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Dilma, no entregue nuestro presal a empresas extranjeras

El 21 de octubre, la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) va a subastar el mayor campo de reservas de petróleo brasileño, ubicado 180 km del litoral y a siete mil metros de profundidad.

 

Allá están depositados comprobadamente de 12 a 14 mil millones de barriles de petróleo, que equivalen a todas las reservas de México. Corresponde a todo lo que la Petrobras ya explotó en sus 60 años de existencia.

 

La importancia estratégica para el país es tan grande que, durante el debate de la segunda ronda electoral de la campaña de 2010, la candidata Dilma Rousseff dijo que el candidato José Serra quería privatizar y hacer una subasta del petróleo, y que eso era inadmisible, pues el presal(1) debería ser una riqueza para ser utilizada sólo en favor del pueblo brasileño.

 

Tres años después, en mensaje público en red de televisión, la presidenta cambia el discurso y asume lo que Serra quería hacer, subastar las reservas del pre-sal a la iniciativa privada.

 

¿Cómo será subastada tamaña riqueza?

 

La ANP abrió las inscripciones y nada menos que 11 grandes empresas petroleras del mundo se habilitaron. Siete son empresas estatales de China, India, Portugal, España y Noruega. Tres son empresas privadas transnacionales y además la Petrobras.

 

La empresa que haga la mejor oferta de reparto porcentual del petróleo explotado ganará la subasta o podría haber asociaciones.

 

Quién gane va a pagar al gobierno brasileño R$ 15 mil millones,como mínimo. Ese dinero irá al Tesoro Nacional, que probablemente va a engrosar la caja común, la misma que paga los intereses de la deuda interna a no más de 5 mil accionistas de bancos.

 

Tras la subasta, la empresa ganadora debe seguir la nueva regla de reparto, que puso en vigencia el gobierno Lula. La empresa extrae el petróleo y paga el 15% de royalties, que, a su vez, son redistribuidos entre la Unión, Estados y Municipios.

 

Del 5% que iráa la Unión, el 75% se destinará a educación y el otro 25% a salud. Los estados y municipios pueden hacer lo que quieran con los royalties e invertir en cualquier cosa.

 

Por lo tanto, no es cierta la propaganda de que la renta del petróleo va a la educación. Sólo alrededor del 15% del total, que son los royalties, pueden tener alguna finalidad social.

 

Además de los royalties, las empresas descontarán el costo real de producción de la extracción. A partir de eso, viene el reparto. La empresa está obligada a entregar el 50% del saldo, en petróleo, a la Unión, que ciertamente lo traspasará a Petrobras. El otro 50% seguramente será exportado como petróleo crudo a los países de origen de las petroleras.

 

Por lo tanto, independientemente de cualquiera argumento, en la práctica, estamos entregando el 50% de todo el petróleo del presal a las empresas extranjeras, que despacharán el oro negro a sus países, sin pagar nada más. Ni impuestos ni royalties.

 

Entrega del 50% de la producción en pago por su explotación

 

En la Ley de Reparto, aprobada durante el gobierno Lula, hay un artículo que dice que la Unión podrá entregar toda la reserva del presal para la explotación exclusiva por parte de la Petrobras, sin necesidad de subasta. ¿Por qué no hacemos eso?

 

El gobierno y los columnistas en los periódicos han sostenido que la Petrobrás está endeudada y no tiene liquidez para invertir. El BNDES tiene una política de crédito para muchas empresas privadas, inclusive transnacionales y pícarosen general, como Eike Batista. ¿Por qué no podría prestar a Petrobrás?

 

¿Por qué el Tesoro Nacional – en vez de pagar intereses a media docena de especuladores de títulos de la deuda interna -que se llevan R$ 200 mil millones por año – no destina recursos para invertir en el presal?

 

De hecho, fue así que hizo el presidente Lula en la crisis de 2008, cuando reorientó el descuento del superavit primario y destinó R$ 100 mil millones para que el BNDES invierta en el sector industrial. Medidas de ese tipo hicieron caminar a la economía brasileña e impidieron que el pueblo brasileño sufra los mayores efectos de la crisis internacional.

 

La Petrobrás es una de las mayores empresas del mundo y, ciertamente, tiene crédito para conseguir préstamos también en el exterior. ¿O alguien cree que las empresas competidoras tienen dinero en caja? Las grandes petroleras van al mercado a pedir dinero prestado.

 

Las estatales chinas pueden ser las ganadoras de la subasta. Para eso, el Tesoro chino liberará billones de dólares de las reservas para las empresas exploten y lleven el petróleo crudo a China. O sea, van a hacer lo que el Tesoro brasileño no tiene coraje.

 

El gobierno y los sectores neoliberales argumentan que esas inversiones extranjeras son necesarias para que la economía vuelva a crecer. ¿Siendo así, alguien notó alguna diferencia en el PIB brasileño tras las 11 subastas de petróleo y concesiones a las empresas transnacionales?

 

Esas empresas extranjeras que ganen las subastas usan tecnologías de sus matrices y ya traen los equipamientos. De los 67 barcos petroleros construidos en Brasil en el gobierno Lula, 63 fueron comprados por la Petrobras y cuatro por la venezolana PDVSA.

 

Ninguna empresa transnacional que ganó otras subastas construyó plataformas en Brasil. Ni contrataron ingenieros u obreros calificados para sus instalaciones.

 

Un columnista de turno afirmó recientemente que el gobierno Dilma tiene que hacer la subasta inmediatamente, pues si los tucanos(3) vuelven al gobierno harán lo propio.He aquí el argumento más insólito: hacer inmediatamente una política equivocada porque nuestros adversarios lo harían más rápido. Santa paciencia.

 

Petróleo es riqueza del pueblo

 

El pueblo brasileño necesita de esa riqueza para invertir en educación, salud y tecnología, como prometió la candidata Dilma en campaña

 

Nuestras riquezas no pueden ser exportadas como petróleo crudo para resolver los problemas de China, España y Portugal. Lo que nosotros tenemos prisa es de reformas estructurales que puedan acelerar las soluciones de los problemas del pueblo.

 

Necesitamos de inversiones en transporte público, tecnología, industria nacional, que generen empleos de calidad para el pueblo brasileño. Nada de eso vendrá de las subastas del petróleo. Si las subastas resolvieran los problemas sociales, no habría tanta insatisfacción en las calles tras once subastas.

 

La alternativa es dar exclusividad a la Petrobras, que, con préstamos del BNDES, del Tesoro o incluso del mercado internacional, podría extraer el petróleo, con su tecnología y trabajadores brasileños. Después, industrializar ese crudo para generar aún más riquezas e impuestos en Brasil.

 

Lo que está en juego es nuestra soberanía nacional sobre una riqueza estimada en un US$ 1 billón a ser extraída en 30 años. ¿El pueblo brasileño va a compartir esa riqueza con las empresas extranjeras? ¿A quién no le gustaría tener garantizado el acceso a US$ 500 mil millones a lo largo de 30 años?

 

Mientras tanto, especialistas de la universidad, técnicos de la Petrobras, dirigentes que trabajaron en el propio gobierno Lula-Dilma, sindicatos de los petroleros, centrales sindicales y movimientos sociales nos reunimos recientemente en una asamblea y decidimos hacer una campaña nacional por la cancelación de la subasta.

 

Brasil descubrió una inmensa reserva tras décadas de investigación financiada por el pueblo. Tenemos la garantía constitucional de que el petróleo pertenece a todo el pueblo. Tenemos tecnología necesaria para explotarlo.

 

Esperamos que la presidenta Dilma no entre en la historia del país, en el mismo capítulo que Fernando Henrique Cardoso, en lo referente a la entrega de nuestras riquezas. FHC entregó nuestras minas, privatizando la Vale do Rio Doce, la Embraer, los ferrocarriles y las empresas de telecomunicaciones.

 

No admitimos compartir nuestra riqueza con capitalistas extranjeros. Lucharemos por nuestras ideas y por los intereses del pueblo brasileño. Un gobierno pasa rápido, pero la historia de un pueblo es eterna. (Traducción: ALAI)

 

http://terramagazine.terra.com.br/joao-pedro-stedile/blog/2013/09/25/em-defesa-do-cancelamento-do-leilao-do-pre-sal/

 

NDLR: (1) El término «presal» se refiere a un conjunto de rocas ubicadas en las capas submarinas de gran parte de la costa brasileña, en donde se ubican importantes reservas de gas y petróleo. Se consideró apropiado denominarlo «presal» porque se encuentran debajo de una extensa capa de sal que, en determinadas áreas de la costa, alcanza un espesor de hasta 2.000 m. Al respecto ver:

http://www.petrobras.com/es/energia-y-tecnologia/fuentes-de-energia/presal/

 

(2) Tucanos: así son llamados los miembros del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyo símbolo es un tucán de colores azul y amarillo.

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Sábado, 21 Septiembre 2013 09:14

Ecuador denuncia "la mano sucia de Chevron"

Ecuador denuncia "la mano sucia de Chevron"

Con un llamado internacional a boicotear los productos de Chevron, el presidente ecuatoriano Rafael Correa lanzó la campaña "la mano sucia de Chevron", el pasado 17 de septiembre, en rechazo a los intentos de la empresa petrolera norteamericana de evadir su responsabilidad por la contaminación petrolera en la cuenca amazónica.

 

Chevron está empeñada en evitar la ejecución de la sentencia de la corte de justicia de Lago Agrio (ciudad ubicada en el Oriente ecuatoriano), que le ordena pagar cerca de 19 mil millones de dólares para limpiar la zona afectada y prestar servicios de salud y agua potable a sus habitantes. Con este propósito, según Correa, Chevron ya ha gastado más de 400 millones de dólares en una campaña contra Ecuador y ha contratado decenas de empresas de lobistas y unos 900 abogados.

 

En una visita a una piscina tóxica cerca del pozo petrolero Aguarico 4, operado décadas atrás por Texaco, Correa dio a conocer que como ésta hay unas mil piscinas que esta empresa (que se fusionó con Chevron en 2001) dejó abiertas, en cerca de tres décadas de explotación petrolera en la selva amazónica, entre 1964 y 1992. Se estima que vertió en las piscinas unos 18 mil millones de galones de agua contaminada con petróleo, que sigue filtrándose en la tierra o se derrama durante los aguaceros, además de otros 17 millones de galones de petróleo que se derramó en accidentes; estas cantidades hacen que el daño total sea mucho mayor que el derrame de Exxon Valdez en Alaska, o por el provocado por British Petroleum en el Golfo de México. "Es uno de los desastres ambientales más graves de la humanidad ", aseveró Correa.

 

La filtración de elementos tóxicos en las tierras, arroyos y ríos, en un área de unas 480 mil hectáreas, contaminó el agua que usaba la población local, devastó la vida silvestre y afectó la producción agropecuaria. Se han registrado números casos de cáncer, con más de mil muertos, graves casos de afectación de la piel, muerte de animales, entre muchos otros problemas.

 

En la época ya existían normas y tecnologías más adecuadas para proteger el ambiente, por ejemplo con el uso de piscinas selladas y técnicas de limpieza de derrames, pero Texaco no las utilizó para ahorrar entre 2 y 3 dólares por barril en los costos de producción. Durante el juicio en Lago Agrio, se inspeccionaron 54 centros de producción donde se constató niveles de contaminación muy por encima de las normas ecuatorianas e internacionales de la época. En el momento en que Texaco operó, la norma ecuatoriana para el volumen de hidrocarburos totales de petróleo en el suelo y el agua era diez veces más blanda que la norma vigente en EE.UU., pero aun así, la contaminación hallada en los 54 sitios fue en promedio 20 veces mayor que la norma ecuatoriana, llegando, en algunos sitios, a un nivel hasta 900 veces mayor.(1)

 

Correa llamó a los accionistas de Chevron a no ser cómplices indirectos de una empresa que no sólo ha demostrado irresponsabilidad absoluta, sino que ahora quiere la impunidad.

