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El teatro de los inocentes
¿Qué sucedió realmente entre los generales y Bolsonaro? Tras la crisis militar, el presidente brasileño parece debilitado. Pero lejos de romper con él, los uniformados mantienen cargos clave e intentan un lavado de imagen. La imagen de los militares venía deteriorándose. Allí está el desastre... Leer Más
Tensión por despliegue de tropas en la frontera...
Se acusan mutuamente de planear ataques para recuperar territorios   Moscú. Al borde de una guerra que de palabra ninguno quiere, pero que cada día parece más posible por las noticias alarmantes que llegan desde la zona en conflicto, Ucrania y Rusia concentran en sus fronteras la mayor... Leer Más
La militarización del Estado
Para alargar su decadencia, el sistema capitalista patriarcal está militarizando el Estado, y de modo especial algunas de sus funciones "sociales", como la salud y la educación. Brasil se ha convertido en un laboratorio de políticas para exportar, del mismo modo que la guerra antidrogas fue... Leer Más
¿El plan centroamericano de Biden ralentizará la...
Joe Biden entró en la Casa Blanca con algunas posiciones estimulantes pero contradictorias sobre inmigración y Centroamérica. Prometió revertir las draconianas políticas antiinmigrantes de Donald Trump mientras, a través de su "Plan para Construir Seguridad y Prosperidad en Asociación con los... Leer Más
O las grandes tecnológicas o la prensa libre
La captura de ingresos por publicidad digital de las grandes empresas de tecnología como Google y Amazon representa una amenaza seria para la libertad de prensa.   A fines de febrero en 2021 se produjeron dos acontecimientos notables. En primer lugar, Facebook y Google intentaron intimidar... Leer Más
Crece el peligro de guerra
Un análisis de la demencial estrategia de EEUU y sus servidores europeos Para todas aquellas personas que se alegraron de la victoria electoral de Biden, me temo que hay malas noticias. Quienes ya advertimos que con los demócratas el peligro de guerra se dispararía parece que no hemos fallado.... Leer Más
Fatou Bensouda: "La Corte Penal Internacional...
La fiscal general del tribunal con sede en La Haya brindó una conferencia virtual Nacida en Gambia, Bensouda lidera al único organismo permanente destinado a juzgar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. A dos meses de dejar el cargo, realiza un balance de su gestión y reconoce que... Leer Más
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Disturbios en Belfast, Irlanda del Norte, el 7 de abril de 2021Jason Cairnduff / Reuters

Los disturbios, que involucraron hasta a adolescentes de tan solo 12 años de edad, comenzaron el pasado 29 de marzo.

 

Más de 70 agentes resultaron heridos en disturbios esporádicos en varios pueblos y ciudades de Irlanda del Norte en los últimos 10 días, lo que, según la Policía, es el peor estallido de violencia en años, informa la BBC.  

Los disturbios, que involucraron hasta a adolescentes de tan solo 12 años de edad, comenzaron el pasado 29 de marzo en una parte de la ciudad de Londonderry (Derry), controlada por unionistas (partidarios de mantenerse en el Reino Unido). Desde entonces se produjeron disturbios en varios pueblos y ciudades, incluida la capital, Belfast. 

Durante las protestas, los jóvenes quemaron automóviles y llantas, lanzando además piedras y fuegos artificiales contra las fuerzas de seguridad. Este miércoles la violencia se intensificó hasta desembocar en enfrentamientos sectarios cerca de un llamado 'muro de la paz' (oeste de Belfast). La construcción divide a las comunidades predominantemente unionistas y otra parte de la ciudad, poblada por republicanos, quienes están a favor de salir del Reino Unido y formar parte de una Irlanda unificada.

¿Cuáles son las causas?

Existen varias explicaciones de esta ola de violencia. Por ejemplo, algunos integrantes del Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés) sugieren que la gente no está contenta con la decisión de la Fiscalía de no procesar a los miembros del partido nacionalista Sinn Féin, que en junio pasado asistieron al funeral del excombatiente del IRA (Ejército Republicano Irlandés) Bobby Storey. En aquel entonces, a pesar de las estrictas restricciones por el coronavirus, cerca de 2.000 personas participaron en el evento. 

Asimismo, el DUP pretende demostrar que la Policía es la culpable de la agudización de los enfrentamientos. El partido pidió la renuncia de varios funcionarios de las fuerzas de seguridad. A su vez, el Sinn Féin tilda este paso de exagerado y critica a sus oponentes por la estrategia. 

Otra versión es la insatisfacción con las condiciones del Brexit. Los unionistas no están contentos con el acuerdo. Muchos de ellos se sienten engañados por el Gobierno del Reino Unido, que aceptó la instalación de una frontera aduanera entre Irlanda del Norte y el resto del país. 

Otra versión más sugiere que los paramilitares unionistas pueden haber aprovechado la existencia de la insatisfacción del pueblo para vengarse de las fuerzas de seguridad, después de una serie de operaciones exitosas contra la delincuencia organizada. No obstante, este viernes la Policía de Irlanda del Norte descartó que estos grupos puedan estar detrás de las manifestaciones. 

En la década de 1960 en Irlanda del Norte comenzaron los enfrentamientos sangrientos entre los partidarios de la unidad con el Reino Unido y los que estaban a favor de la unificación con la República de Irlanda, en un conflicto que fue denominado 'The Troubles' y llegó a durar varias décadas. En 1998 las partes firmaron los Acuerdos de Belfast y formaron un gobierno bajo principios de igualdad.

El reciente estallido de violencia en Irlanda del Norte fue condenado por Belfast, Londres y Dublín. EE.UU. también se unió a esta petición. No obstante, los disturbios continúan. 

Publicado: 10 abr 2021 04:02 GMT

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Viernes, 09 Abril 2021 06:25

La militarización del Estado

La militarización del Estado

Para alargar su decadencia, el sistema capitalista patriarcal está militarizando el Estado, y de modo especial algunas de sus funciones "sociales", como la salud y la educación. Brasil se ha convertido en un laboratorio de políticas para exportar, del mismo modo que la guerra antidrogas fue exportada desde Colombia a México, entre otros.

El Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes), de Brasil, acaba de publicar un expediente titulado Militarización del gobierno Bolsonaro e intervención en las instituciones federales de enseñanza (https://www.andes.org.br).

El sindicato pertenece a la coordinación sindical Conlutas y el documento denuncia la militarización del gobierno de Jair Bolsonaro. Destaca que los militares ocupan ocho de los 22 ministerios, además de áreas estratégicas y de empresas estatales, como la petrolera Petrobras, donde controlan el directorio.

En Brasil hay 6 mil 157 militares en activo o en la reserva ocupando cargos civiles en el gobierno de Bolsonaro, lo que representa un aumento de 108 por ciento respecto de 2016, año en que fue ilegítimamente destituida la presidenta Dilma Rousseff.

Esos militares son comisionados a esos cargos o tienen contratos temporales, acumulando funciones en las más diversas áreas de la administración pública. Según el expediente, se trata de "la militarización del servicio público federal, de las estatales y de diversos órganos", entre los que merece especial destaque la "militarización de la salud, especialmente en la coyuntura de la pandemia".

En los principales escalones del sistema de salud han aterrizado cientos de militares que controlan todo, aunque están fracasando estrepitosamente en la atención a la pandemia, con hospitales y centros de tratamiento intensivo desbordados.

Días atrás saltó el escándalo de que 85 por ciento de las unidades de terapia intensiva de los hospitales militares están vacías, pero no permiten que las ocupen civiles, pese a que son mantenidos con dineros públicos (https://bit.ly/3sZSNlN).

Además, hay 99 militares en órganos federales responsables de la gestión del medio ambiente, como la Fundación Nacional del Indio (Funai), el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

Según datos del instituto Transparencia Brasil, casi la mitad de esos militares son originarios del Ejército, seguidos de ex policías militares. Se trata de los dos sectores que se han destacado por el apoyo al presidente ultraderechista.

El sindicato de docentes menciona una escalada autoritaria que conduce a "una nueva fase de contrarreforma del Estado, militarizando el primer escalón de las empresas estatales, de los órganos estratégicos del gobierno en áreas de salud y socioambiental".

Sostiene que la escalada de militarización está centrada en el sistema educativo básico, con la creación de "escuelas cívico-militares", y en la educación superior, por la sistemática intervención en instituciones de enseñanza para vetar y controlar la elección de rectores y demás autoridades.

El gobierno se propone crear 216 escuelas primarias cívico-militares hasta el fin de este año, implementando "el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios militares del Comando del Ejército, policías militares y cuerpos de bomberos militares" (p. 34).

Una breve incursión en la página del Ministerio de Educación dedicada las escuelas cívico-militares (http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/) es suficiente para hacerse una idea del alcance de la iniciativa.

La escalada autoritaria en la educación, está llegando al punto en el que el gobierno de Bolsonaro nombra rectores en las universidades impuestos desde arriba, sin consulta con la comunidad académica y en contra de sus propuestas. Se trata de un ataque a la autonomía universitaria y el "silenciamiento de voces disonantes" en instituciones que son "locus de producción del conocimiento crítico y creativo" (p. 30).

Estamos ante un cambio de época. La clase dominante ha blindado el Estado, empezando por sus instituciones armadas, con especial cuidado de los ejércitos que son la fuerza que mayor contacto puede tener con la población. Esto forma parte de una estrategia diseñada muy arriba, por las instituciones del imperio, que no puede admitir experiencias como las vividas por los ejércitos de Perú y Ecuador en los años 60 y en Venezuela ahora.

Proceden a la militarización de los servicios básicos como la salud y la educación, para evitar que esos espacios sean utilizados por fuerzas opositoras. En Brasil las instituciones indígenas, ambientales y de reforma agraria habían jugado un papel relativamente positivo, pero ahora están siendo férreamente controladas por los militares.

Un doble proceso en marcha: blindar el Estado y usarlo como martillo contra los disidentes. Quien de ahora en más aspire a ocupar cargos estatales debe saber para quiénes trabaja.

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Fatou Bensouda: "La Corte Penal Internacional fue fundada sobre la máxima del Nunca Más"

La fiscal general del tribunal con sede en La Haya brindó una conferencia virtual

Nacida en Gambia, Bensouda lidera al único organismo permanente destinado a juzgar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. A dos meses de dejar el cargo, realiza un balance de su gestión y reconoce que tomaron el legado del Juicio a las Juntas.

 

"La Corte Penal Internacional (CPI) fue construida sobre las duras lecciones que dejó la historia por las atrocidades espantosas que durante siglos permanecieron impunes", destacó Fatou Bensouda, quien lidera el primer organismo permanente capaz de juzgar a individuos por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Nacida en Gambia, Bensouda tiene bajo su órbita dos casos emblemáticos: los crímenes de guerra que involucran a las tropas estadounidenses en Afganistán, y aquellos que salpican a los soldados israelíes desplegados sobre territorio palestino. Pero tanto Estados Unidos como Israel no reconocen la jurisprudencia de la CPI, y el gobierno del expresidente Donald Trump llegó al extremo de aplicar duras sanciones financieras y retirarle la visa a Bensouda.

La fiscal general, sin embargo, se mostró satisfecha con el trabajo que viene realizando el tribunal con sede en La Haya. "Su creación es uno de los momentos de mayor orgullo en la historia de la humanidad", aseguró quien dejará su cargo en junio para ser reemplazada por el británico Karim Khan. Bensouda reconoció que en sus inicios la CPI retomó el legado del histórico Juicio a las Juntas realizado en Argentina en 1985. La abogada especializada en derecho marítimo manifestó que, como deuda pendiente, es necesario avanzar sobre delitos que habitualmente no son reportados: "los crímenes sexuales que involucran a mujeres y niños".

Bensouda participó del ciclo de conferencias online organizado por la Universidad Di Tella. Bajo el título "La importancia de una Corte Penal Internacional permanente y cómo apoyarla", la charla estuvo moderada por Alejandro Chehtman, director de la carrera de Abogacía de la Escuela de Derecho de esa casa de estudios. Bensouda se desempeñó como fiscal general y ministra de Justicia en Gambia. Casada y con tres hijos, uno de ellos ya fallecido, sustituyó en 2012 al argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal general de la CPI desde su puesta en marcha en 2002. 

