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Un tipo de cubrebocas descartable del que se han distribuido millones a niños escolares, guarderías, funcionarios de salud y transporte en Québec y otras provincias de Canadá, fue retirado esta semana del mercado por Health Canada, la Secretaría de Salud de ese país... Leer Más
El teatro de los inocentes
¿Qué sucedió realmente entre los generales y Bolsonaro? Tras la crisis militar, el presidente brasileño parece debilitado. Pero lejos de romper con él, los uniformados mantienen cargos clave e intentan un lavado de imagen. La imagen de los militares venía deteriorándose. Allí está el desastre... Leer Más
Tensión por despliegue de tropas en la frontera...
Se acusan mutuamente de planear ataques para recuperar territorios   Moscú. Al borde de una guerra que de palabra ninguno quiere, pero que cada día parece más posible por las noticias alarmantes que llegan desde la zona en conflicto, Ucrania y Rusia concentran en sus fronteras la mayor... Leer Más
La militarización del Estado
Para alargar su decadencia, el sistema capitalista patriarcal está militarizando el Estado, y de modo especial algunas de sus funciones "sociales", como la salud y la educación. Brasil se ha convertido en un laboratorio de políticas para exportar, del mismo modo que la guerra antidrogas fue... Leer Más
¿El plan centroamericano de Biden ralentizará la...
Joe Biden entró en la Casa Blanca con algunas posiciones estimulantes pero contradictorias sobre inmigración y Centroamérica. Prometió revertir las draconianas políticas antiinmigrantes de Donald Trump mientras, a través de su "Plan para Construir Seguridad y Prosperidad en Asociación con los... Leer Más
O las grandes tecnológicas o la prensa libre
La captura de ingresos por publicidad digital de las grandes empresas de tecnología como Google y Amazon representa una amenaza seria para la libertad de prensa.   A fines de febrero en 2021 se produjeron dos acontecimientos notables. En primer lugar, Facebook y Google intentaron intimidar... Leer Más
Crece el peligro de guerra
Un análisis de la demencial estrategia de EEUU y sus servidores europeos Para todas aquellas personas que se alegraron de la victoria electoral de Biden, me temo que hay malas noticias. Quienes ya advertimos que con los demócratas el peligro de guerra se dispararía parece que no hemos fallado.... Leer Más
Fatou Bensouda: "La Corte Penal Internacional...
La fiscal general del tribunal con sede en La Haya brindó una conferencia virtual Nacida en Gambia, Bensouda lidera al único organismo permanente destinado a juzgar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. A dos meses de dejar el cargo, realiza un balance de su gestión y reconoce que... Leer Más
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Fotografía de archivo fechada el 25 de octubre 2019 que muestra a manifestantes mientras cuelgan representaciones del presidente hondureño Juan Orlando Hernández (d) y su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández (i) durante una protesta en Tegucigalpa (Honduras). — EFE

 

"Tony" Hernández había sido hallado culpable en 2019 de los cuatro cargos de los que fue acusado, incluyendo el envío de cocaína a Estados Unidos.

 

Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue condenado este martes por un juez de un tribunal federal de Nueva York a cadena perpetua por narcotráfico.

"Basado en la libre elección de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de drogas durante un período de 12 años, que afectó la vida de personas en los Estados Unidos y en Honduras, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida", dijo el juez Kevin Castel.

Tony Hernández, diputado en el Congreso hondureño entre 2014 y 2018, fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y declarado culpable en un tribunal de Nueva York el 18 de octubre de 2019 de traficar cocaína con destino a EEUU, posesión de armas y mentir a las autoridades estadounidenses.

Además, el juez dictaminó el embargo de bienes y propiedades por valor de 138,5 millones de dólares, que coincide con la cantidad que supuestamente obtuvo Tony Hernández con la venta de la cocaína entre 2004 y 2015, y lo condenó a otros 30 años por el resto de los cargos, entre los que estaba el uso de armamento.

Castel insistió durante la lectura de su sentencia que el acusado y sus coconspiradores, entre los que citó al presidente Juan Orlando Hernández, "fueron indiferentes a las consecuencias de sus actos en las vidas de las personas de su propio país y de este país (EEUU)", por lo que subrayó que "una sentencia larga promoverá el respeto por la ley y servirá como un disuasivo para otros que puedan implicarse en una conducta similar".

Durante la vista, el abogado de Hernández, Peter Brill, solicitó en primer lugar un aplazamiento de la sentencia, que fue denegada por el juez y anunció que presentará una apelación.

Tony Hernández tomó la palabra antes de escuchar la sentencia para insistir en dicho aplazamiento y recriminar a su abogado por lo que consideró una mala representación.

Para argumentar dicha postergación el acusado aseguró que la Fiscalía había ocultado pruebas que podrían favorecerlo, algo que el juez rechazó insistiendo que había llegado el momento de dictar sentencia después de un año y cinco meses de que un jurado lo hubiera declarado culpable.

En su comparecencia, la Fiscalía recriminó a Tony Hernández y lo calificó de "arrogante" por su intervención, asegurando que en lugar de mostrar remordimiento por sus actos "se queja de los abogados".

Poco antes de conocerse el veredicto, el presidente de Honduras aseguraba a través de su cuenta de Twitter que la noticia que se esperaba de Nueva York sería dolorosa.

"Para toda la familia, la noticia que se espera de Nueva York será dolorosa. ¿Y qué más se puede decir de un juicio en el que el testimonio del principal "cooperador" de los fiscales ahora queda expuesto por las grabaciones secretas de la propia DEA (la Administración para el control de drogas de EEUU) como una mentira?", escribió el mandatario hondureño que ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones de narcotráfico vertidas contra él durante el proceso.

Asimismo, y como ya ha hecho en varias ocasiones, ha subrayado que según el Departamento de Estado de Estados Unidos el tráfico de drogas en Honduras se redujo en un 95% desde su llegada a la presidencia.

"Antes, las narcoavionetas aterrizaban como moscas en territorio hondureño a vista y paciencia de las autoridades. Hoy, el tráfico de drogas se redujo en un 95 % en Honduras. Lo dice el Depto. de Estado de EEUU NO lo digo yo", subrayó en un mensaje

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La alianza agrícola-estratégica entre China y Rusia

Las alianzas estratégicas no pueden soldarse sobre la base de la competencia, sino de la complementariedad económica y de objetivos de largo alcance. Tener enemigos comunes de alta peligrosidad, contribuye a superar rencores y desconfianzas y a unificar voluntades.

 

En plena pandemiaChina le propuso a Rusia crear una "alianza de la industria de la soja", para reforzar los lazos económicos y evitar la gran dependencia que el país asiático tiene de las importaciones de soja de EEUU.

China es el mayor consumidor de soja del mundo y está buscando diversificar los proveedores para no depender de un puñado de países, como Brasil y EEUU. Se sabe que Rusia no puede sustituir a EEUU como su principal proveedor de soja, ya que los suministros rusos representan sólo 1% de las importaciones chinas, aunque el comercio agrícola binacional está creciendo.

Por otro lado, China quiere aumentar la producción de soja y de todos los productos agrícolas para garantizar su seguridad alimentaria. Este es el aspecto principal de su política agrícola, como mencionó el primer ministro Li Keqiang a principios de marzo: "Asegurar que nuestra gente tenga suficiente comida sigue siendo una de las principales prioridades de nuestro gobierno".

Según Li, China ejercerá mayor presión sobre sus regiones para aumentar los rendimientos de granos y aumentar el apoyo a su industria nacional de semillas, para superar las dificultades generadas por la pandemia de COVID-19 en el comercio internacional.

El anteproyecto de política rural anual, conocido como 'Documento No. 1', puso mayor énfasis en la seguridad alimentaria que en años anteriores, instando a todas las provincias a mejorar los rendimientos de grano en los próximos cinco años.

China necesita garantizar la alimentación para una población de 1.400 millones, lo que no le resulta sencillo por la escasez de tierras de calidad y de agua en gran parte de su territorio, lo que genera incertidumbre para el futuro inmediato.

Cinco años atrás el Instituto Internacional de Investigación de Política Alimentaria (IIIPA) señaló que la seguridad alimentaria en China enfrenta presiones que requieren de la acción del gobierno., ya que "la manufactura y los servicios reemplazan a la agricultura como motores económicos, lo cual puede tener un impacto en la seguridad alimentaria".

El estudio apunta que la urbanización y la industrialización han reducido la ya de por sí limitada base de tierras arables. Agrega que China debe "promover la agricultura sostenible", para lo cual "los escasos y degradados recursos naturales requieren de una mayor investigación y desarrollo de prácticas y tecnologías agrícolas más eficientes", dijo Shenggen Fan, director general del IIIPA.

La apuesta de China consiste en la "agricultura inteligente". Un reciente artículo de Global Times, escrito por el presidente de Syngenta Group China, sostiene que el Dragón tiene "el 20% de la población mundial pero solo el 7% de su tierra cultivable", lo que se agrava por "la escasez de buenas tierras agrícolas, así como tensión en el suministro de agua".

Esta situación lleva al gobierno a considerar que "la seguridad alimentaria es la principal agenda agrícola del gobierno". El XIV Plan Quinquenal chino sostiene que "la clave para avanzar en la modernización agrícola radica en el desarrollo de la tecnología".

Para ello defiende mejorar la calidad y la nutrición de los cultivos, enseñar a los agricultores a mantener los rendimientos sin abusar de fertilizantes y pesticidas. La apuesta por la agricultura inteligente incluye la utilización de "imágenes de drones y satélites y modelado de patrones, convirtiendo los teléfonos móviles de los agricultores en herramientas y recursos ambientales inteligentes".

En paralelo, desde 2017 el conglomerado ruso de empresas Cognitive Technologies y la Universidad Federal de los Urales (UrFU) ha puesto en marcha un programa internacional de robotización de la agricultura. El programa pretende aumentar la eficiencia de las compañías agrícolas nacionales "a través del uso de sistemas y tecnologías de inteligencia artificial robóticas".

Se trata de aplicar las nuevas tecnologías ya que "el uso de los sistemas robóticos en la agricultura permite mejorar los procesos de negocio en un promedio de entre el 50 y el 70%, sobre todo gracias a la reducción del consumo de combustible, de las pérdidas de agua y electricidad, y al aumento de la cosecha mediante la reducción de las pérdidas alimenticias (entre un 60 y 80%)".

Las ventas de productos agroindustriales de Rusia registraron cifras récord en 2020, cuando el país está volviendo a ser un gran exportador en ese rubro. El pasado año exportó un 20% más productos agrícolas que en 2019, alcanzando un valor de 30 mil 700 millones de dólares.

Rusia exporta alimentos a 150 países, estando China a la cabeza (13%), seguida de Turquía (10%), y Kazajstán (7%), siendo el 33% de los envíos al exterior de cereales, en su mayoría trigo.

Detrás de la modernización de la agricultura china y rusa, está la competencia con EEUU, país que cuenta con amplios recursos de agua y de tierras cultivables, lo que le permite ser un gran productor y exportador de alimentos. En un período de graves tensiones internacionales, cuando Washington apuesta a la confrontación con sus dos grandes adversarios, la seguridad alimentaria puede jugar un papel determinante.

Siendo el país más vulnerable en ese terreno, China necesita imperiosamente profundizar la alianza estratégica con Rusia, que tiene amplias potencialidades de desarrollo agrícola y una vasta frontera común, para asegurarse los alimentos que no es capaz de producir.