 

Acciones ante las cortes

 

A partir de 1993, un grupo de ciudadanos afectados por la contaminación presentó una demanda privada en Nueva York por la contaminación y afectación a la salud, a nombre de unos 30.000 habitantes de la zona, en su mayoría indígenas. Durante nueve años, Chevron buscó bloquear el juicio, argumentando que éste debía presentarse en Ecuador; los demandantes presumen que la empresa consideró que la corte ecuatoriana sería más fácil de manipular. Finalmente logró su propósito; el juez de Nueva York desistió de conocer el caso pero dijo que Chevron debía aceptar el veredicto de la corte ecuatoriana. Cuando en 2011 y 2012, luego de casi dos décadas de litigios, el veredicto de Lago Agrio salió desfavorable a la empresa, ésta se negó a acatarlo y emprendió nuevas acciones legales para tratar de bloquearlo, junto con la campaña de desprestigio al gobierno, a la corte, y a los demandantes y sus abogados. Entre sus principales preocupaciones está la de impedir que sus bienes puedan ser embargados en otro país para cumplir con el pago, siendo que en Ecuador ya no tiene bienes.

 

Por un lado, la empresa inició un nuevo juicio en un tribunal federal de Nueva York, alegando que la sentencia ecuatoriana se obtuvo ilegítimamente, con actos de corrupción. Por otro, acudió al tribunal de arbitraje de La Haya por una supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Ecuador y EEUU, alegando que Ecuador no debía permitir que se lleve a cabo el juicio de Lago Agrio. Lo insólito es que el tribunal se haya declarado competente para juzgar el caso, lo que implica aplicar retroactivamente el TBI que entró en vigencia en 1997, cinco años después de que Texaco-Chevron ya había abandonado el país. También llama la atención que, entre sus primeros laudos, el tribunal haya ordenado al gobierno ecuatoriano tomar las medidas necesarias para suspender u obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia de Lago Agrio, sea en Ecuador o en otros países, haciendo caso omiso de la independencia de las funciones del Estado.

 

"Es un caso emblemático que demuestra lo injusto y lo inmoral del orden internacional, donde existe la supremacía total del capital de las transnacionales sobre los pueblos, sobre las sociedades, las naciones", denunció Correa.

 

Chevron alega que los acuerdos firmados con el gobierno de Ecuador en 1995 y 1998 -en el periodo de gobiernos neoliberales- que dan por finiquitados el contrato y las obligaciones de la empresa, liberan a ésta de enfrentar cualquier otro reclamo, con lo cual tratan de traspasar al Estado ecuatoriano la responsabilidad de cualquier consecuencia derivada del juicio de Lago Agrio. No obstante, el mismo día del lanzamiento de la campaña ecuatoriana, el Tribunal de La Haya emitió un veredicto parcial en el que concluye que dichos acuerdos no impiden que terceras personas puedan presentar reclamaciones en defensa de sus derechos individuales, aunque reconoce que podría impedir reclamos "colectivos" o "difusos". No se pronunció sobre si esta caracterización se aplica al caso que fue ventilado en la corte de Lago Agrio. Las audiencias se reanudarán en enero.

 

Sin embargo, la petrolera, al día siguiente, declaró en un comunicado (2) que el "tribunal internacional de arbitraje encuentra que Chevron no es responsable ante los reclamos internacionales en Ecuador"; ante ello, el día 20, la procuraduría general del Estado ecuatoriano solicitó al tribunal medidas provisionales para impedir que la empresa prosiga con su campaña de desprestigio contra el país y distorsionando la realidad del laudo arbitral.

 

Más allá de esta coyuntura inmediata, Ecuador está planteando la necesidad de una reforma del sistema de tribunales de arbitraje de los tratados de inversión y ha propuesto la creación de un tribunal suramericano en el marco de UNASUR que operaría bajo reglas más justas. Se espera la decisión de UNASUR para fines de este año.

 

En el caso de que Chevron logre bloquear definitivamente la aplicación de la sentencia de Lago Agrio, o alcance una resolución para que sea el Estado ecuatoriano el que deba pagar los daños, esto sería catastrófico para la economía del país. "Chevron quiere quebrar al país", reclamó Correa. El presupuesto anual del Estado ecuatoriano es de unos 26 mil millones de dólares, mientras que Chevron, en 2012, obtuvo ingresos por 230 mil millones de dólares (3), o sea, casi nueve veces el presupuesto del país suramericano.

 

- Sally Burch es periodista de ALAI.

(1) Summary of Overwhelming Evidence Against Chevron in Ecuador Trial, Amazon Defense Coalition, http://chevrontoxico.com/assets/docs/2012-01-evidence-summary.pdf

(2) http://www.chevron.com/chevron/pressreleases/article/09182013_internationalarbitrationtribunalfindschevronnotliableforenvironmentalclaimsinecuador.news

(3) http://www.chevron.com/annualreport/2012/documents/pdf/Chevron2012AnnualReport.pdf

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Entre 1958 y 1970, los precios internacionales del petróleo fueron reducidos de forma sistemática, de 14,6 dólares a 9,4, a precios constantes de 2006, llegando a acumular doce años de caídas consecutivas. Para que se tenga una idea del descenso, en 1970 los precios internacionales del barril alcanzaron niveles equivalentes a los de 1931.

 

Sin embargo, en 1973 el escenario de la política mundial de hidrocarburos fue modificado por la Organización de los Países Árabes Exportadores de Petróleo (Opaep), que por primera vez amenazó de forma efectiva el poder de las compañías privadas. A partir de octubre de aquel año, los países integrantes de la Organización realizaron un embargo que resultó en cortes de producción y consecutivos aumentos de los precios internacionales del crudo. La acción tuvo como justificativa una respuesta a las injerencias del gobierno israelí con relación a Egipto y Siria, que resultaron en la guerra del Yom Kippur. La medida de la Opaep representó la búsqueda por precios más justos y la obtención de mayores beneficios sobre su patrimonio estratégico, controlado por el cartel de las Siete Hermanas.

 

El denominado "primer boom petrolero" elevó el precio promedio del barril de 14,99 dólares en 1973 a 47,54 en 1974 (un aumento de 217,2%). En 1974, como consecuencia de eso, los países centrales crearon la Agencia Internacional de Energía (AIE) e intensificaron su estrategia de desarrollo basada en la posibilidad de importación de petróleo barato. Igualmente se impulsaron la creación de nuevas fuentes de energía, como la nuclear. En total, entre 1974 y 1978 el precio había disminuido un 8,5%, de 47,5 a 43,5 dólares.

 

Al inicio de 1979, estalló la llamada Revolución Iraní. El movimiento liderado por el Ayatollah Khomeine desplazó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, títere de EE.UU. Los desajustes generados en el mercado petrolero indujeron a elevaciones de los precios de un 102,6%. El barril pasó de US $ 43,5 a US$ 88,1 (en valores constantes de 2006). Con la posibilidad de imprimir dólares sin ninguna vinculación con sus reservas de oro, desde el fin de Bretton Woods en 1971, la moneda estadunidense se puso más barata con relación a las demás y las tasas de interés americanas cayeron.

 

Por el lado económico, abundó el dólar barato, tasas de interés bajas y un chorro de petrodólares árabes por el mundo. Por el lado político, estaban las dictaduras latinoamericanas. Así, se tomaron "ayudas" externas como supuesto remedio obligatorio frente a la caída del poder de compra de las exportaciones, el aumento de los precios del petróleo y el déficit en la balanza de pagos. Los préstamos pudieran ser comprensibles. Sin embargo, una proporción bastante elevada de esos ingresos externos, que generaron las deudas latinoamericanas, fue destinada a la salida de divisas o al aumento de las importaciones de bienes de lujo para las clases altas. Además, los préstamos internacionales fueron adquiridos de forma descontrolada, a tasas de interés variables.

 

Los economistas Griffith-Jones y Sunkel recuerdan que, a partir de 1979, el saqueo estadounidense se dio por medio de tres mecanismos: 1) la elevación de las tasas de interés (el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Ronald Reagan, decidió, de manera unilateral, eleva sus tasas de interés para niveles superiores a los 20% anuales) generó el aumento de las remesas de capitales de los países latinoamericanos hacia el exterior. Si en 1977, América Latina pagó US $ 6,9 mil millones en intereses de la deuda externa, ese monto saltó hasta US $ 39 mil millones en 1982; 2) la fuerte reducción del flujo de préstamos externos hacia los países periféricos y la fuga de capitales hacia Estados Unidos. Se restringieron los créditos bancarios concedidos a los países subdesarrollados, en función del acelerado crecimiento del déficit que se acumulaba en sus cuentas externas; 3) la sobrevaluación del dólar, cercana a un 35%, y la relativa devaluación de las monedas de los países latinoamericanos. Se elevaron todavía más los costos de los pagos de intereses y amortizaciones de la deuda externa. Es decir, América Latina perdió en las dos puntas: además del alza de los intereses, el propio dólar tuvo su valor elevado.

 

El endeudamiento externo contraído durante los años 1970 por los países latinoamericanos generó un problema grave y de larga duración en el tiempo, que ha condicionado negativamente el desarrollo de la región durante las últimas tres décadas. De allí vienen las dos décadas perdidas (1980 y 1990) y de allí viene la gran dificultad encontrada por los gobiernos "progresistas" de los 2000. Entendemos que no hay cómo juzgar o intentar interpretar a las administraciones de Lula, Kirchner, Tabaré, Mujica, Evo, Correa y Lugo sin considerar esa herencia maldita.

 

* Profesor de la carrera de Economía, Integración y Desarrollo de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Unila), Foz do Iguazú, Brasil. Publicado originalmente en el boletín La Espada: www.unila.edu.br/la-espada

Publicado enEdición 192
Extrahección: violación de derechos en la apropiación de la naturaleza

Extrahección es un nuevo término para describir la apropiación de recursos naturales desde la imposición del poder y violando los derechos de humanos y la Naturaleza. La palabra es nueva, pero el concepto es muy conocido. Describe situaciones que, poco a poco se están volviendo más comunes, como emprendimientos mineros o petroleros impuestos en un contexto de violencia, desoyendo las voces ciudadanas, desplazando comunidades campesinas o indígenas, o contaminando el ambiente.

 

Extrahección es un vocablo que proviene del latín “extrahere”, que significa tomar algo quitándolo o arrastrándolo hacia uno. Es por lo tanto, un término adecuado para describir las situaciones donde se arrancan los recursos naturales, sea de la comunidades locales o la Naturaleza. En esas circunstancias se violan distintos derechos, y ese precisamente ese aspecto que se pone en evidencia con este nuevo término. Los derechos violentados cubren un amplio abanico, entre los cuales se pueden indicar algunos para tomar conciencia de la gravedad de estas situaciones.

 

Impactos ambientales, como la destrucción de ecosistemas silvestres, la contaminación de aguas, suelos o el aire o la pérdida del acceso al agua, son todas violaciones de los llamados derechos de tercera generación. Estos están enfocados en la calidad de vida o un ambiente sano. En países donde además se reconocen los derechos de la Naturaleza (como en Ecuador), hay emprendimientos extractivos que son claramente incompatibles con el mandato ecológico constitucional.

 

Los derechos de las personas están afectados de muy diversas maneras. Repetidamente se incumplen las consultas previas, libres e informadas a las comunidades locales, o se fuerzan sus resultados, como ha sido denunciado en varios proyectos en los países andinos. También existen violaciones cuando se impone el desplazamiento de comunidades, como sigue ocurriendo con las explotaciones mineras de la región de Carajás en Brasil. En los sitios donde hay emprendimientos funcionando, se escuchan denuncias de violaciones a los derechos de los trabajadores, sea en su sindicalización, como en seguridad o condiciones sanitarias (como ha sido reportado por los trabajadores del carbón en Colombia).