Los orígenes de la CPI se remontan a los juicios de Nuremberg y Tokio, que condenaron los crímenes sistemáticos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. "Los horrores del Holocausto shockearon la conciencia de la humanidad y demandaron la creación de una corte internacional permanente con la aspiración de asegurar que quienes cometieron estos crímenes, sin importar cuán poderosos fueran, debían rendir cuentas", planteó Bensouda. La fiscal gambiana explicó que la Corte "fue fundada sobre la máxima del 'Nunca Más'".

Bensouda destacó la importancia del juzgamiento a los militares en Argentina tras la sangrienta Dictadura iniciada en 1976: "El Juicio a las Juntas es un ejemplo de los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento necesarios para investigar estas atrocidades". En 1998 más de 120 países firmaron el Estatuto de Roma y en 2002 el tratado entró en vigor con 60 ratificaciones, lo que significó el inicio de las actividades del tribunal internacional.

Estados Unidos en Afganistán

Antes de dilatar la entrega del mando a la nueva administración demócrata, el expresidente Donald Trump impuso sanciones a la CPI y le rechazó visados a Bensouda y a algunos de sus colaboradores. El motivo era evidente: la abogada había iniciado una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán. El viernes pasado el gobierno de Joe Biden, aún "en total desacuerdo" con la mirada de la CPI, levantó los castigos.

La fiscal general de la Corte explicó la forma en que las sanciones estadounidenses afectaron sus tareas cotidianas. "Hemos tenido que reorganizar la Corte para que no nos golpeara con tanta fuerza. A nivel financiero, las principales cuentas con base en Estados Unidos fueron cerradas", remarcó Bensouda, aunque valoró la forma en que la Corte reaccionó: "El equipo trabajó muy bien para conseguir transferencias económicas por nuevas vías. Conseguimos el asesoramiento legal que se necesitaba para ver cómo podíamos trabajar con eficacia sin tener que expulsar a parte del staff".

Pero lo más difícil, aseguró Bensouda, fue comprender que "las sanciones estadounidenses son merecidas por terroristas, por quienes violan derechos humanos, son para ellos y no para quienes trabajan para proteger la ley". Con la llegada de Biden al poder, la abogada apunta a "resetear la relación". Sin embargo, para evitar dificultades a futuro, Bensouda planteó la necesidad de "desarrollar un mecanismo que de forma sistemática proteja a la CPI y su integridad de cualquier ataque".

Ataque a territorios palestinos

El tribunal internacional también inició una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. El gobierno israelí es un aliado incondicional de Estados Unidos que también rechaza la autoridad de la CPI, al contrario de Palestina que acepta la jurisdicción de la Corte. El primer ministro Benjamin Netanyahu, actualmente juzgado por corrupción y fraude, criticó el inicio de la investigación y la calificó de "esencia misma del antisemitismo".

La CPI le dio en marzo a Israel y a los palestinos un mes para que puedan solicitar el aplazamiento de la investigación, siempre que puedan demostrar que están llevando a cabo sus propias averiguaciones. "En Palestina recibimos un pedido de investigación. Ellos aceptaron nuestra jurisdicción y la cuestión jamás estuvo relacionada a determinar si el territorio palestino es considerado o no un Estado", destacó Bensouda. La prestigiosa jurista evitó referirse a la férrea postura israelí, sin embargo aseguró: "Mi oficina exige actividades imparciales constantemente, no trabajamos bajo consideraciones políticas".

La pandemia y el rol del Estado

Consultada respecto a la posibilidad de encuadrar como crímenes humanitarios a la gestión de algunos gobiernos frente a la pandemia de coronavirus, Bensouda reconoció que "algunos líderes mundiales podrían haber respondido mejor", aunque para dar lugar a una acusación semejante "se debe detectar un ataque sistemático y directo a civiles e intención para hacerlo".

Sobre el caso particular del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la fiscal general admitió que la CPI recibió "distintas comunicaciones" denunciando su gestión de la pandemia. En efecto, Bolsonaro fue denunciado por más de un millón de profesionales de la salud a fines de julio de 2020 bajo el cargo de "genocidio". Un mes más tarde, el cacique Raoni Metuktire, emblemático defensor de la Amazonia, le pidió al tribunal internacional que investigue al mandatario de ultraderecha por "crímenes contra la humanidad"

A la hora del balance de su gestión, Bensouda destacó que la oficina de la CPI alcanzó "un número importante de éxitos en litigios y decisiones históricas". Mencionó en ese sentido la sentencia dictada en la jurisdicción de la frontera Myanmar-Bangladesh, que le permitió mantener abierta una investigación por los presuntos delitos cometidos contra la minoría rohingya, que Naciones Unidas describió como ejemplo de "limpieza étnica".

Bensouda también aseguró que el procesamiento del expresidente de Sudán, Omar Al Bashir, por los cargos de "genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", sirvió para confirmar que "nadie está encima de la ley". En Congo, la CPI "logró que por primera vez en la historia se declarara esclavismo sexual y violación de mujeres y hombres". Con una leve mueca de satisfacción, Bensouda consideró que "hay suficiente evidencia para creer que el trabajo de la CPI contribuye a la protección de los derechos humanos". 

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Pascua. Entre memorias y reciclajes del terror

En la semana de Pasión y de Pascua, nuestra Comunidad siguió su tradición consolidada de recorrer los caminos ensangrentados en donde se les arrancó la vida a centenares de integrantes de nuestro proceso. Es la pasión de Jesús reciclada permanentemente por nuestro criminal Estado colombiano.

Este Viernes Santo de 2021 peregrinamos por los caminos de las veredas La Linda, La Sucia y La Cristalina. Estuvimos en el sitio donde fue perpetrada por el ejército la horrenda masacre de jóvenes en el amanecer de 26 de diciembre de 2005. Previamente miembros de la Brigada XVII habían cooptado a los hermanos Ovidio, Albeiro y Lubín Cardona Borja, quienes eran milicianos de las FARC, con el fin de que trabajaran para el ejército como infiltrados y prepararan una gran fiesta de Navidad con amplio consumo de licor; así podrían sorprender ebrios a numerosos jóvenes de la zona y masacrarlos, confiando en que entre ellos caerían algunos milicianos. El General Zapata dio el falso Parte a los medios mostrándolos como “guerrilleros muertos en combate”. Entre las 6 víctimas fatales cayeron integrantes de nuestra Comunidad y los hermanos Cardona cobraron como cuota de sangre 4 millones de pesos por cada víctima, sumas que el ejército les canceló inmediatamente, mientras esos victimarios se integraban de lleno a la tropa paramilitar, usando uniformes y armas de uso privativo del ejército y rindiendo declaraciones falsas ante fiscales cooptados por los militares para alimentar montajes judiciales de atrevida falsedad y suciedad.