La estabilidad política en un período de crispación y de agudización de las tensiones con EEUU y otros países de la región Asia-Pacífico, sólo puede garantizarse asegurando el nivel de vida la población, pero sobre todo alimentos en cantidad y calidad. En el pasado China sufrió hambrunas, antes y de después de la revolución socialista de 1949, hechos que están en la memoria colectiva del pueblo y pueden jugar un papel destacado en la necesaria cohesión nacional para afrontar uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.

El editorial de Global Times del 22 de marzo lo dice de forma transparente: "China y Rusia están fortaleciendo su cooperación estratégica de manera franca, abierta y normal". Lo que le da gran seguridad al gobierno chino en estos difíciles momentos.

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Miércoles, 24 Marzo 2021 06:13

Europa: digitalizar y humanizar

Europa: digitalizar y humanizar

La digitalización se ha convertido en la fuerza motriz de la economía moderna y en Europa toma impulso la necesidad de ejercer sobre ella una gobernanza democrática. ¿Es posible producir una transformación digital más centrada en el ser humano?

 

Hace apenas dos semanas, la Comisión Europea presentó su visión de una «década digital» europea. Con unos objetivos políticos para 2030 centrados en las cuatro cuestiones cardinales de las competencias digitales (las infraestructuras y capacidades, los servicios públicos y la digitalización de las empresas), la Unión Europea (UE) pretende situarse a la cabeza de la revolución digital actual. Para garantizar que la tecnología permita a los ciudadanos y a las empresas construir una sociedad más próspera e inclusiva, necesitaremos mercados abiertos y competitivos. Cualquier empresa debe tener las mismas oportunidades de innovar y ofrecer sus productos y servicios a los consumidores, independientemente de su tamaño.

La digitalización es hoy día la clave para desarrollar la resiliencia económica y social y ejercer una influencia global. Nuestro futuro compartido ya está tomando forma en el ámbito digital. En un mundo marcado por una intensa competencia geopolítica por la primacía tecnológica, debemos asegurarnos de que la visión de la UE sobre la digitalización -basada en sociedades abiertas, el Estado de Derecho y el respeto de las libertades fundamentales- demuestre su valor frente a la de los sistemas autoritarios que utilizan las tecnologías digitales como herramientas de vigilancia y represión.

Al potenciar sus propias capacidades, la UE puede contribuir a mejorar la transformación digital del mundo. El éxito de la década digital de Europa requerirá que la UE forje sólidas alianzas y relaciones de trabajo con países afines, tanto a nivel bilateral como multilateral. Al fin y al cabo, para aprovechar todos los beneficios de la innovación tecnológica es necesario mantener una economía digital abierta en la que las inversiones puedan fluir libremente. Ya sea desplegando soluciones digitales en materia de salud, luchando contra el terrorismo, mitigando el cambio climático, protegiendo la biodiversidad o utilizando la tecnología para predecir desastres naturales y futuras pandemias, necesitaremos mucha más colaboración tecnológica a nivel internacional. Pero la digitalización conlleva graves riesgos, que van desde la vigilancia masiva y los ciberataques a infraestructuras críticas, hasta la difusión de desinformación promovida por terceros Estados que pretende polarizar nuestras sociedades y socavar la democracia. Por todo ello, debemos encontrar un equilibrio entre apertura y la defensa de nuestros intereses y valores fundamentales. En concreto, debemos adherirnos a tres principios generales: la igualdad de condiciones en los mercados digitales, la seguridad en el ciberespacio y la libertad en línea (incluida la protección de la libertad de expresión y de reunión, y contra la discriminación y las violaciones de la privacidad).

La UE está determinada a reforzar las relaciones bilaterales, fijar normas más claras y establecer cadenas de suministro digital más resistentes. Por este motivo, hemos propuesto a la administración estadounidense de Joe Biden la creación conjunta de un Consejo de Comercio y Tecnología. La UE también promueve la creación de una coalición global en torno a una visión compartida de la digitalización centrada en el ser humano. Debemos unirnos a aquellos actores que estén dispuestos a cooperar para proporcionar una gobernanza democrática eficaz sobre la tecnología y la economía digital. Cualquier coalición de este tipo debe estar abierta a todos los que estén dispuestos a defender un modelo abierto y descentralizado de Internet y los principios de equidad en los mercados digitales, seguridad en el ciberespacio y libertades individuales en línea.

Trabajando juntos, podemos establecer normas para la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes sobre la base de valores compartidos, cosechando los frutos de las innovaciones de unos y otros y construyendo defensas más fuertes contra los ciberataques. Una coalición de socios con ideas afines puede garantizar que la interdependencia de nuestras cadenas de suministro digitales se convierta en una fuente de seguridad y resistencia, en lugar de un riesgo añadido.

La década digital es asimismo nuestra última oportunidad para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. Sabemos que la tecnología digital tiene el potencial de facilitar la inclusión y el acceso a los servicios públicos en todo el mundo. En África, la proporción de la población con acceso a Internet ha aumentado del 2% en 2005 al 40% en 2019, lo que ha permitido que más niños reciban educación y que más mujeres consigan un empleo. Sin embargo, hasta que no cerremos la brecha digital mundial, no aprovecharemos todo el potencial de las nuevas tecnologías.

Para ello, la UE propondrá próximamente una iniciativa que combinará recursos financieros y asistencia técnica para ayudar a sus socios a desarrollar sus propios marcos de gobernanza digital, incluso en ámbitos como la ciberseguridad y la protección de datos. Por ejemplo, un nuevo Fondo de Conectividad Digital podría apuntalar estos esfuerzos, cuya viabilidad exploraremos en los próximos meses junto a nuestros socios.

Por último, preservar un Internet seguro y abierto requerirá desarrollar un modelo de multilateralismo más inclusivo, que reúna no solo a los gobiernos, sino también a representantes de la sociedad civil, el sector privado y el mundo académico. Este modelo puede guiar nuestras acciones dentro de las organizaciones internacionales -desde las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio hasta la Unión Internacional de Telecomunicaciones- para garantizar que las normas internacionales se ajusten a su propósito.

Un proyecto común, basado en principios compartidos, guiará nuestros esfuerzos para lograr una transformación digital más centrada en el ser humano, y que maximice los beneficios de la tecnología y minimice los riesgos que plantea. Tanto en el ciberespacio como en el mundo físico, Europa seguirá defendiendo los valores globales fundamentales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 estableció la dignidad de la persona, el derecho a la intimidad y a la no discriminación, y las libertades de expresión y de creencias. Es nuestro deber común asegurarnos de que la revolución digital esté a la altura de esa promesa.

Fuente: Project Syndicate

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Latinoamérica el vector de la guerra EE.UU.-China

Aunque no hay un amo nuevo todavía, las reglas siguen siendo las viejas

Desde hace un tiempo China se convirtió en una preocupación para los Estados Unidos, pero se figuraba un problema relativamente lejano. La crisis del 2008 y la pandemia del Covid-19 aceleraron la posición de China en el centro de la disputa por la hegemonía mundial.

Durante la Administración Trump se modificó el enfoque que se tenía del país asiático. China pasó a ser un “competidor estratégico”, y se convirtió en el objetivo de una política de agresión y contención. De igual forma, su presencia en América Latina, considerada hasta no hace muchos años inofensiva, o incluso beneficiosa, pasó a ser percibida como una amenaza desde la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 norteamericana.

En el apogeo del crecimiento anterior a la crisis del 2008 los observadores comenzaron a alertar con respecto a lo que parecía una tendencia preocupante hacia la desindustrialización y la reprimarización de las economías latinoamericanas. Dejando a un lado las divergencias de la crisis mundial y la desaceleración del crecimiento de China, esta produjo dos efectos nocivos para las economías latinoamericanas: el fin del boom de las materias primas y la inactividad industrial.

Hoy, ante el advenimiento de un renovado ciclo de commodities con precios altos, en un escenario de pandemia y guerra comercial, vuelve a ponerse en duda qué lugar y rol debe ocupar América Latina en la disputa mundial del comercio, dadas las características estructurales de crecimiento de la economía china, con fuerte dependencia de la importación de recursos naturales y bienes primarios. El dilema es mayor cuando nos damos cuenta que cada estado latinoamericano reacciona independientemente y no en bloque frente a los estímulos del entorno internacional. Entonces se entiende fácilmente la fragmentación regional y la necesidad de reeditar una narrativa de Patria Grande, que se encuentra en franco retroceso, sin la cual se comprometen aún más los desafíos económico, financiero, tecnológico y comercial futuros.

América Latina ha sido históricamente la región más desigual del mundo, con un débil desempeño económico y en la actualidad con niveles de deuda que acentúan los lazos de dependencia que siempre han marcado su condición en el escenario global. La idea es descifrar cómo afrontar los riegos de un mundo en el cual se percibe un monumental desorden, un alto grado de incertidumbre, una fuerte entropía. Anteriormente se trataba de regular el futuro, hoy la incertidumbre es más transversal y los diseños de política tienden a mitigar las consecuencias como el calentamiento global, el fraude o robo de datos, los ciberataques, entre otros, agregándoles problemas geoeconómicos, geopolíticos, socioespaciales y geotecnológicos, excelentemente descrito en el artículo “Las políticas exteriores de América Latina en tiempos de autonomía líquida”

Los autores de dicho artículo entienden que, en el marco de la disputa comercial sino–estadounidense, la contienda en AL se lleva a cabo, por un lado, en el marco de los estados, y por otro, en el de la mundialización (globalización). Los primeros “ponen el acento en los Estados-nación, las fronteras, el territorio, la soberanía y el control de los flujos transnacionales. La Mundialización diluye la noción de fronteras, dejando traslucir el papel de los actores no gubernamentales, las grandes corporaciones digitales, la banca financiera multinacional, las organizaciones criminales y los movimientos sociales transnacionales de ambientalistas, feministas o de derechos humanos, entre otros”.

Esta competencia viaja en medio de una disputa por la hegemonía global dentro de un continente que ha perdido peso de todo tipo. Cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, 20 de los 51 miembros iniciales eran países latinoamericanos. Hoy, son 193 países miembros perdiendo peso político específico del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (GRULAC). En lo económico, el continuo declive en la colaboración de América Latina en las cadenas globales de valor. “De una participación en el total de exportaciones mundiales de 12% en 1955, la región pasó a 6% en 2016, para llegar a su peor performance de 4,7% en 2018. Las solicitudes de nuevas patentes tecnológicas provenientes de la región equivalían a 3% del total global en 2006, bajaron a 2% en 2016 y llegaron a un insignificante 0,62% en 2018.”

Todo este quebranto, en un escenario políticamente fragmentado, en el que las iniciativas de integración regional, como el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Alianza del Pacífico (AP), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) atraviesan situaciones de irrelevancia, estancamiento o desmantelamiento, según el caso.

Además, por cierto, en la cuarta revolución industrial la geografía de la economía digital está liderada de manera sistemática por un país desarrollado y otro en desarrollo: los Estados Unidos y China. Esos dos países representan, por ejemplo, el 75% de todas las patentes relacionadas con las tecnologías de cadenas de bloques, el 50% del gasto mundial en la internet de las cosas y más del 75% del mercado mundial de la computación en la nube dirigida al público. Además, lo que es quizá más extraordinario, representan el 90% de la capitalización de mercado de las 70 plataformas digitales más grandes del mundo. La cuota de Europa es del 4% y la de África y América Latina juntas es solo del 1%. Siete “superplataformas”, Microsoft, seguida de Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent y Alibaba, representan dos tercios.