 

No pueden pasarse por alto las prácticas de corrupción, como los esquemas de sobornos, sea para aceptar prácticas de alto impacto social o ambiental, o incluso para obtener los permisos de funcionamiento de un proyecto.

 

La extrahección también describe las circunstancias de emprendimientos que se imponen silenciando de distinta manera las voces ciudadanas. En los últimos años se está volviendo común judicializar las protestas, iniciando acciones legales contra sus líderes, quienes quedan sumergidos en procesos que duran años, se embargan sus bienes, se les restringen los viajes, etc. Un paso más es criminalizar las acciones ciudadanas, colocándolas bajo la sombra de cargos de vandalismo, sabotaje o terrorismo. Recientemente, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), ha recopilado casos de criminalización en varios países latinoamericanos.

 

Finalmente, en la extrahección también se llega a la violencia directa bajo distintos formatos. Esta puede estar en manos de individuos o a cargo de grupos, los que a su vez pueden ser cuerpos de seguridad o paramilitares, o estar en manos de las propias fuerzas estatales (policiales o militares). Una reciente revisión internacional encontró que las tres más grandes corporaciones mineras (Rio Tinto, Vale y BHP Billition), han estado involucradas con casos de violencia, varios de los cuales tuvieron lugar en América Latina.

 

Todo esto se expresa en represiones violentas de movilizaciones, raptos e incluso en el asesinato. Una vez más se encuentran muchos ejemplos recientes, desde las represiones a las movilizaciones ciudadanas en distintas localidades de Argentina o a la marcha a favor del TIPNIS en Bolivia, al saldo de al menos cinco muertos y mas de 40 heridos en el conflicto minero de Conga en Perú.

 

Está claro que estos y otros casos representan acciones ilegales que ocurren en países que cuentan con coberturas legales para los derechos humanos. Pero no pueden pasar desapercibidas las situaciones de “alegalidad”, donde se mantienen las formalidades legales, pero las consecuencias de las acciones son claramente ilegales. En este caso encontramos a corporaciones que aprovechan, por ejemplo, los vacíos normativos para lanzar contaminantes al ambiente, o que desentienden de las empresas que subcontratan para llevar adelante las acciones de mayor impacto en las comunidades locales.

 

Cuando el Estado no asegura su propio marco normativo en derechos, las comunidades locales han debido apelar a instancias internacionales, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta manera se han visibilizado muchos casos que antes quedaban sepultados ante las indiferencias estatales, como sucedió en Guatemala, solicitando el cierre de la mina Marlin para garantizar la salud de las comunidades locales.

 

¿Es necesaria la nueva palabra extrahección para describir estas situaciones? Por cierto que lo es. Es que estas violaciones a los derechos humanos y de la Naturaleza no son meras consecuencias inesperadas, o producto de acciones aisladas llevadas adelante por individuos descarriados. Esta es la justificación empleada varias veces por sectores gubernamentales o corporativos, con la finalidad de separar sus actividades de esas violaciones. Esa postura es inaceptable.

 

En realidad, la violación de derechos se ha vuelto un componente inseparable e inevitable de un cierto tipo de extracción de recursos naturales. Esto ocurre cuando esas actividades comprometen enormes superficies, realizan procedimientos intensivos (por ejemplo utilizando contaminantes) o los riesgos en juego son de enorme gravedad, y por lo tanto, nunca serían aceptables bajo los marcos legales o para las comunidades locales. Entonces, la única forma en que pueden llevarse adelante es por medio de la imposición y la violación de los derechos fundamentales. La violación de los derechos no es una consecuencia, sino que es una condición de necesidad para llevar adelante este tipo de apropiación de recursos naturales. Son facetas de un mimo tipo de desarrollo, íntimamente vinculados entre sí.

 

Es esta particular dinámica la que explica el concepto de extrahección. No basta con decir, por ejemplo, que una de las consecuencias del extractivismo más intensivo es la violación de algunos derechos. Debe dejarse en claro que existe una íntima relación, donde esas estrategias de apropiación de recursos naturales sólo son posibles quebrando los derechos de las personas y la Naturaleza.

 

Eduardo Gudynas

Publicado enInternacional
La integración sudamericana y los conflictos socio-ambientales
Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).

No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.

Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.

La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.

El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.

El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad.

La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).

La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.

Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.

Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.

La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de "promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera 524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.

El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.

Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.

El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.

Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.


- Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO
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Falso dilema: ambientalismo versus extractivismo
En el debate actual en Bolivia y en América Latina se ha posicionado intencionadamente el dilema entre ambientalismo versus extractivismo, orientado especialmente a valorar y criticar los procesos políticos y económicos de algunos países, en particular los casos de Perú, Bolivia y Ecuador, dejando de lado otras contradicciones que son fundamentales en relación a las condiciones históricas y sociales de nuestros países y a los desafíos para enfrentar los graves problemas de atraso, dependencia y pobreza.

Estos problemas no son solamente del presente, sino que provienen de causas que se han establecido estructuralmente tanto por la opresión colonial e imperialista más que centenaria, como por las relaciones internas marcadas por grandes desigualdades sociales y económicas. Los pueblos y países oprimidos, como los de nuestra región, han sido y son víctimas del capitalismo internacional que ha impuesto una división internacional del trabajo en la que las potencias consiguen grandes riquezas y recursos a costa de la pobreza, expoliación y marginalidad de millones de seres humanos, en el contexto de la relación centro-periferia del sistema mundo.

Por eso, en el fondo de la confrontación entre la defensa medioambiental y la economía de explotación primaria de recursos naturales se encuentra la misma pista: es decir ambos polos son parte de la estrategia imperialista de controlar los medios de vida más importantes del planeta.

La defensa medioambiental, en los términos del interés de las potencias industriales, significa impedir el uso interno endógeno de esos recursos para impulsar procesos de desarrollo e industrialización independiente en las semicolonias y países del Tercer Mundo e inclusive impulsar la creación de “reservas naturales de la humanidad”, como es el caso de la región amazónica, rechazadas por Brasil y otros países de la región. Por otra parte, la postura de economía extractivista de materias primarias en el viejo modelo primario-exportador es también parte de las políticas transnacionales para mantener su hegemonía y control sobre los recursos estratégicos frente a intentos de desarrollar políticas independientes y de potenciamiento interno hacia la integración regional.

La alianza entre las transnacionales con las oligarquías y burguesías dependientes ha generado un patrón de dominación política que, en algunos casos, está siendo cuestionado por las fuerzas populares emergentes bajo una bandera del nacionalismo defensivo con proyecciones de fortalecer la economía estatal y social que permite una mejor redistribución de las riquezas y los excedentes.

El mayor temor de las transnacionales y de las potencias capitalistas es que en nuestros países se consigan mayores márgenes de independencia economía, soberanía política y participación de las masas, junto al avance de procesos de integración y complementación regional que conviertan nuestra región en un espacio geográfico, geopolítico y económico con poder propio y autosuficiencia ante los desafíos que se presentan en el mapa internacional.

El uso interno de los recursos naturales en procesos de industrialización avanzada, la incorporación de valor agregado, el incremento de posibilidades de trabajo, la complementación económica y comercial entre los países vecinos y la capacidad de enfrentar la crisis capitalista europea y norteamericana pasan por emprender a profundidad los procesos integracionistas que se perfilan. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que impulsan la integración política, militar, energética, bancario-financiera, comercial, cultural y social son expresiones valiosas en la perspectiva de conseguir la unidad de la Patria Grande.

Las mayores expectativas desde inicios del siglo se produjeron en los casos de Venezuela con Chávez, Bolivia con Morales, Ecuador con Correa y Brasil con Lula, sin embargo los pasos se fueron desviando peligrosamente en distintos caminos. Las iniciativas de Chávez no tuvieron la repercusión y el acompañamiento de los otros líderes y tampoco sus funcionarios fueron eficientes en la perspectiva trazada; Brasil emprendió una estrategia aislacionista o, en su caso, avanzó en relaciones de dominación política y económica hacia los otros países de la región y Correa y Morales tuvieron que negociar y aceptar imposiciones en distintos campos.

En el caso boliviano el problema es mayor porque el gobierno Evo Morales no solamente cedió ante las transnacionales petroleras, mineras y financieras, sino que ha impulsado la aprobación de una Constitución y políticas que tienden a impulsar la división geográfica, la fragmentación nacional y la aparición de innumerables conflictos entre comunidades, regiones, departamentos, sindicatos, cooperativas y otras organizaciones sobre la base del reconocimiento de inexistentes 36 naciones y de un estado plurinacional que genera expectativas de autodeterminación y derechos por encima de la unidad del país.

De esta manera, con la división interna, se hace imposible pensar en aportar efectivamente en procesos de unidad e integración regional, sudamericana y latinoamericana y, por el contrario, se abren opciones de maniobra para quienes, desde el extractivismo o desde el medioambientalismo, pretender hacer abortar definitivamente los procesos de avance social y económico que se consiguieron en la última década.

El contexto mundial en esta hora clave de la historia de los pueblos, por la crisis del capitalismo central y la ausencia de alternativas dentro del mismo, abre posibilidades para una propuesta democrática más intensa y comprometida con el desarrollo integral de los sectores y clases populares, hacia la integración basada en la liberación nacional y la construcción de un socialismo nacional latinoamericano.

Eduardo Paz Rada, sociólogo, académico de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia


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Gregorio Santos: “La unidad de los pueblos por la vida y por el agua”
Cajamarca se ha convertido, en los últimos meses, en el centro del conflicto por la defensa de la soberanía de los recursos naturales y el medio ambiente en el Perú y, ciertamente, por la dimensión de los intereses que están en disputa, se ha convertido también en el centro del conflicto a nivel continental. El proyecto minero Conga, que ha sido declarado inviable por el gobierno regional de Cajamarca, amenaza con acabar con las reservas de agua dulce de la región y, según lo indican los estudios de impacto ambiental realizados por el propio Ministerio del Ambiente del gobierno peruano, produciría daños irreversibles al ecosistema de la región y contaminaría gravemente la cuenca hidrográfica del río Marañón, que como se sabe, es el principal afluente de la cuenca superior del Río Amazonas.
 
Por lo tanto, lejos de un impacto ambiental puntual, se trata de una grave amenaza a la cuenca amazónica y, por consiguiente, al ecosistema de la principal floresta húmeda del planeta.
 
Por otro lado, los intereses económicos de Conga no son menores, pues se trata de un proyecto en manos de la segunda mayor empresa de extracción de oro del mundo, en un país que ocupa el primer lugar en producción de oro en América Latina y el sexto a nivel mundial.

Hace ya algún tiempo venimos estudiando las diferentes dimensiones de la disputa entre proyectos hegemónicos y contra-hegemónicos en la coyuntura mundial contemporánea y la complejidad que esto significa para la geopolítica latinoamericana. Nuestras investigaciones muestran que la disputa por los recursos naturales estratégicos ha adquirido una centralidad cada vez mayor en la dinámica de acumulación del capitalismo contemporáneo, creando prácticas cada vez más violentas de expropiación y de expulsión de las poblaciones locales, generalmente indígenas y campesinas, de los territorios productores de estos recursos. Estos conflictos se apoyan cada vez más en una política de militarización de los territorios y criminalización de los movimientos sociales en la región.
 
Para comprender mejor esta dinámica venimos realizando estudios empíricos que comprueben este enfoque. A continuación reproducimos la entrevista que realizamos recientemente al Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que al colocarse en la conducción de la lucha por los intereses del pueblo de Cajamarca, se ha convertido en uno de los liderazgos políticos más expresivos por la defensa de la soberanía, la defensa del medio ambiente y la articulación de las luchas locales, regionales y continentales.
 
