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Viernes, 09 Abril 2021 05:45

El voto indígena, clave en Ecuador

El voto indígena, clave en Ecuador

El principal movimiento aborigen llamó a un “voto nulo ideológico”

Sin embargo, el presidente del movimiento, Jaime Vargas, anunció su apoyo a Andrés Arauz en un acto junto al candidato.

 

Desde Quito. Ecuador está a las puertas de las elecciones presidenciales. La mayoría de las encuestas dan favorito a Andrés Arauz, candidato de la Unión por la Esperanza, con un promedio de cuatro puntos por arriba de su contrincante, Guillermo Lasso, de la alianza Creo y el Partido Social Cristiano. Cada uno cerró la campaña el día jueves, el primero en Manabí y Quito, el segundo en Guayaquil, centros de la sierra y de la costa, puntos centrales del mapa electoral.

Los números indican además que existe porcentaje elevado de votos en blanco y nulos, alrededor del 27 por ciento del electorado. Se trata de votos que au se disputan los candidatos, que han realizado los últimos días de campaña bajo el estado de excepción decretado por el gobierno de Lenin Moreno que, sin embargo, no ha impedido la realización de las actividades.

La composición del voto nulo y blanco es una de las preguntas centrales. Uno de los actores políticos que se ha posicionado a favor de un “voto nulo ideológico” ha sido la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el principal movimiento indígena del país. La decisión fue tomada el 10 de marzo en un Consejo Ampliado y luego adoptada por su instrumento electoral, el partido Pachakutik, quien, en la primera vuelta llevó la candidatura de Yaku Pérez, tercero en el resultado.

Esa decisión de la Conaie tuvo un giro el sábado tres, cuando el presidente de la confederación, Jaime Vargas, anunció el apoyo a Arauz en un acto junto al candidato. Su declaración pública, recibido positivamente en las filas del correismo, generó numerosas reacciones dentro del movimiento indígena que pusieron sobre la mesa las diferentes disputas que venían desarrollándose en su interior.

En primer lugar, la Conaie volvió a ratificar su decisión de llamar al “voto nulo ideológico” en una conferencia de prensa: “ningún partido representa a los pueblos indígenas (…) “nuestro voto es por la dignidad, contra el fraude, por la corrupción que está empapada en el país, por eso hacemos el voto nulo, para tener una conciencia tranquila y salir con mucha dignidad a las calles a reclamar por nuestros derechos”.

Similar posición fue adoptada por Pachakutik, que, además, procedió a separar del partido tanto a Vargas, como a quien acompañó a Pérez en la fórmula presidencial por haber, en ese caso, hecho un llamado a votar por Lasso. El ex candidato presidencial, presente en la conferencia, anunció que comenzará “una limpieza dentro de Pachakutik”, y denunció la existencia de un pacto entre Vargas y el correismo: “como candidato presidencial y como Pachakutik no hemos recibido ningún apoyo en lo absoluto de la dirigencia de la Conaie, del señor Vargas, o si hemos recibido ha sido contra-campaña”.

Las partes enfrentadas se acusaron mutuamente de alianzas que no cuentan con la aprobación de la mayoría. Por un lado, Vargas señaló que “Pachakutik está atado por la derecha, los dirigentes siguen apoyando a la derecha y nosotros no vamos a apoyar a una derecha que nos atropelló”. Esa misma crítica fue hecha por Leonidas Iza, uno de los principales dirigentes de la Conaie, quien se pronunció en medio del conflicto: “desde hace cuatro años hay una clase dirigencial, siendo indígenas, están de acuerdo con esa derecha fascista que nos asesinó, nos ha perseguido”.

Por otro lado, quienes se encuentran centralmente en Pachakutik, acusaron a Vargas, así como a Iza, de tener acuerdos no declarados con el correismo, proceso político descrito durante la conferencia como “dictadura de Rafael Correa quien humilló al movimiento indígena de Ecuador”. Ese sector del movimiento indígena, volvió a plantear la imposibilidad de cualquier acercamiento con Arauz y la revolución ciudadana.

Quedó así expuesta la disputa que venía ocurriendo puertas adentro del movimiento, agudizada centralmente a partir de la candidatura de Pérez, que, según Vargas e Iza no fue producto de la decisión de los pueblos y nacionalidades que conforman la Conaie -como debería haber sido-, sino únicamente de los coordinadores de Pachakutik.

Aún resulta difícil saber cómo será el impacto electoral del giro de Vargas, así como del sostenimiento del voto nulo ideológico, ratificado por la Conaie, Pachakutik y dirigentes del peso de Iza, que llamó públicamente a mantener la unidad ante los peligros de división. Otra pregunta, que tendrá respuesta más adelante, es cuál será la relación del principal movimiento indígena respecto al próximo gobierno, algo que dependerá tanto de quién gane el domingo, así como también de la elección de autoridades de la Conaie que tendrá lugar a principios de mayo.

Por el momento todas las miradas están puestas sobre la elección del domingo, que será un parteaguas en Ecuador. Las alertas respecto a maniobras de última hora aún se mantienen, en particular debido, por ejemplo, a declaraciones de fuentes del Consejo Nacional Electoral que dieron cuenta de un intento de fraude que se estaría gestando desde dentro del poder electoral. Se trata de una contienda que ha estado marcada por irregularidades desde el primer momento y en la cual está en juego el camino que tomará el país en los próximos años: una profundización neoliberal, vía Lasso, o el regreso a un proyecto progresista, con Arauz.

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Yonhy Lescano, Hernando de Soto y Verónika Mendoza.   ________________________________________ Imagen: AFP

Hay seis candidatos con posibilidades de pasar a segunda vuelta

Consultores anticipan que el 11 de abril será la votación con el apoyo más bajo a los candidatos punteros y con la mayor fragmentación del sufragio. 

 

El Perú ingresa a la última semana de la campaña electoral para las elecciones presidenciales y parlamentarias más reñidas e impredecibles que se recuerden. En medio de la grave crisis por la pandemia, que estos días golpea con especial fuerza al país, y un alto nivel de descrédito de la clase política por denuncias de corrupción que involucran a seis expresidentes y otros altos dirigentes, incluyendo a cuatro postulantes a la presidencia, es también la elección con el apoyo más bajo a los candidatos punteros y la mayor fragmentación del voto. 

A una semana de los comicios, la única certeza es que habrá segunda vuelta, la que se realizará en junio. De acuerdo a dos encuestas publicadas este domingo, los últimos sondeos que se pueden difundir en el país antes de las elecciones del 11 de abril, hay seis candidatos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Todo está muy apretado.

Para la encuestadora Ipsos, en primer lugar está el excongresista Yonhy Lescano, con 12,1 por ciento, de acuerdo a una simulación de votación secreta que realizó con una cédula igual a la que se usará el día de las elecciones. Segundo se ubica el economista neoliberal Hernando de Soto, con 11,5 por ciento. El tercer puesto es para la candidata de izquierda Verónika Mendoza, con 10,2 por ciento. Luego vienen el exfutbolista de centroderecha George Forsyth con 9,8 por ciento y Keiko Fujimori con 9,3 por ciento. Tomando en cuenta el margen de error, es un quíntuple empate técnico. En esta simulación de votación, un 17,3 por ciento votó blanco o viciado.

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) también publicó una encuesta este domingo. En el primer lugar igualan Keiko Fujimori y Hernando de Soto, con 9,8 por ciento. Tercero aparece el candidato de la ultraderecha Rafael López Aliaga con 8,4 por ciento, cuarto Yonhy Lescano con 8,2 por ciento y en quinto lugar Verónika Mendoza con 7,3 por ciento. También un quíntuple empate técnico, aunque con un nombre cambiado. Los indecisos llegan al 28 por ciento.

