Según Foot, la aceptación de los derechos humanos parece ser –desde el final de la Guerra Fría– “el nuevo estándar internacional de civilización” que los Estados no pueden dejar de aceptar (FOOT, 2000). Es esto mismo lo que ocurre con el género (igualdad, mujeres, derechos de parejas del mismo sexo, etcétera) cuando es introducido en el discurso político. Es decir, que hablar de género es casi obligatorio en una sociedad donde resulta necesario aparentar que los derechos humanos se tienen interiorizados, aunque estos formen parte, únicamente, del discurso.
Es por ello que, ante la eminente decisión para la Alcaldía de Bogotá y precisamente por ser ésta la ciudad que recoge en el momento dos políticas públicas en la materia, desarrolladas bajo la dirección de la Subsecretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, expondremos aquí un análisis con perspectiva de género de los cinco programas de gobierno de los aspirantes a la Alcaldía que –según CM& y el Centro Nacional de Consultoría– son los más “deseables” para ostentar ese cargo*.
¿Por qué un análisis de género? Porque no se puede concebir un cambio positivo y real que no tenga la perspectiva de género en cuenta. Es decir, que cualquier alternativa que se presente como tal sin hacer una reflexión sobre cómo nos construimos como mujeres y hombres en una sociedad heteropatriarcal y, por tanto, inequitativa, seguirá siendo una alternativa clasista, elitista y discriminatoria.
Exponer, desde este punto de vista, qué se considera oportuno y relevante en estos momentos en Bogotá, para saber si una propuesta tiene un compromiso real con el género, depende del enfoque que se adopte. Eso sí, el interés debe pasar por el conocimiento de lo ya hecho si no no queremos que las políticas propuestas caigan en la ignorancia y la inclusión por la inclusión. No molestarse por saber y plasmar qué ha pasado en Bogotá en los últimos años y qué acciones se han desarrollado no contribuye a pensar que esto del género es más que un juego dialéctico. Bajo esta posición, consideramos básicas varias cuestiones, y pocas hemos encontrado en los cinco programas de gobierno analizados:
- Apuesta por la continuación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital (Decreto 166 de 2010).
- Apuesta por la continuación de la Política pública para la garantía plena de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (LGBT), y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital (Acuerdo 371 de 2009).
- Compromiso con la Sentencia C-355 de 2006, alusiva al derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que se hace necesario ante las actitudes contrarias a este derecho mostradas por parte del Procurador General, y tras los últimos datos arrojados a este respecto en los que, según el Guttmacher Institute y la Fundación Oriéntame, la mayoría de las IVE en el país se dan en la clandestinidad (sólo el 0,08 por ciento son legales), lo que visibiliza la escasa implementación de la Sentencia y las complicaciones que las mujeres tienen para acceder al derecho.
- En el tratamiento de los programas de la Violencia Basada en Género (VBG) contra las mujeres, hacer nombramiento de la Ley 1257 de 2008, que recae en la necesidad de separar esta violencia realizando un análisis diferencial de la misma. Asimismo, recoger para su desarrollo la propuesta integral que hace el sistema SOFIA (Sistema Orgánico Funcional Integral y Articulados para la Protección a Mujeres Víctimas de Violencias), lanzado por la Secretaría Distrital de Planeación y otros organismos. Además, la VBG, en lo que respecta a la necesidad de combatir los crímenes de odio a los que se tiene que enfrentar el sector LGBT en la ciudad.
En tal sentido, las cinco propuestas analizadas presentan un paisaje desolador. El estudio de recursos puestos en marcha en Bogotá en la anterior legislatura y de las herramientas con las que la ciudad cuenta para este fin es nulo. De los puntos citados, la única propuesta que recoge la continuación de la subsecretaría citada es la de Enrique Peñalosa (aunque no recoge otras propuestas). Además, Carlos Galán es el único candidato que hace referencia a la Sentencia (C-355 de 2006) en pos de su defensa. En las demás, quedamos con la máxima de que “lo que no se nombra no existe” y con que mucho hemos escuchado en los debates pero poco se recoge en los programas. En términos generales, las propuestas quedan descolgadas en pos de hacernos pensar que, en esto del juego político, al género le tocó el triste final del jaque mate.
Qué hay detrás de la Secretaría Distrital de la Mujer
La iniciativa la recogen Gina Parody y Carlos Galán. Posteriormente, en un debate se comprometieron a su creación otros candidatos, aunque, como decimos, sólo estos dos únicos programas recogen la idea. Entendemos el entusiasmo que se origina ante la noticia de elevar a un nivel superior las políticas de mujeres hoy dependientes de la Subsecretaría, pero cuesta imaginar cómo puede hacerse tal movimiento sin aniquilar antes la política desarrollada por la Dirección de Diversidad Sexual y la continuidad de la Dirección de Diversidad Sexual.
