para el bien de todos”; mas, para hacer que todo eso funcione, el requisito indispensable está en la calidad de las personas que se escoja para gobernar. Las instituciones no actúan solas, no son autocompetentes. Su calidad operativa no es intrínseca, dependerá de la calidad de los operadores. El espectáculo de corrupción que hoy contemplamos, y que hemos tolerado pasivamente; el saqueo a los erarios municipales, el despilfarro en obras inútiles, la negligencia en el cuidado de los bienes públicos, el narcotráfico, el lavado de dinero, el atropello escandaloso a los Derechos Humanos, el asesinato de líderes sociales, el crimen organizado, esas atrocidades no ocurren porque las instituciones sean corruptas, sino porque están en manos de corruptos. La conclusión es obvia. Mañana no será mejor que hoy si los ciudadanos no entienden su deber de examinar con calma, con atención, si la persona por quien van a depositar su voto es digna de confianza. Si con nuestro voto ciego seguimos favoreciendo a los corruptos, las cosas no mejorarán en el futuro.


Por supuesto no se pueden perder de vista los factores globales, políticos y económicos, que hoy se mueven en un clima de tensión y de un arsenal tenebroso de armas nucleares que podría garantizar la desaparición de la humanidad en pocos minutos. En ese caso, ya no tendríamos que preocuparnos de nada.

Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

Ayer


Los movimientos anticoloniales que estallaron en 1781 en El Socorro y en 1810 en Santafé de Bogotá, no brotaron espontáneos, aunque la historiografía tradicional, y por ende la oficial, les han dado esa apariencia de espontaneidad. Fueron producto de años de preparación y de acumulación de motivos hacia una meta común: la Independencia.


No tuvieron, los movimientos independentistas, un carácter ideológico colectivo hasta las conspiraciones que se dieron en progresión continental durante los últimos años de la primera década del siglo XIX. Las rebeliones preliminares en el Nuevo Reino de Granada seguían el patrón de las vividas en otras regiones de América del Sur: la negativa a pagar impuestos de guerra, adicionales a los ya estatuidos, y la exigencia por parte de campesinos y artesanos de que se les permitiera comerciar libremente sus productos en el territorio, sin las restricciones de movimiento que les imponían las medidas de la Corona Española para favorecer el monopolio del comercio en las colonias ejercido por empresas peninsulares como la Compañía Guipuzcoana de Caracas, por ejemplo.


En su informe extenso y documentado de 1790 al Virrey Ezpeleta sobre el estado del Virreinato de la Nueva Granada, el economista criollo, escritor y precursor de la Independencia, Pedro Fermín de Vargas, hace descripción detallada de la situación económica en agricultura, población, comercio, industria y vías. Diagnostica los problemas y plantea soluciones.


“Se deja, pues, conocer (dice en una primera conclusión) cuán liberal ha sido la naturaleza con estos dominios del Rey, y que a nada que se fomentase la industria en ellos, competirían con los mejores del resto de la América. Una mano sabia, que, conociendo todos los recursos de que es capaz esta colonia, se aplicase con tesón a promover los ramos de agricultura, comercio y minas, tendría la satisfacción de ver floreciente el Reino en pocos años, y en estado de pagar con usura los cuidados que debe al soberano por su conservación”. Más adelante, Vargas anota en forma implícita la causa original de los movimientos pre-independientes en el Nuevo Reino de Granada:


“Es verdad que de cuando en cuando se han hecho algunos esfuerzos para componer los caminos. El Excelentísimo señor don José de Solís, Virrey que fue de este Reino, promovió cuanto estuvo de su parte la abertura del camino de Carare, la carrera de Vélez al río de La Magdalena, con la mira de dar salida pronta a las harinas del Reino. La Compañía de emprendedores que se formó en aquella época hubiera conseguido las grandes utilidades que se había propuesto si el Virrey sucesor” (Messía de la Zerda) “no hubiera variado de ideas y abierto el puerto de Cartagena a las harinas inglesas, que en un momento arruinaron la compañía y dieron un golpe mortal a nuestra agricultura”.


El promotor de la Compañía de emprendedores, y el más rico de sus socios, era don Jorge Miguel Lozano de Peralta, Alférez Real de Santafé y Sargento Mayor de las Milicias del Nuevo Reino, que posteriormente compraría el título de Marqués de San Jorge. Don Jorge Miguel fue el vasallo más rico del reino, dueño de la Dehesa de Bogotá (que abarcaba el noventa por ciento del territorio de la Sabana de Bogotá) y de Molinos en Villa de Leyva, donde, como lo dice Pedro Fermín de Vargas en su informe, se producían las harinas de mejor calidad en el mundo, de las cuales una buena parte se exportaba a Europa y a las colonias inglesas de Norte América. La competencia de las harinas inglesas, en efecto, arruinó a muchos de los socios de la Compañía de emprendedores, y puso en aprietas al señor Lozano de Peralta, y a miles de agricultores. Lozano pudo sostenerse gracias a su fortuna fabulosa y a la variedad de negocios de agricultura y ganadería facilitados por la vasta extensión de su Dehesa; pero no le perdonó al Virrey Messía aquella medida arbitraria contra los intereses de los agricultores criollos. Comenzó a cultivar dentro de sí un sentimiento rencoroso de rebeldía hacia el dominio español. Esa rebeldía se manifestó en actitudes como renunciar al título de Alférez Real (que lo hacía el segundo personaje en importancia del reino, después del Virrey) y al de Sargento mayor de las Milicias, además de enfrentarse en el cabildo de Santafé con chapetones pura sangre y retarlos a duelo. Posteriormente, al recibir el título de Marqués de San Jorge, por el cual debía pagar una suma nada despreciable al tesoro de su Majestad, solicitó a la Real Audiencia pasaporte para viajar a Madrid a efectuar el pago de su título nobiliario, pero la audiencia le negó el permiso, y en consecuencia el marqués rehusó pagar si no era en Madrid. En represalia, la Audiencia lo despojó del título. El marqués venía conspirando con criollos de Santafé y propietarios de tierras en la provincia de Tunja, en especial del Socorro, San Gil , Guanentá y Vélez. Apoyó con dinero y armas la rebelión de Galán, y participó sin remilgos en la intentona de artesanos e intelectuales el 10 de junio de 1781 para derribar el gobierno colonial. La Real Audiencia reunió pruebas de las actividades subversivas del marqués, quien por su lado envió a la Corte cartas en las que acusa a los oidores y al Virrey Caballero y Góngora de hurtar los fondos públicos y de otros delitos productivos. La Corte atendió las imputaciones de la Real Audiencia contra el Marqués de San Jorge y ordenó su prisión. Fue detenido en 1784 y enviado a las mazmorras de Bocachica en Cartagena, desde donde siguió conspirando hasta su muerte en 1793, dicen que causada por envenenamiento. El noble criollo había cumplido con su papel de precursor de la Independencia y con abrir el camino a las siguientes generaciones, que tuvieron como líderes a Francisco de Miranda, Antonio Nariño y Simón Bolívar.


El que los actos independentistas de la generación del marqués de San Jorge (la generación precursora) hayan sido minimizados por los historiadores, o sencillamente desconocidos, no les quita la importancia enorme que tuvieron, ni hace menos interesante y significativa la metamorfosis de personajes que, partiendo de un interés económico, terminaron incursos en una convicción ideológica y política en cuyo empeño no vacilaron en ofrendar su libertad, sus vidas y sus fortunas.


Otra figura clave en la formación del pensamiento independentista y libertario, fue el sabio gaditano José Celestino Mutis. De él no hablaremos en este artículo porque su papel formador y revolucionario en la gesta de la independencia está reconocido y exaltado.


La lucha por la independencia, principiada en 1780 con los levantamientos de Charalá y Mogotes, se prolongó, en lo que atañe a Colombia, por treinta y nueve años, entre conspiraciones, golpes insurgentes, contragolpes realistas, victorias y derrotas de los patriotas (1810-1814), reconquista española (1815) Guerra magna de Liberación (1816-1819), hasta culminar, con la brillante y épica campaña libertadora de la Nueva Granada en 1819, el 7 de agosto, en el Puente de Boyacá. Ahí concluye nuestro pasado.


Hoy


Nuestro presente comienza, sin solución de continuidad, el 8 de agosto y se hace visible a plenitud, con la creación de la República de Colombia en el Congreso Constituyente de Cúcuta en 1821.


Es un presente que nace embarazado, con dos mentalidades opuestas en su vientre, concebidas en el curso de las dos primeras décadas del siglo diecinueve. Esas mentalidades, como las describe Antonio Nariño en su discurso de instalación del Colegio Electoral en 1813, son las de aquellos que pelean por la libertad, y los que pelean por el poder. Mentalidades antagónicas, se enfrentarán, aun antes de que nazca el presente, y marcarán nuestra historia hasta la actualidad.


Si alguien, en los días inaugurales de la República, se hubiera preguntado cómo sería nuestro futuro, habría encontrado la respuesta precisa en dos discursos. En el primero (Angostura 15 de febrero, 1819) el Libertador Simón Bolívar avizora un futuro de prosperidad y felicidad basado en la multiplicidad de riquezas con que la naturaleza ha bendecido estos territorios recién nacidos a la luz de la libertad, pero advierte que para el logro de esa felicidad es indispensable “un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad, la paz. Un gobierno que haga triunfar, bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad”. El Libertador Antonio Nariño, en el discurso de defensa ante el Senado (Bogotá, 14 de mayo de 1823) dice al concluir su análisis de las causas que ocasionaron la ruina de las repúblicas de Grecia y de Roma: “¿Qué debemos, pues, esperar de nuestra República si comienza por dónde las otras acabaron? Al principio del reino de Tiberio, dice un célebre escritor, la complacencia, la adulación, la bajeza, la infamia, se hicieron artes necesarios a todos los que quisieron agradar; así todos los motivos que hacen obrar a los hombres los apartaban de la virtud, que cesó de temer partidarios desde el momento en que comenzó a ser peligrosa. Si vosotros, señores, al presentaros a la faz del mundo como legisladores, como jueces, como defensores de la Libertad y la virtud, no dais un ejemplo de la integridad de Bruto, del desinterés de Foción, y de la Justicia severa del Tribunal de Atenas, nuestra libertad va a morir en su nacimiento. Desde la hora en que triunfe el hombre atrevido, desvergonzado, intrigante, adulador, el Reino de Tiberio empieza y el de la Libertad acaba”.


Por desgracia las premoniciones sombrías de Nariño se cumplieron. Para conseguir una república “eminentemente popular, eminentemente justa, eminentemente moral”, como la pedía Simón Bolívar, se necesitaba, y se necesita, que en su gobierno prevalecieran ciudadanos eminentemente virtuosos, eminentemente justos, eminentemente morales; pero predominaron los complacientes, los aduladores, los ruines, los infames, los que aman el poder y no la libertad. Los hipócritas, los ambiciosos, los avaros se adueñaron de la república y apagaron la voz del ciudadano. El reino de Tiberio se impuso sobre el reino de la Libertad. Nuestra república ha vivido doscientos años de violencia implacable de los poderosos sobre los débiles. Las voces que se han alzado contra la desigualdad, la inequidad, la injusticia, la inmoralidad, han sido acalladas a sangre y fuego. En el siglo diecinueve los pretextos políticos fueron entre los que defendían el centralismo o el federalismo, y los pretextos económicos entre la oligarquía feudal terrateniente y la de comerciantes que auspiciaban el libre cambio, contra los artesanos industriosos que abogaban por el proteccionismo para su trabajo, el que de verdad producía la riqueza nacional. Los gobiernos que intentaron ser eminentemente populares, es decir, eminentemente democráticos (Simón Bolívar, José María Melo, Tomás C. de Mosquera, Rafael Núñez) fueron combatidos a muerte y malogrados por la oligarquía sanguinaria que ha detentado el poder a toda costa. Igual sucedió en el Siglo XX con los gobiernos progresistas de Rafael Reyes y Alfonso López Pumarejo.


Sin embargo, a lo largo, ancho y profundo de estos doscientos años de aparente vida republicana, la lucha de los ciudadanos amantes de la libertad, de la paz, del progreso en igualdad, y los torrentes de sangre inocente derramados y que continúan derramándose por los propagadores del oscurantismo y de la violencia, no han sido un fracaso. Bolívar decía que el aprendizaje de la libertad requería tiempo y sufrimiento. Después de doscientos años de sufrimiento los colombianos hemos aprendido el valor de la libertad y con esa enseñanza irreversible vamos a empezar a construir el país, que entonces parecía fantástico, soñado por el Libertador en su discurso de Angostura. Tenemos ya la experiencia, el sufrimiento, las herramientas democráticas, y la decisión para trasladar a las manos de sus legítimos dueños, los ciudadanos, el poder que la oligarquía corrupta, corruptora y excluyente, ha detentado en los doscientos años pasados.


