La marca del sistema político colombiano está grabada a fuego sobre el cuerpo de la historia nacional. La impronta está conformada por un conjunto de factores complementarios, esenciales e interrelacionados que se retroalimentan y reproducen en un círculo conservador, tradicional y vicioso. Sus distintivos son: caudillismo, fanatismo y sectarismo, jerarquía y autoritarismo, racismo y exclusión, clientela y corrupción, captura de rentas y corporativismo, individualismo e informalidad, iniquidad y miseria, sin visión alguna de futuro.
El impacto de su sello no es menor. Durante el último medio siglo Colombia transformó la matriz económica, tecnológica e institucional, adoptó una nueva Constitución, se urbanizó, integró y abrió al mundo. Sin embargo, la estructura política y las mentalidades que dominan en el conjunto social continúan siendo conservadoras, tradicionales, “godas”, coloniales, dominadas por ideologías religiosas y de extrema derecha. La tradición centenaria familiar y la localización espacial, municipal o regional, son las características de la afiliación partidista, pero también del gamonalismo o caciquismo.
Los partidos políticos se organizan como carteles mafiosos, controlan el Estado, el presupuesto y el empleo público, ejercen el poder a través de la “clase política”, la parasitaria e inmensa maquinaria burocrático-militar y grupos paramilitares, en medio de la competencia y la batalla entre las distintas facciones. El pueblo cooptado por las variopintas ideologías hegemónicas, las que transmite de generación en generación, no milita formalmente en las organizaciones pero sigue “ciegamente” al caudillo, tiene “fe” en el partido que lidera y permanece alejado del ejercicio real de la política, es decir, del seguimiento y control del gobierno y con esto, del diseño e implementación de todos aquellos programas y acciones que tienen que ver con las condiciones de vida, para garantizar que sea digna.
Los diferentes partidos políticos tienen geográficamente repartidas sus fuerzas, en estructuras multiclasistas. Las raíces de la formación de las identidades y las lealtades partidistas en la construcción de la nación colombiana amalgaman las clases sociales con factores étnicos, religiosos, geográficos y productivos. La simpatía por el caudillo y su partido es parte de la herencia cultural. Corrupción, violencia, clientelismo, tradición y fanatismo constituyen el cemento que une al sistema político.
A propósito de la elección del Presidente, para el período 2018-2022, a continuación intento dar forma más precisa a una idea de Karl Marx (1818-1883): la superestructura de opinión pública, creencias y prácticas, leyes e ideologías, no es configurada por sutiles análisis lógicos o diálogos racionales, sino que refleja las condiciones materiales de vida y los intereses de clase1. La tesis a sustentar consiste en demostrar que la estructura del capitalismo periférico y del sistema político colombiano constituye un mecanismo homeostático que funciona mediante variaciones o cambios en la superestructura pero lo hace de tal manera que a largo plazo el núcleo esencial y las relaciones sociales permanecen constantes y se reproducen en los espacios y tiempos históricos. En resumen, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política, cultural, ambiental y espiritual
Marx afirmó que los mecanismos ideológicos son parte del funcionamiento de una sociedad de clases, ya que contribuyen a ocultar a sus miembros cuáles son sus “verdaderos” intereses y necesidades. La sentencia “es el ser social el que determina la conciencia, no la conciencia la que determina el ser social” permite comprender el papel mistificador de las formas mentales de las clases dominantes que se imponen como “sentido común” a través del ejercicio del poder, las instituciones familiar y de trabajo, los medios de manipulación de masas y el aparato educativo. Con esta afirmación Marx desnudó la relación existente entre las formas sociales y materiales de vida (es decir, las relaciones de clase) y sus formas mentales y culturales (la “conciencia”).
Fuerzas políticas, abstención e izquierda, breve historia
Los partidos políticos constituyen organizaciones que congregan sectores de la población y clases sociales alrededor de la representación y defensa de cosmovisiones, intereses y necesidades comunes en el ámbito del poder político.
En Colombia los electores son fieles a su opción partidista. Por la configuración multiclasista, la dirigencia de arriba no toma en cuenta las inquietudes políticas, intereses o necesidades de los de abajo. Sin embargo, los votantes de los partidos les son leales pese a que sus intereses estén o no representados por los programas diseñados desde quienes controlan el poder. Los partidos políticos parecen ser entidades independientes de sus votantes: sus proyectos poco o nada tienen que ver con sus votantes ni con el interés público.
La base electoral de cada partido está ahí, localizada siempre, diferenciada geográficamente. La mayoría de los municipios son tradicionales. Los partidos adaptan sus programas y caudillos al cambio del tiempo, a la evolución social, económica e institucional, mientras su cuerpo de militantes tiene una composición local independiente y una estratificación socio-económica inamovible. La localización del voto es factor determinante de las fuerzas de los partidos, a su vez, el gamonal o cacique, maneja la clientela, distribuye subsidios, controla el gasto público y los puestos de trabajo, acumula los votos y domina la estructura local de poder2. A la base material de producción y las relaciones sociales a que da lugar ésta, se imbrica como un factor importante en la tradición de las identidades políticas municipales los patrones familiares como una de las fuentes donde los individuos adquieren sus primeras actitudes políticas. Por la herencia familiar se realiza la transmisión de las afiliaciones partidistas, sobre las condiciones materiales de vida, las necesidades y los intereses, ocupacional y de clase social.
Son muchas décadas de esta constante, fracturada en parte en las grandes ciudades, pero no así en los municipios intermedios o pequeños. De manera equivoca se relaciona el origen de los partidos políticos en Colombia a partir de la configuración de los caudillos en la época de la independencia (guerra en la cual los ejércitos españoles asesinaron a 200.000 patriotas, del millón de pobladores en aquella época) y de los primeros años de la independencia, en particular con las fuerzas acaudilladas y las doctrinas antagónicas entre Bolívar y Santander. Contrario a ello, la formación de los partidos políticos, con sus caudillos, plataformas y programas, tiene como fecha de inicio los mediados del siglo XIX.
