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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, muestra los pasaportes de dos ciudadanos estadounidenses, acusados por el gobierno venezolano de participar en un supuesto intento de incursión durante una rueda de prensa sobre un presunto golpe de estado. Marcelo Garcia /Prensa Miraflores / DPA / Europa Press

Un asesor de Guaidó acordó el plan con el mercenario Jordan Goudreau, pero más tarde rompieron la relación y Goudreau siguió adelante con la operación buscando los 15 millones de dólares que ofrecía EEUU por Nicolás Maduro

 

Pocas veces el dinero fácil se ofrece a cambio de una operación tan complicada. Cualquiera habría desconfiado. No era tan simple como parecía. Les pedían invadir un país del que lo desconocía casi todo. Secuestrar a su presidente para llevarlo a Estados Unidos. Cobrar la recompensa de 15 millones de dólares que ofrece el gobierno de Estados Unidos y luego esperar que la suma aumentara en función de la generosidad de quienes asumieran el poder.

No obstante, el plan para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro y llevárselo a Florida para que enfrentara allí un juicio por narcotráfico parecía solvente para un antiguo sargento del ejército estadounidense, Jordan Goudreau. Al menos mientras lo diseñaba en un lujoso apartamento en Miami a finales de 2019. El antiguo boina verde de 43 años, que también tiene nacionalidad canadiense, estaba seguro de que su experiencia en Irak y Afganistán le había preparado para una misión como esa.

A sus interlocutores de la oposición venezolana también debía sonarles sensato, incluso tras el fracaso del último de los intentos previos de golpe de Estado ese mismo 2019. Por eso los representantes de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y la mayor parte de sus aliados reconocen como presidente legítimo de Venezuela, firmaron un contrato con Goudreau con ese objeto: Derrocar a Maduro.

Pero en entrevistas concedidas a The Guardian, uno de los líderes más importantes de la oposición ha explicado que comenzaron a dudar de Goudreau y llegaron a cortar relación con él meses antes de que lanzara una incursión que terminó en desastre y cuyo eco recuerda al fracaso de la invasión de Cuba a través de la Bahía de Cochinos en 1961. La debilidad de su plan fue puesta de manifiesto cuando dos antiguos miembros de las fuerzas especiales de Estados Unidos acabaron expuestos ante el público en harapos. Airan Berry y Luke Denman fueron detenidos en el mar, antes de poner pie en Venezuela.

Se cree que en la operación murieron ocho personas y más de 100 acabaron detenidas. Berry y Denman aparecieron en la televisión pública venezolana dando algunos detalles sobre el plan para tomar la casa presidencial y enviar a maduro a Estados Unidos.

Goudreau había anunciado una "audaz incursión anfibia". Su nombre en código, de inspiración bíblica: Operación Gideon, símbolo de la victoria del débil frente a un rival de mayor envergadura. "Hemos activado unidades en el sur, el oeste y el este de Venezuela", dijo vestido con una camisa verde y junto a quien fuera capitán de la Guardia Nacional de Venezuela, Javier Nieto Quintero.  

Pero en el momento de hacer público tan importante anuncio, el operativo ya había fracasado. La agencia Associated Press había publicado una larga investigación dos días antes exponiendo el plan. Si AP lo sabía, es probable que el Gobierno venezolano estuviera al corriente.

Goudreau formó parte del Ejército de Canadá en la década de los 90 y estudió en la Universidad de Calgary antes de unirse a los boinas verdes estadounidenses. Fue sargento médico durante 15 años y estuvo destacado en Irak y Afganistán varias veces. En 2018, después de abandonar el Ejército, Goudreau creó una empresa de seguridad, Silvercorp USA.  Su plan era ofrecer guardias a las escuelas de Estados Unidos para protegerlas de los ataques armados que sufren.

En su página web, Silvercorp se ufana de que Goudreau lideró "equipos de seguridad multinacionales para el Presidente de Estados Unidos". Ha provisto de seguridad privada en mítines políticos de Donald Trump.

Juan José Rendón, un viejo conocido en Latinoamérica

A principios de 2019, Goudreau prestó sus servicios en un concierto en apoyo a los refugiados venezolanos en la frontera colombiana organizado por Richard Branson, el multimillonario dueño del imperio Virgin. Allí conoció a Cliver Alcalá, un exgeneral venezolano que desertó para sumarse a las filas de la oposición. El dúo comenzó a hablar de la posibilidad de derrocar a Maduro.

En septiembre, el complot avanzaba. Se reunió en Miami con Juan José Rendón, un exiliado venezolano al que Guaidó ha encargado el diseño de estrategias para tomar el poder.

Juan José Rendón es un viejo conocido de la política latinoamericana. Dimitió como asesor del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos debido a las acusaciones de que había recibido dinero de narcotraficantes. También lo acusaron de manipular las elecciones de 2012 en México. Él niega categóricamente ambas informaciones.

Guaidó creó un grupo asesor al que encargó el diseño de planes para terminar con el régimen de Maduro. La función de Rendón era asesorar a ese grupo sobre el mejor modo de poner esos planes en marcha. 

El asesor cuenta que habían explorado todas las posibilidades –legales– de derrocar al presidente. Incluso las leyes referentes a la piratería. Entrevistaron a expertos en seguridad, la mayor parte exmilitares que ofrecen sus servicios especializados a cambio de cifras multimillonarias. "No había límites, 1000 millones, 1500 millones de dólares", señala Rendón a The Guardian.

La empresa de Goudreau era mucho más barata. Un fijo de millón y medio de dólares y algo más de 200 millones a pagar a partir de los beneficios futuros de la explotación del petróleo venezolano. Rendón afirma que [Goudreau] "estaba preparando algo en Venezuela que pasaría por la frontera colombiana". Goudreau dijo que tenía 800 hombres listos para la invasión.

Tras una serie de encuentros, en octubre llegaron a un acuerdo que consistía en "una operación para capturar, detener, derrocar a Nicolás Maduro… derrocar el régimen en vigor e instalar al presidente reconocido de Venezuela, Juan Guaidó", señala Rendón.

Goudreau ha publicado varias de las páginas del acuerdo, una de ellas firmada aparentemente por Guaidó. Quien iba a convertirse en presidente del país dice que la firma no es suya y ha negado vínculo alguno con el plan.

Rendón se tomó la relación con Goudreau tan en serio como para pagarle 50.000 dólares de su propio dinero para cubrir gastos. "Se quejó de que yo era rico y él estaba gastando dinero sin serlo", cuenta.

El acuerdo entre ambos recogía que Silvercorp tenía 45 días para entrenar y equipar una fuerza de invasión antes de que varios equipos se infiltraran en Venezuela para tomar posiciones y edificios desde los que alentar a la población a un levantamiento.

Goudreau empieza a perder credibilidad

Pero Rendón no tardó mucho en comenzar a dudar de la disponibilidad de los recursos y la experiencia de los que Goudreau se jactaba y comenzó a preocuparse por un comportamiento errático que incluía peticiones de dinero constantes.

Rendón ha mostrado a The Guardian mensajes de texto que, afirma, son de Goudreau y en los que muestra su enfado y pide un avance de millón y medio de dólares. "Recibiré el millón y medio por la vía legal. Qué vergüenza", dice uno de los mensajes. "Te lo pusimos en bandeja de plata y lo jodiste todo", dice otro.

"Después de esto, tu credibilidad en Washington equivale a cero", se lee en otro. "Eres multimillonario, debería darte vergüenza no arreglar tu país. No te mereces vivir en Estados Unidos". Ni Goudreau ni su abogado han contestado a The Guardian.

Mientras preparaba la incursión que acabaría abortada, Goudreau declaró a Factores de Poder, un canal de Youtube que emite desde Miami: "Siguieron prometiéndome que pagarían semana tras semana. Eso duró un mes hasta que más o menos nos dimos cuenta de que no iba a pasar nada".

Rendón sostiene que había perdido la confianza en Goudreau por su "carácter y su comportamiento", así como por "falta de respeto". Asegura que Guaidó había comenzado a sospechar que Goudreau hablaba demasiado.  "En Colombia se reunía antes que con nosotros con gente relacionada con ciertos grupos que no aprobamos porque están relacionados con el régimen", añade el asesor.

La disputa sobre la cantidad fija de millón y medio de dólares llegó a su momento crítico en noviembre, durante una reunión en el apartamento de Rendón en Miami en la que Goudreau, Nieto y otros exiliados se enfrentaron con el asesor político. "La conversación se calentó más y más y al final Nieto tuvo que proponer que saliéramos al balcón para relajarnos", recuerda Rendón. Goudreau se fue sin su dinero. Rendón dijo que no supo más de él hasta abril, cuando recibió una carta de un abogado que le reclamaba el pago del millón y medio de dólares.