Mañana


Si me preguntan cómo veo el futuro, responderé con las mismas palabras que expresaron dos centurias atrás Simón Bolívar y Antonio Nariño. Podemos adoptar la organización administrativa más perfecta, las leyes más justas, instituir el federalismo o el centralismo, dotar de autonomía a las regiones, concebir una constitución que establezca, como lo proclamó José Martí, “un gobierno con todos y para el bien de todos”; mas, para hacer que todo eso funcione, el requisito indispensable está en la calidad de las personas que se escoja para gobernar. Las instituciones no actúan solas, no son autocompetentes. Su calidad operativa no es intrínseca, dependerá de la calidad de los operadores. El espectáculo de corrupción que hoy contemplamos, y que hemos tolerado pasivamente; el saqueo a los erarios municipales, el despilfarro en obras inútiles, la negligencia en el cuidado de los bienes públicos, el narcotráfico, el lavado de dinero, el atropello escandaloso a los Derechos Humanos, el asesinato de líderes sociales, el crimen organizado, esas atrocidades no ocurren porque las instituciones sean corruptas, sino porque están en manos de corruptos. La conclusión es obvia. Mañana no será mejor que hoy si los ciudadanos no entienden su deber de examinar con calma, con atención, si la persona por quien van a depositar su voto es digna de confianza. Si con nuestro voto ciego seguimos favoreciendo a los corruptos, las cosas no mejorarán en el futuro.


Por supuesto no se pueden perder de vista los factores globales, políticos y económicos, que hoy se mueven en un clima de tensión y de un arsenal tenebroso de armas nucleares que podría garantizar la desaparición de la humanidad en pocos minutos. En ese caso, ya no tendríamos que preocuparnos de nada.

Publicado enColombia
Adriana Gómez, Laboratorio de la serie “Tapia pisada”, 40 x 17 x 17 cm., cerámica/madera, 2013 (Cortesía de la autora)

¿Cómo ha podido llegar nuestro país al punto donde se encuentra? ¿Cómo es posible que en medio de la prolongada barbarie registrada acá durante los últimos 70 años, por lo menos, el dominio de quienes siempre lo han controlado se mantenga y se prolongue? ¿Cómo es posible que en un país de tan inocultables desigualdades haya gente que las justifique como el lógico resultado de la naturaleza humana, es decir, aquello de que “siempre hay y habrá pobres y ricos”?


Estos y otros interrogantes posibles, que pueden llenar cuatillas, resisten diversas respuestas, entre ellas el consabido imperio de la fuerza, así como los efectos de su despliegue, es decir, los miedos, tal vez por comodidad –“Es mejor no meterse en cosas ‘que no son conmigo’”. Son estas las actitudes derivadas en parte del efecto colateral de una violencia prolongada con sus vientos asesinos hasta todo aquel o aquella que “mete la nariz donde no le han llamado”.


Por fuera no queda la posibilidad de conformismo, producto derivado de una sociedad presionada a romper sus lazos más profundos de solidaridad natural, hasta llevarla a la fragmentación y/o atomización, todo ello como resultado de los últimos 50 años de guerra abierta contra la sociedad, tanto en lo militar como en lo económico social.


Las respuestas, como es posible inferir, también pueden llenar una o más cuartillas. Así puede ser. ¿Pero esta realidad no tendrá que ver, sin dejar de lado las opciones relacionadas, con el hacer y el dejar hacer de los medios de comunicación hegemónicos en Colombia?


Como es sabido, el dominio social es más fácil de concretar si el dominado carece de conciencia sobre ello –alienación–, pero también si el dominado lo acepta con toda conciencia –identidad y sumisión–. La fuerza impone pero también cosecha repulsa, lo que no sucede con el dominio social, que hace ver como normales la pasividad, el conformismo, el miedo, la tolerancia, el individualismo, la atomización.


Y así ha ocurrido entre nosotros a través de un relato, tejido poco a poco, a lo largo de décadas; zurciendo ideas, conceptos, imágenes, razones, como hilos de una sola prenda, amarillo, azul, rojo, que al final son la camisa, el gorro o la bata conocida como historia nacional, de la cual se desprende el simplificado decir de que “Así somos los colombianos”.


Ese relato pasa de generación en generación, en una primera época mediante la evangelización, para ser reforzada luego por el sistema educativo, fortalecido en una tercera etapa por la acción ideológica de multitud de iglesias, ahora no sólo la católica, que pierde el control hegemónico de las almas, con un reforzamiento en el día a día, en tercera y cuarta épocas, por los medios de comunicación, baluartes en una primera fase de los dos únicos partidos políticos que han gobernado el país, y ahora expresión del poder financiero-empresarial que reina entre nosotros.


Amarillo


Los medios de comunicación, con sus modalidades de cubrir la cotidianidad nuestra como nación, ocultan los factores de poder que determinan, con su forma de gobernar, la Colombia realmente existente, esa que registra un Gini de 0,886 en la concentración de la tierra, y en que el 10 por ciento más rico de la población acapara el 70,2 por ciento de la riqueza nacional. En Colombia, la brecha que algún presidente prometió cerrar, sin cumplir con su cometido, 48 años después de su promesa “8.500 propietarios son dueños del 77 por ciento de los CDT depositados en el sistema bancario, y 9.200 son dueños del 65 por ciento de los depósitos de ahorros”, como consecuencia de lo cual “[…] el Gini de la distribución de los depósitos financieros es un asombroso 0,92 para los CDT, 0,94 para los depósitos de ahorro y 0,97 para las cuentas corrientes” (1)


Es función del periodismo genuino interrogar, cuestionar, dudar, ahondar, llamar la atención… Pero los medios criollos soslayan los reiterados informes internacionales que indican que el nuestro es uno de los países más desiguales del mundo. ¿O en alguna ocasión han cuestionado que la concentración de riqueza alcance una continuidad nunca rota, a pesar de todos los planes de los gobernantes de turno, con lo cual cumplen con la norma constitucional pero no mucho más? ¿Cuándo les brindan suficiente espacio y eco a las voces críticas que llaman la atención sobre esta realidad y proponen medidas de cambio para romperla?


En Colombia, la labor periodística de los medios oficiosos, con sus focos puestos donde no corresponde, contribuye a ocultar razones y realidades, tanto como a prolongar y profundizar la sombra de la desigualdad social que reina entre nosotros. Es una labor seudoinformativa que engendra analfabetismo político –y, como consecuencia de ello, apatía por la cosa pública–, que domina entre amplias capas sociales. Tal analfabetismo les otorga asidero a razonamientos populares para explicarse la realidad de miseria que los agobia como reflejo de su “mala suerte”, de su “incapacidad de trabajo”, o porque “así lo quiere Dios”.


Por tanto, no asombra que, al conocerse cada año los balances de las sociedades financieras y corporativas en general, haya ausencia de un necesario cuestionamiento de los altos rendimientos del sector financiero, por ejemplo, que para 2018 suman 24 billones, 9,2 billones en el caso exclusivo de los bancos. Ello, mientras millones de connacionales viven en la angustia de no saber cómo harán para sacar adelante el día que viene.


Estamos entonces ante un silencio cómplice frente a la persistencia de esta injusta estructura social, y un modelo económico que hace décadas mostró sus límites y su fracaso social. Ese silencio no es censura sino simple reflejo de identidad ideológica y política entre un periodismo dominante y sectores igualmente dominantes, connivencia entre patronal y empleados, en este caso entre los dueños de los medios de comunicación –en su mayoría grupos económicos, multilatinos algunos de ellos, con intereses en el sector financiero– y quienes dirigen estos medios de comunicación (2). Son expresiones de identidad ideológica y desinformación, como se puede constatar cuando un periodista –creador de opinión– se refiere con alegría a la evolución ascendente del precio de petróleo, pues “es lo que el país necesita”, cuando precisamente esa realidad del petróleo, y el giro del país a depender en su economía de la evolución de su precio, es parte de la explicación de la fragilidad económica que lo hace proclive a todo tipo de variables geopolíticas, abriéndolo aún más al sometimiento y el neocoloniaje.


Azul


Está registrado por la memoria de nuestro país: la clase enquistada y alimentada por el patrimonio común, que es de todos los colombianos, no tiene ética de lo público ni respeto por los derechos humanos ni dignidad ni autoestima, por todo lo cual el sueño de soberanía no integra su ideario, si es que tiene alguno diferente de ensanchar sus bolsillos con billetes verdes.


Esa realidad se traduce en ausencia de sentimiento nacional y soberano, resplandeciente en infinidad de sucesos, como en la inexistente voluntad para impedir el zarpazo sobre Panamá; la postración ante la United Fruit Company, con impunidad ante los cientos de asesinados en 1928 en Ciénaga y sus alrededores, como lo recordó Gaitán cuando les dijo que “[…] el gobierno tiene la metralla para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”. Es una realidad oprobiosa que persiste a pesar del paso del tiempo, según la reciente acción de mando del embajador de los Estados Unidos al exigirle a una delegación de parlamentarios ciertas decisiones ante el tema de la JEP. Tal injerencia en asuntos internos del país encontró un total silencio de la Cancillería. La ausencia de sentimiento nacional también resalta en la conducción de las Fuerzas Armadas bajo la doctrina gringa, la selección de su mando y la creación del paramilitarismo como producto de la guía de combate de aquel país; el estímulo y el uso del narcotráfico como mecanismo de división y control social; la renuncia del modelo de desarrollo propio para acoger el “sueño americano” y con él la pérdida de soberanía alimentaria, así como la multiplicación de la deuda pública. En los días que corren, el gobierno colombiano actúa bajo su ala para instigar un golpe de Estado o una guerra civil en Venezuela.


Sobre estos y otros sucesos que aún viven en la memoria nacional, así no cejen en la pretensión de reescribirla, el silencio y la complicidad es lo que han garantizado los existentes medios oficiosos, primero los escritos, partidistas todos ellos en las primeras décadas del siglo XX y luego corporativos, ya no sólo escritos sino también radiales, televisivos y digitales.


De esta clase dominante no puede nacer un auténtico proyecto de integración y complemento regional, ni de los medios hegemónicos el reclamo para hacer realidad el proyecto bajo el cual se movilizaron las fuerzas independentistas en la segunda y la tercera décadas del siglo XIX, proyecto sin el cual nuestro país, y nuestros hermanos de siempre, nada podremos aportar que valga la pena a otros pueblos, en procura de justicia e igualdad global.


De este cuadro analizado surge la ausencia de sentido nacional y amor por lo propio, con sentido internacionalista, que hoy reclama un proyecto cultural, educativo, y de ciencia y tecnología propios, bajo el cual, en el mediano plazo, nos desliguemos de los controles de todo tipo que trae la dependencia en computación y desarrollo digital en general. Tras una labor de este tipo pudiera resultar posible un papel para desplegar un sistema de comunicación e información nacional, metas que no son de poca monta, toda vez que nos debieran llamar la atención en todo momento las implicaciones que tiene el software privativo, así como los efectos y las posibilidades, como retos que nos deparan las revoluciones industriales, la tercera y la cuarta, que estamos viviendo.


Rojo


Ausencia de amor por lo propio, y de proyecto nacional, continental y global, reiterado y fortalecido por el silencio mediático –complacencia con lo que estaba en curso–, cuando, al acoger el gobierno de César Gaviria (1990-94) el ideario neoliberal y todo el recetario del Consenso de Washington, empezó la piñata para feriar lo público bajo el prurito de la eficiencia del sector privado, sofisma impresentable e insostenible a la luz de la realidad pretérita y actual.


Esa piñata se llevó a cabo en el curso de la última década del siglo XX, a pesar de la resistencia de sectores sociales como los trabajadores de Telecom y sus vanguardias sindicales, cuya dirigencia fue a dar a la cárcel, sin cuestionamiento ni reclamo por lo sucedido de parte de los medios radiales, escritos o visuales.


Dos décadas y media antes de tal proceder, en mayo de 1964, el poder enquistado desde el siglo XIX en nuestro país desplegó una operación aérea y terrestre para arrasar con un pequeño grupo de campesinos que con sus armas se oponían a ser despojados de sus tierras, enseres y pocos semovientes con que contaban. Tratados por fuera del contexto en que habían surgido como resistencia campesina, y con plena complacencia de los terratenientes y el poder capitalino –de espaldas a la Colombia real–, la operación contó con eco mediático desinformante. Desde ese mismo momento, y mucho antes, como ocurrió con las guerrillas liberales, el origen, la trayectoria y la realidad profunda del conflicto agrario en nuestro país, proyectados años después en conflicto urbano, y ampliados al cuestionamiento del monopolio del poder, nunca fue cubierto con un análisis profundo de sus causas y medidas alternativas para ser resuelto mediante una solución conveniente para todo el país.