Los candidatos tendrán que explicar cómo piensan garantizar los derechos de LGBT cuando la política pública establece por Acuerdo (y desde su artículo 9) que la “formulación, seguimiento y evaluación” de la misma “estará en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación, a través de la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual”. La Subsecretaría perderá sentido integral al traspasar las competencias de una de sus direcciones (la Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género) al rango de Secretaría.
Dicho de otro modo, que en caso de que la propuesta de Secretaría de la Mujer se hiciera efectiva, y debido a que las competencias que recoge son idénticas a las desarrolladas hoy por la Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género, esta última dejaría de tener sentido (por el gasto extra) dejando huérfana a la Dirección de Diversidad Sexual, cuyo ascenso a Secretaría y desarrollo político parece no importar a los candidatos. Entonces, no podemos dejar de pensar que la construcción de una implica la decapitación de la otra. Según estos programas de gobierno, la forma como la futura política de derechos de LGBT se ejecute es un misterio. Los derechos conseguidos por el sector LGBT en la anterior legislatura desde la institución quedan en el aire, quizás en respuesta al incómodo matrimonio que estos tenían con las políticas de mujeres en Bogotá. La Secretaría se presenta como la ocasión perfecta para deshacerse de lo llamado LGBT.
Enrique Peñalosa: dos propuestas concretas y punto
El candidato de la alianza (Partido Verde y Partido Social de Unidad Nacional) es el único que se pronuncia en pro reforzar la actual Subsecretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, es decir, el único que apuesta por la continuación del modelo. Asimismo, recoge una propuesta para proteger a las mujeres en Transmilenio, al establecer que la puerta delantera de los autobuses sea de ingreso exclusivo para ellas. Desconocemos si esto será efectivo o no pero, desde luego sin una campaña de concienciación, la propuesta inspira “pan para hoy y hambre para mañana”.
Gustavo Petro: un humanismo sin género en su propuesta
El humanismo de Petro hubiera sido la mejor filosofía para enmarcar una fuerte política que le apueste al género, incompatible con un partido situado en la derecha más férrea del liberalismo económico. En su campaña, Petro se rodea de quienes tienen una buena concienciación en asuntos de género pero le falla algo muy importante: su programa de gobierno, que no articula demasiadas propuestas al respecto. La creación de programas de empleo de emergencia para mujeres y personas LGBT es una de ellas.
Pero en concerniente a la Violencia Basada en Género contra las mujeres en su relación de pareja (la llamada violencia intrafamiliar), Petro no deja clara su postura. Por una parte, expone “cero tolerancia a la violencia intrafamiliar” y la agresión sexual; por la otra, asegura que promoverá los centros de conciliación local “que contribuyan a distensionar la situación” ante la violencia doméstica. No haría falta mencionar las innumerables posiciones de feministas, activistas y teóricos en contra de estos centros de conciliación. Un hecho que, en estos casos, revictimiza a las mujeres.
Sin embargo, Petro sí presenta lo que consideramos una apuesta importante, por ser una valiosa acción económica que se articula desde lo público: la creación de un Banco Distrital a disposición de las madres cabeza de familia, para financiar proyectos productivos. A pesar de todo, no podemos dejar de ver su programa como una buena oportunidad para el género que no ha estado bien aprovechada o, al menos, bien vendida.
Antanas Mockus pone el ojo en la educación pero se olvida del enfoque
Mockus tampoco hace una apuesta de género y se concentra casi exclusivamente en la violencia intrafamiliar, aunque sin analizar la misma de modo diferencial. Desde la educación, “realizar programas intensivos de cultura ciudadana y educación para superar la violencia intrafamiliar”, desarrollando desde preescolar actitudes y capacidades para el manejo pacífico de conflictos. Si aquí incluye la violencia sufrida por la mujer, el manejo de conflictos resulta contraproducente. Por otra parte, Mockus pretende “organizar a las comunidades para la vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre violencia intrafamiliar y discriminación salarial”. Por último, una de las propuestas es darles preferencia a las madres cabeza de familia en los proyectos de gestión de ingresos.
