El pasado 3 de marzo fue un día feliz para la empresa Emgesa, y triste para la comunidad huilense, como para la mayoría de quienes habitan Colombia. Ese día, sábado, la empresa dedicada al negocio de la energía eléctrica, logró iniciar el desvío del río Magdalena, después intentarlo el 8 y el 14 de febrero, sin lograr superar la resistencia opuesta por la comunidad.
El desvío, como en las ocasiones anteriores, estaba anunciado, ante lo cual la comunidad se movilizó, para concentrarse de nuevo en el Puente Paso el Colegio, con el objeto de penetrar a la zona del túnel por donde pretendían desviar el río. El propósito era el necesario, pero el Estado, siempre diligente con la empresa y el capital privado (brindar la seguridad al inversionista le dicen eufemísticamente a esto), dispuso al ESMAD, para impedirlo, logrando su cometido. Sin embargo un grupo comunitario logró ubicarse en la zona del desvío y ser testigo de cómo el río ese fin de semana, a pesar de encausarlo por el túnel, en desobediencia natural retomó su cause.
Relación de personas que manifestaron que su actividad ha sido afectada por la destrucción de las cadenas productivas ocasionadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, sin compensación ni restitución de su actividad productiva
Los afectados son muchos, y por parte de la empresa no se ha realizado acciones que garanticen la continuidad laboral de los trabajadores, principalmente jornaleros, partijeros y mayordomos, ni la ejecución de los programas que permitan disminuir el impacto diverso sobre las cadenas productivas. La situación anterior se ilutra en la siguientee tabla donde se relacionan las fincas vendidas y los empleos afectados por esta acción.
Se resiste con imaginación y persistencia. Los días previos y posteriores al intento del desvió, se realizaron actividades culturales, académicas y movilizaciones en varias ciudades de Colombia y del mundo para denunciar la pretensión empresarial y del gobierno colombiano. Entre estas actividades destaca la marcha liderada por Monseñor Tovar (ver recuadro), el 2 de marzo en el municipio de la Plata, y el bloqueo que el grupo Anonymous efectúo el sábado 3 de la página de la Gobernación del Huila y del Ministerio del Medio Ambiente. Este apoyo solidario, global, se podría explicar como resultado de la denuncia llevada a cabo a través del video que recorre el mundo, donde se da plena evidencia del violento desalojo que el 14 de febrero hizo el ESMAD de la comunidad que a orillas del río resistía su desvío.
Juicio político
Atendiendo a su función pública, el senador Alexander López le envío un cuestionario al Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, citándolo para que en próximos días se presente al Congreso para responder sobre la problemática de El Quimbo.
Es necesario recordar que el Ministro se declaró impedido con respecto al acordonamiento realizado de la zona donde está localizada la obra, supuestamente en cumplimiento de un amparo policivo pedido por Emgesa y ejecutado el 14 de febrero por el alcalde del municipio de Paicol, Norberto Palomino, para desalojar a la comunidad, pero este alcalde declaró que obedecía un decreto del Ministerio del Interior. También el Ministro Lleras jugó un papel distractor (sino manipulador) como supuesto garante de los acuerdos logrados el 17 de enero entre la comunidad y el Ministerio del Medio Ambiente –que finalmente no se hicieron realidad–. Actitud que pudo estar cruzada por sus intereses cruzados, toda vez que su hermano es presidente de Codensa, empresa de energía de Bogotá que es socia de Emgesa. Otro hecho que se presentó, previo al desalojo, fue la visita a la zona desalojada del Mayor General de la policía Rodolfo Palomino. Estos hechos y las otras irregularidades cometidas por este gobierno, al igual que el anterior, no dejan dudas sobre el interés oficial por favorecer en este conflicto (como en todos los que enfrentan comunidad y capital) a las transnacionales.
5 hectáreas para una familia
Las familias que deben ser desalojas por el proyecto El Quimbo, tengan o no tierra, tienen derecho a recibir entre 30 y 40 hectáres, según lo estipula la ley 160 de 1994. Esta legislación también cubre a las licencias ambientales. En el caso de El Quimbo, Emgesa y el Ministerio del Medio Ambiente, han pactado que las familias solo tienen derecho a 5 hectáreas. El Ministerio reconoce que no hay tierra para entregar y que por lo tanto las proyectadas hectáreas son suficientea porque producen dos sueldos mínimos que permiten el sostenimiento de una familia. El reconocimiento de la escasez de tierra en los alrededores del proyecto en marcha, es otro de los elementos que evidencian la inviabilidad del mismo.
Nuevos desplazamientos
Las tierras que se deben comprar para reubicar a las familias desplazadas por la obra de El Quimbo, son tierras de otras familias que tendrían que desplazarse a otros lugares. Esta situación es una especie de reacción en cadena que hace aún más grave la situación de crisis humanitaria que se vive en todo el territorio huilense.
