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LA ILEGITIMIDAD DEL RÉGIMEN. Reaparición de un viejo fantasma.

Nada de qué extrañarse.  El asunto no es cosa nueva, pero es delicado.  Tiene aspectos peligrosos que en nuestro país pocas veces se han planteado, por lo menos con la apertura necesaria, con firmeza, y menos aún que se hayan combatido como lo merecen.


 


            Lo del año 2002 nos recuerda el primer caso de “chocorazo” gigante del siglo XX:  el Registro de Padilla en La Guajira con la elección del general Rafael Reyes a la presidencia de la República en 1903.   El gamonal local infló las cifras y sufagios de tal manera que se lograra el triunfo de Reyes. 


 


 Algo similar a lo ocurrido en la Costa Atlántica en el 2002, si observamos la punta del iceberg en el corregimiento de Los Pozos, no lejos de Padilla, donde votaron todos, los vivos y los muertos del registro, por orden de paramilitares interesados en el triunfo en primera vuelta del doctor Alvaro Uribe Vélez. 


 


 Estos datos, que se repiten cíclicamente, ponen en entredicho los resultados de elecciones y, por ende, la legitimidad del régimen político y gobierno resultantes.


 


            Tales escándalos repetidos han llevado a historiadores prestigiosos como Marco Palacios a reconocer que en Colombia sólo ha habido una “legitimidad elusiva”.  Como la que afectó la elección fraudulenta de Misael Pastrana en 1970, que produjo una reacción popular copiosa, y el nacimiento de una fuerte guerrilla urbana de clase media.


 


            Local y regionalmente ocurre igual.  El mayor escándalo se produjo en las elecciones parlamentarias del año 2002, que afectó por malos manejos diversos a la tercera parte de los congresistas “elegidos”, creando un severo período de inestabilidad en el Congreso Nacional.


 


            Es pues cosa vieja y repetida que esta mala conducta ocurra.  Pero la intensidad  y exceso como se expresa este fenómeno ahora ha llevado a algunos estudiosos a  proponer un factor aclaratorio de los criterios clásicos sobre gobernabilidad, denominado  (i)legitimidad de origen.  


 


 Este factor, que condiciona radicalmente la idea usual de gobernabilidad, se.basa en el consenso tradicional o de sentido común representado en la percepción de lo irregular, lo coercitivo, lo manipulador o lo inmoral en los procedimientos de conformación de gobiernos, lo cual afecta la estabilidad y eficacia (e imagen pública) de todo régimen.  


 


 Es aplicable también a experiencias premodernas tales como el establecimiento de dinastías monárquicas o feudales (muchas de ellas pérfidas y sangrientas, por lo mismo inestables), y a experiencias modernas o contemporáneas, como es el caso del nacimiento de las  repúblicas latinoamercanas y en las últimas elecciones colombianas. 


 


            Las causas de inestabilidad por estos fenómenos de ilegitimidad de origen  son muchas:  el proselitismo armado y la intimidación del ciudadano, que se han incrementado;  el clientelismo terrateniente y caudillista, que es más audaz;  la corrupción y la compra de votos y/o lealtades, ahora con mayor desfachatez, con aportes de narcotraficantes a campañas presidenciales. 


 


 Siempre estuvo presente algún elemento de ilegitimidad en los gobiernos elegidos, lo cual no es ninguna excusa.  Pero el fantasma se ha ido agrandando, según graves denuncias públicas.  La situación se complicó cuando se añadió la manipulación desde el poder, de las leyes y de los medios de comunicación para beneficio personal, todo lo cual ha impedido tener gobiernos limpios y elecciones nítidas y confiables, como sería en una sociedad sana. 


 


 Ello estimuló la alta abstención en las elecciones del 12 de marzo de2006, lo que ha sido fuente de inseguridad estatal.  Un Congreso Nacional o un gobierno elegidos en estas circunstancias cuestionadas, quedan mancillados y mancos desde el primer día de su deprimente instalación formal.