En ese mismo recorrido pasamos por el sitio donde la guerrilla de las FARC asesinó, el 6 de octubre de 1997, a tres líderes de nuestra naciente Comunidad de Paz: Ramiro Correa, Fernando Aguirre y Luis Fernando Espinosa, cobrándonos así el respeto con que cumplíamos nuestro Reglamento, en el cual se prohibía vender alimentos a cualquier actor armado.

En ese mismo recorrido estacionamos en otros numerosos lugares ensangrentados: desde el sitio donde los militares le arrancaron la vida a la niña de 3 años Mildrey Dayana David Tuberquia, el 18 de marzo de 2003, hasta el sitio en que sus auxiliares paramilitares masacraron al joven Weber Andrés Garzón, el 18 de agosto de 2019 por negarse a cumplir sus absurdas órdenes. Visitamos también las ruinas de la vivienda de la familia Arenas Román, cuyo padre, Ignacio Arenas, fue bajado de un chivero y asesinado en la vía a Apartadó, el 25 de agosto de 2000 y sus tres hijos: Luz Analia, Hernando y Duver Antonio, masacrados un mes después, el 23 de septiembre de 2000.

Pero mientras la memoria nos revivía los horrores del pasado, las denuncias actuales nos convencen de que el Estado que nos domina sigue demostrando su carácter GENOCIDA, con un afán desaforado por exterminar a todo grupo que no se ajuste a su modelo excluyente, paramilitar y asesino, tal como se comprobó en las recientes audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, realizadas en Bucaramanga, Bogotá y Medellín entre el 25 y el 27 de marzo de 2021.

Ponemos en conocimiento del país y del mundo los últimos hechos que nos preocupan profundamente:

  • El lunes 22 de marzo de 2021, dos pobladores del caserío de San José fueron amenazados por los paramilitares, quienes los trataron de “sapos” o informantes. Uno de los paramilitares anunciaba: “va a correr de la colorada” (refiriéndose a nuevos derramamientos de sangre).
  • ·El domingo 28 de marzo de 2021un personaje extraño, con la cara cubierta, estuvo recorriendo, de manera muy sospechosa, la parte del río El Cuchillo que bordea nuestro asentamiento central de San Josesito, como inspeccionando su topografía con miras a algún plan de acción. A raíz de esto, otras personas informaron que en días pasados habían visto a otros personajes sospechosos haciendo similares recorridos por el río.
  • ·En la última semana de marzo de 2021,en la vereda El Porvenir se vio transitar a un grupo de jóvenes reclutados y entrenados por los paramilitares.
  • ·En la última semana de marzo de 2021, pobladores de la vereda El Porvenir manifestaron su propósito de vender sus tierras porque, según ellos, “ya los paramilitares no los dejan trabajar”.
  • ·El martes 30 de marzo de 2021,  ala 01 del amanecer, paramilitares movilizados en motos distribuyeron panfletos en diversas veredas de San José de Apatadó. Uno de esos panfletos fue dejado en el asentamiento de San Josesito de nuestra Comunidad de Paz. Las cámaras captaron el momento en que llegaban en moto a dejar los panfletos.

Todos los episodios reseñados evidencian el dominio paramilitar de la zona, donde se comprueban reclutamientos, entrenamientos, reuniones, imposición de normas y cobros de impuestos a su amaño, presiones sobre pobladores para convertirlos en aliados y amenazas contra potenciales informantes, concentrando nuevamente las amenazas en anuncios de exterminio de nuestra Comunidad de Paz, en la cual ven un estorbo para sus planes de dominio, pues nuestra Comunidad no comparte ni de lejos sus perversos principios.

Es de público conocimiento, además, que en los alrededores de la base militar se ha establecido una caseta de fuerte consumo de licor en las noches, donde los paramilitares acuden armados. Es también preocupante el aumento de civiles armados que se movilizan por la carretera, multiplicándose la fuerza paramilitar ante la tolerancia absoluta de las instituciones.

Con nuestro saludo de Pascua, deseándoles felicidades, agradecemos nuevamente a las comunidades que desde tantos sitios del país y del mundo siguen manifestando su solidaridad fraterna con nuestra causa.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 6 de 2021

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Domingo, 04 Abril 2021 10:45

La boca del infierno

La boca del infierno

Hace algunos días conversé por Zoom con mi amigo el escritor canadiense John Ralston Saul, anterior presidente del Pen International y quien estuvo hace algunos años en Nicaragua. El Pen, antes llamado Pen Club, fue fundado en Londres en 1921, y entre sus socios constituyentes estuvieron nada menos que Joseph Conrad, George Bernard Shaw y H. G. Wells. Hoy agrupa a escritores de todo el mundo y se dedica sobre todo a promover y proteger la libertad de expresión y los derechos humanos.

John me llamaba porque quería saber de Nicaragua, donde el capítulo nacional del Pen, presidido por Gioconda Belli, se vio obligado a cerrar sus puertas; y de Nicaragua fue que hablamos extensamente, recordando la vez que lo llevé a asomarse al cráter encendido del volcán Masaya, una oquedad que espanta a cualquier turista, desde donde sube una densa humareda de azufre, como si siempre viviéramos en este país en la boca del infierno. Es como llamó el cronista Fernández de Oviedo a este cráter.

Le dije, para empezar, que los gobiernos resultantes de elecciones en América Latina tienen distintas calidades y formas de comportamiento democrático, pero en las últimas décadas la legitimidad del voto popular ha logrado ser establecida, porque los sistemas electorales han logrado credibilidad, todo distante de la vieja historia de fraudes, con las urnas llenas de votos falsos, con gran concurrencia de ciudadanos difuntos y las actas burdamente trucadas.