Como dijimos, en fechas relativamente cercanas AL cobró relevancia para China en todos los aspectos y en esta disputa comercial en particular. AL tiene cerca de 650 millones de habitantes, un promedio de edad de 29 años, por lo que el futuro es prometedor. La naturaleza ha sido pródiga, dotándola de vastos recursos, desde poseer la mayor biodiversidad del planeta hasta explotación ganadera, agrícola y minera que evidencian su riqueza. Destacan entre estos últimos el litio, la plata y el cobre, con porcentajes superiores al 50% de las reservas probadas a nivel mundial, y estaño, níquel, zinc, con reservas cercanas al 25%, todos necesario para el desarrollo chino. Con un PBI que representa el 8% del producto mundial, es una región atractiva, tan solo superada por en su PBI por la UE, Estados Unidos y China, y por delante de India y Japón.

Las naciones latinoamericanas tienen poco peso específico en el intercambio comercial con China, algo que resulta importante considerar cuando se toma cada país de manera individual. El único país que tiene un peso relevante en el comercio con China es Brasil, los demás países latinoamericanos no son determinantes de manera aislada, pero sí en  conjunto y por diversidad de exportaciones. En cuanto a las inversiones, la incursión china también se ha ido modificando, de fusiones y adquisiciones a infraestructura. En un principio, respondiendo a una estrategia de expansión económica acelerada tratando de asegurar el suministro de materias primas y de otros insumos. En esta etapa las empresas estatales tenían un papel protagónico en muchas de las inversiones directas en el extranjero. Tras importantes errores y fricciones con las autoridades locales de diversos países, las compañías estatales chinas abrieron paso a otro tipo de organizaciones, empresas privadas de gran tamaño, pero desconocidas en Occidente.

Entonces, entre  los años 2000 a 2018 la centralización fue evidente en materias primas (60%), servicios (31%) y manufactura (9%). La concentración también ocurre en los países receptores: de 2000 a 2019, Brasil atrajo U$S 48.701 millones, Perú U$S 24.655 millones, Chile U$S 14.900 millones, Argentina U$S 12.884 y México U$S 7.924 millones. Entre los años 2015 y 2019 la inversión directa de China en América Latina sufrió una transformación. El rubro de infraestructura alcanzó el 40% del total y aumentó en una miscelánea de áreas, principalmente a costa de la minería.

Como queda expresado, las necesidades chinas juegan un papel fundamental en su desarrollo estratégico, por lo que la idea asiática de hegemonía y los instrumentos utilizados no son diferente a los ideados por los acuerdos de Bretton Woods​ de 1944 y los organismos internacionales que lo sustentan, FMI, BM, y hasta el Plan Marshall. La idea del “asenso pacífico” y el “sueño de China”, el modelo oficial basado en la cooperación, la armonía y el entendimiento como ejes rectores de su política exterior, se apoyan en el New Development Bank (NDB) y el Asian Infrastucture Investment Bank (AIIB), el Banco de los BRICS como organizaciones gemelas a Bretton Woods​. Y podría decirse naturalmente que la Nueva Ruta de la Seda sería la zanahoria equivalente al Plan Marshall.

El soft power garantizar una presencia estable en la región, haciendo uso de la llamada diplomacia de negocios, acercamiento que siguió las directrices contenidas en el Plan de Cooperación China-Estados latinoamericanos y caribeños (2015-2019). El plan también se conoció como 1+3+6, en alusión a la planificación, a los tres motores, comercio, inversión y finanzas, y a las seis áreas estratégicas de colaboración, que comprendían recursos, comercio, infraestructura, cultura, industria y tecnología.

Mediante ese tipo de convenios multilaterales China se aproxima a la región en su conjunto, generalmente con compromisos de buena voluntad. Algo similar ocurre con los acuerdos en el marco de la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda con algunos acuerdos formales de adhesión, que incentivan los préstamos blandos y hasta inspiran ideas de mayores movimientos de comercio, ya que más de 60 países están adheridos a la iniciativa. El Banco Mundial atribuye a esta iniciativa “el 30% del PIB mundial, el 62% de la población y el 75% de las reservas energéticas conocidas”, un imán sumamente atractivo para Latinoamérica, si es que la membresía aporta privilegios.

En el comercio los barcos siguieron la ruta marítima transpacífica, conocida como La Nao o el Galeón de Manila, que transportaban mercancías desde los puertos marítimos mexicanos, y que entre 1565 y 1724 cruzó el océano en su travesía cuasi anual, transportando especies, seda, porcelana y otros productos chinos para abastecer a la población de las colonias españolas en América, y no tendría que cambiar nada ahora. Quedan en el tintero el comercio digital, la tecnología 5G, sobre todo la apertura al comercio cross-border (compras en línea) y al comercio digital en general. Hasta el momento, la presencia de Alibaba en América Latina es muy limitada, pero se encuentra dentro de la disputa por desplazar a Amazon y a otras plataformas del e-commerce y establecer el yuan.

Si bien en el tema financiero china ha ingresado a AL sin demasiados contratiempos para seducir con financiamiento obras de infraestructura y proyectos faraónicos. El yuan puede ser el catalizador de enfrentamientos entre las dos potencias, ya que Estados Unidos es especialmente sensible a su uso y sus cualidades de financiamiento. Mucho mayor impacto tendría el uso del yuan reemplazando al dólar en transacciones del sector energético o como instrumento de deuda. También se comienzan a generar dudas respecto a empresas icónicas chinas, como Huawei, o aquellas ligadas al 5G, aplicaciones de inteligencia artificial, robótica industrial o geolocalización. El mayor temor, sin embargo, reside en la expansión     de la denominada Nueva Ruta de la Seda Digital, aunque hasta el momento parece estar limitada a Eurasia y África, pero será motivo de disputa en América Latina.

La realidad demarcaría cual es el poder que tiene AL para ejercer de manera autónoma decisiones que le permitan desarrollarse y llevar a cabo convenios que no la sometan a imposiciones como ya las conocidas con los EE. UU. y sus organismos de control, en medio de esta disputa. El tema de la autonomía y sus significados y conceptos teóricos no se encuentran dentro de la lógica del artículo, pero se puede leer en el artículo “De la autonomía antagónica a la autonomía relacional: una mirada teórica desde el Cono Sur Roberto Russell, Juan Tokatlian”

Pero, sí, al menos, la condición del Estado-nación que le posibilita articular y alcanzar metas políticas en forma independiente. Conforme a este significado, autonomía es una propiedad que el Estado puede tener o no a lo largo de un continuo en cuyos extremos se encuentran dos tipos ideales: total dependencia o completa autonomía. Sea esta o cualquiera de las definiciones de autonomía, se percibieron que el sistema internacional tenía un efecto particularmente negativo en América Latina, tanto en el plano político como económico.

La lógica del poder es tratar de conseguir un grado de autonomía nacional, articularse a partir de un uso inteligente de los recursos de poderes tangibles e intangibles de América Latina como un todo, más allá de las particularidades y seducciones propuestas e intentos de acuerdos para la región por alguna de las partes de la guerra comercial, ya sea China o Estados Unidos. Llevarlo a cabo en un continente donde el mayor país está gobernado por militares y alineado con Estados Unidos, pero su mayor socio comercial, es China, es más complejo. Pero de esta idea de autonomía depender el desarrollo futuro de la región.

Por Alejandro Marcó del Pont | 23/03/2021

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Nord Stream 2 prevé trasladar cada año hasta 55 000 millones de metros cúbicos de gas natural desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Foto: Sputnik.

 

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, urgió este jueves a que todas las entidades involucradas en el gasoducto Nord Stream 2, entre Rusia y Alemania, se retiren inmediatamente del proyecto o serán sancionadas por Estados Unidos.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró en un comunicado que el Gobierno de Joe de Biden está “determinado a cumplir” la ley adoptada en 2019 y extendida en 2020 por el Congreso de ese país, que prevé sanciones.

“Nord Stream 2 es un mal negocio para Alemania, para Ucrania y para nuestros aliados y socios de Europa Central y del Este”, afirmó Blinken,
reafirmando la conocida oposición de Washignton al gasoducto de 11 000 millones de dólares concebido por debajo del Mar Báltico, y que calificó como un “proyecto geopolítico ruso para dividir Europa”.

El Departamento de Estado “vigila los esfuerzos para completar el gasoducto Nord Stream 2 y está evaluando información sobre las entidades que parecen estar involucradas”, advirtió.

Acusado por varios legisladores, especialmente republicanos, de no haber tomado acciones que apliquen las medidas punitivas por ley, Blinken reiteró que Estados Unidos “alerta que cualquier entidad involucrada en el gasoducto Nord Stream 2 se arriesga a sanciones estadounidenses y deberá abandonar inmediatamente el trabajo en el gasoducto”.

A mediados de febrero, la prensa rusa informó que el 95% gasoducto submarino ya está construido y su montaje continuará pese a los obstáculos existentes, citando declaraciones del vice primer ministro Alexander Novak.

“Estamos seguros de que, a pesar de los enfoques destructivos que observamos por parte de Estados Unidos, que retrasa la implementación de este proyecto, se completará”, dijo Novak.

En ese mes quedaban por colocar alrededor de 120 kilómetros de tubos en aguas danesas y casi 30 kilómetros en aguas alemanas, antes de llegar a la ciudad costera de Lubmin, al norte de Alemania.

En contra del proyecto se han manifestado Estados Unidos, interesado en vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y varios países de la región como Polonia, Letonia y Lituania.

Washington impuso sanciones a los contratistas que trabajaban en la colocación de tuberías en 2019, lo que obligó a la empresa suiza Allseas a abandonar las obras, informó la agencia de noticias Sputnik.

En enero, el Senado estadounidense aprobó el presupuesto de Defensa para 2021, el cual incluye las sanciones contra las empresas encargadas de brindar servicios de seguros y las certificaciones necesarios para la conclusión de Nord Stream 2.

18 marzo 2021

(Con información de AFP y PL)

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La ONU pide levantar las sanciones a Venezuela por sus efectos devastadores

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este viernes levantar las sanciones económicas que varios países han impuesto a Venezuela en los últimos años, en vista de los «efectos devastadores» que han tenido estas restricciones financieras sobre la vida de los ciudadanos.

El exhorto lo hizo la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, al término de una visita de 12 días al país, en la que se entrevistó con decenas de personas para entender, dijo, una «situación muy compleja y alarmante».

Si bien las observaciones presentadas en rueda de prensa son de carácter preliminar, aclaró la relatora, estas surgieron de un «diálogo franco y abierto» en el que hubo «exhaustivas consultas con una amplia gama de interlocutores».

EL DIAGNÓSTICO

Venezuela enfrenta una carencia en categorías como maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas, mientras que los activos del país congelados en los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal representan 6.000 millones de dólares.

El informe, que la relatora leyó en primera persona frente a decenas de periodistas, estima también que desde 2015 el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor oscila entre 1 y 5 millones, si bien la propia ONU estima que son 5,4 millones de emigrantes en este momento.

Según el escrito, los servicios públicos, que presentan desde hace años numerosos fallos, han tenido una merma del 30 al 50 % de su personal, mientras que hay más de 2,5 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa.

«Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional», señaló Douhan, para luego recordar que cerca del 90 % de la población recibe menos de 10 dólares mensuales, lo que alcanza para menos del 1 por ciento de la cesta alimentaria y les condena a la pobreza extrema.

Los problemas de transporte, causados entre otros por la escasez de gasolina, así como la falta de electricidad y una reducida cobertura de telefonía móvil e internet ponen en peligro el disfrute del derecho a la educación.

LAS SANCIONES

«Las sanciones unilaterales impuestas, cada vez en mayor medida, por los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países han exacerbado las calamidades (en Venezuela)», explicó Douhan, quien mencionó que el país hoy percibe menos del 1 % del ingreso que tenía antes de que comenzaran las medidas coercitivas.

