El anuncio del presidente Santos de retirar, “por ahora” y por “falta de ambiente”, el punto del ánimo de lucro del proyecto de reforma a la educación superior, llevó a los directivos del SUE (Sistema Universitario Estatal) a lanzar un parte de victoria prematuro. Ni el aumento porcentual en las asignaciones para las universidades públicas ni el retiro temporal del punto de las instituciones con ánimo de lucro “lanzan un manto de tranquilidad a (sic) la comunidad educativa del nivel superior”, como dicen los rectores en su nota celebratoria.
En realidad, el Presidente no ha hecho sino posponer, hasta que vengan mejores tiempos, la introducción del ánimo de lucro en la reforma que pretende convertir a Colombia en una sociedad del conocimiento. Su giro táctico no es el resultado de la potencia argumentativa de los artículos académicos de rectores, profesores y estudiantes, ni de la capacidad para escuchar del Gobierno. Es sólo un movimiento temporal, reversible cuando pasen los peligrosos vientos de protesta que llegan desde Chile, y las marchas y la indignación sean sustituidas por un ambiente político más propicio. Peor aún “como lo confirma hasta la exageración el caso chileno” no se requiere que el ánimo de lucro sea legal para que los incentivos y mecanismos de mercado impongan su dominio sobre la educación superior. La ilegalidad formal del ánimo de lucro no fue, y no ha sido, un obstáculo para la expansión de los incentivos y los mecanismos financieros que han convertido a Chile en el modelo más extremo de mercantilización de la educación superior.
El núcleo del nuevo sistema
Más allá de los caminos concretos que las reformas educativas orientadas por el mercado puedan tomar, todas requieren la interacción de unos cuantos elementos básicos, sin cuyo concurso esos intentos de reforma no pasarían de ser un saludo más a la bandera. Constituyen el núcleo básico que los teóricos, planificadores y ejecutores internacionales de las reformas orientadas hacia el mercado han perfeccionado con los años hasta alcanzar momentos de gloria en términos de ganancia, cobertura, profundidad financiera, mayor desigualdad y endeudamiento de los más vulnerables. ¿Cuáles son los elementos que componen el núcleo operativo de las reformas educativas de mercado? La financiación de los nuevos cupos a través del crédito a la demanda, el incremento de la oferta vía nueva inversión privada, y la competencia por los nuevos clientes a través de precios. La inyección de nuevo crédito educativo llevaría a incrementar la demanda por nuevos cupos que debería ser respondida por la ampliación correspondiente de la oferta. Esos nuevos cupos serían demandados por los estudiantes de menores ingresos y formación más débil -excluidos hasta ahora del actual sistema. Mientras tanto, las universidades públicas de alta calidad competirían por recursos extras basados en su desempeño, en su compatibilidad con los planes de investigación del gobierno, y en la relevancia de sus programas, medidos por la demanda.
Si el sistema tomara la forma imaginada por sus diseñadores, casi toda la financiación de la educación superior pública llegaría por la vía de la demanda, y la mayor parte de los ingresos de las universidades públicas lo haría con las matrículas pagadas mediante el endeudamiento de los estudiantes y sus familias. El subsidio que el Estado le daba antes a cada uno de los estudiantes, en la forma de matrículas muy por debajo del costo real de la educación recibida, ahora tendría que pasar por un largo circuito financiero que involucra el riesgo del no pago de las deudas adquiridas, y haría depender todo el sistema educativo de la volatilidad financiera generada.
El fantasma financiero
En el escenario radical de la reforma, ¿cuánto pagaría por su matrícula un estudiante en universidades como la Nacional o la del Valle? Dado el carácter investigativo, la calidad de sus profesores, la extensión de sus campus y la magnitud de sus servicios de bienestar, este precio podría rondar entre 6 y 10 millones de pesos. ¿Estará dispuesto a endeudarse un aspirante para obtener un título de pregrado? Esta pregunta es clave, pues no todos los demandantes son capaces de pagar este crédito, y muchos no podrían entrar a la universidad y terminarían renunciando a mejores trayectorias potenciales de ingreso. En otras palabras, el cambio de sistema de financiación bien puede generar una deserción masiva de estudiantes de universidades públicas y un alto endeudamiento para los estudiantes y las familias que decidan asumir el riesgo en un contexto de ingresos futuros no garantizados.
Los diseñadores del sistema han propuesto la creación de un banco especial (privado o público) y de “un fondo de garantías que proteja el capital del sistema”. Esta versión ingenua de los arreglos financieros requeridos ignora las oportunidades de beneficio que hay en el riesgo asociado a los préstamos educativos, la transferencia de fondos públicos a inversionistas privados en la forma de salarios descomunales para sus directivos, el pago de deudas a compañías inmobiliarias dueñas de la planta física y los terrenos de las universidades privadas, y la probable titularización del riesgo asociado al crédito educativo.