Las dos encuestas coinciden en un crecimiento del economista Hernando de Soto en este último tramo de la campaña, lo que lo deja bien posicionado para la recta final. Es el que más sube. Paradójicamente, a De Soto, el candidato de mayor edad con 79 años, es al que mejor le va entre los jóvenes, de acuerdo al IEP. El economista de derecha, que en 1990 formó parte del equipo que lanzó la candidatura presidencial de Mario Vargas Llosa, que luego fue asesor económico de Alberto Fujimori, quien en esa elección derrotó al escritor e impuso una reforma neoliberal amparada en el autoritarismo, y que en 2011 y 2016 apoyó la candidatura de Keiko Fujimori, tiene su principal base electoral en Lima.

Por la cantidad de candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones organizó un debate en tres días, que se realizaron entre lunes y miércoles últimos, dividiendo a los candidatos por sorteo en tres grupos de seis. De Soto estuvo opaco cuando le tocó participar el martes, pero el hecho que López Aliaga, conocido como "Porky”, con quien disputa un mismo espacio electoral, haya tenido un desempeño desastroso en su participación el miércoles, leyendo en todas sus intervenciones, con la cabeza enterrada en sus papeles, enredado y balbuceante, parece haber terminado favoreciendo al economista. “Porky”, el “Bolsonaro peruano” de 60 años, entra a la etapa decisiva con una tendencia a la baja.

Las dos encuestadoras también coinciden en un descenso de Lescano, que desde hace semanas venía como puntero relativamente cómodo y que, aunque Ipsos lo sigue colocando primero, ya no tiene asegurado su pase a la segunda vuelta, como parecía hasta hace sólo unos días. Lescano, de 62 años, ha sido 18 años congresista por el partido de centroderecha Acción Popular. En contra de la cúpula de su partido, en esta campaña ha cuestionado el modelo neoliberal y ofrecido reformas, aunque sin llegar a proponer un cambio de modelo, lo que, en un escenario dominado por los discursos de derecha, lo ha colocado en la centroizquierda en términos económicos, pero en aspectos sociales se ubica a la derecha, con posturas conservadoras.

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú, que a los 40 años postula por segunda vez a la presidencia, es la principal figura de la izquierda en estas elecciones, en las que hay tres candidatos de ese sector político. Tuvo una actuación destacada en el debate del pasado lunes, día que le tocó participar. Una semana antes había sido la clara ganadora, según los analistas y una encuesta, de un debate organizado por un canal de televisión entre cinco candidatos. Luego de ese primer debate comenzó a subir, y con ese crecimiento se reforzaron los ataques en su contra desde los grandes medios, que una vez más agitaron el miedo a la izquierda y los fantasmas de Hugo Chávez, Maduro y Venezuela para repetir que “si gana la izquierda nos convertiremos en otra Venezuela”.

En 2016, Mendoza quedó en tercer lugar con 18,7 por ciento, muy cerca de pasar a la segunda vuelta, lo que no consiguió porque una candidatura de izquierda radical obtuvo cuatro por ciento y le quitó los votos que necesitaba para ir a la elección definitiva. Esta vez esa historia se puede repetir. En este último tramo viene levantando sorpresivamente la candidatura del radical dirigente magisterial Pedro Castillo, que ha subido a 6,6 por ciento, según los dos sondeos citados, ganando apoyo especialmente en las zonas andinas y rurales, crecimiento que erosiona la base electoral de Verónika Mendoza.

En su tercer intento de buscar el retorno del fujimorismo al poder, Keiko, la hija de 45 años del encarcelado exdictador Fujimori, que está procesada por lavado de activos, ha perdido una gran parte del apoyo que tuvo en las elecciones de 2011 y 2016, pero, con todos muy abajo, mantiene posibilidades de pasar a la segunda vuelta, como ocurrió en esas otras dos elecciones, en las que perdió en esa instancia final.

Aprovechando su popularidad y jugando a ser la figura nueva contraria a la clase política, el exfutbolista George Forsyth, de 38 años, estuvo varios meses en primer lugar, pero comenzó a caer cuando sus apariciones públicas y en medios para exponer sus propuestas dejaron al descubierto su notoria debilidad argumental. Ha logrado detener su caída y recuperarse algo, con lo que todavía sigue en el partido.

“Hernando de Soto tiene la ventaja de haber crecido a lo último, y cuando crecés al final las críticas que te hacen pueden ser menos dañinas. Lescano si bien ha caído algo está mejor ubicado que otros porque su ambigüedad le permite ganar votos por izquierda y por derecha. Forsyth está más al centro y eso lo puede ayudar. Si bien Keiko Fujimori aparece primera en la encuesta del IEP, su nivel de rechazo es el mayor de todos y eso la complica. Verónika Mendoza ha ido creciendo, pero de la misma manera también ha crecido desde su izquierda Pedro Castillo y eso la puede dejar afuera de la segunda vuelta. Castillo crece en esta etapa final porque hay un voto radical que no ha sido cubierto. Veo muy difícil que López Aliaga pase a la segunda vuelta. Tuvo un crecimiento y eso puso la atención sobre él y ahí aparecieron sus claras debilidades y ha comenzado a bajar”, le señaló a PáginaI12 Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica.

Para Tuesta, “esta es la elección con el mayor nivel de incertidumbre que hayamos vivido”. “En esta última semana en la que no van a haber encuestas vamos a entrar al túnel oscuro”.

Por Carlos Noriega

Desde Lima 

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Jaime Durán Barba sobre las elecciones en Ecuador: “Creo que va a ganar Guillermo Lasso por unos cinco puntos”

Aseguró que el gobierno de Lenín Moreno "es el más impopular de la historia del país”

El consultor y analista político ecuatoriano, Jaime Durán Barba, se refirió este sábado a las elecciones previstas para el 11 de abril en su país y consideró que ganará el candidato Guillermo Lasso por “unos cinco puntos”. A su vez, habló sobre la situación política en Argentina y manifestó que “el macrismo y el kirchnerismo deben repensar sus proyectos porque sino aparecerá una tercera fuerza que los barrerá”.

En diálogo con AM 750, Durán Barba aseguró desde su departamento situado en Quito, que se encuentra “encerrado, hipocondríaco y asustado por la pandemia” y consideró que la gente está atravesando un momento de cambio, en el que se volvió “más autónoma y pasa por encima de las instituciones”.

Al referirse a las elecciones de Ecuador, cuya segunda vuelta se realizará el próximo 11 de abril, dijo que “hay distintas variables en juego” y aseguró que el gobierno nacional, al mando de Lenín Moreno, es el “más impopular de la historia del país”. “Se dedicó a perseguir de manera absurda a Rafael Correa y eso ayudó al candidato del expresidente, Andrés Arauz. Nunca hubo un gobierno con tanto rechazo, ni tampoco uno que se haya dedicado tanto a perseguir a un político”, detalló.

 “A Moreno le fue espantosamente mal, pero a su vez la gente tiene un recuerdo complejo de Correa, quien vivió un momento económico estupendo del país con el petróleo a 100 dólares, pero su temperamento, su violencia y sus amenazas fastidiaron a los electores. Ese es el elemento negativo más fuerte. Correa tiene un 23% de apoyo y un 65% de personas que no lo votarían jamás”, agregó.