Formado a partir de su experiencia como dirigente de las Rondas Campesinas de Cajamarca, creadas en los años 80 para defender los intereses comunitarios de las poblaciones campesinas e indígenas de esta región, Santos demuestra, una visión estratégica de la disputa por los recursos naturales y un análisis serio y bien informado de la dinámica de la actividad minera en el Perú. Su visión de gobierno apuesta a un nuevo enfoque de desarrollo, rompiendo radicalmente con el tradicional modelo exportador de materias primas de bajo valor agregado y proponiendo una gestión económica soberana de los recursos naturales. Esta postura contrasta radicalmente con los calificativos de intransigente, violentista, y hasta la comparación con el dictador de Camboya, Pol Pol Pot, a que han sido imputadas a Gregorio Santos durante las últimas semanas.
 
Mónica Bruckmann: ¿Cuáles son los intereses más concretos que están en juego en relación al proyecto minero Conga?
Gregorio Santos: Históricamente Cajamarca siempre marcó un hito en la vida latinoamericana. Lo marcó en 1532 cuando los europeos arribaron al Perú y empezó la gran desestructuración del Tahuantinsuyo. Posteriormente, con la captura de Atahualpa por los españoles y el recojo del oro y la plata que habían pedido como rescate, para luego terminar ahorcando al propio Atahualpa.
 
Luego, marcó el “reflotamiento” de la economía nacional con la intensificación de la minería en el Perú, después del golpe de Estado de Fujimori, cuando en 1993 la minera Yanacocha inicia sus operaciones, y con ella se da inicio al Proyecto Minero más grande de Sudamérica, con participación accionaria de la empresa estadounidense Newmont, del Banco Mundial y de la familia Benavides de la Quintana.
 
Otro momento especial se vivió cuando los intereses de Yanacocha se expandían hacia Cajamarca ciudad y el pueblo reaccionó y frenó la explotación de Quilish, que en ese momento significaba la explotación de 6 millones de onzas de oro.
 
Yanacocha ha continuado sus operaciones y mientras eso ocurre, ha hecho que las seis mineras más grandes del mundo se ubiquen en Cajamarca. Estamos hablando de Newmont, de Rio Tinto, de La Granja, que según se dice tendría una producción de 4 mil millones de toneladas de roca mineralizada de cobre, y hablamos también del Proyecto Galeno, de inversión china, del proyecto Michiquillay, de la empresa Anglo American. El gran interés es aprovechar la coyuntura de los precios elevados de los minerales y ganar tiempo para promover grandes cambios en la estructura legal y constitucional del país, que es lo que están exigiendo las transnacionales. Al movimiento social peruano se le estaría acortando el tiempo en la lucha por la defensa de la soberanía de los recursos naturales.
 
No olvidemos que Ollanta Humala gana las elecciones presidenciales porque propone un cambio constitucional: acabar con los privilegios tributarios y revisar los contratos con las grandes transnacionales y muchas de ellas, que tienen privilegios tributarios como la empresa Newmont, son las que en este momento resisten y neutralizan las luchas populares. Estas transnacionales, al parecer, dominan la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) este gremio peruano que ha cerrado filas y ha puesto como tema emblemático el caso del proyecto Conga.
 
Entonces, son intereses económico de la Newmont, intereses políticos y jurídicos que buscan no ceder en el actual marco regulatorio peruano, porque si se cede en CONGA tendría que realizarse cambios constitucionales y tendría que producirse modificaciones en toda la base legal y tributaria del país. A nuestro modo de ver, hay grandes intereses de las empresas transnacionales en mantener el control de los recursos naturales en el Perú.
 
MB: ¿Qué beneficios tendría Yanacocha a través del proyecto minero Conga?
GS: Bueno para el Proyecto Conga ya no habría convenio de estabilidad tributaria. Pero el gran beneficiado de Conga es que toda la maquinaria que tendría Yanacocha operando se trasladaría directamente a Conga, a través de un camino que lo une por un cordón umbilical de pocos kilómetros.
 
Yanacocha tiene la enorme ventaja de que su proyecto minero es barato y muy rentable, porque toda la infraestructura de los casi 20 años de explotación minera en Cajamarca pasaría inmediatamente a tener nuevo valor con el proyecto Conga. El problema es que Yanacocha, con los privilegios tributarios que tiene, ha encontrado el agua gratis, ha encontrado los recursos naturales gratis y esto le significa enormes ventajas en relación a otros lugares del mundo donde tienen operaciones.
 
MB: Según la evaluación del gobierno regional de Cajamarca ¿Cual sería el impacto ambiental el proyecto Conga si se aprueba en las condiciones que se plantea actualmente?
GS: Es un proyecto altamente depredador. Choca profundamente con el momento que vivimos en el mundo, con el discurso del presidente Ollanta Humala en las plazas de Cajamarca, Bambamarca y Celendín, cuando él nos dijo: “¿qué cosan quieren ustedes, el oro o el agua?” y el pueblo dijo: “el agua”. Y nos dijo: “¿quieren vender la laguna?”, la gente dijo “no”. Entonces, respondió, “yo me comprometo a defender los recursos hídricos de Cajamarca”.
 
El impacto más grande del proyecto Conga es la desaparición de todos los humedales de todas las cabeceras de cuenca, de las principales cuencas de tres provincias de Cajamarca: Celendín, Cutervo y Bambamarca. El informe de impacto ambiental del MINAM (Ministerio del Ambiente) dice que la operación en Conga produciría daños irreversibles y que el estudio de impacto ambiental del proyecto adolece de un enfoque de cuenca.
 
Otro de los grandes impactos es el desequilibrio del paisaje, porque se trata de desparecer más de 100 mil hectáreas que terminarían sumándose al enorme desierto andino que ya se ha ampliado dramáticamente en los últimos 20 años. Yanacocha todavía no ha podido demostrar que su cierre de minas conduce, como ellos señalan, a recuperar y a dejar el territorio tal como lo encontraron…
 
Esto sin contar todo el resto de consecuencias, que tiene que ver con el impacto social, por ejemplo. El estudio del impacto ambiental no tiene como información de base la salud de la gente antes de iniciar la operación del proyecto minero. El otro tema grave es la subvaloración de los recursos naturales. El mismo MINAM señala que se han subvalorado los recursos, tanto el agua como el propio uso del suelo para afirmar carreteras. Estos son problemas que ya ha vivido Cajamarca con la influencia de Yanacocha. La gente no sabe si la enfermedad que tiene es por el impacto de la minería o es que siempre tuvo ese tipo de enfermedades, cada vez más desconocidas.
 
MB: El gran argumento que está siendo colocado por la gran prensa en el Perú a favor del Proyecto Conga es el volumen de la inversión que éste traería al país. ¿De que estamos hablando realmente?
GS: Las grandes transnacionales, los grupos de poder económico del mundo y las grandes potencias como Estados Unidos hicieron cambiar de opinión al Presidente de la Republica Ollanta Humala. Cuando él regresó de APEC y el conflicto social en Cajamarca había estallado, ante la palabra de Cajamarca de “Conga no va”, él dijo “Conga si va”. En este momento dijo que la inversión que había para ese proyecto era muy útil y necesaria para el país, y cometió graves errores al señalar que con eso financiaría programes sociales como “beca 18” y “pensión 65”. En el Perú los programas sociales no son más que el vergonzoso asistencialismo que el neoliberalismo ha venido sosteniendo ha venido aplicando.
 
Se habla de 4,800 millones de dólares de inversión. Es decir, 4,800 millones de dólares que sería lo que recibiría el Estado peruano en inversiones, y que a lo largo de los próximos 20 años podría haber alrededor de 15 mil millones de dólares en ingresos para el Perú. Sin embargo cuando se analiza la cifra de los 4,800 millones de dólares, vemos que éstos se gastarían en la instalación de la empresa minera. Aproximadamente 1,800 millones de dólares estarían destinados a la infraestructura de la empresa, a un molino que sería el transportador de piedra y el resto lo tendría la Odebrecht, que sería la empresa que instalaría todos los campamentos y realizaría el movimiento de suelos.
 
De tal manera que la inversión se usaría en comprar todo ese tipo de infraestructura, no se sentiría, como no se sintió todos estos años, en el desarrollo de Cajamarca. Porque el Perú, como economía primario-exportadora no tiene la fuerza, no tiene la capacidad para fortalecer si gestión de los recursos naturales. Es decir, van a entregar todo eso a las empresas.
 
Para nosotros, esos 4,800 millones de dólares serían importantes si los cambiáramos por inversión en energía limpia. Por ejemplo, en el río Marañón, se podrían construir 20 hidroeléctricas. Pero solo se construyeron dos. Para fines de remplazar este tipo de inversión, se necesitaría más o menos 4,900 millones de dólares para los proyectos hidroeléctricos de Cumba 4 y Chadin 2. Estas son dos grandes centrales que podrían, inclusive, remplazar toda energía térmica que tenemos en el Perú.
 
La necesidad de esta inversión no se quiere ver, se quiere destruir el ecosistema. Lo que se ve claramente es que con esas centrales hidroeléctricas podríamos empezar a generar una nueva matriz energética, la matriz de la hidro-energética y también dar paso al cambio del modelo económico, de primario-exportador y a un modelo con valor agregado, de industrialización. De tal manera que el dinero que se va a invertir, es una propuesta de marketing de las transnacionales. Ni si quiera el gobierno de Ollanta Humala usaría esos recursos, por que todavía el estudio de impacto ambiental está incompleto. Solo en el Perú se pueden aprobar estudios incompletos, por que el estudio de impacto ambiental dice que Yanacocha tendría que presentar un estudio hidrogeológico en 2013 para determinar el impacto de sus operaciones...
 
MB: ¿Después de que el proyecto estuviera en marcha?
GS: Después de que estuviera en marcha. En ningún lugar del mundo se ha visto que los estudios de impacto ambiental autorizan el inicio de la obra y la información que les falta se completa años después. Porque el más grande problema que tiene el proyecto Conga es el enorme impacto al agua subterránea. El Perú no tiene información sobre esto en las zonas de cuenca, aun cuando más del 60% de las concesiones mineras dadas en el Perú, se ubican en cabeceras de cuenca.
 
La gran contradicción es que si declaramos de necesidad publica el uso de agua y si declaramos intangibles las cabeceras de cuencas, el 60% de concesiones mineras en el Perú serían irrealizables, no se podrían ejecutar. Por eso es que aquí se abandona la legislación por el agua, no se la declara recurso estratégico para la nación y se da a las empresas mineras todas las facilidades para avanzar en sus proyectos…
 
Se habla sólo de inversiones, pero nunca se ha hablado hasta ahora del altísimo costo humano y ambiental. Por ejemplo, de los 6 mil pasivos ambientales nadie habla. Nadie dice cuánto le costaría a Cajamarca mitigar los pasivos ambientales que dejará Yanacocha en los próximos años.
 
MB: Pero Cajamarca ya tiene casi 20 años de minería intensiva ¿Cuál es el balance de todo este tiempo de explotación minera?
GS: Cajamarca, con Yanacocha, tiene 18 años de extracción de minerales a tajo abierto, con enormes lagunas de oxidación. El impacto más grande es el cambio radical del clima y el agua, fundamentalmente. Porque Yanacocha ha tenido que construir dos plantas de tratamiento de agua, que abastecen de agua a Cajamarca, donde los ríos que antes nacían de fuentes naturales ahora nacen de 4 tubos. La empresa prestadora de servicio de agua potable esta quebrada, por que tiene que convertir el agua de tipo 3 en agua para el consumo humano, con lo cual se tiene que gastar millones de soles. ¿Y por qué? Porque la legislación peruana es tan permisible, que ha tolerado que estas empresas hagan lo que les da la gana.
 