Rendón no había sido el primero en desmarcarse del acuerdo con Goudreau. Drew White, que sirvió en el Ejército con Goudreau, Denman y Berry y había ayudado a crear Silvercorp se separó de él en 2019, al empezar a prepararse el plan para secuestrar a Maduro. Le parecía que iba más allá de lo que debía. "Por mucho que quieras apoyarle como amigo, no tenía los pies sobre el suelo", dijo White a Associated press. "Nada de lo que decía tenía sentido".

Ephraim Mattos, que fue miembro de la Marina de Estados Unidos y formó en medicina táctica a algunos de los hombres que participaron en la invasión declaró a The Wall Street Journal que había tratado de detener la operación, pero Goudreau decidió seguir adelante.

Los preparativos sobre el terreno comenzaron a caer en marzo. La policía colombiana detuvo entonces a Jorge Alberto Molinares conduciendo un Renault Duster lleno de fusiles de asalto, chalecos antibalas y cascos rumbo a una casa en Riohacha, una localidad costera a menos de 100 kilómetros de la frontera venezolana.

Las autoridades vigilaban la casa desde que el propietario se había quejado de que los conspiradores no pagaban el alquiler. Molinares dijo a los investigadores que llevaba el cargamento a un hombre apodado "Pantera" que las autoridades venezolanas identificaron como Robert Levin Colina Ibarra, fallecido durante el fracaso de la invasión.

Los planes de Goudreau se complicaron aún más cuando Alcalá, el exgeneral venezolano con cuyo apoyo creía contar, fue acusado de los mismos delitos de narcotráfico lanzados contra Maduro. Antes de entregarse, Alcalá dijo a The Guardian que hizo lo que hizo con conocimiento de "contratistas estadounidenses y el Gobierno colombiano", pero no dio más detalles.

En Marzo, al anunciar las acusaciones, las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de 15 millones de dólares por pistas que permitieran la captura de Maduro y aportaran pruebas a la investigación abierta por narcotráfico.

Una vez que Goudreau tuvo claro que no iba a recibir dinero de Rendón, ganó fuerza la supuesta recompensa que podría recibir de su propio Gobierno. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, arqueó las cejas esta semana al tiempo que negaba implicación "directa" en el complot.

Berry, uno de los mercenarios estadounidenses capturados, dijo en la televisión venezolana que el plan consistía en llevarse al presidente de la casa presidencial, un edificio del siglo XIX situado en pleno centro de Caracas. Pero no dio detalles sobre la logística del operativo más allá de que iban a tomar un aeropuerto militar cercano y aviones para llevarse a Maduro.

Una vez los pretendidos liberadores de Venezuela fueron conducidos a la costa el pasado domingo, tras su detención, Maduro afirmó que tenía agentes infiltrados en la operación hace tiempo y que estaban listos para desmontarla. "Lo sabemos todo", dijo. "Qué comen, qué no comen, lo que bebieron. Quién pagó". 

Guaidó dijo que si el presidente venezolano había dejado que la operación avanzara pese a toda esa información, tenía las manos manchadas de sangre. "Nicolás Maduro eres responsable. Sabían de la operación, se infiltraron y esperaron para masacrarlos", afirmó.

Goudreau ha sido más gráfico al referirse a la 'Operación Gideon' una vez que todo se hundía a su alrededor: "He perdido mucho dinero. Mucho. Fuimos muchos los que nos unimos para preparar esto. He luchado toda mi vida por la libertad. Es todo lo que sé".

 Por Julian Borger / Joe Parkin Daniels / Chris McGreal - Washington / Bogotá

08/05/2020 - 22:28h

 Traducido por Alberto Arce

Publicado enInternacional
Sábado, 09 Mayo 2020 06:21

Pandemia de control digital

Pandemia de control digital

La debacle causada por la pandemia de Covid-19 ha devastado economías nacionales, multiplicado el desempleo, la marginación, el hambre y la pobreza y la crisis o quiebra de empresas de todos los tamaños. Pero algunas compañías y algunos de los más ricos del mundo han ganado en grande con esta pandemia.

Se aceleró la preocupante tendencia que ya existía a la digitalización (junto con la robotización y uso de inteligencia artificial) de muchas actividades industriales y financieras, así como de nuevos sistemas de vigilancia y control ciudadano.

Las principales ganadoras de la pandemia son las grandes plataformas digitales: Amazon, Microsoft, Apple, Google (Alphabet), Facebook, Baidu, Alibaba, Tencent. Las primeras cinco, conocidas como Gafam, tienen matriz en Estados Unidos. Las otras tres, con el ahora sugestivo acrónimo de BAT, en China.

Otras plataformas digitales, como las de entretenimiento, Zoom y algunas de entregas a domicilio también han crecido. Unas más, como Uber y Airbnb, han tenido pérdidas, aunque su meteórico ascenso y competencia desleal con las compañías regulares de taxis y hoteles (mayormente al no pagar impuestos) les habían dado abultadas ganancias.

La primacía de mercado y ganancias de las ocho mayores plataformas (Gafam y BAT) es abrumadora. Según el informe 2019 sobre economía digital de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), 70 plataformas digitales tienen 90 por ciento del mercado mundial, pero las siete más grandes tienen dos tercios. Esas megaplataformas han aumentado significativamente sus ganancias en 2020, al igual que sus fundadores, Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft) y Mark Zuckerberg (Facebook).

Según la Unctad, las empresas estadunidenses y chinas controlan 75 por ciento de las nubes de cómputo, 75 por ciento de las patentes sobre cadenas de bloque ( blockchain) y representan 90 por ciento del valor de capitalización de mercado de todas las plataformas digitales.

Han seguido el mismo patrón que otros rubros industriales: las megaempresas se tragan a competidores más pequeños, logrando un control oligopólico del mercado. En años recientes, Facebook compró Whatsapp e Instagram; Microsoft adquirió Skype y Amazon a Souq, la principal plataforma de Medio Oriente. Facebook controla dos terceras partes de la redes sociales y Google más de 90 por ciento de las búsquedas. Amazon, la mayor ganadora con la pandemia, superó a Walmart como la mayor en ventas minoristas a escala global.

Uno de los nichos de dominación de mercado es que ofrecen almacenar los datos de otras empresas e instituciones públicas en sus servicios de nubes, donde también pueden manejar esos datos con inteligencia artificial. Esta capacidad de almacenamiento y uso de datos (extracción, minería de datos, gestión, interpretación, venta) es el motor fundamental de sus ganancias.

Siendo un factor de importancia creciente en economías nacionales y rubros industriales esenciales, las grandes plataformas no tienen casi fiscalización, regulación o supervisión pública. Básicamente establecen sus propias reglas, y alegando su carácter global están entre los mayores evasores de impuestos, lo que significa cifras astronómicas, mayores que el PIB de decenas de países enteros.

El factor fundamental de ganancia son los datos que les entregamos al usar estas redes. No solamente como individuos. También hay gobiernos que entregan o facilitan a esas plataformas los datos de sectores enteros de la población. Por ejemplo, Luis Hernández Navarro explica que la Secretaría de Educación Pública (SEP, en México) pretende que la educación a distancia se realice a través de las herramientas que ofrecen Google y Youtube, con lo que éstas tendrán acceso a una multiplicidad de datos de profesores, alumnos e instituciones, incluyendo intereses, edad y ubicación geográfica ( La Jornada, 14/04/20 https://tinyurl.com/y8q7788x).

Otra importante fuente de datos es el aumento exponencial de sistemas de vigilancia y control. Con la pandemia se ha extendido el uso de aplicaciones que siguen a las y los ciudadanos de ciudades o países enteros, supuestamente para alertar si son o no un riesgo de contagio. Esto, a su vez, se cruza con el uso de cámaras y lentes “inteligentes”, conectados a bases de datos estatales o privadas, que ya se usan extensivamente en China, Rusia, Corea y otros países asiáticos, y va en rápido aumento en Europa y América del Norte y del Sur. El negocio es tan lucrativo que los clásicos competidores de sistemas operativos, Google y Apple, colaboran ahora en ofrecer una aplicación gratuita de monitoreo durante la pandemia, que probablemente luego incorporarán por defecto a todos los dispositivos.

Las implicaciones de control, vigilancia y potencial represión gubernamental de estos sistemas quitan el aliento. Pero son aún más amplias las consecuencias políticas y económicas que tienen al otorgar acceso masivo de los datos de los ciudadanos a estas empresas y la “inducción” que las que compran los datos ejercen para vender desde productos a preferencias electorales, como sucedió con Facebook y Cambridge Analytica. No es sólo un tema de privacidad de datos personales. Se trata de los nuevos gerentes del mundo y cómo vamos a enfrentarlos colectivamente.