Sobre Arauz, quien resultó ganador en la primera cita en las urnas el pasado 7 de febrero con 32,72% de los votos, dijo que hizo una buena campaña en la que le funcionó “ser distinto” y explicó que “si un político es igual a los que vivían hacen 30 años, no se tiene ningún futuro”. “Arauz hizo una campaña bonita y su juventud le favoreció mucho. Sin embargo, Correa estropeó su avance, no por mala fe, sino por su temperamento”, analizó.

A su vez, sostuvo que de “no ocurrir algo muy imprevisto que importe a los electores”, cree que las elecciones las terminará ganando por unos cinco puntos Lasso, quien fue el segundo en las primeras elecciones con el 19,74% de los votos, seguido de muy cerca por el candidato indígena Yaku Pérez, apenas 35 décimas por debajo del banquero.

Respecto a Yaku Perez, dijo que el candidato “hizo algo rarísimo”, que fue “asomar varias veces tocando el saxo en sus videos y bailando de una manera muy occidental”. “Esto le dio una entrada muy importante en sectores juveniles y urbanos del país. Yaku terminó siendo una mezcla del voto indigena más el de los electores del siglo XXI, con ideas ambientalistas. El resto tiene sensaciones mezcladas”, detalló.

Tras hablar sobre la estrategia de Yaku en las redes sociales, consideró importante “estudiar la política de clicks” y dijo que “el tema del Internet es mucho más difundido de lo que creemos los académicos. Hubo una experiencia con el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, cuando fue a visitar a un grupo indígena y le pidieron una foto para subir a Facebook y él no entendía cómo iba a hacerlo. Ahora los pibes indígenas tienen su teléfono y navegan por las redes.

Luego, al hablar sobre la situación política en Argentina, Durán Barba dijo que la discusión en nuestro país está “muy atrasada” y aseguró que “el macrismo y el kirchnerismo deben repensar sus proyectos porque sino aparecerá una tercera fuerza que los barrerá”.

 “Ni el macrismo ni el kirchnerismo se han reformulado. Yo creo que, si no repiensan su situación, se va a sumar un tercer grupo que los barra”, aseguró. Y cuestionó que el país esté “todavía discutiendo cosas del siglo XX”. “No digo que Ecuador esté mejor, pero estamos muy atrasados, muy convencidos de que cuando se produjo el Big Bang, ya estaban las 10 verdades peronistas. No es así, son mucho más recientes”, agregó.

Al concluir, consideró que “hay que pensar en un mundo distinto que incorpore la tecnología, sin que la tecnología mate a la gente, porque es un gran progreso que también implica riesgos. Hay que reformular la revolución, el cambio. La clase obrera va extinguirse en 10 años, hay que pensar qué hacemos ahora”.

Ecuador entra esta semana en la recta final de la campaña electoral, en la que los candidatos presidenciales al balotaje, Arauz y Lasso, dejaron de lado el discurso polarizador y los vínculos partidistas e incorporaron propuestas más inclusivas para captar a los más de cuatro millones de ecuatorianos que votaron por otras opciones en la primera vuelta.

En la primera cita a las urnas, el último 7 de febrero, Arauz resultó ganador con 32,72% de los votos, insuficientes para evitar el balotaje. Por su parte, Lasso fue segundo con 19,74%, seguido por Pérez, apenas 35 décimas por debajo. En el cuarto puesto, figuró Xavier Hervas, con 15,68% de los sufragios. 

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Ecuador: campaña, operaciones y denuncias

Faltan menos de dos semanas para el ballottage del 11 de abril

Andrés Arauz lidera los sondeos y su rival, el banquero Guillermo Lasso, busca proyectar una imagen distinta de la mano de Durán Barba. 

 

Andrés Arauz es recibido en un pueblo pequeño de la provincia de Azuay, en la sierra. Las personas se acercan, toman fotos, lo abrazan, levantan el índice para indicar uno, es decir el número de su lista electoral, hay euforia. De fondo se ven las montañas verde lluvia, el final de otro día maratónico de campaña que lleva al candidato de la revolución ciudadana a través de ciudades, pueblos, reuniones, y entrevistas.

Quedan ya menos de dos semanas para el ballottage del 11 de abril, la línea final donde, se sabe, pueden definirse porcentajes electorales decisivos, en particular en una contienda donde el voto nulo ronda el 25%. Arauz, quien lidera los sondeos, enfrenta a Guillermo Lasso, el candidato banquero, así conocido por su pasado como presidente del banco de Guayaquil, uno de los principales en el país.

La dinámica de campaña es incesante, tanto en las diferentes provincias, como, a su vez, en uno de los territorios centrales para cualquier campaña actualmente: las redes sociales, tanto Twitter, como Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube, y Google para anuncios que aparecen en páginas o aplicaciones. Es allí donde se juega una de las claves, la posibilidad de llegar a diferentes públicos, romper los círculos propios, diseñar mensajes particularizados con precisión de big data.

Ese terreno es central para cada candidato, en particular para Lasso, debido a la necesidad que tiene de construirse una identidad distinta a la que ha sido durante sus más de veinte años de vida política y económica, dos esferas profundamente imbricadas en su caso. Lasso debe aparecer como cercano a pueblos indígenas, a las mujeres, a la juventud, preocupado por las mayorías sociales, los trabajadores, el ambiente, empático, en lo que conforma una operación de simulación/engaño que recuerda a la realizada por Mauricio Macri en su campaña electoral. No es casualidad que el asesor de ambos sea la misma persona: Jaime Durán Barba.

El objetivo de la operación mediática es construir un candidato con un proyecto diferente al que encabeza, y, a su vez, borrar tanto su pasado como su presente. Acerca de lo primero, se busca presentarlo como inocente en la principal crisis que vivió el país, en 1999, conocida como el feriado bancario, cuando miles de ecuatorianos tuvieron que emigrar del país mientras la banca acumulaba fortunas, como el banco de Guayaquil, que pasó de un patrimonio de 54 millones de dólares en 1998 a 75 millones en el 2002, según los datos de la superintendencia de bancos.

Acerca de lo segundo, su campaña política busca presentarlo como ajeno al actual gobierno de Lenín Moreno, y esconder la repetición de lo ocurrido en 1999: su enriquecimiento personal en un momento de crisis nacional. En efecto, según el servicio de rentas internas, sus ingresos en el 2020 fueron de 6,4 millones de dólares, mayores al 2019 con 2 millones, al 2018 con 2,3 millones o al 2017, con 4,3 millones. Durante esos años, en simultáneo, fueron despedidos 130 mil trabajadores del Estado y 600 mil en el ámbito privado.

Pero Lasso no solamente aumentó en millones su patrimonio, sino que, además, fue y sigue siendo parte del diseño de las políticas del gobierno de Moreno. Esto es particularmente notorio en el actual intento de privatizar el Banco Central del Ecuador (BCE) que impulsa Moreno a través de la denominada Ley de Defensa de la Dolarización, un proyecto que busca autonomizar al BCE del poder ejecutivo, y ponerlo en mano de sectores privados, un intento que proviene desde la década del 90.

El proyecto de Ley, que ya había sido rechazada dos veces por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, fue aceptado este lunes, para ser tratado en el seno del poder legislativo de forma urgente. El intento de Moreno/la banca es una de las últimas maniobras económicas fuertes antes de dejar el gobierno el 24 de mayo, que, en caso de resultar, dejaría al próximo ejecutivo en una situación de aún mayor fragilidad y manos atadas. No es la única, también busca, por ejemplo, concretar la privatización de la refinería de Esmeraldas antes de abandonar el palacio presidencial de Carondelet.

