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Manila anula el acuerdo que permite la presencia de tropas de EE UU en Filipinas y brinda a China la oportunidad de fortalecer su posición en la región El presidente filipino, Rodrigo Duterte, que desde su llegada al poder en 2016 ha proclamado su intención de acercarse a China y romper décadas... Leer Más
Vaticano, FMI y opio para el pueblo
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La metamorfosis silenciosa de la economía...
Dolarización informal para sectores altos y ayuda social para el resto de la población  La transformación económica ha creado una estabilización de una franja social alta con viejos y nuevos integrantes, anaqueles llenos, y una desigualdad que la revolución había reducido. El regreso de... Leer Más
Contra el ajuste.
El triunfo de la izquierda en las elecciones irlandesas. Hartos de las políticas de austeridad, el último fin de semana la mayoría de los irlandeses volcaron en las urnas su apoyo al Sinn Féin y a sus planes de fortalecimiento del sector público y mayores impuestos a los más ricos. Entre las más... Leer Más
EU inundado por sus deudas al consumo: deuda de...
Estados Unidos está inundado por sus estratosféricas "deudas al consumo": adeudos hipotecarios, deuda estudiantil (https://bit.ly/2wnyxSZ) y casi un millón de millones de dólares en tarjetas de crédito. Las “deudas de los hogares (household debt)” representan mayormente "empréstitos para comprar... Leer Más
Nuevo asalto corporativo a la alimentación
Se está gestando un ataque en varios frentes por parte de las mayores trasnacionales de los agronegocios –junto con las de informática y otras– para apropiarse de la decisión global sobre políticas agrícolas y alimentarias. El intento es reconfigurar el sistema de gobierno internacional... Leer Más
El agotamiento del desarrollo, la confesión de...
Lo que puede ser interpretado como la confesión de una derrota que afecta a toda América Latina ha pasado casi desapercibida. Se acaba de admitir que todas las estrategias de desarrollo implementadas en la región están agotadas. No sólo eso, sino que además se fracasó en todas ellas. Esa es la... Leer Más
Guerra híbrida contra los movimientos sociales
Quienes formularon la tesis de la "guerra híbrida", se proponían abordar las nuevas formas de la guerra entre Estados en el siglo XXI. En 2006, el general James Mattis, luego jefe del Pentágono con Trump, publicó el artículo "La guerra del futuro: la llegada del conflicto híbrido", concepto que... Leer Más
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Naciones Unidas prevé una disminución de la tasa de crecimiento poblacionalFoto María Meléndrez Parada

 

Si no cambiamos hábitos, en 2050 se necesitarían 3 planetas: WWF

 

En los próximos días nacerá un bebé que elevará la población mundial por encima de 7 mil millones, y muy probablemente ese nacimiento tendrá lugar en China o India, dos países con más de mil millones de habitantes.

Nadie está seguro, pues es posible que ya haya 7 mil millones de pasajeros en esta nave espacial que es el planeta Tierra, y no hay estadística que pueda predecir con exactitud cuándo se cruzará esta simbólica cifra.

Naciones Unidas fijó el 31 de octubre como fecha del profético nacimiento, pero como con frecuencia los hechos han refutado las previsiones de los demógrafos, se espera que ese bebé nazca más pronto que tarde.

La tasa de crecimiento de la población ha aumentado a lo largo de la historia. Cuando Jesús nació, se pensaba que unos 300 millones de personas poblaban la Tierra. La marca de los mil millones se alcanzó después de 1800. Sin embargo, en los 11 años del siglo XXI se han sumado mil millones de nuevos habitantes. Y las predicciones sobre el crecimiento futuro de la población se toman ahora con el mismo escepticismo que los avances meteorológicos a largo plazo.

David Bloom, de la facultad de salud pública de Harvard, afirma que la multitud de factores impredecibles obstaculiza tener un panorama global. Entre estos factores figuran enfermedades infecciosas, guerras, avances científicos, cambios políticos y nuestra capacidad para la cooperación global, afirma.

No obstante, se espera que la tasa de crecimiento de la población vaya disminuyendo: para 2050, las previsiones de la ONU oscilan entre 8 mil y 10.5 mil millones de habitantes.

Lo que está claro es que las proporciones variarán entre los países, empezando por las altas tasas de natalidad en Asia y África. India, que actualmente tiene 1.2 mil millones de habitantes, pronto tomará la delantera a China, con 1.3 mil millones, como la nación más poblada del mundo.

Nigeria, el país más poblado de África, cuenta hoy con 162 millones de habitantes, pero verá crecer su población a 750 millones a mediados de siglo.

Otro ejemplo: tanto la industrializada Alemania y Etiopía, en vías de desarrollo, tienen una población de poco más de 80 millones de habitantes. Dentro de 40 años, probablemente habrá 174 millones de etíopes, mientras los alemanes serán sólo 72 millones.

Además, el mundo industrializado está envejeciendo rápidamente. Y esto significa que las relaciones de poder político van a cambiar. Países como China, India y Brasil, con sus 193 millones de personas, cada vez tienen más influencia política.

El peso de las cifras significa más presión sobre la tierra, los alimentos y las fuentes de energía, y cada vez se teme más una lucha por los recursos. Por ejemplo, muchos creen que habrá guerras entre países vecinos por el agua.

La organización medioambiental WWF calcula que, si no cambiamos nuestros hábitos, se necesitarían tres planetas para 2050. En los próximos 40 años tendremos que producir la misma cantidad de alimentos que los creados a lo largo de los pasados 8 mil años, opina Jason Clay, de WWF. Y apunta que todavía se sigue tirando demasiado en el mundo industrializado.

Los más optimistas sostienen que siempre ha habido advertencias apocalípticas sobre las fatalidades del crecimiento de la población, pero aún no se han cumplido. De hecho, avances técnicos y médicos han derivado con frecuencia en resultados más positivos de lo que se temía, no sólo como consecuencia de la píldora y el preservativo, sino de mejoras para la agricultura.

 

 

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Martes, 19 Septiembre 2017 07:15

El asedio de China a las Islas Galápagos

Autoridades informaron que en frigoríficos se hallaron especies protegidas, como tiburón Martillo y tiburón Silky (sedoso). Foto: Dirección de Parque Nacional Galápagos

 

El 3 de agosto pasado se capturó en aguas de las Galápagos el barco chino Fu Yuan Yu Leng 999, en su interior había 300 toneladas de pesca, fundamentalmente tiburones: más de seis mil ejemplares, adultos y neonatos, de tiburones Zorr, Silky y tiburón martillo

 

La noche del 3 de agosto pasado se capturó el barco pesquero Fu Yuan Yu Leng 999. En el interior de esta embarcación estaban embodegadas 300 toneladas de pesca, fundamentalmente tiburones: más de seis mil ejemplares, adultos y neonatos, de tiburones Zorr, Silky y del protegido -y espectacular- tiburón martillo. En sacos de yute se hallaron también aletas de tiburón, obtenidas presuntamente por la abominable práctica conocida como ‘finning’: una vez capturado el tiburón, se corta su aleta en vivo y se devuelve el animal al mar, donde morirá. Cada año 73 millones de tiburones mueren para que 73 millones de aletas, a más de 500 dólares el kilo, lleguen al mercado mundial. China es el principal consumidor, debido al famoso plato de sopa de aleta de tiburón -reservado a un estatus económico muy alto- que puede llegar a costar 150 dólares.

El barco en cuestión fue encontrado en un lugar donde las corrientes de agua son corrientes de vida, ricas en nutrientes y que -según el biólogo Eduardo Espinoza- « convierten la zona en uno de los mayores surtidores naturales de peces del Pacífico». En concreto, en la Reserva Marina de las Islas Galápagos, Ecuador, donde habitan más de 500 especies de peces y entre ellas, más de 30 corresponden a tiburones; y donde la pesca industrial está prohibida.

Detrás de esta constatación surgen realidades gravísimas para meditar en clave global. Una gran flota pesquera china de unos 300 barcos estaría navegando en faenas de pesca alrededor de las Galápagos, agregando nuevas amenazas a esta maravilla de la naturaleza, conocidas también como Islas Encantadas, porque según decían quienes por primera vez describieron el archipiélago, «se trata de unas islas con la capacidad de aparecer y desaparecer». Junto a la pesca, el turismo de lujo -masivo y creciendo-, la introducción de especies foráneas y la inmigración desde el continente, hacen evidente la fragilidad de este complejo de islas de origen volcánico. Pero bien sabemos que no ocurre sólo en este enclave: las denuncias por pesca ilegal de la flota China se repiten en la pesca del bacalao en aguas de Argentina, en Chile por la pesca del atún y en muchos países africanos como Senegal, Guinea, Guinea-Bissau o Ghana.

Es importante anotar que el asedio llega de un país que va tomando el control de toda la economía de algunas naciones. Precisamente Ecuador es un caso extremo de dependencia con China. Ecuador tiene comprometidos -bajo la forma de ventas anticipadas- más de 500 millones de barriles de petróleo a China a entregarse hasta 2024, que los debe conceder a cambio de recursos financieros que el gigante asiático ha desembolsado al país. Para colmo, China no se registra como compradora oficial del petróleo ecuatoriano sino que lo revende a Estados Unidos y otros países, creándose la argucia contable de que, oficialmente, China absorba menos del 5% de exportaciones ecuatorianas. A nivel de importaciones, la dependencia con China es más clara, llegando a casi el 20% del total. Pero lo más dramático es que China –en un proceso iniciado en 2012- devino en el principal acreedor de este pequeño país andino: más de 8 mil millones de dólares de deuda, el 30% del total de deuda externa; así como las ya mencionadas ventas anticipadas de petróleo que ni siquiera son registradas como deuda por las estadísticas oficiales.

A diferencia de EEUU que ejercía su dominación vía Consenso de Washington, China no busca conseguir el repago de sus créditos imponiendo medidas de austeridad económica, sino asegurándose el acceso a petróleo, minerales, y también pesca. Además, opera controlando que los recursos que presta se destinen a la contratación de empresas chinas, al punto que, muchas veces, los empréstitos nunca salen del gigante asiático. Sin duda la expansión China representa una nueva forma de imperialismo, más sofisticada pues no se ajusta a los parámetros clásicos del neoliberalismo. Incluso, no se presenta a primera vista como dominación política pero es más voraz pues exacerba el extractivismo de las periferias con mayor intensidad que en décadas pasadas, y más audaz, pues ni siquiera necesita programas de ajuste para garantizarse el retorno de sus préstamos.

Con la mayor población del planeta, China demanda 46% de todos los minerales extraídos en la Tierra. En tres años -2011, 2012, 2013- ha empleado 1,5 veces más cemento que lo utilizado por EEUU en todo el siglo XX. Y con su flota pesquera de más 2.600 embarcaciones, la mayor del mundo, está depredando los mares. Su capacidad de pesca es tal que –según la BBC- en una semana recoge tanto como los botes de Senegal en todo un año, un país que ha visto como se ha vaciado su mar, y la migración es la única opción.

Así como en su momento la lucha contra el imperialismo norteamericano fue clave, hoy también lo es la lucha contra el imperialismo chino. Dentro de esa lucha, urge detener la depredación ambiental, tanto por soberanía como por la propia supervivencia humana. Un pequeño paso en ese sentido sería ampliar y garantizar la zona de exclusión para la pesca, englobando a Ecuador (y las Galápagos), Panamá, Colombia y Costa Rica . Pero, hay que profundizar en el debate pues ante este reciente y preocupante expolio del imperialismo chino, urge que las normativas nacionales e internacionales que regulan la pesca de nuestros mares (como la CONVEMAR, Convención de las Naciones Unidas para el Mar), prioricen la soberanía alimentaria, dando absoluto énfasis a una pesca local artesanal, sostenible y orientada a la alimentación popular y local. Lo que no entre en estos puntos debe vetarse, en cualquier milla marítima.

En Galápagos, lugar que nos ha enseñado tanto sobre la evolución y la complejidad de la vida, se hace evidente que vivimos en el Capitaloceno, como ya utilizan muchos pensadores, una era o época geológica donde un sistema económico desesperado por movilizar mercancías lo más rápido posible a cualquier distancia a fin de generar y acumular dividendos, está acabando con tiburones, abejas, gorriones, rinocerontes, paisajes y medios de vida. Está exterminando la Vida.

 

Alberto Acosta es economista ecuatoriano y Gustavo Duch es coordinador de la revista Soberanía Alimentaria

 

Fuente: http://www.eldiario.es/tribunaabierta/asedio-China-Islas-Encantadas_6_686691355.html

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

 

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Uso corporativo del agua en América Latina. Nos están cerrando el grifo

La organización Amigos del Agua presentó el pasado mes de mayo el informe sobre el estado de este precioso líquido en nuestro continente. Son evidentes las prácticas de despojo y robo auspiciadas por los gobiernos para beneficiar a poderosos sectores económicos, en detrimento de comunidades, llevando al límite a los ecosistemas. Colombia debe proseguir la lucha contra el sector minero energético y por el reconocimiento de los acueductos comunitarios.


Del agua existente en nuestro planeta, la dulce sólo representa el 2,5 por ciento. Y dos tercios de ella se encuentran en los glaciales. Su disponibilidad en el mundo, en relación con la población, presenta distintas realidades para cada continente (ver gráfica). Claramente es distinta la situación de Asia a la de Sur América. Pero en general un cuarto de la población vive en zonas con estrés hídrico, es decir uso restringido de agua por calidad. Esta distribución contribuye al reporte anual de 150.000 muertes asociadas con enfermedades hídricas, de las cuales el 85 por ciento afecta a menores de cinco años. Para agravar aún más la situación, es evidente que la calidad del precioso líquido está afectada por la contaminación industrial, como lo reconoce la misma ONU.