El otro gran problema que tenemos con la empresa Newmont es que nosotros en Cajamarca somos el campamento de Yanacocha. Somos, en este momento, el campamento de seis mineras, de las cuales cuatro ya están operando plenamente, y dos de ellas están proceso de iniciar sus operaciones. Estas empresas nunca han construido un campamento, no han construido sus carreteras ni sus áreas de instalación. Esto ha hecho colapsar el sistema de salud pública, ha hecho colapsar la educación pública y ha hecho colapsar el crecimiento y expansión urbana de la cuidad.
 
El enorme impacto ambiental, el impacto social y el impacto poblacional, no están medidos, no están cuantificados ni valorizados. La gente está enferma y ha crecido la violencia social en una ciudad que hace 20 años no estaba preparada para la actividad minera en las condiciones en que ésta se dio. Los foráneos han terminado imponiendo su cultura de consumismo extremo, frente a lo que fue la economía agraria, campesina, comunal y solidaria.
 
Las consecuencias de la actividad minera en Cajamarca son enormes. Ojalá que algún día se estudien estos temas y, seguramente, terminaremos demostrando que las enfermedades del siglo XXI son las enfermedades causadas por la enorme evaporación de las grandes reservas de agua, o de las grandes pozas que quedarán con agua cianurada y que terminarán evaporándose y generando lluvias ácidas en todo ese espacio territorial donde se ubica Yanacocha. No tenemos hasta ahora un fondo de compensación ambiental, Cajamarca no tiene saneamiento básico culminado, la propia ciudad tiene problemas de agua y desagüe, de saneamiento y plantas de tratamiento de agua. Estos problemas recién han comenzado a explosionar y seguramente esto contribuye al enorme conflicto que CONGA también ha originado, porque Cajamarca no está dispuesta a permitir la expansión minera de un proyecto como Conga, en manos de la misma empresa que ha tratado tan mal a toda la población.
 
MB: La empresa estadounidense Newmont tiene participación de 51% de la acciones de Yanacocha. Para Estados Unidos, garantizar el abastecimiento de recursos naturales estratégicos para lo que ellos llaman el “bienestar de la nación” es una cuestión de seguridad nacional. Así lo establecen en su Estrategia de Defensa de 2006 y de 2010, y en su Plan de Desarrollo Científico para el período 2007-2017, elaborado por el Servicio Geológico del Ministerio del Interior, al igual que todos los documentos oficiales que orientan su política externa. Al declararse un problema de “seguridad nacional” el acceso a recursos naturales estratégicos, que además están, fundamentalmente, fuera de su territorio continental y de ultramar, Estados Unidos pone en tensión su fuerza y estrategia militar para garantizar el dominio de estos recursos en el mundo. ¿Se puede percibir presencia militar de Estados Unidos en la región de Cajamarca?
GS: Mira, la región Cajamarca ha tenido bastante presencia de norteamericanos. Estuvieron en el 2005, cuando estalló el conflicto en Majas, en la frontera peruano- ecuatoriana, lanzando una ofensiva por toda la cuenca del Marañón, la cuenca del Chinchipe, entre Perú y Ecuador y en la frontera entre Perú y Colombia, bajo el pretexto de buscar nuevos asentamientos del narcotráfico. La DEA (Drug Enforcement Administration) se hizo presente y luego comenzaron las declaraciones de que quienes nos oponíamos a la minería estábamos ligados a las FARC de Colombia o estábamos ligados al narcotráfico internacional. Yo fui enjuiciado en Piura y en Lima por estas acusaciones y por “tener financiamiento del terrorismo internacional”. Es toda una estrategia coordinada.
 
Luego, vimos el traslado permanente del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) a Cajamarca, para fines de construir, según ellos decían, un centro de operaciones especiales para ayuda humanitaria. Este centro de operaciones especiales para ayuda humanitaria consiste en tener un área importante, donde se construirían instalaciones para manejar información meteorológica, satelital y también para detectar, en tiempo real, según la propuesta de Estados Unidos, fenómenos naturales que puedan afectar a la población cajamarquina.
 
Existe una relación muy grande entre el cumplimiento del plazo para que las tropas norteamericanas se retiren de Manta, Ecuador, y la propuesta, durante el gobierno de Alejandro Toledo, de que esta base militar pase a la comunidad campesina de Yanta, en Ayabaca, Cajamarca. La región de Ayabaca, San Ignacio, Huancabamba, Condorcanqui, forma parte del enorme corredor del oro, del cobre y la plata y, además, es una región que posee una gran biodiversidad, en la frontera peruano ecuatoriano.
 
Sin embargo, la correlación de fuerzas políticas en Ecuador cambió, y la idea de instalarse en Yanta, en Ayabaca, desapareció. Entonces se intensificó la presencia de tropas norteamericanas y del Comando Sur de Estados Unidos en Cajamarca, Lambayeque y Piura. La explicación que nos dan es que esto sería un centro de operaciones especiales para defensa civil, para ayuda humanitaria, para hacer frente a cualquier desastre. Pero entendiendo el enorme interés norteamericano entorno al Marañón, al Amazonas y a lo que tenemos en la frontera con Ecuador, podemos entender el movimiento de militares norteamericanos entre Bagua, Utcubamba, Moyobamba, Piura y Cajamarca, que se ha hecho bastante permanente desde 2005. Hoy, más que nunca, se hace evidente el afán de construir este centro de operaciones especiales en Cajamarca.
 
MB: ¿El Comando Sur de Estados Unidos, o alguna otra instancia militar de este país, ha buscado realizar reuniones oficiales con el gobierno de Cajamarca?
GS: Hemos tenido una reunión para ver el tema de dónde se va ubicar este centro de operaciones especiales, fundamentalmente el contacto con el alcalde de Cajamarca a quien le correspondería entregar el terreno y el Comando Sur de Estado Unidos pondría los recursos para construir las instalaciones. Tendría un helipuerto y equipos satelitales. Es lo único que ha ocurrido, no ha habido mayor reuniones.
 
Durante estos años de gobierno que nosotros dirigimos, los conflictos sociales han sido permanentes, y nosotros hemos tomado una posición de defensa de los recursos naturales y de la recuperación de la soberanía sobre los mismos. Cuando hemos planteado la modificación de la Constitución Política del Estado, y el retorno a la constitución del 1979, estamos planteando la recuperación de la soberanía de las fronteras. Porque en la constitución 1979, ningún extranjero puede tener propiedades a menos de 50 km. de la frontera. En cambio, con la constitución del 1993, los extranjeros si pueden tener propiedades en esta franja fronteriza, previa promulgación de un Decreto Supremo que declare de necesidad publica esta propiedad, y los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García han regalado estos dos Decretos a las empresas mineras, declarando que la propiedad territorial ligada al proyecto minero Majaz, o Río Blanco, es una necesidad publica para el Perú. Lo mismo ha ocurrido en la región de Condorcanqui y San Ignacio.
 
MB: Amparado en la legislación peruana vigente, el Gobierno Regional de Cajamarca a promulgado la ordenanza 036, que declara inviable el Proyecto Conga. La Fiscalía de la Nación está pidiendo la revocatoria de esta ordenanza e inclusive una revisión la Constitución vigente en relación a la autonomía de las regiones. Al mismo tiempo, se ha hecho pública, a través de la prensa local, la posibilidad de un proceso penal por “usurpación de funciones” en contra suyo ¿Qué estrategia de defensa está planteando el gobierno regional de Cajamarca?
GS: La legislación peruana, la Constitución de 1993, que fue hecha a la medida del neoliberalismo de Fujimori, logró incluir los gobiernos regionales en la estructura de Estado, estableciendo funciones que deberían ir transfiriéndose a los gobiernos regionales. Sin embrago, sobre el tema ambiental y el tema de los recursos hídricos, la legislación es bastante amplia y allí somos el único gobierno regional que hemos debido legislar sobre el agua y la protección de las cuencas hidrográficas de la región. En un primer momento el gobierno de Ollanta Humala no apoyó para avanzar en la creación de instrumentos como la zonificación ecológica y económica, que nos da un criterio técnico de cómo debe ser usado y gestionado el territorio. Pero luego hemos venido chocando con la propiedad de las empresas mineras que han sido adquiridas mucho antes y que fueron beneficiadas por el gobierno anterior de Alan García, a través un Decreto Supremo 020, si mal no recuerdo. Este es un reglamento que tiene menor jerarquía pero que señala que si los gobiernos quieren ordenar el territorio, hay que pedir permiso a las empresas. Esto constituye una vulnerabilidad, una violación a las normas de los gobiernos regionales.
 
Las banderas que el gobierno de Cajamarca está encabezando significan la recuperación, ampliación y conquista de competencias regionales. Entonces, esta Ordenanza Regional 036 está orientada a este objetivo, y declara de necesidad pública de las cabeceras de cuencas de la región. Pero se basa en una Ordenanza Municipal que ya fue promulgada por gobierno provincial de Celendín, que ya protegía todas las cuencas del proyecto Conga e impedía la actividad minera por considerarla ajena y destructora y, por lo tanto, priorizando la agricultura.
 
Todo esto resume la Ordenanza 036, lo que ha originado que Yanacocha, al no encontrar un colegio profesional, o un ciudadano honorable en el país, que se quiera comprar el pleito de denunciarnos ante el Tribunal Constitucional, ha conseguido que sea el Fiscal de la Nación quien nos denuncie y quien presente una acción de inconstitucionalidad de la Ordenanza 036 ante el Tribunal Constitucional. En el Perú el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo que tiene que ver con la constitucionalidad de las normas.
 
La estrategia, en este momento, es que los colegios de abogados del Perú, los colegios profesionales, las organizaciones civiles y los gobiernos regionales, ayuden y aporten para la defensa de la Ordenanza 036, que está centrada en la recuperación de la competencias de los gobiernos regionales para legislar en el territorio de las regiones ante el inminente peligro de impacto sobre los cuerpos de agua, o peligro inminente de destrucción de fuentes de agua, de los ecosistemas frágiles. Todo esto está reconocido, además, por los acuerdos internacionales sobre el agua, sobre los ecosistemas y sobre temas ambientales, como el Convenio de Río de Janeiro sobre la Diversidad Biológica, o el Tratado de Kioto.
 
Esto es una dura batalla, por que en esta guerra por recuperar los recursos naturales, es probable que ellos no sólo se queden en declarar inconstitucional la norma, sino van a querer denunciarnos penalmente y con esa denuncia penal por “usurpación de funciones”, pretenden que el Jurado Nacional de Elecciones declare la vacancia del cargo. Este el costo que tenemos que pagar, pero que también significaría un enorme problema para el neoliberalismo y para los representantes del gobierno, porque terminaría generando una reacción social enorme, que probablemente termine, si tiene la fuerza suficiente, en una Asamblea Constituyente y en una nueva Constitución.
 
La población votó por cambios estructurales y profundos y el presidente Ollanta Humala no puede seguir guardando silencio o diciendo que se olvidó del “Programa de la Gran Trasformación” y que ahora no es viable. Yo sé que la población le podrá perdonar esta actitud por unos cuantos días más, pero a la larga, la gente va a cobrar su voto exigiendo coherencia con el programa de cambios por el que votaron.
 