Gina Parody: política de sanciones
Aparte de la apuesta de crear la Secretaría de la Mujer, Parody nombra muchas más veces los asuntos de género que los otros candidatos. Dice que vigilará y sancionará la discriminación de género en empresas, fundaciones o entidades públicas, IPS y EPS, así como a quienes “incurran en acciones discriminatorias en el acceso a subsidios o crédito de vivienda”. Además, promueve políticas de promoción y estímulos a grupos y entidades territoriales que se posicionen a favor de una política igualitaria.
Asimismo, Gina plantea eliminar primas, pagos o cobros diferenciados para hombres y mujeres en razón de tablas actuariales basadas en las diferencias de expectativa para uno u otro sexo. También, acabar con la exigencia –en los centros educativos– de justificar el estado civil de padres y madres, y la exclusión de manuales de convivencia estudiantil que sancionen actitudes en razón de la orientación sexual o la identidad de género del estudiante. La propuesta recoge la política de derechos LGBT.
Pero si la candidata tiene en cuenta estos temas, la forma de abordarlos y la posición desde la cual parte en algunos casos son desacertadas. Por ejemplo, desarrolla en el mismo punto el hurto de automóviles y los delitos sexuales. De otro lado, es en exceso optimista al afirmar que en diciembre de 2015 se habrán reducido los delitos sexuales en un 90 por ciento.
Respecto a la violencia intrafamiliar, propone crear un servicio de asesoría jurídica a la Policía para mejorar la coordinación entre ésta y los fiscales, y el desarrollo de una línea de atención a las víctimas de violencia de género. Aquí también recoge organizar –en conjunto con el Dane– un sistema de información sobre igualdad en Bogotá “que incluya un censo específico sobre toda la población discriminada o vulnerable”.
Carlos Galán: ¿género y derecha? La duda nos hará libres
Si Petro tiene el marco pero le falla el programa, a Galán le ocurre lo contrario: tiene el programa pero le falta partido. Aún nos preguntamos cómo un programa de gobierno de cambio Radical, que se sitúa a sí mismo en el centro político (pero que los escándalos que protagoniza los sitúan en la derecha), puede tener una perspectiva de género tan acertada. Aunque este programa no recoge todos los requisitos anteriores, es el único que parece demostrar un conocimiento sobre el tema y un tratamiento desde lo diferencial. ¿Debemos pensar que la diferencia está en el candidato?
Galán propone, entre otros asuntos, aplicar un Programa de Prevención de Violencias en distintos ámbitos, para brindar atención diferencial según la tipología de las mismas (por ejemplo, crímenes de odio “contra la población LGBT). El él introduce el género en materia de seguridad, apostando por una iluminación adecuada en la ciudad y lo concerniente a lo urbanístico, y asegura que en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial se promoverá la equidad de la ocupación del espacio en perspectiva de géneros; la construcción de memorias de sectores culturales y poblaciones como la LGBT; el aumento de la participación femenina a un 40 o 50 por ciento para cargos de libre nombramiento o delegación; la ampliación de la oferta de las cinco casas refugios para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar; y el desarrollo de campañas y jornadas pedagógicas que promuevan cambios de actitud hacia la mujer en el transporte público.
Respecto a la información criminal que se publique desde la Alcaldía y se utilice para implementar políticas de seguridad, el programa visibiliza los delitos contra la mujer (incluidos los psicológicos) como de alto impacto. Asimismo, y como apuntábamos antes, vigilar que se practique en forma correcta la IVE en los tres casos penalizados por la Corte Constitucional.
Por otra parte, contar con personal interdisciplinario en las Unidades de Apoyo y Orientación a Población Desplazada (UAO) con capacidad de ofrecer atención diferenciada según edad, dialecto, género, población LGBT, etcétera. Lo mismo aplicará, dice, en los Centros de Atención a Víctimas de las Violencias y Graves Violaciones a Derechos Humanos (CAVIDH), donde se enfatizará en que la mujer en situación de desplazamiento identifique sus propios procesos de victimización.
Destacamos, por último, la defensa de la equidad en la remuneración y el pago de prestaciones sociales (en especial de las funcionarias, las empleadas de servicio doméstico y las trabajadoras independientes). El programa no se olvida en este punto de las trabajadoras sexuales, a quienes también defiende en este derecho.
A grandes rasgos, consideramos que la apuesta por los asuntos de género debe pasar por una apuesta económica, que lidere y haga efectiva esta filosofía de cambio. Desde ese punto de vista, las inversiones no aparecen en el próximo panorama político de Bogotá. Tampoco, en líneas generales, se trabaja de la mano del cambio mediante el pensamiento: echamos de menos, por ejemplo, iniciativas que se vinculen a la reconocida Maestría en género que la Universidad Nacional desarrolla en la ciudad. En definitiva, cuando no hay apuesta, se huele. Y aquí huele a todo menos a género.
