09 de agosto de 2025. No sabemos cómo llamarán los historiadores del futuro a la época presente. Sabemos que no serán amables. No deberían, al menos. El Gran Retroceso puede ser una opción. Escribirlo en mayúsculas hoy puede resultar pretencioso, sin duda, pero los ingredientes para hacerlo existen.
Uno de los más profundos pasos atrás es el de las políticas climáticas. Pensábamos que el negacionismo climático estaba superado, que cabía pasar de pantalla y plantear batallas y debates más complejos, pero estamos de nuevo en la casilla de inicio. El negacionismo vuelve a estar a la orden, de palabra y obra en el caso de Estados Unidos, mudo pero efectivo en una obediente Europa rendida a los pies de Trump. El paso de cangrejo es de dimensiones descomunales.
Una de las primeras cosas que Trump ha hecho las dos veces que ha sido investido presidente es sacar del Acuerdo de París al país que más emisiones de gases de efecto invernadero ha emitido a la atmósfera que compartimos todos. En Europa las cosas son más complicadas porque los mismos que ahora abrazan sin rubor la carrera armamentística firmaron y elevaron a rango de ley un importante Pacto Verde que situó como ambicioso objetivo una economía descarbonizada para el año 2050. Quién te ha visto y quién te ve, Von der Leyen.
No era la solución a todos los problemas climáticos, por supuesto. De hecho, era un plan lleno de contradicciones, cuyas implicaciones profundas eran difícilmente asumibles por aquellos que le dieron el visto bueno, pero supuso un hito que movió el centro de gravedad del debate climático. El Pacto Verde europeo era un brindis al sol del capitalismo verde y el desacople, es decir, la promesa de seguir creciendo consumiendo menos materias primas, pero partía de una base compartida –la crisis climática como principal amenaza para la humanidad– y fijaba unos objetivos ambiciosos, sólo alcanzables, en realidad, aceptando que hay que acabar con una economía basada en el crecimiento constante.
De repente estábamos hablando de límites planetarios, de crisis ecosocial –más allá de la climática–, de la responsabilidad histórica de los países desarrollados. La conversación se tornó más compleja, más rica. Daba pie a una pedagogía necesaria porque hay quien entra en pánico con sólo hablar de superar el capitalismo. El camino estaba abierto. O eso parecía.
Han bastado cuatro años para cerrarlo y ceder el terreno a las trampas al solitario, en la interpretación más benévola de lo que está ocurriendo los últimos meses. Von der Leyen no se atreve a derogar directamente una legislación aún por desempacar, no la dejaría en buen lugar y le abriría frentes importantes con los socios socialdemócratas y verdes, a los que necesita para mantener las apariencias frente a la extrema derecha. La vía que han encontrado en la Comisión Europea es sostener la retórica ecologista, vaciando de contenido el Pacto Verde. Engañarse a sí misma, o tomarnos por bobos al resto, las dos opciones son compatibles.
Esto se traduce en “pequeñas” reformas legales, como la presentada a principios de julio para ofrecer “mayores flexibilidades” a la hora de alcanzar los objetivos climáticos. Una de ellas son los créditos internacionales de carbono, una trampa contable que permitirá a la UE apropiarse de reducciones de emisiones logradas en terceros países mediante proyectos, pagando un precio determinado por tonelada de CO2. En corto: pagar a otros para que no contaminen, a cambio de poder contaminar uno mismo, y además, ponerse la medalla y reivindicar que son reducciones propias.
Es un planteamiento ventajista, porque oculta las trampas de un “mercado” que no funciona a la inversa –¿vendería Europa, al precio que los compra, derechos de emisión a países africanos?–. Responde, además, a una lógica colonial que capa el desarrollo en los países vendedores, perpetuando la desigualdad. Lo que se extrae, ahora, es el derecho a emitir gases de efecto invernadero.
Es un planteamiento injusto para los países empobrecidos y estúpido para Europa, porque no va a reducir ni un gramo las emisiones reales del continente. Pero es que ahora sabemos también que es una reforma legal vacía, hueca. Detrás no hay nada, a lo sumo un conejo escondido en un sombrero de copa. El comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, aseguró que este mercado de carbono funcionará bajo estrictos criterios de verificación, mientras la Comisión, en su propia nota de prensa, garantizó que la reforma se basa en el asesoramiento de expertos sobre cambio climático.
Sin embargo, el medio Político publicó el jueves que, tras haber solicitado información sobre dicho asesoramiento, la misma comisión le ha contestado que no cuenta con ningún dictamen ni análisis formal de los expertos de la UE sobre cambio climático.
