Phoenix, 28 de julio. Una juez estadunidense bloqueó este miércoles partes clave de la nueva ley de inmigración de Arizona, horas antes de que entrara en vigor, otorgando al gobierno del presidente Barack Obama una victoria en su intento de controlar el tema.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo poco después que presentará una apelación para restaurar las previsiones de la ley, que contaba con amplio apoyo popular pero tenía la oposición de Obama y de grupos de derechos humanos e inmigrantes.
“Esta lucha está lejos de terminar”, dijo Brewer. “Al final de lo que seguramente será una prolongada batalla legal, Arizona prevalecerá en su derecho de proteger a sus ciudadanos”, agregó.
La legislatura estatal de Arizona, de mayoría republicana, aprobó en abril la ley con que se pretende sacar del estado a casi medio millón de inmigrantes ilegales, así como detener el tráfico de drogas y humanos a lo largo de la frontera con México.
La juez de distrito Susan Bolton bloqueó, entre otras, la parte de la ley que requería que la policía determinara el estatus de inmigración de una persona detenida o arrestada si un oficial considera que ese individuo no está en el país de forma legal.
Hasta ahora, esas acciones están reservadas a los agentes migratorios, con excepciones.
La juez también retuvo la norma que exigía a los inmigrantes portar sus documentos en todo momento y la que consideraba delito que los trabajadores sin papeles de inmigración buscaran empleo en lugares públicos.
La inmigración como tema ha estado en el centro del debate político de Estados Unidos durante varios años y los intentos por modernizar el sistema han fracasado; el más reciente, en 2007, cuando los republicanos boicotearon las reformas que pretendía George W. Bush, el entonces presidente republicano.
El fallo de la juez Bolton es una victoria importante para Obama, quien busca superar el estancamiento con los republicanos para aprobar una ley de inmigración exhaustiva que fortalezca la seguridad en la frontera y otorgue a millones de indocumentados una opción para legalizar su situación, tarea difícil antes de las elecciones de noviembre.
En Estados Unidos hay una cifra estimada de 10.8 millones de inmigrantes ilegales, en medio de una población de más de 300 millones de personas.
El Departamento de Justicia estadunidense argumentó que las previsiones de la ley, de entrar en vigor este jueves, invadían la autoridad federal sobre la política de inmigración y su cumplimiento.
En su veredicto de 36 páginas, Bolton escribió que “la corte también considera que es probable que Estados Unidos sufra daños irreparables” si el tribunal no bloqueaba las partes seleccionadas de la ley.
“La cantidad de solicitudes que emanarán de Arizona como resultado de determinar la situación de cada arrestado probablemente pondrá un peso impermisible sobre los recursos federales y alejará a las agencias federales de las prioridades que han establecido”, declaró.
Bolton mantuvo algunas partes de la ley, incluidas las que consideran ilegal que los conductores recojan a trabajadores indocumentados en las calles y que transporten o resguarden a esos inmigrantes.
Brewer dijo a su vez que Arizona “presentará una rápida apelación” ante la corte del noveno circuito de Estados Unidos.
Arizona puede apelar en última instancia ante la Corte Suprema. En ese caso, se convertiría en una prolongada y costosa batalla legal.
“Aquí no hay ganadores”, aseveró la representante Ann Kirkpatrick, demócrata de Arizona que enfrenta una dura batalla para su relección en noviembre. “Sin importar qué decida finalmente la corte, habremos gastado millones de dólares y nuestras fronteras seguirán sin estar seguras”, agregó.
Cerca de tres decenas de activistas latinos que asistieron a una manifestación fuera del capitolio estatal, en el centro de Phoenix, saltaron de alegría, se abrazaron y lloraron cuando se conoció el dictamen de Bolton. “Pienso que nuestros esfuerzos han valido la pena”, sostuvo Dulce Matus, licenciada indocumentada que ha vivido durante décadas en Arizona sin papeles, y señaló que los activistas lucharán “por revocar el resto de la ley”.
El gobierno de México expresó satisfacción por la decisión de la juez, e indicó que continuará vigilando que se respeten los derechos de los inmigrantes y que la ley sea declarada inconstitucional.
Nueve por ciento de la población de Arizona es de origen mexicano, según datos del país latinoamericano.
El legislador estatal Russell Pearce, quien participó en la elaboración de la ley, dijo que estaba “muy decepcionado” por el fallo de la juez. Lo que ella hizo fue insertar una opinión, más que decidir cuál debe ser la legislación y eso no es correcto”, dijo Pearce a Reuters. “Pero ganaremos en la apelación”, afirmó.
Sondeos muestran que la ley Arizona es apoyada por una sólida mayoría de estadunidenses y por 65 por ciento de los votantes del estado. Además, ha inspirado esfuerzos similares en al menos otros 20 estados.
Obama está en favor de que los indocumentados que no hayan cometido delitos paguen una multa, aprendan inglés y puedan acceder a la ciudadanía; por reforzar la seguridad en la frontera y perseguir a quienes contratan a inmigrantes ilegales.