La década de 1849 a 1860 fue decisiva en la conformación del sistema político colombiano. Durante estos años, en un momento de crisis mundial, cuando se luchaba contra la esclavitud y la eliminación definitiva de las estructuras socio-económicas legadas por la Colonia, y en medio de un ambiente de caudillismo, regionalismo, guerras civiles y anarquía, violenta lucha de clases e ideologías, surgieron el partido liberal y el conservador. La oligarquía se asentó desde entonces en el poder como su propiedad privada y exclusiva.
El enfrentamiento entre las clases sociales y la lucha violenta de las organizaciones por el poder muestra, de una parte, al Partido Conservador defendiendo y representando los intereses de terratenientes y del clero, es decir, los sectores más tradicionales y de clase dominante. De otra, el Partido Liberal, identificado con los sectores e ideas modernizantes; partido conformado por dos facciones definidas también por las identidades e intereses de clase que representaban: gólgotas que congregaban a comerciantes y clase media profesional, y draconianos que se apoyaban en simpatizantes del socialismo útopico y del radicalismo, defendían intereses de sectores populares como los artesanos, pequeños propietarios, pobladores de las barriadas pobres urbanas y pueblos originarios: campesinos, indios y negros.
En sus comienzos la base del movimiento social draconiano representaba las sociedades democráticas del artesanado que constituyen el embrión de las organizaciones obreras de tipo sindical. Los movimientos socialistas y las identidades de clase popular y trabajadora emergen en paralelo con los partidos tradicionales del establecimiento, pero sólo hasta las primeras décadas del siglo XX tendrán presencia en el campo de batalla de la política y en los circuitos económicos.
La historia política del siglo XIX se caracterizó por la lucha civil. Las guerras civiles fueron consecuencia del partidismo, las clases propietarias y de la influencia del clero (y no viceversa); estas, además, afianzaron el sentimiento partidista. Entre 1824 y 1908, en el territorio nacional se registraron ocho guerras civiles generales, dos internacionales y tres cuartelazos. En 1854 se registró la derrota sangrienta, ocasionada por la oligarquía nacional que contó con el apoyo de los gobiernos estadounidense e inglés, del experimento democrático-artesanal y único gobierno popular (José María Melo) que ha existido en la historia republicana de Colombia. Durante el cambio del siglo XIX al XX, la Guerra de los Mil Días, enfrentamiento por el poder entre los partidos políticos hegemónicos, ocasionó la muerte a 180.000 residentes colombianos (la población alcanzaba la cifra de cuatro millones en todo el país). En resumen, las guerras civiles, expresión de la crónica y violenta lucha de clases y de partidos, prolongada hasta la actualidad, no actuaron como agentes en la conformación del partidismo en Colombia, sino que fueron, más bien, su manifestación.
El 4 de agosto de 1914 inició al primer conflicto bélico mundial que concluyó a finales de 1918. En 1914 tuvieron lugar las primeras elecciones directas en Colombia. Ganó el candidato conservador y oficialista, José Vicente Concha. La abstención fue 57 por ciento, en una época donde solamente podían votar los varones mayores de 21 años (las mujeres adquirieron el derecho al voto en 1957) que supieran leer y escribir (el 87% de la población era analfabeta) y con un ingreso superior a 300 pesos (95% de los habitantes vivía en condiciones de miseria). El número total de votos fue de 331.410, el candidato ganador obtuvo 89 por ciento de estos. El mismo año fue asesinado el general Rafael Uribe Uribe (1859-1914), ideólogo y luchador a favor de la instauración de un socialismo de carácter corporativo y sindicalista en Colombia. Durante el cuatrienio de Concha, los sucesos más comunes de violencia se produjeron al reavivar los odios partidistas y al florecer el sectarismo clerical de una iglesia profundamente unida al partido conservador en el poder. Durante estos años, el gobierno colombiano entregó sin pudor alguno las riquezas del país a la expoliación y saqueo por parte de las transnacionales estadounidenses, también dio inicio al tutelaje político por parte de la “estrella del norte”. El censo realizado en octubre de 1918 registró 5,9 millones de habitantes; el 75 por ciento era población rural.
En Colombia las ideas socialistas arraigaron tempranamente, en paralelo a su surgimiento europeo durante el siglo XIX. Estas encontraron el terreno abonado en los sectores populares excluidos urgidos de atención gubernativa, de planes colectivos de trabajo y de requerimientos de derechos sociales para todos. Durante las tres primeras décadas del siglo XX, las ideas socialistas mantuvieron un importante activismo, impulsadas por el movimiento obrero, campesino, indígena, los primeros trabajadores públicos y las primeras organizaciones sindicales, junto a una minoría intelectual comprometida. En 1919 lanzaron el “Manifiesto Comunista” y crearon el primer partido orientado por ese ideario. En 1922 apoyaron la candidatura del liberal Benjamín Herrera, quien obtuvo 256.000 votos, esto es, 38,2 por ciento del total. El candidato conservador, Pedro Nel Ospina, ganó al obtener el 61,8 por ciento de la votación, esto es, 409.131 votos. La abstención fue del 25 por ciento.
La década de los años 1920 fue candente en cuanto a la agitación del movimiento izquierdista. En 1925 la difusión de las ideas socialistas se convirtió en delito y el Gobierno presentó al parlamento el proyecto de pena de muerte para quien las divulgara. En la celebración del 1 de Mayo de 1928 el Gobierno encarceló a 8.000 dirigentes obreros, campesinos e intelectuales de izquierda, ante el temor de una conspiración armada para derrotar el gobierno del Conservador Miguel Abadía Gómez (1926-1930). En 1929 el Gobierno ordenó apresar a todos los dirigentes socialistas, expirando de este modo la “década de oro” del socialismo, en medio de la tortura y el asesinato de sus militantes. La historia se repite obsesivamente a lo largo del siglo XX y no afloja en lo corrido del siglo XXI: una oligarquía que concentra el poder, lumpeniza a la sociedad, conforma bandas criminales, excluye con violencia las mayorías populares y persigue de manera homicida cualquier pensamiento que exprese y defienda los principios de igualdad, democracia, justicia o dignidad humana.