Silvia Ribeiro, iInvestigadora del Grupo ETC

Publicado enSociedad
Sábado, 09 Mayo 2020 05:54

Una invasión de utilería

Policías de las fuerzas oficiales de Venezuela vigilan la zona donde ocurrió el enfrentamiento con un grupo armado que incursionó con lanchas en la costa de la localidad de Macuto / Foto: Xinhua, Marcos Salgado

La Operación Gedeón contra Venezuela.

 

La reciente invasión a la costa próxima a Caracas por pequeños comandos fue reducida por las fuerzas leales a Nicolás Maduro con sorprendente facilidad. Lo difícil, en cambio, se presenta con el cierre de las vías para los acuerdos políticos, bajo el peso de una grave crisis social y económica.

 

Rebeldes venezolanos, con el apoyo de mercenarios estadounidenses, intentaron un golpe de mano, el 3 de mayo, para atacar y quizá capturar al presidente Nicolás Maduro: a bordo de pequeñas lanchas buscaron infiltrarse por las playas cercanas a la capital, pero fueron descubiertos. Ocho resultaron abatidos y 18 fueron detenidos, según la información oficial.

El primer episodio se registró en Macuto, una población a orillas del mar Caribe y 32 quilómetros al noreste de Caracas, donde diez individuos, que arribaron de madrugada en una pequeña lancha de turismo, alcanzaron una casa en la que, se supone, tenían vehículos con armas. Los descubrió un comando policial, que los enfrentó con apoyo militar. Allí se dieron las ocho muertes y dos de los arrestos. Del lado oficial no hubo bajas.

Sólo se informó la identidad de uno de los fallecidos, el capitán de la Guardia Nacional Robert Colina (36), alias Pantera, autoexiliado en Colombia desde el año pasado. Horas después, en Chuao, pequeño pueblo costanero al noroeste de Caracas, ocho individuos a bordo de un bote fueron interceptados por pescadores, que los capturaron con ayuda de policías, sin disparar un tiro. Otros individuos fueron aprehendidos en otros puntos de la costa y en Maracaibo, la capital petrolera del Occidente, hasta completar 18 detenidos. Las autoridades aún buscan más.

Entre los cautivos de Chuao están dos capitanes retirados de la Guardia Nacional, el hijo de un excomandante general del Ejército y dos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, que sirvieron en fuerzas especiales de su país y al parecer ayudaron durante semanas a entrenar a los atacantes en una casa en el norte de Colombia. Desde allí habrían partido las lanchas para la incursión en el centro-norte de Venezuela, un recorrido de cientos de millas por aguas del Caribe.

BOINAS, MENTIRAS Y VIDEO.

En un video del interrogatorio a Denman, mostrado por Maduro en una conferencia de prensa virtual el 6 de mayo, el estadounidense declaró que actuaba contratado por la firma de seguridad Silvercorp, registrada en el estado de Florida y propiedad de Jordan Goudreau, un ex boina verde que actuó como médico militar en Afganistán e Irak.

Denman dijo que su misión era asegurar y controlar un aeropuerto para cuando llegase un avión a trasladar a Maduro. Es decir, el comando contemplaba la captura del presidente y su posterior traslado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al sucesor de Hugo Chávez de narcotráfico y otros delitos, y ha ofrecido 15 millones de dólares de recompensa por su captura, así como cantidades algo menores por una docena de sus colaboradores civiles y militares.

La madeja de la invasión, destejida parcialmente mediante revelaciones de prensa desde antes de los hechos, muestra que Goudreau pactó, con asesores de la oposición radicados en el exterior, entrenar a los expedicionarios e infiltrarlos en Venezuela para atacar instalaciones militares, propiciar levantamientos y desmembrar el gobierno. Se discute si Juan Guaidó, titular del Parlamento y reconocido como “presidente legítimo” por Washington y otro medio centenar de gobiernos, firmó o no un contrato millonario con Goudreau para financiar la fallida Operación Gedeón.

Mientras la operación fracasaba en las costas de Venezuela –obviamente el gobierno la había infiltrado y la esperaba–, Goudreau declaraba en Miami, junto con otro militar desertor de Venezuela, que Guaidó había incumplido con los pagos previstos en el contrato, los que, según el ex boina verde, sumarían 200 millones de dólares. A su vez, Guaidó negó que hubiese firmado un contrato, rechazó cualquier imbricación con el contratista estadounidense y la fallida invasión, reclamó respeto a los derechos humanos de los capturados y reiteró su demanda de que Maduro se aparte del poder para conformar un gobierno de transición que atienda la crisis y organice nuevas elecciones.

Por su parte, Maduro acusó de complicidad a Guaidó y a la oposición radical, recordó que está en marcha un proceso para renovar el poder electoral –pero no para elegir un nuevo presidente, sino un nuevo Parlamento– e insistió en la tesis oficial de que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia son cómplices de la Operación Gedeón. Bogotá rechazó la acusación, y el presidente estadounidense Donald Trump dijo que su administración nada tiene que ver con lo ocurrido. “Si hubiéramos participado, el resultado habría sido distinto”, comentó a la prensa su secretario de Estado, Mike Pompeo.

 

MIENTRAS, SIGUE LA CRISIS.

 

La Operación Gedeón sorprende a los venezolanos en su tercer año de hiperinflación (130.160 por ciento en 2018 y 9.589 por ciento en 2019, según cifras oficiales), con más del 80 por ciento de la población en la pobreza (el salario mínimo equivale a 3 dólares mensuales) y nueve de sus 28 millones de habitantes en inseguridad alimentaria, según agencias de las Naciones Unidas. Y con los servicios esenciales –agua, luz, gas, transporte y acceso a la salud– desplomados, al punto de causar decenas de protestas diarias en todo el país aun con la cuarentena implantada por la covid-19 en marcha, y de provocar, en algunos pueblos deprimidos de provincia, saqueos a tiendas de alimentos (véase “Maduro camina en un campo minado”, Brecha, 30-IV-20). El deterioro de la calidad de vida empujó a emigrar, desde 2015, a casi cinco millones de venezolanos.

Capítulo aparte merece la escasez de gasolina, en un país que durante un siglo fue un importante exportador de petróleo crudo y derivados. Las refinerías no funcionan y las sanciones impuestas por Estados Unidos dificultan la importación de combustible y, sobre todo, la obtención de divisas para poder comprarlo. Por añadidura, el desplome del mercado petrolero al caer la economía global con el avance de la covid-19 puede dejar a Venezuela con ingresos por exportaciones de crudo de apenas unos 3.000 millones de dólares, cuando hace una década rozaba los 100.000 millones anuales.

En las pocas estaciones de servicio que despachan combustible, todas de la estatal Petróleos de Venezuela, se forman durante horas o días colas de cientos de vehículos para adquirir unos pocos litros de gasolina si el propietario demuestra que trabaja en un servicio esencial en medio de la cuarentena. Venezuela tiene oficialmente la gasolina más barata del mundo, unos diezmilésimos de dólar por litro, pero en el omnipresente mercado negro tiene la más cara, hasta cuatro dólares por un litro de carburante.

Sobre esta crisis social y económica está la política, con los herederos de Hugo Chávez –fallecido en 2013– abroquelados en el poder y una oposición que no acierta a reunir fuerza y estrategia para desalojarlos. No hay acuerdos para dirimir electoralmente esas diferencias y convenir una mínima convivencia. Y ahora, al asomar la nariz mediante la Operación Gedeón la lucha política armada –aun si se trata de un grupo marginal que no expresa a la mayoría opositora–, se cierran más los caminos del diálogo, del entendimiento y los acuerdos propios de la lucha política pacífica y democrática. No es un buen presagio.

Por Humberto Márquez

8 mayo, 2020

Publicado enInternacional
“Aquí estamos pegados a Dios para que no pase nada”

“¿Cómo estamos haciendo? Pegados a Dios para que no pase nada”, respondió en entrevista con desdeabajo un recluso del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio, mayor foco de contagio en el departamento del Meta. El penal alberga un 98,7 por ciento de hacinamiento: fue edificado para encerrar 899 presos y actualmente amontona 1.786. De esa población ya suman a la fecha 654 contagiados por covid-19 entre funcionarios y población reclusa. Es decir, que un 41 por ciento de la población de la cárcel ya contrajo el virus. 