 

En América Latina, la escasez de agua es inducida tanto por su mal manejo como por contaminación. Inducida por el capital corporativo que la privatiza, actores poderosos toman control de las aguas mientras poblaciones enteras no reciben ningún beneficio. Este modelo privatizador se configura a través, entre otros esquemas, de las llamadas asociaciones público privadas facilitadas para su configuaración por los préstamos de instituciones financieras internacionales. Asociaciones para adelantar explotación minera o grandes obras de infraestructuras, especialmente hidroeléctricas, cuya construcción terminan por afectar amplios espacios naturales. Los impactos derivados de las actividades extractivas e industriales también son de gran envergadura.

 

El informe “Estado del Agua en América Latina y el Caribe” realizado por la organización Amigos de la Tierra, con presencia en variedad de países y regiones del mundo, presenta en esta ocasión la situación que sobre el particular afecta a América del Sur, tomando como referencia a Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay; y en Centroamérica a Honduras, Guatemala y El Salvador.


Situación nacional

 

El informe nacional presentado por Diego Andrés Martínez Zambrano de Censat Agua Viva, ratifica que se acapara el agua de comunidades locales generando una distribución injusta, que afecta de manera notable a las poblaciones más empobrecidas.

 

Sin duda, Colombia vive en un gran ecosistema hídrico afluente del Amazonas y el Orinoco, bañado por grandes ríos como el Magdalena y Cauca que lo atraviesan junto con muchos otros que fertilizan la vida. También por el gran número de páramos, lagos y arroyos que hacen parte de nuestros paisajes. Pero para el conjunto de la población asentada en su extenso territorio, la posibilidad de acceso no es homogénea. Por zonificación hídrica, la demanda de regiones entre Cauca-Magdalena concentra cerca de la mitad (44.5%), en comparación con la Amazonía cuya población es del 2.3 por ciento y que cuenta con un 37% de disponibilidad.

 

Estos ecosistemas han enfrentado intempestivos y bruscos cambios, entre fuertes inviernos desbordantes hasta tiempos extremadamente secos. Según el Ideam un año seco podría reducir la disponibilidad del agua en un 42 por ciento. Los desequilibrios del consumo se acentúan más, por ejemplo la concentración del corredor Cauca-Magdalena se debe a la densidad poblacional de Bogotá y municipios cercanos, a las grandes actividades agroindustriales de caña de azúcar en el Cauca y a las inmensas extensiones de palma de aceite en la región media del Magdalena.

 

Al establecer la distribución por actividad económica, resalta que la agricultura es la que demanda mayor cantidad de agua, con segundo renglón para la generación de energía que supera a la unión entre los dos siguientes sectores (pecuario y doméstico). Por último está el sector de hidrocarburos y minero, con su capacidad de contaminación por vertimientos de químicos. Por ejemplo, la extracción actual de oro implica verter al agua cada año 205 toneladas de mercurio. Se puede acusar por este daño, de manera exclusiva, a la minería ilegal y olvidar la dramática situación que se vive en la Guajira donde, tras décadas de explotación de el Cerrejón, lo único que queda es muerte y miseria.

 

Hay que resaltar que esta es la mayor explotación mundial de carbón a cielo abierto, que cubre 69.000 hectáreas en la cuenca del Rio Ranchería, fuente hídrica de gran importancia para la región. La multinacional allí instalada se apropia de 17.000 metros cúbicos diarios de agua utilizados para apaciguar el polvo de carbón en el aire, 25 litros de agua por segundo desperdiciados ante la sed de los 4.151 niños muertos entre 2008-2013. Las comunidades denuncian que entre ocho a diez quebradas han desaparecido por el impacto de la explotación carbonífera.


El agua que tenemos en el país se destina para lucrar negocios. El conjunto de la oferta total de agua superficial para consumo humano solamente representa el 22.6 por ciento. Sólo el sector ganadero puede demandar en un año cerca del 6 por ciento del volumen de agua. La agricultura industrial, además de demandar más agua tiene un factor adicional: la huella hídrica azul, es decir el agua de ríos y lagos que no retornará a sus fuentes. Huella que está concentrada en tres monocultivos: plátano, caña de azúcar y palma de aceite, que en conjunto representan el 70 por ciento del sector.

 

Para el caso de las hidroeléctricas –segundo reglón de demanda hídrica–, que concentran en pocas concesiones grandes cantidades de agua (ver gráficos), afectan negativamente los territorios y su pobladores por causar inundaciones en tierras fértiles, generar desplazamiento forzado de familias campesinas y ribereñas, pérdida en la capacidad de pesca y especies reofílicas (animales con comportamiento migratorio que responden a estímulos medio-ambientales, como los regímenes de lluvias) y aumentar la inseguridad alimentaria. Incluso la construcción de represas ya cambia el ciclo de agua, afectando su calidad.

 

Este modelo de ocupar e intervenir el territorio no respeta ninguna fuente hídrica, entre ellas los 36 sistemas de páramos que ofrecen el 70 por ciento del agua dulce con que cuenta Colombia. Actualmente en todos ellos existen procesos de solicitud de títulos mineros, los que suman un total de 444. Es más, los títulos mineros activos en 2015 representaron el 4.5 por ciento del territorio nacional según datos propios de la Agencia Nacional Minera.

 

¿Política pública para quién?

 

El Estado colombiano privilegia el uso corporativo de agua; su ineptitud ha llevado a que en 65 cabeceras municipales sufran desabastecimiento, no por poca disponibilidad sino por falta de infraestructura para la captación y conducción de aguas. Del número de concesiones de agua, el 59 por ciento pertenecen a usuarios con volúmenes menores a 100.000 metros cúbicos –que representa tan sólo el 13 por ciento del volumen asignado. Una distancia abismal con los que más consumen, el 1.1 por ciento de grandes usuarios se lleva el 62 por ciento del volumen del agua del país.

 

Un modelo que diseña políticas públicas para la privatización, dispuestos a desconocer la gestión ancestral y comunal: 12.000 acueductos comunitarios que suministran agua potable a cerca del 40 por ciento de las poblaciones rurales. Dichos territorios denuncian que les quieren imponer modelos que afectan sus derechos frente al manejo del agua. Es posible pensar que muchos acueductos tengan mayores problemas en un futuro ante los numerosos y costosos requerimientos que las CAR les impongan so pena de cancelarlos. El panorama muestra que el espíritu que animó el referendo por el derecho al agua, negado por el Congreso, debe prevalecer para así mantener y ahondar la lucha por el derecho a este líquido vital.

Publicado enEdición Nº237
Viernes, 28 Abril 2017 17:25

Mocoa: hundida más que en lodo

Mocoa: hundida más que en lodo

El desastre que vive Mocoa, más allá de la avalancha que afectó a su población el pasado 31 de marzo, es el producto de la histórica y desordenada colonización, de la deforestación resultado de la ganadería extensiva, de la explotación de los recursos naturales y de las condiciones socio-políticas de la ruralidad colombiana. Además, la falta de ejecución de un Plan Básico de Ordenamiento Territorial y un Plan de Gestión del Riesgo refleja la inoperancia de las instituciones gubernamentales y corporaciones ambientales.

 

Jueves 30 de marzo: Mocoa, municipio capital del departamento del Putumayo, un pueblo más, sumido en el olvido y la indiferencia social del Estado centralista. Sábado 1 de abril: Los medios de comunicación inician su agenda matutina de noticias con la tragedia que casi borra del mapa a Mocoa y su población. Domingo 2 de abril: El Estado colombiano deja entrever su incapacidad económica ante el mundo –producto de la voraz corrupción que lo carcome– al solicitar donaciones para “restaurar” esta ciudad, arrasada por una conjunción creciente de aguas. Lunes 10 de abril: Los muertos son más de 300, los damnificados superan las 3.000 personas y los desaparecidos... no se sabe. Las y los mocoanos, por ahora, están bajo la lente de las cámaras y la especulación mediática fruto de la tragedia. Miércoles 12 de abril: Los miles que allí habitan, además de las pérdidas materiales y humanas, a pesar de la reiterada presencia de Juan Manuel Santos para ‘coordinar’ las operaciones de restauración de la ciudad, permanecen bajo la incertidumbre de lo que será su bienestar, meses después.

 

Mocoa y su población

 

Ante la angustia de lo arrasado por la avalancha se llevó y dejó a su paso, sus pobladores, en su mayoría, dedican las horas de cada día a averiguar por familiares o conocidos cercanos, a tratar de salvar algo de sus bienes, a reparar su vivienda –cuando algo de ella quedó en pie– o, con vista preocupada, a meditar sobre lo sucedido y el porvenir.

 

Son miles los sometidos a esta cotidianidad. Según un censo realizado el presente año, allí habitan 43.731 personas –80 mil según el decir de su alcalde en entrevistas radiales–, miles de los cuales son colonos, o población desplazada por el conflicto armado, pero también indígenas Inga y Cämentsá Biyá cuyos 10 mil integrantes viven dispersos por todo el departamento1.

 

Precisamente, ellos, los indígenas asentados en Mocoa fueron las más afectados por esta avalancha, al estar establecidas en la vereda San Antonio y el barrio San Agustín, lugares totalmente arrasados y sin posibilidades de ser habitados de nuevo, según lo afirmó en diálogo con desdeabajo el Taita Marino Peña (Ver recuadro...)

 

¿Desastre natural u ocasionado?

 

En entrevista con El País de Cali, Sorrel Aroca, gobernadora del Putumayo, explicó lo sucedido como “[...] un desastre que no podía ser previsto”, de ahí que para ella lo más grave de la situación sea soportar los señalamientos que buscan un culpable ante algo que fue un desastre natural.

 

Nada más alejado de la realidad. El Putumayo es un departamento empobrecido por la explotación de recursos que en nada han o muy poco han contribuido al bienestar de sus pobladores. En el caso de la capital, el desastre sirve cómo prueba de los intereses del Estado y la negligencia de la Gobernación y la Alcaldía ¿Por qué? Porque es evidente la falta de un Plan Básico de Ordenamiento Territorial–Pbot2 efectivo que estudie e identifique el tema de la tierra, su uso y propiedad, así como el estado de los recursos hídricos, minerales y petrolíferos de la zona.

 

Para el caso de Mocoa, un municipio con alta población indígena, ésta no participa en la estructuración del Pbot, de manera que viven en territorios desintonizados de su cosmovisión. Además, no cuentan con un Plan de Gestión de Riesgos que dé cuenta de las condiciones meteorológicas e hidrológicas del municipio. Ante la carencia de estos dos planes, se asume como responsable de lo acontecido al Estado nacional, a la Gobernación del departamento, a la alcaldía de Mocoa y Corpoamazonia, instituciones que ante el riesgo inminente de crecientes y estancamiento de aguas no ejecutaron acciones preventivas, negligencia y falta de gobierno más evidente cuando existen diversidad de alertas tempranas, emitidas incluso desde el año 1989 y hasta el 2015, además de la realidad geográfica del municipio, de sus particularidades climatológicas y geográficas por estar ubicado en el piedemonte amazónico, todas las cuales ameritan acciones de prevención y control, que por lo menos, ante un hecho de tal magnitud como el acaecido no acabara con la vida de tantas personas.

 

Alertas tempranas

 

En 1993 fue creada la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia –Corpoamazonia–, institución responsable de asesorar a los municipios de su jurisdicción en el proceso de planificación ambiental. Un apoyo fuerte para su acción radica en el Plan de Acción para la Gestión de la Prevención y Atención de Emergencias y Mitigación de sus Efectos (Papaeme), básico para la gestión territorial en lo referente a las amenazas ambientales, generando mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión y cumplimiento de los planes. Dentro de las acciones de Corpoamazonia también está ejecutar los programas y actuaciones consignados en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (ver anexo tabla 1).

 

Lo que más llama la atención del caso de Mocoa, es que como ciudad de piedemonte amazónico, cuenta con diversos estudios que hablan de la inestabilidad climática y del subsuelo. Uno de estos, es el realizado por los investigadores de la Universidad Nacional Kim Robertson y Miguel A. Castiblanco Amenazas fluviales en el piedemonte amazónico colombiano, en el que abordan un análisis geomorfológico regional donde identificaron 3 factores o sucesos ambientales graves en la región: erupciones volcánicas, terremotos fuertes y lluvias torrenciales (ver mapa 1). Identifican que Mocoa es una de las ciudades que tiene precipitaciones que superan los 4.000 milímetros anuales, con altas probabilidades de precipitaciones extremas que pueden superar los 200 milímetros en 24 horas. ¿Dónde fue a parar este estudio?

 

En esta misma senda el profesor José Daniel Pabón Caicedo, meteorólogo y docente del departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, afirmó en entrevista con desdeabajo (ver recuadro), que el piedemonte amazónico y Mocoa cuentan con una serie de estudios, tal como se evidencia. Sin embargo, eso no es suficiente para prevenir, hay que ejecutarlos. Tener archivados los análisis y estudios, que en últimas pueden ofrecer un mejor bienestar a las poblaciones, es una evidencia de negligencia y desgobierno.

 

El Pbot de Mocoa

 

Ante el desconcierto de sus habitantes, tras la pérdida de familiares y amigos, de sus casas y locales comerciales derrumbados y averiados, las continuas preguntas de la comunidad son, ¿por qué sucedió todo esto? ¿por qué nadie avisó que podía ocurrir? ¿por qué no se tomaron medidas preventivas?