Quienes se oponen a la ley de Arizona dicen que llevará al acoso de estadunidenses hispanos o de apariencia hispana.
Miles se dirigían hacia Phoenix para manifestarse este jueves, cuando la ley entre en vigor, y se han planificado mítines callejeros en todo el país.
Arizona tendrá ley migratoria versión light
La policía ya no podrá esgrimir una “sospecha razonable” para detener a cualquier persona y verificar si tiene la documentación en regla. Tampoco será delito buscar trabajo sin los papeles migratorios en regla. Festejo en la Casa Blanca.
Una jueza estadounidense decidió suspender las partes más discriminatorias de la Ley Arizona. Washington celebró la resolución de la magistrada mientras que la gobernadora del estado sureño se quejó porque ponen trabas a su política antiinmigrantes. Aun así la norma entra hoy en vigencia. La jueza Susan Bolton finalmente dio su visto bueno a las demandas que organizaciones civiles y el mismo gobierno federal habían interpuesto contra la ley aprobada a fines de abril. La magistrada designada por el ex presidente Bill Clinton bloqueó los puntos más reñidos con las leyes federales de la norma estatal.
Con el dictamen de la jueza, la policía ya no podrá esgrimir una “sospecha razonable” para detener a cualquier persona y verificar si tiene la documentación en regla. “El requerimiento de la ley de Arizona para que los agentes de la policía y las agencias públicas determinen el estatus migratorio de cada una de las personas que es arrestada es una carga para los extranjeros que son legales, porque verán su libertad restringida mientras se comprueba su situación”, dijo Bolton en su fallo.
También, la magistrada bloqueó el apartado que convertía en delito que un inmigrante sin la documentación necesaria fuera contratado o buscara trabajo. Asimismo se suspendió el permiso de arrestar a alguien sin orden judicial previa, por considerar que esa persona cometió un delito que le podría suponer la deportación.
La jueza argumentó que esos artículos no eran ni equitativos ni apropiados para el interés público. Además, Bolton explicó que las disposiciones suspendidas podían interferir con competencias del gobierno federal, apoyando lo que la Casa Blanca había planteado en su presentación contra la ley. “La capacidad del gobierno federal para hacer cumplir sus políticas y para conseguir sus objetivos se verá socavada por las políticas del estado sobre los estatus migratorios que interfieren con la ley federal”, argumentó la magistrada.
La gobernadora Jan Brewer puso el grito en el cielo después de enterarse de la decisión judicial. “El gobierno federal obtuvo apoyo de las cortes”, se quejó. “Consultaré a mis asesores legales acerca de los nuevos pasos a seguir. Estudiaremos cada elemento que la jueza Bolton sacó de la ley y apelaremos enseguida”, adelantó la republicana.
Brewer afirmó que llevará su batalla hasta la Suprema Corte. “Ya hemos tenido algunos avances en despertar a Washington, pero la pregunta se mantiene: ¿hará Washington su trabajo y pondrá fin a las operaciones diarias de los traficantes en nuestra nación?”, disparó la gobernadora y principal impulsora de la ley antiinmigrantes en el estado sureño.
En cambio, el Departamento de Justicia federal festejó la noticia. “Creemos que la Corte actuó correctamente al impedir que tomen efecto las partes esenciales de la ley SB 1070”, dijo la portavoz Hannah August. “Esta administración toma seriamente su responsabilidad de asegurar sus fronteras y ha dedicado recursos sin precedentes a ese esfuerzo”, añadió. “Los estados pueden y deben jugar un rol en cooperar con el gobierno federal en su fortalecimiento de las leyes migratorias, pero lo deben hacer dentro del marco constitucional”, remarcó la vocera.
Barack Obama, que criticó la Ley Arizona cada vez que pudo, no se refirió aún a esta victoria legal. Según trascendió, el presidente estadounidense recibió la noticia cuando estaba en vuelo y por teléfono a través de un llamado del consejero legal de la Casa Blanca, Bob Bauer.
Organizaciones de defensa de los inmigrantes festejaron este primer triunfo legal. “Seguimos considerando que la ley de Arizona es equivocada e inconstitucional y la decisión de la jueza nos da la razón”, se alegró Ali Noorani, el director del Foro Nacional de Inmigración. La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos se sumó a la ola de elogios hacia la magistrada. “Bolton hizo lo correcto al bloquear costosas previsiones que violarían los derechos civiles de todos los habitantes de Arizona y sus visitantes y someterían a los hispanos de Arizona a la discriminación y al racismo”, dijeron desde esa agrupación.
Las protestas que estaban previstas se mantendrán, ya que la ley, en su versión más moderada, entrará en vigencia hoy. “Hay otros 21 estados queriendo seguir los pasos de Arizona con estas leyes racistas”, advirtió Paulina González, portavoz de la organización Todos Somos Arizona. Hace una semana que en distintos puntos de Estados Unidos se llevan adelante actividades de repudio a la normativa. “Queremos justicia. Queremos que Obama cumpla con su promesa para que millones no tengamos que vivir con miedo”, reclamó Adrián Alvarez desde una manifestación en Los Angeles.
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