Principalmente desde Estados Unidos, pero también desde otros países americanos y europeos, se han aplicado cientos de sanciones contra funcionarios de la llamada revolución bolivariana y sobre el sistema financiero nacional.

Este embargo económico incluye la prohibición de hacer negocios con la estatal petrolera Pdvsa o la congelación de activos del Banco Central de Venezuela (BCV), pero también el hecho de que EE.UU. ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán y de que ha habido «amenazas» y «presiones» para que terceros no suscriban contratos con Caracas.

También en el marco de las sanciones, que en su mayoría están sustentadas en el señalamiento del Gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, Venezuela, o al menos el Ejecutivo, no ha podido acceder a dinero público depositado en el extranjero.

La relatora subrayó que sancionar sectores económicos como el petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión estatal constituyen «una violación del derecho internacional y su ilicitud no se excluye con hacer referencia a las contramedidas».

En este sentido, recordó que los activos del BCV y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado venezolano y no al Gobierno y, por lo tanto, la congelación de estos recursos «viola los derechos soberanos del país e impide a su Gobierno ejercer su deber de garantizar las necesidades de la población».

LAS RECOMENDACIONES

Douhan concluye que las sanciones impuestas al país «afectan al pueblo venezolano» y «han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes», lo cual «ha tenido un efecto devastador en toda la población».

Esto, además, deja a las personas cada vez más dependientes de la ayuda social de un Gobierno que tradicionalmente ha usado las importaciones para saciar las necesidades de comida y salud, y que ahora no es capaz de sufragar estas demandas, entre otras razones, por la merma casi total de su poder adquisitivo.

La relatora subrayó la «inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente» e instó al Gobierno de los EE.UU. a «reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano», así como «revisar y levantar las sanciones secundarias impuestas a terceros países», relacionadas con la tirantez entre Caracas y Washington.

El exhorto también se dirigió a todos los Estados para que revisen y levanten las sanciones selectivas «para garantizar que los funcionarios del Gobierno de Venezuela puedan representar al Estado con base al principio de igualdad soberana».

Asimismo, se exhorta al Gobierno de Maduro para que, junto a agencias de la ONU, negocie un acuerdo para «garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales sin distingos».

Douhan se dijo preocupada por la falta de personal sanitario y de medicamentos en Venezuela, por lo que lamentó que los intentos por liberar los fondos congelados del país en el extranjero hayan sido infructuosos pues, remarcó, estos serían usados para paliar esta situación.

De igual modo, se mostró alerta ante «la vigilancia y enjuiciamiento» del personal de las ONG involucradas en el trabajo humanitario y la ausencia de normas provisionales que regulen el trabajo de estas asociaciones en el país, por lo que cree necesario que se establezca un marco legal claro y no discriminatorio al respecto.

LAS REACCIONES

La oposición venezolana acusó a la relatora de seguir la narrativa del Gobierno sobre las sanciones económicas a su país, si bien Douhan aseguró en la rueda de prensa que su trabajo se rigió por un independencia total.

«Lamentamos que una relatora de ONU se preste para la propaganda y narrativa que excusa al régimen de su responsabilidad en la Emergencia Humanitaria y la violación de DDHH en el país», dijo el exparlamentario Miguel Pizarro en Twitter.

El opositor indicó que la relatora cometió imprecisiones pues, según dijo, no mencionó «temas como corrupción, ineficiencia, violencia política y uso del hambre como herramienta de control social y político».

Maduro, por su parte, reconoció que la crisis humanitaria de Venezuela es «enorme» y reiteró su denuncia de que es causada por las sanciones, pese a que la situación crítica comenzó años antes de que el país fuera sancionado.

«Hoy la relatora ha hecho un llamado al Gobierno de Estados Unidos, al Gobierno de la Unión Europea (UE) a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo», dijo Maduro, que hasta mediados de 2019 negaba la existencia de la urgencia humanitaria.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/onu-pide-levantar-sanciones-venezuela-efectos-devastadores_1_7216472.html

Por | 13/02/2021

 

A continuación, el informe completo

Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales:

La Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, concluye su visita a la República Bolivariana de Venezuela

Resultados preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela

Caracas (12 de febrero de 2021), La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, visitó la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021. La Relatora agradece al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por permitir y apoyar su visita al país. El propósito de la visita fue evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y cualquier otra persona afectada.

Estas observaciones son de carácter preliminar, resultado de extensas consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

El Relator Especial se reunió con el Presidente y el Vicepresidente de la República; los Vicepresidentes a cargo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral; los Ministros de Relaciones Exteriores, de Salud, de Educación, de Planificación, de Economía, de Finanzas, de Petróleo, de Minería, de Alimentación, de Mujer e Igualdad de Género, de Bloqueo, de Vivienda, de Trabajo Social, de Ciencia, de Tecnología, de Transporte, de Cultura y de Pueblos Indígenas; el Coordinador de los Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP); el Secretario General del Comité de Derechos Humanos; el Presidente de PDVSA; el Presidente del Banco Central, el Director de Telecomunicaciones el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General, el Procurador General; el Presidente y los miembros de la Asamblea Nacional; el Defensor del Pueblo; el Secretario Ejecutivo del ALBA; representantes de todo el espectro de partidos políticos, de la oposición y de los sindicatos; de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales; del sector privado; de la iglesia católica; así como actores no gubernamentales venezolanos que trabajan en los ámbitos de la salud, los derechos humanos, la protección de la infancia, las mujeres y los ancianos; personal médico; profesores universitarios; maestros de escuela; investigadores independientes y, lo que es más importante, víctimas de violaciones de los derechos humanos.

La Relatora Especial también se reunió con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país y de la comunidad diplomática. Visitó el Hospital Infantil del Corazón; la planta farmacéutica Quimbotiec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Chávez y el preescolar Ciudad Mariche, en las afueras de Caracas. En el Estado de Carabobo, el Gobernador facilitó una reunión con los directores de las empresas públicas (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), la maternidad adscrita al hospital estatal, uno de los centros provinciales de salud primaria inspirados en el modelo cubano y varias organizaciones no gubernamentales.

La Relatora Especial extiende su agradecimiento y gratitud a todos estos interlocutores que han ofrecido generosamente su tiempo, información, análisis, experiencias y pensamientos para ayudarla a comprender en poco tiempo lo que ha resultado ser una situación muy compleja y alarmante.

La Relatora Especial elogia la cálida acogida y la forma constructiva y cooperativa en que el Gobierno facilitó su visita, lo que permitió un diálogo franco y abierto. Expresa su especial agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores por su eficaz colaboración con su oficina. También agradece a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas su apoyo y asesoramiento durante la visita.

Contexto de la visita al país

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2005, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas. Impuso un embargo de armas en 2006 por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los esfuerzos antiterroristas.

Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos a los que se acusa, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, recortar las libertades de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.

En 2017, Estados Unidos calificó de ilegítimas las elecciones legislativas venezolanas e impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, citando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019, tras reconocer al líder legislativo Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también dio a Guaidó el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. En septiembre de 2020, se impusieron sanciones estadounidenses a cinco legisladores que dirigían partidos que cooperaban con el Gobierno. Desde 2020, Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft. Al parecer, funcionarios estadounidenses han proferido amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.

El Relator Especial toma nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos, de 21 de enero de 2020, de revisar las sanciones de los Estados Unidos para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de la medida del Gobierno de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2021, de suavizar las sanciones que afectan al funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.

La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibición de exportar otros bienes que pudieran utilizarse para la represión interna, la prohibición de exportar tecnología y material hecho para la vigilancia o interceptación de las telecomunicaciones, y la prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se informó de que 1.200 millones de dólares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués en 2019. Cerca de 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos.

En 2017 y 2018, Canadá congeló activos y prohibió las transacciones de bienes de funcionarios venezolanos acusados de represión, graves violaciones de los derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En 2018, México congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a 13 altos funcionarios venezolanos. En 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a funcionarios venezolanos. En 2019, Colombia prohibió la entrada de unos 200 venezolanos vinculados al gobierno. Panamá impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas en 2018 consideradas de alto riesgo de participar en el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. También en 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permitía imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, a funcionarios venezolanos presuntamente implicados en el narcotráfico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y/o las violaciones de derechos humanos.

El 13 de febrero de 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales.

Situación económica y humanitaria en Venezuela

Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido la principal exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas. Desde el año 2000, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico de proyectos sociales en los ámbitos de la vivienda, la educación, la alfabetización, la alimentación, el suministro de electricidad y agua, la atención sanitaria, la planificación familiar, la alfabetización informática y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustancialmente subvencionados por el Estado. La economía monoorientada ha dependido en gran medida de las ventas de petróleo; la mayoría de los productos, desde la maquinaria y las piezas de repuesto hasta los alimentos y los medicamentos, se han importado principalmente de Estados Unidos y Europa. La producción interna se ha mantenido en un nivel bastante bajo y no ha podido satisfacer las necesidades del consumo interno. El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores que afectan a la economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción y los controles estatales de precios.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados. Se ha informado de que los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y que el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro años de hiperinflación han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares). Esto ha provocado la disminución de los salarios del sector público de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020, y un creciente nivel de pobreza. En 2018-2019, el Gobierno introdujo nuevas políticas económicas: se levantó el control de precios y se permitió que el sector privado volviera a entrar en la economía.

Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales. El refuerzo de las sanciones económicas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020.

Se ha informado de que las líneas eléctricas pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad. Se estima que el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y que la población se reducirá a unos 27 millones en 2021. La mayoría de los servicios públicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el más cualificado (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, policías, etc.), lo que ha provocado una desorganización interna, un aumento de la carga de trabajo para el personal restante, una reducción de los servicios y una disminución de su calidad.

Se calcula que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. Sin embargo, numerosos hogares denuncian cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal de mantenimiento cualificado. La distribución de agua sólo puede hacerse «por turnos» para garantizar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares sólo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.

Los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos para hacer frente a esta situación incluyen la disminución del número de comidas al día (1 o 2 en lugar de 3); la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalización/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducción de los gastos en salud, ropa y educación; con un aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participación en la economía sumergida; la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migración. El programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 mln. de hogares en todo el país, disminuye la diversidad de artículos.

Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016. Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria.

En particular, el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 en 2020). Las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos médicos están actualmente en funcionamiento. El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. El Relator Especial también observa el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una leve mejoría en 2019, cuando se activó la cooperación humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias.

Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos en adolescentes, que está alcanzando un nivel de crisis con niñas de 12-13 años que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la información y al uso de métodos anticonceptivos; y el aumento del VIH/SIDA debido a las relaciones sin protección.

La educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminación o la reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total. La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores portátiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a través del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes técnicos en 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país y haciendo difícilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.

Ante la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano activó la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos. Sin embargo, los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y equipos médicos a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020 – 2021. A pesar de la intensificación del trabajo con los actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecución del personal de las ONG nacionales que participan en el trabajo humanitario.

Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones:

El Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como fundamento para introducir sanciones contra Venezuela, y repetidamente prorrogado, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una amenaza para la vida de la nación, la limitación de las medidas a las exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de castigar una actividad que no constituya un delito, como se menciona en la comunicación de los expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.

El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aurífero, minero y otros sectores económicos, la compañía aérea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas. El propósito anunciado de la campaña de «máxima presión» -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales.

Refiriéndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, el Relator Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su Gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población.