Nosotros, como Gobierno Regional de Cajamarca, estamos buscando una correlación de fuerzas favorable, convocando a los gobiernos regionales, a los colectivos de profesionales y a los colectivos sociales a través de movilizaciones nacionales, como por ejemplo, la Marcha en Defensa de la Ordenanza Regional 036, que resume la defensa del agua y que algunos están llamando la “Marcha por el agua”. En el fondo, está marcha que se inició en Cajamarca, el 1º de febrero, es la marcha en defensa de la Ordenanza 036 que protege el agua y las cabeceras de cuenca, pero también es la marcha de la dignidad de los pueblos por recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, especialmente los recursos hídricos.
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MB: ¿Esta marcha sería el inicio de una estrategia política y de movilización nacional más amplia?
GS: Esta marcha es una convocatoria a todos los sectores patrióticos, democráticos y progresistas. Estamos convocando también desde el Gobierno Regional, los frentes de defensa, las Rondas Campesinas y otros colectivos. La idea es llamar la atención y contribuir a que este tema de los recursos estratégicos como el agua, y los recursos hídricos, sean parte del debate nacional.
 
Esta movilización marca el inicio de la toma de conciencia del pueblo peruano, para que despierte. Sobre los recursos hídricos hay todo un andamiaje legal que entrega la soberanía de los mismos a las grandes trasnacionales y que, por lo tanto, nos plantea la necesidad de recuperarla. En Conga, en Cajamarca, no se juegan meramente la defensa de las lagunas sino, diríamos, que es la gota que rebasa el vaso de una enorme exigencia nacional en defensa de los recursos naturales, especialmente los recursos hídricos. Esta marcha es el primer paso de una campaña nacional sobre debates técnicos, debates científicos, debates políticos, debates jurídicos, que vayan contribuyendo la acumulación de fuerzas y vertebrando la gran unidad de fuerzas progresistas para una nueva Constitución y también para la regionalización del país, una regionalización patriótica, al mismo tiempo descentralistas e integradora de las economías regionales. Esto va más allá de una cuestión solamente ecológica y ambiental. Es también una cuestión política y estratégica para la defensa de los recursos naturales.
 
MB: ¿Cuál es la propuesta del Gobierno Regional en relación al uso de los minerales estratégicos que el territorio de Cajamarca posee?
GS: En primer lugar, que se apliquen los principios de racionalidad, de equidad y de justicia en el gobierno y en la visión de un país. Que prevalezca la visión de Estado unitario, que los recursos naturales son de todos los peruanos y que, por lo tanto, Cajamarca, que tiene cuatro proyectos mineros en operación, no puede ser irracionalmente aniquilada para satisfacer la voracidad del gran capital o de las trasnacionales, especialmente norteamericanas.
 
De ahí que nosotros planteamos que los cuatro proyectos mineros son los suficientes para los próximos 30 años, si se revisa la legislación, si hay una reforma tributaria para poder apalancar el desarrollo sostenible de la región y generar las bases de un modelo de
 
desarrollo transformador, productivo e inclusivo. Un proyecto que pase a utilizar y reforestar 5 millones de hectáreas, que ponga énfasis en la energía eólica, en la energía alternativa y energía con el recurso agua de la cuenca del Marañón, y que ahí centremos las grandes inversiones. Pero que no sea más la expansión irracional de la minería, y esto va acompañado de la necesidad de elaborar una nueva constitución o de que pasemos a retomar el sistema constitucional que recupere la soberanía sobre los recursos naturales de Cajamarca y del Perú.
 
 
Es decir, la soberanía sobre el gas natural, el petróleo y los minerales, especialmente los más importantes, como el cobre. No se puede ceder fácilmente, como ocurre en este momento, con una normatividad que privilegia la gran capital.
 
Tenemos un modelo de desarrollo que consistiría en invertir 300 millones de soles en agricultura. La recuperación de soberanía de los recursos hídricos es imprescindible porque las mineras pueden obtener el uso de agua de por vida, mientras que los campesinos no pueden hacerlo para riego de sus cultivos. Las empresas mineras ganaron, por puesta en mano, en solicitar el uso del agua. Por eso la lucha por el agua en Cajamarca, y en el Perú, va ser el tema de los conflictos y la gran confrontación que algunos podrán ver como anti inversión, anti-minero, o anti-extractivista. Pero en el fondo, es la confrontación de un modelo económico neoliberal, primario-exportador extractivista, irracional y, de otro lado, un modelo de desarrollo privilegie la racionalidad que debe existir en un Estado con visión estratégica, que pueda ser capaz de generar las bases de un desarrollo más sostenible y de una economía más solidaria.
 
MB: La comunidad latinoamericana, los ambientalistas, los movimientos sociales en la región, los gobiernos progresistas, están profundamente preocupados con los desdoblamientos que va tener este conflicto en relación al proyecto Conga en Cajamarca. ¿Le gustaría finalizar esta entrevista dirigiéndose a ellos?
GS: Considero que es estratégico para la el futuro de América Latina que nos escuchen a los cajamarquinos, que pensamos como latinoamericanos, como peruanos provenientes de esa gran cultura del Tahuantinsuyo. Necesitamos que se entienda que esta lucha es parte de la lucha latinoamericana y, diríamos, que es parte de la lucha por la soberanía de los recursos naturales a favor de la región y a favor de los que habitamos en las cuencas del Amazonas, del Marañón o en las gran Cordillera de los Andes. Es necesario que los presidentes progresistas y de izquierda en América Latina consideren poner en la agenda política regional el tema de la soberanía sobre los recursos naturales estratégicos de las naciones. Considero urgente y necesario y que se opine, y mejor aún si se puede ayudar, desde los colectivos de intelectuales, de científicos de todas las universidades de Latinoamérica y del mundo. Que visiten las diversas regiones del Perú, Cerro de Pasco, Moquegua, Las Bambas, Puno, Cuzco, Cajamarca o la Amazonia misma, y puedan ser testigos del enorme potencial de la biodiversidad que tenemos, y que podría convertirnos en un potencia farmacéutica en el contexto de otro modelo de desarrollo.
 
Creo que esa consigna de que “otro mundo es posible” sigue teniendo vigencia y en ese sentido, desde Cajamarca, este pedido para que el temas de la soberanía de los recursos naturales se ponga en agenda, que no los abandonemos por la presión de la prensa, de las fuerzas mediáticas que tenemos en el Perú y que lo único que hacen es ocultar la información, o no publicarla, para impedir que se conozca todo lo que el pueblo peruano viene reclamando en este momento. Compartimos esa idea, un abrazo de latinoamericano desde la segunda capital del Tahuantinsuyo, desde Cajamarca, donde ajusticiaron a Atahualpa tan solo por cumplir su palabra de pagar el rescate que le exigían los españoles y llenar los cuartos de oro y plata, ¡un abrazo!…
 
- Mónica Bruckmann es Socióloga, doctora en ciencia política, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) e investigadora de la Cátedra y Red Unesco/Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable - REGGEN.
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Para el escritor boliviano, el milagro reside en que un país “muy tomado por la discriminación” haya elegido a un indio como presidente, y que los intelectuales y los partidos populares hayan dejado de lado sus diferencias históricas para apoyarlo.

–¿Cómo ve a Bolivia hoy?

–Bolivia está atravesando un proceso nunca visto, porque los bolivianos somos muy eliminadores de lo indígena, de lo negro, nosotros toleramos el folklore, nos gusta bastante, somos en ese sentido feudales porque nos gusta ver bailar a los indios, entonces aplaudimos, simpatizamos con ese escenario, pero nos restringimos para ir más allá, para tener una amistad, una relación más cercana con los indios, los indios solamente están en ese cuadro como elemento folklórico, como distracción.

–¿Entretenimiento?

–Lo que hacían los señores feudales de Atica, que tenían unos monos bajos de estatura a los que hacían bailar y a esos monos habilidosos les llamaban pongos. Eran esos orangutanes que bailaban para ellos y algún señor feudal boliviano le puso su nombre al país y también les puso el calificativo de pongos. Los indígenas que vivían bajo el control de los feudales eran los ponguitos, los que estaban allí les llamaban igual que a los monos que los entretenían.

–Es como una tradición feudal.

–No se sabía con exactitud los orígenes de esa palabra. Hay otras palabras en esta tradición, como por ejemplo la rosca. La inventó un político boliviano llamado Bautista Saavedra. Decía que en la política boliviana había grupos de poder y que esos grupos de poder formaban como una especie de logia, a la que llamaba roscas.

–Entre ellos tamizaban todo.

–Claro, en especial los hombres millonarios, los dueños de las minas y los señores feudales alternaban en el gobierno conservadores y republicanos hasta que esa oligarquía fue debatiéndose, como lo describió uno de los escritores más importantes que tuvo Bolivia, Juan Alcides Arguedas, en un libro que se llama Pueblo enfermo. También escribió La Historia general de Bolivia y Raza de bronce, que fue traducido al francés con prólogo de André Malraux.

–¿El escritor que usted nombra desarrolló una pintura de la sociedad boliviana en sus diversas etapas?

–Con Pueblo enfermo hubo protestas de la opinión pública porque se mostraba un pueblo colonizado, sojuzgado por las grandes empresas mineras. Había tres magnates de primera importancia que eran los que controlaban las minas: Simón Patiño, Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Roschild, esos tres eran los magnates. A partir de 1942 comienzan los grandes levantamientos mineros y cambia la historia de Bolivia. En la época de la Segunda Guerra Mundial todas las zonas productoras de estaño habían caído en poder de los nazis. El único productor para Estados Unidos, Gran Bretaña y el mundo democrático era Bolivia. Entonces el gobierno aprobó medidas represivas contra las huelgas, hablaban de subversión para evitar que se alterara la producción. Hubo un aumento en el precio del estaño, aumentaron las grandes empresas mineras norteamericanas en un 62 por ciento pero no les aumentaron nada a los trabajadores y además los reprimieron cada vez que intentaron protestar por esa situación.

–Como siempre se dio en la historia de América latina. ¿Las mujeres sufrieron una gran represión?

–Murieron 300 trabajadores, los militares ya habían organizado en el país una logia nazi con Gualberto Villarroel, quien, como jefe de la logia, estuvo en el centro del conflicto, en la localidad minera de Catavi. Ahí es donde la logia se reúne y decide producir muertos para justificar la subida al poder, también la dirigía un militar partidario de Estados Unidos, que era el general Enrique Peñarán, pero la juventud militar que controlaba la logia estaba en contra del general entonces. De diciembre de 1942 a diciembre de 1943 se dan las condiciones para que esta logia militar nacionalista y populista tome el poder. En el Parlamento se discute la masacre y se dice que se hable todo lo que se quiera pero nadie debe referirse al papel del ejército cuando el único culpable de la masacre era el ejército. La masacre comenzó a las diez de la mañana y terminó a las cinco de la tarde, era un día lunes, los militares exigieron a los mineros que volvieran al trabajo, no hicieron caso y comenzaron a matarlos.

–¿Fue la matriz de lo que vino después, una serie de golpes militares?

–Luego de ese año de 1943 toma el poder el mayor Villarroel, el jefe de la logia, hablan de una revolución nacional con el lenguaje de Pétain mezclado con populismo y un socialismo difusos. Ya había antecedentes en los países vecinos. En 1932 se había proclamado como socialista a la República de Chile. El coronel Marmaluque Prove subió al poder con la ayuda de los militares de graduación menor y proclaman a Chile República socialista. Obviamente, reaccionó el Reino Unido, puso sitio a Valparaíso con sus cañones, por lo que los militares se rindieron y desapareció el gobierno socialista. A Prove lo exilian pero a los militares de menor graduación (mayores, capitanes) los matan, los fusilan, los tiran al mar. En 1936 los militares bolivianos deciden proclamar en Bolivia una República Socialista. Ahora, estos militares no sabían definir bien si era un socialismo soviético o al estilo nazi. Entonces los historiadores bolivianos dicen que ése no es problema grave, que se junten esos dos nacionalismos y entonces queda el socialismo militar. El coronel Buch aparece y derroca al medio marxista David Artobe, que sale exiliado y se instaura un nacional socialismo. El régimen socialista de David Toro nacionaliza por primera vez en América latina a la Standard Oil en 1936 y en 1938 lo hace el general Lázaro Cárdenas –en otro régimen nacionalista militar– en México. David Toro funda el Ministerio de Trabajo con asesores marxistas pro soviéticos, ante lo cual los nacionalistas reaccionaron y dieron un golpe de Estado.

