El ritmo del trabajo de Iván Cepeda Castro es despiadado. Todo lo que tenga que ver con la situación de derechos humanos en el país convoca la atención de su mente clara, compañía de su corazón justo y su incesante labor. Al escuchar el relato de su incansable brega en torno a los derechos humanos, es imposible no preguntarse: ¿Cómo es posible que en un país con tantas facultades de Derecho no haya un movimiento de la comunidad académica que reaccione frente a las pavorosas vulneraciones de derechos humanos que se presentan en Colombia?
Héctor Arenas: ¿Cuáles son los temas principales que convocan su atención en este tiempo?
Iván Cepeda: En el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se decidió hacer visitas in situ a varias cárceles del país para constatar la situación. La que se hizo a la cárcel de Valledupar forma parte de nuestro interés por comprender los efectos del ‘plan Colombia’, y cuáles son las víctimas de la población civil, que deben exigir reparaciones ante el gobierno colombiano, responsable de las vulneraciones, pero también ante el de Estados Unidos. Porque el ‘plan’ fue aprobado con unos objetivos, y al parecer se ha convertido en otra iniciativa que viola gravemente derechos de esa población civil.
H.A.: ¿Cuáles han sido esas violaciones?
I.C.: Una situación que hemos documentado considerablemente es el tema de los cementerios en el sur del país, hasta ahora seis, aunque creemos que hay más. Allí reposan los restos de dos mil personas que el ejército nacional dice que murieron en combate. No hemos tenido acceso a las bitácoras de esos combates, que, supuestos o reales, ocurrieron al aplicar de modo intensivo el ‘plan Colombia’ o ‘plan patriota’. La asignación de recursos por el gobierno estadounidense a ese ‘plan’ se ha debilitado pero se mantiene y es constante. Queremos saber cómo esos recursos entregados a Colombia y la presencia militar extranjera afectan a la población civil. Determinar si ese número tan significativo de inhumados en esos cementerios son de miembros de grupos armados o estamos ante graves violaciones de derechos humanos o vulneración del derecho internacional humanitario.
Plan Colombia y populismo punitivo
H.A.: ¿Y la situación de la cárcel de Valledupar qué tiene que ver con el ‘plan Colombia’?
I.C.: La cárcel contó en su proceso de diseño con asesoría del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Algunos estudios previos a su construcción se hicieron con recursos del ‘plan Colombia’. La cárcel se construyó hace ya 11 años como nuevo modelo penitenciario en el país; que sirviera de paradigma de una nueva forma de resolver los graves problemas del sistema penitenciario en Colombia. Y se trajo el modelo aplicado en muchas de las cárceles estadounidenses: modelo disciplinario que sacrifica derechos para supuestamente garantizar la seguridad; modelo en que la tortura y los malos tratos son aceptados para mantener el las orden interno; modelo en el cual es frecuente la generación de rencillas entre los prisioneros para controlar los unos con los otros; modelo que privatiza las cárceles, que entrega a operadores privados el manejo de cárceles.
H.A.: La información que revelaron los medios de comunicación mostró las condiciones infernales imperantes en esa prisión. ¿Cómo pudo llegarse, con tantos millones de dólares, a engendrar un espacio tan brutal y degradante?
I.C.: La cárcel, con más de 1.500 internos, se hizo (esto está por dilucidarse) intencional o no intencionalmente, con graves problemas de alcantarillado y suministro de agua ya documentados por la Defensoría del Pueblo y entes administrativos de Valledupar y el Cesar. Las obras no se hicieron o se hicieron mal, para el suministro de agua y para la evacuación de aguas negras. Hay que aclarar si hubo manejo fraudulento o corrupto de la contratación. Hay un problema gravísimo de sanidad, los alimentos están contaminados, los internos no tienen cómo deshacerse de sus heces fecales, la atmósfera es irrespirable. La poca agua disponible lo es sólo por 15 minutos al día. Entonces, hay una situación de violencia entre los internos, todo por el agua. Es ésta una situación paradójica y cruel en una región que sufre graves inundaciones. Los internos han gestado un movimiento para denunciar ese infierno y más de cien de ellos se han colgado en hamacas en los muros para clamar por la atención del mundo exterior. Y ese movimiento huelguístico no violento se ha reprimido con métodos arbitrarios y crueles de la guardia, con varios internos heridos.
H.A.: ¿Qué efectos han tenido las denuncias que llegan a la opinión pública?
I.C.: Varios organismos internacionales conocen la situación. El ministro de Interior y de Justicia anunció medidas, y en este momento vemos si se cumplen las medidas anunciadas. Se cambió al director de la cárcel, se anunció que los guardias que habían incurrido en atropellos serían procesados disciplinariamente, y que se reducirá el número de internos para acometer las obras necesarias de suministro de agua y evacuación de desechos.