La Relatora Especial subraya que la inclusión de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados. Asimismo, señala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.

Al Relator Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales en su forma actual violen, como mínimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en el ámbito de los derechos humanos, muchas de las cuales son de carácter perentorio -garantías procesales y presunción de inocencia con vistas a que los motivos de su introducción no constituyan en su mayor parte crímenes internacionales ni cumplan con los fundamentos de la jurisdicción penal universal, al tiempo que toma nota del hecho de la presentación ante la Corte Penal Internacional por parte de un grupo de Estados de una remisión contra Venezuela el 27 de septiembre de 2018.

El Relator Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones. El Relator Especial observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países, así como la introducción de cláusulas de confidencialidad en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes.

Impacto en el disfrute de los derechos humanos:

El Relator Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y minera, el bloqueo económico de Venezuela y la congelación de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente la que se encuentra en situación de extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida, y la población indígena.

El Relator Especial subraya que las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y la restauración de la economía y los servicios públicos.

Al Relator Especial le preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales, así como las presuntas amenazas de sanciones, den lugar a un exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones existentes, impidiendo al Gobierno de Venezuela, a su sector público y a las empresas privadas adquirir maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agrícolas y otros bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos. UU., y también dan lugar a un número creciente de denegaciones de transferencias bancarias, a la ampliación de los plazos de las transferencias bancarias (de 2 a 45 días), al aumento de los costes de entrega, seguro y transferencia bancaria, así como a las subidas de precios comunicadas para todos los bienes (especialmente los importados).

El Relator Especial observa con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de los socios, bancos y empresas de reparto extranjeras a tratar con los socios venezolanos se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, los reactivos y las piezas de repuesto para la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público, teléfono y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, lo que menoscaba el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.

A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, se estima que el salario medio del sector público es de 2 a 3 dólares de los EE.UU. al mes, lo que cubre menos del 1% de la cesta básica de alimentos y hace que la población dependa cada vez más del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias periódicas de dinero a través de la «Carta de la Patria», de múltiples subsidios para los funcionarios públicos, así como de la ayuda humanitaria extranjera.

El Relator Especial observa que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de personas en la economía gris, afectando en primer lugar a especialistas de alto nivel del sector público, incluyendo médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluyendo los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluyendo el seguro social, y a un nivel de vida adecuado. El número de vacantes entre el personal necesario para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos habría alcanzado entre 1/3 y 1/2. La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores. Se ha denunciado, entre otros problemas, el acceso a los alimentos, las medicinas y la asistencia médica para los migrantes venezolanos, la falta de documentos de identidad para los niños nacidos en el extranjero, la separación de las familias y la ausencia de la debida atención a los niños que se quedan con los abuelos en Venezuela.

Al Relator Especial le preocupa que la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, viole la libertad de circulación, impida el acceso a los hospitales, las escuelas y otros servicios públicos, agrave los problemas de entrega y distribución de alimentos y suministros médicos -especialmente en las zonas remotas del país, lo que afecta, entre otras cosas, a la población indígena- y provoque retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil. La reportada falta de gasoil, mayormente utilizado para fines agrícolas, industriales y de transporte, tiene un potencial efecto dramático en la producción y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de exacerbar aún más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano que ya enfrenta un deterioro en la cantidad y calidad de los alimentos y una mayor desnutrición, aumentando por lo tanto los riesgos de salud y las amenazas a la vida.

El Relator Especial observa con preocupación que, debido a la falta de disponibilidad de maquinaria nueva, piezas de repuesto y personal competente, el pueblo de Venezuela tiene un acceso limitado a la electricidad, lo que impide, entre otras cosas, el funcionamiento de las bombas de agua, lo que da lugar a la violación del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, aumentando los riesgos de enfermedades pertinentes.

El Relator Especial subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de material escolar, de uniformes escolares y de comida en la escuela, que solía proporcionar el Gobierno, los problemas de transporte, la ausencia de electricidad y la reducida cobertura de Internet y de telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación. Las razones anteriores, así como la reportada imposibilidad de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión. La supuesta reticencia de los socios extranjeros a cooperar con las instituciones venezolanas, incluidas las universidades, las sociedades deportivas y las ONG, así como los impedimentos a las transferencias de dinero, las dificultades para obtener visados y la negativa a abrir y el cierre de cuentas bancarias de ciudadanos venezolanos o de empresas públicas y privadas con sede en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan al derecho a la educación, a las libertades académicas y a los derechos culturales, e impiden la prestación de ayuda humanitaria.

Al Relator Especial también le preocupa que la escasez de gas, que obliga a la gente a cocinar con fuegos de leña, pueda violar el derecho a un entorno favorable. Observa que, debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno habría suspendido todos los programas destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los proyectos agrícolas y sanitarios, la protección del medio ambiente, la mejora de la alfabetización y la informática, la reconstrucción y otros.

La Relatora Especial subraya que el bloqueo de bienes, activos y cuentas bancarias de ciudadanos de Venezuela por parte de bancos extranjeros y corresponsales, muchas veces por exceso de cumplimiento, resulta en la violación del derecho a la propiedad. También observa con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales contra Venezuela afecta a los derechos de los nacionales de terceros países, en particular, la rescisión de contratos con empresas de terceros países tiene el riesgo potencial de afectar a los derechos económicos y de propiedad de sus propietarios y empleados; y la ausencia de contribuciones de Venezuela, que solía donar a proyectos de asistencia regional (por ejemplo, el ALBA), está afectando negativamente al derecho a la ayuda humanitaria de sus beneficiarios más allá de las fronteras de Venezuela.

El Relator Especial reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de circulación, los derechos de propiedad y el derecho a la reputación. Las sanciones contra representantes de grupos de la oposición por su participación en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones, y a participar en los asuntos públicos. Mientras que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 275) ofrece a las personas incluidas en la lista la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque no existan garantías procesales antes de que se adopten las decisiones sobre las sanciones, el Relator Especial señala que no se garantiza el acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos, especialmente en vista de las numerosas negativas denunciadas por parte de abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas amenazas del Gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipotéticas sanciones.

El Relator Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados con respecto a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

El Relator Especial acoge con satisfacción los informes sobre el mayor compromiso del Gobierno de Venezuela con el PNUD, el UNICEF, el ONUSIDA, la OPS, otros organismos internacionales y las ONG eclesiásticas, del sector privado y humanitarias, en la prestación de ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos, ayudando así a unos 4 millones de personas. Sin embargo, al Relator Especial le preocupan los informes sobre la mala gestión en la distribución de la ayuda humanitaria, la vigilancia y la persecución del personal de las ONG nacionales que participan en la labor humanitaria, y la ausencia de un reglamento provisional para el trabajo de las ONG internacionales.

Recomendaciones del Relator Especial:

La Relatora Especial recuerda a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales. La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a través de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.

La Relatora Especial subraya que las preocupaciones humanitarias deben prevalecer siempre sobre las políticas y que las medidas unilaterales sólo pueden adoptarse teniendo en cuenta el Estado de Derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario; deben cumplir las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados y sólo pueden aplicarse en el marco de contramedidas internacionalmente lícitas. El Relator Especial recuerda que las evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario deben realizarse en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como «daño colateral».

El Relator Especial subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones de forma extraterritorial e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional en relación con Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público de Venezuela, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones al suministro de gasóleo que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

El Relator Especial insta a todos los interlocutores (incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, los bancos, las empresas privadas y la sociedad civil) a que eviten la coacción, las amenazas escritas u orales o cualquier otro acto que pueda provocar o dar lugar a un exceso de cumplimiento, y a que interpreten todas las limitaciones de la manera más estricta posible en el período intermedio antes del levantamiento de las sanciones unilaterales, teniendo debidamente en cuenta las Orientaciones emitidas por el Relator Especial en diciembre de 2020.

El Relator Especial pide a todos los Estados que revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, que garanticen la posibilidad de que los funcionarios del Estado de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados, y que garanticen los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, las garantías procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

El Relator Especial insta a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios públicos en colaboración con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas y mediante mecanismos mutuamente acordados y supervisados por ellos.

Aunque reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales en el amplio ámbito de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, el Relator Especial pide al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que apliquen plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, que refuercen la presencia de la OACDH en el terreno para supervisar, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y que organicen visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

El Relator Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela, al PNUD, a otras agencias de la ONU y a la OACDH en Venezuela para que negocien un acuerdo que garantice la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y de la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales, independientemente de la raza, el género, la nacionalidad, la edad, las creencias religiosas o las opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta a los grupos con necesidades especiales.

La Relatora Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que, en colaboración con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el ACNUDH en Venezuela, termine de redactar una legislación clara y no discriminatoria que permita y facilite la labor humanitaria de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal. Al mismo tiempo, se refiere a la obligación de las ONG humanitarias de cumplir con las normas de la actividad puramente humanitaria.

[Fin]

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La pandemia, la senda hacia una nueva guerra fría

Por primera vez en la historia, una pandemia ha producido más efectos económicos que médicos. Hasta este momento, sus efectos políticos han sido menos importantes. Sin embargo, con su aparición tras tres años de Gobierno de Trump y en el contexto de una radicalización de las políticas chinas, la pandemia anuncia y facilita el paso a una nueva guerra fría.

Balance del año 2020

La Covid-19 no ha cambiado las reglas del juego. La pandemia no ha sido ese disruptor que diversos comentaristas estadounidenses (Henry Kissinger, Francis Fukuyama y Thomas Friedman entre algunos de los más conocidos) esperaban a principios de este año, cuando afirmaron que “el mundo ya nunca será como antes”. Una vez más, la incapacidad para observar de modo objetivo los efectos causados por un gran acontecimiento ha llevado a muchos analistas a exagerar las probables consecuencias de la crisis.

Al mismo tiempo, eso ha sido claramente un amplificador o acelerador de tendencias ya existentes. Ha confirmado la disposición de los países más grandes de movilizar en un momento de crisis los activos de su poder (la manufactura para Beijing, las finanzas para Washington). Ha ilustrado el auge de los nacionalismos y la oposición a la globalización. El Gobierno estadounidense ha continuado con su sabotaje del sistema multilateral abandonando la Organización Mundial de la Salud (OMS). La pandemia ha sido una buena noticia para todos cuantos defendían (por razones políticas o económicas) un desacoplamiento de las economías occidentales de China. Además, como todas las grandes crisis, la Covid-19 es ya una fuente de destrucción creativa. Los pioneros entre los ganadores son los sectores digitales y los productores nacionales.

La Covid-19 no ha sido la principal causa de crisis o conflictos importantes. En general, el entorno estratégico ha demostrado ser impermeable a las consecuencias de la pandemia (en Oriente Medio, por ejemplo), aunque cabe el debate en el caso de las intenciones de Beijing, que claramente ha puesto de manifiesto a lo largo del año un comportamiento agresivo en todas sus fronteras (desde la frontera con la India hasta la del mar del Sur de China, pasando por la del mar del Japón, Taiwán y Hong Kong). Sin embargo, a escala mundial, las dinámicas nacionalistas ya existentes y la percepción de un relativo atenuamiento del poderío estadounidense han tenido más impacto que las consecuencias de la pandemia, como se puede ver, por ejemplo, en el Mediterráneo oriental (1). Las organizaciones militares, por su parte, indicaron durante la crisis que las misiones estaban en curso, por utilizar una expresión de moda entre los militares. Lo mismo se aplica en el plano multinacional: por más que los estados miembros de la OTAN fueran los más golpeados en la primavera del 2020, la organización apenas se ha visto afectada por la pandemia en términos de capacidades, aunque algunos ejercicios han tenido que ser pospuestos. Y tampoco se ha producido la tregua mundial pedida por las Naciones Unidas: las propuestas de Arabia Saudí y las fuerzas de defensa sirias para detener los enfrentamientos militares en Yemen y Siria han caído en saco roto. Lo mismo es cierto a la inversa: no hay pruebas de que los acuerdos de Abraham (la normalización de las relaciones entre Israel, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos) no se habrían producido sin la pandemia.