Ese programa de gobierno es el que encabeza tras bastidores el sector bancario, es decir el de Lasso, ahora transformado en candidato con poncho y pinturas amazónicas. Su campaña, tanto la pública como la sucia, cuenta, al igual que en la primera vuelta, un fuerte financiamiento que, según Arauz proviene de vías ilegales: “ese despliegue enorme con vayas, publicidad en las radios, una campaña de redes con trolls ubicando en diferentes países del mundo (…) es pagado con recursos de depositantes del banco de Guayaquil”, por lo cual realizó una denuncia penal por delito de peculado bancario.

Se espera que las menos de dos semanas restantes puedan verse atravesadas por diferentes operaciones de difamación y campaña sucia contra Arauz, al igual que la preparación vía encuestadoras -en particular Cedatos, de Lasso- del terreno para la jornada de votación, en una acción similar a la de las presidenciales del 2017. En aquella oportunidad la maniobra consistió en instalar con anticipación una victoria de Lasso, y anunciarlo como ganador tempranamente el día de la elección a través de diferentes canales, como Ecuavisa, para crear el engaño de su victoria seguido de la denuncia de fraude.

Esa vertiginosidad en ámbitos de campaña y actividades no parece, sin embargo, tener un correlato en la sociedad. Quito, así como Cuenca -capital de Azuay- no ofrecen la imagen de un país en campaña, y las conversaciones diarias tampoco dan cuenta de pasiones electorales. Esa baja expectativa política parece ser otro de los legados de Moreno, quien pasará a las páginas de la historia como un caso modelo de traición política.

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Las democracias bajo asedio en América Latina

Desde Quito. Las alarmas se encendieron cuando la vicefiscal de Colombia llegó a Quito días atrás con la causa montada contra Andrés Arauz en las manos. Situación de crisis, análisis de escenario, y, finalmente, una noche calma y fría. Fue una nueva amenaza en la campaña presidencial, que desde la hora cero estuvo marcada por las maniobras contra la candidatura de quien busca llegar al Palacio de Carondelet para reconstruir el proyecto de la revolución ciudadana.

El cuadro es similar al de las elecciones bolivianas del 2020, con la victoria de Luis Arce: nada puede darse por seguro hasta que sea puesta la banda presidencial, ni la realización de las elecciones, tampoco un desarrollo estable de acontecimiento en los días posteriores a los resultados, en caso de ganar Arauz. La diferencia entre un proceso y el otro es que en Bolivia existía un gobierno de facto, mientras que en Ecuador se trata de un presidente elegido constitucionalmente.

El caso ecuatoriano es paradigmático: el gobierno de Lenín Moreno no solamente traicionó el proyecto por el cual fue elegido y a muchos de sus antiguos compañeros -otros lo acompañaron en la puñalada-, sino que abrió las puertas a un proceso de cierre interno de vías democráticas. La persecución abarcó los diferentes niveles: el liderazgo principal, es decir, Rafael Correa, las segundas y terceras líneas, los sucesivos partidos luego de la pérdida de Alianza País, con causas desde corrupción hasta delitos de rebelión.

Ese proceso conllevó un diseño institucional con puntos neurálgicos, como la Fiscalía. Allí está ahora la principal causa montada contra Arauz, en una operación trabajada junto con a la Revista Semana y la Fiscalía de Colombia, un medio y una institución bajo mando de factores del Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe, al frente del gobierno. La situación en Colombia es trágica: según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, entre el 2020 y los meses del 2021 han ocurrido 110 masacres con un total de 446 víctimas, el asesinato de 342 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 12 familiares de líderes, y 74 firmantes de los acuerdos de paz.

La causa, montada desde esa Fiscalía, es la principal carta pública para intentar golpear la candidatura de Arauz. Ya fueron sorteadas otras amenazas, como un pacto entre Guillermo Lasso y Yaku Pérez -segundo y tercero respectivamente- para un recuento de votos que finalmente no ocurrió luego de un giro de Lasso, o un llamado público por parte de Pérez, en representación de un sector de poder, a una intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral para criminalizar a Arauz, cambiar el Consejo Nacional Electoral y anular la primera vuelta.

En Ecuador se concentran los principales elementos de lo que conforma una democracia restringida, donde la principal fuerza política es perseguida y obstaculizada para poder participar. Los paralelismos con el caso argentino son varios: el despliegue mediático y político para acusar de corrupción sistemáticamente al anterior gobierno articulado al intento de disciplinamiento vía Poder Judicial. ¿Qué hará Arauz ante esos poderes en caso de victoria? Es una de las principales preguntas, al igual que en Argentina luego de más de un año de gobierno.

Las similitudes en la utilización de un dispositivo mediático-judicial para perseguir a los principales liderazgos en países donde existieron gobiernos populares son ya conocidas: Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. El caso venezolano se sitúa en otra escala, la de bloqueo desde Washington, robo de activos, operaciones armadas encubiertas, institucionalidad paralela, el arrastre del conflicto al terreno de las trincheras, el precipicio, la crisis permanente y prolongada.

En cada caso la pregunta es la misma: ¿cuáles son las reglas del juego? ¿hacia dónde buscan avanzar los poderes fácticos nacionales, internacionales, y sus representantes políticos? Puesto en perspectiva, se puede ver que en trece años ocurrieron cuatro golpes de Estado en el continente contra gobiernos progresistas -Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia-, el despliegue del lawfare, una comunicación de asedio, la construcción de instancias electorales en escenarios de desestabilización, la mutación de las derechas con exponentes como Jair Bolsonaro, que representa una tendencia en desarrollo en el continente, afianzada en diferentes países de Europa y en Estados Unidos.

No existe respuesta única ante la otra gran pregunta: ¿qué hacer ante eso? La situación es diferente según las fortalezas de los movimientos y gobiernos populares, la institucionalidad, o el lugar que ocupa cada país según el mapa estratégico estadounidense en el marco de las disputas globales con China y Rusia.

Las coordenadas cambian si se analiza Argentina, con la existencia de un movimiento obrero, territorial, feminista, de derechos humanos, y el entramado del peronismo, Bolivia, con fuertes movimientos indígenas, campesinos, mineros y el MAS, o Ecuador, con la ausencia de estructuras de organización popular y partidaria dentro de la revolución ciudadana, y un movimiento indígena en disputa entre sectores de izquierda y de derecha -siendo Pérez expresión de lo segundo-. El objetivo de la derecha en este caso es doble: desterrar al correísmo y desplazar dentro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador a quienes encabezaron el levantamiento en el 2019.

Desde ese diagnóstico de escenario pueden situarse los acontecimientos recientes en Bolivia, con la detención de Jeanine Añez, exministros del gobierno de facto, altos mandos militares, policiales, y el dirigente de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina. Este último factor es clave, se trata de neutralizar una estructura armada dentro de Bolivia, creada antes del golpe del 2019, desplegada en sus días de asalto con asesoramiento internacional y amparada luego por el gobierno de facto. No es la única formación armada -su ubicación en Cochabamba, centro del país, es estratégica-, el principal punto de acumulación de fuerzas de la derecha golpista es Santa Cruz, con el golpista y ahora gobernador Luis Fernando Camacho.

La evolución de los conflictos en varios países pone en duda la posibilidad de que pueda existir un acuerdo con los factores de poder dominante económico y político, que implicaría -seguramente- mantener un statu quo profundamente y cada vez más desigual. Esa dificultad de acuerdo no reside en la voluntad de diálogo de los gobiernos progresistas. El caso de Argentina es una muestra clara.  

