Se ha cerrado una fase en el debate que suscitó la ley propuesta por la Ministra de Educación para la Universidad. El tema que concentró la polémica fue el relativo a la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro. El rechazo unánime de esa iniciativa llevó a la funcionaria a retirar los artículos pertinentes del nuevo proyecto que presentará ante el Congreso de la República. Pero el sentido y el alcance de la ley tienen que ser sometidas a un escrutinio de detalle por las organizaciones científicas, profesionales, profesorales, estudiantiles y parlamentarias.
Se trata de lograr un consenso estructural que le permita a la sociedad colombiana construir un sistema universitario para la formación de las nuevas generaciones en correspondencia con las demandas científicas y artísticas de la compleja sociedad de hoy. No se trata, como lo postula el nombre del proyecto, de organizar el Sistema de Educación Superior y de regular la prestación del servicio público de la Educación Superior. La caracterización que la Ley 30 hizo del sistema universitario como educación superior creó una situación nefasta en la formación universitaria de los futuros estudiantes. Esta situación lleva dos décadas y no se puede prolongar. La ley debe organizar el sistema universitario para garantizar el derecho fundamental a la formación universitaria de los colombianos.
La ley debe superar el error de tipificación lógica creada por la Ley 30. En ésta, una universidad es una institución de educación superior, pero una institución de educación superior no es necesariamente una universidad. Este error ha permitido la proliferación de las llamadas IES (Instituciones de Educación Superior), que ofrecen programas de todo tipo, verdaderas estafas a la sociedad, las familias y los jóvenes.
Esta situación ha sido criticada y denunciada sin éxito porque la Ley 30 protege esos ilícitos. A los dos años de expedida la ley, la misión de sabios convocada por el presidente César Gaviria, en el documento “Al filo de la oportunidad” (1994), señaló cómo la que llamó veloz y desordenada expansión de las instituciones de educación superior había traído como consecuencia que “las calidades institucional, académica y ético-política se han visto seriamente afectadas, y con ellas las posibilidades efectivas que brinda la educación superior como canal de democratización. El resultado ha sido la incapacidad de formar una cultura académica, y de consolidar una dirigencia visionaria, ética, crítica y autocrítica”1.
En 1998 se publicó el libro Saldo en rojo, de la periodista Constanza Cubillos R., en cuyo prólogo el profesor Antanas Mockus caracteriza el libro como “la mejor evaluación posible de la última reforma universitaria en Colombia: la reforma de la Ley 30 de 1992”. Luego enumera las virtudes del libro y dice: “Lo segundo que muestra el libro es la multiplicación de intereses exógenos al campo universitario en la creación de entidades universitarias y en su crecimiento. Tanto la politiquería como el narcotráfico han encontrado en la educación superior un instrumento importante para influir en la sociedad”2.
Un proceso de deterioro tan grave, a pesar de las denuncias, no alcanzó a suscitar un significativo debate público. Esta situación se deterioró aún más durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Las direcciones de las universidades de la costa atlántica fueron copadas por los grupos paramilitares. La ley que ahora debe salir del Congreso no puede desconocer estos acontecimientos ni mantener las condiciones que los hicieron posibles.
Una educación acorde a los tiempos y al país que soñamos. Para ello se plantea la necesidad de organizar el sistema universitario como un ciclo del proceso biográfico de formación de las nuevas generaciones. Al terminar el ciclo básico (9 grado), en el ciclo medio (grados 10 y 11), la enseñanza debe asumirse en la lógica de la experiencia universitaria. Al terminar la educación media, los jóvenes ingresarán al sistema universitario. No habrá IES sino universidades de dos tipos: las que forman en profesiones tecnológicas, técnicas y oficios (tipo I), y las universidades (tipo II), que forman en ciencias, artes y profesiones. Quienes obtengan un título en las universidades tipo I podrán continuar su formación en las universidades de tipo II.
El ciclo de formación en especializaciones, maestrías y doctorados se adelantará en institutos de investigación. La constitución de estos institutos tendrá como condición unos acuerdos interuniversitarios con universidades del extranjero o nacionales. Esta condición permitirá comenzar a superar las deformaciones mercantilistas de la titulación de posgrados, actualmente desbordada. Estos institutos serán los únicos entes universitarios con competencia para solicitar los recursos aprobados de las regalías destinados a macroproyectos en ciencia, tecnología e innovación.
Actualmente se presentan hechos conocidos por el director de la Dian que deben ser investigados, y sus responsables sancionados de acuerdo con la ley. En declaraciones en El Tiempo (28 de agosto de 2011), el doctor Juan Ricardo Ortega dijo: “También hay supuestas universidades sin ánimo de lucro que son vendidas por millones de dólares en Panamá”. Estos enriquecimientos ilícitos deben servir de base para desmontar las instituciones de educación superior existentes y facilitar su transformación en universidades de tipo I o de tipo II.
El debate en el Parlamento sobre la ley que organiza el sistema universitario, para garantizar el derecho fundamental a la formación universitaria, se debe acompañar de la movilización ciudadana. Si se coordina así el debate parlamentario con la movilización ciudadana, se podrá alcanzar la ley que las nuevas generaciones merecen y la sociedad colombiana requiere para enfrentar las complejas tareas de la sociedad contemporánea.
1 Al filo de la oportunidad. Ed. Magisterio. Bogotá, p. 82.
2 Cubillos R. Constanza. Saldo en rojo. Planeta, Bogotá, p 7.
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