La Covid-19 es también un factor de desaceleración. Ya está contribuyendo a frenar el desarrollo y modernización de los países en desarrollo; sobre todo, a causa de la disminución de las remesas, los ingresos del turismo y las exportaciones de recursos. Todo ello se traduce en un deterioro general del nivel de vida, la educación y la salud. Se puede hablar, por tanto, de un gran salto atrás para el desarrollo. Se calcula que en el 2020 habrá hasta 100 millones más de pobres (150 a finales del 2021) y más de 130 millones más de personas desnutridas (2). La única buena noticia aquí es que África, en el momento de redactar estas líneas, no se ha visto tan afectada por la Covid-19 como muchos temían a principios del 2020.

Ningún modelo político ha demostrado ser más capaz que otros para hacer frente a la pandemia. Un breve análisis elaborado por el Instituto Montaigne ya a finales de marzo llegó a la conclusión de que ni las democracias ni las dictaduras, ni los estados centralistas ni los sistemas federales podían exhibir una especial ventaja comparativa (3). Ahora bien, sí que se puede decir que los gobiernos calificados de populistas han demostrado ser aún menos capaces que otros a la hora de emprender a tiempo acciones eficaces.

La venganza del Estado ha llegado. El apego a la soberanía parece ser ya uno de los grandes ganadores de la crisis, con la ayuda de lo que Ivan Krastev llama “la mística de las fronteras”. En gran medida como el sector de la salud, la agricultura cosechará los beneficios de la reubicación. Con las lecciones aprendidas de las crisis de las décadas del 2000 y 2010, las sociedades nacionales tenderán a replegarse y a exigir una mejor protección contra las amenazas externas en el sentido más amplio: terrorismo, crisis financieras, inmigración ilegal, competencia comercial... Al afirmar en marzo que “tenemos que recuperar el control” de nuestro sistema de salud pública, Emmanuel Macron tal vez tomó prestada, y quizá de modo inconsciente, una expresión directamente asociada con el Brexit. ¿RIP para el mundo sin fronteras, 1990-2020? Como en cualquier otra crisis de seguridad (guerra, terrorismo, epidemias) el Estado se fortalece y se potencia su papel en el control sobre la población y sobre su propia intervención en la economía (en apoyo de la oferta y la demanda). Los estados contra las GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon): ¿un nuevo choque de capitalismos?

Europa ha estado a la altura de la situación. En un principio, la actitud europea no fue más brillante que la de Estados Unidos o China. Es sabido que las competencias de la Unión Europea en el sector de la salud es limitada. De todos modos, su reacción fue tardía y también lo fue la solidaridad entre sus miembros. Existe el riesgo de que una parte del acervo comunitario (el acuerdo de Schengen, el Reglamento General de Protección de Datos, la regla de 3% del déficit...) se desvanezca mañana o por lo menos sea puesta en animación suspendida. Ahora bien, en la primavera del 2020, el Banco Central Europeo (BCE) evaluó el impacto económico de la pandemia, y el histórico acuerdo de julio del 2020 marcó un paso adelante hacia la federalización económica. Además, las redes de seguridad que son características de los modelos europeos han permitido atenuar considerablemente el shock social de la pandemia en la mayoría de los países. En abril predijimos que los profetas de la fatalidad volverían a equivocarse en relación con la capacidad de supervivencia de la Unión Europea, como había ocurrido durante las crisis del euro o de las migraciones. Y es realmente lo que ha ocurrido.

Mirando hacia la década del 2020

En un documento de otoño del 2020, Joseph S. Nye previó varios escenarios posibles para el mundo pospandémico: el fin del orden liberal globalizado; un desafío autoritario similar al de la década de 1930; un orden mundial dominado por China; y una agenda internacional verde. A continuación, afirmó que cada uno de ellos no tenía más de un 10% de posibilidades de convertirse en realidad y consideró que “hay menos de la mitad de las posibilidades de que la actual pandemia de Covid-19 haya conseguido remodelar profundamente la geopolítica en el 2030” (4). Compartimos esa evaluación.

No se vislumbra un retorno a la normalidad. Si bien la pandemia no va a cambiar el mundo, es probable que su impacto en los sistemas de salud sea masivo y duradero hasta la distribución generalizada de una vacuna eficaz en un horizonte temporal que nadie puede predecir hoy en día. De hecho, tampoco se vislumbra una tendencia a la baja en las tasas de contagio y mortalidad en el momento de redactar este artículo. En cualquier caso, la reactivación económica llevará tiempo: no cabe esperar una recuperación rápida de una reducción, previsible en el 2020, del comercio, los flujos de inversión y la transferencia de fondos que puede oscilar entre un 20% y un 40% según las instituciones internacionales. Además, en un mundo en el que todos los países se ven afectados, no existe en este momento ninguna palanca para el crecimiento económico.

Por otra parte, tampoco se vislumbra el fin de la globalización. Es posible que hayamos pasado el punto culminante de la globalización en el 2008 (la crisis financiera) sin saberlo. Sin embargo, en los próximos meses y años las empresas querrán restablecer sus márgenes, por lo que seguirán obteniendo sus suministros de Asia a un costo menor. Del mismo modo que la peste negra no puso fin a los intercambios marítimos, la crisis de la Covid-19 no va a reducir la globalización y, desde luego, sólo tendrá un efecto limitado en los viajes aéreos a medio plazo. Las sociedades interconectadas ofrecen más ventajas que inconvenientes para la gestión de las epidemias: alertas y vigilancia, repatriación por motivos de salud, asistencia internacional o cooperación científica.

Ganarán importancia las preocupaciones ambientales. Es la tercera vez en veinte años que vemos la aparición de un nuevo coronavirus de género beta (con salto entre especies); y seguramente habrá más. No cabe duda de que veremos más advertencias sobre los posibles vínculos entre el calentamiento del planeta y las pandemias; de hecho, hay temores recurrentes acerca de las posibles consecuencias epidemiológicas del derretimiento del permafrost (en particular, en las zonas septentrionales de Rusia). Quizá los temores carezcan de fundamento: no hay estudios serios que indiquen que ese derretimiento pueda suponer un grave peligro para la salud. De todos modos, la ecología, en el sentido estricto de la palabra, tiene buenas posibilidades de cosechar algún éxito: la lucha contra la deforestación y la destrucción de los hábitats naturales, las cuales, según se sabe hoy, sobre todo tras la acometida del VIH/sida, son parcialmente responsables de la aparición de virus hasta ahora desconocidos. Sin duda, el tráfico y el consumo de animales salvajes se prohibirán de modo mucho más drástico. Ello no significa que vayamos a cambiar fundamentalmente nuestro modelo económico; los atractivos del consumismo seguirán intactos, y la clase media mundial, que se ha beneficiado de treinta años de globalización, no renunciará a esos beneficios de forma voluntaria. El crecimiento verde sólo se aceptará sin reparos si se demuestra que permite el mismo tipo de crecimiento que antes.

La gobernanza populista podría perder apoyos. Es probable que la credibilidad del populismo como método de gobernanza salga de la crisis en peor situación que otros modelos políticos a la hora de hacer un balance; en especial, porque uno de sus rasgos característicos es el desafío a los conocimientos técnicos y las administraciones. Ese desafío dista de haber desaparecido (como se ha observado en el ejemplo de la controversia sobre la hidroxi-cloroquina), pero al final acabará por hacerse patente su coste humano y económico. Además, la mayoría de los dirigentes que se consideran populistas (encabezados por Donald Trump, Javier Bolsonaro y Boris Johnson, todos ellos contagiados por el SARS-CoV-2) han demostrado cierta incapacidad para simpatizar con las preocupaciones inmediatas de sus conciudadanos y para expresar la dosis necesaria de empatía. Sin embargo, si la gestión económica nos lleva a un retorno de la inflación a través de la creación monetaria y el aumento de los precios de bienes hoy fabricados en el territorio nacional, el resultado sería un tipo de malestar social favorecedor de la aparición de una segunda ola de populismo a escala gubernamental.

Estamos entrando en una era de individualismo digital. En la mayoría de los países (y no sólo en los más modernos) el teletrabajo, la telemedicina y la teleeducación serán mucho más comunes en los próximos años. Crecerán aun más las compras on line y las entregas a domicilio. La transformación digital de las sociedades tendrá el apoyo de la inteligencia artificial, la robotización y la llegada del 5G. Quienes posean segundas residencias (un concepto, por cierto, cuyo rastro puede seguirse hasta las epidemias de la edad media) obtendrán un retorno de su inversión. Frente al shock de la pandemia, cuatro segmentos de la población han visto confirmadas la elección de su estilo de vida y sus preferencias ideológicas. Tienen en común una mentalidad de autosuficiencia que en ocasiones borra las diferencias, aunque sus elecciones proceden de lógicas diferentes: libertarianos, que no toleran ninguna interferencia del Estado en la forma de disponer de sus cuerpos; supervivencialistas, que comparten esa paranoia y se arman en preparación para una catástrofe; aislacionistas, firmes defensores del cierre de fronteras y partidarios de los barrios residenciales cerrados para los privilegiados; y apocalípticos, que subrayan el riesgo de colapso global de la sociedad moderna y predican una autosuficiencia individual y comunitaria.

Es probable que se produzca una reducción de las libertades. Incluso las democracias más liberales (Reino Unido, Países Bajos), que se vieron tentadas durante un tiempo por el atractivo del laissez-faire y apostaron por una especie de inmunidad de grupo que se adquiriría en pocos meses, tuvieron que dar marcha atrás cuando se vieron enfrentadas a las aterradoras cifras de la letalidad probable de semejante estrategia. ¿Vamos a entrar en una época de auténtico autoritarismo digital (vigilancia, detección, represión) caracterizado por un persistente sacrificio de las libertades individuales? Las dictaduras soñaron con ello. ¿Van a hacerlo también las democracias? En cualquier caso, es probable que la mayoría de la población acepte, como ocurrió tras el 11-S, un recorte significativo de las libertades. Y, en caso de que se produzca un resurgimiento paralelo del yihadismo, ¿veremos la imposición de una especie de estado de emergencia permanente como el que prevalece en Israel, en términos jurídicos, desde 1948? ¿Se hará realidad el todos somos israelíes?