 

Según la gobernadora del Putumayo, el POT de Mocoa debe cambiar a partir de la tragedia. Pero, ¿En qué argumentos se basa para esta afirmación? ¿A qué se refiere exactamente? Esto es necesario preguntarlo pues en el –Pbot– vigente de Mocoa, elaborado en el año 2008 y con vencimiento en el 2019, se reconoce la permanente amenaza de deslizamientos sobre los cauces de los ríos que pueden ocasionar avenidas torrenciales, y recomienda manejar de manera adecuada los sistemas de alerta, así como también desestimular la construcción de viviendas sobre zonas de riesgos y la reubicación de las familias que viven allí.

 

El Plan es enfático en que las políticas para esta reubicación deben atender a la población “dando prioridad a las familias que se encuentran en alto riesgo por amenazas de inundación, deslizamientos, desbordamientos y otro tipo de riesgos. Atendiendo a las familias que se les debe construir obras de mitigación que eviten los riesgos ya mencionados y readecuación y restitución de las zonas que hayan sido desalojadas por las reubicaciones realizadas”.

 

También orienta al fortalecimiento del Comité local de atención y prevención de desastres, a la articulación con Corpoamazonia y la oficina de Prevención y atención de desastres de la Presidencia, para consolidar un equipo técnico que oriente al Comité local “[...] a fin de evitar al máximo el impacto sobre la población y la infraestructura del municipio a través de análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos”.

 

Ante esto, cabe preguntarse ¿Qué hicieron las administraciones de Mocoa y el Putumayo al respecto? ¿Qué acciones emprendió este Comité local para desarrollar las tareas que orientó desde hace casi una década el Pbot? ¿Por qué no se activó un sistema de alerta para evitar las pérdidas humanas y materiales arrojadas ahora por esta tragedia? La población de Mocoa exige justicia. La muerte de más de 300 personas, y un indeterminado número de desaparecidos no puede quedar impune; los responsables de esta tragedia tienen nombre y apellido. No fue un hecho fortuito, es una tragedia anunciada.

 

Es más. El Pbot reconoce la explotación de balastreras en los ríos Mocoa, Sangoyaco, y la quebrada Taruca, sin estudiar a profundidad su incidencia en la tragedia, pues esta actividad requiere remoción del suelo para extraer arena, arcilla y yeso, lo cual puede provocar gran cantidad de material de arrastre, pudo agravar lo sucedido en Mocoa, pues la avenida torrencial se caracterizó por la absurda cantidad de lodo y piedras de gran tamaño arrastradas por el caudal, las mismas que también ocasionaron numerosas muertes, así como la destrucción de casas de los más pobres de la ciudad.

 

Con el fin de revisar las zonas destinadas para la expansión urbana, suburbana y rural, y determinar la efectividad de las políticas de planeación territorial en Mocoa, el Plan menciona el tema, sin embargo, la información es muy confusa e incompleta, no están los mapas y planos que la complementan, expone los polígonos que delimitan las zonas pero no específica la metodología usada y, por tanto, no presenta un sistema de coordenadas geográficas para espacializar los puntos, información, en estas condiciones, imposible de entender por parte de los expertos y mucho menos por parte de la ciudadanía.

 

Está información bien explicada sobre el particular, de manera sencilla, clara y verificable, debe reposar en las páginas de internet de los entes territoriales para que la población colombiana, en general, haga uso de la misma.

 

El Plan tampoco presenta un análisis de la distribución de la tierra en el municipio, para poder así determinar las acciones por emprender con quienes están asentados en sitios de riesgo –reubicación en las zonas de expansión urbana autorizadas–, y el desarrollo social, productivo y ambiental de las zonas rurales. No es comprensible como puede ordenarse el territorio sin partir de reconocer la distribución de la tierra.

 

Por ello, ante los hechos comentados, debería aprovecharse para actualizar el Pbot del municipio y garantizar la debida reparación de las familias que lo perdieron todo durante la noche del último día de marzo y el amanecer del primer día de abril.


Desplazamiento y concentración de la tierra

 

Problemática que no es casual, pues en Colombia, con un modelo de desarrollo rural excluyente, la concentración de la tierra explica porqué la población más pobre y desplazada fue la que más sufrió con esta tragedia. Los barrios cercanos a los ríos fueron levantados por población que llegó a Mocoa principalmente por desplazamiento forzado. Según el Informe de Desarrollo Humano del Pnud 2011, el Putumayo es el segundo departamento con mayor despojo de tierras en Colombia. Solo en 10 años (1998-2008) Mocoa recibió 20.520 personas desplazadas.

 

Aunque la expansión urbana de la capital empieza en los años setenta del siglo pasado, es a principios de los años ochenta que la bonanza coquera3 incide en su crecimiento, evidente con la inversión en locales comerciales, viviendas, negocios –entre los años 1985-1993 la población de Mocoa creció el 70 por ciento–. El aumento de los conflictos en las zonas rurales (el asesinato de campesinos, colonos, dirigentes sociales, atribuidos al paramilitarismo y al Estado, así como a los enfrentamientos entre ejército y guerrilla) provoca el desplazamiento forzado, incrementándolo de la población rural hacia la ciudad. Desplazados que llegan a barrios como Las Américas, San Agustín, La independencia, El Progreso, La Esmeralda, todos ellos azotados por la avalancha la noche del 31 de marzo. Destrucción también vivida por la vereda San Antonio, donde todo el cabildo Musurunakuna quedó destruido y la comunidad no quiere volver al territorio.

 

Conflicto también alimentado por la fumigación aérea con glifosato, iniciada en el 2000, la que impacta no sólo los cultivos de coca sino en la selva, cultivos de pancoger, plantas medicinales, tanques piscícolas, generando problemas de salud, provocando miedo en cientos de colonos y con ello la salida hacia el casco urbano.

 

Por su parte, la expulsión de sus tierras de miles de campesinos e indígenas en el departamento explica los altos índices de concentración de la propiedad: para el año 2000 el 82,18 por ciento del área estaba en manos del 36,76 por ciento de propietarios y tan sólo el 17,81 del área estaba en manos del 63,23 por ciento de propietarios, en forma de microfundio, minifundio y pequeña propiedad. Pero en 2009 las cifras cambiaron, el 76,16 del área estaba en manos del 26,62 por ciento de propietarios y el 23,23 de la propiedad estaba en manos de 73,98 por ciento de propietarios. Como se ve, en nueve años aumentaron los propietarios de microfundios, minifundios y pequeña propiedad y disminuyeron los propietarios de la mediana y gran propiedad en el Putumayo (Ver gráfica 1)4.

 

El índice de Gini de tierras es alto en el departamento, 0.738 pero alcanza valores de 0.799 (más cercano a 0 indica equidad en distribución de la propiedad y más cercano a uno indica desigualdad) en municipios como Mocoa, Puerto Caicedo, Colón y Valle del Guamez (Ver mapa 2).


La evidencia de la alta concentración de la propiedad en Mocoa explica la única alternativa que tienen las familias y comunidades desplazadas: ocupar áreas cercanas a los ríos, zonas inundables y de riesgo, lugares de alto riesgo para sus viviendas y calidad de vida.

 

Es por ello que lo sucedido en Mocoa, una vez más, revive el debate sobre la necesidad, inaplazable, de la reforma agraria en Colombia, pues sin distribución equitativa de la propiedad de la tierra no será posible frenar este tipo de asentamientos humanos ni prevenir los riesgos.

 

Deforestación

 

Ante tanta tierra en tan pocas manos, miles de miles de campesinos e indígenas tienen que seguir buscando el preciado tesoro selva adentro. Tumbar monte es parte de su misión para sobrevivir, y el desastre para el país.


A esto también contribuyen otros actores, y no en menor medida. Sin duda una de las causas de la avalancha que afectó a Mocoa radica en la deforestación5. La contención de unos pocos árboles evitó que la tragedia fuera mucho mayor, pues contuvo la fuerza de las aguas, y con ello la caída de algunas casas, así como el paso de la avalancha por barrios enteros. Una deforestación fruto de la explotación petrolera, la apertura de vías, la minería, el comercio de madera, la expansión ganadera y coquera en la región.

 

Las cifras de deforestación son alarmantes: el Instituto Amazónico de Investigación Científicas –Sinchi– revela en un estudio que la pérdida de bosques en Putumayo durante los años 2007-2012 fue de 62.812 hectáreas, una tasa media anual de 12.562 hectáreas/año. En Mocoa se registra la pérdida de 596,38 hectáreas en ese mismo periodo y una tasa media anual de 119,28 hectáreas.


La variante San Francisco–Mocoa

 

Precisamente sobre este particular, uno de los conflictos territoriales que aporta con el desmonte de bosques es la construcción de la variante San Francisco-Mocoa (ver mapa 3), la cual pasa cerca a la quebrada Taruca, una de las zonas del desastre. Variante que hace parte del proyecto Iirsa –Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana–, la cual comunicará Belém do Pará en Brasil con Tumaco, con el fin de facilitar la salida de mercaderías de Brasil hacia el Pacífico. Reducir el tiempo del recorrido de 3 horas y media a 1 hora es parte del cometido. El trayecto está dividido en cinco tramos, dos de los cuales atraviesan la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa. Los indígenas Kamentsá e Inga se oponen a la carretera porque destruirá territorios ancestrales6.

 

El oro brilla, también otros metales preciosos

 

Los intereses estratégicos en esta región son muchos: primero fue el petróleo y ahora es la minería. La población sabe que existe exploración minera en el departamento, comentan que hay exploración de cobre y que puede haber intereses en abrir a la producción la que sería la segunda mina de cobre más grande del mundo.

 

A comienzos de este año la Agencia Nacional Minera emitió un informe sobre esta actividad en el departamento: existen allí 47 títulos mineros, 39 están en explotación, 1 en exploración y 7 en construcción y montaje; 38 son de materiales de construcción, 1 de oro y metales preciosos, 1 de oro, metales preciosos y materiales de construcción, 5 de oro, metales preciosos y otros minerales, y 2 de otros minerales. En Mocoa, Sibundoy y Puerto Leguízamo, se concentra la producción de oro y plata, y en Puerto Caicedo, Orito y Mocoa la producción de materiales de construcción. No menciona el informe las empresas que realizan estas actividades.

 

Sin embargo, el informe de 2014 sobre minería en Colombia realizado por la Contraloría General de la República, presenta conflictos mineros por oro en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Francisco, Puerto Guzmán, Orito. Conflictos por coltán en Puerto Asís y San Miguel y conflictos por oro, mármol, cobre y uranio en el municipio de San Francisco.

 

También menciona el conflicto ocasionado por el Proyecto La Vega–Mocoa (Cauca y Putumayo) de la Anglo Gold Ashanti para la explotación de oro, cobre y molibdeno, por las exploraciones realizadas por esta multinacional en la región, proyecto que no se encuentra en explotación.

 

Como quedó anotado antes, y como lo enfatizamos en este punto, la situación que hoy enfrenta el municipio no es un hecho fortuito, viene desde su fundación, agravada por la concentración de la tierra, la explotación de recursos naturales y las condiciones socio-políticas de la ruralidad colombiana.

 

1 Según el libro La ciudad-refugio. Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia, entre los años 1985 y 2009, en el país han sido desterradas alrededor de 4,9 millones de personas. De esa cifra, algunos miles, llegaron al departamento del Putumayo y su capital. A su vez, 9 departamentos, entre ellos Putumayo, eran expulsores de un aproximado de 97.973 –188.565 personas.
2 La ley 338 de 1997, definió tres tipos de Planes de Ordenamiento Territorial, se clasifican de acuerdo a la población que tenga el municipio. Mocoa, tiene un Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Pbot) porque tiene una población entre 30.000 y 100.000 habitantes. Hay municipios que tienen menos de 30.000 y deben construir un Esquema de Ordenamiento Territorial (Eot), los municipios con más de 100.000 habitantes tienen un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) su población no supera los 100.000 habitantes.
3 Para el año 1999, Putumayo 57.297 hectáreas, en el 2000, 66.022 en 2001, 47.120 en 2002, 13.725 en 2003, 7.559; según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para el 2014 eran 13.609 y para el 2015 sumaban 20.068 hectáreas.
4 El Igac explica que así pudo precisarse por la actualización catastral realizada en este periodo. Las cifras, alarmantes, resaltan el alto nivel de concentración de la propiedad, como de minifundización, lo cual es una constante en todo el país.
5 La economía del ahora departamento incorporó la ganadería a gran escala a partir del 1910, con la llegada de los misioneros capuchinos –quienes, tras los intentos fallidos de sus pares jesuitas y franciscanos, toman el control de los territorios y de las comunidades indígenas para su evangelización (léase sometimiento y control)–. Esta actividad, como es conocido, promueve la deforestación, razón principal de la avalancha ocurrida la noche del 31 de marzo.
6 Dicen estos pueblos que el equilibrio del territorio –para ellos sagrado– se verá afectado por la construcción de la vía, de ahí la aparición de desastres y otros sucesos, los cuales serán más recurrentes. Además de destruir la cultura indígena, por la transformación económica, ambiental y social que sufrirá la región, el miedo y la preocupación los embarga.