La clave de todo está en los perversos incentivos financieros de un sistema mal diseñado. Mientras el gobierno, los estudiantes y los contribuyentes asumen todo el riesgo involucrado, los operadores privados se quedan con todos los beneficios. Como muchas de las firmas más grandes del sector hacen parte de firmas de inversión más grandes, con intereses en otras líneas de negocio distintas de la educación, la salida de capitales hacia otras oportunidades, a través de movimientos financieros conocidos, es una posibilidad real. Las estrategias de tomas agresivas de universidades ya existentes, las alianzas de negocios para penetrar en los sistemas educativos de otros países, la competencia feroz mediante altísimos gastos en publicidad, y reducidos gastos en docencia e investigación son parte del menú ya probado con efectos desastrosos en Chile, Estados Unidos y el Reino Unido.
En el mundo ideal de la reforma, la oferta no dejaría de crecer, gracias a una demanda acelerada por un crédito sin límite. La pregunta inmediata es ¿de dónde vendría la oferta adicional requerida para absorber la demanda generada por el nuevo esquema de financiación? Como el Gobierno ya invirtió en crédito, no podría hacerlo en la ampliación de la oferta. La solución es la planteada en el proyecto original de reforma: el rápido crecimiento de la inversión privada que completaría la otra mitad del esfuerzo financiero requerido.
¿Cuál sería el incentivo para estos nuevos capitales? Las ganancias financieras involucradas en el gigantesco flujo de crédito previsto en la reforma. Algo, sin embargo, interfiere con la fluidez formal del esquema: la calidad de los nuevos productos. A diferencia de otros bienes, la educación superior requiere procesos de aprendizaje y maduración más largos, casi nunca de la mano con la rentabilidad directa, propia de la producción de otros bienes. Nadie sabe qué tan buena es la educación producida sino mucho después de terminado el proceso educativo, cuando las deudas ya están contraídas, las nuevas universidades en marcha, y sus gerentes y ejecutivos en pleno frenesí financiero.
Por eso, la debilidad del sistema está en su futuro: todo indica que no será capaz de producir ni la oferta apropiada ni los profesionales que puedan pagar la deuda en que han incurrido. Para superar el problema, los planificadores prometen un sistema de vigilancia y control que se ocuparía de monitorear y verificar la calidad de los programas educativos. Es un “cierre” costoso y poco eficiente que en el mejor de los casos puede llevar a la irrelevancia, y en el peor a la corrupción.
No se requiere entonces que el ánimo de lucro figure en la ley para que actúe como la fuerza primordial y animadora del esquema de incentivos propuesto. Sin él, el sistema no estaría completo. Y sin él no sería posible producir la oferta adicional que el sistema exigiría para responder a la nueva demanda generada por el flujo de crédito público a los aspirantes. Peor aún: una vez asegurada la abundancia de crédito educativo y la ayuda gubernamental para acreditar las nuevas universidades privadas, los incentivos para canalizar los fondos públicos hacia manos privadas actuarán conforme a lo esperado, haciendo que florezcan mil mecanismos financieros para captar las ganancias potenciales generadas.
El escenario no será igual, sin embargo, al de la crisis hipotecaria que condujo a la crisis financiera global. En la educación superior, el auge se mantendrá en tanto un número creciente de estudiantes y sus familias acepten endeudarse para acceder a la educación superior. Como la calidad asociada al auge sólo se puede conocer en el futuro, el sistema tendrá tiempo para desarrollarse sin la espada de Damocles de la diferencia entre el precio de las viviendas y el valor de las deudas asociadas a las hipotecas. Pero en algún momento la baja calidad de la educación recibida comenzará a emerger en la forma de altas tasas de deserción, deudas sin pagar crecientes y salarios por debajo del valor de la deuda. Ningún sistema de control y monitoreo podrá prevenir el daño financiero y social generado.
Contrario a lo que suponen los ideólogos de la reforma, los precios de las matrículas en las nuevas universidades no serán los más bajos del “mercado”: se situarán cerca de los precios promedio, por encima de las matrículas de las universidades públicas, con costos laborales y físicos mucho más bajos que los de las universidades tradicionales, y un gasto desproporcionado en publicidad. Y aunque la jerarquía de universidades por su calidad se mantendrá, ahora habrá una base mucho más grande de instituciones y de universidades de baja calidad. A ella acudirán los estudiantes que han recibido la peor educación primaria y secundaria y tenido menos oportunidades, profundizando la desigualdad y transfiriendo los recursos públicos a manos privadas.
No hay entonces nada qué celebrar todavía. El Gobierno mantendrá su propuesta, salvo algunos artículos incómodos, y prometerá unos cuantos puntos porcentuales más para las universidades públicas de calidad. La razón es simple: si quisiera apostarle a una opción distinta, tendría que dar un giro de 180 grados en sus decisiones de inversión pública. Y por ahora no tiene motivos serios para hacerlo.
1 Economista y profesor de economía de la Universidad del Valle
2 Estudiante de economía de la Universidad del Valle.
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