Dos décadas después de esta acometida militar, tras el gobierno de Julio César Turbay (1978-82), en el cual la norma fue la tortura para todas las disidencias, con cárceles repletas de presos políticos ‘juzgados’ por militares, sin la oposición de los medios al irrespeto de los derechos humanos, llega el tiempo del despliegue paramilitar abierto, apertura de este ciclo –que aún no se cierra– que tiene como acción visible el paso de una avioneta sobre Medellín lanzando volantes que anunciaban la conformación del MAS (Muerte a Secuestradores), alianza de narcotraficantes protegida y utilizada por las Fuerzas Armadas para enfrentar a la insurgencia de la época. Tales narcotraficantes crecieron y se fortalecieron a la sombra del sistema bancario y de los poderes políticos y económicos siempre vigentes en varias regiones del país.


Luego, tras la división del MAS, ven la luz los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), unidad de matones del Cartel de Cali que, en alianza con la DEA y las Fuerzas Armadas nacionales, les darían potencia y fuerza a los paramilitares en diversas regiones del país, hasta centralizar su accionar en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) bajo el mando de Carlos Castaño, hecho que recibe amplia resonancia en los medios dominantes, además de protección oficial.
Lo que vendría luego, con cientos de masacres, está fresco en la memoria nacional, y muchas de sus víctimas sobrevivientes hoy luchan por recuperar lo que aquellas bandas les arrebataron, además de poder narrar los sucesos que cambiaron sus vidas y las de los suyos.


Recuerda la memoria popular que en esta época las masacres ganaron multiplicación por todo el territorio nacional, y que, sumadas éstas con las acaecidas en otras décadas, fácilmente redondean las 5.000 (3), es decir, alrededor de 300 mil connacionales asesinados a sangre fría, bajo el silencio y la complacencia oficiales, y sin el debido cubrimiento esclarecedor por los medios de comunicación existentes. Más de siete millones de desplazados y de 82 mil desaparecidos son la otra parte de la historia nacional, la cual recuerda que el poder no repara en métodos ni recursos para protegerse y prolongarse en sus dominios.


¿Tiene nuestro conflicto armado, con los poderes que lo atizaron año tras año, soporte estructural o es simple expresión de grupos por el control regional para el sembrado de coca, y el aseguramiento de rutas para el envío de narcóticos allende nuestras fronteras? ¿Surge este conflicto, y tiene prolongación, por la acción de un Estado y de la clase que lo controla, aliada con una red corporativa acorazada en una potencia supranacional que nos asume como parte de sus dominios o responde a un simple complot internacional?


Estos interrogantes son parte de la disputa que hoy atiza la lucha por la memoria nacional, con expresión en archivos, museos, centros de memoria y similares. En todo ello, en la distorsión de la realidad del conflicto armado que por décadas hemos padecido, en su ocultamiento y su negación, mucho tienen que ver los medios de comunicación oficiosos –escritos, radiales, televisivos. ¿Cumplirán un papel diferente esos medios en el debate por la memoria nacional a que dan lugar los Acuerdos firmados en La Habana, y luego refrendados en Cartagena y el Teatro Colón de Bogotá?


La respuesta que nos brinden los años que vienen permitirán, o bien entrelazar de manera más fina los hilos del amarillo, azul y rojo, parte de nuestra identidad y memoria, o bien tensionarlos hasta hacer que se rompan. Uno u otro camino abonarán a la continuidad de la guerra o, por el contrario, a su resolución definitiva, una paz inédita que nos debe brindar espacio y luces para habitar la tierra de manera creadora.

 

1. Varios autores, La desigualdad en Colombia, Editorial Oveja Negra, pp. 57-60, 2018.
2. Principales medios de comunicación y sus propietarios: Caracol televisión, incluye el diario El Espectador y otros medios (Valorem S.A.), El Tiempo y otros medios (Grupo Sarmiento Angulo), Caracol Radio, W Radio y otros medios, (Grupo Prisa), RCN, radio y televisión (conglomerado de Carlos Ardila Lulle), revista Semana (grupo Gilinski y Felipe López Caballero), Canal 1 (Daniel Coronell, Yamit Amat, César Gaviria y otros). El Colombiano, La República, Vanguardia Liberal, El Heraldo, La Tarde y otros medios con importante influencia local/regional, aún están en manos de sociedades familiares.
3. La Convención internacional indica que se designa como masacre el asesinato en un mismo lugar y que implica a cuatro o más víctimas.

Publicado enColombia
Martes, 28 Mayo 2019 10:11

¡La memoria es nuestra!

Adriana Gómez,  Inundados de la serie “Tapia pisada”, 50 x 80 cm., técnica mixta/mdf, 2011 (Cortesía de la autora)

El Ministerio de la Verdad se ocupa de manipular o destruir documentos históricos como fotografías, libros y periódicos para lograr que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia narrada por el partido que gobierna, al parecer, desde siempre. Winston Smith es funcionario del ministerio, editor de memoria histórica. Vive en una Londres lúgubre e hiper-vigilada por telepantallas que recuerdan a todos que el Gran Hermano siempre vigila. En el mundo hay tres superpotencias: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. La historia oficial dice que Oceanía –regida por el Gran Hermano–, y Eurasia, siempre han sido aliadas contra Asia Oriental. Hay un enemigo a odiar, Emanuel Goldstein, a quien cada día se dedican tres minutos de odio. Inesperadamente, Oceanía y Eurasia entran en guerra y Oceanía se alía con Asia Oriental. Hay que cambiar la historia para que aparezca como si siempre Oceanía y Asia Oriental hubiesen sido aliadas contra Eurasia. Winston procura mantener la cordura; escribe en su diario: “Aquel que controla el presente, controla el pasado. El que controla el pasado, controla el futuro”.

 

¡La memoria es nuestra!


Lo anterior corresponde a la trama de 1984 de George Orwell. Es una representación del negacionismo histórico, una práctica usada por ciertos gobiernos (apoyados en historiadores cómplices) para distorsionar, ilegalmente, los registros históricos. Los métodos utilizados son diversos: borrar o destruir fuentes, presentar documentos falsos como auténticos, atribuir conclusiones a libros que en realidad demuestran lo contrario, manipular estadísticas para soportar un cierto punto de vista o perspectiva. ¿Con qué propósito? Alcanzar un fin político, transferir las culpas del conflicto al otro, satanizar al enemigo, proveer la falsa ilusión de una victoria. Una vertiente del negacionismo, pero distinta, es el revisionismo histórico, que se encarga de reescribir lo que hasta entonces se ha preservado como memoria de lo sucedido y busca una interpretación distinta de los hechos o, lo que es más común, minimizarlos o trivializarlos con el fin de acomodar los intereses de quienes pretenden ese intervencionismo sobre la memoria.


Es elemental señalar que escribir la Historia requiere de la memoria, pero no por eso puede soslayarse. La identidad cultural de los pueblos se construye a partir de lo que estos saben y recuerdan de su pasado, de los hechos y acontecimientos; y, sobre estos se edifican narrativas que dan cuenta de que pasó y cómo pasó. De allí la importancia y la función que ocupa la memoria en la sociedad. Pero la memoria es frágil y a la vez dúctil, susceptible de ser formada como un puñado de arcilla húmeda. En ese sentido suele haber intereses de quienes detentan el poder o ejercen influencia sobre él para silenciarla o moldearla. Poder y memoria, con frecuencia constituyen una relación desigual en donde el primero abusa repetidamente de la segunda. Al establecer una impronta en los imaginarios culturales y sociales se alcanza el resultado buscado: engañar la sociedad con fines netamente políticos.


Hay numerosos ejemplos de negacionismo y revisionismo histórico ejercidos por gobiernos, grupos de poder o de influencia mediática en el pasado reciente: los crímenes de guerra cometidos por Japón en la guerra con China, el por qué, el para qué y los efectos de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, las circunstancias de la desintegración de América Latina y la persistente violencia padecida por sus pobladores, los crímenes de guerra cometidos por los serbios en las guerras en Yugoslavia, el genocidio turco contra los armenios, las purgas contra opositores, intelectuales y artistas durante el estalinismo, la exclusión de los armenios en la historia de Azerbaiyán, el número de víctimas durante las protestas de la plaza Tiananmen, los intentos de trazar una continuidad macedonia desde la antigüedad para legitimar el reclamo de la independencia, las pretensiones de revisar la magnitud del Holocausto. La enumeración puede alargarse.


Es claro entonces que no es inocua ni desarticulada la iniciativa del gobierno Duque para nombrar en instituciones dedicadas a recoger, conservar y dar a conocer la memoria –en especial, en lo relacionado al conflicto armado–, a personas cercanas al Centro Democrático, como Darío Acevedo, que han evidenciado posiciones negacionistas o revisionistas del conflicto. En lo corrido del año han decretado relevos en el Centro de Memoria Histórica (Cnmh), en el Archivo General, en el Museo Nacional y en la Biblioteca Nacional. En otras instituciones, como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), se respira la zozobra de que el relevo pronto vendrá, en línea con lo mencionado arriba.


Lo anterior es más crítico cuando ocurre en un país que no ha logrado, a pesar de los intentos recientes, cerrar el conflicto de manera definitiva. Ha quedado en evidencia que las causas de este son profundamente estructurales y que un acuerdo de paz, unos actos legislativos y unas cuantas leyes a partir de los anteriores son insuficientes para poder pasar la página; el contrapeso político ha sido tan eficaz como funesto. El conflicto está vivo: el diálogo con el Eln suspendido, los ataques terroristas continúan, los líderes sociales diezmados por fuerzas oscuras que el Estado se niega a desenmascarar, el narcotráfico y las disidencias de las Farc copan espacios dejados por las viejas estructuras, la JEP sigue bajo asedio político y jurídico, las organizaciones de corte paramilitar mantienen el control en sectores y rutas estratégicas para el narcotráfico, la minga en el Cauca es ignorada y burlada por el presidente, el partido de gobierno insiste en polarizar a la sociedad (las vallas que increpan al ciudadano: “Y usted, ¿de qué lado está?”), el país desangrado por la corrupción mientras los intocables siguen rampantes… ejemplos no faltan para demostrar lo lejos que se vislumbra el fin del conflicto. En consecuencia, la memoria está en disputa mientras el conflicto sigue su curso bajo un gobierno que lo aviva y lo enciende y a la vez insiste en negar su existencia; de allí la precariedad, la fragilidad de la memoria que se ha preservado y la que se intenta preservar mientras los acontecimientos se siguen desplegando ante los ojos de la sociedad.


Por ello, surgen preguntas: ¿Qué pretende la administración Duque en torno a esos nombramientos en instituciones clave para la memoria del país? ¿Cuál es la intención última de estas decisiones? Y, en el mismo sentido: ¿Qué papel juega la memoria de las víctimas y protagonistas del conflicto en la construcción de la paz? ¿Quiénes escriben o deben dar cuenta de esa memoria?


Aquellos nombramientos representan, como menciona Arenas (1), un sector de la sociedad colombiana que no reconoce el conflicto armado, ni admite la responsabilidad del Estado en cientos de crímenes –entre ellos los llamados falsos positivos–, ni la de terceros involucrados, y que también rechaza la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, y, más aún, la posibilidad de una salida negociada a la guerra. Es, como lo afirma, por otra parte, Pernett (2) la visión conservadora de la historia de Colombia, una que aduce que el país se ha malogrado a causa de algunos desadaptados que no han respetado el orden existente y que la única forma de enfrentar estos desórdenes ha sido a través de la aplicación de la mano dura. Y, –bajo esa misma visión conservadora– si algún exceso ha cometido el Estado ha sido en nombre de un bien mayor, de modo que sus agentes deben ser respetados a pesar de ello, al punto incluso de justificar las masacres contra civiles, como afirmó el expresidente y senador Uribe Vélez en su cuenta de Twitter el pasado 7 de abril: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.