 

Bibliografía

 

Agencia Nacional de Minería. (2017). Caracterización de la actividad minera departamental. Disponible en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/bullets_putumayo_23-01-2017.pdf
Contraloría General de la República. (2014). Minería en Colombia: Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto.
Consejo municipal de Mocoa. (2008). Acuerdo 028 Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
Consorcio Ambiental San Francisco–Mocoa. Disponible en: http://www.varianteinterventoria.com/descripcion.php#esquema
Igac. (2012). Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia.
Murcia, U., Rodríguez, J. M., Castellanos, H., Medina, R., Herrera, E y. Hernández, A. (2013). Monitoreo de los bosques y otras coberturas de la Amazonia colombiana, a escala 1:100.000. Cambios multitemporales en el período 2007 al 2012. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. Bogotá, D.C
Observatorio para la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia. Disponible en: http://observatorioadpi.org/inga
Pnud. (2011). Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia Rural razones para la esperanza.
Robertson, K. y M. Castiblanco. (2011). Amenazas fluviales en el piedemonde amazónico colombiano. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rcdg/v20n2/v20n2a10.pdf
Sánchez. L. (2012). La ciudad-refugio. Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia. El caso de Mocoa.

 


 

Recuadro 1


En diálogo con desdeabajo el Taita Marino Peña, del cabildo Musurunakuna, manifestó que su comunidad fue víctima del desplazamiento forzado en el costado oriental de los Andes colombianos. Por esta razón, y por la negligencia del Estado que no se responsabilizó de su reubicación, llegaron a la vereda San Antonio de Mocoa, donde adquirieron, con recursos propios, un terreno para asentarse, cerca de la quebrada La Taruca. A la fecha, con su terruño arrasado, no tienen un lugar fijo y seguro dónde vivir, por lo que se albergan en la Asociación de Mujeres Indígenas (Asomi).

 


 

Recuadro 2


“En el caso de Mocoa, hay algunos aspectos que debemos considerar, del por qué ese conocimiento de los estudios y análisis no se incorporó en el Plan de Ordenamiento Territorial y en la gestión de riesgo; además, que hemos avanzado mucho a nivel mundial en Sistemas de Alerta Temprana. Lo que sucede es que las gobernaciones y las alcaldías compran estaciones automáticas de alertas tempranas, pero estos pronósticos no llegan a la gente. Hay que poner al tanto del estado ambiental de los territorios a las poblaciones y, claramente, ejecutar planes de evacuación y prevención del riesgo”.
Daniel Pabón Caicedo, meteorólogo y docente de la UNAL sede Bogotá.

 


 

Recuadro 3


La avalancha sume a la comunidad en la incertidumbre, pues temen que el Estado no cumpla con las reubicaciones de sus casas, que las entidades territoriales se embolsillen la plata y no se reconstruya el municipio, que las oportunidades de vida en este lugar se agoten y deban salir de la ciudad que tanto quieren. Pero también temen que no se tomen las acciones necesarias para establecer responsables en lo sucedido, y que todo quede en la impunidad.

 

A tal posibilidad los enfrenta el desgobierno que vive nuestro país, manifestación de lo cual es la corrupción que galopa a rienda suelta, las prioridades dadas al capital privado en todas las inversiones, la demagogia politiquera que pulula en todos los tiempos pero que en los electorales –los que ahora se avecinan– toma más cuerpo, tiempos que favorecen el accionar particular de los funcionarios públicos, entre ellos alcaldes, gobernadores, senadores y representantes a la Cámara. En esta constante del poder político y oligárquico en Colombia, la investigación por irregularidades en contratación y detrimento patrimonial que tuvo la gobernadora Sorrel Aroca no auguran un buen futuro para Mocoa.

Publicado enEdición Nº234
“Siempre hemos mantenido la resistencia”

En Norte de Santander, sobre el Catatumbo, con frontera viva entre Colombia y Venezuela, está asentado el pueblo Barí, ahora arrinconado por el interés empresarial y la dejadez del Estado central. Reclaman 244.284 hectáreas de territorio ancestral para poder ampliar sus resguardos. A principios del siglo XX contaban con 1.600.000 hectáreas.

 

Derechos y territorio ancestral violados. Los Barí, unos de los 102 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, viven desde hace siglos una cadena de violencia, sistemática, que en los tiempos que corren se centra sobre su territorio ancestral en la disputa de multinacionales por de los recursos mineros allí existentes.

 

Arrinconados sobre 128 mil hectáreas, sus 3.402 sobrevivientes le exigen desde el 2014 al Estado central que les reconozca el dominio legal e histórico que tienen sobre 244.284 hectáreas; territorio necesario para poder ampliar sus resguardos. Esa es hoy su principal lucha: recuperar este territorio ancestral, donde, por demás, están situados algunos de sus lugares sagrados, y donde desarrollan actividades económicas como pesca y caza.

 

Como es conocido, para los indígenas la propiedad colectiva de un territorio no lo legitima un papel, existe un derecho consuetudinario, pese al cual han tenido que enfrentar al Estado con mecanismos jurídicos para que sean reconocidos sus derechos territoriales y culturales.

 

Conflictos mineros y petroleros en territorio Barí

 

El despojo del pueblo Barí se remonta al comienzo de la explotación petrolera en el Catatumbo, en los inicios del siglo XX. La llegada de capitales internacionales provocó la apertura de vías, pozos y campamentos para los trabajadores y desplazó a los Barí de sus territorios ancestrales, a tal punto que para el año 1980 sólo contaban con 240.000 hectáreas de las 1.600.000 reconocidas a principios de siglo (ver Tabla), las que hoy, según sus autoridades, están reducidas a 128.000. Asímismo su población fue disminuyendo al pasar de 2.000 personas a mediados del siglo pasado a 1.400 a finales de 1980*, dinámica que cambió en estas últimas décadas al sumar 3.402 habitantes en 2017, según datos de sus autoridades.

 


La lucha por sus territorios ancestrales gana en intensidad, pese a las amenazas que padecen. Anora reclaman y demandan jurídicamente, elevando sus solicitudes ante la Agencia Nacional de Tierras (anteriormente Incoder) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Demanda convertida en una importante lucha, no solo por lo que representa para este pueblo el territorio en litigio, sino también porque para ellos es urgente impedir y suspender la explotación minero-energética desatada en estas tierras; el alto poder destructivo de este tipo de explotación, del cual son conscientes, así los obliga a actuar. El ejemplo de lo sucedido con los wayuu en La Guajira es una lección que no puede quedar sin ser aprendida.

 

En el territorio hoy reclamado para poder ampliar los resguardos Barí, se encuentran 48 títulos minero-energéticos otorgados por el gobierno a distintas empresas, de los cuales 13 están en fase de exploración y 35 en fase de explotación; son títulos para explotar carbón, petróleo y titanio. Según Diego Dora exgobernador de Ñatubaiyibari –Asociación de autoridades tradicionales del pueblo Barí: “hay una veta más grande que la del cerrejón de La Guajira que se quiere explotar a cielo abierto dentro de los territorios ancestrales del pueblo Barí, entonces esto nos conlleva a tomar medidas de control territorial para la pervivencia de la cultura y la integridad física del pueblo en general”.

 

El interés empresarial. En tanto el Estado no reconoce la propiedad ancestral Barí sobre este territorio, algunas autoridades del orden nacional, y las empresas multinacionales, se escudan en ello para no aplicar el derecho de consulta previa, algo que los indígenas reclaman pues, aunque estos territorios no están titulados sí hacen parte de la cultura: en ellos desarrollan actividades propias de su cosmogonía.

 

Ellos insisten en su derecho histórico, lo que los anima física y espiritualmente para no dar el brazo a torcer. Diego Dora lo expresa con total claridad, “para nosotros el territorio no tiene límites, es sin fronteras, entonces la legalidad y constitucionalidad nos obliga a tener algo legal para nosotros poder defender el territorio, lamentablemente”.

 

Sin embargo, existen antecedentes sobre luchas jurídicas ganadas por el pueblo Barí como la suspensión de la exploración de proyecto Álamo 1 que desde 2002 ya adelantaba Ecopetrol, pues estaba ubicado en territorio ancestral Barí. Para lograrlo, los indígenas realizaron una acción de tutela contra el Ministerio del Interior y de Justicia y otros entes nacionales por no realizar la consulta previa, favorecidos por la Sentencia T–880 de 2006 por medio de la cual la Corte Constitucional obligó a la suspensión de la fase de exploración hasta que se adelante la consulta previa.

 

Violación de derechos humanos

 

Emilse Guachina Aquerdora, gobernadora actual de Ñatubaiyibari, cuenta que “los Barí siempre han sido una gente de paz, nunca han tenido ningún problema, pero la entrada de los paramilitares nos han dado amenazas, dificultades y pobreza [...] mujeres han sido asesinadas, líderes que fueron asesinados en un tiempo pero siempre hemos mantenido la resistencia del pueblo Barí”. De resistencia en resistencia anda este pueblo, no solo ante la colonización de parte de sus tierras, la extracción petrolera y minera sino ante la arremetida paramilitar. Hay datos de más de 100 Barí asesinados en el 2003.

 

Intentan amedrantarlos. El pasado 9 de enero fue atacada la casa de Gobierno de Ñatubaiyibari, ubicada en el municipio de Tibú, una nueva sede que aún no habían inaugurado pero que en su interior reposaban muebles y enseres para el posterior funcionamiento que fueron robados.

 

Otro asunto que preocupa al pueblo, es la presencia de paramilitares en la región; según Emilse Guachina “A la salida de las Farc de Caño Tomás y Las Timba entraron los paramilitares, es una gran preocupación, una amenaza del pueblo Barí y las comunidades que están a punto de desplazamiento, pero ya sienten temor los líderes que somos”. Se refiere a la presencia de paramilitares el 9 de febrero del año en curso en el municipio de Tibú, en las zonas donde las Farc estaban preconcentradas, apenas salieron a Caño Indio, donde sería la Zona Veredal Transitoria.

 

* Salazar, 2005. La explotación y colonización petrolera: El genocidio contra los indígenas Barí.

 


 

Recuadro 1

 

Cambios territoriales y de población Barí 1900-1980

 

Territorio BaríTerritorio perdidoPoblación
Año Total área Km2 (aprox.)% área de 1900 Total pérdida década anterior Km2 % relativo pérdida área 1900Total estimadoDensidad x Km2 Km2 x persona
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
16.000

14.000
13.500
9.700
7.400
5.100
3.300
2.400

 100

87,5
84,5
60,5
46,2
31,9
20,6
5,0

 -

1.970
475
3.800
2.300
2.300
1.800
900

 -

12,3
3,0
23,7
14,4
14,4
11,2
5,6

 
 2.000
2.500
2.000
2.000
1.500
1.200
800
1.200
1.400
0.12
0.15
0.14
0.15
0.12
0.16
0.16
0.36
0.58
8.0
6.4
7.1
6.7
8.1
6.2
6.3
2.7
1.7

 

Fuente: (Beckerman 1983). Fuente: Jaramillo, 1993. Tomado de: Salazar, 2005.

 


 

Recuadro 2

 

¿Quiénes son los Barí?

 

En el bosque húmedo tropical del nororiente de Colombia, en el departamento de Norte de Santander, habita el pueblo indígena Barí, conocido también como Motilón Barí. Se ubica en la región del Catatumbo, en los municipios de Tibú, El Tarra, El Carmen, Teorama y Convención (ver mapa). Se encuentran organizados en dos resguardos; el Motilón Barí, constituido por 23 comunidades y el Catalaura–La Gabarra, constituido por 2 comunidades. Estos resguardos suman una extensión total de 128.000 hectáreas y reune una población de 3.402 personas, según las autoridades indígenas Barí.

 

Este pueblo es binacional, es decir, vive tanto en Colombia como en Venezuela, ya que a comienzos de la invasión española ocupaban extensos territorios, por el norte desde las cabeceras de los ríos Santa Ana y Santa Rosa de Aguas Negras en la Serranía de Perijá, hasta el lago Maracaibo, y por el sur llegaban hasta más abajo del Catatumbo*.

 

A pesar de que los Barí ancestralmente han vivido en la región del Catatumbo, el Estado colombiano nunca ha respetado sus derechos sociales, territoriales y culturales: entrando el siglo XX su territorio abarcaba alrededor de 1.600.000 hectáreas y el Estado entregó en concesión 200.000 al general Virgilio Barco para explotación petrolera. Luego, a principios de los años treinta, inicia la explotación petrolera por acción de la empresa Colpet (Colombian Petroleum Company) quien compró los derechos de la Concesión Barco y se instalaron así 38 pozos de producción, los cuales obligaron a formar asentamientos humanos para los trabajadores de los pozos y los colonos que llegaron a las zonas aledañas4. Entonces la lucha del pueblo Barí se volvió más compleja, ya no libraban batallas solo contra la usurpación de las petroleras sino también de los colonos y grandes hacendados que se fueron estableciendo.

 

* Fuente: Archivos Ministerio del Interior.

Publicado enEdición Nº233
La OIT frente a empresas y pueblos indígenas

En anterior colaboración abordé el espacio sobre empresas y derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU). El activismo empresarial también se ha centrado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la circunstancia de que se trata de una instancia tripartita y los llamados empleadores son integrantes de la misma. Con ese carácter, dirige sus baterías a la impugnación al derecho a la consulta que regula el Convenio 169 de la OIT y que en toda América Latina los pueblos indígenas utilizan en sus procesos de resistencia frente al despojo y afectación a sus territorios que conlleva el accionar de las empresas trasnacionales.