La propuesta de flexibilidad ya era mala en sí, pero es que, con esta nueva información, apenas se convierte en la ocurrencia de un funcionario al que le han pedido que se invente algo para quitarse un muerto de encima. El muerto, por desgracia, es la ambición de seguir haciendo del planeta un lugar habitable.
El Observatori del Deute en la Globalizació constata que la extracción de litio acapara el agua y daña los ecosistemas en zonas de Chile y Argentina, entre otros países. La organización señala en un nuevo informe la necesidad de reducir la demanda de este mineral estratégico para la transición energética.
El litio, el metal menos pesado de la tabla periódica, es el oro blanco de la llamada transición verde. Tiene la capacidad de conducir calor y un elevado potencial electroquímico, condición necesaria para el funcionamiento de las baterías eléctricas. Se ha convertido en una materia prima muy útil para producir cátodos de baterías de vehículos eléctricos, para el almacenamiento de energía renovable y para las baterías de los productos electrónicos de consumo como teléfonos móviles y portátiles.
La descarbonización de la economía indispensable para frenar la crisis climática multiplica la demanda de unos minerales y tierras raras estratégicos. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que la demanda que más ha crecido ha sido la del litio, que se multiplicará por 42 en solo dos décadas. La de cobalto lo hará por 25, la de níquel por 19, la de manganeso por 8 y las tierras raras por más de 7.
El informe La mina, la fábrica y la tienda que acaba de publicar el Observatori del Deute de la Globalització (ODG) analiza las dinámicas globales que aseguran el incremento de esta minería en numerosos países del Sur Global, la fabricación de tecnologías para la transición energética y su mercado para abastecer a los países del Norte Global. Chile tiene las mayores reservas actualmente reconocidas de litio y cobre, China de tierras raras y grafito, República Democrática del Congo de cobalto e Indonesia de níquel. China tiene una posición de dominio en el mercado de las tecnologías de la transición energética y ha conseguido movilizar alrededor del 80% de la inversión mundial.
Países como República Democrática del Congo, Mozambique, Perú, Ghana o Indonesia se dedican, principalmente, a extraer minerales y venderlos con un refinamiento/procesamiento básico. Otros países, como Chile, Bolivia, Argentina o Brasil extraen minerales y tienen distintos proyectos para avanzar hacia la industrialización, pero han topado con barreras internas. «Tienen un denominador común: se ven sometidos a la deuda externa o a los tratados de comercio e inversión, que funcionan como instrumentos para apuntalar su subordinación», indican desde el ODG. Por tanto, son empresas de otros países las que operan en el territorio.
El «triángulo del litio»
La triple zona fronteriza entre Bolivia, Chile y Argentina cuenta con salares y lagunas altoandinas que constituyen importantes fuentes minerales, principalmente de litio, potasio y boro. Esta zona es conocida por los inversores y financiadores de proyectos extractivos como el ‘triángulo del litio’. «Una denominación colonial que ejemplifica la desvalorización del territorio, la desnaturalización y su desacralización, reduciéndolo todo a un recurso del que se puede sacar rédito», explica la publicación del ODG.
Durante treinta días, el equipo del ODG visitó zonas de extracción minera de litio en el salar de Atacama, en Antofagasta (Chile), y de exploración para la minería del litio en el salar de Maricunga, en la región de Atacama. También han visitado los nuevos proyectos de hidrógeno verde en la costa de la región de Antofagasta, la extracción y procesamiento de cobre en Tierra Amarilla y Copiapó, situadas en la región de Atacama, y la explotación y procesamiento del litio en la Provincia de Catamarca (Argentina).
Allí han conocido a activistas y personas defensoras del medio ambiente que se organizan para hacer frente a la ofensiva minera, y alertan de los peligros que esta puede suponer para el entorno natural y su biodiversidad. «Estos salares son, sobre todo, ecosistemas únicos y ambientes naturales de gran complejidad y fragilidad, con una alta presencia de especies endémicas, que se están viendo afectados por la extracción de salmueras, de las que luego se concentra el litio y otros elementos», destacan.Guanacos de camino al paso fronterizo de San Francisco, que conecta Argentina y Chile, en la cordillera de los Andes. El Salar de Maricunga, en la Región de Atacama, Chile. Entrada de trabajadores de la empresa ZiJin, en las afueras del pueblo de Fiambalá, Argentina.
Residuos orgánicos resultado del proceso de desalinización en el puerto industrial de la ciudad de Mejillones, Chile.
«No es minería del litio, es minería del agua»
La extracción de litio por salmuera requiere de grandes cantidades de agua en una zona que sufre un gran estrés hídrico. Como el Salar del desierto de Atacama, la zona del planeta donde se registran los niveles más bajos de precipitación, con promedios que no superan los 10 litros por metro cuadrado al año. Pese a esta realidad, las empresas SQM y Albermarle produjeron un total de 18.000 toneladas de metal de litio en el Salar de Atacama con un consumo intensivo de agua.