Los riesgos de un intervencionismo negacionista son múltiples: En primer lugar, la posibilidad que existe de silenciar, cambiar o moldear las narrativas sobre la identidad de nuestro país que se han construido, al menos, desde los eventos del 9 de abril de 1948. Basta con observar, por ejemplo, cómo, durante el ejercicio realizado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, (Chcv, 2016), nombrada por la mesa negociadora de La Habana, varios de sus miembros, como Duncan, Torrijos y Jorge Giraldo, presentan ensayos para interpretar los orígenes del conflicto, en donde niegan o minimizan en diferentes escalas el conflicto como tal y lo atribuyen a una disputa entre paramilitares y guerrilleros en torno al tráfico de drogas. De otra parte, y como contraste, en la misma Comisión (3), se presentaron informes como el de Estrada y Vega –y la relatoría de Moncayo–, que reconocen los orígenes y las causas del conflicto a mediados, comienzos del siglo veinte o incluso antes y cómo los Estados Unidos ha tenido una injerencia directa desde mediados del siglo diecinueve. Menciona Arenas (4): “Controlar esas instituciones culturales e implementar en ellas políticas de memoria que silencien, nieguen, excluyan e invisibilicen implicará una evidente desigualdad en la posibilidad de registro, enunciación e identificación de las huellas del pasado y, seguramente, la imposición de una versión oficial sobre los hechos”. En segundo lugar, García (5) advierte los riesgos de generar una paz negativa, una “paz del olvido de ciertos crímenes y de la acentuación de otros”. En tercer lugar, lo que implicaría en el producido de esas entidades: publicaciones, reportes, informes, bibliografías y exhibiciones de museos, de archivos y de bibliotecas que pretendan invisibilizar los impactos del conflicto o los sesguen excluyendo a unas o varias de las partes del conflicto. En cuarto lugar, y aún más importante, que se niegue el derecho, directamente a las víctimas o representadas en organizaciones, colectivos, ONG, la academia y organizaciones sociales, a darle un sentido al pasado. Estamos, entonces, ante una disputa por restituirles la dignidad, por reivindicarles sus demandas, y por la defensa de los derechos humanos, por la justicia y por la reconciliación (6).


Lo cierto es que el país requiere de narrativas múltiples, de visiones pluralistas en las que las víctimas del conflicto, más allá de quienes fueron sus victimarios, puedan expresar su dolor y que ese dolor quede registrado en la memoria colectiva del país. Los victimarios, también en su proceso de reparación, tienen un espacio importantísimo para preservar esa memoria. No se trata de imponer unas narrativas sobre otras; ni de desbalancear las responsabilidades del conflicto, ni de ejercer venganzas, sino que la verdad y la memoria, sea narrada, preservada y honrada. Es sabido que “La preservación de la memoria histórica es uno de los mecanismos de la reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado y un componente central del derecho a la verdad de las víctimas y sociedades” (7). De igual forma, por lo anterior, una de las formas de generar reconciliación es precisamente que “Se narren los hechos, que se haga historia, pero no historia tradicional sino memoria. Es narración de hechos y hechos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de las víctimas, de los silenciados, de las mujeres, de los niños, de los que han sido victimizados, de los que no han contado la historia […] y de esa manera es posible la reconciliación” (8).


El riesgo también está, en línea con lo anterior, que al tomar posesión de entidades como las mencionadas, por parte de un partido en el gobierno que desde antes de llegar al poder promovió el No en el plebiscito del 2017, se ahonde el proceso de entorpecer, obstaculizar e intentar deslegitimar los acuerdos (9), y que se acentúe la desfinanciación de todo lo que signifique mantener vivos los proyectos e iniciativas derivados de los acuerdos de paz.


El caso de Acevedo al frente del Cnmh es para preocuparse. Corresponde a un negacionista que sostiene –a pesar de haber militado en el ala política de Epl– que en Colombia no ha habido conflicto armado sino delincuencia asociada con el “narco terrorismo”. Con opiniones de esa naturaleza es legítima la intranquilidad por parte de sectores de la academia, las organizaciones de víctimas, las ONG y numerosos pensadores del país, que lo que pretende Acevedo, en últimas es intentar silenciar o moldear la historia reciente del país.


Por otro lado, el nombramiento de Enrique Serrano en el Archivo Nacional también ha levantado desconfianza por su tradición de pensamiento hispanista, europeizante y poca afinidad a lo que huela a “colombianidad”, a “criollo” o a la población originaria de América. Basta leer sus libros para entender su pensamiento al respecto. El nombramiento de un perfil como ese sorprende por partida doble: primero, en que se le haya designado para confiarle el acervo documental de nuestra identidad histórica y, segundo, en qué Serrano haya aceptado la responsabilidad por una memoria histórica a la que manifiesta tenerle tanta antipatía.


Igualmente levanta ampollas personas como Adriana Valderrama en el Museo Casa de la Memoria de Medellín –si bien fue nombrada hace casi tres años, parece encajar en el perfil de los recientes nombramientos de Duque– quien ha hecho reparos al trabajo del Cnmh y a lo que debe ser su relación con las víctimas (10).


Pero hay que ir más profundo a lo que puede ser transitorio; finalmente son funcionarios de turno, y es difícil pensar que, así detenten temporalmente el poder, puedan cambiar, alterar o negar la historia de nuestro conflicto. Afortunadamente, el terreno ganado no es poco en los últimos años. Existe un sólido conjunto de documentos, testimonios, exposiciones, declaraciones, confesiones (a nivel judicial y por fuera del sistema procesal), en las que han participado tanto víctimas como victimarios (11).


Podría parecer ingenuo temer que este laborioso andamiaje para construir memoria pudiese ser socavado por unos pocos. Por toda la geografía nacional brotan centros de memoria a través de la Red Colombiana de Lugares de Memoria: el Parque Monumento de Trujillo, Valle; el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, Bolívar; el Centro Comunitario Remanso de Paz, Pueblo Bello; la Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense; el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá; el Salón del Nunca Más, Granada, Antioquia; el Centro de Memoria del Conflicto, Valledupar, Cesar; el Centro integral de formación y fortalecimiento cultural Wiwa Sierra Nevada de Santa Marta; el Museo Caquetá; el Lugar de Memoria del Atrato, Bojayá, Chocó, y al menos otros diez, son prueba suficiente de que la memoria se recupera por toda la geografía nacional.


Sin embargo, no es para dormir tranquilo. A todos estos centros de memoria los persigue un fantasma llamado fuentes de financiación, si bien algunos requieren de sumas tan pequeñas como treinta millones de pesos al año para su operación. Desde el gobierno anterior los miembros de la red habían manifestado la precariedad de su supervivencia por falta de destinaciones específicas que aseguren su operación (12). La amenaza de minar la estructura financiera de estos lugares se extiende sin pausa y no sólo por vacíos jurídicos sino por decisiones administrativas que parecen seguir claras directrices de quienes no les interesa que la memoria se preserve. Otro ejemplo es el contra-monumento Fragmentos, obra realizada por la escultora Doris Salcedo a partir de la fundición de armas entregadas por las Farc. A menos de seis meses de inaugurado, ya acusa recortes presupuestales ejercidos por el actual gobierno. En esa línea, el PND 2018-2022, en curso en el Congreso, tiene previstos serios recortes para la paz (13). La conclusión es que no es necesario intervenir físicamente la memoria para silenciarla o moldearla. Basta con quitarle el oxígeno, desconectarle los recursos para que agonice y muera.


La pregunta que subsiste es ¿de qué manera puede garantizarse la independencia, el funcionamiento y el sostenimiento de estos lugares sin que queden sujetos al vaivén de los gobernantes de turno? Es sabido que hay instituciones que no pueden ser estatales pues corren el riesgo de politizarse. Por ello, parecería necesario dotar a nuestros centros de memoria de autonomía presupuestal, y de los mecanismos necesarios para que sus directores sean nombrados no por los políticos de turno sino por organizaciones y colectivos que representen a las víctimas del conflicto. La academia también tiene responsabilidad, al menos parcial, para financiar y asegurar la subsistencia de dichos centros. En otros lugares del mundo se ha logrado, no sin dificultades, en torno a la financiación de las comisiones de la Verdad. Es necesario preservar la memoria sin los sobresaltos de gobiernos negacionistas y revisionistas y más aún, garantizar la autonomía presupuestal y administrativa a los centros de documentación y memoria histórica que permita honrar las víctimas y sus narrativas, y por allí mismo las de una parte importante de la nación (que aunque fue derrotada en el plebiscito del 2016) sueña con la paz y la reconciliación.


Ahora bien, al ampliar la imagen a un plano general, es posible comprender cuánto hay en juego. Cuando lo que se busca privilegiar el ignorar y el olvidar sobre el recordar; cuando el pensamiento crítico que surge de las más hondas raíces del positivismo es desestimado, cuando lo que se prefiere es la venganza sobre el perdón y la reconciliación, cuando se desconocen los avances hechos por una sociedad que quiere, por fin, una paz estable y duradera, es posible vislumbrar el alcance y las pretensiones de un gobierno negacionista y revisionista.


Otros países enfrentan los mismos retos. La memoria de las víctimas está en vilo en muchos lugares. Hay una suerte de abandono estatal para conocer y preservar la verdad. Los crímenes cometidos por el franquismo, el nazismo y la dictadura de Pinochet siguen siendo una herida abierta para los familiares de los desaparecidos y de las víctimas. Un informe del Consejo de Europa (14) amplía la lista de países que no establecen “la verdad sobre las personas desaparecidas” a Armenia, Azerbaiyán, Irlanda del Norte, Georgia, Rusia, Turquía, los Balcanes occidentales, Ucrania y España. Las leyes de memoria histórica, entre ellas, la de España, son frágiles y no se cumplen como es debido. Mientras Macron intenta abrir los archivos de la guerra de Argelia (1954-1962) y reconoce que Francia legalizó la tortura durante el conflicto, Marine Le Pen se opone para no “reabrir heridas” (15). Las Comisiones de la Verdad enfrentan múltiples obstáculos; en Chile se le ha querido silenciar o limitarla en sus alcances (16). Son, paradójicamente, campos de batalla por la memoria. Por otra parte, las leyes de amnistía, de punto final, así como la presión ejercida por influyentes grupos políticos involucrados o herederos ideológicos de los crímenes cometidos entorpecen su labor. En consecuencia, la disputa por la memoria es un asunto crítico que tiene implicaciones profundas en la sociedad y en las narrativas identitarias de los pueblos que han atravesado los horrores de la guerra.


No es impertinente intentar trazar enlaces entre el tipo de sociedad en la que Winston Smithvive –1984 no es más que una distopía literaria, pero no por ello deja de ser aterradoramente premonitoria– y la que hoy acecha al individuo de nuestra época. Winston, comprende, finalmente, tras ser torturado por la Policía del Pensamiento, la verdad de los tres eslóganes del Gran Hermano: La Paz es Guerra, la Libertad es Esclavitud, la Ignorancia es Fortaleza. Su voluntad ha sido quebrantada, su mundo íntimo ha dejado de existir. Sentado en un café, entiende que ahora ama al Gran Hermano y sonríe estúpidamente al ver su imagen en un afiche en la pared.

 

1. Arenas, S., “La memoria en disputa”, en Hacer memoria, http://hacemosmemoria.org/2019/02/28/la-memoria-en-disputa/, 2019.
2. Pernett, N., “El uribismo y su campaña para moldear la memoria”, en Razón pública, https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11823-el-uribismo-y-su-campana-para-moldear-la-memoria.html, 2019.
3. Comisión Historia del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (2016), Contribución al entendimiento del conflicto amado en Colombia, Ediciones Desde Bajo, Bogotá
4. Hacer memoria..., op. cit.
5. García D. , “La memoria, la historia y lo ausentes en la disputa por la verdad”, en El Espectador, 24 de marzo 2019.
6. Arenas, S., Hacer memoria..., op. cit.
7. Centro Nacional de Memoria Histórica, Museo Nacional de la Memoria: un lugar para el encuentro. Lineamientos conceptuales y guion museológico, en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/museo-lineamientos_accesible.pdf, 2017.
8. Ibídem.
9. Como por ejemplo las objeciones del presidente a la ley estatutaria de la JEP bajo argumentos como “estamos a solo seis artículos de alcanzar la paz”,
10. Pernett, N., “El uribismo y...., “, op. cit.
11. Véase, por ejemplo, la entrevista “Quiero que todo el país sepa la verdad que conté: Pirabán” publicada en El Espectador 14 abril 2019 a Manuel Piraban (Jorge Pirata), ex líder del grupo Pitada de los Llanos quien tras haber cumplido pena de prisión ha regresado a la vida civil para reunirse con las víctimas de sus masacres y sus crímenes, no solo para pedir perdón sino para responder las preguntas y angustias de los familiares de sus víctimas. También, la exposición Ríos y Silencios, montada por Juan Manuel Echavarría en el MAM en enero de 2018 y del que hay una cartilla coleccionable .
12. Verdad Abierta, “Nosotros ya tenemos la memoria” en https://verdadabierta.com/nosotros-ya-tenemos-la-memoria-historica/, 2016.
13. El Nuevo Siglo, “Audiencia pública tras recortes para paz PND 20018-2022”, febrero 15 de 2019.
14. El Diario, en https://www.eldiario.es/sociedad/Europa-Espana-abandono-victimas-desaparicion_0_495901430.html, 2016.
15. Rtve, Memoria histórica en Francia, Macron reconoce públicamente que Francia legalizó la “tortura” durante la guerra de Argelia en http://www.rtve.es/noticias/20180913/macron-reconoce-publicamente-francia-legalizo-tortura-durante-guerra-argelia/1797861.shtml, 2018.
16. Bernasconi Ramírez, Oriana, Daniela Mansilla Santelices y Rodrigo Suárez Madariaga. 2019. “Las comisiones de la verdad en las batallas de la memoria: usos y efectos disputados de la verdad extrajudicial en Chile”. Colombia Internacional (97): 27-55. https://doi.org/10.7440/colombiaint97.2019.02

*Escritor. Integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia. Su novela más reciente es La sembradora de cuerpos, Seix Barral, 2019.