El asedio empresarial a los pueblos mediante la OIT está marcando un viraje en este organismo en el último quinquenio e intenta mediar en el conflicto creciente entre pueblos indígenas y empresas. El pasado 4 de agosto esa organización presentó en Chile el reporte regional Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la consulta previa a los pueblos indígenas en proyectos de inversión. En el documento se da cuenta de que la oficina de actividades para los empleadores de la OIT (ACT/EMP) realizó en Bogotá, Colombia, en septiembre de 2011 un evento de formación sobre el Convenio 169 con la participación de 24 delegados de las organizaciones empresariales más importantes inversionistas en América Latina. Durante el mismo éstas señalaron afectaciones al derecho a la propiedad privada y a la seguridad jurídica en relación con la forma en que se está aplicando por los estados el derecho a la consulta; también objetaron las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de convenios y de recomendaciones de 2010 (Ceacr) que ha insistido en señalar el respeto a los principios contenidos en el Convenio 169.
Durante 2013 y 2014 se realizaron estudios de caso sobre la puesta en práctica de la consulta en Colombia, Chile, Costa Rica y Guatemala, que se presentan con detalle y son perfectamente similares a lo que se vive en nuestro país. Se anota el alto nivel de desconfianza entre Estado, pueblos indígenas y las empresas privadas, lo que dificulta, señalan, el diálogo y la generación de acuerdos.


También se considera que los pueblos, ante la consulta sobre un proyecto de inversión, lo convierten en el único espacio donde se busca solucionar todas las demandas históricas de los pueblos indígenas. En este contexto, el traspaso de responsabilidades del Estado hacia las empresas privadas es otro aspecto evidenciado como una de las principales dificultades. Ubican en la ausencia de información sistematizada sobre los pueblos indígenas sus tradiciones, actividades y sitios culturales, la dificultad para la identificación de la afectación que un proyecto de inversión pueda producir, lo que termina en muchos casos resolviéndose en tribunales de justicia.


De paso anotan el problema de los altos costos y tiempos que significa la implementación de una consulta. En cuanto a los aspectos institucionales, el reporte destaca la falta de estructuras de consulta, de procedimientos oficiales y de equipos capacitados para desarrollar estos procesos.


Sugiere que la consulta se realice por una instancia distinta a la que autoriza la inversión. En materia de expectativas de los pueblos indígenas reitera lo ya aclarado en 2010, en el sentido de que la consulta no implica al derecho a vetar un proyecto de inversión, pues, dicen, no está contemplado en el Convenio 169.


Hay un evidente cambio de discurso junto al cambio de actor; ya no se aclara que los derechos son de los pueblos y sus instituciones representativas, ahora se maneja el concepto de organizaciones y se sugiere intervenir en ellas para evitar que sus divisiones afecten a las empresas, por lo que recomienda a los estados: Reconocer, respetar e impulsar el fortalecimiento de las organizaciones indígenas. Para el éxito de un proceso de diálogo y consulta, se requiere tener contrapartes organizadas y validadas. A las empresas les sugiere conocer las tradiciones indígenas, acercarse a las organizaciones y conocerlas antes de presentar el proyecto. Llama la atención que no se vinculan al proceso que lleva la ONU, la OIT define como política ofrecer asistencia técnica a los estados en materia de consulta a fin de conciliar los derechos de los pueblos indígenas con la seguridad que demanda el proceso de desarrollo de la inversión dirigido al bienestar general de las sociedades de América Latina (Reporte regional 2016, p. 6). Tarea y análisis que omite el enfoque de fondo que dio origen al Convenio 169 de la OIT. La presencia indígena mexicana en la OIT mediante reclamaciones fue muy fuerte en la primera década de vigencia del convenio y alguna vez he lamentado que no se continuara. Hoy lo veo como un riesgo. La resistencia en el orden interno ante tribunales tendrá que fortalecerse. Se escuchan pisadas de animal grande.

Publicado enSociedad
Líderes indígenas y campesinos asesinados en la antesala de la ‘paz’

El asesinato en menos de una semana de cuatro indígenas y campesinos en los departamentos de Cauca y Nariño, enciende las alarmas sobre las violaciones a los derechos humanos que siguen afectando a los líderes de estas comunidades en la antesala misma de la ‘paz’. Los territorios de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas se traslapan con las áreas de interés de grupos armados que pretenden extender el dominio territorial y de multinacionales tras los recursos naturales en tierras colectivas.

 

Era de esperarse que la firma del Acuerdo General para la terminación del Conflicto Armado entre las Farc y el Estado en Colombia comenzara a abrir el sendero de una participación democrática ampliada, contribuyera a sentar las bases para el establecimiento de garantías a la oposición y movimientos sociales, así como el respeto de la vida y derechos humanos a líderes de comunidades étnicas en el país. Pero la realidad está siendo muy diferente en escenarios de confrontación golpeados históricamente por el conflicto. Es el caso de los departamentos del Cauca y Nariño donde en menos de una semana fueron asesinados cuatro indígenas y tres líderes campesinos vinculados a procesos de resistencia y movilización social.

Indígenas Awá (1) asesinados en Nariño.

El pasado viernes 26 de agosto, fue asesinado hacía las cinco de la tarde el líder Awá Camilo Roberto TaicusBisbicus, Integrante durante 26 años de la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) (2). Sobre este asesinato se pronunciaron las autoridades indígenas Awá a través de un comunicado de la Unipa (Ver Recuadro 1): “Después de hacer un análisis entre autoridades, consejeros y líderes de nuestra organización Unidad Indígena del pueblo Awá UNIPA frente al homicidio del hermano Camilo Roberto TaicúsBisbicus, queremos informar a la opinión pública nacional e internacional que ningún acto de violencia que suceda en contra de nuestro pueblo y de cualquier indígena Awá, no es un hecho aislado al exterminio sistemático que venimos enfrentando históricamente”.

Como un magnicidio catalogó la Unipa el asesinato de TaicusBisbicus: “Su asesinato en términos políticos lo elevamos a magnicidio, debido al nivel de liderazgo que Camilo ejercía dentro de su comunidad, resguardo, organización y pueblo Awá en general, la crisis que genera esta pérdida es irreparable, sobre todo para su familia, sabemos que este sistema siempre ataca desde arriba para generar inestabilidad a las bases, la preocupación de las familias Awá del resguardo de Hojal la Turbia al igual que de los 30 resguardos que pertenecemos a la UNIPA, es buscar el equilibrio que la muerte de Camilo deja en todos los espacios de nuestros 4 mundos, los cuales hacen parte de nuestra cosmovisión”.

Como si fuera poco, el lunes, mientras se llevaban a cabo las honras fúnebres del líder indígena, fueron asesinados los hermanos Luciano y Alberto Pascal García, indígenas Awá en zona rural del municipio de Llorente. Un día antes, el domingo 29 de agosto había sido asesinado el indígena Awá Diego Alfredo Chirán Nastacuas, en el corregimiento el Diviso, municipio de Barbacoas –Nariño–. Cuatro indígenas asesinados en menos de 24 horas, después de que la semana anterior se conocieran mensajes amenazantes contra la población de grupos armados.

El extenso territorio de los Awá es rico en biodiversodad, madera y petróleo. Es un espacio estratégico para la movilidad y retaguardia de guerrillas, para el tráfico de drogas y armamento. También está surcado por el oleoducto Transandino por donde fluyen enormes cantidades de hidrocarburos que son ilegalmente extraídos y empleados para el procesamiento de cocaína. El investigador José Aristizabal se refiere en su obra sobre los Awá a las disputas que nacen de intereses contrapuestos sobre su territorio: “Estas disputas encarnizadas por los territorios, las economías ilegales, el poder o la acumulación de dinero y esa ausencia de una gobernabilidad que defienda la sociedad se reflejan no sólo en la violencia contra las personas y la naturaleza, sino también en la agresión frente a los referentes culturales de las comunidades indígenas y afrodescendientes [...] Se trata de un avasallamiento cultural que persigue el menosprecio, la invisibilización y la eliminación de los valores, las costumbres, las cosmovisiones y los saberes ancestrales”.

Líderes campesinos asesinados en el Cauca

Hacía las 8:30 am del lunes 29 de agosto fue interceptado por hombres vestidos de camuflado que portaban armas largas, en un sitio conocido como Guayabuillas (corregimiento de Llacuanas, área rural del municipio de Almaguer), un carro en el que se movilizaban los líderes campesinos Joel Meneses, Nereo Meneses y Ariel Sotelo, pertenecientes al Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) (3) . Los líderes fueron trasladados un lugar conocido como “Monte Oscuro”, ubicado entre los límites de municipio de Bolívar y Almaguer, para ser asesinados con múltiples disparos en sus humanidades y tiros de gracia.

Las víctimas eran reconocidos líderes de la región, así lo manifestó Cima (4) : “La organización campesina insistió en que los líderes asesinados eran reconocidos en el municipio y la región, participaron activamente en diferentes movilizaciones campesinas “por vida digna en el Macizo Colombiano, entre ellas la reciente Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular por el Buen Vivir, una Reforma Agraria Estructural y una Ciudad Digna, que se desarrolló desde el 30 de mayo hasta el 12 de junio de 2016 en el punto de concentración campesina en Timbío (Cauca)”.

Joel Meneses, uno de los líderes asesinados, fundador y líder histórico de la organización, había sido amenazado en múltiples oportunidades por su actividad en defensa del territorio y el agua en una amplia zona del departamento del Cauca donde ha venido proliferando la minería ilegal. De hecho, según W radio: “Los hechos se presentaron justo cuando el Cima y la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca pretenden revelar un informe sobre las amenazas y asesinatos de campesinos y defensores de derechos humanos en este último semestre” (5) .

¿Qué sucede en el Cauca y Nariño?

Las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, en esta zona de alta conflictividad en el país, son piedras en el zapato para los intereses de los violentos que siguen viendo en los asesinatos y atentados contra sus líderes, la posibilidad de intimidar sus organizaciones que defienden el uso colectivo de la tierra, así como la gestión colectiva de los recursos. Señala la Revista Semana (6) : “Lo que hoy está sucediendo en Nariño y Cauca es una advertencia de lo que puede ocurrir en el país después de la desaparición de las FARC. Ya la academia, los políticos, los expertos y las organizaciones sociales han señalado que el nuevo reto será el reacomodamiento de las organizaciones armadas que buscarán llenar los espacios que deja la guerrilla y pelearse los territorios que las FARC dominaban”.

Pero no es solo cuestión de grupos armados. La experiencia de los países centroamericanos (Nicaragua, El Salvador, Honduras) donde proliferan los asesinatos a líderes y activistas ambientales, permiten entrever que lejos de solventarse pueden incrementarse las contradicciones entre las comunidades y los intereses de apropiación/explotación de recursos, con un saldo negativo de victimización para sus líderes. En territorios del macizo colombiano poderosas multinacionales de la extracción siguen considerando a comunidades étnicas y campesinas como grandes obstáculos para materializar el acceso a los recursos naturales que acogen sus territorios. Estas voluntades, la presencia de grupos armados y la ausencia de gobernabilidad de la que habla Aristizabal, están configurando importantes riesgos en el Post Acuerdo para comunidades que se asientan en estas zonas golpeadas durante décadas por el Conflicto Armado y siguen viendo caer a sus líderes, incluso cuando se apagan miles de fusiles.

Por otro lado persiste la Coca, uno de los grandes carburantes de la violencia. Según el informe “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos” de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) , Los departamentos de Nariño y Cauca concentran el 40% de la totalidad del área de cultivos de coca en el país. La siembra de coca aún sigue siendo la actividad económica más rentable en amplias zonas del macizo colombiano, también la principal fuente de disputas territoriales entre grupos armados que pugnan por el monopolio de los cultivos, los impuestos que se cobran sobre su procesamiento y venta, así como el acceso a importantes rutas para la exportación.

La cuerda revienta por lo más delgado y está reventando por dos de los departamentos con mayor conflictividad en el país, una muestra de lo que puede empezar a suceder y consolidarse en otras regiones de Colombia que constituyen espacios geográficos valiosos para intereses de particulares (extractivos, delincuenciales) que en la misma antesala de la paz están mostrando el talante de su accionar en lo que vendrá.

¿El Cauca, Nariño y Tumaco en realidad conocerán la paz?

 

Notas

 

[1] Los Awá son un pueblo binacional ubicado a lado y lado de la frontera entre Colombia y Ecuador. Los que viven en Colombia, una parte están en el sur y occidente del departamento de Nariño, al occidente de la cordillera andina desde la cuenca del río Telembí hasta la parte norte del Ecuador, en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Samaniego y Roberto Payán. La otra parte en el departamento del Putumayo, en los municipios de Orito, Puerto Caicedo y Villa Garzón. Abarcan un territorio de una extensión aproximada de 610.000 hectáreas de las cuales 480.000 están en Colombia y 116.640 en Ecuador. Tomado de: ARISTIZABAL, José. “El pueblo Awá”. Sus armas no lograrán extinguir nuestra palabra. Informe de riesgos de extinción en 6 pueblos indígenas de Colombia. Barcelona: Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia, 2014, p. 52.

[2] La Unidad Indígena del Pueblo Awá "UNIPA", es una Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas Awá sin ánimo de lucro que fue creada hace 18 años, tiempo en el cual ha logrado consolidase como una Organización, orientada y dirigida por líderesAwá, decididas a seguir venciendo toda adversidad por más difícil que sea, con el único anhelo de conseguir bienestar para la Comunidad, mediante la búsqueda de solución a las necesidades propia de nuestro medio y Cultura. Fuente: http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/94-nuestros-enlaces/nuestros-enlaces-nacionales/918-unidad-indigena-del-pueblo-awa 

(3) FUNDECIMA, surge de la decisión política del Comité de Integración del Macizo-CIMA en la Asamblea del Macizo, en Almaguer (Agosto 16-17 de 1993) para conformar una entidad de apoyo técnico, incidencia, gestión y ejecución de proyectos ante las formas tradicionales de administración pública en la región. A partir de ese entonces en FUNDECIMA se diseña como Estrategia de Trabajo, la estructuración de Áreas y Programas para la implementación del Plan de Vida, Agua y Dignidad del Macizo y Suroccidente de Colombia como propuesta de Desarrollo Propio del CIMA para la región. Misión: FUNDECIMA, trabajará por la recuperación, conservación, mantenimiento, defensa y uso racional de los recursos naturales, humanos y culturales del Cauca, Macizo Biogeográfico y Colombia, a través de la implementación de planes, programas y proyectos que propendan por el desarrollo integral de las comunidades. Fuente: http://www.pazdesdelabase.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=41 

[4] Tres líderes campesinos fueron asesinados en el Cauca. http://www.colombiainforma.info/tres-lideres-campesinos-fueron-asesinados-en-el-cauca/  29 de agosto de 2016.

