En un reciente discurso, Juan Manuel Santos se refirió a la salud como derecho humano y planteó el compromiso de que el sistema de aseguramiento en salud va a mejorar, que el gobierno nacional está invirtiendo recursos para la depuración de carteras vencidas y que se salvará la red hospitalaria. Igualmente, dijo que la Superintendencia Nacional de Salud se va a fortalecer, y con ella el concepto de aseguramiento en salud; y que la salida que ellos le ven a la crisis es disminuir el número de EPS, para que sólo funcionen las que hoy muestran solidez.
A partir de este discurso se deducen cosas importantes de la postura del gobierno nacional en materia de salud. Primero, empezaron a utilizar el concepto de la salud como derecho humano, que ha sido planteado más desde los sectores sociales. Con esto dan un paso para mostrar una identidad con los sectores que reclamen que efectivamente se garantice este derecho, pero a la vez es una vía para cooptar esta perspectiva y pensarla en función de los intereses del negocio del aseguramiento.
Segundo, es claro que ellos no están planteando una salida estructural al problema; el asunto lo ven como un problema de mercado donde hay empresas que no actúan bien y deben salir de él, quedando sólo las más sólidas y competitivas. Es decir, cambiar para que todo siga igual.
Es indudable que las medidas de Santos en su primer año de gobierno son consistentes y se concatenan una a otra con el sentido básico de fortalecer el negocio del aseguramiento privado de la atención en salud, buscando establecer un oligopolio privado del negocio del aseguramiento y la prestación de servicios, quebrando definitivamente la red pública hospitalaria, con lo que darían el paso final para que el sistema de seguridad social en salud sea fundamentalmente privado1.
¿No dizque lo privado era incorruptible?
La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución número 46111 del 30 de agosto de 2011 tomó la decisión de establecer una sanción de $1.070 millones al gremio de las EPS privadas Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) y a 14 EPS, cada una por igual monto.
La Superintendencia impuso la sanción por tres cargos: 1) el consenso de las EPS para obstruir sistemáticamente la prestación de los servicios a sus afiliados; 2) la tergiversación de la información entregada a la Superintendencia de Salud, ya que internamente manejaban cifras diferentes de las presentadas ante la entidad; y 3) la insistencia de parte de estas EPS para que aumentaran el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)2, sosteniendo que ésta era insuficiente y ocultando cualquier documento que probara lo contrario.
Con esta sanción se confirma que el gremio de las EPS estableció un conjunto de acciones estratégicas, coordinadas, para lucrarse, con lo cual ya no pueden ocultar más cómo lo que les interesa son los negocios de lucro y acumulación, y muy poco la vida y la salud de la gente. Desde luego que con esto surge una importante pregunta: ¿Para qué este tipo de entidades en un sistema de salud?
El palo no está para cucharas
La boyante situación de las EPS contrasta con la situación que hoy vive la red pública hospitalaria y con las decisiones que sigue tomando el Ejecutivo, que no están en la vía de hacer un cambio estructural de la situación.
Los hospitales públicos, de mal en peor
Con el paso que hizo la Ley 100 del denominado subsidio a la oferta (presupuesto anual hospitalario de origen estatal) al subsidio a la demanda (pago a los hospitales únicamente por los servicios prestados), los hospitales públicos del país han venido entrando en una crisis que ha llevado al cierre de muchos de ellos y a otros a un estado de precariedad. Esta situación se ha empeorado paulatinamente no sólo por el nuevo esquema del subsidio a la demanda sino también porque las EPS no pagan servicios prestados por los hospitales públicos o porque les pagan de manera muy tardía.
Según la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), el total de la deuda reconocida por las EPS ascendió a $5,9 billones ($3,1 billones del régimen contributivo y casi $2,8 billones del subsidiado).Para el caso de Bogotá, la cartera pendiente con los Hospitales de la Red Pública Distrital asciende a 250 mil millones de pesos. Con este panorama, la inyección de $1 billón, que el gobierno nacional plantea hacerle a la red hospitalaria, no resuelve el problema.
Por esta situación, los usuarios se quedan sin atención, dado que se han cerrado servicios por falta de personal que ha sido despedido o renunció por la falta de pago de sus salarios, por restricción de especialistas, porque faltan insumos para la atención ante la falta de pago a los proveedores.
Esta situación es producto de una estrategia implementada con la Ley 100, en tanto que este modelo se propuso en sus orígenes una idea de sistema de salud totalmente privado. Tal como se hizo con la desestructuración del ISS hasta llevarlo a su desaparición, hoy se evidencian pasos firmes para liquidar totalmente la red pública hospitalaria en el país. Los negociantes de la salud están muy cerca hoy de lograrlo.
Las medidas del Gobierno siguen favoreciendo a las EPS
Frente a esta situación de corrupción y desentendimiento de las EPS con la red pública hospitalaria, llama la atención que las medidas del Gobierno, más que ponerles un punto sobre las íes a las EPS, las siguen favoreciendo.
La Resolución 3026 del Ministerio de la Protección Social fija valores máximos de recobro para 137 medicamentos y define “valores máximos de reconocimiento” para los demás recobrados “no listados”. Según el análisis hecho por el Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana, es cuestionable por sus inconsistencias, en tanto limitará pero no resolverá la hemorragia financiera por recobros al Fosyga y no modificará los precios exorbitantes de los medicamentos para el bolsillo de los colombianos. Un ejemplo de esto es el caso particular del valor máximo de recobro del Factor Antihemofílico Vlla Recombinante, demarcado en la Resolución 3026 con un valor para Colombia de $14.837, mientras el precio promedio del mismo producto y fabricante, utilizado en países de la Federación Mundial de la Hemofilia (Alemania, Estados Unidos, Surcorea, entre otros) es de $5.662.