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Brasil: la batalla comunicacional que se viene

Hay un debate en curso en Brasil sobre el uso de la palabra genocida para nombrar a Jair Bolsonaro. Militantes del PT detenidos en una protesta frente al Palacio del Planalto e influenciadores digitales convocados por la justicia fueron dos ejemplos de esta semana en la cruzada paradójica de no llamar las cosas por su nombre. Interesante la preocupación reciente de Bolsonaro por las palabras, viniendo de alguien que las desprecia, que no mide efectos ni consecuencias, empatía bajo cero.

Bolsonaro dominaba la comunicación política del país hasta hace diez días, cuando el expresidente Lula recuperó sus derechos políticos, provocando un tsunami. Si separamos las barbaridades que enuncia, de las formas de hacer política, tres territorios eran dominados por completo por el actual presidente, como ningún otro actor político: las “lives” de los jueves en sus redes sociales, los charlas informales con seguidores en el “corralito” que se monta diariamente en el Palacio de la Alvorada, y las apariciones públicas inesperadas, como la visita que hizo a la Corte Suprema en septiembre del año pasado. Los dos primeros son los palcos por excelencia que generan la catarata de declaraciones. Hablamos de la política como “acting”, como puesta en escena, como teatralidad.

Como aquello que genera una pauta permanente de información y define la agenda. Esta hipótesis fue descripta por Joao Santana en octubre de 2020. A partir de la semana pasada, esa naturalidad con la que ocupaba todo el espectro comunicacional se pone en disputa. Lula habló por más de tres horas y lo obligó a hacer dos giros casi que inmediatos: reconocer la vacuna como una realidad imprescindible, y cambiar por cuarta vez su ministro de Salud. El reciente apoyo a las vacunas vino con una marca que es todo un signo de descalabro del bolsonarismo más explícito: “nuestro arma es la vacuna”, fue la primera divulgación. Eso dio pie a un meme difundido por su hijo Eduardo con una adaptación del personaje Ze Gotinha, logomarca de las campañas de vacunación en el país, creado en 1986. En la imagen, Ze Gotinha tiene un fusil-jeringa, un abierto apoyo a las armas. La muerte se celebra, es el “viva la muerte” de Franco, tropicalizado. Entra en el territorio de lo perverso, en el medio de la crisis sanitaria más importante del país, enaltecer un arma. La vorágine por querer responder rápido al nuevo escenario y sobre todo hacer malabarismo por mantener su discurso armamentístico aggiornado a la nueva realidad pandémica, producen deslices. Ese meme condensa el bolsonarismo comunacional, es una metáfora de una época.

Un segundo ejemplo: el miércoles 17 de marzo, Lula le pide a Biden ayuda para conseguir vacunas, a través de una reunión del G-20 para discutir la redistribución del inmunizante para países que más lo precisen, como Brasil. Bolsonaro reacciona al día siguiente mostrando una carta del 26 de febrero donde Biden promete colaboración en este nuevo capítulo de la relación bilateral. Lo pone a la defensiva, lo obliga a mover las piezas a posteriori.

Este movimiento no es gratuito. Si Bolsonaro se muestra impermeable a la ciencia y el conocimiento, claro está que mira las encuestas y actúa en consecuencia. La caída de su popularidad, sumada a los escenarios de posible derrota frente a Lula (34% seguramente votaría a Lula vs 25% a Bolsonaro, según datos del Instituto Ipec de Marzo 2021) configuran este nuevo escenario. La adhesión al discurso provacuna entra mucho más en esa lógica que en estar convencido. Los principales actores de la economía le hacen saber que que no hay retorno del crecimiento sin vacuna.

Un análisis más detallado de la encuesta señala un elemento posiblemente central en la batalla comunicacional que se viene. Bolsonaro crece de 25% a 39% su potencial de voto entre los evangélicos, y en forma inversa, Lula cae del 34% al 27%. Cuando el PT fue fundado en 1980, los evangélicos representaban el 6,6% de población. En 2000, dos años antes de la victoria de Lula, el 15,4%. En 2021, son el 31,8%. Son uno de los pilares fundamentales de lo que se denomina la “nueva derecha brasileña”. Tres grupos que convergen en el actual bolsonarismo: la derecha más reaccionaria y retrógrada, que pide intervención militar y cierre de la Corte Suprema, la volátil “derecha liberal”, que hoy adhiere al bolsonarismo pero surfea la ola de quien defienda su agenda neoliberal, con el ministro de Economía Paulo Guedes como mayor exponente. Y el enorme contingente de evangélicos. En esa batalla argumental se dirimen parte de las chances de Lula de consolidar el potencial de voto actual, aunque tenga que correrse naturalmente más al centro. Coquetear con el voto “evangélico” es una tarea ardua. Pensar que uno de los mayores referentes de la iglesia evangélica, Edir Macedo, decía en marzo 2020 que el coronavirus era una “táctica de Satanás”, y se vacunó esta semana en Miami. Satanás vacunado y de paseo en Disney.

Eduardo Sincofsky es consultor en opinión pública. 

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La coalición que va por la Presidencia de Colombia apostándole a la centro-derecha, pero lejos del uribismo

Son siete los exmandatarios que empezarán a trabajar en un programa de gobierno para presentarle como una opción a los colombianos. Se trata de una coalición de centro-derecha que le competirá directamente al uribismo y a la Coalición de la Esperanza.

 

En la tarde del viernes el exalcalde de Barranquilla Alex Char se reunió en su casa con seis exgobernadores de diferentes regiones del país, quienes están pensando en una coalición electoral para llegar a la Presidencia de Colombia en 2022.

En esta reunión participaron los exgobernadores de Antioquia, Luis Pérez; del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; de Atlántico, Eduardo Verano; de Bolívar Dumek Turbay; de Norte de Santander, William Villamizar; y de Quindío, Carlos Eduardo Osorio.

 “Una voz desde las regiones”, fue el manifiesto que salió del encuentro. “Una propuesta de país que nace de las regiones, Colombia es multicultural y diversa. Con este equipo de trabajo proveniente de distintos rincones del país que conoce y ha sido cercano a su gente, trabajaremos por hacer realidad los sueños de colombianos que esperan ser escuchados”, aseguró la exmandataria del Valle.

Esta coalición claramente se ubica en la centro-derecha del panorama político en Colombia y entraría a competirle el voto al uribismo y a la Coalición de la Esperanza del partido Alianza Verde que también dicen estar fuera de los extremos.

Si bien Char y Toro se reunieron con el expresidente Álvaro Uribe dejando la sensación de una eventual alianza política con los precandidatos que salgan del Centro Democrático, los conservadores y los movimientos cristianos, según La Silla Vacía, la exgobernadora del Valle, dejó claro que esta sería una coalición independiente. “No queremos que nos asocien ni con la izquierda ni con la derecha”, agregó.

En esta misma línea de separarse del uribismo, Pérez dijo: “Nunca he entendido por qué relacionan a este grupo regional de independientes con Uribe. Creo que ninguno ha ganado elecciones con el apoyo de Álvaro Uribe. Lo que se aprobó en el equipo es que aquí no se acepta, por ahora, a nadie del grupo de Petro ni del Centro Democrático”.

Esta alianza de los exmandatarios puede que crezca en participantes en los próximos meses. Cabe recordar que el anfitrión de esta reunión Alex Char, también protagonizó una reunión con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el de Medellín, Federico Gutiérrez.

La Silla Vacía también conoció que la intención es que el candidato de esta coalición se elija a través de una consulta y no de una encuesta. Lo que también ayudaría a ver la cantidad de apoyo que tendrían por parte de los colombianos.