[5] http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/asesinan-a-tres-campesinos-en-almaguer-sur-del-cauca/20160829/nota/3230784.aspx# 

[6] Se recrudece la violencia en Tumaco: ya son cuatro indígenas Awá asesinados. http://www.semana.com/nacion/articulo/cuatro-indigenas-awa-fueron-asesinados-en-tumaco/491686  29 de agosto de 2016.

 


Recuadro 1


Comunicado de la Unipa frente al asesinato de Camilo Roberto Taicús Bisbicus el pasado 26 de agosto

Frente al exterminio sistemático que nos han sometido, resistimos

Después de hacer un análisis entre autoridades, consejeros y líderes de nuestra organización Unidad Indigena del pueblo Awá UNIPA frente al homicidio del hermano Camilo Roberto TaicúsBisbicus, queremos informar a la opinión pública nacional e internacional que ningún acto de violencia que suceda en contra de nuestro pueblo y de cualquier indígena Awá, no es un hecho aislado al exterminio sistemático que venimos enfrentando históricamente.

Hemos sido víctimas de masacres, desplazamientos masivos y gota a gota, desapariciones forzadas, persecución política, señalamientos, asesinatos selectivos a gobernadores y a dirigentes de UNIPA, sin tener en muchas ocasiones respuestas claras frente a los actores y los móviles que han generado desequilibrio dentro de nuestro katsa su (territorio).

Camilo Roberto TaicúsBisbicús fue un luchador incansable de los derechos que como pueblos indígenas tenemos dentro y fuera del territorio Awá, desde temprana edad acompaño a su padre Nicanor Taicús en la tarea de organizar y obtener la titulación y reconocimiento jurídico del resguardo indígena de Hojal la Turbia, por parte del Gobierno Nacional, convirtiéndose en un ejemplo a seguir por quienes en esos tiempos acompañamos los inicios de nuestra organización UNIPA.

Su asesinato en términos políticos lo elevamos a magnicidio, debido al nivel de liderazgo que Camilo ejercía dentro de su comunidad, resguardo, organización y pueblo Awá en general, la crisis que genera esta pérdida es irreparable, sobre todo para su familia, sabemos que este sistema siempre ataca desde arriba para generar inestabilidad a las bases, la preocupación de las familias Awá del resguardo de Hojal la Turbia al igual que de los 30 resguardos que pertenecemos a la UNIPA, es buscar el equilibrio que la muerte de Camilo deja en todos los espacios de nuestros 4 mundos, los cuales hacen parte de nuestra cosmovisión.

Este acto es solo una advertencia en contra de nuestro pueblo indígena Awá, no podemos catalogarlo de otra manera; autoridades, consejeros y líderes sabemos que enfrentamos amenazas por diversos actores debido a la defensa que hemos emprendido para poder seguir existiendo, sabemos de las consecuencias que trae proteger el territorio que hemos habitado ancestralmente y si hoy Camilo tuvo que entregar su vida, muchos continuaremos el legado que él nos compartió.

Frente a nuestros planteamientos, exigimos.

A la fiscalía general de la nación agilice la investigación de este crimen para dar con el paradero de los actores del hecho y se haga justicia, no queremos que la muerte de Camilo Roberto Taicús quede en la impunidad, solicitamos además nos aclaren todas las investigaciones que los entes competentes llevan en curso frente los casos de violación a los DDHH que ha sufrido nuestro pueblo Indígena Awá.

Exigimos al Gobierno Nacional asuma la responsabilidad de este acto de barbarie, consideramos que las reiteradas postergaciones a protocolizar nuestro plan de salvaguarda, han puesto en mayor vulnerabilidad y alto riesgo de exterminio físico y cultural de nuestro pueblo indígena Awá.

A la Unidad de Protección, adelante efectivamente los estudios de riesgo a las autoridades, consejeros y líderes que se encuentran amenazados y los que ya tiene estas medidas se les respete el enfoque diferencial que se viene solicitando en diversas reuniones y existen actas de compromiso.

AUTORIDADES INDIGENAS AWA UNIPA

 


Recuadro 2

"...iban por ellos".


El periódico desdeabajo habló en entrevista telefónica con Víctor Collazos, vocero de Cima, quien se refirió a los lamentables acontecimientos que determinaron la muerte de tres activistas de la organización.

desde abajo (da). ¿Existen hipótesis sobre la muerte de estos activistas?

Víctor Collazos (VC). Sobre las posibles circunstancias o hipótesis no hay certeza. Se ha solicitado la investigación oficial, de igual manera se está haciendo la investigación comunitaria y social para aclarar esto.

(da). ¿Tienen alguna idea sobre los móviles de estos asesinatos?

(VC). Posibles móviles: Ellos pertenecen al Cima, ellos conformaron un movimiento que se llama Procamina (Proceso Campesino e Indígena de Almaguer) y Procamina aspiró con candidato propio a la alcaldía, aspiró con líderes al consejo de Almaguer en la pasada contienda electoral. Ellos ganaron la alcaldía, pero durante ese tiempo hubo mucha amenaza y tensiones con grupos armados que hacen presencia en la región. En la región hacen presencia milicias del Eln, comisiones de las Farc, al igual hay personas armadas vinculadas a alguna explotación minera.

(da). ¿Por qué cree usted se presentaban estas reticencias de los actores armados?

(VC). Durante el tiempo de la campaña, había una posición muy férrea de la organización comunitaria por construir planes de vida desde las localidad y por la defensa del territorio, se había hecho un foro grande y en el foro se había determinado que el territorio de Almaguer era para que la gente conviviera, para sembrar alimentos y para cuidar el agua, la diversidad del medio ambiente. Había cierta oposición comunitaria a la minería por el grado de contaminación que genera la minería ilegal, aunque Almaguer está siendo solicitado también por la minería transnacional. Entonces miramos ese proceso electoral cruzado por presión de grupos armados, cruzado por todo lo de la minería que se impidió en defensa del territorio y del medio ambiente, creemos que en alguna medida son circunstancias determinantes de estas muertes.

(da). ¿Consideran que este asesinato múltiple fue planeado de manera premeditada contra los líderes?

(VC). Como sucedieron los hechos, todo indica que iban por ellos: ellos salieron de La Herradura para ir al mercado de otro corregimiento cercano llamado Llacuanas. De pronto pararon los carros y se los llevan en el campero mismo en que ellos iban hacia un lugar contiguo al municipio de Bolívar que se llama “Monte Oscuro”, es un sitio muy solitario y sin señal de celular. Todo indica que este grupo armado de personas que aparecieron allí con fusil y con pasamontañas iban directamente hacía ellos.

(da). ¿Quiénes eran los activistas asesinados?

(VC). Joel Meneses Meneses, líder de Cima, participó en el proceso del Comité de integración del Macizo colombiano desde 1990, participó en todas las movilizaciones del Macizo desde 1990, participó en la movilización de 1991 en Rosas, a la Movilización de 1996 en Popayán y en la movilización de 1999, estuvo ahora en Minga Campesina Étnica y Popular. Joel Meneses, dado el exceso de fuerza porque iba el Esmad a reprimir estas movilizaciones (las de la Minga Campesina étnica y Popular), fue con la inquietud de hacer fuertes intercambios con los indígenas, sobre todo los Nasas, para ver si los campesinos mejoraban su Guardia Campesina con intercambios con los compañeros indígenas, era lo que él decía en aquel tiempo. El compañero Nereo Meneses Guzmán era líder comunal de la vereda de Guarpanchal y el Joven Sotelo, por circunstancias, iba en el carro con ellos.

(da). ¿Tienen alguna idea de cuál es el grupo armado responsable de estos asesinatos?

(VC). Se está haciendo la investigación, la averiguación, porque incluso también parece que habían personas que pertenecieron a grupos armados estatales pero que ya no pertenecían y que andaba en la región. Se está haciendo la averiguación, nosotros no nos atreveríamos a hacer ninguna aseveración todavía.

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“Será la tierra quien derrote al capital”
La humanidad no será capaz de derrotar al capital pero comienzan a organizarse nuevos modelos de sociedad que pueden evitar el fin del planeta. Tal es el análisis del teólogo, escritor y profesor Leonardo Boff en cuanto al futuro de la “Casa Común”, término acuñado por el papa Francisco para referirse al mundo en que vivimos.

 

 

“Creo que no lograremos derrotar al capital con nuestros propios medios. Quién derrotará al capital será la Tierra, negando los medios de producción, como el agua y los bienes de servicio, obligando a cerrar las fábricas, a terminar con ilusorios grandes proyectos de crecimiento”, opina.

 

En una entrevista exclusiva a Brasil de Fato y a Jornalistas LIvres en la XV Jornada de Agroecología Boff también es optimista identificando nuevos modelos de organización que tienen por objeto central la subsistencia y el cuidado de la naturaleza y los ensayos sobre biorregionalismo.

 

“Existen más de 1010 lugares en los que se intenta vivir de manera sostenible y superando límites artificiales que los seres humanos han instalado, como los municipios y las regiones geográficas”, explica.

 

El teólogo también se refiere al escenario político que esta antecediendo a la votación del impeachment en el Senado. “Si Dilma tiene que irse, puedo imaginar adónde irá a parar el país, porque Temer es un presidente sin legitimidad, referente de sí mismo y que no puede salir a la calle sin ser abucheado”, agrega.

 

Casa Común y agroecología

 

Existen dos categorías básicas sin las cuales no garantizamos el futuro de una nueva civilización. La primera es la sostenibilidad que garantiza el mantenimiento de los seres y su reproducción, tanto para nosotros como para las futuras generaciones.

 

Pero la sostenibilidad por sí misma carece de la fuerza intrínseca para realizarse. Precisa del cuidado. El cuidado entraña una relación inversa de la que produce la agresión de la modernidad, que es violenta, destruye y agota los ecosistemas.

 

De modo que el cuidado no es solo un gesto sino un paradigma. Es decir, un conjunto de valores, de ciclos, de actitudes que tiene como efecto la protección y el mantenimiento de lo que existe y de lo que vive. La categoría cuidado cumple una función de columna que sustenta un nuevo ensayo civilizatorio.

 

Es muy importante el título que dio el papa Francisco a la encíclica “Cuidando la Casa Común” Si nosotros no cuidamos nuestra casa común esta se convertirá en una tapera y nadie puede vivir en una tapera. Va perdiendo su biocapacidad, es decir, su capacidad de producir vida y puede amenazar el futuro de la especie humana y la vida de la naturaleza.

 

Hemos llegado a un punto en que resulta fundamental cuidar todo y responsabilizarnos de los seres que allí viven porque la biodiversidad, que es la relación con todos, teje aquella trama que sustenta a todos y lleva adelante el proceso.

 

La agroecología ha entendido que se debe producir según los ritmos y la lógica de la naturaleza, no según la lógica de la producción que consiste en la superexplotación. Es preciso extraer de ella lo que necesitamos pero darle tiempo para que se autoreproduzca y siga dándonos vida a nosotros y a toda la comunidad.

 

No basta con producir buenos elementos para la salud humana, la agroecología implica una nueva relación con la naturaleza. Una relación de respeto y de cooperación. No estamos sobre ella con el puño cerrado del que domina sino con las manos abiertas de quien acaricia.

 

Biorregionalismo, otro modelo de relación con la Tierra

 

Existen actualmente no menos de 1010 ensayos de biorregionalismo, que diseñan un desarrollo adecuado a una biorregión, a un territorio. Se aprovechan los medios, bienes y servicios que la naturaleza aporta, y se produce de forma colectiva en pequeñas empresas de manera orgánica teniendo en cuenta las tradiciones del lugar, conociendo cómo se formaron sus montañas, cómo son sus ríos.

 

Este tipo de experiencias se iniciaron en Escocia y se fueron difundiendo en el mundo. Hoy en día existen muchas de estas comunidades, en India, en Minas Gerais, Brasil. No sé en cuantos países pero sí sé la cantidad. Hay más de 1010 lugares donde se trata de vivir de manera sostenible, superando los límites artificiales que han establecido los seres humanos los municipios y las regiones geográficas. Dentro de esos espacios se trata de aprovecharlos de manera más racional. Son economías de subsistencia y no de acumulación.

 

Se comprende que es preciso mejorar los bosques ribereños para que las aguas sigan fluyendo en abundancia, en empresas pequeñas para reducir el transporte desde otros mercados gracias al consumo de petróleo y contaminando más, integrando a las personas, conocer la historia de la región, sus comidas, las personas destacadas que allí vivieron, sus poetas, sus artistas, sus cantores. Es exactamente la Casa Común. Y no ver a la Tierra como una forma de producción, que es lo que hace el capitalismo partiendo de una visión absolutamente instrumental.