* Según la encuesta la intención de voto, es la siguiente: Enrique Peñalosa, 22 por ciento; Gustavo Petro, 17; Antanas Mockus, 12; Gina Parody, 11; Carlos Fernando Galán, 10.
Recuadro
Aurelio Suárez (PDA) les garantiza la mitad del cielo a las mujeres y manda los derechos de LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, trans) al purgatorio
La que denomina “política de mujeres y equidad de género” ‘propone’ “avanzar en la conquista de la mitad del cielo”. Eso supone para el PDA crear la Secretaría de las Mujeres (aumentando su rango actual). De otra parte, la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBT, cuyos lineamientos fueron ratificados en el Acuerdo 371 (impulsado precisamente por el PDA), cambiaría en forma institucional: de Dirección de Diversidad Sexual a Gerencia de Diversidad Sexual del Distrito, en el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Esto es lo que se concluye principalmente al leer la propuesta, puesto que en ningún momento se habla de la continuación de la Subsecretaría que engloba actualmente las dos políticas (mujeres y derechos LGBT). Este espacio dejaría de tener sentido con la Secretaría y la Gerencia propuestas, y deja en evidencia la intención del partido actual por romper la propuesta conjunta de años atrás y además por dejar de apostarles a los derechos de LGBT que se habían convertido casi en una bandera en la ciudad, ya que el batacazo de Subsecretaría a Gerencia no puede ser negado ni por el propio partido.
El resto de propuestas se desarrolla bajo los parámetros institucionales de este marco, y la mayoría responde a lo ya estipulado en la política pública de ambos frentes. En lo que respecta a los derechos de las mujeres, plantea “incluir en el Informe de Desarrollo Humano de la ciudad los índices específicos de Potenciación de Género, los de Pobreza Ajustados por Género, y todos los aspectos relacionados con la Calidad de Vida de las Mujeres”; “establecer la cuenta satelital para medir el aporte económico de las mujeres al Producto Interno Bruto de la ciudad”; sostener “las 16 Casas de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y ampliar el número a un mínimo de una por cada localidad del Distrito”; “ajustar la normatividad para que la representación de las mujeres sea paritaria”; y dos propuestas se destacan en “implementar la Cátedra de Derechos Humanos de las Mujeres, enfatizada en Derechos Sexuales y Reproductivos con enfoque de género” y los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres.
En lo que respecta a las propuestas dirigidas a defender derechos de LGBT, la mayoría de ellas calca lo recogido en el Acuerdo de 2009. Destacan la creación de la Cátedra de Diversidad Sexual y Género, y su incorporación obligatoria en los PEI y los manuales de convivencia, para la erradicación de la violencia en las instituciones educativas distritales; impulsar la formalización (a través de acuerdos o decretos) de escenarios como mesas o comités locales LGBT, “con miras a la construcción del sistema distrital LGBTI; crear nuevos centros comunitarios (no se compromete con un mínimo, como en el caso de las mujeres); “crear la estrategia de casas de refugio para personas víctimas de la violencia a causa de su identidad de género u orientación sexual”; “crear un equipo de juristas que brinde el servicio de asesoría y representación a víctimas de la violencia por identidad de género u orientación sexual”; y “fomentar la incidencia política y el lobby institucional frente a la Nación para la construcción y la implementación de protocolos de hormonización, reasignación de sexo, atención biopsicosocial de personas trans e intersex, y Servicios de Salud Sexual y Reproductiva amigables (SSSR) a personas trans e intersex”.
En definitiva, si el PDA lo tenía fácil, sólo tenía que continuar con el proyecto en género emprendido años atrás. El lugar institucional que pretende dar en este nuevo recorrido a las dos direcciones existentes en cuestiones de género –dejando las políticas de derechos de personas LGBT muy atrás con respecto a la de mujeres (a quienes reserva “su Secretaría)– es, por llamarlo en alguna forma, el paso atrás en políticas de género más grande que refleja en este programa político. También el más evidente, ya que lo que podía ser coherente con la apuesta anteriormente emprendida hubiera sido la creación de dos secretarías y no sólo de una. Por otra parte, qué decir de la falta de autocrítica en el mismo (por ejemplo, en cuestiones de corrupción). Para el PDA, “los funcionarios deberán ser honrados y además parecerlo”. Ya nos dirán, desde su experiencia, de qué sirve “parecerlo”.
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