La Hegemonía Liberal se dio entre 1930 y 1946. Inició en 1930 cuando fue elegido un presidente Liberal: Enrique Olaya Herrera, luego de 46 años de Hegemonía Conservadora. Durante la Hegemonía Liberal Colombia se modernizó, hubo logros sociales, pero también inició de nuevo la violencia entre liberales y conservadores. Al calor de las huelgas y las luchas populares, en 1930 se constituyó el Partido Comunista (PC), el cual fue declarado ilegal durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934). El gobierno de Alfonso López Pumarejo lo legalizó y pactó alianzas con los dirigentes comunistas para impulsar las reformas liberales y cambiar la Constitución en 1936.
La lentitud de los cambios sociales del presidente Olaya Herrera hizo que un grupo de políticos liberales le retiraran su apoyo en octubre de 1933. De esta manera nació la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (Unir), liderada por Jorge Eliécer Gaitán y Carlos Arango Vélez. En 1934 se efectuaron elecciones para Presidente para el periodo 1934-1938; el número de votantes fue de 942.209. El Partido Conservador decidió no participar en la elección. El candidato liberal obtuvo el 99,6 por ciento del voto a su favor; el Partido Liberal se encontraba en una cómoda situación desde el gobierno nacional y con mayorías en el Congreso, lo cual le permitió emprender una fuerte campaña en favor del empresario y su Jefe único Alfonso López Pumarejo. El marginal y recientemente fundado Partido Comunista presentó la candidatura simbólica del líder indígena Eutiquio Timoté, sólo obtuvo el 0,4 por ciento del total de votos.
En 1934 la candidatura de izquierda liderada por Jorge Eliécer Gaitán apenas alcanzó 0,5 por ciento del total; en tanto, la abstención fue de 39 por ciento respecto al potencial de votantes. El intento de quebrar el bipartidismo fracasó, a pesar de los esfuerzos en la búsqueda del apoyo obrero y campesino adelantado por Gaitán, quien mantuvo una posición de respaldo y asesoría a estos grupos en sus huelgas y luchas por la tierra. Gaitán liquidó su movimiento hacia 1935, luego del fracaso electoral, reincorporándose a las huestes del partido liberal.
El asesinato de Gaitán, en 1948, como medida preventiva ante su posible conquista de la Presidencia de la República, marcó el inicio de la reedición de la barbarie de la oligarquía nacional en contra de los sectores populares que se prolongó hasta la década de 1960: 300.000 asesinatos políticos y cerca de dos millones de campesinos desplazados por la violencia, en un país con una población ligeramente superior a los 11 millones de habitantes. Liberales y conservadores apoyaron el golpe militar que el 13 de junio de 1953 llevó al poder al general Rojas Pinilla. En menos de un año se desmontó la guerrilla liberal y el Partido Comunista, la única fuerza de izquierda con alguna organización, fue de nuevo declarado ilegal. Tras el derrocamiento de Rojas, en 1957, la oligarquía instaló el Frente Nacional que excluía del gobierno a quien no fuera liberal o conservador, institución que permaneció hasta 1974.
El desmonte del Frente Nacional favoreció a la izquierda con vocación electoral. Sólo a partir de 1972 el establecimiento permitió la participación de terceros partidos, diferentes al liberal y al conservador. A partir de este año es que puede hablarse de un sistema político de competencia abierta entre partidos; no obstante, estas organizaciones poco difieren en sus ideologías, intereses de clase y plataformas políticas, al igual que por sus raíces históricas.
En los años 1970, las localidades territoriales donde la votación comenzó a favorecer a los grupos radicales tenían lugar en zonas periféricas, en regiones de colonización, en los antiguos territorios nacionales y en los viejos baluartes comunistas. En respuesta, dentro de la cultura política colombiana, los grupos hegemónicos desataron una ideología anticomunista que legitima su asesinato y exclusión; a esta campaña sistémica de intolerancia y autoritarismo, han contribuido la jerarquía de la iglesia católica, los nuevos movimientos evangelistas y cristianos que florecen silvestremente en las zonas de control paramilitar, los medios de comunicación y la propaganda estatal. La última etapa del conflicto social colombiano, entre 1964 y 2016, dejó como saldo 8,5 millones de víctimas y el despojo de la propiedad y usufructo de más de 6 millones de hectáreas a familias rurales campesinas.
El contubernio entre espada y cruz, esto es, grandes empresarios, el partido del clero, los diversos grupos religiosos e iglesias evangélicas, paramilitares y partidos de la extrema derecha, se mantiene indisoluble desde la invasión española y la Colonia. Esta asociación fue definitiva en el triunfo del No en el plebiscito de octubre de 20163. Ahora, en 2018, las iglesias protestantes y cristianas han dado su apoyo irrestricto al candidato presidencial de la extrema derecha Iván Duque, del Centro democrático. La candidata Viviane Morales, proveniente de la Iglesia Casa sobre la Roca, arrió sus banderas y se adhirió al proyecto de la extrema derecha4. El candidato del Centro Democrático también recibió el respaldo del movimiento político de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, la cual es considerada una de las más poderosas del país; con esta adhesión y su organización política “Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira)”, que en las pasadas elecciones a Congreso logró más de 500.000 votos, la campaña a la presidencia de Iván Duque ya tiene la mayoría de votos de las comunidades cristianas del país (pues, también se sumó Colombia Justa-Libres, el naciente partido que en las pasadas elecciones sorprendió con poco más de 400.000 votos).