 

En mis viajes percibo que está surgiendo una nueva conciencia. Y si partimos de la noción de que la Tierra es un organismo vivo, de que tiene vida en sí misma, de que tiene objetivos, irán apareciendo nuevas ideas, nuevas utopías, nuevas formas de producir y de construir casas, de utilizar los bienes y los servicios de modo que se reduzca la pobreza hasta medidas responsables y sostenibles.

 

Es preciso que estas biorregiones se abran a otras comunidades porque hay cosas que no se pueden mantener en áreas reducidas, como la electricidad e internet. De modo que todo eso nos genera esperanza. El ser humano está comenzando a tomar conciencia del riesgo que corre y de que con tecnología e inteligencia puede encontrar salidas salvadoras.

 

Cambios culturales y políticos

 

Tenemos un gran problema porque teóricamente desmantelamos el sistema capitalista. Sabemos que comete dos injusticias. Por un lado sabemos que acumula mucha riqueza en pocas manos mientras existe una enorme pobreza. Es decir una injusticia social.

 

Comete una injusticia ecológica devastando ecosistemas íntegros, creando verdaderos desiertos, especialmente a causa de la minería. El capitalismo es un buen sistema para producir riqueza, pero pésimo para generar igualdad y justicia.

 

Pero todavía somos víctimas de la cultura del capital cuya gran fuerza nos obliga a cambiar periódicamente nuestro celular o nuestras zapatillas, seguir la moda, comprar sus productos que se ofrecen en abundancia. Eso nos vuelve consumistas. Cambiar esa actitud exige educación y conciencia. Estamos bastante atrasados.

 

A partir de los últimos datos que publicó la ONU sabemos que necesitamos 24 elementos fundamentales para mantener la vida, agua, suelo, clima, fibras, metales básicos para fabricar entre otras cosas instrumentos. De estos 24 elementos, 15 están en alto grado de agotamiento. Dos de ellos pueden generar el colapso de nuestra civilización: la falta de agua y el calentamiento global.

 

La coincidencia de los dos puede producir un desastre mundial como el hambre de millones de personas que no aceptarán el veredicto de muerte. Puede convertirse en una catástrofe mundial.

 

La irracionalidad del capital

 

El sistema capitalista se está dando cuenta que no consigue reproducirse. Solo hace más de lo mismo. Eso ya lo decía Marx. Cuando al capital se agota a partir de los bienes que puede explotar, va a explotar el dinero. Hoy el capital se usa especulativamente. Hay 60 trillones dedicados a la producción produciendo autos, heladeras, zapatos, y hay 300 trillones en la Bolsa, en la especulación, en el dinero virtual que no existe pero que la gente usa para intercambiar y negociar. El gran objetivo histórico del sistema es acumular lo más posible.

 

Creo que no lograremos derrotar al capital con nuestros medios Quien derrotará al capital será la Tierra, negando los bienes productivos como el agua y los bienes de servicio, haciendo cerrar sus fábricas y terminando con sus grandes e ilusorios proyectos de crecimiento.

 

Pero también puede producir unas enormes consecuencias negativas para la humanidad. Desestabiliza gobiernos para instalar el neoliberalismo que constituye la mayor acumulación posible de capital. En los EEUU el 1% acumula el equivalente al 90% de la población. En Brasil 71.000 personas controlan la mitad de la renta nacional. Y con ese dinero manipulan al Estado, compran políticos y manejan el funcionamiento de la economía. Eso demuestra la irracionalidad del sistema.

 

De modo que no estamos en una crisis sistémica. Por eso debemos concienciar a la gente, tenemos que ser insistentes en el sentido de retomar continuamente los temas ecológicos. El papa ha escrito la Encíclica no para los cristianos sino para la humanidad. El tiempo cronológico corre en nuestra contra. O cambiamos ahora o será demasiado tarde.

 

Dos sistemas en juego

 

Lo que está en juego son dos sistemas. Un sistema que supone una sociedad más pequeña de un 20% de personas que tendrán los mejores productos. Un proyecto de sociedad cerrada, con una democracia más reducida, con baja representatividad, es decir, puro neoliberalismo.

 

Y otro proyecto existente es el de una democracia más amplia, abierta a los temas sociales y que tiende a incluir a los que históricamente han estado excluidos. Ese era el proyecto del Partido de los Trabajadores (PT) y de sus aliados, que pretendía establecer políticas sociales significativas tendentes a terminar con el hambre y procurar casa, electricidad, acceso a otros bienes, créditos accesibles, formación de cooperativas, apoyo a la agroecología, etc. Todavía no es la solución, pero abre ya un camino de esperanza.

 

Pero no es suficiente con generar consumidores, hacer que las personas accedan a los bienes. Es preciso formar ciudadanos críticos, que critiquen el sistema, que pretendan una democracia no solo representativa, sino participativa, que quieran una mejor educación, transportes mejores, espacios para el ocio y la cultura. El PT y sus aliados no atendieron suficientemente estos aspectos. Se hizo bastante, pero lo cierto es que con la crisis quienes apenas eran consumidores o que habían superado el hambre, corren el riesgo de volver a la antigua miseria. Si fueran ciudadanos críticos buscarían caminos alternativos.

 

Entonces, tenemos dos visiones del mundo contrapuestas y aquí viene la pregunta: ¿cuál de ellas incluye una esperanza de futuro? No es la primera, porque ya lleva 200 años produciendo desgracias en la mayor parte de los continentes. Una nueva democracia abierta, más humana y más amiga de la vida es la que contiene la esperanza. Está acumulando energías hasta producir un tsunami de buena voluntad y creatividad. Ahí sí comienza para mí el siglo XXI.

 

El escenario Dilma o Temer

 

La actual situación política de Brasil es extremadamente confusa. Es como un vuelo a ciegas y nadie sabe decir hacia dónde vamos.

 

Si se confirma el impeachment y Dilma tiene que renunciar, puedo imaginar adónde irá a parar este país, porque Temer es un presidente sin legitimidad, que solo es referente de sí mismo y que no puede salir a la calle sin ser abucheado.

 

Tiene una bajísima aceptación popular. Creará un problema social que desembocará en un problema político debido al montaje especialmente excluyente que ha hecho, por su ataque a los programas sociales inaugurados por los gobiernos de Dilma y de Lula.

 

Una situación que va a forzar posiblemente la realización de un plebiscito y regresaremos al primer párrafo de la Constitución que dice que el pueblo debe decidir porque es él el sujeto del poder.

 

El otro escenario es que vuelva Dilma. Existe un gran debate entre los senadores para conquistar a los indecisos.

 

Si ella vuelve, ella misma ha prometido que hará otro gobierno. Ha descubierto al pueblo brasileño y su cariño, especialmente por parte de las mujeres. De modo que hará un gobierno diferente con personalidades destacadas del país, más allá de los partidos.

 

Va a atacar el problema más urgente que es el económico y a orientar una reforma política porque con el actual parlamento es imposible hacer casi nada. Es uno de los más retrógrados y reaccionarios de la historia republicana brasileña. Si vuelve será otra Dilma con otras políticas y otras estrategias.

 

Hasta ahora no sabemos cómo será la votación del impeachment. Espero que haya un mínimo de racionalidad y que se comprendan los argumentos.

 

Hay una ley que está presente en todas las jurisdicciones desde Hamurabi hasta la actualidad y que es in dubio pro reo, esto es, ante la duda quien tiene primacía es el reo.

 

Los grandes juristas, como Dalmo Dallari, dicen que no hay delito. Pero para mí el mayor argumento procede del Ministerio Público Federal que dice:” Aquí no ha habido dolo, por lo tanto no hay delito, aconsejamos cerrar el proceso”.

 

La presión no solo es brasileña sino también internacional. Se trata finalmente de defender lo poco de democracia que tenemos. Por muy frágil que sea, aun es el lugar en que podemos convivir y discutir sobre quienes nos representarán. Dilma representa la democracia. Negar a Dilma es negar la democracia. Y negar la democracia es un golpe. Y debemos decir que efectivamente es un golpe.

 

Traducción del portugués para Rebelión de Susana Merino.

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Sábado, 25 Junio 2016 07:11

Comunidades en pie de vida

Comunidades en pie de vida

Defender la madre tierra

 

Decenas de comunidades en resistencia de 17 estados de México comenzaron una larga campaña que busca coordinar luchas, denunciar el extractivismo y ofrecer un espacio de ayuda mutua entre quienes están siendo agredidos por el capital y el Estado.

“La campaña busca un diálogo y acciones comunes que construyan tejido”, explica Gerardo Meza de la Comunidad Habitacional Acapatzingo, en Ciudad de México. “Porque la falta de información sobre lo que sucede es aprovechada por el Estado para impulsar los megaproyectos contra los pueblos. Por eso buscamos construir espacios organizativos no orgánicos para generar identidad en los barrios y tejer proceso de autonomía en la Ciudad de México.”


Gerardo se refiere a la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio que comenzó el 10 de abril y culminará el 20 de noviembre, dos fechas de hondo contenido rebelde en México. En ella participa la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente junto a 180 organizaciones de 17 estados, agrupados en nueve regiones. Un Comité por la Madre Tierra integrado por 40 músicos, actores, religiosos y profesionales apoya la campaña que en cada actividad reúne cientos y miles de personas: desde las 1 500 que acudieron al lanzamiento en la Ciudad de México el 10 de abril, pasando por los centenares que se movilizaron en apoyo a Xochicuautla, donde la comunidad resiste la construcción de una autopista en el Estado de México.


“La punta de lanza del modelo extractivo es la minería”, razona Meza, “arrasando comunidades enteras, quitándoles el territorio y destruyendo sus identidades”. La campaña pone en relación comunidades afectadas con comunidades afectadas en una relación directa, horizontal, no mediada por representantes sino de pueblo a pueblo. De los firmantes de la campaña, 97 comunidades y barrios tienen conflictos con el capital y el Estado extractivistas, a los que resisten a menudo con costos humanos muy altos.


En la capital mexicana, por ejemplo, los barrios están siendo afectados por proyectos de infraestructura urbana y de comunicación, a través de la construcción de líneas de metro, trenes interurbanos y especulación inmobiliaria, una de las facetas más destructivas y menos analizadas del modelo extractivo. Podemos hablar de un “extractivismo urbano”, que se conecta con el modelo general y en muchos casos actúa complementando el modo de acumulación, ya que las enormes ganancias en los monocultivos y en la minería suelen ser invertidos en especulación urbana, que redunda en la gentrificación de las ciudades y la expulsión de sus habitantes más pobres.


De Norte a Sur: mujeres jóvenes y valientes


La Campaña informa que la mayor parte de los conflictos se producen por la construcción de represas hidroeléctricas y otros proyectos de generación de energía (34%), seguidos de cerca por las mineras (32%). A bastante distancia aparecen los proyectos de transporte como carreteras y trenes (12%) y la urbanización (11%). La privatización del agua abarca el 15% de los conflictos, pero muchos proyectos mineros y de energía también se apropian de bienes comunes como el agua, por lo que debe ser uno de los principales motivos de las resistencias comunitarias.


En el norte, en el estado de Sonora, la Nación Comcáac resiste la destrucción de cien kilómetros del litoral Pacífico, donde los pescadores buscan salvar sus fuentes de trabajo del proyecto minero La Peineta. Gabriela Molina, de la organización Defensores del Territorio Comcáac, asegura que la mitad del territorio de su pueblo ha sido concesionado a la minera que pretende extraer hierro, cobre y plata en sitios sagrados para su nación. “La nación es un lugar de reproducción del venado y del borrego cimarrón, por lo que no queremos una actividad extractiva en nuestro territorio, que además está muy cerca del Canal del Infiernillo, donde están las plantas que usamos para nuestras artesanías, como la jojoba y el torote, y es por lo tanto un sitio de importancia material espiritual para la sobrevivencia de nuestro pueblo.”


Como sucede en todo el mundo, la minera consiguió dividir al pueblo comcáac con promesas y pequeños recursos. “Nuestro grupo está integrado por 22 mujeres que nos organizamos contra la minera y nos dedicamos a informar a los pueblos de la sierra de Sonora que desconocen lo que es la minería”, dice Gabriela. Como Nación Comcáac se apoyan en la Guardia Tradicional, autodefensa armada que nació en 1979 para la protección del territorio autónomo. La guardia es elegida por el consejo de ancianos y el gobernador tradicional y está integrada tanto por varones como por mujeres.


“Hasta que nos sumamos a la campaña nuestro pueblo era invisible”, remata Gabriela, que denuncia también el extractivismo hídrico que desvía aguas para la producción empresarial y proyectos turísticos en zonas habitadas por su pueblo.


El pueblo San José del Progreso, en el estado de Oaxaca, se opone desde 2008 a la llegada de una minera en una población campesina que cultiva maíz, frijoles y garbanzos. Según datos oficiales de la Secretaría de Economía, desde la aprobación de la Ley Minera en 1992, México entregó 31,000 concesiones sobre casi 51 millones de hectáreas a más de 300 empresas que manejan alrededor de 800 proyectos. Rosalinda Dionisio, que integra la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, sufrió un atentado cuando miembros de la organización fueron emboscados por oponerse a la minera Cuzcatlán, subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota 700 hectáreas para extraer uranio, oro y plata.


La mina se encuentra cerca del municipio San José del Progreso, uno de los tres más pobres del estado. Aunque la mayor parte de sus seis mil habitantes rechazan a la minera, el alcalde la apoya y encabeza un grupo que ataca a los miembros de la Coordinadora. En febrero y marzo de 2012 los activistas fueron atacados, en un caso por la policía municipal y en el otro por desconocidos, con un saldo de dos muertos y varios heridos, entre ellos Rosalinda. Ésa fue la reacción a las protestas de la comunidad, cuando se instalaron tuberías para llevar agua a la mina, desviándola de los cultivos de los campesinos.