–Usted declaró que a sus lectores no les gustan los datos fríos. Con respecto a la huelga de los mineros, siempre trató de novelar lo que pasó a partir de su imaginario.

–Traté de interpretar mi realidad a través de la literatura pero con fuerte influencia histórica, porque considero que la novela boliviana está más cerca de la realidad que la historia. Novelando la historia se interpreta más correctamente la realidad.

–¿El surgimiento de Evo Morales proviene de esas tradiciones de lucha, no nace por generación espontánea, Evo representa el vínculo entre el minero y el indígena?

–Los indios de Bolivia siempre estuvieron sometidos. Mantenidos en la ignorancia y en la indigencia. En 1952 se produjo una insurgencia, pues ya hay dos corrientes ideológicas en ese ámbito: el marxismo y el nacionalismo. El nacionalismo tomó el poder dándole un contenido al estilo de lo que planteaba el ideólogo marxista Mariátegui en el Perú con un contenido indigenista, y sobre esa base se hace la reforma agraria, la entrega de tierras a los campesinos en la época de Paz Estensoro, en abril de 1952. Este hecho crea las condiciones para que 50 años después los indios vean un nuevo camino. Por la evolución de las masas indígenas deciden hacer sus propias escuelas, financian entre ellos a los profesores que les enseñan a leer y escribir. Con astucia, los gobiernos han fomentado la pelea entre los indígenas. El Che Guevara en estas circunstancias habló en La Habana con quien era el Ministro de Asuntos Campesinos y le dijo por qué los revolucionarios no apoyan a uno de los sectores campesinos y ahí lanzan la guerra revolucionaria.

–¿Qué le dijo?

–“No tenemos armas”, dijo el ex ministro. El Che, de su cartuchera, saca su revólver: “Aquí tiene el primer revólver para hacer la guerra revolucionaria”, dijo. El Che me lo contó a mí porque en La Habana tuve una entrevista. “Mira lo que ha pasado, me contaron que el ex ministro tiene en su living, en la sala donde recibe sus visitas, ahí está el revólver.” El Che me decía que no se lo había regalado para adornar un cuarto. La anécdota muestra de cuerpo entero que esos nacionalistas eran otra clase, eran criollos, los hijos de los españoles. Antes de Evo ya hubo intentos de reforma agraria, de entrega de tierras a los campesinos, de la desaparición de patrones en especial en la zona del Altiplano, fueron creándose líderes, caudillos locales, se fue dando como se había dado con la Revolución Mexicana, los que lucharon al lado de Zapata. El ex presidente norteamericano JF Kennedy decía que sólo había habido dos revoluciones importantes en América latina: la revolución mexicana y la revolución boliviana. Estados Unidos apoyaba económicamente al gobierno de Paz Estenssoro, apoyaba al régimen, fue un golpe terrible cuando muere Kennedy y ya estaba muerta la revolución boliviana. Dirige el golpe de Estado el general Barrientos, que había estudiado en Panamá.

–¿Siempre estuvo en juego la propiedad de la tierra?

–El Movimiento nacionalista de Paz Estensoro controlaba todos los sectores pobres, pero fueron apareciendo estos líderes populares, los indígenas asumían el poder de masas. Evo Morales aparece como un muchacho pobre, deportista, músico, le gustaba tocar la flauta y el tambor, bailar. Es aymara y campesino, pero antes de ser campesino hizo varios trabajos que le sirvieron después de mucho, por ejemplo hacía ladrillos en los hornos, después fue panadero, todos los trabajos más bajos, él los realizó.

–¿Cómo analiza usted su evolución, su crecimiento como líder?

–Debido a que cerraron las minas y desde Estados Unidos se trataba de buscar un sustituto para el estaño y era difícil, de la noche a la mañana estaba el carey para hacer juguetes para los niños y anteojos. Empezaron a hacer cañerías para los servicios sanitarios, carey duro, carey blando y ya no se necesitaba estaño porque había otros materiales plásticos. “Estados Unidos, que había acumulado cualquier cantidad de estaño, lo lanzó al mercado mundial, bajó el precio y nadie quería comprar estaño, en las minas de Bolivia no se necesitó trabajar y todos recurrieron al campo, se incrementó la población campesina con los mineros desocupados, se implementaron las plantaciones de coca y en Cochabamba todos los trabajadores desocupados iban al Chapari. Entonces ahí aparece un jovenzuelo jugador de fútbol muy enamoradizo, un Don Juan que tocaba la guitarra, cantaba. Ahí lo designan Secretario de Deportes, buen jugador de fútbol que conocía a Maradona, a los grandes jugadores de fútbol de la Argentina. Estaba en su apogeo político, tiene mucha similitud con Juan Lechín, el dirigente sindical de la Confederación Obrera Boliviana COB que había entrado en su momento, en la Revolución del ’52, enviado por el Ministerio del Interior para un cargo burocrático. Lechín también jugaba al fútbol y los políticos entran por ese lado. Es la coincidencia de Lechín con Evo.

–¿Cómo evalúa al gobierno de Evo?

–Hay algunos antecedentes que hay que ver. La corrupción de los políticos produjo una gran indignación de la gente. Hubo muchas protestas, tanto en Bolivia, como en Argentina por esa situación. Un país totalmente inundado por la discriminación que elija a un indio es inconcebible; en todo caso, lo hace para que esté una semana en el poder, no para toda la vida. Ahora cómo sacamos a este indio, dice la oposición.

–¿Nacionalizar los recursos básicos de la economía sólo estaba en los sueños?

–Hay un antecedente: Fidel Castro o la muerte del Che Guevara. Porque los argentinos, que son personas muy cultas, siempre han soñado con tener un pueblo revolucionario como el boliviano. Hay que tener en cuenta que en 1809 hubo un caudillo argentino que era sacerdote, que dirigió la revolución de 1809 en La Paz: José Antonino Medina, caudillo político autor de varias obras y del plan de gobierno de diez puntos.

–¿Cómo ve la propuesta de Evo luego de tantas protestas?

–El es instintivo, no es un hombre con formación revolucionaria. Apenas hizo un curso de secundaria. Tiene una percepción extraordinaria. El hecho de que haya sido un tipo del pueblo que accede a todo tipo de trabajos le permitió conocer profundamente a su pueblo. Es un hombre valiente, él luchó contra las tropas del ejército, se agarró a puñetazos, no tenía miedo, en una oportunidad lo dejaron herido en el piso y vinieron los campesinos, que lo llevaron a un lugar secreto y ahí lo curaron, lo recuperaron. Otro factor es que es un hombre con una suerte increíble. Se parece a la suerte de Fidel Castro. Los militares le decían a Fidel durante la invasión gusana a Playa Girón: “Usted no puede estar en primera línea peleando” y él cortó las comunicaciones con el mundo, se subió a un tanque para perseguir a los gusanos, disparó y el proyectil entró en la chimenea del barco, los invasores escapaban y vieron que el barco se hundía y tuvieron que entregarse. El Che en cambio era un hombre con mala suerte, él se integró al ejército revolucionario de Fidel como médico, desembarca del Granma y el primero en caer herido es el médico, viene a Bolivia para la lucha y lo matan, a Fidel Castro no le hubiera ocurrido nada de esto.

–¿Lo de Evo es una revolución?

–Es una revolución pacífica. Lo que no consiguió hacer el Che Guevara y todos los revolucionarios, los grandes líderes como Mariátegui, un indio con una educación elemental, que es hijo del pueblo, entonces consigue liderar a ese pueblo. Uno dice “yo no creo en milagros”, pero se está produciendo el milagro. La gente de avanzada en Bolivia hace a un lado sus prejuicios, al principio se decía que no iba a durar ni tres ni seis meses en el poder. Es un indio ingenuo como todo hombre de campo. Al día siguiente de asumir como presidente, toma un avión venezolano y se va por cinco continentes y llega a Londres a medianoche, toma un coche y se va a Buckingham y golpea las puertas del palacio. Pidió ver al rey y a la reina. Lo vieron enfermo, tosiendo, le pusieron unas inyecciones salvadoras y él se ríe: “La reina me ha curado”, dijo.

–¿Formó una fuerza política que lo acompañe?

–Todos lo consultan. Son cuatro años que pasaron en la pelea con la insurrección de los inmigrantes millonarios, de la nueva oligarquía, de la nueva rosca, que se fusionaron. Los medios de comunicación también pegan, yo pensaba que no se podía resistir con toda la prensa en contra. Uno lee la prensa y para ellos todo lo que ocurre no tiene porvenir.

Por Sergio Kisielewsky
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–¿A qué se refiere cuando habla de “seguridad ecológica”?

–Hay una tendencia a vincular la cuestión de la seguridad con el tema medioambiental. Esto nace en el aparato de seguridad de los Estados Unidos y luego pasa a nuestros países. Frente a este concepto, que ha tenido mucho éxito en el discurso del poder, aparece una contrapropuesta: debemos buscar la “seguridad ecológica”, que supone asegurar que la población tenga acceso a los recursos naturales que necesita, en contraposición al concepto de “seguridad ambiental”.

–¿Qué recursos considera usted que son estratégicos actualmente?

–Esa es una clasificación que hace el Pentágono refiriéndose, fundamentalmente, a minerales. Yo la generalicé porque se da muy bien con el resto de los recursos. En un primer plano se ubican los energéticos (petróleo y gas). En un segundo nivel, agua y minerales (los más escasos, que se usan en procesos productivos). Y en un tercer nivel, biodiversidad (banco de genes y fuente de códigos genéticos para el desarrollo de nuevas tecnologías).

–Por ejemplo, en Colombia se patentaron genes de biodiversidad.

–Se están haciendo patentamientos en toda América latina, no sólo de plantas sino de humanos. Por ejemplo, de aborígenes que tuvieron poca mezcla con otras razas y pueden conservar una variedad genética distinta. Eso se ha recolectado y, en algunos casos, patentado.

–¿En qué se diferencian los recursos estratégicos de los críticos?

–En que los recursos estratégicos son los que posibilitan los procesos productivos clave para garantizar cierta hegemonía a nivel nacional o mundial, mientras que los críticos son para uso militar, se usan para el desarrollo de la industria bélica. Son materiales muy específicos, por ejemplo los que se utilizan en la industria de la electrónica aplicada al campo militar. Estados Unidos tiene una dependencia importante respecto de esos materiales y las dos terceras partes de esa demanda salen de México y Canadá. La visión pública de la minería es clásica.

–¿A qué se refiere?

–Por un lado, se argumenta que las vetas no tienen tanto impacto ambiental. Por otro, la gente vincula los procesos de extracción minera sólo con el cobre en Chile y el oro o el carbón en Colombia. Pero no se trata sólo de eso, tenemos que visualizar con más firmeza minerales que, aunque en menores cantidades, son estratégicos en términos de hegemonía.

–¿Se refiere a los vinculados con tecnología militar o con la que se aplica a la informática?

–Exactamente. El berilio, por ejemplo, se aplica para las cabezas nucleares, sensores, computadoras, aviones, misiles o satélites. Es un compuesto muy particular y muy tóxico, hay que tener mucho cuidado en su uso. Las tierras raras, que son clave para la industria de la informática, se exportan también. El grueso de las tierras raras lo tiene China (un 80 por ciento), el resto lo tiene Estados Unidos y hay en menores cantidades en otros lugares. Por eso es que hay que prestar atención a otros minerales que no llaman la atención por su cantidad pero tienen un rol estratégico. Un caso muy importante en América latina es el que se refiere al litio.

