“Ni tan violentos como dicen, ni tan pacíficos como quisieran”

La frase que titula esta nota se podía leer en una de las muchas imaginativas pancartas esgrimidas en la “marcha de las antorchas” que los estudiantes universitarios colombianos realizaron la noche del 3 de noviembre, y en la que sorprendentemente volvieron a llenar las calles de diferentes ciudades y sus principales plazas. La exigencia tanto del retiro de la reforma a la ley 30 como de la conformación de una mesa amplia que discuta un nuevo marco legal para la educación superior, son los motivos centrales del paro nacional universitario y de las gigantescas movilizaciones realizadas por los jóvenes.
 

 

Lo que éstos han demostrado es que la domesticación aún no corroe sus juveniles espíritus, y que su madurez política ha logrado evitar las provocaciones, que no han faltado. Así como han sorteado el chantaje de las directivas sobre “la cancelación del semestre” o el “cierre de las universidades”. La fortaleza demostrada nace de la convicción surgida de un juicioso estudio de las consecuencias de la ley, que ha sido probado en los debates con el gobierno y en el que han rebatido con cifras y argumentos consistentes lo expuesto por los funcionarios del Ministerio de Educación.
 

 

El núcleo del asunto reside en que la financiación se ata al comportamiento del PIB, en obediencia a la lógica de la llamada “seguridad fiscal”, a la que curiosamente no se somete el gasto militar, por ejemplo; y a que nada se dice sobre el saneamiento del déficit de las instituciones, con lo que se condena a las universidades a una penuria permanente (los estudiantes muestran cómo para ellos la inversión per-cápita anual está alrededor de los cuatro millones, mientras que un soldado consume dieciocho y un recluso cerca de catorce). De otro lado, la introducción de la figura de las “instituciones mixtas” en el artículo 20, que abre la puerta a la penetración del capital privado en los organismos de educación superior financiados con recursos del estado, se convierte en un agujero por el que se pueden introducir las privatizaciones parciales o totales de las universidades que se vean obligadas a declararse insolventes (léase en quiebra), según lo consagrado en el artículo 26.
 

 

Es claro que la reforma a la ley 30 no inaugura el proceso de privatización, sino que lo continúa. El principio de la autofinanciación que se viene imponiendo desde la década de los ochenta del siglo pasado y la modalidad en ascenso de la subcontratación son, entre otros, mecanismos que ganan un peso creciente en las universidades públicas. A su vez, éstas tienen una importancia cada vez menor en la cobertura de la educación superior como quiera que en Colombia el 68% de los estudiantes universitarios están matriculados en el sector privado, mientras que en el mundo ese porcentaje alcanza el listón mucho más bajo del 35%, en una muestra inequívoca del nivel de privatización alcanzado por la educación universitaria en Colombia, y que de profundizarse el espíritu de la ley 30 con las restricciones presupuestales que su reforma impulsa, se acelerará aún más.
 

 

No permitir que ese modelo llegue a los alcances del chileno es una de las metas de los jóvenes colombianos, que han mostrado la lucidez suficiente para entender que el abismo social que hoy se vive en el mundo y que se condensa en el lema “somos el 99%” que, sumido en la precariedad, contrasta  con ese 1% usufructuario de la riqueza mundial, es consecuencia del principio de  mercantilización de la vida.
 

 

Llama a la esperanza que en las asambleas estudiantiles, los jóvenes con documento en mano sustenten y debatan las implicaciones de la ley, los postulados que las sustentan y su verdadero  sentido. Que hayan convocado a los padres y que éstos, como en el caso de la Universidad Distrital, en Bogotá, confrontaran a algunos directivos que con el viejo cliché de “acciones de unos pocos vagos que no quieren dejar estudiar a la mayoría”, no sólo los hayan controvertido, sino que  manifestaran que están dispuestos a acompañar a sus hijos en sus protestas, incluso a costa de sus propios trabajos.