Un monstruo que se llama Estado


“Con la campaña buscamos articularnos con otras comunidades, ya que nosotros debimos replegarnos ante la represión, y poder informar a otros pueblos lo que nos está sucediendo”, explica Rosalinda. “Tenemos un monstruo de Estado que nos ha golpeado muy fuerte, con desapariciones, con represión, por eso necesitamos una red en la que apoyarnos, con base en la ayuda mutua, para enfrentar al monstruo que nos quita la vida”, dice esta mujer joven y valiente, sobreviviente de la guerra contra los pueblos. Luego de varias cirugías aún no recuperó completamente su movilidad, pero muestra un espíritu combativo admirable.


La resistencia de la comunidad de Cherán no necesita presentación, porque ha sido desde 2011 ejemplo para los pueblos que resisten el modelo extractivo y a los grupos armados, estatales o paramilitares, que lo promueven y protegen. Severiana Fabián integra el Consejo Mayor de la comunidad indígena p’urhépecha de Cherán y forma parte de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. Su comunidad se levantó para expulsar a los delincuentes talamontes apoyados por caciques locales.


“Luchamos para defender un bien común como lo es la madre tierra”, explica Severiana. La clave del éxito de esta comunidad es su organización, extensa y profunda, que llega a todos los rincones, es abierta y transparente, sólida y contundente. “Estamos organizados por usos y costumbres y hemos conseguido que Cherán esté tranquilo y seguro por la fuerza de nuestra organización comunitaria”, dice una mujer que se siente orgullosa del trabajo realizado en cinco años, que considera un ejemplo para los mexicanos.


La forma de organización, de abajo arriba, empieza por las fogatas. Son cuatro barrios y en cada barrio hay entre 50 y 60 fogatas, a razón de una por cuadra. En el barrio de Severiana son 53 fogatas, lo que habla de una forma de organización a cielo abierto, en la que pueden participar las familias, desde los niños hasta los ancianos. Cada barrio elige tres personas que integran el Consejo Mayor, en el que actualmente hay tres mujeres.


Cherán tiene una población de 20 mil habitantes y en cada una de las 240 fogatas instaladas en cada esquina, hay unas cien personas. “Esta organización es la clave de todo”, exclama Severiana. Las fogatas son lugares de encuentro entre los vecinos, espacios donde se recrea comunidad, pero son también órganos de poder en los que se toman las decisiones colectivas y donde la participación de las mujeres es decisiva.


Como síntesis de estos años de lucha, Severiana asegura que en Cherán “el coraje superó al miedo”. Quizá sea el legado de esta comunidad que puede recoger, y ampliar, la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio.

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“El modelo de Correa es de hecho posneoliberal, pero aún no poscapitalista”

Noticias Aliadas

 

Nacido en Bélgica, François Houtart —sacerdote católico, destacado promotor de la Teología de la Liberación, sociólogo, profesor— conoce el Ecuador desde los años 70, pero reside en Quito desde el 2010. Actualmente, es profesor en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), institución universitaria pública de especialización de postgrado.

 

Paolo Moiola, colaborador de Noticias Aliadas, conversó en Quito con esta reconocida figura del movimiento altermundista. A continuación presentamos un extracto de este diálogo en el que Houtart analiza aquello que él define como la “crisis multidimensional” (económica, ambiental, de valores) del mundo moderno y hace un balance del gobierno del presidente Rafael Correa (quien fue su alumno en la Universidad de Lovaina) con quien dice tener una correspondencia bastante frecuente, “incluso si no estamos de acuerdo en varios aspectos”.

 

La Constitución del Ecuador, aprobada en el 2008 durante el primer mandato del presidente Rafael Correa, es realmente innovadora.

 

Tal vez contenga demasiados artículos, pero es realmente vanguardista. En ella, se han introducido los conceptos de país plurinacional y pluricultural. Y luego, única en el mundo, los derechos de la naturaleza. Ciertamente, una cosa es escribir una Constitución, y otra cosa es aplicarla. Es, en este sentido, también aquí en Ecuador, donde hay un abismo entre el texto y lo que sucede en la realidad. Como me comentaba con ironía un amigo boliviano: “En Bolivia tenemos una Constitución magnífica, pero todas las leyes son anticonstitucionales”. Esto es obviamente una exageración, pero el problema existe.

 

En el mundo es evidente tanto el fracaso destructivo del sistema económico neoliberal, como el rápido agravamiento de la cuestión ambiental. Esta crisis no se cura con más neoliberalismo.

 

Actualmente se vive en el mundo una crisis multidimensional, una crisis que es a la vez financiera, económica, alimentaria, energética, climática, una crisis de sistema, valores y civilización. Y sin embargo en Asia el neoliberalismo aparece como una oportunidad de desarrollo. Asimismo en África, en Medio Oriente y en la propia Europa, donde las medidas contra la crisis son, simplemente, más neoliberalismo.

 

No digo que se deba llegar súbitamente a un nuevo paradigma, a aquello que yo llamo “el bien común de la humanidad”. Sería utópico e ilusorio. Pero sí se podrían dar pasos en esta dirección. Hasta ahora, sin embargo, sólo ha habido adaptaciones del sistema a las nuevas demandas sociales y culturales.

 

Hasta hace poco tiempo América Latina parecía el lugar de la experimentación y de la alternativa. Entonces todo comenzó a derrumbarse. De Venezuela a la Argentina, pasando por las derrotas (aunque diversas) de Dilma Roussef en Brasil y de Evo Morales en Bolivia.

 

Pero América Latina era el único lugar donde se intentó realizar un cambio, como sucedió en Ecuador. Aquí se ha hecho algo notable: reconstruir el Estado y los ciudadanos; dar más importancia a los servicios públicos como la salud y la educación. El modelo de Correa es de hecho un modelo postneoliberal, pero aún no postcapitalista, como él mismo reconoce.

 

El problema es que la mayoría de los líderes políticos están todavía en la antigua visión del desarrollo intenso que se entiende como la explotación de la naturaleza y dentro de una modernidad vista como el rechazo de las diferentes tradiciones y culturas. No han entrado en esta nueva perspectiva donde la naturaleza y la cultura son elementos fundamentales del desarrollo humano. Necesitamos formar nuevos líderes, pero sin demasiada demora porque esta situación puede convertirse en un desastre.

 

Naturaleza como recurso por explotar versus naturaleza como fundamento de desarrollo. La Constitución del Ecuador ha hecho una elección clara dedicando cuatro artículos a los “derechos de la naturaleza”.

 

La primera dificultad está en definir lo que significa derecho de la naturaleza. Sólo en la cosmovisión indígena la naturaleza es un ser vivo que percibe sensaciones. Los árboles, los ríos, los animales son nuestros hermanos y hermanas. Esta visión es magnífica, pero no se adapta a la mentalidad de la mayoría de la gente de hoy en día. En la Conferencia Mundial por los Derechos de la Madre Tierra, en Cochabamba, Bolivia, en el 2010, hubo más de 30,000 indígenas hablando de cosmovisión, cambio climático y derechos de la Madre Tierra, de la Pachamama. Se intentó adoptar un texto, pero hubo una fuerte oposición, por ejemplo, de Vía Campesina.

 

¿Cuál es el problema? La integración de los derechos de la naturaleza en una perspectiva jurídica, porque la naturaleza, como resulta evidente, no puede defender sus prerrogativas. Son solamente los seres humanos quienes pueden reconocerlos y por tanto defenderlos. O, por el contrario, violarlos o destruirlos. Por lo tanto, el derecho de la naturaleza es —como se ha dicho— un “derecho vicario” del cual no se puede hablar sin la intermediación del hombre. Y esto nos lleva a la toma de conciencia de la responsabilidad humana ante la naturaleza.

 

Estoy trabajando en el sector agrario y veo una agricultura campesina e indígena completamente abandonada. Estoy visitando la Amazonia en varios países y me quedo impresionado por su destrucción sistemática y por las consecuencias [medioambientales y sociales] que eso conlleva. Del tema ambiental habla también la encíclica del papa Francisco, pero no sé cuántos la han leído realmente.

 

La Constitución del Ecuador dedica un espacio importante a los pueblos indígenas. ¿Cómo es su situación?

 

Hubo un renacimiento de la identidad indígena. Su cultura salió de la clandestinidad. Por ejemplo, hoy los chamanes son reconocidos. Yo he participado con ellos en ceremonias públicas, vestido de sacerdote católico. Su participación en las últimas elecciones ha sido masiva. Esto muestra claramente los méritos de Monseñor Leonidas Proaño [teólogo de la liberación ecuatoriano conocido como el Obispo de los Indígenas que falleció en 1988].

 

En esta sociedad los indígenas tienen un peso importante aunque en los últimos 30 años ha habido un cambio estructural importante con el crecimiento de la clase media, especialmente con Correa, que ha podido beneficiarse de muchos ingresos.

 

Hubo una creciente urbanización y al mismo tiempo un abandono del campo y en especial de la agricultura campesina. Una gran parte de la población indígena vive en áreas urbanas. Y ahí los jóvenes se interesan ciertamente más por sus celulares que por sus orígenes indígenas. Es un proceso de cambio cultural. Las organizaciones han perdido por lo tanto una parte de su base social y de su fuerza política.

 

El presidente Correa y su gobierno impulsan lo que han llamado Revolución Ciudadana que considera a los indígenas ciudadanos como los demás.

 

Lo que no es un proyecto socialista. Rafael Correa y Alianza País [coalición de sectores de izquierda y de derecha] hablan de un capitalismo moderno. Quieren tener a todos los ciudadanos con los mismo derechos y deberes al interior de una sociedad modernizada.

 

Sí [considera ciudadanos a los indígenas], pero ciudadanos “atrasados”, como afirma el presidente, que se deben modernizar, y que no se reconocen como pueblos. Pero está la Constitución que, en su artículo 1, habla de plurinacionalidad. Está la definición y el reconocimiento de los territorios indígenas. Los indígenas más conscientes —los agrupados en la CONAIE [Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador]— sufren mucho por esta agresión cultural y política. Por eso, después de haber apoyado a Correa, poco a poco han tomado distancia.

 

Las últimas leyes —aquellas del agua [junio 2014] y de la tierra [enero 2016], por ejemplo— excluyen a los grupos indígenas, a pesar de un vocabulario que parece favorable a ellos. Promueve una agricultura para la exportación, de monocultivos, haciendo desaparecer los pequeños productores y campesinos indígenas. De esta manera, la fractura con el gobierno se fue ampliando cada vez más. El peligro es que, por causa del conflicto con Correa, una parte del movimiento indígena pueda cerrar un acuerdo con la derecha, una derecha que nunca los defenderá, pero que quiere tan solo utilizarlos.

 

El lenguaje utilizado por Correa hacia los indígenas es a menudo vulgar. Y es una verdadera lástima porque Rafael Correa es el único líder político [en Ecuador] que habla kichwa.

 

De la bellísima (pero a menudo no aplicada) Constitución a la bellísima promesa de Correa (en marzo del 2007) de no tocar el Parque Nacional Yasuní, verdadero tesoro mundial de la biodiversidad, pero también importante reserva petrolífera. Al parecer, estamos frente a una promesa rota.

 

El Ecuador decidió hacer una propuesta a la comunidad internacional de no tocar aquel petróleo si esta ayudaba pagando, por un cierto número de años, la mitad de aquello que el país habría podido ganar con los beneficios de aquellos yacimientos. Hubo comentarios positivos, sobre todo de parte de Alemania. Luego, todo decayó con la llegada al poder de [Angela] Merkel. En ese momento, el presidente Correa dijo que la comunidad internacional no había respondido a la propuesta del Ecuador y que, por lo tanto, comenzaría a explotar el petróleo.

 

En realidad, este plan B ya existía porque había intereses económicos locales que promovían la explotación de esos yacimientos. El gobierno dijo que iría a explotar solamente un poco más del 1% del parque, utilizando tecnología de punta. De acuerdos a mis informaciones, parece que la destrucción local es bastante mayor que la que el gobierno afirma.

 

En el parque y en las inmediaciones viven por lo menos tres diferentes grupos indígenas: los Shuar, los Kichwa y sobre todo los Huaorani. Contra la decisión de iniciar la explotación petrolífera del Yasuní, se han producido protestas indígenas, pero no con una voz al unísono.

 

El gobierno ha obtenido el apoyo de la mayor parte de los sindicatos del territorio —unos 40, muchos de los cuales son indígenas—, prometiéndoles que una parte sustancial de las ganancias irían a la municipalidad.

 

Hubo una reacción muy fuerte de la juventud, especialmente urbana. Se creó el movimiento ‘Yasunidos’. Ha tenido un éxito extraordinario, logrando reunir más de 700,000 firmas contra la explotación petrolera. Sin embargo, la auditoría gubernamental redujo las firmas válidas a menos de 300,000. [De esa manera, el gobierno logró impedir la consulta popular].

 

Finalmente, ¿qué opinión le merece Correa?

 

Felizmente ha renunciado a la reelección. Tal vez por razones más familiares que políticas. Sin embargo, ya que es joven, podría darse cuatro años de reposo y después representarse nuevamente. No tengo ninguna objeción a eso, pero espero que aproveche de este período para leer, conocer gente, para viajar por el mundo y sobre todo para transformar su visión adaptándola a la realidad del mundo actual. Es un hombre sincero. A veces demasiado sincero. Y a veces también un poco prepotente, porque no acepta consejos. Pero es un hombre de valores y un gran trabajador.

 

 

 

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