Publicado enColombia
Adriana Gómez, Laboratorio de la serie “Tapia pisada”, 40 x 17 x 17 cm., cerámica/madera, 2013 (Cortesía de la autora)

¿Cómo ha podido llegar nuestro país al punto donde se encuentra? ¿Cómo es posible que en medio de la prolongada barbarie registrada acá durante los últimos 70 años, por lo menos, el dominio de quienes siempre lo han controlado se mantenga y se prolongue? ¿Cómo es posible que en un país de tan inocultables desigualdades haya gente que las justifique como el lógico resultado de la naturaleza humana, es decir, aquello de que “siempre hay y habrá pobres y ricos”?


Estos y otros interrogantes posibles, que pueden llenar cuatillas, resisten diversas respuestas, entre ellas el consabido imperio de la fuerza, así como los efectos de su despliegue, es decir, los miedos, tal vez por comodidad –“Es mejor no meterse en cosas ‘que no son conmigo’”. Son estas las actitudes derivadas en parte del efecto colateral de una violencia prolongada con sus vientos asesinos hasta todo aquel o aquella que “mete la nariz donde no le han llamado”.


Por fuera no queda la posibilidad de conformismo, producto derivado de una sociedad presionada a romper sus lazos más profundos de solidaridad natural, hasta llevarla a la fragmentación y/o atomización, todo ello como resultado de los últimos 50 años de guerra abierta contra la sociedad, tanto en lo militar como en lo económico social.


Las respuestas, como es posible inferir, también pueden llenar una o más cuartillas. Así puede ser. ¿Pero esta realidad no tendrá que ver, sin dejar de lado las opciones relacionadas, con el hacer y el dejar hacer de los medios de comunicación hegemónicos en Colombia?


Como es sabido, el dominio social es más fácil de concretar si el dominado carece de conciencia sobre ello –alienación–, pero también si el dominado lo acepta con toda conciencia –identidad y sumisión–. La fuerza impone pero también cosecha repulsa, lo que no sucede con el dominio social, que hace ver como normales la pasividad, el conformismo, el miedo, la tolerancia, el individualismo, la atomización.


Y así ha ocurrido entre nosotros a través de un relato, tejido poco a poco, a lo largo de décadas; zurciendo ideas, conceptos, imágenes, razones, como hilos de una sola prenda, amarillo, azul, rojo, que al final son la camisa, el gorro o la bata conocida como historia nacional, de la cual se desprende el simplificado decir de que “Así somos los colombianos”.


Ese relato pasa de generación en generación, en una primera época mediante la evangelización, para ser reforzada luego por el sistema educativo, fortalecido en una tercera etapa por la acción ideológica de multitud de iglesias, ahora no sólo la católica, que pierde el control hegemónico de las almas, con un reforzamiento en el día a día, en tercera y cuarta épocas, por los medios de comunicación, baluartes en una primera fase de los dos únicos partidos políticos que han gobernado el país, y ahora expresión del poder financiero-empresarial que reina entre nosotros.


Amarillo


Los medios de comunicación, con sus modalidades de cubrir la cotidianidad nuestra como nación, ocultan los factores de poder que determinan, con su forma de gobernar, la Colombia realmente existente, esa que registra un Gini de 0,886 en la concentración de la tierra, y en que el 10 por ciento más rico de la población acapara el 70,2 por ciento de la riqueza nacional. En Colombia, la brecha que algún presidente prometió cerrar, sin cumplir con su cometido, 48 años después de su promesa “8.500 propietarios son dueños del 77 por ciento de los CDT depositados en el sistema bancario, y 9.200 son dueños del 65 por ciento de los depósitos de ahorros”, como consecuencia de lo cual “[…] el Gini de la distribución de los depósitos financieros es un asombroso 0,92 para los CDT, 0,94 para los depósitos de ahorro y 0,97 para las cuentas corrientes” (1)


Es función del periodismo genuino interrogar, cuestionar, dudar, ahondar, llamar la atención… Pero los medios criollos soslayan los reiterados informes internacionales que indican que el nuestro es uno de los países más desiguales del mundo. ¿O en alguna ocasión han cuestionado que la concentración de riqueza alcance una continuidad nunca rota, a pesar de todos los planes de los gobernantes de turno, con lo cual cumplen con la norma constitucional pero no mucho más? ¿Cuándo les brindan suficiente espacio y eco a las voces críticas que llaman la atención sobre esta realidad y proponen medidas de cambio para romperla?


En Colombia, la labor periodística de los medios oficiosos, con sus focos puestos donde no corresponde, contribuye a ocultar razones y realidades, tanto como a prolongar y profundizar la sombra de la desigualdad social que reina entre nosotros. Es una labor seudoinformativa que engendra analfabetismo político –y, como consecuencia de ello, apatía por la cosa pública–, que domina entre amplias capas sociales. Tal analfabetismo les otorga asidero a razonamientos populares para explicarse la realidad de miseria que los agobia como reflejo de su “mala suerte”, de su “incapacidad de trabajo”, o porque “así lo quiere Dios”.


Por tanto, no asombra que, al conocerse cada año los balances de las sociedades financieras y corporativas en general, haya ausencia de un necesario cuestionamiento de los altos rendimientos del sector financiero, por ejemplo, que para 2018 suman 24 billones, 9,2 billones en el caso exclusivo de los bancos. Ello, mientras millones de connacionales viven en la angustia de no saber cómo harán para sacar adelante el día que viene.


Estamos entonces ante un silencio cómplice frente a la persistencia de esta injusta estructura social, y un modelo económico que hace décadas mostró sus límites y su fracaso social. Ese silencio no es censura sino simple reflejo de identidad ideológica y política entre un periodismo dominante y sectores igualmente dominantes, connivencia entre patronal y empleados, en este caso entre los dueños de los medios de comunicación –en su mayoría grupos económicos, multilatinos algunos de ellos, con intereses en el sector financiero– y quienes dirigen estos medios de comunicación (2). Son expresiones de identidad ideológica y desinformación, como se puede constatar cuando un periodista –creador de opinión– se refiere con alegría a la evolución ascendente del precio de petróleo, pues “es lo que el país necesita”, cuando precisamente esa realidad del petróleo, y el giro del país a depender en su economía de la evolución de su precio, es parte de la explicación de la fragilidad económica que lo hace proclive a todo tipo de variables geopolíticas, abriéndolo aún más al sometimiento y el neocoloniaje.


Azul


Está registrado por la memoria de nuestro país: la clase enquistada y alimentada por el patrimonio común, que es de todos los colombianos, no tiene ética de lo público ni respeto por los derechos humanos ni dignidad ni autoestima, por todo lo cual el sueño de soberanía no integra su ideario, si es que tiene alguno diferente de ensanchar sus bolsillos con billetes verdes.


Esa realidad se traduce en ausencia de sentimiento nacional y soberano, resplandeciente en infinidad de sucesos, como en la inexistente voluntad para impedir el zarpazo sobre Panamá; la postración ante la United Fruit Company, con impunidad ante los cientos de asesinados en 1928 en Ciénaga y sus alrededores, como lo recordó Gaitán cuando les dijo que “[…] el gobierno tiene la metralla para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”. Es una realidad oprobiosa que persiste a pesar del paso del tiempo, según la reciente acción de mando del embajador de los Estados Unidos al exigirle a una delegación de parlamentarios ciertas decisiones ante el tema de la JEP. Tal injerencia en asuntos internos del país encontró un total silencio de la Cancillería. La ausencia de sentimiento nacional también resalta en la conducción de las Fuerzas Armadas bajo la doctrina gringa, la selección de su mando y la creación del paramilitarismo como producto de la guía de combate de aquel país; el estímulo y el uso del narcotráfico como mecanismo de división y control social; la renuncia del modelo de desarrollo propio para acoger el “sueño americano” y con él la pérdida de soberanía alimentaria, así como la multiplicación de la deuda pública. En los días que corren, el gobierno colombiano actúa bajo su ala para instigar un golpe de Estado o una guerra civil en Venezuela.


Sobre estos y otros sucesos que aún viven en la memoria nacional, así no cejen en la pretensión de reescribirla, el silencio y la complicidad es lo que han garantizado los existentes medios oficiosos, primero los escritos, partidistas todos ellos en las primeras décadas del siglo XX y luego corporativos, ya no sólo escritos sino también radiales, televisivos y digitales.


De esta clase dominante no puede nacer un auténtico proyecto de integración y complemento regional, ni de los medios hegemónicos el reclamo para hacer realidad el proyecto bajo el cual se movilizaron las fuerzas independentistas en la segunda y la tercera décadas del siglo XIX, proyecto sin el cual nuestro país, y nuestros hermanos de siempre, nada podremos aportar que valga la pena a otros pueblos, en procura de justicia e igualdad global.


De este cuadro analizado surge la ausencia de sentido nacional y amor por lo propio, con sentido internacionalista, que hoy reclama un proyecto cultural, educativo, y de ciencia y tecnología propios, bajo el cual, en el mediano plazo, nos desliguemos de los controles de todo tipo que trae la dependencia en computación y desarrollo digital en general. Tras una labor de este tipo pudiera resultar posible un papel para desplegar un sistema de comunicación e información nacional, metas que no son de poca monta, toda vez que nos debieran llamar la atención en todo momento las implicaciones que tiene el software privativo, así como los efectos y las posibilidades, como retos que nos deparan las revoluciones industriales, la tercera y la cuarta, que estamos viviendo.


Rojo


Ausencia de amor por lo propio, y de proyecto nacional, continental y global, reiterado y fortalecido por el silencio mediático –complacencia con lo que estaba en curso–, cuando, al acoger el gobierno de César Gaviria (1990-94) el ideario neoliberal y todo el recetario del Consenso de Washington, empezó la piñata para feriar lo público bajo el prurito de la eficiencia del sector privado, sofisma impresentable e insostenible a la luz de la realidad pretérita y actual.


Esa piñata se llevó a cabo en el curso de la última década del siglo XX, a pesar de la resistencia de sectores sociales como los trabajadores de Telecom y sus vanguardias sindicales, cuya dirigencia fue a dar a la cárcel, sin cuestionamiento ni reclamo por lo sucedido de parte de los medios radiales, escritos o visuales.


Dos décadas y media antes de tal proceder, en mayo de 1964, el poder enquistado desde el siglo XIX en nuestro país desplegó una operación aérea y terrestre para arrasar con un pequeño grupo de campesinos que con sus armas se oponían a ser despojados de sus tierras, enseres y pocos semovientes con que contaban. Tratados por fuera del contexto en que habían surgido como resistencia campesina, y con plena complacencia de los terratenientes y el poder capitalino –de espaldas a la Colombia real–, la operación contó con eco mediático desinformante. Desde ese mismo momento, y mucho antes, como ocurrió con las guerrillas liberales, el origen, la trayectoria y la realidad profunda del conflicto agrario en nuestro país, proyectados años después en conflicto urbano, y ampliados al cuestionamiento del monopolio del poder, nunca fue cubierto con un análisis profundo de sus causas y medidas alternativas para ser resuelto mediante una solución conveniente para todo el país.


Dos décadas después de esta acometida militar, tras el gobierno de Julio César Turbay (1978-82), en el cual la norma fue la tortura para todas las disidencias, con cárceles repletas de presos políticos ‘juzgados’ por militares, sin la oposición de los medios al irrespeto de los derechos humanos, llega el tiempo del despliegue paramilitar abierto, apertura de este ciclo –que aún no se cierra– que tiene como acción visible el paso de una avioneta sobre Medellín lanzando volantes que anunciaban la conformación del MAS (Muerte a Secuestradores), alianza de narcotraficantes protegida y utilizada por las Fuerzas Armadas para enfrentar a la insurgencia de la época. Tales narcotraficantes crecieron y se fortalecieron a la sombra del sistema bancario y de los poderes políticos y económicos siempre vigentes en varias regiones del país.


Luego, tras la división del MAS, ven la luz los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), unidad de matones del Cartel de Cali que, en alianza con la DEA y las Fuerzas Armadas nacionales, les darían potencia y fuerza a los paramilitares en diversas regiones del país, hasta centralizar su accionar en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) bajo el mando de Carlos Castaño, hecho que recibe amplia resonancia en los medios dominantes, además de protección oficial.
Lo que vendría luego, con cientos de masacres, está fresco en la memoria nacional, y muchas de sus víctimas sobrevivientes hoy luchan por recuperar lo que aquellas bandas les arrebataron, además de poder narrar los sucesos que cambiaron sus vidas y las de los suyos.