La ventaja con la que arrancan es que los exmandatarios han sido precisamente administradores públicos, la mayoría de ellos salieron del mandato con una buena imagen. Mientras que una desventaja podría ser el desconocimiento de los colombianos en general sobre sus gestiones o vida política, más aún si van como independientes y alejados de los partidos políticos.

Esta alianza entra a competirle directamente a la Coalición de la Esperanza, que igualmente busca desprenderse del uribismo y del petrismo. Sin duda, la estrategia de este grupo de exmandatarios será seducir a los votantes del centro político.

Pero el uribismo al parecer no desistirá en su idea de que haya una gran alianza entre la derecha y esta coalición antes de la primera vuelta. Así se lo dijo el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, a La Silla Vacía: “Si no llegamos juntos, estamos fregados. Aún falta mucho tiempo y la idea es que nos unamos todos los que queremos defender la economía de mercado, con una agenda social fuerte”. Y fue más allá al relacionar a Char con el gobierno de Iván Duque, “hay un vínculo de amistad y una afinidad ideológica”.

20 de Marzo de 2021

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Domingo, 28 Febrero 2021 05:35

Ecuador: del horror al debate electoral

Ecuador: del horror al debate electoral

Entre denuncias y acusaciones arranca la campaña para el ballotage del 11 de abril

Aunque las miradas se centraron en el trágico saldo de los motines carcelarios, continuó la disputa electoral después de la primera vuelta del 7 de febrero. 

 

Desde Quito.Ecuador pasó del debate electoral a contabilizar muertos y dolor. Sucedió el martes en la noche con réplicas hasta el viernes: varios amotinamientos en cuatro cárceles del país dejaron un saldo de 78 muertos. No solamente fue la violencia, sino la forma: personas decapitadas, quemadas, descuartizadas con motosierras, amoladoras, con partes del cuerpo arrancadas. El horror, filmado y difundido en redes sociales.

Junto a las imágenes de una violencia que recuerda a la que se ha hecho costumbre en países como Colombia con el paramilitarismo, las pantallas mostraron día tras día a familiares desesperados, con llantos, rezos, y denuncias hacia la inoperancia estatal. El gobierno, acostumbrado a reaccionar tarde ante las crisis, hizo lo que suele hacer: negar toda responsabilidad y acusar al correismo de estar detrás de los hechos.

“Fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional (…) no es casual la coincidencia con la reciente denuncia de la prensa colombiana sobre el supuesto financiamiento del ELN a campañas políticas de Ecuador -a Andrés Arauz-, es muy grave que haya dinero del narcotráfico en el escenario político del país”, afirmó el presidente Lenin Moreno en un mensaje.

Moreno, que señaló que el sobrepoblamiento de las cárceles es obra de su combate contra la delincuencia, no mencionó algo que la mayoría de actores políticos, analistas y especialistas destacaron: la reducción del presupuesto para el sistema carcelario con todas sus consecuencias, la eliminación de ministerios como el de Seguridad, y los antecedentes recientes de masacres en varias cárceles del país.

Los hechos fueron titulares de todos los noticieros de Ecuador, dentro de un sistema de canales de televisión que transmiten poco o nada de lo que sucede en el país. Sin embargo, aunque las miradas se centraron en esos hechos traumáticos para presos, familiares y el país, continuó la disputa dentro del proceso electoral que tuvo su primera vuelta el siete de febrero, y tendrá el ballotage el próximo 11 de abril entre Andrés Arauz, candidato de la revolución ciudadana, y Guillermo Lasso, candidato de la alianza CREO y Partido Social Cristiano.

El resultado de la primera vuelta siguió siendo imputado por Yaku Pérez, tercero en la contienda, quien llegó el martes a las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, acompañado de una movilización. Allí anunció la presentación ante el poder electoral de irregularidades en 16 mil actas -de un total de 39 mil- cifra que luego amplió a 20 mil. Según Pérez y el partido Pachakutik, el fraude realizado le habría quitado el segundo lugar y, por ende, su pase a la segunda vuelta.

La denuncia de Pérez tuvo un giro el viernes en la noche, cuando el CNE anunció haber encontrado únicamente irregularidades en 31 de las actas entregadas, que en realidad no habían sido 16 mil, con presuntas “inconsistencias numéricas y faltas de firmas”, sino 7.233, de las cuales 1.453 eran repetidas.

De esta manera el CNE cerró la denuncia de fraude presentada por Pérez. El candidato por Pachakutik ya había anticipado que, en caso de suceder ese resultado, presentaría un recurso de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral, e insistiría con el pedido de auditoría presentado ante la Fiscalía General para que investigue sobre el fraude denunciado. Junto con eso, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), que se movilizó con Pérez, y forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció el viernes en la noche, luego de una represión, el inicio de un paro nacional.

El anuncio de nuevas medidas de lucha estuvo, sin embargo, marcado por la simultaneidad de noticias acerca de la división entre Pérez, respaldado por Pachakutik y Ecuarunari, con dos de los principales dirigentes de la Conaie: Jaime Vargas y Leónidas Iza, ambos protagonistas principales, a diferencia de Pérez, durante el levantamiento de octubre del 2019. Iza, por ejemplo, no respaldó la denuncia de fraude, y atribuyó el hecho de que Pérez no haya llegado al ballottage por “una estrategia mal planteada desde la nacional”.

Las posibilidades de presión callejera de Pérez sin acompañamiento de un sector importante de la Conaie aparecen entonces limitadas, como se evidenció en las calles de Quito y algunos puntos de protesta en el país durante la semana. En cuanto a la Conaie, el movimiento anunció oficialmente que dará a conocer su posición política de cara al ballottage en un consejo ampliado que tendrá lugar el diez de marzo.

Así, las amenazas que aún existen sobre el proceso electoral, y en particular la candidatura de Arauz, se encuentran en la Fiscalía, tanto por el intento de realizar una auditoría, como por la operación internacional montada vía la Fiscalía colombiana y la Revista Semana contra el candidato de revolución ciudadana, para acusarlo de haber sido financiado por el ELN de Colombia. Pérez, marcadamente anti-correista, afirmó sobre esa denuncia que “hace que, si no cae la candidatura de Arauz antes de abril, luego va a caer por haber recibido dineros ilícitos de la narcopolítica”.

Ante el intento de auditoría de la Fiscalía, Unión por la Esperanza, coalición que lleva la candidatura de Arauz, anunció haber presentado una solicitud de medidas cautelares constitucionales, para la suspensión de las diligencias dispuestas por la Fiscalía con motivo de la indagación por presunto fraude electoral. En el comunicado de la coalición se señaló que el intento de auditoría amenaza las fechas de la segunda vuelta, además de tratarse de una injerencia de una autoridad ajena a las elecciones.

Así, a tres semanas de haberse dado la primera vuelta electoral, aún existen amenazas sobre el desarrollo del proceso electoral, una situación que ha sido denunciada dentro y fuera del país. Ese peligro quedó de manifiesto, por ejemplo, en la declaración conjunta de los presidentes de México y Argentina, Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, quienes acordaron "seguir con atención los procesos electorales en la región, como el que se desarrolla actualmente en Ecuador, haciendo votos para que este culmine en tiempo y forma, y se garantice la continuidad democrática”. Luis Arce, presidente de Bolivia, adhirió luego públicamente a la declaración.

Los próximos días y semanas estarán marcados por posibles nuevos acontecimientos dentro de una elección determinante para el país y la región. Está sobre la mesa la posibilidad de que Ecuador regrese a un proyecto progresista y latinoamericanista con Arauz, o avance en una profundización neoliberal con Lasso. Moreno, quien respalda a Lasso, intenta en ese contexto condicionar el futuro económico con una medida de última hora: la privatización del Banco Central.