Domingo Velázquez* vive un doble aislamiento: preso y sin derecho a tener visitas. Además su familia está en otra ciudad y no han podido hacerle llegar útiles de aseo. Preocupados por la situación tanto de él como de los demás presos del penal, le preguntamos: ¿Cómo se encuentra la situación actualmente para ustedes dentro de la cárcel? A lo que respondió: “La verdad es que no sabemos quiénes están contagiados hasta el día de hoy. Todos los días hay nuevos contagiados y a muchos no les han hecho la prueba. Así que no sirve de nada que le hagan la prueba a algunos y otros no, porque luego los vuelven a juntar en el mismo patio. No tiene lógica”.

El pasado 24 de abril en la gobernación del Meta, ciudad de Villavicencio, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con representantes del Ministerio de Justicia, también hizo presencia el director general del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), General Norberto Mujica y una representante de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Esta última funcionaria informó que se colocaría una carpa medicalizada al interior del centro penitenciario de Villavicencio, es por ello que le preguntamos a Domingo: la carpa de aislamiento que dicen que fue instalada, ¿está funcionando?

“Mira, en este momento estamos así: durmiendo todos juntos, somos demasiados en cada celda. Los útiles de aseo no los dan y las carpas no las hemos visto funcionar. Nos llegó un rumor que los que no teníamos el Covid-19 nos iban a trasladar a la ciudad vecina de Acacias. Pero seguimos esperando y pues, ¿cómo estamos haciendo? pegados a Dios para que no pase nada”, concluyó el recluso que se encuentra en el tercer foco de contagio en el país, después de la ciudad de Bogotá y el departamento del Valle del Cauca. Con una diferencia, el foco allí queda reducido a cientos de metros cuadrados, es decir, el tercer foco en cantidad de contagiados pero el primero por riesgo de contagio y de muerte.

Un decreto insuficiente

El 14 de abril de manera tardía el gobierno nacional expidió el decreto 546 de 2020 que pretendía deshacinar los penales por medio del traslado de los presos a sus lugares de vivienda y así evitar un contagio masivo adentro de las prisiones. Los cálculos iniciales indicaban que saldrían 5.000 mil presos pero hasta la fecha solo han salido 268 entre hombres y mujeres de los centros penitenciarios.

Un decreto insuficiente que no ha podido proteger los derechos básicos de la población carcelaria que han denunciando por medio de cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre los altos niveles de hacinamiento, la falta de un servicio continuo de agua potable, el desabastecimiento de elementos de aseo, la precariedad de la atención médica  y la falta de alimentación adecuada, condiciones agravadas por la llegada y contagio confirmado del virus Covid–19.

Es por eso que, además de las distintas denuncias, habeas corpus y tutelas realizadas y presentadas por diversas personas, al igual que por académicos, abolicionistas y la sociedad civil, se le suma la última realizada por el senador de la república Iván Cepeda Castro y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –Cspp–, en la cual solicitan medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh–,  en favor de las personas privadas de la libertad en 10 centros penitenciarios y carcelarios de Colombia.

Estamos, sin duda, ante un decreto, el 546 de 2020, insuficiente, el mismo que dio espacio al director del Inpec, general Norberto Mujica, para autorizar el traslado de presos contagiados de la cárcel de Villavicencio hacia otros centros penitenciarios. Ahora las cárceles de Las Heliconias en Florencia (Caquetá), Leticia (Amazonas), Guaduas (Cundinamarca), La Picota (Bogotá) y la Picaleña (Ibagué) han reportado casos positivos del virus, y entre estas las Heliconias ya suma 15, lo que asegura que el virus continuará en multiplicación, como lo evidencia Villavicencio.

SOS cárceles

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado enumerando la violencia ocurrida recientemente en al menos tres cárceles latinoamericanas, incluida la cárcel La Modelo en Bogotá donde cayeron muertos 23 presos, y otros 80 quedaron lesionados, después de que la guardia actuara a mansalva ante un cacerolazo organizado por los presos para exigir medidas drásticas para proteger su salud y vida, al momento de empezar el simulacro de cuarentena en la capital colombiana.

Rupert Colville, portavoz de la oficina, señaló en el comunicado que los países deben prevenir el contagio de coronavirus en las cárceles promoviendo medidas sanitarias y asegurando la realización de pruebas y acceso a cuidado médico para los presos. Las condiciones en las cárceles y el trato a los presos deberían ser monitoreados regularmente por organismos independientes.

Deshacinar las cárceles de Colombia para evitar un genocidio carcelario, como lo han denominado expertos en criminología y académicos internacionales y nacionales, todavía es posible. Por ejemplo, Estados Unidos, con una tradición punitiva extrema autorizó excarcelaciones masivas en distintas cárceles, solo por mencionar un ejemplo:

En California, que había autorizado 3.500 prisiones domiciliares o excarcelaciones, esta semana permitió el traslado de más internos, 5.000 sólo en Los Ángeles, según informó públicamente el Defensor Oficial del Condado, Ricardo García. La medida benefició a presos en edad de riesgo y de baja peligrosidad. Los Ángeles tenía 17.000 presos tras barrotes y ahora bajó a menos de 12.000.

Asimismo, el gobierno de Turquía, famoso por su autoritarismo, permitió el traslado del 30 por ciento de los prisioneros para prevenir el contagio con Covid-19. Pasaron 90.000 presos del régimen de prisión intramuros a arresto domiciliario durante el tiempo que dure la pandemia.

Entretanto, en Colombia la voluntad política necesaria para darle curso a una medida de estas brilla por su ausencia. Una realidad más que contradictoria, como si el virus que ingresa a las cárceles no fuera a salir de allí, como si los presos no tuvieran derecho a la vida, como si la multiplicación del mismo no fuera a afectar a quienes viven por fuera del penal. Sin duda, juegan con la salud y la vida de todos y todas, no solo los detenidos sino el conjunto social.

Una realidad que tiene que dejar de predominar. Es urgente descongestionar las cárceles y las estaciones de policía en toda Colombia, lugares donde se encuentran privados de la libertad al menos 123 mil personas, 38 por ciento de las cuales aún no han sido condenadas y mantiene intacto su estado de inocencia. Son personas, que según distintos conceptos de la Corte Constitucional y la normatividad internacional vigente tendrían derecho a estar en sus casas bajo arresto domiciliario.

Como se recordará, la vida en dignidad es el principal derecho de todo ser humano, y es evidente que el Gobierno de los ricos no lo garantiza.

Vea en el siguiente enlace el especial de desdeabajo sobre lo sucedido en torno a la población carcelaria desde que empezó la pandemia del coronavirus:
https://www.desdeabajo.info/component/k2/item/39331-para-toda-la-poblacion-carcelaria-prision-domiciliaria-transitoria-ya.html

*Nombre cambiado a petición de la fuente

Artículos consultados para la realización del artículo leído:

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/05/nota/7832946/onu-alerta-sobre-deterioro-condiciones-carceles-latinoamerica-plena?&utm_source=email&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany

https://theconversation.com/turkey-releasing-murderers-but-not-political-opponents-from-prison-amid-coronavirus-pandemic-136466

https://www.minjusticia.gov.co/Noticias/minjusticia-expone-situaci243n-penitenciaria-y-carcelaria-en-consejo-de-seguridad-del-meta

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2020-268-presos-ya-recibieron-prision-domiciliaria

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En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, RSF denuncia más de 300 periodistas encarcelados

Madrid. Reporteros sin Fronteras (RSF) conmemoró ayer el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y recordó a los más de 300 periodistas encarcelados en el mundo con el lema: "Periodismo en confinamiento", en referencia a las actuales medidas de reclusión por el Covid-19.

"En muchos países puedes acabar en la cárcel por contar la realidad, contradecir al poder, indagar corruptelas o, simplemente, por expresarte de forma individual", lamentó la organización.

RSF recuerda particularmente a informadores como el bloguero Raif Badawi, quien lleva más de siete años preso en Arabia Saudita por "insultar al islam", o a Narges Mohammadi, periodista y activista iraní, defensora de derechos humanos, en prisión desde mayo de 2015.

También mencionó a periodistas como los yemeníes Abdul Khaleq Amran, Akram Al Walidi, Hareth Hamed y Tawfiq Al Mansouri, condenados por la insurgencia hutí "con arbitrariedad" y quienes pueden ser ejecutados en cualquier momento.

"Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, pedimos nuevamente la libertad de todos los informadores profesionales o ciudadanos, blogueros y colaboradores de medios que están entre rejas por ejercer el periodismo, por contribuir al libre flujo de la información", señaló.

RSF tiene constancia en lo que va de 2020 de 10 periodistas asesinados, 229 en la cárcel, 116 internautas entre rejas junto con 14 colaboradores en el mundo.

La Unión Europea alertó este fin de semana de ataques a los medios de comunicación en varios países usando la pandemia del nuevo coronavirus como coartada.