Los ligeros avances modernizantes (derechos humanos, como por ejemplo el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y de igualdad de géneros e identidad sexual), democráticos y de paz están en riesgo. Los tiempos oscurantistas y de lucha violenta de clases, partidista y religiosa renacen con furia. Frente a estas mentalidades tradicionales, las políticas públicas de ciencia y la tecnología moderna agonizan, antes de haber arraigado en el país. Estas iglesias cristianas y la extrema derecha prometen “trabajar por la restauración moral de Colombia”.
El informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudah), presentado en marzo de 2018, señala que en 2017 se registraron 441 ataques en contra de organizaciones sociales defensoras del proceso de paz y de los derechos humanos, incluyendo 121 asesinatos. Las regiones con mayor número de asesinatos fueron Antioquia (13) y Cauca (11). El 62 por ciento de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, el 24 por ciento en ciudades cercanas a las anteriores zonas de conflicto y el 14 por ciento en las ciudades principales. Adicionalmente, en 2017, 1.500 campesinos fueron desplazados forzosamente. Un nuevo ciclo político de conflicto armado, violencia y exclusión alza su tenebroso vuelo sobre la historia del país. Así lo prometen los dos candidatos de la extrema derecha, Duque y Vargas Lleras: “hacer trizas los acuerdos de paz entre el Gobierno y la insurgencia”.
El pasado 10 de mayo de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó la evaluación de derechos humanos a Colombia (la tercera que enfrenta el Estado colombiano en su historia). En total, intervinieron 95 países de los 193 que hacen parte del Comité de Derechos Humanos. Cada interviniente hizo sus recomendaciones sobre cuáles son los temas que, en su opinión, deben mejorar. Sin duda alguna, el más mencionado fue el que tiene que ver con las amenazas y asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras. Pero también fue usual escuchar discursos sobre la importancia de que el país refuerce sus políticas para eliminar el reclutamiento infantil; proteger los derechos de los niños y mujeres, garantizar que los altos niveles de impunidad disminuyan de inmediato; y la necesidad, casi urgente, de que se firme el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En 2017 fueron asesinadas en todo el país 10.870 personas, 9.929 fueron hombres y 941 mujeres. En 2018 caen asesinadas mil personas en promedio cada mes, el departamento más violento es el Valle del Cauca, seguido de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander y Cauca; entre las ciudades, las más violentas, en lo que va de 2018, son Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Valledupar y Sincelejo. Colombia sigue siendo uno de los países más violentos del mundo debido al conflicto armado interno, a las bandas criminales, el narcotráfico y a casos asociados con la violencia intrafamiliar y la intolerancia interpersonal.
El gráfico 1 ilustra los ciclos de violencia en la historia nacional durante el último siglo, acompañado de los porcentajes de votación por la izquierda y del abstencionismo. Pese a todo, durante el último medio siglo los movimientos y partidos de izquierda ganan presencia en las principales ciudades y se constituyen como fuerza política alternativa. Sin embargo, no han podido romper el techo de cristal del 25 por ciento de cooptación de la votación efectiva, ni derrotar la abstención que en promedio representa un 54 por ciento durante la historia de las elecciones directas en el país. La violencia de clases, partidista y religiosa, afecta principalmente a los proyectos democráticos de las organizaciones de izquierda.
La abstención es, sin embargo estructural, se mantiene incólume a pesar de los vaivenes temporales de la política y los indicadores socioeconómicos, fenómeno no sólo explicable por la apatía o la ignorancia política, sino también por el histórico monopolio de los partidos del establecimiento, la corrupción en el sistema electoral (“el pueblo vota hasta las cinco de la tarde, después lo hacen los grupos de poder que controlan la Registraduría”); también es cierto que la clase trabajadora y las comunidades populares odian al Estado o éste le resulta indiferente, ya que física, financiera y por voluntad política, intereses y corrupción, es incapaz de satisfacer las necesidades y las demandas participativas, económicas, sociales y ambientales de dichas clases y grupos.
En efecto, para las elecciones presidenciales del año 2006, dos fuerzas de izquierda se unieron, el PDI y la Alianza Democrática (AD), dando nacimiento al Polo Democrático Alternativo (PDA). El candidato de la izquierda, Carlos Gaviria Díaz (1937-2015), alcanzó más de 2,6 millones de votos, esto es, 22,5 por ciento del total. La abstención, por su parte, se mantuvo en 55 por ciento; por tanto, el triunfo del candidato de la extrema derecha, Álvaro Uribe, fue precario, no llegó al 30 por ciento del censo electoral. En las elecciones presidenciales de 2010, el candidato del Polo Democrático concentró el 9,2 de la votación en la primera vuelta; la abstención alcanzó el 51 por ciento. En 2014, la izquierda, con Clara López Obregón como candidata del Polo Democrático, obtuvo en la primera vuelta el 15,3 por ciento del caudal electoral; la abstención fue del 52 por ciento. Para las elecciones del Congreso de 2018, los partidos de izquierda obtuvieron el 7,1 por ciento del total de votos y la abstención promedio (entre Senado y Cámara) representó 52,7.
La historia política y económica del país muestra que las tres últimas generaciones no han conocido modificación alguna de las condiciones de desigualdad o iniquidad socioeconómica (Gráfico 2).
El modelo rentista y extractivo no genera empleo ni en la cantidad requerida ni con la calidad que dignifique el trabajo humano. La pobreza por ingresos disminuyó en 50 puntos porcentuales entre 1960 y 2018, sustentado en el sistema político asistencialista y de control clientelista, con privilegio de subsidiar el consumo de masas improductivo en lugar de fortalecer la autonomía, autogestión, capacidad productiva y sustentable de la población.