Nadie puede alegar la legitimidad de la aplastante mayoría ganada en las últimas elecciones legislativas de El Salvador por el presidente Bukele. Si esa mayoría, que le abre las puertas del control de todos los demás poderes del Estado, será usada para fortalecer el sistema democrático o para acabar con él, está por verse; pero los votos que se le han dado están bien contados. Y si en Perú hay una crisis de credibilidad política que se ha vuelto crónica, no se debe a elecciones fraudulentas, sino al desprestigio que trae consigo la reiterada corrupción de los electos.

No es el caso de Nicaragua, donde la Constitución política manda que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre de este mismo año. Es decir, dentro de algunos meses, y aún a esta fecha no existen las condiciones mínimas para que se pueda pensar en un proceso electoral creíble, que sirva como un mecanismo de transición democrática.

Una resolución de la Asamblea General de la OEA de noviembre del año pasado demanda negociaciones "incluyentes y oportunas" entre el gobierno y la oposición para acordar “reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales; modernización y restructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera totalmente independiente, transparente y responsable; actualización del registro de votantes y observación electoral nacional e internacional.

La resolución suma que debe haber un proceso político pluralista "que conduzca al ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de libertad de reunión pacífica y libertad de expresión y registro abierto de nuevos partidos políticos".

Tales compromisos deberían estar concluidos en mayo, que ya llega, sin que el régimen haya movido un dedo. Por ahora, la única certeza es que Ortega y su esposa, la vicepresidenta, se disponen a ser relectos de nuevo, lo que supone continuar, como desde hace ya 15 años, en el control total del poder civil, económico, policiaco y militar. Nada hace prever, hasta ahora, que exista la mínima voluntad política para someter ese poder total al libre escrutinio de los votantes.

El Consejo Permanente de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido en Ginebra en marzo de este año, expresó "grave preocupación ante la falta de avances del gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones transparentes".

Manda "abandonar las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación", y "liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente". Exige, también, la derogación de las leyes que violentan el ejercicio de los derechos humanos. Baste mencionar la ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros y el establecimiento de la cadena perpetua para "crímenes de odio".

¿Es posible un clima electoral aceptable cuando hay más de 120 presos políticos, jóvenes en su inmensa mayoría y miles de exiliados, jóvenes también, que huyeron de la represión desatada a partir de abril de 2018?

¿Y cómo puede desarrollarse así una campaña electoral? La policía vigila en las calles para desbaratar cualquier atisbo de manifestación pacífica, encierra ilegalmente a los opositores en sus casas con prohibición de salir e irrumpe en locales bajo techo para disolver reuniones políticas.

Hay medios de comunicación y estaciones de televisión con sus instalaciones confiscadas, como Confidencial y 100% Noticias, y otros que viven bajo asedio, como Radio Darío, de la ciudad de León.

Seguimos asomados al cráter encendido, le digo a John. Encontrar el camino para alejarse de la boca del infierno costará mucho, pero no hay esperanzas perdidas.

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Las guerrillas rompen el pacto con la junta

Rebeldes armados se distancian de los golpistas de Myanmar

La creciente represión a las protestas por el golpe del primero de febrero ya causó al menos 550 muertos. Las facciones anunciaron que pueden volver a tomar las armas.

Diez de las principales facciones rebeldes de Myanmar van a "revisar" el acuerdo de paz firmado en 2015 con el ejército, como respuesta a la represión del régimen militar al movimiento prodemocracia que ya dejó al menos 550 muertos desde el golpe del 1 de febrero. Más de 12.000 desplazados huyeron de los bombardeos aéreos del ejército durante los últimos días, aseguró hoy uno de estos grupos, la poderosa Unión Nacional Karen (KNU), que llamó a las minorías étnicas del país a unirse contra la junta.

Desde la independencia de Myanmar, la antigua Birmania, en 1948, muchas facciones étnicas armadas estuvieron en conflicto con el Gobierno central por una mayor autonomía, el reconocimiento de su especificidad, el acceso a los muchos recursos naturales del país o una parte del lucrativo tráfico de drogas. En 2015, el ejército alcanzó un acuerdo de alto el fuego con diez de las facciones, entre ellas la KNU, uno de los grupos armados más grandes del país.

Poco después del golpe del 1 de febrero que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, estos grupos rebeldes habían asegurado que continuarían con el alto el fuego, pese a que los generales empezaron a reprimir. Desde entonces, "cientos de civiles, menores, adolescentes y mujeres han sido asesinados" por las fuerzas de seguridad, indicaron en un comunicado. Por ello, las diez facciones, que iniciaron este sábado una reunión de dos días, van a "revisar" su posición en el acuerdo del alto el fuego, agregaron.

"Los líderes de la junta militar deben rendir cuentas", advirtió el general Yawd Serk, líder del grupo rebelde Consejo de la Restauración. La KNU es especialmente virulenta contra la junta y la semana pasada ya se apoderó de una base militar en el estado de Karen, en el sureste del país, y mató a 10 soldados. Otros grupos armados ya respaldaron la movilización democrática y amenazaron con volver a tomar las armas contra la junta, que reprime a sangre y fuego la sublevación.

La emisaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Myanmar, Christine Schraner Burgener, advirtió esta semana del riesgo "sin precedentes" de "guerra civil" en este país. Al menos 550 civiles murieron por disparos de las fuerzas de seguridad en los últimos dos meses, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP). Podría haber muchos más, ya que más de 2.700 personas fueron detenidas, sin acceso a familiares y abogados. Muchas están desaparecidas. 

Los militares tomaron el poder el 1 de febrero tras derrocar al Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la Nobel de la Paz Suu Kyi, al que acusan de cometer "fraude" en las últimas elecciones. Desde entonces la represión fue en aumento ante un Consejo de Seguridad de la ONU que se mantiene dividido: China y Rusia se oponen a las sanciones, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido están a favor y ya las impusieron de forma bilateral. 

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Sebastián Piñera acusado de genocidio por las comunidades mapuches en Chile

Comunidades mapuches de la región del BioBío y de la Araucanía en Chile, presentaron una querella contra el presidente Sebastián Piñera por genocidio, responsabilizándolo de todos los actos de violencia y represión en los territorios.