–En el norte argentino, dos empresas, Orocobre y Toyota Tsusho, anunciaron que desarrollarán un proyecto para extraer litio. Lo presentan como un proyecto con mucha inversión y beneficioso para la población.

–Así se presentan todos los proyectos mineros. Lo que sucede es que ahora cada vez dependemos más del litio por todos los aparatos electrónicos que utilizan baterías. Bolivia tiene la reserva de litio más grande del planeta. Evo Morales dijo que el Estado se asociará con otras empresas o creará la propia para extraer litio. Aunque eso no nos dice nada sobre si una empresa estatal garantizará hacia dónde van las ganancias. Además, serían ganancias muy pequeñas porque no van a procesar el litio, es decir, no harán las baterías, que es donde está la gran ganancia. Lo mismo sucede en México, donde el año pasado se descubrió un yacimiento de litio similar al de Bolivia. En la minería, los modos de extracción son mucho más agresivos.

–¿Agresivos en qué sentido?

–Por un lado, la tecnología es más agresiva con el medio ambiente y afecta a las poblaciones aledañas. Las “demandas del mercado” –así se lo presenta– hacen que se extraiga mucha más cantidad de minerales. En realidad son los patrones de consumo de los países más desarrollados los que presionan para que haya una mayor explotación de yacimientos. Además, las multinacionales mineras empiezan a explotar yacimientos de baja ley, es decir, de baja concentración de minerales y buscan la mayor rentabilidad posible. Este esquema, de modo menos agresivo, se vio en la época colonial, en muchos países de América latina.

–¿Cuáles son las características más visibles de ese esquema?

–Por ejemplo, no consultar a las poblaciones locales. Cuando llegan los proyectos mineros a los lugares, despojan la tierra, engañan a los comuneros y negocian cifras de compensación a 30 o 50 años, que terminan siendo montos ridículos, por prácticamente destruirles la tierra. Son montos absurdos los que pagan. El despojo tiene dos formas: como se hacía en la colonia, sin ningún permiso o, como se hace ahora, mediante un proceso de negociación ficticia. Se vende como un proyecto de desarrollo que creará empleo y derrame económico, cuando, en los hechos, no crean derrame económico y generan muy pocos empleos. Cuando la gente ve que les destruyeron la tierra y se ven despojados y reacciona, se empieza a generar una serie de mecanismos legales, de desprestigio social y de criminalización de los movimientos antimineros, por parte de la empresa y de otros actores involucrados en el negocio que implica la minería.

–¿Cuánto puestos de trabajo se calcula que crean estos proyectos?

–En los pueblos de América latina donde llegan estas mineras, la cantidad de empleados no pasa las tres o cuatro decenas. Luego vienen trabajadores de otras regiones del país o son técnicos formados. La versión de las empresas es que son lugares aislados donde hay gente campesina, humilde, con poca formación técnica y que no puede manejar maquinaria que nunca ha visto en su vida. Y esa gente queda totalmente afuera de esta idea de desarrollo.

–¿Cómo se dan los mecanismos de criminalización de estos movimientos?

–En el caso de Barrick Gold o New Gold, capitales canadienses que operan en México y en otros países, se ven los mismos fenómenos de criminalización. En la Redlar (Red Latinoamericana contra represas) se ven casos como el de Blackfire, una minera canadiense que opera en Chiapas, México, involucrada en el asesinato del principal líder del movimiento opositor a la mina, Mariano Abarca Roblero. Recientemente asesinaron a otro líder de un movimiento antiminero y a su esposa, vinculados con la mina de oro Marlin, en Guatemala. En general, las mineras tratan de empantanar las quejas de la población mediante procesos legales. Y una de las debilidades de los movimientos sociales es que usualmente no tienen asesoría legal.

–Además de las empresas, ¿qué actores intervienen para la realización de estos proyectos?

–En México, los actores involucrados son el gobierno federal, al que se pide el permiso de exploración, la empresa y algún ingeniero o geólogo local. Una vez que se confirma que hay mineral se pide al gobierno federal un permiso para la explotación, muchas veces se compra un permiso existente porque se trata de viejas zonas de minería. Uno de los problemas más importantes en los proyectos mineros es el del agua; normalmente, están en zonas con poca disponibilidad de agua, que luego desechan totalmente contaminada. Muchos de los permisos tienen que bajar desde la escala federal, pasan por los estados y llegan hasta el municipio, que sería la zona local donde opera el gobierno directamente. En todas estas escalas se van tejiendo escalones de corrupción. Cuando se llega a la escala local, se suele “comprar” al gobierno directamente. En el caso de Cerro San Pedro, en México, el secretario de Gobierno era, además, funcionario de la mina. Este tipo de vinculaciones son importantes para poder hacer operativo el proyecto. En otros casos más complejos, cuando hay una población más grande, se hacen alianzas con algunas personas para que sirvan como choferes del material que se saca. Con este tipo de alianzas, si bien se da con una porción de la población, se logra legitimidad.

–¿Por qué dice que no generan derrame económico?

–Porque los impuestos que se les debe cobrar a las empresas generalmente no se pagan, por varias razones. Durante la década del noventa, casi al mismo tiempo en todos los países de América latina se formularon leyes de minería, según las cuales el capital internacional que realiza inversión extranjera directa (IED) puede operar en esos países más fácilmente. Se les da tratamiento de capital nacional, certeza jurídica, la garantía de sacar las ganancias y todo lo que implica la política neoliberal en términos de inversión extranjera directa.

–¿Cómo hacen las empresas para evitar el pago de los impuestos?

–Hay dos mecanismos. Uno es la salida del capital y el envío a la empresa matriz sin ningún cargo. El otro es declarando gastos para liberar impuestos. Barrick Gold, en el 2003, obtuvo 2035 millones de dólares y, después de toda la ingeniería contable, pagó de impuestos cinco millones de dólares. En 2002, la misma empresa logró declarar más gastos de lo que tenía que pagar de impuestos y el Estado canadiense tuvo que regresarle 16 millones de dólares.

–¿Hay algún caso emblemático de proyecto minero que se pueda mencionar en América latina?

–Es que gran parte de los proyectos de la nueva gran minería, la de tajo a cielo abierto, empieza apenas a aparecer. Menos del 5 o 6 por ciento de los proyectos están operativos, es decir que están sacando el mineral, el resto está en la instancia de estudios de factibilidad. Hay casos importantes, pero no son las principales minas a nivel internacional porque todavía no logran consolidar el proyecto de extracción. Pero en México, una mina de Gammon Gold opera en 12 mil hectáreas de Ocampo. Y junto con otra mina contigua genera el 25 por ciento del oro de todo el país. La propia Gammon Gold, en el mismo municipio de Ocampo, extrae el 14 por ciento de la plata. Por primera vez el año pasado, México tuvo más producción de oro que de plata, en cuanto a su posición mundial. El caso de Esquel, en Argentina, es otro muy significativo. El capital canadiense se está especializando mucho en oro y plata.

–¿Qué particularidades tiene la geopolitización de los recursos, que se dio en EE.UU. a partir de los años ’90?

–En el marco de la vinculación del medio ambiente con la seguridad, la geopolitización proviene del aparato del Estado norteamericano, particularmente del área de seguridad. En la década del ’90, por primera vez en el Plan estratégico de Estados Unidos aparece la necesidad de vincular la cuestión de seguridad con los recursos naturales. Ellos argumentan: “Nosotros tenemos que garantizar que Estados Unidos tenga los recursos que necesita”. Eso implica saber dónde están los recursos fuera de ese país. La geopolitización significa asegurar los recursos por la vía del mercado o del Pentágono. Por ejemplo, en Irak entran con mecanismos militares y diplomático-militares y así generan un mejor escenario para que después sí pueda entrar la Inversión Extranjera Directa (IED). Lo que se ve en Irak se replica con otros procesos extractivos de América latina.

–¿Cómo se vuelca la estrategia geopolítica de Estados Unidos en el Amazonas y el Acuífero Guaraní?

–A fines de la década del ’90 y principios del 2000 comenzaron a salir proyectos de conservación para la Triple Frontera, financiados por el Banco Mundial y las Naciones Unidas. La idea al principio era saber cuánta agua había allí, era una de las cuestiones que querían aclarar, respecto de los datos que tenían en los años ’70. Esto coincidió con un momento en que se estaba hablando del agua como recurso estratégico, una coyuntura en la que quedaba muy claro que Estados Unidos tiene una preocupación tremenda por el acceso a fuentes de agua. En el fondo, lo que está en juego es cómo se asegura el agua para que se exporte de otras maneras.

–¿Como cuáles?

–De la zona argentino-brasileña productora de soja y otros cultivos, no sólo se exporta granos sino también agua. Es muy importante asegurar que las grandes empresas agroindustriales de esas zonas tengan agua, porque esos granos van a beneficiar a los países compradores. Otra cuestión tiene que ver con el negocio del agua embotellada. Ya no se trata sólo de transferir el agua para la industria, sino que hay empresas que están embotellando agua para su exportación. Estos intereses empresariales son los que se geopolitizan. En la Triple Frontera hubo amenazas verbales de securitizarla. Hay presencia militar, más o menos reconocida por Estados Unidos. Se quiere implementar operaciones de avanzada, que son pequeños grupos de alta movilidad.

–¿Cómo contribuye la crisis de gobernabilidad hídrica a que se dé esta situación?

–Es interesante analizar cómo el Ejército cambia su visión: en Argentina el Ejército sacó el Proyecto 2025. Así como los recursos hídricos o la zona del Acuífero Guaraní en su conjunto son importantes para Norteamérica, que busca asegurar un beneficio para sus empresas y el crecimiento del mercado estadounidense, el gobierno de Argentina securitiza sus recursos. En el Plan 2025 se cambia la hipótesis de guerra, que ahora es la defensa de los recursos. Ese documento supone reorganizar la estructura del Ejército hacia adentro y cambiar escenarios de defensa.

–¿Cuál sería el enemigo, según el Plan 2025?

–El enemigo es todo aquel que quiera hacerse del recurso, todas las zonas fronterizas. Quisiera remarcar que, en el fondo de la geopolitización, lo que se busca es asegurar que estos recursos lleguen a los destinos por vía del mercado. Así se liberan de la imagen del imperialismo, aunque sigue siendo lo mismo porque en el momento en que este flujo se pare entra el Pentágono.

–¿Los Estados y empresas europeas tienen el mismo pensamiento?

–No les he seguido la pista. Valdría la pena saber sobre el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que tiene capital para hacer IED en proyectos productivos, pero no rinde cuentas a nadie, no tiene un sistema transparente de informar en qué invierte y cómo opera. Pero en el caso de la minería, el capital europeo no es muy fuerte.

–¿A qué se refiere cuando habla de que hay “políticas democidas” en relación con la seguridad alimentaria?

–Ese concepto lo planteé en el marco de la política de promoción de los agrocombustibles. Nosotros, los mexicanos, perdimos la capacidad de autosuficiencia, ahora importamos poco más del 40 por ciento de los alimentos, incluyendo los granos básicos, maíz y frijol. El abandono del apoyo al campo en acuerdo con la propuesta del Banco Mundial llevó a que se desplomara la participación económica del campo mexicano y desaparezca el mediano y pequeño campesino. Al mismo tiempo, hay mucho apoyo a proyectos agroindustriales de producción de maíz para la generación de etanol. La política democida tiene dos vertientes. Por un lado, la política neoliberal está desmontando la soberanía alimentaria y hace competir los alimentos con la generación de energía. Por otro lado, el Estado abandona la responsabilidad social en términos de gasto en educación, salud y los servicios que requiere la población.

Por Natalia Aruguete y Walter Isaía
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