Ante esta realidad, los partidos de izquierda tienen el reto de convertirse en una verdadera fuerza política, económica y social de nuevo tipo, defensora de los derechos humanos y representante de los intereses y necesidades de la clase trabajadora y demás sectores excluidos, en promover el poder popular y aupar de manera sinérgica, consciente y democrática el movimiento y las luchas sociales; de lo contrario, se reduce a una simple maquinaria parlamentaria y electoral, símil de los tradicionales partidos del establecimiento
Potencial electoral 2018
La población habilitada para los comicios electorales 2018 suma 36,2 millones de connacionales: 51,7 por ciento mujeres y 48,3 hombres. Representan el 75 por ciento de la población total del país. El Distrito Capital de Bogotá y dos regiones (Central y Caribe) concentran el 61,55 del potencial electoral (ver Mapa 1).
Por rangos de edad, el potencial de población votante se concentra en el intervalo de 26 a 64 años, representa el 71 por ciento del total. En el rango de 18 a 25 años se ubica el 17 por ciento de los posibles votantes (Gráfico 3). Para las elecciones presidenciales de 2018, 1,3 millones ‘primivotantes’ están habilitados para acudir a las urnas, representan 3,6 del potencial electoral. Estos jóvenes que por primera vez podrán votar en las presidenciales, subconjunto de los menores de 25 años, quienes en su mayoría no pertenecen a un partido político y se mueven por el voto de opinión, constituyen un sector poblacional decisivo para elegir la fórmula ganadora. Si bien los jóvenes son prolíficos al momento de opinar en las redes sociales, su respaldo no se traduce necesariamente en votos. Éstos poco ejercen su derecho al voto; son los colombianos mayores de 40 años quienes más lo hacen.
Siguiendo la tradición política nacional, la masa de votantes y las maquinarias políticas se manifestaron en los comicios de marzo de 2018 para elegir las 102 curules para Senado y los 166 escaños para la Cámara de Representantes. La hegemonía de los partidos tradicionales no se modificó (los triunfadores fueron los partidos: Centro Democrático y Cambio Radical –expresión de la extrema derecha–, el conservador y el liberal); sumado a las expresiones políticas de los grupos e iglesias cristianas y evangélicas, concentran tres cuartas partes de las curules. La persistencia de la distribución geográfica del voto tradicional también quedó bien demostrado. En efecto, el carácter local o regional de la distribución de los fortines partidistas se refleja en los resultados de las elecciones de Congreso en marzo de 2018 (Mapa 2).
Condiciones materiales de vida y relaciones sociales de producción
El orden lógico de las clases de derechos humanos difiere del orden histórico de la conquista por la humanidad de las condiciones indispensables para garantizar la dignidad humana y hacer posible que las personas vivan en un entorno de libertad, democracia, justicia y paz. Sin garantizar los derechos sociales, económicos y culturales, difícilmente pueden ejercerse con independencia, madurez y conciencia los derechos civiles y políticos.
En Colombia, la población en edad de trabajar (PET) está constituida por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales. La PET se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva. De los 48,3 millones de nacionales en 2018, el 80,2 por ciento se encuentra en edad de trabajar. De los 38,7 millones de personas que conforman la PET (2,5 millones más que la cifra del potencial electoral), el 37,1 por ciento es población económicamente inactiva (14,4 millones) y 62,9 es población económicamente activa (24,4 millones). La población económicamente inactiva (PEI) comprende a todas las personas en edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios (ver infograma).
La población económicamente activa (PEA), también llamada fuerza laboral, está conformada por las personas en edad de trabajar que laboran o están buscando empleo. En 2018, la PEA se divide en 90,6 por ciento ocupados (22,1 millones) y 9,4 desempleados (2,3 millones). En consecuencia, por cada ocupado se encuentra en condición de dependencia económica 1,2 personas.
En Colombia la mayoría de la fuerza de trabajo tiene un nivel educativo bajo. Tener un buen nivel educativo y de competencias es un requisito importante para encontrar empleo digno y contribuye al bienestar del trabajador y su familia. En Corea del Sur, por ejemplo, el 87 por ciento de los adultos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior. El promedio de los países que pertenecen a la Ocde es de 74 por ciento. En Colombia, el 45,4 por ciento de la fuerza de trabajo no ha llegado a la educación media superior: 16 por ciento del total no cuenta con ningún nivel educativo; 33,7 por ciento solo ha cursado la primaria y 5,7 por ciento abandonó el sistema educativo en el grado de educación básica secundaria. Del total de la fuerza de trabajo en 2017, solo un poco más de una quinta parte había cursado la educación técnica o tecnológica (10,7%), universitaria (8%) o postgrado (3,6%).
A causa del atraso del aparato productivo colombiano y del bajo nivel educativo o pertinencia del conocimiento de la fuerza de trabajo se registra un desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Educarse no es garantía de encontrar un trabajo digno. El desajuste es un hecho que se manifiesta a través del desempleo y el subempleo. Este problema de desajuste tiene un carácter estructural que difícilmente puede ser resuelto únicamente por el sistema educativo; su solución involucra necesariamente la participación de otros sectores sociales (familias, empresas y gobierno). En Colombia, el 67,5 por ciento de los desempleados ha alcanzado los niveles de educación media superior (43,6%), técnica o tecnológica (13,8%), universitaria (8,4%) o postgrado (1,7%).
La mayoría de los trabajadores y empresas informales no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal, y por carecer de otros medios de sustento. El empleo informal es más común entre los más vulnerables de la sociedad. En Colombia, la mitad de la clase trabajadora genera sus ingresos para vivir –él y su familia– bajo condiciones de informalidad (Gráfico 4).
Esto es, uno de cada dos trabajadores vive del “rebusque diario”, por tanto difícilmente puede mejorar su nivel educativo o competencias y contar con oportunidades o tiempo para participar en organizaciones de la clase trabajadora o realizar actividades políticas. Para el Dane, las características que permiten precisar la definición de empleo informal son:
• Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio;
• Los trabajadores familiares sin remuneración;
• Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares;
• Los empleados domésticos;
• Los jornaleros o peones;
• Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales;
• Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos;
• Quienes no cuentan con contrato laboral ni están afiliados al sistema de seguridad social.