Ninguna de las grandes potencias saldrá ganadora de la crisis. Las pandemias siempre debilitan a los grandes agentes del momento; recordemos la repercusión de la peste en Roma o Venecia. Niall Ferguson escribió que, desde enero del 2020, todas las grandes potencias han puesto de manifiesto su debilidad (5). En este terreno, de nuevo, el virus ha servido para abrir los ojos. Resulta bastante inquietante que las proyecciones elaboradas por la Universidad de Washington en septiembre del 2020 ofrecieran un escenario medio en el que las grandes democracias del mundo fueran las más afectadas a finales de año: India (600.000 muertos), Estados Unidos (400.000) y Brasil (175.000) (6). Y todos los principales agentes serán perdedores a corto plazo, según indicamos en una breve monografía publicada en la primavera de 2020 (7). Estados Unidos tendrá dificultades para presentarse como modelo a seguir, dado que su reacción tardía y desordenada tiene un impacto social masivo y amenaza con causar una catástrofe sin precedentes en la historia moderna del país. A ello no va a ayudar su negativa a proporcionar una verdadera dirección política, ilustrada por su ausencia de la cumbre del G-7 por primera vez en la historia. Ahora bien, a China no le va mucho mejor. Aunque el gobierno de Trump no logró imponer la expresión “virus chino”, China fue claramente el problema antes de intentar ser parte de la solución (a través de la ayuda internacional), y debería de haber estado más preparada. De todos modos, no estará en mejor forma cuando finalice la crisis: retrasos en la gestión de la pandemia, silenciamiento de los denunciantes, propaganda diplomática descarada (Estados Unidos, presuntos responsables de la introducción del virus en China), máscaras y tests inservibles. En conjunto, el calendario del proyecto insignia chino (la Nueva Ruta de la Seda) bien podría saltar por los aires dado que, al deterioro de su imagen pública, se le suman las dificultades económicas.

Con todo, las democracias liberales pueden tener más cartas ganadoras. En lugar de hablar de la Covid-19, como hacen algunos expertos occidentales (Stephen Walt) o asiáticos (Kishore Mahbumani), en tanto que acelerador del desplazamiento aparentemente inevitable del centro del mundo de Occidente a Asia, resulta más tentador apostar a que las democracias liberales acabarán por salir ganando. Algunas potencias medias como Alemania y Corea del Sur, por ejemplo, parecen ir por buen camino para ser consideradas como modelos, en términos relativos, en relación con la gestión médica y económica de la pandemia. En cuanto a Estados Unidos, la historia demuestra que nunca debemos subestimar su capacidad de recuperación.

Sería temerario apostar por un verdadero relanzamiento del multilateralismo. Desde luego, el probable éxito de las políticas soberanas no se traduce de forma mecánica en una cooperación internacional reducida y, de hecho, es la soberanía la que hace posible el multilateralismo (8). Sin embargo, se trata de una condición necesaria pero no suficiente. No cabe duda de que el G-20 y la Unión Europea han demostrado una capacidad infinitamente superior para comprender lo que está en juego en términos económicos en comparación, por ejemplo, con los resultados de la cooperación internacional durante la crisis de 1929. Sin embargo, la debilidad de la OMS y el papel poco convincente del G-7, así como las reacciones nacionales egoístas durante las primeras semanas de la crisis, han demostrado que, incluso cuando se enfrenta una crisis esencialmente mundial y se apela a la solidaridad internacional, la cooperación no se produce de modo espontáneo. Sería, por tanto, arriesgado esperar un auténtico relanzamiento del multi-lateralismo. Eso no significa que las instituciones ya no importen: China hace todo lo posible por maximizar su influencia en ellas, y Wa¬shing¬ton sigue valorando el hecho de colocar a sus representantes en posiciones clave. De hecho, el futuro de las grandes organizaciones multinacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMS, o las regionales como la OTAN o el Cuadrilátero (EE.UU., Japón, India, Australia) dependerá en gran medida del valor que les sea acordado por Beijing y Washington.

Existen aún dos riesgos para un mayor agravamiento en las situaciones de conflicto. Uno es el riesgo de una guerra interestatal como resultado de una alteración del equilibrio de poder: el debilitamiento brutal de un país clave por la Covid-19 podría engendrar la necesidad de una aventura externa para desviar la atención u ofrecer a otro gran Estado la oportunidad de aprovechar la situación. El otro riesgo es que las luchas internas den lugar a un mayor debilitamiento de un Estado que ya se halla en una posición difícil; por ejemplo, los países de América Latina, África, Oriente Medio o Asia que dependen para su crecimiento de las transferencias de dinero, los ingresos del turismo y/o la exportación de recursos.

Una nueva guerra fría está hoy en camino. Durante varios años, los especialistas y los expertos han debatido la pertinencia de la metáfora de la nueva guerra fría. Ahora parece cada vez más apropiado usarla; pues, salvo una nueva sorpresa estratégica, la pandemia está actuando como senda hacia una segunda guerra fría en toda regla. La radicalización de las políticas bilaterales entre China y Estados Unidos ya estaba en marcha, pero el mero hecho de que el SARS-CoV-2 procediera de China y de que el brote inicial en Wuhan estuviera, desde el punto de vista de la mayoría de los observadores, mal gestionado, ha acelerado mucho una tendencia ya existente. Taiwán desempeñó un papel importante en ese sentido al señalar que un gobierno chino (Taipéi) podía manejar mejor la situación y al encender la chispa publicando su correspondencia de diciembre del 2019 con la OMS.9 Tampoco ayudó la insistencia del Gobierno Trump en llamar virus chino al SARS-CoV-2. Los componentes de una guerra fría ya están presentes: la rivalidad Estados Unidos-China es política, económica y militar, y es global. Sí, es cierto que su interdependencia es mucho mayor que la existente en el contexto soviético-estadounidense; pero, justo por ello, la pandemia aumentará lo que los expertos de la Unión Europea han llamado distancia estratégica (10). La gran pregunta no es si se van a regionalizar o no las cadenas de valor, sino cómo y en qué medida. ¿Significa todo esto el fin del orden liberal? Ese destino ha sido anunciado tantas veces que debemos mostrar un poco de precaución. Todas las instituciones posteriores a 1945 siguen ahí: las destinadas a promover la paz (el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas), el desarrollo (el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), la estabilidad de la economía internacional (el FMI), la liberalización del comercio (la OMC) o el derecho internacional (el Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional). Son instituciones que serán atacadas por los nacionalismos, pero los países seguirán compitiendo por la influencia en esos foros. Es probable que lo que se avecina sea una mezcla de la tradicional competencia entre grandes potencias con su agresiva promoción de los intereses nacionales y una continuación del sistema multilateral. Quizá se trate del fin de la ilusión liberal de la década de 1990, pero no necesariamente el fin del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Pensamientos finales

Quedan abiertas, por supuesto, varias cuestiones, empezando por las que se refieren a los factores primarios, es decir, los epidemiológicos y médicos. Una mutación significativa del SARS-Cov-2 que lo haga más contagioso o más letal podría cambiar el panorama. A la inversa, la disponibilidad de una vacuna eficaz y accesible para todos antes de lo previsto iluminaría de modo considerable el horizonte. Y, si un descubrimiento pudiera atribuirse a los esfuerzos de un país específico, daría al país ganador una ventaja indiscutible en la competencia por la imagen de poder.

Por lo tanto, es demasiado pronto para sacar verdaderas lecciones de la crisis de la pandemia, puesto que todavía estamos sumidos en ella. La guerra contra el SARS-Cov-2 estalló a la manera de la crisis financiera del 2008, primero con algunas señales débiles, y luego de forma agravada expandiéndose rápidamente por todo el planeta. Sin embargo, esta guerra se está librando de manera muy similar a la campaña contra el terrorismo islamista tras el 11-S y es poco probable que desemboque en una victoria final. Tendremos que vivir con el virus durante mucho tiempo, al igual que con el terrorismo. La OMS no proclamará nunca un “¡Misión cumplida!” en su sitio web, o al menos no dentro del plazo de una previsión razonable. En un texto titulado “El desconfinamiento de las analogías”, el historiador francés Pierre Grosser desmantela la pertinencia de las metáforas bélicas utilizadas muy a menudo en este contexto (11). Viniendo después de dos conflictos mundiales y aunque no afecta directa y profundamente a todos los continentes, lo cierto es que la pandemia tiene un efecto global. De todos modos, si bien es una guerra, no se prestará a una declaración de victoria. Sin duda, no habrá un verdadero mundo nuevo después, o si lo hay, no será ni el mundo anterior ni un mundo totalmente diferente de él.

Es probable que la década del 2020 no se parezca a la de 1920, una época de renacimiento occidental tras una guerra y una espantosa pandemia de gripe. No vamos a ver una repetición de los años locos europeos ni de los rugientes años veinte estadounidenses. Es verosímil que la pandemia empeore todos los males existentes y añada otros nuevos (“el mismo mundo, sólo que peor”, temía el ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Yves Le Drian en la primavera del 2020) (12). Sin embargo, es igualmente posible que la situación geopolítica de principios de la década del 2020 y la actuación de unos agentes agotados por la pandemia no se manifiesten en forma de una prueba de fuerza, sino más bien de prueba de debilidad, como sugirió este autor en abril del 2020 (13).

Podemos tener un debate interminable sobre si el SARS-Cov-2 es un cisne negro o un cisne gris o algún otro animal del bestiario de la previsión estratégica. Lo esencial es observar de nuevo que un escenario a menudo previsto y descrito por los expertos, expuesto con detalle en todos los grandes documentos de estrategia nacional y, por lo tanto, conocido por los políticos, ha revelado la naturaleza defectuosa de nuestros sistemas de gobierno. La cuestión fundamental ahora es: ¿lo haremos mejor la próxima vez? Lamentablemente, es algo que dista de ser seguro. Existe el riesgo de estar preparados para luchar una vez más en la última guerra, es decir, de hacer todo lo posible para evitar otra pandemia de este tipo y descuidar otras posibles sorpresas estratégicas, ya sean militares, tecnológicas o geofísicas. Nunca las podremos evitar del todo. Y, si la Covid-19 nos ayudó a redescubrir el papel indispensable del Estado y las virtudes de la intervención pública, no podemos esperar que nuestros gobiernos estén permanentemente preparados para gestionar sin fallos todos los peores escenarios. Pero, sin duda, podemos hacerlo mejor. Como escribimos en la primavera del 2020, “la anticipación es una cuestión de mentalidad y agilidad mental. La aceptación de lo insondable no es incompatible con la mejora de nuestra capacidad colectiva para gestionar lo que no podíamos prever. No cabe duda de que estaremos mucho mejor preparados para la próxima pandemia. Ahora bien, no estaremos mejor preparados para otro tipo de sorpresa sin un esfuerzo adicional” (14).

Por Bruno Tertrais*

04/02/2021 06:00Actualizado a 04/02/2021 08:05

*Director adjunto de la Fundación para la Investigación Estratégica (FRS)

Bibliografía

  1. La historia nos dirá quizás un día si la ausencia, motivada por la pandemia, de portaaviones estadounidenses en el Pacífico occidental durante unas pocas semanas a principios del 2020 pudo desempeñar un papel en los cálculos geoestratégicos de China (y lo mismo con la reducción temporal, durante el verano del 2020, de las patrullas indias a lo largo de la línea de control entre los dos países).
    2. Estimaciones del Banco Mundial, octubre 2020; Informe Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, julio 2020.
    3. Michel Duclos y Bruno Tertrais, “Covid-19 – les autoritaires vont-ils l’emporter sur les democracies?”, Blog de l’Institut Montaigne, 17 abril 2020. Para una perspectiva histórica, véase Rachel Kleinfeld, “Do Authoritarian or Democratic Countries Handle Pandemics Better?”, Carnegie Endowment for International Peace, 31 marzo 2020.
    4. Joseph S. Nye, “Post-Pandemic Geopolitics”, Project Syndicate, 6 octubre 2020.
    5. Niall Ferguson, “From COVID War to Cold War. The New Three-Body Problem”, en Hal Brands y Francis J. Gavin (eds.), COVID-19 and World Order, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2020, pág. 425.
    6. Institute for Health Metrics and Evaluation, First COVID-19 Global Forecast: IHME Projects Three-Quarters of a Million Lives Could Be Saved by January 1, 3 septiembre 2020.
    7. Bruno Tertrais, L’Épreuve de faiblesse. Les conséquences géopolitiques du coronavirus, Tracts de Crise, 62, Gallimard, París, 30 abril 2020.
    8. Justin Vaïsse, “Derrière le triomphe de l’Etat souverain”, Le Monde, 28 mayo 2020.
    9. Viorel Mionel et al., “Pandemopolitics. How a public health problem became a geopolitical and geoeconomic issue”, Eurasian Geography and Economics, 30 septiembre 2020, pág. 3.
    10. Parlamento Europeo, The Geopolitical Implications of the COVID-19 Pandemic, septiembre 2020.
    11. Pierre Grosser, “Déconfinement des analogies””, Esprit, julio-agosto 2020.
    12. Entrevista para Le Monde, 20 abril 2020.
    13. Bruno Tertrais, L’Épreuve de faiblesse. Les conséquences géopolitiques du coronavirus, Tracts de Crise, 62, Gallimard, París, 30 abril 2020.
    14. Florence Gaub y Bruno Tertrais, “L’anticipation est une affaire de mentalité”, Le Monde, 19 mayo 2020.
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Jueves, 04 Febrero 2021 05:27

El multilateralismo chino

El multilateralismo chino

Hace cuatro años, recién llegado Donald Trump a la presidencia estadounidense y con el conservadurismo antiglobalista en su máximo apogeo, China se presentó en la macrocita de Davos como la gran valedora de la globalización. Ahora, en la convocatoria virtual del Foro Económico Mundial, el líder chino Xi Jinping tocó a rebato por el multilateralismo, la fórmula que la Covid-19 reveló como poción indispensable para siquiera diluir los factores de incertidumbre que aun por bastantes años pueden lastrar la recuperación económica global.