Según lo analizado por la Federación Médica de Colombia, en una comparación de los valores máximo de recobro que contemplan las resoluciones emitidas por el Ministerio de la Protección Social y los precios de referencia de un país de la Unión Europea, se identificó que la cifra de ahorro posible con los precios colombianos es de $162.000 millones, mientras el ahorro con los precios manejados internacionalmente sería de $301.000 millones. Aquí se observa que las medidas no son las que se requieren, y se siguen favoreciendo a las EPS, lo mismo que a la industria farmacéutica.
De otro lado, el gobierno nacional ha tomado la medida de entregarles a las EPS la administración de los recursos del régimen especial de salud del Magisterio. Según el senador Robledo, son tres los propósitos de esta medida contra el magisterio: i) poner bajo el control de las EPS recursos adicionales por 1,4 billones de pesos anuales; ii) tapar que las dificultades de este régimen especial se deben a que el Gobierno se apropia ilegalmente de los recursos que se debieran invertir en la salud de los maestros; y iii) ocultar que las EPS sobran, pues hasta la fecha los maestros no han estado sometidos a estas empresas, y sus derechos son superiores a los de los afiliados a las EPS.
Se agudiza la contienda política por el control del sector salud
Es claro entonces que con el gobierno de Santos vamos en la misma tendencia privatizadora de la salud, que la niega como derecho humano fundamental, lo que demanda fortalecer los procesos de resistencia y movilización social para lograr que en el país se configuren realmente una política de Estado y un sistema de salud garante de este derecho social.
Lo interesante de esta coyuntura en salud es que la contienda política por el control del sector de la salud y ha obligado a que los sectores y actores definan claramente su posición, bien en la orilla de quienes respaldan el modelo de Ley 100 para mantener el negocio de la salud, defendiendo a las EPS; bien en la orilla de quienes consideramos que la salud es un bien público y un derecho humano. Creemos que las EPS deben desaparecer y que es necesario un modelo nuevo de salud para el país.
Sin lugar a dudas, estamos en un momento de intensificación de la movilización social por el derecho a la salud: plantones, cacerolazos, audiencias públicas por el derecho a la salud, marchas, encuentro de autoridades públicas de salud, eventos académicos, encuentros sociales locales y nacionales, entre otros.
Se están dando pasos importantes en la configuración de una agenda social acordada en el tema de la salud, que, de articularse con las demanda del derecho a la educación (otro derecho que en estos momentos incrementa la movilización social), sería muy favorable para permitir articulaciones y una mayor capacidad de incidencia política.
La salida: no más EPS. ¡Un nuevo modelo de salud!
El clamor ya está en boca de muchos y muchas: no más EPS. Son inútiles, corruptas, al apropiarse de los recursos públicos de la salud, y no contribuyen con la producción social del sector.
Pero la pregunta es: ¿Cómo acabar con las EPS, que son un actor poderoso y, además y por lo mismo, respaldado por el gobierno nacional?
La respuesta no puede ser otra que aumentar la protesta y la movilización social, sosteniendo la demanda de “no más EPS” en calles, escuelas, colegios, medios de comunicación, empresas, y acordando socialmente, de manera amplia, cuál debe ser el nuevo modelo de salud para el país, que reemplace el modelo de intermediación.
Desde diversos sectores sociales, gremiales, académicos, laborales, hoy se propone la octava papeleta, entendida como un mecanismo ciudadano para expresar ampliamente que no se quiere más las EPS y se requiere una nueva política de Estado en salud. La iniciativa ya está en marcha. Se trata de que cada una de las ciudadanas, cada uno de los ciudadanos firme la Octava Papeleta e involucre a su familia, sus amigos, los vecinos del barrio, de la empresa, etcétera.
Tenemos que hacer sentir nuestra voz. ¡Impulsemos la Octava Papeleta!
1 Torres-Tovar, Mauricio. Más negocio, menos derecho a la salud. Revista Cien Días, visto por CINEP/PPP número 73 de Agosto-noviembre de 2011.
2 La UPC es el dinero que reciben las EPS por cada persona afiliada. La UPC equivale hoy a $505.627 para el régimen contributivo y $302.040 para el régimen subsidiado (Acuerdo 19 de 2011 de la CRES).
Recuadro
Octava papeleta: ¡Voz y votos por tus derechos! ¡Por la salud y la seguridad social como derechos fundamentales!
Por medio de este voto libre e informado, y en ejercicio de la soberanía del pueblo, reconocida en el artículo 3º de la Constitución Nacional, declaro que:
Rechazo totalmente el modelo de salud y seguridad social contenido en la Ley 100, lo mismo que las normas que lo reglamentan y lo reforman.
Por eso, exijo:
- La derogatoria de la Ley 100 de 1993 y las normas que la reglamentan y la reforman;
- Que el derecho humano fundamental a la salud y la seguridad social sea ratificado en la Constitución y la ley;
- Que el sistema de salud y seguridad social sea público, sin intermediación, universal, equitativo, igualitario e integral, administrado y financiado por el Estado, y vigilado por las colombianas y los colombianos.
Las EPS sancionadas son:
- Colmedica hoy Aliansalud
- Coomeva
- Famisanar
- Salud Total
- SOS
- Susalud hoy EPS y Medicina Prepagada Suramericana
- Saludcoop
- Cruz Blanca
- Cafesalud
- Sanitas
- Compensar
- Comfenalco Antioquia
- Comfenalco Valle
- Humana Vivir
Informes: [email protected]; Http://Movimientonacionalporlasalud.Blogspot.Com/
*Miembro del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social
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