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El movimiento indígena de Ecuador se declara en "paro nacional" ante el presunto "fraude electoral" contra el candidato presidencial Yaku Pérez

"La vigilia se mantendrá y se llama a sumarse a los habitantes de Quito, pese a la represión policial y pese a que los vocales del CNE aprendieron a burlar la voluntad popular", dice un comunicado de una organización indígena.

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) declaró un "paro nacional" ante el presunto "fraude electoral" contra el candidato presidencial Yaku Pérez, promovido, según denuncian, por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El anuncio se conoció mientras el CNE evaluaba un informe técnico-jurídico para decidir si aceptaba o no las "inconsistencias" en más de 20.000 actas electorales presentadas por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), por el que se postuló Pérez.

Mientras, decenas de seguidores del aspirante a la presidencia, convocados por Ecuarunari, permanecían en las afueras de la sede del CNE en Quito, donde hubo algunos enfrentamientos con la Policía.

"La vigilia se mantendrá y se llama a sumarse a los habitantes de Quito, pese a la represión policial y pese a que los vocales del CNE aprendieron a burlar la voluntad popular", dice el comunicado de la Ecuarunari.

Las decisiones del CNE

En su sesión, el pleno del CNE aprobó, de manera parcial, con cuatro votos a favor y una abstención, la objeción presentada por Pachakutik a los comicios del 7 de febrero. Sin embargo, solo dispuso la revisión de 31 actas de las miles que fueron presentadas.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, exlegisladora por Pachakutik, informó que fueron presentadas 27.767 actas para su revisión, por tener supuestas "inconsistencias".

Con ese número de actas hicieron dos peticiones al órgano electoral. Primero, que "se compare el número de sufragantes entre las dignidades de binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y Parlamentarios Andinos (que también se eligieron el 7 de febrero)", para lo cual presentaron 20.534 actas. No obstante, el CNE determinó que "este requerimiento es improcedente", según el Código de la Democracia.

La otra petición fue la verificación "por inconsistencias numéricas y por falta de firmas" en las 7.233 actas restantes.

Sin embargo, el CNE, tras hacer una revisión, averiguó que:

  • 1.453 actas estaban repetidas.
  • 5.409 actas no tienen ninguna inconsistencia.
  • 340 actas ya habían sido identificadas "con novedades" y recontadas.
  • 10 actas con inconsistencia numérica.
  • 21 actas con falta de firmas.

Por lo tanto, solo se contarán esas 31 con inconsistencia y falta de firma, que están en las provincias de Azuay, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha y Santo Domingo.

Previamente el CNE negó otro reclamo de Pachakutik para verificar y comparar el "número de sufragantes en las actas de asambleístas nacionales respecto de las actas de parlamentarios andinos", así como "el pedido de nuevo escrutinio".

La denuncia de Pérez

Pérez quedó en tercer lugar en los comicios del 7 de febrero, lo que le impidió avanzar al balotaje que se disputará el 11 de abril y en el que se enfrentarán Andrés Arauz, candidato de Unión por la Esperanza (que aglutina al correísmo), y Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC).

Según los resultados del CNE, Pérez sacó apenas 32.600 votos menos que el aspirante de CREO.

El candidato de Pachakutik denuncia que el presunto fraude fue cometido por un supuesto "pacto oligárquico" entre Lasso, su aliado del PSC Jaime Nebot y el expresidente Rafael Correa.

En respuesta, el exmandatario recordó que el CNE es manejado por una exmilitante de su partido Pachakutik, mandato bajo el cual le impidieron su participación en estos comicios y dificultaron hasta el final la presencia del correísmo.

Publicado: 27 feb 2021 04:38 GMT

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Viernes, 26 Febrero 2021 05:57

Haití: deriva autoritaria y Estado mafioso

Haití: deriva autoritaria y Estado mafioso

La discusión sobre el fin del mandato constitucional de Jovenal Moïse ha vuelto a incendiar Haití. Mientras, el presidente asume una deriva autoritaria y represiva. Pero, detrás de esta crisis, aparece un creciente control del territorio haitiano por parte de bandas armadas, con la complicidad del gobierno, y un Estado de tipo mafioso.

 

La situación de Haití se caracteriza por una doble impostura: la de un presidente, Jovenel Moïse, que se declara aún presidente del país cuando su mandato finalizó el 7 de febrero de 2021, y la de una comunidad internacional representada esencialmente por Estados Unidos, que apoya el camino de una nueva dictadura en Haití.

Es imposible entender la tragedia que vive Haití sin preguntarse sobre el origen de semejante situación. En las líneas que siguen trataremos de explicarla recordando lo establecido en la Constitución haitiana de 1987 y describiendo cómo se pretende eliminar las conquistas democráticas logradas por el pueblo haitiano desde la caída de la dictadura de los Duvalier (1957-1986) e iniciar pues un proceso de desdemocratización con la complicidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), gracias a las acciones de Helen La Lime, coordinadora de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés), y de Michele Sison, embajadora de Estados Unidos en Haití, en apoyo de Moïse.

La relación con las leyes

La Constitución haitiana prevé en su artículo 134-2 que el mandato del presidente no comienza en la fecha de asunción sino de su elección. Es sobre esta base que debe considerarse el mandato de cinco años del Presidente de la República. Concretamente, el presidente debería haber asumido el 7 de febrero de 2016; por ende, ello hace que su mandato comience precisamente en esa fecha mediante esa ficción jurídica establecida por la carta Magna para mantener inalterables los periodos constitucionales. Esto significa que el mandato de cinco años de Moïse concluyó el 7 de febrero de 2021 y no que terminará en febrero de 2022, como él sostiene debido a que tardó un año en asumir debido a las irregularidades en los comicios, las protestas subsiguientes y la repetición de las elecciones. Moïse fue elegido en octubre de 2015 con una participación del 20% del padrón electoral y las elecciones fueron repetidas en noviembre de 2016 (no obstante, la mayoría de los constitucionalistas coinciden en que se trata del mismo proceso electoral, de ahí que debería haber concluido su mandato). Cabe destacar también que el aún mandatario llegó a la presidencia con menos de 600.000 votos en un país con 11 millones de habitantes. Y Hoy denuncia que un golpe de Estado de «un pequeño grupo de oligarcas». Sectores opositores declararon al juez del Tribunal Supremo Joseph Mécène Jean-Louis para liderar la transición, pero este no tiene reconocimiento por parte de la comunidad internacional.

Pero, ¿existe realmente un conflicto constitucional sobre su continuidad en el cargo? Aunque hay discusiones sobre el tema, Moïse las saldó al disolver la 50 Legislatura en enero de 2020 aplicando el mismo criterio que ahora dice que no rige para él. Así, ¿existiría una doble vara en la aplicación del artículo 134-2? A partir de entonces, gobernó sin Congreso y de manera cada vez más dictatorial. Por eso, es posible afirmar que estamos en presencia de un verdadero autogolpe, dado que el artículo 134-3 prevé que en ningún caso un presidente puede prorrogar su mandato. Un editorial de The Washington Post del 19 de febrero de 2021 señalaba con precisión: «El presidente niega ser un dictador pero sus acciones sugieren lo contrario. Su mandato expiró el domingo pasado [7 de febrero de 2021]. Sin embargo, dice que permanecerá en el poder un año más…». La Constitución haitiana fue justamente concebida para impedir cualquier veleidad de regreso a una dictadura, ya que los 30 años de la sangrienta y retrógrada dictadura de François y Jean-Claude Duvalier siguen representando una pesadilla para la generación de fines del siglo XX.