Recuerda la memoria popular que en esta época las masacres ganaron multiplicación por todo el territorio nacional, y que, sumadas éstas con las acaecidas en otras décadas, fácilmente redondean las 5.000 (3), es decir, alrededor de 300 mil connacionales asesinados a sangre fría, bajo el silencio y la complacencia oficiales, y sin el debido cubrimiento esclarecedor por los medios de comunicación existentes. Más de siete millones de desplazados y de 82 mil desaparecidos son la otra parte de la historia nacional, la cual recuerda que el poder no repara en métodos ni recursos para protegerse y prolongarse en sus dominios.


¿Tiene nuestro conflicto armado, con los poderes que lo atizaron año tras año, soporte estructural o es simple expresión de grupos por el control regional para el sembrado de coca, y el aseguramiento de rutas para el envío de narcóticos allende nuestras fronteras? ¿Surge este conflicto, y tiene prolongación, por la acción de un Estado y de la clase que lo controla, aliada con una red corporativa acorazada en una potencia supranacional que nos asume como parte de sus dominios o responde a un simple complot internacional?


Estos interrogantes son parte de la disputa que hoy atiza la lucha por la memoria nacional, con expresión en archivos, museos, centros de memoria y similares. En todo ello, en la distorsión de la realidad del conflicto armado que por décadas hemos padecido, en su ocultamiento y su negación, mucho tienen que ver los medios de comunicación oficiosos –escritos, radiales, televisivos. ¿Cumplirán un papel diferente esos medios en el debate por la memoria nacional a que dan lugar los Acuerdos firmados en La Habana, y luego refrendados en Cartagena y el Teatro Colón de Bogotá?


La respuesta que nos brinden los años que vienen permitirán, o bien entrelazar de manera más fina los hilos del amarillo, azul y rojo, parte de nuestra identidad y memoria, o bien tensionarlos hasta hacer que se rompan. Uno u otro camino abonarán a la continuidad de la guerra o, por el contrario, a su resolución definitiva, una paz inédita que nos debe brindar espacio y luces para habitar la tierra de manera creadora.

 

1. Varios autores, La desigualdad en Colombia, Editorial Oveja Negra, pp. 57-60, 2018.
2. Principales medios de comunicación y sus propietarios: Caracol televisión, incluye el diario El Espectador y otros medios (Valorem S.A.), El Tiempo y otros medios (Grupo Sarmiento Angulo), Caracol Radio, W Radio y otros medios, (Grupo Prisa), RCN, radio y televisión (conglomerado de Carlos Ardila Lulle), revista Semana (grupo Gilinski y Felipe López Caballero), Canal 1 (Daniel Coronell, Yamit Amat, César Gaviria y otros). El Colombiano, La República, Vanguardia Liberal, El Heraldo, La Tarde y otros medios con importante influencia local/regional, aún están en manos de sociedades familiares.
3. La Convención internacional indica que se designa como masacre el asesinato en un mismo lugar y que implica a cuatro o más víctimas.

Martes, 28 Mayo 2019 08:37

¡La memoria es nuestra!

Adriana Gómez,  Inundados de la serie “Tapia pisada”, 50 x 80 cm., técnica mixta/mdf, 2011 (Cortesía de la autora)

El Ministerio de la Verdad se ocupa de manipular o destruir documentos históricos como fotografías, libros y periódicos para lograr que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia narrada por el partido que gobierna, al parecer, desde siempre. Winston Smith es funcionario del ministerio, editor de memoria histórica. Vive en una Londres lúgubre e hiper-vigilada por telepantallas que recuerdan a todos que el Gran Hermano siempre vigila. En el mundo hay tres superpotencias: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. La historia oficial dice que Oceanía –regida por el Gran Hermano–, y Eurasia, siempre han sido aliadas contra Asia Oriental. Hay un enemigo a odiar, Emanuel Goldstein, a quien cada día se dedican tres minutos de odio. Inesperadamente, Oceanía y Eurasia entran en guerra y Oceanía se alía con Asia Oriental. Hay que cambiar la historia para que aparezca como si siempre Oceanía y Asia Oriental hubiesen sido aliadas contra Eurasia. Winston procura mantener la cordura; escribe en su diario: “Aquel que controla el presente, controla el pasado. El que controla el pasado, controla el futuro”.

 

¡La memoria es nuestra!


Lo anterior corresponde a la trama de 1984 de George Orwell. Es una representación del negacionismo histórico, una práctica usada por ciertos gobiernos (apoyados en historiadores cómplices) para distorsionar, ilegalmente, los registros históricos. Los métodos utilizados son diversos: borrar o destruir fuentes, presentar documentos falsos como auténticos, atribuir conclusiones a libros que en realidad demuestran lo contrario, manipular estadísticas para soportar un cierto punto de vista o perspectiva. ¿Con qué propósito? Alcanzar un fin político, transferir las culpas del conflicto al otro, satanizar al enemigo, proveer la falsa ilusión de una victoria. Una vertiente del negacionismo, pero distinta, es el revisionismo histórico, que se encarga de reescribir lo que hasta entonces se ha preservado como memoria de lo sucedido y busca una interpretación distinta de los hechos o, lo que es más común, minimizarlos o trivializarlos con el fin de acomodar los intereses de quienes pretenden ese intervencionismo sobre la memoria.


Es elemental señalar que escribir la Historia requiere de la memoria, pero no por eso puede soslayarse. La identidad cultural de los pueblos se construye a partir de lo que estos saben y recuerdan de su pasado, de los hechos y acontecimientos; y, sobre estos se edifican narrativas que dan cuenta de que pasó y cómo pasó. De allí la importancia y la función que ocupa la memoria en la sociedad. Pero la memoria es frágil y a la vez dúctil, susceptible de ser formada como un puñado de arcilla húmeda. En ese sentido suele haber intereses de quienes detentan el poder o ejercen influencia sobre él para silenciarla o moldearla. Poder y memoria, con frecuencia constituyen una relación desigual en donde el primero abusa repetidamente de la segunda. Al establecer una impronta en los imaginarios culturales y sociales se alcanza el resultado buscado: engañar la sociedad con fines netamente políticos.


Hay numerosos ejemplos de negacionismo y revisionismo histórico ejercidos por gobiernos, grupos de poder o de influencia mediática en el pasado reciente: los crímenes de guerra cometidos por Japón en la guerra con China, el por qué, el para qué y los efectos de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, las circunstancias de la desintegración de América Latina y la persistente violencia padecida por sus pobladores, los crímenes de guerra cometidos por los serbios en las guerras en Yugoslavia, el genocidio turco contra los armenios, las purgas contra opositores, intelectuales y artistas durante el estalinismo, la exclusión de los armenios en la historia de Azerbaiyán, el número de víctimas durante las protestas de la plaza Tiananmen, los intentos de trazar una continuidad macedonia desde la antigüedad para legitimar el reclamo de la independencia, las pretensiones de revisar la magnitud del Holocausto. La enumeración puede alargarse.


Es claro entonces que no es inocua ni desarticulada la iniciativa del gobierno Duque para nombrar en instituciones dedicadas a recoger, conservar y dar a conocer la memoria –en especial, en lo relacionado al conflicto armado–, a personas cercanas al Centro Democrático, como Darío Acevedo, que han evidenciado posiciones negacionistas o revisionistas del conflicto. En lo corrido del año han decretado relevos en el Centro de Memoria Histórica (Cnmh), en el Archivo General, en el Museo Nacional y en la Biblioteca Nacional. En otras instituciones, como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), se respira la zozobra de que el relevo pronto vendrá, en línea con lo mencionado arriba.


Lo anterior es más crítico cuando ocurre en un país que no ha logrado, a pesar de los intentos recientes, cerrar el conflicto de manera definitiva. Ha quedado en evidencia que las causas de este son profundamente estructurales y que un acuerdo de paz, unos actos legislativos y unas cuantas leyes a partir de los anteriores son insuficientes para poder pasar la página; el contrapeso político ha sido tan eficaz como funesto. El conflicto está vivo: el diálogo con el Eln suspendido, los ataques terroristas continúan, los líderes sociales diezmados por fuerzas oscuras que el Estado se niega a desenmascarar, el narcotráfico y las disidencias de las Farc copan espacios dejados por las viejas estructuras, la JEP sigue bajo asedio político y jurídico, las organizaciones de corte paramilitar mantienen el control en sectores y rutas estratégicas para el narcotráfico, la minga en el Cauca es ignorada y burlada por el presidente, el partido de gobierno insiste en polarizar a la sociedad (las vallas que increpan al ciudadano: “Y usted, ¿de qué lado está?”), el país desangrado por la corrupción mientras los intocables siguen rampantes… ejemplos no faltan para demostrar lo lejos que se vislumbra el fin del conflicto. En consecuencia, la memoria está en disputa mientras el conflicto sigue su curso bajo un gobierno que lo aviva y lo enciende y a la vez insiste en negar su existencia; de allí la precariedad, la fragilidad de la memoria que se ha preservado y la que se intenta preservar mientras los acontecimientos se siguen desplegando ante los ojos de la sociedad.


Por ello, surgen preguntas: ¿Qué pretende la administración Duque en torno a esos nombramientos en instituciones clave para la memoria del país? ¿Cuál es la intención última de estas decisiones? Y, en el mismo sentido: ¿Qué papel juega la memoria de las víctimas y protagonistas del conflicto en la construcción de la paz? ¿Quiénes escriben o deben dar cuenta de esa memoria?


Aquellos nombramientos representan, como menciona Arenas (1), un sector de la sociedad colombiana que no reconoce el conflicto armado, ni admite la responsabilidad del Estado en cientos de crímenes –entre ellos los llamados falsos positivos–, ni la de terceros involucrados, y que también rechaza la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, y, más aún, la posibilidad de una salida negociada a la guerra. Es, como lo afirma, por otra parte, Pernett (2) la visión conservadora de la historia de Colombia, una que aduce que el país se ha malogrado a causa de algunos desadaptados que no han respetado el orden existente y que la única forma de enfrentar estos desórdenes ha sido a través de la aplicación de la mano dura. Y, –bajo esa misma visión conservadora– si algún exceso ha cometido el Estado ha sido en nombre de un bien mayor, de modo que sus agentes deben ser respetados a pesar de ello, al punto incluso de justificar las masacres contra civiles, como afirmó el expresidente y senador Uribe Vélez en su cuenta de Twitter el pasado 7 de abril: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.


Los riesgos de un intervencionismo negacionista son múltiples: En primer lugar, la posibilidad que existe de silenciar, cambiar o moldear las narrativas sobre la identidad de nuestro país que se han construido, al menos, desde los eventos del 9 de abril de 1948. Basta con observar, por ejemplo, cómo, durante el ejercicio realizado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, (Chcv, 2016), nombrada por la mesa negociadora de La Habana, varios de sus miembros, como Duncan, Torrijos y Jorge Giraldo, presentan ensayos para interpretar los orígenes del conflicto, en donde niegan o minimizan en diferentes escalas el conflicto como tal y lo atribuyen a una disputa entre paramilitares y guerrilleros en torno al tráfico de drogas. De otra parte, y como contraste, en la misma Comisión (3), se presentaron informes como el de Estrada y Vega –y la relatoría de Moncayo–, que reconocen los orígenes y las causas del conflicto a mediados, comienzos del siglo veinte o incluso antes y cómo los Estados Unidos ha tenido una injerencia directa desde mediados del siglo diecinueve. Menciona Arenas (4): “Controlar esas instituciones culturales e implementar en ellas políticas de memoria que silencien, nieguen, excluyan e invisibilicen implicará una evidente desigualdad en la posibilidad de registro, enunciación e identificación de las huellas del pasado y, seguramente, la imposición de una versión oficial sobre los hechos”. En segundo lugar, García (5) advierte los riesgos de generar una paz negativa, una “paz del olvido de ciertos crímenes y de la acentuación de otros”. En tercer lugar, lo que implicaría en el producido de esas entidades: publicaciones, reportes, informes, bibliografías y exhibiciones de museos, de archivos y de bibliotecas que pretendan invisibilizar los impactos del conflicto o los sesguen excluyendo a unas o varias de las partes del conflicto. En cuarto lugar, y aún más importante, que se niegue el derecho, directamente a las víctimas o representadas en organizaciones, colectivos, ONG, la academia y organizaciones sociales, a darle un sentido al pasado. Estamos, entonces, ante una disputa por restituirles la dignidad, por reivindicarles sus demandas, y por la defensa de los derechos humanos, por la justicia y por la reconciliación (6).