África tampoco queda exenta. Human Rights Watch denunció que las autoridades de Somalia lanzaron una campaña de intimidación a los periodistas del país al amparo de la lucha contra la pandemia en la nación africana.

"A pesar de los riesgos y desafíos adicionales derivados de la crisis sanitaria, los periodistas de todo el mundo continúan con su trabajo, a veces en circunstancias difíciles", agregó.

"Son demasiados los países donde los periodistas tienen que lidiar con una legislación restrictiva, a veces atribuida a la emergencia, que frena la libertad de expresión y la libertad de prensa", concluyó.

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Centro Penitenciario de Los Llanos, en la ciudad de Guanare. TWITTER

El Gobierno de Maduro asegura que se trató de un intento de fuga. Diputados de la región señalan que fue por falta de alimentos

 

Una refriega de un motín de reclusos en una cárcel del occidente de Venezuela dejó al menos 46 muertos y algunos informes reportan hasta 50 heridos. La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, confirmó el hecho sin precisar el número de fallecidos. Aseguró en un medio local que se trató de un intentó de fuga de los reclusos de la llamada cárcel de Los Llanos, ubicada en la ciudad de Guanare, del Estado venezolano de Portuguesa.

La diputada María Beatriz Martínez dijo que los reclusos estaban en la puerta del Centro Penitenciario de Los Llanos, mientras dialogaban con el director del penal y un militar encargado de la seguridad del penal, cuando se registró el motín.

Una refriega de un motín de reclusos en una cárcel del occidente de Venezuela dejó al menos 46 muertos y algunos informes reportan hasta 50 heridos. La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, confirmó el hecho sin precisar el número de fallecidos. Aseguró en un medio local que se trató de un intentó de fuga de los reclusos de la llamada cárcel de Los Llanos, ubicada en la ciudad de Guanare, del Estado venezolano de Portuguesa.

La diputada María Beatriz Martínez dijo que los reclusos estaban en la puerta del Centro Penitenciario de Los Llanos, mientras dialogaban con el director del penal y un militar encargado de la seguridad del penal, cuando se registró el motín.

“Extraoficialmente se habla de más de 40 muertos. Y aunque se pretende hacer ver como consecuencia de una fuga frustrada, familiares con los que he hablado dicen que el motín ocurrió por la prohibición de ingresar a la cárcel los alimentos a los privados de libertad. Ellos lo que tienen es hambre”, dijo Martínez.

La diputada contó que los presos tenían una protesta desde temprano e intentaban negociar con las autoridades. En un momento la alteración fue mayor y un grupo intentó romper la cerca y fueron repelidos por las fuerzas de seguridad. Luego hubo dos enfrentamientos armados más entre presos y guardias.

Durante la refriega, los reos usaron armas de fuego y blancas, así como objetos punzantes y una granada. El director de la cárcel, Carlos Toro, resultó gravemente herido de una puñalada en la espalda y la cabeza. Una custodio también resultó herida por esquirlas de una granada lanzada por uno de los reclusos. Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados al hospital Dr. Miguel Oraá. En las cercanías de la cárcel se improvisó una morgue para identificar los cadáveres.

Como todas las cárceles de Venezuela, ese penal está en grave hacinamiento. Fue construida para alojar a 750 reclusos y adentro hay más de 2.500 hombres en graves condiciones de salubridad, con casos de enfermedades como tuberculosis, escabiosis y hepatitis, denunció el activista Humberto Prado, comisionado de Juan Guaidó para Derechos Humanos.

La alimentación de la mayoría de los presos en Venezuela está a cargo de sus familiares. Luego de casi 50 días de cuarentena por el coronavirus, en la que se han suspendido las visitas a familiares para evitar contagios, las dificultades de movilidad que hay en el país por la falta de gasolina y las restricciones de circulación de vehículos impuestas por el Gobierno de Nicolás Maduro han complicado aún más la logística de los familiares para atender a los detenidos.

 

Caracas - 01 may 2020 - 22:19 COT

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Daniel Cahen

El surgimiento de la pandemia del Covid-19 ha traído consigo, entre otras cosas, una invocación del lenguaje de la guerra. Líderes políticos en todos los continentes han descrito el nuevo coronavirus como un enemigo, enfrentándole con medidas rara vez vistas en tiempo de paz, como cierres de fronteras y toques de queda. El personal de salud en contacto con personas enfermas enfrenta riesgos tan altos que se habla de sanidad en la línea del frente.

Como integrante del Comité Internacional de la Cruz Roja, una institución dedicada a trabajar en conflictos armados y otras situaciones de violencia, y abogado especializado en derecho internacional humanitario, este discurso bélico me llama mucho la atención. Sin duda puede ser útil, si contribuye a la concientización de que la amenaza es real y requiere esfuerzos considerables para contrarrestarla. Al mismo tiempo, conflictos armados y crisis sanitarias como las pandemias son categorías muy distintas.

En una guerra, los beligerantes toman iniciativas para dañar la capacidad de su adversario de tomar decisiones y de llevar a cabo operativos defensivos u ofensivos, a menudo por medio de ataques sorpresas. Pero el Covid-19 no es el Pearl Harbor sanitario. La comunidad internacional ha reconocido desde hace décadas el gran riesgo que entrañan para la humanidad pandemias como la actual.

No hacen falta nuevas normas para guiar la acción de los estados. Un instrumento internacional vinculante como el Reglamento Sanitario Internacional, de la Organización Mundial de la Salud, estructura desde 2005 todo un sistema para reducir la propagación a escala global de enfermedades basado en monitoreo, notificaciones y medidas para detectar pandemias. Y sin saber todavía nada del Covid-19, todos los estados sin excepción aprobaron por consenso en diciembre de 2019, durante la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una resolución titulada: El momento de actuar: juntos en la lucha ante epidemias y pandemias.

Si bien la lucha contra una enfermedad como el nuevo coronavirus no es una guerra (o sólo en el plano metafórico), sí hay una preocupación porque la pandemia está llegando a países en guerra. En Yemen, Siria o Nigeria, el Covid-19 es una amenaza adicional para la vida.

El derecho internacional humanitario –cuerpo de normas que busca mitigar el impacto de conflictos armados– obliga a los beligerantes a tomar en cuenta el reto de la pandemia. En estos contextos también aplica el derecho internacional de las garantías individuales. Ambos establecen salvaguardas mínimas, como la disposición de instalaciones médicas, el acceso de las comunidades a la salud y a la ayuda humanitaria y el respeto al personal e instalaciones sanitarios, entre otras. El cumplimiento de estas normas es fundamental para evitar que situaciones ya de por sí críticas se degraden de manera significativa.

Por fuera de situaciones de conflicto, el derecho internacional de las garantías individuales es el marco legal bajo el que deben actuar los estados, incluso en situaciones excepcionales como la actual.

En un escenario de amenaza grave para la salud pública, tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos a nivel regional habilitan a los estados a restringir o suspender algunas garantías fundamentales. Casi todos los estados en América Latina y el Caribe han adoptado medidas extraordinarias frente al Covid-19, afectando garantías importantes (como el derecho a circular libremente, la libertad de reunión, el derecho a la libertad personal). Algunos (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras o República Dominicana) han notificado la existencia de tales medidas extraordinarias de manera oficial a la Organización de Naciones Unidas o a la Organización de Estados Americanos, lo que permite un mayor grado de transparencia.

Sin embargo, los estados no gozan de poderes ilimitados. Algunas garantías son tan fundamentales que resultan intocables: el derecho a la vida y a la integridad personal, la prohibición de la tortura, el derecho a la vida familiar, entre otras. El derecho de solicitar y de recibir asilo también debe mantenerse, así como el principio de no devolución, que implica no retornar a una persona a un lugar donde, en particular, su vida e integridad física corren peligro. Los estados están obligados por un marco estricto de necesidad y de proporcionalidad. Cualquier restricción a derechos humanos en el contexto de la pandemia debe fortalecer de manera directa la capacidad de proteger el derecho a la vida y a la salud, es decir, controlar mejor la propagación, dar acceso a medidas de prevención, garantizar una atención médica adecuada y proteger al personal y las instalaciones sanitarias.

Las decisiones en materia de salud pública y las conductas concretas de quienes las implementan deben cumplir con el principio de no discriminación, que implica que cualquier persona tenga acceso a la atención médica que requiera, sin distinción desfavorable basada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Consideraciones como el estatuto migratorio, la situación de personas desplazadas por la violencia, la privación de la libertad o cualquier tipo de exclusión social no pueden obstaculizar el acceso a servicios de salud.