 


            Entonces puede ocurrir algo peor, para la gobernabilidad en todo el país, y ello desgraciadamente se viene observando desde comienzos de este siglo:  el Estado cuestionado pierde la capacidad de ser reconocido y autorizado para ejercer el monopolio constituticonal y legal de la fuerza. 


 


Sus armas y sus tropas llevan consigo el signo de la tiranía terrorista de Estado, como ha ocurrido con asesinatos no bien investigados de sindicalistas y profesores..  La moral de las tropas se afecta y también su eficacia, así cuente con todos los presupuestos posibles.


 


Reelecciones afectadas


 


            El factor de ilegitimidad de origen como interviniente de la gobernabilidad puede igualmente aplicarse a las experiencias presidenciales reeleccionistas de Rafael Reyes, Alfonso López Pumarejo y Gustavo Rojas Pinilla, y a la imposición violenta de la elección de Laureano Gomez con la abstención de sus opositores, casos que tuvieron resultados contraproducentes, desiguales y perjudiciales para la nación. 


 


Ninguno de aquellos presidentes sobrevivió en el poder.  Fueron depuestos por movimientos cívicos, populares y militares. 


 


 La tentación reeleccionista desaforada, que sepamos, sólo la pudo vencer el presidente Pedro Justo Berrío en Antioquia en 1874, buen ejemplo que no lo siguió su coterráneo Alvaro Uribe Vélez. 


 


 De allí también los presagios descomponedores del tejido social en las últimas elecciones parlamentarias y de presidente, que tuvieron altos índices de coerción narcoparamilitar y otros ostensibles defectos.  La legitimidad del actual régimen, y de cualquier otro de similares características, queda así peligrosamente en duda, y es raíz de persistente malestar.   Crea problemas casi insolubles de gobernabilidad, que van anillados unos con otros.


 


            No faltarán los cínicos o escépticos que aduzcan que Colombia ha progresado, por lo menos materialmente, aun con estos defectos seculares o a pesar de ellos.  Así parece a primera vista.  Pero se olvidan las consecuencias de gravedad que ello trae para una sociedad como la nuestra, con esos defectos, y evitar que se descoyunte y no pierda el respeto de la comunidad de naciones, como ahora ocurre.


 


            La primera consecuencia negativa es la frustración o el despilfarro del desarrollo socioeconómico actual y potencial de sus habitantes y el peligro de desinstitucionalización que en nuestro caso equivale a suicidios sectoriales;  esto explica en parte por qué no hemos podido solucionar a fondo la Violencia de cincuenta años que hemos sufrido, con todo y el enriquecimiento parcial de grupos económicos. 


 


            La segunda consecuencia es el deterioro de la moralidad a causa del efecto mutación  que va induciendo en la sociedad, casi imperceptiblemente, una tolerancia o pasividad muda e intimidada sobre pautas inconvenientes o indeseables de conducta hasta saturar de este modo el conjunto social y destruirlo, culminando en una especie de sociedad paria o Estado mafioso  que muchos temen se quiere imponer desde las élites  como propósito nacional ignorando valiosas prácticas ciudadanas.


 


            Un juicioso observador bogotano expuso con claridad cómo se ha aplicado el efecto mutación en el caso del narcoparamilitarismo:  se empieza como delito excusable; luégo se interpreta como pecado venial; después como moda, para culminar en opción decente de vida. 


 


 Los “paras” pueden ser vistos entonces como héroes y llegar a ser congresistas y cónsules.  A San Pablo Escobar no le habría ido mejor, aunque fue paradigma antioqueño en su época.  Es lo que en la historia de las ideas se identifica como “Orwellismo”.


 


            Quizás todavía sea tiempo de detener estos fatales procesos degradantes de mutación y frustración social, mediante el cambio radical de gobiernos y dirigentes como es el propósito de la actual campaña del Polo Democrático Alternativo con la resonante candidatura del doctor Carlos Gaviria Díaz, el mejor candidato de todos, y el que merece ocupar el Solio de Bolívar. 


 


            Bogotá, abril 26 de 2006.


 


Orlando  Fals Borda, 


 Presidente Honorario, Polo Democrático Alternativo

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