Lo cierto es que el país requiere de narrativas múltiples, de visiones pluralistas en las que las víctimas del conflicto, más allá de quienes fueron sus victimarios, puedan expresar su dolor y que ese dolor quede registrado en la memoria colectiva del país. Los victimarios, también en su proceso de reparación, tienen un espacio importantísimo para preservar esa memoria. No se trata de imponer unas narrativas sobre otras; ni de desbalancear las responsabilidades del conflicto, ni de ejercer venganzas, sino que la verdad y la memoria, sea narrada, preservada y honrada. Es sabido que “La preservación de la memoria histórica es uno de los mecanismos de la reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado y un componente central del derecho a la verdad de las víctimas y sociedades” (7). De igual forma, por lo anterior, una de las formas de generar reconciliación es precisamente que “Se narren los hechos, que se haga historia, pero no historia tradicional sino memoria. Es narración de hechos y hechos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de las víctimas, de los silenciados, de las mujeres, de los niños, de los que han sido victimizados, de los que no han contado la historia […] y de esa manera es posible la reconciliación” (8).


El riesgo también está, en línea con lo anterior, que al tomar posesión de entidades como las mencionadas, por parte de un partido en el gobierno que desde antes de llegar al poder promovió el No en el plebiscito del 2017, se ahonde el proceso de entorpecer, obstaculizar e intentar deslegitimar los acuerdos (9), y que se acentúe la desfinanciación de todo lo que signifique mantener vivos los proyectos e iniciativas derivados de los acuerdos de paz.


El caso de Acevedo al frente del Cnmh es para preocuparse. Corresponde a un negacionista que sostiene –a pesar de haber militado en el ala política de Epl– que en Colombia no ha habido conflicto armado sino delincuencia asociada con el “narco terrorismo”. Con opiniones de esa naturaleza es legítima la intranquilidad por parte de sectores de la academia, las organizaciones de víctimas, las ONG y numerosos pensadores del país, que lo que pretende Acevedo, en últimas es intentar silenciar o moldear la historia reciente del país.


Por otro lado, el nombramiento de Enrique Serrano en el Archivo Nacional también ha levantado desconfianza por su tradición de pensamiento hispanista, europeizante y poca afinidad a lo que huela a “colombianidad”, a “criollo” o a la población originaria de América. Basta leer sus libros para entender su pensamiento al respecto. El nombramiento de un perfil como ese sorprende por partida doble: primero, en que se le haya designado para confiarle el acervo documental de nuestra identidad histórica y, segundo, en qué Serrano haya aceptado la responsabilidad por una memoria histórica a la que manifiesta tenerle tanta antipatía.


Igualmente levanta ampollas personas como Adriana Valderrama en el Museo Casa de la Memoria de Medellín –si bien fue nombrada hace casi tres años, parece encajar en el perfil de los recientes nombramientos de Duque– quien ha hecho reparos al trabajo del Cnmh y a lo que debe ser su relación con las víctimas (10).


Pero hay que ir más profundo a lo que puede ser transitorio; finalmente son funcionarios de turno, y es difícil pensar que, así detenten temporalmente el poder, puedan cambiar, alterar o negar la historia de nuestro conflicto. Afortunadamente, el terreno ganado no es poco en los últimos años. Existe un sólido conjunto de documentos, testimonios, exposiciones, declaraciones, confesiones (a nivel judicial y por fuera del sistema procesal), en las que han participado tanto víctimas como victimarios (11).


Podría parecer ingenuo temer que este laborioso andamiaje para construir memoria pudiese ser socavado por unos pocos. Por toda la geografía nacional brotan centros de memoria a través de la Red Colombiana de Lugares de Memoria: el Parque Monumento de Trujillo, Valle; el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, Bolívar; el Centro Comunitario Remanso de Paz, Pueblo Bello; la Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense; el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá; el Salón del Nunca Más, Granada, Antioquia; el Centro de Memoria del Conflicto, Valledupar, Cesar; el Centro integral de formación y fortalecimiento cultural Wiwa Sierra Nevada de Santa Marta; el Museo Caquetá; el Lugar de Memoria del Atrato, Bojayá, Chocó, y al menos otros diez, son prueba suficiente de que la memoria se recupera por toda la geografía nacional.


Sin embargo, no es para dormir tranquilo. A todos estos centros de memoria los persigue un fantasma llamado fuentes de financiación, si bien algunos requieren de sumas tan pequeñas como treinta millones de pesos al año para su operación. Desde el gobierno anterior los miembros de la red habían manifestado la precariedad de su supervivencia por falta de destinaciones específicas que aseguren su operación (12). La amenaza de minar la estructura financiera de estos lugares se extiende sin pausa y no sólo por vacíos jurídicos sino por decisiones administrativas que parecen seguir claras directrices de quienes no les interesa que la memoria se preserve. Otro ejemplo es el contra-monumento Fragmentos, obra realizada por la escultora Doris Salcedo a partir de la fundición de armas entregadas por las Farc. A menos de seis meses de inaugurado, ya acusa recortes presupuestales ejercidos por el actual gobierno. En esa línea, el PND 2018-2022, en curso en el Congreso, tiene previstos serios recortes para la paz (13). La conclusión es que no es necesario intervenir físicamente la memoria para silenciarla o moldearla. Basta con quitarle el oxígeno, desconectarle los recursos para que agonice y muera.


La pregunta que subsiste es ¿de qué manera puede garantizarse la independencia, el funcionamiento y el sostenimiento de estos lugares sin que queden sujetos al vaivén de los gobernantes de turno? Es sabido que hay instituciones que no pueden ser estatales pues corren el riesgo de politizarse. Por ello, parecería necesario dotar a nuestros centros de memoria de autonomía presupuestal, y de los mecanismos necesarios para que sus directores sean nombrados no por los políticos de turno sino por organizaciones y colectivos que representen a las víctimas del conflicto. La academia también tiene responsabilidad, al menos parcial, para financiar y asegurar la subsistencia de dichos centros. En otros lugares del mundo se ha logrado, no sin dificultades, en torno a la financiación de las comisiones de la Verdad. Es necesario preservar la memoria sin los sobresaltos de gobiernos negacionistas y revisionistas y más aún, garantizar la autonomía presupuestal y administrativa a los centros de documentación y memoria histórica que permita honrar las víctimas y sus narrativas, y por allí mismo las de una parte importante de la nación (que aunque fue derrotada en el plebiscito del 2016) sueña con la paz y la reconciliación.


Ahora bien, al ampliar la imagen a un plano general, es posible comprender cuánto hay en juego. Cuando lo que se busca privilegiar el ignorar y el olvidar sobre el recordar; cuando el pensamiento crítico que surge de las más hondas raíces del positivismo es desestimado, cuando lo que se prefiere es la venganza sobre el perdón y la reconciliación, cuando se desconocen los avances hechos por una sociedad que quiere, por fin, una paz estable y duradera, es posible vislumbrar el alcance y las pretensiones de un gobierno negacionista y revisionista.


Otros países enfrentan los mismos retos. La memoria de las víctimas está en vilo en muchos lugares. Hay una suerte de abandono estatal para conocer y preservar la verdad. Los crímenes cometidos por el franquismo, el nazismo y la dictadura de Pinochet siguen siendo una herida abierta para los familiares de los desaparecidos y de las víctimas. Un informe del Consejo de Europa (14) amplía la lista de países que no establecen “la verdad sobre las personas desaparecidas” a Armenia, Azerbaiyán, Irlanda del Norte, Georgia, Rusia, Turquía, los Balcanes occidentales, Ucrania y España. Las leyes de memoria histórica, entre ellas, la de España, son frágiles y no se cumplen como es debido. Mientras Macron intenta abrir los archivos de la guerra de Argelia (1954-1962) y reconoce que Francia legalizó la tortura durante el conflicto, Marine Le Pen se opone para no “reabrir heridas” (15). Las Comisiones de la Verdad enfrentan múltiples obstáculos; en Chile se le ha querido silenciar o limitarla en sus alcances (16). Son, paradójicamente, campos de batalla por la memoria. Por otra parte, las leyes de amnistía, de punto final, así como la presión ejercida por influyentes grupos políticos involucrados o herederos ideológicos de los crímenes cometidos entorpecen su labor. En consecuencia, la disputa por la memoria es un asunto crítico que tiene implicaciones profundas en la sociedad y en las narrativas identitarias de los pueblos que han atravesado los horrores de la guerra.


No es impertinente intentar trazar enlaces entre el tipo de sociedad en la que Winston Smithvive –1984 no es más que una distopía literaria, pero no por ello deja de ser aterradoramente premonitoria– y la que hoy acecha al individuo de nuestra época. Winston, comprende, finalmente, tras ser torturado por la Policía del Pensamiento, la verdad de los tres eslóganes del Gran Hermano: La Paz es Guerra, la Libertad es Esclavitud, la Ignorancia es Fortaleza. Su voluntad ha sido quebrantada, su mundo íntimo ha dejado de existir. Sentado en un café, entiende que ahora ama al Gran Hermano y sonríe estúpidamente al ver su imagen en un afiche en la pared.

 

1. Arenas, S., “La memoria en disputa”, en Hacer memoria, http://hacemosmemoria.org/2019/02/28/la-memoria-en-disputa/, 2019.
2. Pernett, N., “El uribismo y su campaña para moldear la memoria”, en Razón pública, https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11823-el-uribismo-y-su-campana-para-moldear-la-memoria.html, 2019.
3. Comisión Historia del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (2016), Contribución al entendimiento del conflicto amado en Colombia, Ediciones Desde Bajo, Bogotá
4. Hacer memoria..., op. cit.
5. García D. , “La memoria, la historia y lo ausentes en la disputa por la verdad”, en El Espectador, 24 de marzo 2019.
6. Arenas, S., Hacer memoria..., op. cit.
7. Centro Nacional de Memoria Histórica, Museo Nacional de la Memoria: un lugar para el encuentro. Lineamientos conceptuales y guion museológico, en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/museo-lineamientos_accesible.pdf, 2017.
8. Ibídem.
9. Como por ejemplo las objeciones del presidente a la ley estatutaria de la JEP bajo argumentos como “estamos a solo seis artículos de alcanzar la paz”,
10. Pernett, N., “El uribismo y...., “, op. cit.
11. Véase, por ejemplo, la entrevista “Quiero que todo el país sepa la verdad que conté: Pirabán” publicada en El Espectador 14 abril 2019 a Manuel Piraban (Jorge Pirata), ex líder del grupo Pitada de los Llanos quien tras haber cumplido pena de prisión ha regresado a la vida civil para reunirse con las víctimas de sus masacres y sus crímenes, no solo para pedir perdón sino para responder las preguntas y angustias de los familiares de sus víctimas. También, la exposición Ríos y Silencios, montada por Juan Manuel Echavarría en el MAM en enero de 2018 y del que hay una cartilla coleccionable .
12. Verdad Abierta, “Nosotros ya tenemos la memoria” en https://verdadabierta.com/nosotros-ya-tenemos-la-memoria-historica/, 2016.
13. El Nuevo Siglo, “Audiencia pública tras recortes para paz PND 20018-2022”, febrero 15 de 2019.
14. El Diario, en https://www.eldiario.es/sociedad/Europa-Espana-abandono-victimas-desaparicion_0_495901430.html, 2016.
15. Rtve, Memoria histórica en Francia, Macron reconoce públicamente que Francia legalizó la “tortura” durante la guerra de Argelia en http://www.rtve.es/noticias/20180913/macron-reconoce-publicamente-francia-legalizo-tortura-durante-guerra-argelia/1797861.shtml, 2018.
16. Bernasconi Ramírez, Oriana, Daniela Mansilla Santelices y Rodrigo Suárez Madariaga. 2019. “Las comisiones de la verdad en las batallas de la memoria: usos y efectos disputados de la verdad extrajudicial en Chile”. Colombia Internacional (97): 27-55. https://doi.org/10.7440/colombiaint97.2019.02

*Escritor. Integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia. Su novela más reciente es La sembradora de cuerpos, Seix Barral, 2019.

Sobre fragmentos de Doris Salcedo. El futuro se escribe con pasado

A finesde 2018 se inauguró Fragmentos, la obra creada por Doris Salcedo con el producto de la fundición de las armas entregadas por las Farc, como parte del acuerdo de paz. Las grandes baldosas metálicas fueron martilladas por 20 mujeres víctimas de violencia sexual, para simbolizar las cicatrices de la guerra, y ubicadas en el piso de lo que será un museo, en las ruinas de una casa de La Candelaria, en Bogotá.

 

La artista concibió su obra como un “contramonumento”, con la intención de evitar otorgarle a la violencia una forma estética, más allá del “vacío y la ausencia”, o erigir “una versión grandiosa y totalitaria de la historia”, “una visión triunfalista del pasado bélico de una nación”. Por el contrario, Fragmentos apuesta por permitir el encuentro entre memorias diversas y antagónicas sobre la guerra, que se expresarán en sus espacios a través del arte, durante los próximos 53 años.