Según la Agencia Internacional de la Energía, se calcula que para producir 1 tonelada de litio a partir de salmuera se necesita una media de 330.000 litros de agua. El proceso se efectúa con el bombeo de la salmuera mediante perforaciones, una salmuera que es enviada a unas piscinas de agua dulce, donde se evapora el líquido y
se concentran las sales. Una vez evaporada el agua, el litio se separa por precipitación de los demás compuestos como el magnesio, el calcio, el potasio o el sodio. Activistas defensoras del agua denuncian una falta de transparencia en la gestión del agua por parte de las empresas.
La minería acapara un agua que necesita la población. «No es minería del litio, es minería del agua», protesta Francisco Mondaca, de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de Toconao y Consejo de Pueblos Atacameños. En la comunidad situada en la parte sur del Salar de Atacama sus ahora trecientos habitantes puedan disponer de un caudal de no más de 4 litros por segundo, mientras enfrente están extrayendo más de 2.000 litros de agua por segundo para la extracción de litio. La problemática impacta en la agricultura local. «Mientras en las minas están utilizando litros y litros de agua al día, yo tengo que esperar un mes para poder regar mi campo, mediante el sistema de riego que tenemos estipulado, que es uno de los únicos de gestión comunitaria», denuncia Karen Luza, vecina de San Pedro de Atacama y activista por la defensa del agua.
El informe del ODG apunta también que la minería representa una amenaza para el emergente sector del turismo sostenible: «Los proyectos no tienen mucha trayectoria, no hay muchas investigaciones hechas sobre hidrología, ni se sabe cómo se va a comportar o cómo va a reaccionar. No nos pueden asegurar que no va a provocar daño en las cuencas de agua, en la fauna, especialmente en las chinchillas y las vicuñas, y en la afectación al paisaje», manifiesta Carlos Pizarro, activista y guía de turismo en Copiapó, Chile.
En definitiva, los impactos medioambientales y sociales de la actividad extractiva de minerales se agravan con el aumento de la demanda que está generando la transición verde. Esto afecta a afecta a las «zonas de sacrificio» como el desierto de Atacama, la región de Antofagasta o Catamarca, donde se ha impuesto el neocolonialismo. Zonas que la investigadora Maristella Svampa define como «territorios que viven la radicalización de una situación de injusticia ambiental donde la producción del espacio y las lógicas de control territorial dominante no contemplan la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población y la sustentabilidad ambiental de los territorios».
Alternativas: acelerar otras transiciones
La publicación del ODG también propone medidas para reducir el impacto ambiental y la falta de justicia social de la transición energética. «Debemos cuestionar el sentido de urgencia que provoca que sean las grandes corporaciones las que mejor pueden afrontar semejante reto. Por supuesto, hay una necesidad de aceleración, pero bajo nuestro punto de vista, de otro tipo de transiciones», indican.
Apuntan que es necesario reducir la demanda de tecnologías en el norte global. Citan el informe Objetivo de emisiones cero con una mayor movilidad y una menor explotación minera del think tank Climate and Community Project que propone planificar tres políticas para contener la demanda de litio en 2050 en Estados Unidos: reducir el número de vehículos privados, reducir el tamaño de las baterías de los vehículos eléctricos y aumentar el reciclaje. Este análisis concluye que los EE.UU. pueden conseguir un modelo de movilidad de cero emisiones y a la vez limitar en más de un 85% la cantidad de litio necesaria proveniente de la extracción primaria.
Otro elemento que va encaminado a reducir la demanda de minería primaria es la minería urbana o secundaria, es decir, el reciclaje de los materiales que ya forman parte de las tecnologías que usamos o hemos desechado para la fabricación de nuevas tecnologías. El reciclaje de las tierras raras o del litio es prácticamente inexistente en la Unión Europea actualmente.
Para acelerar de la reducción de demanda señalan que se requiere una «verdadera planificación industrial pública que supere las políticas de estímulos financieros y garantías a las grandes empresas, como los fondos NGEU, el Plan Industrial del Pacto Verde o el IRA. «La planificación debería estar ligada a unos presupuestos de carbonoque determinaran, teniendo en cuenta la emergencia climática pero también la crisis de biodiversidad y el agotamiento de los recursos, qué sectores industriales deben decrecer y redimensionarse, y cuáles deben liderar la transición».
Desde el ODG reclaman acelerar una transición más justa en la que se repartan los trabajos que va a generar la transición energética. Además, sostienen que se debe cancelar la deuda externa de los países empobrecidos «por ilegítima, insostenible y por irrisoria comparada con la deuda ecológica». Por último, consideran que los tratados de comercio e inversión deberían suspenderse para favorecer «una mayor autonomía a las soberanías nacionales y populares».