En el total nacional, el obrero, el empleado particular y el trabajador por cuenta propia son las posiciones ocupacionales que tienen mayor participación en la estructura ocupacional: 82,6 por ciento. La posición ocupacional es la ubicación que la persona adquiere en el ejercicio de su trabajo (Gráfico 5).
Durante el último siglo, la matriz productiva colombiana ha registrado profundos cambios estructurales. En particular, el sector real de la economía (agropecuario e industrial perdió participación significativa en el PIB: a principios del siglo XX contribuía con el 70 por ciento de la producción nacional, en la década de 1960 se redujo al 50 y en los años 1990 cae por debajo del 30 y en 2017 sólo contribuyó con el 17,2 por ciento. La crisis del sector agropecuario y la desindustrialización que registra el país desde la década de 1970 ha dado paso a un modelo de desarrollo extractivo (principalmente en la explotación minera y de hidrocarburos), rentista, tercerizado, con una participación mayor del Estado en actividades improductivas, burocráticas, militaristas y con monopolio en la generación de servicios domiciliares, con amplia incidencia del comercio, el transporte y la especulación inmobiliaria. En particular, en los últimos 50 años la matriz productiva colombiana entró de lleno en el proceso de financiariación del capitalismo mundial, esto es, el control del trabajo productivo y el comando de la economía por parte del capital especulativo financiero (Gráfico 6).
El desplome del sector productivo real en la última centuria ha ido en paralelo del descontrolado y caótico proceso de urbanización, de grandes ciudades con amplios cinturones de miseria, en unión de las profundas transformaciones en la estructura laboral. Cuatro de cada cinco personas habitan en centros urbanos. Dos terceras partes de la población ocupada labora en las ramas económicas de la construcción, el comercio, hoteles y restaurantes, el transporte y los servicios comunales, sociales y personales; en su mayoría actividades de alta informalidad, inestabilidad y precariedad laboral, caracterizadas por insuficientes ingresos, ausencia de conciencia de clase, individualismo y baja iniciativa organizativa (sólo el 4% de la clase trabajadora hace parte de una organización sindical). En la rama de la “agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” labora el 17,1 por ciento de la fuerza laboral ocupada. La “explotación de Minas y canteras” ocupa únicamente el 0,9 por ciento de los trabajadores, similar a la intermediación financiera que genera solamente el 1,3 por ciento de los puestos de trabajo en el país. El rentismo generado por la explotación de los recursos naturales y energéticos, más la especulación financiera, soportan la economía nacional pero son poco generadoras de empleo (Gráfico 7).
El desarrollo desigual y combinado que caracteriza a Colombia se refleja en una dinámica regional, poblacional y cultural determinada por tres condiciones históricas y velocidades temporales: premoderna, moderna y post-moderna globalizada. Esta última se concentra principalmente en los grandes centros regionales y en el Distrito Capital de Bogotá. En particular, las principales empresas, centros de negocios, decisiones financieras y poder político se encuentran fusionadas en la Región Central y en Bogotá, Distrito Capital; en estas dos unidades geográficas y político administrativas se genera las dos terceras partes de la producción nacional (Mapa 3).
En 2018, las zonas rurales del país todavía están habitadas por el 20 por ciento de la población. A partir de la década de 1980, la estructura agraria se ordenó de manera cuatrimodal por los siguientes modos de producción y tipos de fincas: i) latifundios ganaderos, ii) agro-comerciales, iii) cafeteras, iv) minifundio. A esta estructura le corresponden las siguientes clases sociales y fracciones de clase: i) oligarquía terrateniente, ii) burguesía agro comercial, iii) clase media rural cafetera, iv) campesinado pobre, semiproletario y étnico (indígenas y afros). Esta estructura tiene una relación directa con el carácter geográfico de la distribución de los fortines partidistas.
La base material de vida y el poder político se retroalimentan por dos condiciones específicas: la concentración del poder económico y político, de una parte, y por la precariedad, estratificación, informalidad, desorganización y exclusión del mundo laboral. Estas condiciones de vida material y de relaciones sociales de producción condicionan, a la vez, la cultura política del pueblo colombiano.
Cultura política
La cultura política se define como el patrón de actitudes y orientaciones individuales predominantes frente a la política y acerca del papel de las personas en el sistema político.
La Encuesta de cultura política que realiza el Dane desde el 2007, indaga sobre la percepción que tienen los connacionales sobre su entorno político. Explora el conocimiento frente al concepto de democracia, los mecanismos y espacios de participación ciudadana y la percepción de utilidad que estos representan. También se exploran temas relacionados con el comportamiento electoral, la percepción frente a los partidos políticos y la confianza en las instituciones.
La Encuesta de cultura política busca generar información estadística estratégica que permite caracterizar aspectos de la cultura política colombiana, basados en las percepciones y prácticas que sobre el entorno político tienen las personas de 18 años y más que residen en las cabeceras municipales del territorio nacional. La encuesta tiene una periodicidad bienal y una cobertura nacional; cuenta con representatividad geográfica para cinco regiones: Bogotá, Caribe, Oriental, Central y Pacífica. El periodo de recolección fue abril-mayo de 2017. El tamaño de la muestra es el siguiente: 104 cabeceras municipales, 1.286 segmentos; 27.841 personas de 18 años y más; 12.387 hogares.
En 2017, el 74,5 por ciento de las personas de 18 años y más afirmó asistir a reuniones de iglesias, organizaciones o grupos religiosos, el 13,5 a Juntas de Acción Comunal y demás organismos de acción comunal y el 11,7 a reuniones de Asociaciones, grupos, clubes o colectivos recreativos, deportivos, artísticos o culturales.
El mecanismo de participación más conocido, o del cual las personas de 18 años y más han oído hablar mayormente en 2017, es el plebiscito (80,0%); en segundo lugar el referendo aprobatorio o derogatorio (63,1%); seguido por la revocatoria de mandato (55,8%) y la consulta popular (48,7%).