El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de las garantías fundamentales señalan el rumbo para diseñar planes de batalla contra la pandemia: sin una mayor inclusión de las personas vulnerables no habrá manera de salir de esta lucha de manera digna

Por Daniel Cahen, Coordinador jurídico de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central

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Coronavirus en Perú: motín en las cárceles

Casi la mitad de los presos testeados tienen covid-19

Con las cárceles hacinadas y el coronavirus fuera de control, las autoridades prometen mascarillas y realizar más pruebas.

 

Desde Lima. Con el coronavirus expandiéndose en las sobrepobladas cárceles del país, los reclusos se amotinaron denunciando estar abandonados ante la enfermedad y exigiendo atención médica. El amotinamiento de presos se veía venir, pero las autoridades hicieron poco, o nada, para evitarlo. Los motines estallaron esta semana en el penal Miguel Castro Castro, en Lima, y luego se extendieron a otras cinco cárceles, tres más en la capital y dos en el interior del país. El saldo ha sido nueve reclusos muertos. Según las cifras oficiales, hay 30 presos fallecidos por covid–19 y 645 contagiados, lo que representa casi la mitad de los 1.532 internos a los que se ha sometido a las pruebas para detectar el virus. Entre los agentes penitenciarios hay 224 infectados y siete fallecidos.

En el penal Castro Castro, a las afueras de Lima, que tiene 5.500 internos cuando su capacidad es de 1.800, los presos tomaron el control del penal -los guardias se habían replegado por temor a los contagios- subieron a los techos, quemaron colchones y a gritos denunciaron que el coronavirus afecta a muchos de ellos, que hay muertos y no reciben atención. En un gran cartel levantado en una azotea se leía: “Queremos las pruebas de (la covid-19). Tenemos derecho”. En otros mensajes pedían medicinas y atención. La policía intervino para acallar la protesta lanzando gases y disparando. El saldo ha sido nueve reclusos muertos y sesenta agentes penitenciarios, cinco policías y dos internos heridos. Familiares de los presos fallecidos exigen se investigue las circunstancias en las que murieron.

Cuando se controlaba a balazos y muerte el motín en Castro Castro, la protesta prendía en el penal de Lurigancho, ubicado entre los cerros de tierra al este de Lima, la cárcel más poblada del país con poco más de diez mil reclusos, muy por encima de su capacidad de 2.500. Desde los techos y ventanas de los pabellones, los presos mostraban cartelones para enseñarlos a las cámaras de la televisión: “Nos estamos muriendo, ayúdennos”, “Medicinas y libertad”, eran algunos de los mensajes que se leían.

En Lurigancho y los otros penales, a diferencia de lo ocurrido en Castro Castro, los motines fueron reprimidos sin muertes. Pero el ambiente en los penales sigue en alta tensión. Familiares de los reclusos, que no pueden ingresar a los penales porque las visitas están prohibidas para evitar los contagios, han denunciado que las autoridades penitenciarias cobran por darles medicamentos a sus parientes recluidos. Los antiguos y graves problemas de cárceles hacinadas, con pésimas condiciones y una atención médica penosa y en muchos casos prácticamente inexistente, se han multiplicado y estallado con la llegada del coronavirus.

Uno de los presos contagiado con coronavirus es Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta, condenado en 2005 a 19 años por la muerte de cuatro policías durante la toma de una comisaría, en un frustrado intento de derrocar al entonces presidente Alejandro Toledo. Antauro, militar en retiro como su hermano Ollanta, levanta una propuesta política ultranacionalista, de rasgos fascistas, que en las elecciones parlamentarias de enero de este año obtuvo 6,7 por ciento y logró meter doce legisladores en el Congreso unicameral de 130 bancas. Pretende ser candidato presidencial. Sus seguidores buscan acelerar su liberación, que debe darse en 2024, a través de un indulto o amnistía.

En respuesta a los motines, las autoridades han ofrecido aumentar las pruebas a los reclusos para detectar a los contagiados, han anunciado que en estos días repartirán mascarillas a todos ellos para que tengan algún nivel de protección y han asegurado que se han creado zonas de aislamiento en los penales para los internos con coronavirus.

En el país hay 97 mil presos, unos 30 mil en prisión preventiva sin sentencia, repartidos en 68 penales, los que, según el gobierno, tienen una capacidad para solamente 38 mil reclusos. El gobierno ha anunciado que se darán indultos y conmutación de penas para descongestionar en algo los hacinados penales.

 “Vamos a liberar a presos enfermos, a los que estén por cumplir pronto su condena, a mujeres embarazadas, madres que están en el penal con sus hijos menores, pero no vamos a abrir las cárceles para que salgan los criminales, violadores, feminicidas, narcotraficantes, los corruptos que le han robado al Estado. Eso no lo haremos. Los beneficiados serán unos tres mil. Sobre los que están en prisión sin condena, eso depende del Poder Judicial”, declaró ayer el presidente Martín Vizcarra.

Políticos acusados de corrupción buscan utilizar el grave problema en los penales por el coronavirus para conseguir su libertad. Un caso especialmente notorio de un intento de aprovechamiento de esta situación es el de Keiko Fujimori, en prisión preventiva por cargos de corrupción y lavado, que ha pedido al Poder Judicial su libertad, lo que debe decidirse la próxima semana. De 44 años, Keiko alega que su vida peligra ante un posible contagio, que da por seguro si sigue en el penal, por tener una salud supuestamente resquebrajada por una hipertensión, pero antes de estar en prisión la jefa del fujimorismo hacía alarde de una buena salud participando en competencias atléticas, y ahora está en una condición privilegiada en el penal, en una celda para ella sola y sin mayor contacto con otras reclusas, lo que aleja la posibilidad de un contagio.

En el Perú hay 33.931 casos de coronavirus y 943 fallecidos. El último día hubo 2.741 nuevos contagios y 89 muertes, la cifra más alta de fallecidos en un solo día en lo que va de la pandemia. 

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https://www.razon.com.mx/mundo/iran-libera-a-70-mil-presos-para-evitar-que-el-covid-19-propague-en-carceles/

Las 36.367 personas sindicadas de algún delito, hasta no ser vencidas en juicio, no tienen por qué ser tratadas como culpables, la cárcel no debe ser el lugar para controlar su movilidad –pues allí terminan perdiendo otros derechos básicos–, su excarcelación inmediata es factible y está acorde con el marco jurídico con que cuenta el país. La aplicación de esta política ayudaría a reducir el riesgo de contagio masivo por el Covid-19, además de contribuir, como lo ha reclamado la Corte Constitucional, a romper el hacinamiento reinante en las cárceles.

 

A un remolino, donde todo es absorbido o destrozado y expulsado a partes lejanas, allí fue lanzada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, la demanda de miles de presos para salir de las mazmorras y pasar a sus sitios de vivienda como lugar de detención.

Un reclamo, una exigencia, que sale a voces en grito desde los centros de detención transitoria, las cárceles y penitenciarias, por miles que saben que todos sus derechos, más allá de la libre locomoción, son violados por un Estado indolente, para el cual la vida en “normalidad” no vale nada, mucho menos ahora en tiempos de crisis generalizada. Una exigencia, un reclamo, planteado como protección ante el Covid-19. Una medida que además de evitar el contagio también mejoraría las condiciones de salud y prevención para las personas condenadas al romperse el histórico hacinamiento, insalubridad y ambiente malsano que carcome esos sitios para el castigo y la venganza, no para la resocialización como reza la literatura punitiva.

El “protector”

No es una exageración recordar el imperante y persistente desprecio en el Estado colombiano por la vida de las personas encarceladas. En la Sentencia T-388 de 2013 la Corte Constitucional reitero el estado de cosas inconstitucionales reinante en las prisiones, describiéndolo como “dantesco” e “infernal”, lo cual ya desde el año 1998 ya lo había planteando en materia de hacinamiento, en la sentencia T-1531.

Una realidad que poco ha cambiado, como lo recordó el pasado 5 de marzo Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, al resumir que “[…] los 132 establecimientos carcelarios de Colombia tienen capacidad para albergar 80.929 personas (pero en ellos) se encuentran actualmente 123.349 personas privadas de la libertad”. Es decir, un hacinamiento del 52 por ciento. Personas privadas de la libertad de las cuales 36.367 son sindicadas, y de ellas 33.571 son hombres y 2.796 mujeres.

Un hacinamiento agravado por mucho para el caso de quienes están privados de su libertad en los llamados centros de detención transitoria o preventiva (239 estaciones de policía y similares, distribuidas en 20 departamentos), adecuadas para encerrar 2.939 detenidos, pese a lo cual ahora pasan allí sus días, unos sobre otros, 6.822 reclusos, llegando a un hacinamiento del 132 por ciento. En uno y otros encierros, es constante la negación de agua vital para la salud, la ausencia de atención médica, la imposibilidad de alcanzar el sol, la falta de alimentación sana y equilibrada, la carencia de un espacio suficiente, no contaminado, que son condiciones básicas para no terminar pagando una pena multiplicada por mucho, en dolor y violación de sus derechos fundamentales, mientras son vencidos en juicio.