Durante las últimas dos décadas se popularizó la noción de economía verde y se generó una nueva retórica sobre la solución a los problemas ambientales que hoy enfrentamos. Esta idea de economía verde también ha sido presentada como la solución a los problemas de estancamiento económico y de desempleo. Por eso la economía verde ha sido promovida por gobiernos, organismos internacionales y grandes grupos corporativos.
Pero, vamos al grano. La economía verde es sinónimo de capitalismo verde. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿Bajo qué condiciones es posible concebir una plataforma duradera de acumulación de capital que sea compatible con el mejoramiento del ambiente y con la buena salud de la biósfera a largo plazo?
El capitalismo verde estaría soportado por dos pilares. El primero consistiría en una serie de mercancías y procesos de producción que serían menos dañinos para el medio ambiente. El reciclaje y la mayor eficiencia tecnológica serían principios rectores en todo proceso productivo. El segundo sería el del mercado como herramienta para reparar los problemas ambientales existentes, desde la concentración de gases invernadero en la atmósfera, hasta los daños a los ecosistemas. La solución de mercado estaría asociada a la privatización y mercantilización de todos los componentes de la naturaleza. En el capitalismo verde, la naturaleza es un conjunto de objetos físicos que puede ser apropiado y valorizado como cualquier insumo del proceso de producción capitalista. La noción de capital natural sería un componente de esta visión en la que el crecimiento sería compatible con la conservación. Lo anterior quiere decir que la economía capitalista estaría en condiciones de generar e introducir en la producción y en el consumo tecnologías que permitirían, entre otras cosas, reducir el componente energético en la ecuación de costos totales.
En una economía capitalista la transición a una nueva plataforma de acumulación de capital entraña un proceso de transformación tecnológica de gran amplitud. Esto tiene que apoyarse en un flujo de inversiones que permita la introducción masiva de innovaciones que respondan a los criterios anteriores.
En el pasado el capitalismo demostró tener una gran capacidad para el cambio tecnológico. Por eso la ideología neoliberal sostiene que para cualquier escenario ambiental el capital siempre es capaz de encontrar tecnologías que permitan reducir el costo de producción. Pero en las condiciones actuales, con una economía global dominada por el capital financiero, y en medio de una lucha internacional por ver quien ocupa el papel de potencia hegemónica (y reorganiza la economía mundial alrededor de sus intereses) es posible que el capital no tenga esa capacidad transformadora.
Es importante aclarar que los intereses del capital financiero no favorecen el cambio estructural que tendría que darse en la esfera industrial. Además, la política macroeconómica en todo el mundo está orientada a cuidar los intereses del capital financiero, como lo demuestra la obsesión por la ‘estabilidad de precios’. El resultado no facilita el cambio estructural en la economía real.
Los capitalistas necesitan tener expectativas de que sus inversiones con nuevas tecnologías (verdes) podrán ser recuperadas y estarán asociadas a ganancias adecuadas sobre un horizonte temporal satisfactorio. Y esta alusión a la tasa de ganancia conlleva una referencia a la relación salarial: aquí entramos en una discusión que los proponentes de la economía verde rehuyen sistemáticamente. Se permite hablar de capital pero todavía no se puede pronunciar la palabra salarios.
Mantener estable la tasa de rentabilidad implica, en la coyuntura actual, reprimir el crecimiento de los salarios. Pero la represión salarial conlleva problemas agudos de realización de mercancías a menos que se recurra al crédito. Eso es lo que permitió sostener la norma de consumo durante las últimas cuatro décadas en las principales economías capitalistas, pero el proceso desembocó en la crisis de 2008. Es difícil salir de este dilema porque las instituciones y normas sociales que condujeron al estancamiento salarial son rígidas y no podrán modificarse fácilmente.
Un problema adicional es el de la sobre-inversión en casi todas las ramas importantes de la industria a nivel mundial. Desde las industrias cercanas a la base de recursos naturales (siderúrgica, cemento, aluminio, vidrio, etc.) hasta las industrias relacionadas con bienes de consumo final (automotriz, naval, electrónica, etc.), la capacidad productiva instalada rebasa con mucho la demanda global. Esto hará más difícil la transformación porque las ramas núcleo resistirán el cambio hasta que la amortización les asegure una rentabilidad adecuada.
Si el capitalismo verde es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? El capital verde no es la solución a los graves problemas ambientales y mucho menos a la creciente desigualdad. Es una justificación ideológica a la necesidad de asegurar la continuidad de una relación social de explotación clasista.
Twitter: @anadaloficial