 

El anuncio fue realizado por el lonko Alberto Catalán, quien explicó a radio Cooperativa que “las comunidades mapuche de las comunas de Nueva Imperial, Freire, Teodoro Schmidt, en conjunto con comunidades de Lautaro, le comunican al Pueblo Nación Mapuche y a la comunidad nacional e internacional lo siguiente: venimos a interponer una querella en contra de don Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique por su calidad de autor del crimen de genocidio, contemplado en el Artículo 11 de la Ley 20.357, y del artículo sexto del estatuto de Roma”.

La comunidad mapuche además busca responsabilizar no solo a Piñera, sino que también a todos los responsables políticos, materiales y encubridores.

Señalaron en un comunicado que actualmente se "ha recrudecido la represión estatal en contra del pueblo mapuche, especialmente en contra de comunidades que levantan dignos procesos de recuperación territorial".

Añaden que la "militarización" de su territorio "ha generado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en tanto también derechos colectivos". Como consecuencia de esa militarización, afirman, han sufrido "golpes, baleadas, torturas y asesinatos", sobre todo a niños y niñas, adolescentes, mujeres y personas ancianas.

Por otro lado, hace meses las comunidades mapuches vienen recuperando sus territorios, tomados de forma pacífica, sin hacer ningún tipo de daño, sino que todo lo contrario, quieren cuidar sus tierras, su naturaleza para sus familias.

Las comunidades de Lautaro vienen denunciando los desalojos de terrenos, que son parte de una investigación de la fiscalía de alta complejidad, para hacer un barrido con las fuerzas de Carabineros.

Es por eso que las comunidades están haciendo un llamado a la autoorganización y la autodefensa para proteger los territorios recuperados y brindar una seguridad entre ellos.

El Gobierno de Piñera y sus aliados, son responsable de todos los actos de represión, tanto contra el pueblo mapuche, como el pueblo trabajador. Utilizando instituciones podridas como es Carabineros para reprimir a todos quienes están en contra de sus políticas.

La comunidad mapuche que presentó la querella califica esta situación como una "guerra de baja intensidad", con la cual el Gobierno chileno declara al pueblo mapuche como su "enemigo interno".

"Esta actual y sistemática política de exterminio a nuestro pueblo mapuche se constituye en un genocidio", afirmaron en el pronunciamiento.

Durante el último año se han producido varios incidentes derivados del recrudecimiento de las relaciones entre el Gobierno y los mapuches, fundamentalmente en La Araucanía.

Es por eso que es importante solidarizarse con el reclamo mapuche asediados por un Gobierno represor que los encarcela y expropia sus tierras en favor de las grandes corporaciones mineras y del agronegocio, para beneficiar a empresarios que se roban todos nuestros recursos naturales y territorios desde hace cientos de años.

Viernes 2 de abril | 09:45

Con información de Telesur.

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Una motocicleta en llamas en una de las protestas acontecidas esta semana en Mandalay, Myanmar. — REUTERS

Dos meses después del golpe de estado en el país asiático, el conflicto parece cada vez más violento, con cientos de muertos y miles de heridos en las calles de las grandes ciudades.

 

La brutal represión del Ejército de Myanmar contra el movimiento de desobediencia civil pacífico desatada tras el golpe del 1 de febrero está sumiendo al país asiático en un estado de guerra civil. Los más de 500 manifestantes asesinados por las Fuerzas Armadas y la Policía desde el inicio de las protestas, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, nos revela una guerra enormemente desigual: el Tatmadaw (como se conoce al Ejército) cuenta con casi todas las armas pero carece casi totalmente de apoyo popular, mientras que la oposición al golpe ha logrado unir a un país profundamente dividido por las diferencias étnicas, religiosas y económicas.

Ciudades como Yangon, la antigua capital, o Mandalay, están tomadas por el Tatmadaw, una fuerza de ocupación que considera a cualquier ciudadano como un enemigo en potencia. La violencia y el caos tras el golpe han llevado a varios países, entre ellos España, a urgir a sus nacionales que abandonen Myanmar lo antes posible. Pero el Ejército no ha logrado tomar el control de todo el territorio, pero sí se han sucedido huelgas de diversos sectores que han paralizado la economía. Por ejemplo, el puerto de Yangon está totalmente paralizado por el paro de los estibadores y transportistas, según informa el medio birmano Frontier Myanmar.

La asonada se produjo dos meses después de las elecciones del pasado noviembre, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND), liderada por la Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, volvió a obtener la mayoría tras sus primeros cinco años en el Gobierno. El Ejército había acusado sin pruebas a al Gobierno de fraude electoral y finalmente el comandante en jefe, Min Aung Hlaing, tomó el poder horas antes de la primera sesión parlamentaria y arrestó a Suu Kyi, a decenas de diputados electos de su partido y centenares de conocidos activistas.

Min Aung Hlaing predica que la toma de poder es constitucional y que su intención es celebrar nuevas elecciones tras un año de gobierno. Pero sus promesas de defender la democracia suenan cada vez más vacías a medida que se acumulan los muertos. Este golpe supone, paradójicamente, el desmantelamiento del sistema constitucional diseñado por la anterior junta militar (que gobernó entre 1988 y 2011), y que ha sido enormemente beneficioso para los generales desde que decidieron embarcarse hace un decenio en una transición a lo que denominaron una "democracia disciplinada".

La Constitución asegura al Tatmadaw el control de tres ministerios clave (Defensa, Interior y Fronteras), una autonomía casi total con respecto al Gobierno civil y el 25% de los escaños en el Parlamento. Además, los generales han contado con una aliada inesperada en su transición: Aung San Suu Kyi, quien, tras 15 años bajo arresto domiciliario por su oposición al régimen, en 2011 decidió aceptar las reglas del juego impuestas por la junta militar, lo que culminó con la victoria electoral de su partido en 2015.

Suu Kyi y su ‘laissez faire’ a los militares

La Dama, como se conoce a Suu Kyi en Myanmar, nunca ocultó su intención de cambiar la Constitución para poner al Ejército bajo control civil, pero la Carta Magna está blindada para que cualquier enmienda sea imposible sin el asentimiento del Ejército. Entretanto, Suu Kyi y su partido mostraron tener más en común con el Ejército de lo que parecía durante la época de la dictadura.