H.A.: ¿Han visitado otras cárceles?
I.C.: Estuvimos también en el pabellón de extraditables de La Picota. También allí hay una situación indigna contra nuestros nacionales, algunos gravemente enfermos. Se les extradita sin fórmula de juicio. No digo que las personas responsables de delitos no deban ser juzgadas y sancionadas con rigor, pero lo que vimos en el pabellón de extraditables es aberrante. Colombia ha sido objeto de medidas internacionales con relación al tratamiento de personas de otras nacionalidades que puedan ser extraditadas a Colombia. Y ha sido evitada su extradición porque pueden ser objeto de maltrato en Colombia. Me refiero al caso de Yair Klein, quien iba a ser extraditado de Rusia para que cumpliera con la condena que le impuso la justicia colombiana. Pero la Corte de Derechos Humanos europea impidió esa extradición porque el señor Klein podía ser objeto de malos tratos y tortura en prisiones del país. Sin embargo, Colombia sí extradita sin fórmula de juicio y sin importar cuál pueda ser el destino de sus nacionales, no identificados plenamente o que son homónimos.
H.A.: ¿Para qué sirve la extradición?
I.C.: La extradición se ha convertido también en un mecanismo transnacional de impunidad. En La Picota hay otros jefes paramilitares que van a ser extraditados pronto. Uno de ellos, el jefe del Bloque Norte que operaba en La Guajira, Arnolfo Sánchez González, alias Pablo Guajira, quien, según él, cometió cerca de mil asesinatos con sus hombres. Y José Gelves Albarracín, jefe político del Bloque Tayrona. Ambos tienen valiosa información y serán extraditados. Cuando se pide, en cambio, que otros países extraditen a Colombia, como es el caso de otros 14 mercenarios que vinieron con Klein a entrenar grupos paramilitares, no hay cooperación judicial. Agreguemos el caso de María del Pilar Hurtado, dizque perseguida por la justicia, en una situación de tolerancia ante una decisión arbitraria del gobierno panameño que se supone amigo del país. Mientras tanto, Colombia extradita industrialmente a sus nacionales a Estados Unidos y España.
Privilegios para unos pocos
H.A.: La propaganda oficial que avala la extradición dice que sirve para combatir el narcotráfico…
I.C. Les he preguntado a funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos: ¿Por qué, si la lucha contra el narcotráfico es tan radical como dicen que es, no se extradita a líderes políticos beneficiados directamente de aquél? Y no hay una respuesta. Son los parapolíticos vinculados con el narcotráfico que la Corte Suprema de Justicia ha condenado y pagan la sentencia en cárceles colombianas en condiciones lujosas y suntuosas. Porque esa es la otra cara del sistema penitenciario: los privilegios para unos pocos.
H.A.: Entonces, la guerra contra el narcotráfico es en realidad contra unos sectores del narcotráfico…
I.C. La llamada guerra antinarcóticos es profundamente selectiva. Intenta más administrar el fenómeno del narcotráfico que realmente golpear sus estructuras. Muchas veces, más que una infiltración del narcotráfico en el Estado, lo que hay es estructuras políticas que utilizan el narcotráfico en el proceso de acumulación de poder.
H.A.: ¿Cuál otra dimensión están evaluando con relación a los efectos del ‘plan Colombia’ sobre población civil?
I.C. El tercer ámbito es el de las fumigaciones. A finales de 2010 fuimos a una audiencia de derechos humanos en Putumayo. Allí encontramos muchísimas denuncias de lo que significan las fumigaciones indiscriminadas sobre la población civil, campesinos e indígenas en especial; pérdida de bienes materiales, enfermedades y empobrecimiento de las comunidades.
H.A.: ¿Qué otra situaciones graves encontraron en ese pabellón en La Picota?
I.C. Los internos (esto tiene que verificarlo las autoridades) hablan de falsos positivos judiciales. Son personas arrestadas para mostrar resultados en la guerra contra las drogas. Como se sabe, Colombia siempre está muy exigida en esta materia en ciertas instancias internacionales. Además, en la cárcel hay condiciones que vulneran los derechos humanos, como la falta de acceso de los internos a la luz solar y la de protección contra el frío.
H.A.: La sentencia T153 de 1998 de la Corte Constitucional señaló un Estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país. Han pasado 13 años y lo ordenado por la Corte sigue sin que se cumpla a cabalidad.