Para lograr dirigir el país solo y sin controles, Moïse puso en práctica otro método: no celebrar las elecciones legislativas y municipales de cuyo desarrollo era responsable. Se convirtió a la vez en poder ejecutivo y legislativo, y emitió unos cuarenta decretos, y transformó a los alcaldes en «agentes interinos del ejecutivo». Mientras tanto, redujo por decreto las facultades de control del Tribunal Superior de Cuentas, lo que le permite realizar gastos a su antojo, especialmente para consolidar su poder dictatorial. Yendo aún más lejos en el desprecio por las leyes del país, Moïse creó un consejo electoral compuesto únicamente por miembros de su partido (Tèt Kale [cabezas calvas]), al que le confió la facultad de organizar un referéndum para elaborar una nueva Constitución a su medida, que podría, por ejemplo, abolir el Senado. Al estar prohibida la reforma de la Constitución por referéndum, Moïse declaró que lo que hará será redactar una nueva Carta Magna, no reformar la actual.

Al gobierno le quedaba controlar los tribunales de casación. Simulando un golpe de Estado precisamente la noche anterior al fin de su mandato (del 6 al 7 de febrero), Moïse hizo detener ilegalmente en plena noche a un juez de casación junto a otras 23 personas acusadas de complicidad. Otros tres jueces de casación fueron destituidos ilegalmente.

Las prácticas represivas 

Ninguna dictadura puede funcionar sin una panoplia de prácticas represivas. Se trata ante todo de silenciar al pueblo y a los eventuales opositores. Es exactamente lo que los Duvalier debieron hacer para permanecer tres décadas en el poder. El desmantelamiento de las instituciones y el desprecio por las leyes van de la mano con la destrucción física de los opositores. Los cuatro años de Moïse en la presidencia se distinguen por una serie de masacres perpetradas todas en bidonvilles de Puerto Príncipe. 

El fenómeno de las bandas que se propaga actualmente a todo el país es apoyado abiertamente por el poder: suelen pasearse con armas de guerra con la protección cómplice de la policía. Incluso reciben armas del Ministerio del Interior, tal como sucedió especialmente durante la masacre de La Saline en la que fueron ejecutadas sesenta personas, entre ellas mujeres y niños. Estas masacres fueron documentadas por las asociaciones de derechos humanos (Red Nacional de defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), Fundación Jékléré, Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos (CARDH)), así como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con alianzas de bandas armadas como la denominada G9, los secuestros se vuelven habituales, al punto que nadie sabe en qué momento puede ser secuestrado y torturado en calabozos dispuestos en las zonas liberadas. Solo en el mes de enero, se registraron al menos sesenta secuestros, y en 2020, 786, en los cuales se pidieron rescates extremadamente elevados. 

Entre los decretos más cuestionados emitidos por Moïse, descubrimos la famosa Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) integrada por agentes que están por encima de justicia, la policía y la administración, en el sentido de que se les prohíbe comparecer ante la justicia, ya que solo rinden cuentas al presidente de la República. Siempre ávido de grupos armados, Moïse reconstruyó al ejército (desmantelado en 1994 con el retorno del exilio del presidente Jean-Bertrand Aristide) proveyendo armas a 485 hombres a los que les ha asignado tareas de policía. Más recientemente, lanzó un grupo denominado Brigada de seguridad de áreas protegidas (BSAB), que pueden usar sus armas para defender al gobierno. En cuanto a la policía, devino en gran medida una policía política, ya que algunas secciones son indiscernibles de los delincuentes, a tal punto que estos últimos llevan el uniforme de la policía mientras realizan secuestros.

«Economía de violencia»

Moïse llegó al poder en 2017 luego de elecciones cuestionadas tras haber sido elegido por el ex presidente Michel Martelly como candidato de su partido, con el fin de asegurarse la impunidad. ¿Por qué? Resulta que durante el mandato de Martelly se descubrió la dilapidación de más de 4.000 millones de dólares, un préstamo ofrecido por Venezuela para ayudar a Haití a salir de la pobreza. Los primeros reclamos presentados al gobierno de Moïse exigían el inicio de un proceso judicial por el robo del Fondo Petrocaribe, tras la publicación, por parte del Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo, un informe detallado en el cual el propio Moïse estaba mencionado.

Diversas asociaciones defienden en todo el país la necesidad de un proceso judicial por el Fondo Petrocaribe, ya que remite al mismo tiempo a un sistema de corrupción que atraviesa todos los secretos del Estado y en el cual participan varios miembros del partido Tèt Kale. Este poder sirve como un escudo contra cualquier rendición de cuentas. Para debilitar los reclamos populares, fue necesario primero mantener aterrorizadas a las masas de desocupados de los barrios marginales a través de las reiteradas masacres que bandas armadas pueden realizar con total impunidad con el apoyo de policías y el Ministerio del Interior.

En el momento de escribir este artículo, casi todas las fuerzas vivas del país, de diferente signo ideológico, se oponen a la permanencia de Moïse en el poder. Ya sean los sindicatos en su conjunto, la Conferencia Episcopal, la Federación Protestante, todas las asociaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles, la Federación de Colegios de Abogados, el Consejo Superior del Poder Judicial, movimientos campesinos, y todos los partidos políticos con excepción, desde luego, de Tèt Kale. La respuesta de Moïse consiste en utilizar gases lacrimógenos y a veces balas reales contra los manifestantes que protestan contra los secuestros, la corrupción y las violaciones de la Constitución, de manera tal que suelen registrarse muertos durante las manifestaciones. El asesinato del presidente del Colegio de Abogados, Monferrier Dorval, sigue sin resolverse, mientras el gobierno rechaza todo apoyo a una investigación independiente internacional.

Lo que no deja de asombrar a los observadores de la crisis actual en Haití es la manera en la que algunas instancias internacionales, en particular la BINUH y la Organización de Estados Americanos (OEA), sostienen la permanencia en el poder de Moïse. En verdad, Moïse solo tiene un objetivo: asegurar el retorno al poder de su mentor Martelly y conservar al mismo personal político que actúa cada vez más como una mafia que usufructúa las ventajas de poseer el aparato estatal que hace de Haití un espacio para hacer negocios y no un país que dispone de reglas, leyes y una Constitución que deben respetarse.

En este marco, el sistema termina convirtiéndose en lo que el economista Fritz A. Jean denomina una «economía de violencia». Es este tipo de economía el que habría que entender y que es probablemente el espíritu del neoliberalismo presente en Haití desde el terremoto del 12 de enero 2010. Actualmente, el país se hunde en la mayor de las miserias: 4 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza y una enorme inseguridad alimentaria. Sin embargo, la familia de Andy Apaid acaba de obtener 8.600 hectáreas de tierras cultivables y 1,8 millones de dólares a través de un decreto del 8 de febrero con vistas a producir stevia para la empresa Coca Cola. Sería conveniente que las numerosas ONG en Haití aprendieran a reflexionar sobre las fuentes del empobrecimiento de los  haitianos. Masacres, secuestros, robo de dinero público son en Haití la expresión de un Estado mafioso que retoma -para perdurar- el modelo de la dictadura de los Duvalier. «Estamos asistiendo a la creación de una Somalia en las Américas», dijo Ralph P. Chevry, miembro de la junta directiva del Centro de Política Socioeconómica de Haití en Puerto Príncipe. Moïse era un aliado de Donald Trump, con quien se alineó frente a Nicolás Maduro;  ahora su permanencia en el cargo pone a prueba al nuevo gobierno de Joe Biden.

Traducción: Gustavo Recalde

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