Con relación a los espacios de participación ciudadana, en 2017 las personas de 18 años y más afirmaron conocer o haber escuchado hablar de las veedurías ciudadanas (36,6%), audiencias y consultas públicas (32,6%), los comités de desarrollo y control social en salud y servicios públicos (25,4%) y Comités de participación comunitaria en salud (24,0%).
En 2017, el instrumento de protección de derechos que más conocen o del que más han escuchado hablar las personas de 18 años y más, es la acción de tutela (87,4%), el segundo es el derecho de petición (81,7%), el tercero la acción popular (44,4%) y el cuarto es la acción de cumplimiento (26,0%).
Con respecto a lo que las personas de 18 años y más consideran que un país debe tener para que sea democrático, en 2017 el 82,6 por ciento respondió que deben existir autoridades locales, municipales y departamentales elegidas por voto popular, elecciones periódicas de los gobernantes (81,9%), mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestión pública (80,4%) y sistema judicial (77,6%).
Al preguntarle a estas personas qué tan democrática consideran que es Colombia, en 2017 el 29,3 por ciento considera que es un país democrático; medianamente democrático el 55,6 y no democrático el 15,1 restante. Por regiones, se observa que el 40,3 por ciento de las personas de 18 años y más de la región Caribe consideran que este es un país democrático, en la región Central el 34,2, en la Oriental el 29,1, en la Pacífica el 26,0 y en Bogotá el 16,3 por ciento. Al indagar por la satisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia, el 11,5 por ciento de las personas de 18 años y más afirma estar muy satisfecho y el 49,9 muy insatisfecho. Al revisar por regiones se observa que el 18,0 por ciento de las personas de 18 años y más de la región Caribe están muy satisfechos con la forma en que funciona la democracia en Colombia, seguida por la Oriental 12,2, Central 10,1, Región Pacífica 10,0 y Bogotá 7,9 por ciento.
De las instituciones o actores en las que los encuestados no confían, se encuentran los partidos o movimientos políticos 61,6 por ciento, el Congreso de la República 51,7, Jueces y Magistrados 45,8, la Presidencia de la República 45,0, la Policía 44,3, la Asamblea departamental 43,2, los Concejos municipales/distritales 43,0, la Contraloría (nacional, departamental y municipal) 39,8, la Procuraduría General de la Nación 39,6, la Alcaldía Municipal/Distrital 35,0, la Fiscalía General de la Nación 34,1, la Gobernación 30,1, la Defensoría del Pueblo 28,6, las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) 26,2 y la Registraduría Nacional del Estado Civil 25,9 por ciento.
Sobre la intención de voto, en 2017 el 59,2 por ciento de las personas de 18 años y más afirmó que siempre vota cuando hay elecciones en el país, el 24,7 a veces vota y el 16,1 nunca vota. Las mujeres votan más que los hombres: 60 por ciento y 58,3, respectivamente (Gráfico 8).
Por rangos de edad, los que más votan son las personas de 41 a 64 años (57,6%), siempre votan cuando hay elecciones (Gráfico 9).
Por regiones, las grandes metrópolis como Bogotá registran menor intención de voto (20% nunca vota cuando hay elecciones). Las regiones Caribe y Oriental sobresalen porque dos de cada tres ciudadanos siempre vota (Gráfico 10).
Únicamente el 28,7 por ciento afirmó no haber votado en las elecciones para alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales de octubre de 2015. Las principales razones para tal comportamiento es porque consideran que los políticos son corruptos (46,2%), porque los candidatos prometen y no cumplen (44,6%) y por desinterés (43,3%).
El 64,9 por ciento de personas de 18 años y más, según el grado de importancia que tienen la elección de Presidencia de la República, expresó que “es muy importante”. En Bogotá, esta elección sólo es importante para el 56,1 por ciento de la población mayor de 18 años; la valoración más alta corresponde a la región Caribe con el 76,4 por ciento.
Para 2017, sólo el 15,7 por ciento de las personas de 18 años y más consideró que el proceso de conteo de votos es transparente. Por regiones, el Caribe registra el mayor nivel de confianza en el sistema electoral. Bogotá, Distrito Capital y las regiones Central y Oriental son más escépticas, están por debajo del promedio nacional en la valoración positiva del proceso de conteo de votos (Gráfico 11).
Únicamente uno de cada diez colombianos se identifica con alguno de los partidos políticos activos en el país. Si bien, el 82,4 por ciento de las personas de 18 años y más está totalmente de acuerdo con la afirmación “a los políticos les interesan los votos y no las necesidades de la gente”; el 57,8 por ciento está totalmente de acuerdo con la afirmación “votar en las elecciones es útil para generar cambios positivos en el futuro del país” y el 44,1 por ciento está totalmente de acuerdo con la afirmación “votar es la única forma de influir en el gobierno”.
Por debajo de los 40 años, los connacionales no tienen simpatías o identificaciones con alguno de los partidos políticos. La mayor identificación con algún partido o movimiento político se registra en los mayores de 64 años. Esta situación refleja un cambio en las tradiciones partidistas entre generaciones (Gráfico 12).
Por regiones, la población de la capital del país es la que menos se identifica con un partido o movimiento político. A mayor tamaño de las ciudades el voto independiente es más importante. La región con mayor adscripción a partidos o movimientos políticos es la Oriental, con el 14 por ciento (Gráfico 13).
Con relación a la posición ideológica, se les solicitó a los encuestados ubicarse en una escala ideológica de 1 a 10, de izquierda a derecha. Agrupando la escala, el 12,0 por ciento de las personas de 18 años y más afirma ser de izquierda (1-4), el 42,6 de centro (5-6) y el 20,7 de derecha (7-10). Los hombres tienden a ser más de izquierda que las mujeres; estas simpatizan más con las ideas de derecha. Por el centro, que es la mayoría, comparten por igual hombres y mujeres en su posición ideológica (43%). Uno de cada cuatro, hombre o mujer, no tiene posición política alguna (Gráfico 14).