I.C.: En Colombia se ha instaurado una forma de populismo punitivo que pregona que hay que castigar severamente, incluso sin miramientos por los derechos personales. Es la misma mentalidad de la ‘seguridad democrática’ y la que fue alentada luego del 11 de septiembre de 2001. Foucault decía que la sociedad es reflejo de sus cárceles. La Corte Constitucional en Colombia ha sido un faro en medio de esta inmensa oscuridad; un faro que es objeto de agresivas campañas para evitar que la Corte siga produciendo una jurisprudencia progresiva en materia de derechos humanos. Pero es evidente que esa sentencia no se cumple.
H.A.: Si tuviésemos memoria y estuviésemos menos estremecidos por los escándalos y los entretenimientos con los que cada día nos sacuden los medios masivos de comunicación, quizá comprenderíamos mejor la dinámica que produce sistemáticamente estos hechos.
I.C.: Creo que gran parte de la tarea de quienes trabajamos en la protección de los derechos humanos es articular las denuncias particulares con las lógicas generales de la violencia, cuyos procesos históricos, sociológicos, no son aislados, individuales. Si no entendemos de dónde vienen estas circunstancias tan aberrantes y que niegan la dignidad del ser humano, corremos el peligro de transformar nuestras denuncias y la acción política para acabar con las violaciones en simples paliativos que no resuelven los problemas. Debemos focalizar qué hay detrás de cada violación de derechos y comprender nuestra historia, nuestros procesos, el origen de los acontecimientos, para dónde va, a qué estrategia responden. La sentencia T153, por ejemplo, nos ayuda a construir esa memoria esclarecedora en el ámbito penitenciario. Su proceder analítico permite saber que la diversidad de violaciones tiene raíces comunes y condiciones determinantes de su acaecer sistemático, no espontáneo.
H.A.: ¿En qué otro campo, además del penitenciario, de las ejecuciones, las desapariciones y las fumigaciones, ha encontrado violación sistemática de derechos humanos?
I.C.: La violación sexual contra la mujer como método de guerra. La Corte Constitucional se pronunció en la sentencia T025 de 2008 y el Auto 092 de 2008, al señalar medidas de protección para mujeres víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto armado. En esa jurisprudencia, la Corte Constitucional hizo un análisis detallado de las diversas formas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y dijo que el ultraje sexual es un método de guerra. Eso indica que la fuerza pública y los grupos armados utilizan el abuso sexual consuetudinariamente como método de guerra, dominación territorial y generación de terror en la población. Se busca neutralizar el rol cultural de la mujer en la comunidad. Esto se trató en el debate que organizamos con la representante Ángela Robledo.
El caso Manuel Cepeda
H.A.: Pasando a otros temas, ¿qué ocurrirá el próximo 9 de agosto con relación al caso Manuel Cepeda?
I.C.: Bueno, el 9 de agosto, al parecer el gobierno colombiano cumplirá, en una sesión solemne del Congreso de la República, con su obligación de pedir perdón por el asesinato de Manuel Cepeda, como lo determina la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es parte del proceso de reparación de la memoria de la Unión Patriótica. Esperamos que ese acto responda a los requerimientos de la Corte Interamericana y enmiende las declaraciones del gobierno pasado, que, antes que pedir perdón, lanzó nuevos agravios a la memoria del senador Cepeda, e hizo declaraciones públicas por boca del ex presidente Uribe, justificando el crimen.
El Polo, los Moreno, la renovación
H.A.: ¿Qué está pasando en el PDA?
I.C.: Seguimos empeñados en producir una urgente renovación interna del Polo. No comparto el camino de salirse del Polo en una situación tan adversa. Lo hacemos de fondo y de forma. Hemos solicitado la sanción del senador Iván Moreno, su expulsión y la renuncia del Alcalde. No porque queramos pretermitir el principio de inocencia sino porque a nuestro juicio ellos han cometido irregularidades que los hacen responsables en el campo político. El Alcalde gobernó sin el PDA; tomó decisiones contrarias al ideario de unidad del PDA que lo hacen responsable políticamente. Para superar esta crisis, hemos convocado talleres programáticos con colegas afines al espíritu renovador del que hablo. Y buscamos que se convoque un congreso ideológico y el congreso nacional del PDA para discutir estos temas.
H.A.: Demasiado tarde, quizás…
I.C.: La solución de la crisis debe ser política. No transigimos con ninguna corriente autoritaria dentro del PDA que intente, mediante descalificación y exclusión, ahogar la discusión interna. Representamos una corriente distinta de la oficial que hay adentro. Y esperamos ser tratados con respeto.