Esta realidad condujo el pasado 12 de marzo a la Corte Constitucional, en el trámite de una acción de tutela2, a “dictar una serie de medidas provisionales con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad en centros de detención transitoria a cargo de entidades como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación”.

Situación tan alarmante que obligó, el 24 de marzo, a la Sala Especial de Seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Carlos Bernal Pulido y por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, a indagar sobre las medidas adoptadas por las autoridades competentes para evitar, contener o controlar el eventual contagio por Covid-19 en los establecimientos de reclusión del país.

Una realidad de violencia desmedida, la misma que el Fiscal General y algunos jueces ahora no quieren ver, al negarse a dar paso sin condicionamiento al traslado a sus sitios de vivienda, a los miles que padecen el encierro en centro carcelario, a pesar de no estar condenados.

En su “sabiduría” el Fiscal General, mostrando falsa preocupación por quienes sufren el castigo carcelario a pesar de no haber sido vencidos en juicio, argumenta la imposibilidad de trasladar a sus sitios de vivienda a los encarcelados de manera preventiva pues “La reclusión domiciliaria de los internos genera una carga desproporcionada a sus familiares, sin que se haya previsto una atención sanitaria específica y, menos aún, la proporción de algún tipo de ayuda alimentaria para garantizar su supervivencia mínima en las condiciones de confinamiento que ya debe enfrentar en este momento toda la población”3.

Y en su profunda “sensibilidad” humana, enfatiza: “[…] la sustitución masiva de la medida intramural no es una verdadera medida sanitaria ni protege adecuadamente la salud de la PPL (población privada de la libertad) y de los residentes en la vivienda en la cual va a cumplirse la detención. Por el contrario, el sistema penitenciario abandona a su suerte a estas personas (cursiva nuestra), como quiera que su traslado a un domicilio privado no se acompaña con medidas específicas para prevenir o mitigar el riesgo de contagio del virus COVID-19. Tampoco se indica la necesidad de una valoración médica previa al eventual traslado o la toma de muestras clínicas que descarten el contagio con el virus […]”4.

Así con estos argumentos “humanistas”, ausentes en la vida diaria de las prisiones, y con un conjunto de supuestos legalismos, pretende sacar el debate jurídico y político, de su centro: ¿tienen o no derecho a pasar a su domicilio, todas aquellas personas que están sindicadas y no condenadas?

El problema por resolver no es si están enfermas o no, si son mayores de edad o no, si, en el caso de mujeres, están embarazadas o no, o cosas similares; nada de esto. Como tampoco si existe la cantidad de jueces requeridos para revisar cada una de las solicitudes que propone la Fiscalía eleve el Inpec ante los jueces para que decidan si conceden o no el derecho de casa por cárcel. Como tampoco lo es si la persona está condenada o es sindicada.

Nada de esto. Lo procedente, y que no requiere mayor discusión, solo voluntad política, es que los sindicados no tienen por qué estar en un centro de reclusión. En decisión judicial de octubre de 2019, luego de una Tutela instaurada por la Personería de Medellín, por la situación que vivían los detenidos en las estaciones de policía y en las celdas de paso (centros de reclusión transitoria), acción que en primera instancia conoció el Tribunal Superior de Medellín, y en segunda instancia la resolvió la Corte Suprema de Justicia, se ilustra el tema de la detención preventiva como absolutamente excepcional y hoy sin soporte constitucional, así: “[…] sobra recordar el carácter procesal, excepcional y preventivo que gobierna en el régimen democrático la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva, más aún cuando se ordena en un establecimiento de reclusión, teniendo en cuenta su calidad provisoria y no sancionatoria, además que no puede perseguir fines de prevención general ni especial y, mucho menos retributivos o de resocialización”5.

Ya desde la Sentencia T-388 de 2013 (M.P. María Victoria Calle C.), la Corte Constitucional venía reclamado a los legisladores y a los jueces que: “Las medidas de aseguramiento deben ser excepcionales”; y enfatizaba: “Como parte de una política criminal y carcelaria respetuosa de un estado social y democrático de derecho, las entidades del Estado, sin importar la rama a la cual pertenezcan, deben tomar las medidas adecuadas y necesarias para evitar un uso indebido o excesivo de las medidas de aseguramiento que impliquen la privación de la libertad de una persona. El Estado tiene que tomar todas las acciones que correspondan para evitar que sea una realidad el adagio popular según el cual ‘la condena es el proceso’. Los abogados expertos en el litigio advierten que las medidas de aseguramiento mal administradas convierten el proceso penal en una manera de imponer una pena privativa de la libertad, hasta que se constate que no se pudo demostrar la culpabilidad de la persona. Bajo el orden constitucional vigente el proceso penal no puede convertirse en una manera de imponer, de facto, una condena arbitraria a una persona”.

Lloviendo sobre mojado

Con igual embrollo legalista y con desconocimiento de las decisiones de las altas cortes acá referidas, así como de la realidad de un sistema carcelario que en sentido estricto concreta una venganza sobre quien lo padece, dejando a un lado toda pretensión resocializadora, la presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina, al referirse a la iniciativa sobre un eventual traslado de algunos de los reclusos que actualmente viven en hacinamiento, para pasar a detención preventiva domiciliaria, reclama que esa posibilidad no sea demandada por los reclusos, para evitar así “[…] una avalancha de solicitudes directas de las personas privadas de la libertad o de sus apoderados […].

Y para que no quede duda de sus temores, indica que las solicitudes de este beneficio: “[…] se debe realizar de manera sucesiva, no en bloque”.

Una preocupación sobre la forma pero no sobre el transfondo de lo que aquí está en pugna, y lo que reclaman los mismos detenidos, urgidos de pasar a sus viviendas y dejar el infierno carcelario, disminuyendo notablemente el riesgo de contagio con el virus que conmocioná la sociedad global, como lo puede contraer cualquier otro connacional para lo cual se han adoptado diversas medidas de salubridad, todo ello no durante estos días sino, incluso, hasta que no se apruebe y aplique de manera genérica una vacuna contra el mismo, es decir, al menos unos 15 meses.

Llama la atención en todo caso, tanto en lo sustentado por esta funcionaria judicial, como por el Ministerio de Justicia, y la misma presidencia, que están buscando que un grupo de condenados también gocen de la posiblidad de casa por cárcel (se trataría de una prisión domiciliaria transitoria), incluyendo personas enfermas, embarazadas o gestantes, adultos mayores, lo que dejaría rondando en el ambiente si lo que realmente pretenden es buscar un punto de quiebre por el cual pasen a sus casas sus amigos condenados por corrupción y otros delitos no menores ni de poca importancia.

Vale la pena recordarle al Fiscal General que la Ley 1709 de 2014, que modificó el Código penitenciario y carcelario, es decir la Ley 65 de 1993, creó en el artículo 15, los Centros de Arraigo Transitorio en los que se da atención de personas a las cuales se les ha proferido medida de aseguramiento preventiva y no cuentan con domicilio definido o con arraigo familiar. Así también lo ordenó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de Tutela del 15 de octubre de 20196. Entonces cuando el Fiscal General, en las observaciones al proyecto de decreto de emergencia, indica que se deben definir lugares adecuados para atender los casos de personas que no cuentan con lugar de residencia, parece que desconociera lo que desde años atrás dispuso el mandato legal. Ahora bien, el reclamo del Fiscal tiene solución inmediata, en Bogotá, en los Centros de Paso con que cuenta la ciudad, ahora ampliados en número como espacio para que allí pasen la cuarentena cientos de los excluídos que llenan las calles de la ciudad. Para el caso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, así se implementó hace varios meses porque la Corte Suprema lo ordenó, y por lo demás son de fácil construcción y puesta en marcha en las ciudades que no cuenten con tal política de atención.

Cada detenido le cuesta al Estado no menos de un millón quinientos mil pesos mensuales, dinero que debe reportar el presupuesto de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec y el de los municipios, con lo que de sobra se puede atender la detención domiciliaria7.

En un mar de impunidad temen cumplir con sus propios preceptos

Lo expresó sin vergüenza en el 2016 el exfiscal Néstor Humberto Martínez al momento de su posesión, “[…] tenemos una impunidad del 99 por ciento”. ¿Habrá cambiado algo desde aquel año? Si es así, en prisión solamente está el uno por ciento de quienes han sido investigados por algún delito y de quienes están sindicados por lo mismo. Es decir, por la calle, con apariencia de probidad total, circulan miles de miles.