Además de la pandemia, Xi hizo alarde de otro dato que trastoca el escenario: la asunción de Joe Biden y su compromiso con el regreso de los EEUU a las instancias y acuerdos multilaterales, como ya hizo con la OMS o el Acuerdo de París, desbaratando la errática trayectoria de su predecesor.

Si hubiera que destacar una característica del enfoque chino a propósito del multilateralismo es la insistencia en la desideologización. En resumidas cuentas, Beijing defiende la autoridad y eficacia del sistema multilateral pero pone pegas a su instrumentalización con fines hegemónicos en una velada alusión a los intentos de fraguar las llamadas "alianzas basadas en valores" que obviamente no irían dirigidas a países como Vietnam sino como China: aunque ambos militen en el mismo socialismo de mercado, uno es un problema y otro no en función, claro está, de la capacidad para desafiar la hegemonía occidental. Para China, apostar por alianzas de este porte equivale a rubricar la continuidad de fórmulas que considera periclitadas, de clubs exclusivos (como el G7) cuya finalidad no es otra que garantizar poder e influencia en beneficio de los estados más ricos que no pierden comba a la hora de monopolizar el derecho a establecer las reglas que deben regir el orden internacional. Quienes a menudo se erigen a sí mismos como el alter ego de la "comunidad internacional" no pasan de representar en realidad a esos pequeños grupos.

En dicho contexto, Xi alertó en Davos contra los peligros de resucitar una nueva guerra fría. Frente a tal esquema, con su actual poder, China no se amilanará. Dar forma a una nueva bipolaridad en base a la resurrección del anticomunismo estaba en la agenda de Trump y Biden debe decidir ahora si su multilateralismo prima una gestión colectiva de los asuntos globales o si lo acomoda al objetivo de preservar la misma ansiedad hegemónica global de Trump aunque por otra vía.

Pudiéramos ejemplificar muchas manifestaciones de la vocación multilateral china que se sustenta en una capacidad económica reconocida. En el contexto de la pandemia, su compromiso con el programa COVAX de la OMS bien podría ser uno de ellos. Pero quizá el reflejo más duradero bien podría ser su proyecto de rutas de la Seda, iniciado en 2013. Ha recibido muchas críticas y con seguridad muchas de ellas son certeras y deberían ser tenidas en cuenta para perfeccionar sus enfoques, sobre todo a la vista de la escasa aun experiencia internacional de China en proyectos cooperativos. Pero también tiene una virtud esencial: pone el acento no solo en el comercio sino sobre todo en las infraestructuras. Esto hace que su potencia de irradiación sea mucho mayor.

La canciller Merkel reconoció en Davos que la pandemia puso de manifiesto hasta qué punto el mundo está interconectado y como es necesario actuar de forma multilateral; pero puntualizó que "multilateralismo no significa solo trabajar juntos sino hacerlo con transparencia". Y eso no siempre sucede con China. No es un déficit puntual, sino crónico y será difícil crear una atmosfera de confianza intergubernamental en tanto no se operen cambios sustanciales en este orden. La canciller, que como Xi defendió a la OMC y la necesidad de que las empresas europeas se involucren en el mercado chino, también recordó que las distintas percepciones sobre la dignidad de la persona limitan la cooperación.

A Beijing le interesa evitar las dinámicas de confrontación y conjurar el peligro de un regreso a la política de bloques del pasado pero pudiera verse en ello solo interés en despejar obstáculos para su progreso, a expensas de los sacrificios y renuncias de terceros. Si su mensaje no se clarifica, el riesgo de abrir camino a ligas de países democráticos que le planten cara es alto.

La agenda global es de una enorme intensidad y nadie puede creer que cualquier país por si solo puede hacerle frente de forma eficaz. También es evidente que los mecanismos heredados de las dos posguerras, tanto de la IIª Guerra Mundial como de la guerra fría, son insuficientes para abordar con holgura los desafíos actuales. El multilateralismo es indispensable y China quiere que su criterio pese en su actualización, al menos en proporción a lo que representa en el mundo presente.

Por Xulio Ríos

Director del Observatorio de la Política China.

04/02/2021

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En la pandemia fortuna de firmas deportivas de EU sube en 92 mil mdd

En un año marcado por la pandemia y las medidas que obligaron a los estadios a cerrar o tener aforo limitado, 64 propietarios de 68 franquicias deportivas en Estados Unidos incrementaron su fortuna en 92 mil millones de dólares, mientras millones de personas perdían empleo, ingresos o caían en la pobreza en ese país, revela un estudio realizado por el Instituto de Estudios Políticos (IPS, por sus siglas en inglés) y Americanos por la Equidad (ATF).

Los 64 multimillonarios que poseen las franquicias deportivas tenían una riqueza de 326 mil millones de dólares hasta el 18 de marzo de 2020; al finalizar enero de 2021 asciende a 418 mil millones de dólares, un alza de 28 por ciento desde que se iniciaron las primeras medidas de confinamiento a nivel global para aminorar los contagios de Covid-19.

Reciben elevados subsidios

"La ganancia privada de los multimillonarios deportivos, en medio de tanto dolor público, es irritante, pues muchas franquicias han sido beneficiarias de las donaciones de los contribuyentes", enfatizó el estudio.

Detalló que en las últimas décadas, según datos de Field of Schemes, firma especializada en temas deportivos, 25 equipos profesionales propiedad de 26 multimillonarios, han recibido 8 mil 900 millones en subsidios de los contribuyentes para ayudar a construir o actualizar estadios y hacer otras inversiones. "Estos propietarios de equipos subvencionados públicamente han visto aumentar su riqueza 20 mil millones durante la pandemia y 48 mil millones desde marzo de 2016", precisó.

"Sólo en cinco años, cuando se recortaron acuerdos fiscales, la riqueza colectiva de los multimillonarios del deporte se disparó 171 mil millones de dólares, o casi 70 por ciento. Su riqueza combinada, de 247 mil millones en marzo de 2016, había crecido a 418 mil millones para finales de enero de este año", refirió.

La ganancia de 92 mil millones entre los 64 multimillonarios dueños de franquicias deportivas desde marzo de 2020 podría pagar un estímulo para el alivio de la pandemia de 275 dólares por cada uno de los 330 millones de habitantes de Estados Unidos, calculó el estudio.

"El monto representa casi una tercera parte del costo de 290 mil millones al proporcionar 400 dólares por semana a los beneficiarios de programas de desempleo existentes hasta septiembre en ese país. Esa larga racha ganadora es sólo parte del dominio de una dinastía nacional de 660 multimillonarios estadounidenses, cuya riqueza ha crecido 1.2 billones de dólares, o 40 por ciento, durante la pandemia, pues pasó de de 2.9 billones a 4.1 billones", señaló.

El estudio fue hecho por las dos organizaciones, a propósito del Supertazón de futbol americano profesional, que enfrentará el próximo domingo a Kansas City y Tampa Bay. Al respecto, detalló que tanto la familia Hunt, propietaria de Jefes de Kansas City, como la Glazer, de Bucaneros de Tampa, continuarán su largo reinado en Estados Unidos.

Se estima que el patrimonio de los Hunts es de 6 mil 200 millones de dólares, un alza de 400 millones de dólares durante la crisis de Covid-19, mientras los propietarios de Kansas City recibieron 250 millones de dólares en subsidios de los contribuyentes para renovar el estadio en 2006.

"Todo eso mientras los fanáticos en casa están perdiendo sus vidas y sus medios de subsistencia. El trabajo en equipo real requeriría que los multimillonarios paguen su parte justa de impuestos", dijo Frank Clemente, director ejecutivo de ATF.

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Caída de la inversión a nivel mundial

La inversión extranjera directa mundial se derrumbó un 42 por ciento durante 2020, para totalizar 859.000 millones de dólares, desde 1,5 billones de dólares alcanzados en 2019, informó este domingo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), en su 38° Monitor de Tendencias de Inversión Mundial.

La Inversión Extranjera Directa (IED) terminó 2020 más del 30 por ciento por debajo de la crisis financiera mundial en 2009 y regresó a nivel visto por última vez en la década de 1990.

El informe da cuenta que "la disminución se concentró en los países desarrollados, donde los flujos de IED cayeron un 69 por ciento a un estimado de 229.000 millones de dólares. Los flujos a Europa se agotaron por completo a -4.000 millones de dólares, incluidos los grandes flujos negativos en varios países. También se registró una fuerte disminución en los Estados Unidos (-49 por ciento) a 134.000 millones de dólares".

La Unctad, con sede en Ginebra, Suiza, remarcó que "el declive en las economías en desarrollo se midió relativamente en -12 por ciento a un estimado de 616.000 millones de dólares. La participación de las economías en desarrollo en la IED mundial alcanzó el 72 por ciento, la participación más alta registrada. China encabezó la clasificación de los mayores receptores de IED".

Para la caída de los flujos de IED en las regiones en desarrollo fue desigual, con un 37 por ciento en América Latina y el Caribe, un 18 por ciento en África y un 4 por ciento en los países en desarrollo de Asia.

Asia oriental fue la región receptora más grande y representó un tercio de la IED mundial en 2020. La IED destinada a las economías en transición disminuyó en un 77 por ciento a 13.000 millones de dólares.

La IED en China, donde la fase inicial de la pandemia provocó fuertes caídas en los gastos de capital, terminó el año con un pequeño aumento (+ 4 por ciento).

La IED en India aumentó un 13 por ciento, impulsada por las inversiones en el sector digital. En el bloque de la Asean, un motor del crecimiento de la IED durante la última década, se redujo un 31 por ciento.

La reducción a la mitad de las entradas de IED en los Estados Unidos se debió a fuertes caídas tanto en las inversiones nuevas como en las fusiones y adquisiciones transfronterizas. La IED en la UE se redujo en dos tercios, con importantes descensos en todos los principales receptores; excepto el Reino Unido que no mostró caídas.
La Unctad pronostica que "se espera que la tendencia de la IED se mantenga débil en 2021"

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