En primer lugar, Suu Kyi apoyó sin reservas las operaciones militares de 2016 y 2017 contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rakhine, que provocaron miles de muertos y el éxodo de casi 800.000 refugiados a la vecina Bangladesh. Los rohingya llevan sufriendo un régimen de apartheid desde hace décadas y abunda el racismo contra ellos en Myanmar, donde son considerados erróneamente ‘inmigrantes ilegales’ de Bangladesh. La LND de Suu Kyi no es ajena a ese racismo y ha contribuido enormemente a exacerbarlo.

Suu Kyi también apoyó al Ejército en sus conflictos con las decenas de guerrillas etnonacionalistas que luchan por la autonomía de las regiones fronterizas del país. Desde que Myanmar se independizara de los británicos en 1948, ha estado dominada por los bamar, la etnia mayoritaria que ha intentado imponer un modelo centralista sobre minorías que históricamente han pertenecido a reinos de las periferias. Durante su mandato, la Dama intentó poner en marcha un proceso de paz con los distintos grupos armados, pero fracasó estrepitosamente, en gran medida debido a que no tenía control sobre el Ejército, pero también por su negativa a hacer concesiones políticas, como señalaba en su día un informe de International Crisis Group.

Por otra parte, Aung San Suu Kyi nunca se atrevió a tocar los intereses económicos de los generales, que controlan gran parte de la economía y son protagonistas del expolio de los recursos naturales a través de empresas privadas y grandes conglomerados de su propiedad, lo que organizaciones como Justice for Myanmar llevan años denunciando.

Hasta el golpe de estado del 1 de febrero, los militares y la LND habían alcanzado un incómodo, pero conveniente, modus vivendi, como explica el historiador Thant Myint-U en su reciente libro The Hidden History of Burma. Ello hace de la asonada un misterio, aún más difícil de resolver dada la absoluta opacidad del Tatmadaw, como reconocen expertos en el Ejército de Myanmar como el australiano Andrew Selth. Más allá de la ambición personal de Min Aung Hlaing, es muy posible que, ante una LND cada vez más asertiva tras su segunda victoria electoral, los generales perdieran la paciencia y decidieran "poner en su sitio" al gobierno civil.

Ahora, con Aung San Suu Kyi incomunicada, tras su arresto después del golpe, el movimiento de desobediencia civil ha cobrado vida propia y nadie quiere volver a la "democracia disciplinada" de los generales, esa que pactó la Dama.

La inesperada solidaridad interétnica

Las protestas también se han extendido a la mayoría de las regiones donde habitan las minorías étnicas, que demandan una nueva constitución federalista. Mientras tanto, los bamar que viven en las zonas centrales, alejados de los conflictos en las fronteras, están sufriendo ahora la misma brutalidad por parte del Ejército que las minorías han padecido durante decenios, lo que está generando un incipiente movimiento de solidaridad interétnica sin apenas precedentes en Myanmar.

Hasta los rohingya están recibiendo muestras de apoyo por parte de los bamar, que en algunos casos han manifestado su arrepentimiento por no haberlos apoyado cuando el Tatmadaw los estaba masacrando hace cuatro años, algo impensable hace solo unos meses.

Asimismo, un grupo de diputados electos en las últimas elecciones ha formado un gobierno clandestino, el Comité de Representación de la Pyidaungsu Hluttaw (Parlamento, CRPH) que está tratando de crear un ejército federal que una a todos los grupos armados para combatir al Tatmadaw. Muchas de las guerrillas han expresado su solidaridad con el movimiento de desobediencia civil, pero formar dicho Ejército supondría un trabajo diplomático casi titánico, ya que algunos de estos grupos rebeldes parecen poco dispuestos a luchar y otros están enfrentados entre sí, tal y como advierte el experto David Mathieson.

La población de Myanmar está prácticamente sola frente al Ejército en un contexto internacional en el que la ONU muestra una vez más su impotencia. En este escenario, una intervención extranjera es poco probable y las sanciones contra los generales por parte de países occidentales son escasamente efectivas mientras cuenten con el apoyo de poderosos aliados como China o Rusia, dos de los ocho países que enviaron representantes a las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas en la capital, Naipidó, el 27 de marzo, mientras el Ejército mataba a más de 100 civiles en otras localidades.

Aunque se han producido algunas deserciones de oficiales de bajo rango, es poco probable que se produzca una rebelión dentro de un Ejército muy cohesionado, casi totalmente aislado de la sociedad y acostumbrado a considerarse el único garante de la unidad nacional, como muestra una investigación publicada por New York Times. Esa posibilidad disminuye a medida que el Tatmadaw comete más crímenes y más oficiales están implicados en ellos; pocas cosas unen tanto como la responsabilidad compartida en crímenes de lesa humanidad. Mientras Myanmar parece sumirse en una guerra civil, solo una unión de los diferentes grupos armados y el movimiento de protesta podría alterar el desequilibrio de fuerzas actual frente al brutal Ejército de Min Aung Hlaing, pero queda por ver si eso será posible.

Madrid

02/04/2021 22:04 Actualizado: 02/04/2021 23:02

Carlos Sardiña Galache//twitter.com/@CSGalache">@@CSGalache

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Fotografía de archivo fechada el 25 de octubre 2019 que muestra a manifestantes mientras cuelgan representaciones del presidente hondureño Juan Orlando Hernández (d) y su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández (i) durante una protesta en Tegucigalpa (Honduras). — EFE

 

"Tony" Hernández había sido hallado culpable en 2019 de los cuatro cargos de los que fue acusado, incluyendo el envío de cocaína a Estados Unidos.

 

Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue condenado este martes por un juez de un tribunal federal de Nueva York a cadena perpetua por narcotráfico.

"Basado en la libre elección de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de drogas durante un período de 12 años, que afectó la vida de personas en los Estados Unidos y en Honduras, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida", dijo el juez Kevin Castel.

