En
septiembre de 2007 dos mil trabajadores se tomaron las instalaciones del Ingenio La Cabaña en el
norte del Cauca, tras el incumplimiento de un Acta de Acuerdo firmada en junio de ese año, y con el
cual se exigía la contratación directa de los corteros de caña de azúcar, recuperación de la
seguridad social, aumento salarial, entre otras condiciones. Se solidarizaron con los trabajadores
en conflicto, en ese entonces, quienes cortan la caña de los ingenios Castilla y Cauca.
¿La
respuesta del gobierno? Contuvo a los protestantes con masivos comandos de la Policía
Nacional, Escuadrón Móviles Antidisturbios (ESMAD) e inclusive con efectivos del Ejército. El
conflicto se agudizó pero la patronal no cedió y para el 31 de agosto ya había despedido 900
corteros. Cuando reiniciaron actividades, también se contaban 25 personas heridas y otros 100
contusas, que se dirigieron a exigir se les respetara el derecho al trabajo.
Dos años han
corrido desde entonces y las cosas no difieren mucho. Salvo que la represión militar, en cabeza de
150 efectivos del ejército nacional adscritos a la brigada III -al mando del General Pérez- y otros
100 activos del ESMAD, han ocasionado (hasta el martes 16), la cifra de 33 heridos en tan sólo el
ingenio La Provincia, y 4 más en el Ingenio Cauca. Además del ambiente de tensión en los ingenios
Tumaco, Pichichi y Manuelita, el primero en estado crítico, pues la fuerza pública no ha permitido
el ingreso de alimentos. Todo a partir de una orden emitida por parte del presidente Uribe de
“neutralizar” a los trabajadores cesantes con medidas represivas.
Dichos sindicatos están a
la cabeza de esta movilización, denunciando con insistencia las flagrancias cometidas por la fuerza
pública y la seguridad privada, traducidas en la realización de reuniones con los transportadores
pagados por las cooperativas, en donde se les conmina a no proseguir en la movilización; la
presencia de fuerza pública en los campos y cortes preguntando sobre las actividades de los
sindicatos, y la presencia de motociclistas que escoltan los buses que transportan a los corteros de
los ingenios Cabaña y Central Castilla, entre otras acciones.
Todo lo anterior se enmarca en
la estrategia gubernamental de favorecer a los inversionistas privados, bajo el esquema de
desregulación laboral y producción masiva de etanol. Se sabe por ejemplo que 1.600 propietarios de
estas tierras controlan el 75% de la tierras cultivadas en la región, lo que implica 200.000
hectáreas de monocultivo; además de las legislaciones que se impusieron en el mes de abril para que
los dueños de ingenios gozaran de beneficios que los exoneraran del pago de contribución solidaria
del 20% de sobrepeso en el consumo de energía, obligación jurídica estipulada en el artículo 89 de
la Ley 142.
El pliego contiene los siguientes puntos:
- 1. La contratación directa con las empresas y estabilidad laboral, pago de los días
perdidos por paradas de la empresa, pago de los días que se va al médico y los tres primeros días de
incapacidad por enfermedad que no pagan las EPS; además de auxilios para educación vivienda,
educación, primas de antigüedad, vacaciones, entre otros. - 2. El control efectivo de la caña
con mecanismos concertados que elimine las dudas (Báscula móvil), la terminación del sistema global
regresando al mecanismo del peso por uñadas. - 3. Respeto por el derecho al trabajo ante la
creciente mecanización del corte de caña. - 4. Que las empresas, EPS y ARP resuelvan el
problema de los más de 200 trabajadores que se incapacitan anualmente. De otro lado, que no se le
niegue la pensión a los corteros que tienen una incapacidad permanente. - 5. Aumento salarial
del 30% para compensar el altísimo costo de vida, las extenuantes jornadas de trabajo y la rudeza de
las labores del corte de caña. - 6. No aplicar represalias contra los trabajadores que
participen de esta pacífica protesta.
Caña suda a todo vapor
Ir por el Valle del Cauca es sumergirse en vastas
zonas de cultivo de caña de azúcar. Al borde de las carreteras que recorren la parte central de este
departamento, se aprecia el inmenso monocultivo que desplazó a los campesinos. Todo anuncia el
trabajo incansable de muchos que han dedicado su vida a esta labor. Hoy estas zonas están destinadas
a la producción de agrocombustibles, según lo definido en el Plan Nacional de Desarrollo del actual
gobierno, lo que implica, hasta ahora, según Sinaltrainal sede Bugalagrande, la reubicación de 7.000
hectáreas para la producción de etanol.
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