H.A.: La crisis de los Moreno es el epígono de un proceso de descomposición que venía emergiendo, frente a la ausencia de ejemplaridad en la dirección del PDA, la réplica de prácticas clientelares y manipuladoras, la falta de transparencia, la soberbia incapaz, la distancia frente a los movimientos sociales, la indigencia imaginativa y en cooperación fraterna, el rezago en las propuestas ante los problemas de las mayorías.
I.C.: Creemos que un legado tan lleno de lecciones éticas como el de la izquierda no puede ser manchado ni utilizado con fines electoreros o clientelistas por sectores del partido. Creemos que quienes están en esa errónea actitud no merecen tolerancia o connivencia cómplices por parte de otros sectores de PDA. Lo hemos dicho con claridad y se lo hemos hecho saber a quienes equivocadamente, a nuestro modo de ver, asumen esos comportamientos.
H.A. Pero ese es un debate que debe ser público.
I.C. Hasta ahora lo hemos debatido utilizando los canales y los mecanismos internos del partido para expresar nuestras convicciones; no queremos convertirlo en una polémica librada en los medios de comunicación. Pero, como todo debate político, este es un debate público y vamos a presentar públicamente nuestros argumentos. Nadie puede usar argumentaciones pragmáticas para excusar, minimizar o esconder graves comportamientos. Creemos que eso es contrario al ideario y los principios del PDA, y también a la tradición de la izquierda del país. Hay que recordar que más de 10 mil líderes de izquierda han sido asesinados y no podemos prohijar que ese legado se utilice con fines de lucro o acumulación de poder. No lo hemos tolerado con sectores de derecha, donde hemos sido verticales en la denuncia de tales comportamientos, y no vamos a tolerarlo en el seno del Polo, respetando sí los mecanismos democráticos y de decisión interna.
H.A.: Y con relación a la Alcaldía de Bogotá, ¿qué puede decirnos?
I.C.: Ahí hay unas tareas difíciles que hay que acometer. Creo que la doctora Clara López no sólo tiene la voluntad y las ideas precisas en esa materia sino que también está actuando en ese sentido. Creo que es una gran oportunidad para corregir deficiencias, y también para mostrar lo positivo del PDA en ocho años de gobierno en la ciudad.
Sin descalificar y con los movimientos sociales
H.A.: ¿Y Gustavo Petro?
I.C.: He sido crítico de algunos métodos que utiliza Gustavo en la controversia política, pero respeto su posición y respeto su candidatura. Espero que él sea respetuoso con el PDA. Le hago un llamado a que desarrolle una campaña electoral rica en argumentos políticos y no en ataques personales o genéricos. Creo en un proyecto colectivo. Creo que en Colombia hemos padecido, en toda la historia política del caudillismo, la costumbre de centrar en la figura de los líderes todo el peso de los proyectos políticos. Es necesario generar opciones colectivas, de movimientos, de partidos, de iniciativas ciudadanas. Espero que Petro considere estas opciones, pues al mismo tiempo que critico, reconozco la importancia que han tenido sus debates parlamentarios, su oposición abierta a la parapolítica, y también reconozco que por esas denuncias es víctima de persecuciones que no debemos olvidar, lo mismo que sus denuncias sobre corrupción en el Distrito. Todo dentro de un ambiente democrático y de respeto. Para mí, el respeto es condición necesaria en las relaciones personales y asimismo en las políticas. Y creo que eso debiera ser un principio rector del debate público en Colombia.
H.A.: ¿Cómo ve la ausencia de investigación creadora y escucha genuina en el PDA con respecto a los movimientos sociales?
I.C.: Es éste un punto neurálgico. No se puede hacer política sin tomar en cuenta el punto de vista, las elaboraciones y las propuestas de los movimientos sociales y las comunidades. En mi trabajo parlamentario intento siempre guiarme a partir de ese diálogo. Presentar un proyecto de ley en el parlamento sólo tiene sentido si y sólo si es un proyecto consensuado y trabajado con los movimientos sociales. Creo que en un parlamento mayoritariamente oficialista no vale la pena presentar iniciativas que no generen una reacción social y política.
H.A.: Volver, tejer, junto a los movimientos sociales…
I.C.: Sí, así es. Muchas de las tragedias que la izquierda vive en términos políticos tienen que ver con la sordera política. De una parte, los líderes institucionales no escuchan lo que pasa en las bases y los procesos de los movimientos sociales, y, por otra parte, hay líderes sociales que desprecian o subvaloran la institucionalidad política, que ciertamente en Colombia es antidemocrática y padece de una profunda corrupción, etcétera. Pero esa sigue siendo la instancia en la cual se toman las decisiones públicas, políticas y económicas. No es posible prescindir de esas instancias. Creo que es un grave error la creencia de que basta el activismo social ‘que es muy importante’ para construir poder político.
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