Tony Hernández, diputado en el Congreso hondureño entre 2014 y 2018, fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y declarado culpable en un tribunal de Nueva York el 18 de octubre de 2019 de traficar cocaína con destino a EEUU, posesión de armas y mentir a las autoridades estadounidenses.

Además, el juez dictaminó el embargo de bienes y propiedades por valor de 138,5 millones de dólares, que coincide con la cantidad que supuestamente obtuvo Tony Hernández con la venta de la cocaína entre 2004 y 2015, y lo condenó a otros 30 años por el resto de los cargos, entre los que estaba el uso de armamento.

Castel insistió durante la lectura de su sentencia que el acusado y sus coconspiradores, entre los que citó al presidente Juan Orlando Hernández, "fueron indiferentes a las consecuencias de sus actos en las vidas de las personas de su propio país y de este país (EEUU)", por lo que subrayó que "una sentencia larga promoverá el respeto por la ley y servirá como un disuasivo para otros que puedan implicarse en una conducta similar".

Durante la vista, el abogado de Hernández, Peter Brill, solicitó en primer lugar un aplazamiento de la sentencia, que fue denegada por el juez y anunció que presentará una apelación.

Tony Hernández tomó la palabra antes de escuchar la sentencia para insistir en dicho aplazamiento y recriminar a su abogado por lo que consideró una mala representación.

Para argumentar dicha postergación el acusado aseguró que la Fiscalía había ocultado pruebas que podrían favorecerlo, algo que el juez rechazó insistiendo que había llegado el momento de dictar sentencia después de un año y cinco meses de que un jurado lo hubiera declarado culpable.

En su comparecencia, la Fiscalía recriminó a Tony Hernández y lo calificó de "arrogante" por su intervención, asegurando que en lugar de mostrar remordimiento por sus actos "se queja de los abogados".

Poco antes de conocerse el veredicto, el presidente de Honduras aseguraba a través de su cuenta de Twitter que la noticia que se esperaba de Nueva York sería dolorosa.

"Para toda la familia, la noticia que se espera de Nueva York será dolorosa. ¿Y qué más se puede decir de un juicio en el que el testimonio del principal "cooperador" de los fiscales ahora queda expuesto por las grabaciones secretas de la propia DEA (la Administración para el control de drogas de EEUU) como una mentira?", escribió el mandatario hondureño que ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones de narcotráfico vertidas contra él durante el proceso.

Asimismo, y como ya ha hecho en varias ocasiones, ha subrayado que según el Departamento de Estado de Estados Unidos el tráfico de drogas en Honduras se redujo en un 95% desde su llegada a la presidencia.

"Antes, las narcoavionetas aterrizaban como moscas en territorio hondureño a vista y paciencia de las autoridades. Hoy, el tráfico de drogas se redujo en un 95 % en Honduras. Lo dice el Depto. de Estado de EEUU NO lo digo yo", subrayó en un mensaje

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Más de 100 muertos en Myanmar durante las protestas contra el golpe

Es el saldo la represión de una manifestación este sábado en contra del golpe

Esta cifra implica que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las manifestaciones. 

 

Más de 100 personas murieron este sábado en más de 40 localidades de Myanmar, en la jornada más letal y masiva de protestas contra el golpe de Estado y en la que el Ejército hizo una exhibición de su poder al celebrarse allí el día de las Fuerzas Armadas.

La cifra exacta de fallecidos en la ex Birmania es difícil de precisar por la falta de información oficial y los cortes en las comunicaciones que imponen las autoridades militares para intentar mitigar las manifestaciones.

Un recuento emitido por un investigador independiente en Rangún, la ciudad más grande del país, habla de 107 muertos, mientras que el portal de noticias Myanmar Now menciona 114.

Estas cifras implican que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las protestas prodemocracia registrados ayer por la ONG local Asociación de Ayuda a los Presos Políticos

El país asiático vive sumido en una profunda crisis desde que los militares depusieron al gobierno civil de Aung San Suu Kyi en un golpe el 1º de febrero,que desencadenó una gran revuelta para pedir el retorno de la democracia.

La violenta represión de las fuerzas de seguridad coincidió con el desfile militar que se organiza cada año con motivo del día de las Fuerzas Armadas. Miles de soldados, tanques, misiles y helicópteros se sucedieron en una gran explanada frente a los generales y sus escasos invitados, entre ellos las delegaciones rusa y china, países que no condenaron el golpe, informó la agencia de noticias AFP.

El líder de la junta, el general Min Aung Hlaing, volvió a defender el golpe debido al presunto fraude en las elecciones de noviembre, en las que venció el partido de Aung San Suu Kyi, y prometió ceder el poder tras unas nuevas elecciones.

A pesar de esa exhibición de fuerza, a media jornada, la violencia había estallado en todo el país. En Rangún, columnas de humo se elevaban sobre la antigua capital del país, que se convirtió en foco de disturbios en las últimas semanas. Una concentración nocturna frente a una comisaría en el sur de la ciudad terminó con la muerte de al menos seis personas.

En la región central de Mandalay, se registraron al menos nueve muertos en las últimas horas. Un médico de la ciudad de Wundwin confirmó la muerte de dos manifestantes. Una manifestación allí también se convirtió en un caos cuando los soldados empezaron a disparar. Al menos uno de los manifestantes murió, un agente de policía de 21 años, Chit Lin Thu, que se había unido al movimiento contra el golpe. "Estoy muy triste por él, pero al mismo tiempo estoy orgulloso de mi hijo", afirmó a AFP Joseph, su padre.

En el estado de Shan, al norte, la policía y el ejército abrieron fuego contra una concentración de estudiantes universitarios, dijeron testigos. Estas muertes provocaron una nueva condena de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido.

"Este 76º Día de las Fuerzas Armadas se recordará como una jornada de terror y de deshonor", dijo la embajada de la Unión Europea en el país. La embajada de Estados Unidos así como el representante de Reino Unido también condenaron la violencia.

"Las fuerzas de seguridad están matando civiles desarmados, niños, la gente a la que juraron proteger", lamentó un comunicado de la sede diplomática estadounidense publicado en Facebook. La brutalidad de la represión provocó desde hace semanas condenas internacionales y sanciones contra militares poderosos, pero la presión diplomática tuvo un escaso efecto hasta el momento.

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