 

Por las características de la obra, pensada inicialmente como un monumento por encargo de los acuerdos de paz, su significación es y será objeto de disputa, independientemente de las motivaciones de la autora. Sin embargo, tanto en el discurso de Salcedo como en Fragmentos misma se advierte una preocupación predominante sobre el futuro. El postulado básico parece ser: dado que las memorias sobre la guerra siempre van a ser plurales y antagónicas, más que un signo estético que clausure las posibilidades de significación del pasado, un monumento, el contramonumento apuesta por propiciar el encuentro y el diálogo entre ellas. Como afirmó la artista en el evento de presentación, en julio de 2018, el arte “nos permite pensar una visión de futuro en la que los opuestos conviven y lo incompatible coexiste pacíficamente”.

 

Aunque la intención es a todas luces loable, dicho postulado se apoya en unas premisas discutibles, sobre la naturaleza de lo “monumentalizable”, la interpretación de la guerra, el significado de la paz, la historia y la memoria colectivas.

 

El presente

 

El rechazo a la monumentalización o estetización de la violencia, presente en otros trabajos de Salcedo, es justo. No obstante, en este caso no se trataba de hacer un monumento a la guerra, pues el hecho que motivó la obra fue el acuerdo de paz. La negativa a hacer un monumento parece entonces ser un reflejo de la escasa significación social que ha tenido este acontecimiento. El acuerdo de paz, así la fecha en que se firmó no se haya grabado en nuestra memoria colectiva, introdujo una discontinuidad inédita en la historia, cuyas consecuencias estamos enfrentando. En contraste, la orientación al futuro que caracteriza la obra omite elaborar el significado del acontecimiento en el presente y, con él, la posibilidad de otorgar a la paz la significación que reclama, lo que resulta muy problemático en un contexto de gran desconocimiento de los acuerdos por parte de la ciudadanía y de creciente adversidad a su implementación.

 

Ahora bien, el contramonumento en este caso es un museo, que puede erigirse en un símbolo de la paz en tanto lugar para la convivencia de distintas versiones artísticas de la guerra. La paz adquiere así un significado como un espacio de convivencia con la otredad, la diversidad e incluso con lo antagónico. No obstante, la “museificación” tiene tantas consecuencias como la “monumentalización”.

 

Por una parte, a diferencia del monumento, el museo no reduce la experiencia estética a la contemplación, sino que estimula la audiencia a la participación activa. Así, como resaltó Salcedo, el hecho de que en el piso metálico todos podamos situarnos en igualdad de condiciones, formalmente “como si” fuésemos iguales, es una invitación a la civilidad y a la modernidad política, necesarias para fundar un país en paz.

 

Por otra parte, pese a su vocación democratizante, la obra sigue siendo un museo, un lugar con un estatus en la frontera entre lo público y lo privado. Un monumento se sitúa claramente en el espacio público político, esto es, abierto al acceso y a la vista de todos, generalmente en un lugar céntrico de la ciudad, para producir algún efecto en la cotidianidad. En cambio, Fragmentos, si bien está revestido con el estatus jurídico de lo público y en ese sentido es abierto a todos, no produce un efecto similar, no se ubica en un lugar central de la ciudad, a la vista de todos, ni afecta la vida cotidiana. Esto sin mencionar las connotaciones que para un “ciudadano de a pie” puede tener el museo: ‘allí donde se guardan reliquias del pasado’.

 

En vez de disputar el cada vez más reducido espacio público con artefactos artísticos que posibilitaran dotar la paz de significación, y de esa manera llevar el arte a la cotidianidad, se optó por una forma convencional que confina la creación de significado en un espacio delimitado y que únicamente será accesible a quienes tengan conocimiento e interés en él. Muchos ciudadanos se quedarán sin conocer el contramonumento y por lo tanto sin realizar alguna reflexión sobre la paz, la guerra, el pasado o el futuro, como habría posibilitado una alternativa más cercana al convencional monumento.

 

El pasado

 

Los monumentos se vinculan al pasado de un modo ambiguo. Están ahí para recordar y evocar, y de esa manera pueden hacer presente el pasado. La estatua o el busto de un prócer de la patria, la obra o las ruinas alusivas a un acontecimiento histórico, vinculan nuestro presente con un momento que no solo lo precede sino que eventualmente lo explica. Pero los monumentos, en nuestra acelerada y convulsiva época, también pueden dejar el pasado en el pasado, porque contribuyen a delimitar lo que pertenece a él, lo que “ya pasó”, y, de esa forma, lo desligan del presente, confinándolo incluso en el terreno de aquello que es susceptible de olvido: personajes y procesos complejos, cargados de conflictos, colores y matices, de vida en una palabra, se convierten por obra del monumento en artefactos mohosos librados a la corrosión, desligados de la experiencia y sin mayores posibilidades de significación.

 

Por sus motivaciones, Fragmentos también intenta hacer presente el pasado por vía de la memoria. En la medida en que en sus espacios hagan presencia diversas y antagónicas memorias sobre el conflicto armado, se tratará de un diálogo permanente con el pasado. Es una apuesta por el proceso más que por el resultado, pues si hubiere tal resultado no sería “una” memoria sobre la guerra, sino el diálogo entre distintas versiones del pasado. De esa manera, el pasado se hará presente y, a diferencia de lo que ocurriría con un convencional monumento, no se confinará al lugar del potencial olvido. Así las cosas, el rechazo al monumento es también un rechazo a dejar el pasado en el pasado.

 

La construcción de un país en paz plantea precisamente el reto de no desligar el presente del pasado. Sin embargo, ese pasado, en particular el de la guerra, no se reduce a las distintas memorias que sobre él se construyan. En Fragmentos parece subyacer una concepción del pasado, y más en general de la historia, que lo reduce a narrativas subjetivas, a memorias, por una parte, y a un proceso dialógico, que apuesta por la coexistencia de distintas narrativas del pasado en forma inclusiva, plural y tolerante, por otra. Por esa razón, en lugar de una toma de partido en el presente por un significado de ese pasado, la obra optó por la apertura de un espacio en donde coexistan y dialoguen dichas narrativas.

 

La cuestión es hasta qué punto las distintas narrativas nos permitirán asumir nuestro pasado, saldar cuentas con él, para proyectarnos al futuro como comunidad política. El problema radica en que no solo de narrativas y memorias está hecho nuestro pasado, también está atravesado por vectores estructurales, objetivos e incluso inconscientes: aquello que no se quiere o no se puede articular como parte las narrativas sobre el recuerdo y el olvido, por plurales que sean; que no se quiere o no se puede recordar, pero tampoco está olvidado, y que si se expresa lo hace bajo la forma de lo indecible, el silencio.

 

Es probable que esa dimensión del pasado llegue a expresarse alguna vez en los espacios del museo, pero la representación de narrativas o memorias antagónicas, suponiendo que puedan coexistir, no necesariamente nos permite acceder a ella ni, por lo tanto, saldar cuentas con el pasado. Nada garantiza que el contramonumento propicie la convivencia de contrarios, en lugar de constituirse en otro de los lugares en donde prosigue el diálogo de sordos que caracteriza la disputa por el pasado de la guerra. Sin duda, contar con tales lugares es restar espacio a la violencia, pero el arte también está llamado a posibilitar formas de acceso a esa dimensión estructural del pasado, a ese pasado que nos constituye, que no queremos o no podemos reconocer o develar, más que concebirse como un lugar de encuentro de lo diverso y lo antagónico. Por el momento, la obra de Salcedo parece haber optado por aplazar la revelación de tal dimensión, ha privilegiado la forma en la que puede tener lugar ese des-cubrimiento, en vez de tomar partido por un contenido determinado.

 

El futuro

 

El rechazo a monumentalizar también parece estar relacionado con una concepción particular del conflicto armado que orienta Fragmentos. En la resistencia a la estetización de la guerra hay implícita una visión del conflicto armado que lo reduce a una violencia irracional, incomprensible, como producto de la incapacidad o imposibilidad de convivir con lo diferente y lo antagónico. De ahí que la paz se signifique como un espacio de encuentro capaz de conjurar la violencia. Vectores estructurales de la historia colombiana como la injusticia, la desigualdad y la exclusión, no tienen cabida en esta interpretación del conflicto armado.

 

Se trata de una concepción predominante, cuando menos desde hace dos décadas, que orientó al gobierno de Santos (2010-2018). Como es sabido, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, fue también redactor de la política de seguridad y defensa del gobierno Uribe (2003), y si bien la negociación con las Farc obligó a matizar la tesis de la “agresión terrorista” reconociendo que había en el país un “conflicto armado”, en lo sustancial hubo una continuidad. Esa política tenía como objeto “disuadir” militarmente a la guerrilla para obligarla a negociar, reconociendo la complejidad de la confrontación militar y el hecho de que necesariamente la guerra terminaría en una mesa de diálogos. El conflicto armado se asumió como un problema de violencias y violentos, por momentos incluso despolitizándolo, y no como una serie de problemas estructurales que están en las raíces mismas de nuestra sociedad. De manera que Santos no mintió cuando afirmó que su gobierno daba continuidad al de Uribe, pues culminó con éxito la implementación de su política.

 

Pero una vez que se ha firmado la paz, retornan los problemas que, más allá de esa violencia irracional, estuvieron en el origen del conflicto: injusticia, desigualdad, exclusión, etcétera, y se pone de presente que la paz no es únicamente cuestión de formas, de espacios de convivencia, sino que definitivamente no puede apartarse de los contenidos, esto es, de la discusión sobre ese conjunto de problemas que han impedido la convivencia pacífica. En otras palabras, tras la firma de la paz podemos ver que el conflicto no se reduce a intolerancia o incapacidad para convivir con lo diferente, sino que existe un legado de problemas del pasado que, independientemente de nuestra voluntad, siguen ahí, produciendo chispas que pueden convertirse nuevamente en una gran conflagración. Con ese pasado es necesario saldar cuentas como condición para proyectarnos al futuro, para construir un país en paz.

 

El reto que plantea el contramonumento es que su piso no se convierta en una tabula rasa, en donde todos podamos pararnos sobre el pasado de violencia, simbolizado en el metal que alguna vez formó armas, como si estuviéramos en igualdad de condiciones y, sin embargo, continuemos teniendo la misma estatura histórica, imposibilitados para asumir el pasado y responder a los problemas que propician la guerra.

 

En fin

 

El pasado no es una materia absolutamente maleable, de la cual podamos desprendernos únicamente cambiando la narrativa o invocando la pluralidad de las memorias que ha producido. Por el contrario, lo llevamos a cuestas aunque no deseemos o no podamos asumirlo. Por esa razón, los acontecimientos históricos a veces funcionan como revelaciones para un ser colectivo, destellos en la oscuridad que posibilitan un mejor auto-reconocimiento de una comunidad política.

 

Octavio Paz afirmó en varios de sus ensayos que una de las mayores consecuencias de la Revolución Mexicana fue permitir la asunción por parte de los mexicanos de su pasado, un pasado enterrado –incluso literalmente–, ocultado u olvidado. Se trató, en suma, de un autodescubrimiento, cuya evidencia son los temas predominantes de las artes en la época inmediatamente posterior, particularmente del muralismo.

 

Claramente, la firma del acuerdo de paz no puede asimilarse a una revolución, ni a la mexicana en particular, pues son acontecimientos de distinta naturaleza, con temporalidades muy diferentes, entre muchas otras cosas. Sin embargo, el mayor contraste podría residir en que, pese a ser un acontecimiento inédito, aunque muy esperado, el acuerdo de paz tenga tantas dificultades para propiciar una asunción de nuestro pasado. Sus consecuencias prácticas marchan a una mayor velocidad respecto de la apropiación y la construcción colectiva de su significado.

 

Un monumento es una negociación con el pasado, con los muertos, pero también con una parte inconsciente y colectiva que a pesar de estar ahí, de que nos constituye en el presente, nos negamos a, o estamos imposibilitados para, hacer nuestra, y nos impide proyectarnos al futuro al implicar una ruptura permanente en la continuidad imaginaria del tiempo histórico. Fragmentos, el contramonumento, apuesta por una revelación de ese pasado en la forma de memorias plurales y antagónicas que se expresarán en su espacio, pero evita conferirle un contenido en el presente. Representa de ese modo lo que parece haber significado alcanzar la paz, o más bien la ausencia de significado que en el presente está teniendo entre nosotros, y la consiguiente prolongación de la disputa por el significado de ese acontecimiento y de su pasado a un porvenir en el que convivan nuestros antagonismos de forma no violenta.

Publicado enColombia
Página 1 de 2