Pero además, hoy tenemos unas tasa del 54% de absoluciones frente a las imputaciones que realiza la Fiscalía General de la Nación. Las estadísticas con corte a 2018 muestran que la fiscalía reportó 2.645.516 procesos activos, de los cuales solo el 5,7% concluyeron en sentencia, y la Fiscalía General de la Nación es la entidad más demandada en el Estado Colombiano, tiene actualmente pretensiones por 54 billones de pesos, que representan el 13% de las demandas de la totalidad de la nación; y esa cifra de 54 billones representa 14,6 veces el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación que fue aprobado para el año 2020. Además, actualmente la fiscalía tiene 15.675 procesos de reparación directa causados por la privación injusta de la libertad8.

Esta radiografía de la situación que vive la Fiscalía no se puede dejar que observar hoy cuando se reclaman medidas urgentes para los detenidos preventivos.

Sin embargo, pese a la evidencia, la Fiscalía y sectores de la Rama Judicial, temen que algunos miles de hombres y mujeres pasen a sus casas mientras son investigados y vencidos en juicio.

Para tales funcionarios esta medida sería exponer a la ciudadanía al crimen y a los criminales. De ahí que el encierro bajo custodia del Inpec, y sometidos a todo tipo de excesos y violación de los derechos fundamentales, con familias deshechas por la presión que extiende sobre el hogar el sistema carcelario, es la única alternativa.

Queda claro, cárcel, más cárcel, encierro bajo cualquier condición, es el mecanismo predilecto en el alto gobierno. La prevención, la superación de las causas que propician el delito, el tratamiento humanitario de quienes por una u otra razón terminan sometidos al encierro, la valoración de medidas alternas para cumplir los fallos de los jueces que no impliquen pasar meses y años bajo la sombra, nada de eso pasa por sus cabezas. Tampoco las cifras que demuestran la gran cantidad de detenidos que más tarde terminarán en libertad y demandarán al Estado.

Mientras así piensan, mientras mandan a un remolino de fuerza demoledora alternativas presentadas por organizaciones de la sociedad civil, miles de sindicados continúan exigiendo desde su lugar de castigo anticipado –pese a no ser vencidos en juicio– su derecho a la detención domiciliaria.

1 En la sentencia T-153 de 1998 se resolvió declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, y dictar medidas de protección urgentes mientras se adoptan las de carácter estructural y permanente.
2 Expediente T- 6.720.290, auto 110 de marzo 12 de 2020, M.P. Diana Fajardo, Cristina Pardo y José Fernando Reyes.
3 Fiscalía General de la Nación, abril 6 de 2020, pp. 9 y 10, observaciones al proyecto de decreto legislativo “por medio del cual se conceden los beneficios de la detención y la prisión domiciliarias transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al Covid 19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación”.
4 Ibíd., p. 10.
5 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Acción de Tutela, expediente STP 14283-2019, radicado 104983 de octubre 15 de 2019, Magistrados Patricia Salazar Cuéllar y Luis Antonio Hernández Barbosa.
6 Acción de Tutela, radicado 104983. La Corte Suprema dispuso que “La persona que no cuenta con un domicilio definido o con arraigo familiar o social y, en su caso particular, se le haya otorgado la detención o la prisión domiciliaria, se le deberá aplicar lo establecido en el artículo 23 A de la Ley 65 de 1993 (adicionado por el art. 15 de la Ley 1709 de 2014) y ser trasladado a los centros de arraigo transitorio. De no existir estos centros se ordena, conforme con el parágrafo del artículo mencionado, a los entes territoriales vinculados a la acción de tutela, la creación de aquellos, en un término no superior a tres (3) meses”. Para este caso se trata de los Municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
7 https://www.dinero.com/pais/articulo/cuanto-le-cuesta-al-estado-mantener-un-preso-en-la-carcel/225711. Cifras reveladas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) señalan que el precio de mantener a un preso en las cárceles colombianas supera $1‘500.000 al mes.
8 Presentación ante la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2019, de los candidatos a Fiscal General de la Nación: Francisco Barbosa Delgado, Camilo Gómez Álzate y Clara María González.

 

Periódico desdeabajo Nº267, pdf interactivo

 

 

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Publicado enColombia
Miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 durante un operativo el pasado fin de semana, tras la declaración de emergencia máxima en las cárceles que decretó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.Foto Ap/Presidencia de El Salvador

Encierra a bandas rivales en la misma celda

Preocupa a ONG salvadoreñas la autorización del uso de fuerza letal contra delincuentes

 

San Salvador. Un grupo de trabajadores soldaba ayer láminas de acero en las celdas de un penal para aislar a cientos de pandilleros salvadoreños, en momentos en que una ola de homicidios y el anuncio del gobierno de emplear "fuerza letal" para combatir a los delincuentes despertó alertas entre organismos humanitarios, en medio de una cuarentena para contener la propagación del nuevo coronavirus.

Tras un inusual incremento en los homicidios perpetrados en este país centroamericano, atribuidos principalmente a las maras, el presidente Nayib Bukele ordenó endurecer las medidas en las cárceles.

"Vamos a hacer que los pandilleros que cometieron esos homicidios se arrepientan toda su vida de haber tomado esa decisión", advirtió el mandatario en una reunión con su gabinete de seguridad, según un tuit de la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial publicado ayer.

"El uso de la fuerza letal está autorizado" para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los ciudadanos, escribió Bukele la noche del domingo en su cuenta de Twitter.

Bukele decretó el fin de semana el estado de emergencia máxima en las cárceles tras un repunte de la violencia, en el que se atribuye a las pandillas unos 50 asesinatos en diferentes puntos del país, por lo que la policía y el ejército intensificaron la vigilancia, cuando el país permanece en una cuarentena domiciliar obligatoria para contener el Covid-19.

Las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha, con unos 70 mil miembros, siembran el terror en comunidades bajo su control, y se dedican al sicariato, el narcotráfico y la extorsión de comerciantes y transportistas.

El titular de la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna, supervisaba ayer el proceso de instalación de "un nuevo régimen de seguridad" que se pondrá en marcha en todas las cárceles un modelo de aislamiento que adoptaron de una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, donde se recluye a los líderes de las pandillas.

"No podrá entrar ningún rayo de sol a ninguna de las celdas, vamos a bloquear toda la visión para que ellos no puedan tener ningún tipo de comunicación", sostuvo Luna en rueda de prensa celebrada en el complejo Izalco, 65 kilómetros al oeste de la capital.

Bukele se jactó ayer en Twitter: "De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país permanecerán selladas. Eso evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla".

Los miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 eran exhibidos en ropa interior, mostrando sus tatuajes, cabelleras rapadas y sin ningún tipo de protección sanitaria en la emergencia por la pandemia del coronavirus.

En todo el sistema de cárceles están recluidos unos 12 mil 862 pandilleros, informó la Dirección General de Centros Penales.

"Estamos ante un escenario muy delicado y preocupante", declaró Miguel Montenegro, coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.

Además, las autoridades encerraron en la misma celda a integrantes de pandillas rivales, lo que no ocurría desde 2002, cuando se les separó para evitar muertes masivas en las cárceles.

La unificación carcelaria de las pandillas es "una bomba de tiempo" que puede explotar en cualquier momento, advirtió Montenegro, quien responsabilizó al gobierno de las posibles consecuencias.

La orden de uso de fuerza letal "rompe con la legalidad y puede derivar en un uso excesivo", afirmó el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Saúl Baños.

Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó la noche de domingo su preocupación por la emergencia en las cárceles, que pone en riesgo los derechos de los presos.

Para el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano, el rebrote de los homicidios de las pandillas "puede tratarse de una presión para algún tipo de negociación con el gobierno" en la búsqueda de prebendas o apoyo económico.

Medrano consideró que la Mara Salvatrucha y Barrio 18 pueden estar "en crisis económica" debido a que han dejado de percibir ingresos por extorsiones debido a la cuarentena y el cierre de pequeños y medianos negocios ordenado hasta el primero de mayo.

"Sin duda ellos están sintiendo la crisis directa porque sus familias sobreviven de las extorsiones", comentó Medrano.

El Salvador, con 6.6 millones de habitantes, es uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con 35.6 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2019. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera.

Jannette Aguilar, investigadora de temas de prevención de la violencia para organismos internacionales, anticipa poco éxito a la decisión de Bukele, en el poder desde junio del año pasado.

Para la investigadora, la represión es una "respuesta mediática" que provocará "un baño de sangre" pero que al final potenciará a las pandillas que en los últimos años se han fortalecido como verdaderas autoridades en las comunidades.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, denunció: "vimos con preocupación esas escenas donde juntan a las personas en los patios de las cárceles de manera humillante".

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