El negocio de la salud

La salud en Colombia tiene en su corazón y en su cerebro varios tumores cancerosos, cuya patología se halla en la lucha de intereses que genera todo negocio mercantil. La Constitución Política prescribe (art. 49) toda una serie de declaraciones, que de cumplirse harían de nuestra salud el servicio más eficiente y solidario del planeta. En primer lugar, la atención a la salud es un servicio público a cargo del Estado; en segundo lugar, se le garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud; y, en tercer lugar, al Estado corresponde organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio de salud a todos los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Pero la Constitución también agrega en este apartado dos cosas más: por una parte, el deber de establecer las políticas para la prestación de los servicios de salud por entidades privadas; y por la otra, la obligación de ejercer vigilancia y control. 

Con la expedición de la ley 100 de 1993 se desfiguraron por completo los principios constitucionales, pues hizo del servicio público de salud el más prosaico y mundano de los negocios, entregándose como cualquier mercancía a los particulares. De ahí se derivan todos sus vicios y dolencias, que son innumerables. Con la creación de las EPS se estableció la intermediación financiera entre el Estado que provee los recursos y el paciente. Existe un Plan Obligatorio de Salud –POS–, en el que se incluyen los medicamentos que deben estar al alcance de los pacientes, pero este ha desatado una guerra entre los laboratorios, en la que el campo de batalla somos los usuarios o clientes del negocio. Supuestamente las partes legitimadas en la discusión del POS son: los laboratorios, los pacientes y el Estado. Pero yendo a la realidad, todo queda en manos de los monopolios, porque las asociaciones de usuarios no tienen ninguna independencia, pues son las propias multinacionales de las drogas las que sostienen a esas asociaciones, mediante donaciones. Y, los organismos del Estado que deben hacer la lista del POS están infiltrados por los laboratorios. Por eso, hay mensajes como este: “Estimado Philippe, lo convenido”. Lo convenido es aquello que se negoció con quien redacta el decreto, o le habla al oído a quien lo redacta. 
 

Y, de la infinita lista de llagas que carcomen la salud, el especio sólo permite mencionar dos más. Afiliar al sistema a una empleada del servicio doméstico o a un trabajador independiente se ha convertido un calvario: debe recurrirse a tres o más organismos, ubicados, en el caso de Bogotá, en distintos lugares de la ciudad, porque el negocio es tan rentable que alcanza para que haya una distribución amigable entre sus dueños: salud, riesgos profesionales, pensión y cesantías. Cuando existía el Seguro Social, todo se hacía en este organismo, sin tanta traba y dificultad. La otra dolencia es la ética médica. El sistema quebrantó el juramento de Hipócrates, porque el profesional de la medicina ya no está al servicio de sus pacientes sino de las EPS y –otra vez– de los laboratorios. Esto trae consecuencias nefastas para el paciente: el médico carece del tiempo suficiente para atenderlo, y como no recibe un salario digno, tiene que completar sus ingresos enviando al paciente a que compre medicamentos distribuidos exclusivamente por determinado laboratorio. En suma, el Estado ha privatizado la salud, y ha sido ineficaz en la ejecución de sus deberes constitucionales de vigilancia y control. No de otra manera se explica el robo del dinero de la salud por los intermediarios financieros, los administradores del negocio, y, los grupos paramilitares, en los departamentos y municipios.