Por rangos de edad, la simpatía con las plataformas o programas de la izquierda registra un valor mayor al promedio nacional en las personas con edades entre 18 y 40 años. La posición ideológica de derecha presenta un grado superior en los mayores de 64 años (Gráfico 15).
Finalmente, por regiones es Bogotá Distrito Capital la que más concentra ciudadanos con clara simpatía por las ideas de izquierda. De hecho, durante varios períodos ha elegido candidatos de los partidos de tal perfil. La región Oriental es lo opuesto a la capital del país, allí se concentra la mayoría relativa que mantienen una identificación ideológica con las doctrinas políticas de la derecha (Gráfico 16).
2018: ¿Continuidad o cambio?
El reto que tienen ante sí las fuerzas que sueñan con un cambio estructural en el país no es menor: romper la historia –lo cual demanda más que voluntad– y, en contra de las circunstancias materiales de vida, económicas, productivas y sociales que caracterizan al país, lograr que las mayorías sociales de apáticos, indecisos, indiferentes, godos, conformistas, prevenidos, desinformados, opten por todo aquello que hasta ahora han desechado.
La información relacionada permite proyectar que la continuidad tiene todo a su favor para seguir al frente de la sociedad colombiana: la estructura económica, laboral, política y social en general, con su expresión en la conciencia política de la población, así permite preverlo. Pero, asimismo, se debe tomar en cuenta a la maquinaria estatal, con su gran engranaje clientelista de cientos de miles de empleados y trabajadores amarrados al poder del jefe –trabajadores, miles de ellos contratados a término definido–, temerosos de que los desbanquen en cualquier momento, además de otros muchos, estos sí contratados a término indefinido, que por obra de la rutina y la comodidad terminan sellando su mente con un pensamiento de mejor así…, mejor malo conocido que bueno por conocer.
Estamos ante un reto nada sencillo, mucho más cuando factores como el trabajo informal, el rebusque por cuenta propia, el desempleo, el narcotráfico y toda su mentalidad de individualismo consumista, han terminado por consolidar entre nosotros una estructura social que está altamente atomizada en lo organizativo, sin confianza en los procesos colectivos, incrédula ante la capacidad de los procesos sociales.
En medio de todo ello, son positivas las energías que va despertando la campaña liderada por Petro, pues, en medio de ello, puede leerse que la masacre de varias décadas consumada por el poder no logró arrasar con la esperanza.
Pero para que la misma sea efectiva, para que este momento de reencuentros no se pierda en la adoración de un caudillo –aprendiendo de la historia nuestra e internacional–, hay que pasar a darle cuerpo a un proceso colectivo donde todos aquellos sectores que ahora depositan su anhelo en un tercero encuentren un espacio y unos procesos para delinear entre el conjunto los objetivos por disputar, las formas de hacerlo, los territorios por enraizar, etcétera.
Sólo así, en medio de una coyuntura colectiva, podrá (re)iniciarse el recorrido de un camino transitado en distintos momentos de nuestra historia reciente, recorrido que en este caso tiene que ver con recuperar para la política a las mayorías de abstencionistas, incrédulos, indiferentes, indecisos, confundidos, godos. La encuesta del Dane permite ratificarlo: en Colombia, para sus pobladores, existe una democracia maltrecha, deforme, donde ni partidos ni instituciones son de fiar.
Bueno, avanzar hacia esa otra democracia, que sí es posible, requiere mucho más que participación electoral, y mucho más que caudillos. Construir, abrir, potenciar, fortalecer cientos, miles de espacios para la participación directa y decisiva de las mayorías, para que ellas mismas construyan sus plataformas de lucha y vayan concretándolas en el día día. Hay que abrir espacios de todo tipo para compartir entre todos/as, para politizar, para que perdamos el miedo ante la violenta criminalidad del establecimiento, pero también ante lo que habremos de cimentar y levantar, como nueva posibilidad para la vida, en justicia y dignidad. Esto es parte del reto que ahora se ve más viable y necesario de encarar.
No es sencillo pero tampoco imposible. Es necesario, como lo es que tengamos en mente la necesidad de otra economía, otro Estado y otros relacionamientos sociales y políticos para –por esa vía– quebrar parte de la estructura de dominación reinante entre nosotros; como es necesario, también, erradicar los carteles políticos, las mafias y sus mecanismos de control y sometimiento social, de los cuales también se vale el establecimiento para profundizar su dominio y su sometimiento.
¿Sencillo? ¿Obra de un gobierno? ¿Realización posible sin revolución? La trilogía de estas preguntas tiene un mismo no como respuesta y un triple sí como quimera, pues no es sencillo ni será obra de un solo gobierno ni será factible sin revolución. Todo un cambio estructural, de base, cultural, tenemos ante nosotros, con otra democracia, que sí es posible para que surja otra cultura de la política, vía indispensable para que los gobiernos del futuro sí sean de la gente y para la gente.
Para orientarnos hacia estas metas, nos sirve la lectura histórica aquí realizada, cruzada con la información procesada por el Dane y la misma lectura de la realidad que hoy estamos viviendo.
1. Sarmiento, Libardo. Ontología Humana Crítica. Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2016, capítulo IV.
2. Pinzón de Lewin, Patricia. Pueblos, regiones y partidos. Ediciones Uniandes-Cerec, Bogotá, 1989.
3. El objetivo de esta consulta era que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos que se firmaron entre el gobierno y las FARC en La Habana.
4. Esta iglesia afirma poseer en privilegio “la mente de Cristo” y proclama entre sus fundamentos: “Creemos en el mundo espiritual formado por el cielo y el infierno; en la existencia de los ángeles buenos y malos, y en la de Satanás como jefe de los últimos”.
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