Pero el lío es mayor. Por la forma como han llevado e impuesto el proyecto los interrogantes se multiplican entre los afectados directos e indirectos, entre ellas los derivados de la ampliación de su zona de utilidad pública a 35.000 hectáreas, de las cuales 11 mil son para el equilibro ambiental, faltando claridad sobre el destino final de las restantes 24.000 hectáreas.
Consolidado (resumen) de la información de la población no censada por EMGESA, recolectada por Asoquimbo
Las cuentas no dan por ningún lado, porque si se llegaran a entregar, no las 5 hectáreas que pretenden, sino lo que corresponde por ley, se tendrían, por bajito, 30 hectáres, multiplicadas por las 300 familias afectadas de manera directa, lo cual daría 9.000 hectáreas, pero si la multiplicación es por 50, el resultado sería 15.000, quedando 9.000 hectáreas, que según estas cuentas no tienen un destino definido.
Dentro de estas cuentas hipotéticas –expuestas por el profesor Miller Dussan– y teniendo en cuenta que la zona de utilidad pública se amplió a 34.000 hectáreas, las comunidades tendrían la tierra que les corresponde por ley, pero el desplazamiento se extendería a otras comunidades aledañas. No hay que olvidar que las nuevas tierras, al ser declaradas de utilidad pública, pierden su valor comercial, lo que perjudica a las comunidades obligadas a vender, y favorece a Emgesa porque puede comprar a bajo costo.
Hasta el momento Emgesa no le responde a las comunidades por el efecto de la obra, limitándose a casos aislados de compensaciones parciales y a ofrecer dinero. Algunas de las fincas que ha comprado son desvalijadas para evitar que los campesinos sin tierra, –jornaleros en las mismas– al quedar sin empleo, se decidan por continuar trabajando por cuenta y riesgo propio. Esta situación es más grave porque Emgesa no ha presentado información suficiente que de cuenta del verdadero impacto de la obra y de la realidad de las comunidades. Hecho que se explica desde la licencia irregular que le otorgaron, así como de otras irregularidades que han permitido el avance del proyecto El Quimbo. Pero la situación social que se desprende del mismo es grave (ver recuadros).
Incoder cómplice
Según el profesor Miller Dussan y líder de Asoquimbo: “En este momento los campesinos son libres de vender o no vender, ellos pueden recurrir a una acción de cumplimiento porque es deber del Estado haberles asignado las escrituras públicas. Como una de las respuestas centrales a seguir con respecto a la problemática que enfrentamos, vamos a seguir trabajando por crear una zona de reserva campesina agroalimentaria, por eso estamos proponiendo que los predios que quieren inundar sean para los jornaleros que no tienen donde trabajar en este momento. Que se cree una política energética desde las necesidades de las comunidades y con los apoyos de la ciencia. En la vereda la Honda tenemos ya una experiencia con la utilización de paneles fotovoltaicos. También se puede utilizar energía solar, eólica, biomasa etcétera”.
Necesidad y posibilidad que se desprende del conflicto de tierras que se desprende del ambiental que significa El Quimbo: de las 8.586 hectáreas que inundarían, 5.300 están en producción y 2.000 son de los antiguos parceleros del Incora que hoy reclaman sus escrituras.
Mucha, pero mucha plata
El costo por la construcción de la represa El Quimbo está calculado en 700 millones de dólares, y la misma tendrá capacidad para generar 400 megavatios, el 5 por ciento de la demanda eléctrica del país.
La empresa declaró en un principio que la productividad cesante del área a inundar era de 15.100 millones de pesos anuales, y ante las críticas ha reconocido que la suma es de 31.980 millones de pesos anuales. Paradoja. Mientras Emgesa reconocerá al Huila en un lapso de 50 años alrededor de 351.900 millones (incluidos impuestos predial y de industria y comercio), el departamento perderá 1 billón 247 mil 100 millones de pesos que sería lo que ganaría si esas tierras no se inundaran y continuaran produciendo lo que actualmente generan. Por su parte, Emgesa se embolsilla en los mismos 50 años, 5 billones 966 mil millones de pesos.
Esta represa, es la primera obra que se vende bajo el esquema de subasta por cargo de confiabilidad, es decir, una especie de seguro que se le regala por 20 años a Emgesa y que se paga con mayores impuestos a cargo de todo el país. Las exenciones que recibe la empresa reduce el valor del impuesto de renta del 33 por ciento al 15, la excluye del pago de aranceles por importación o exportación de bienes finales y del cobro del IVA por la compra de materias primas, además de otorgarle la exclusividad como empresa productora de energía para exportación. En este caso, para exportar a Ecuador, Centroamérica (Plan Puebla-Panamá), el Caribe -Santo Domingo, y Puerto Rico.
Gigante con pies de barro
El mayor amigo y enemigo de este megaproyeto ha sido una parte de los dirigentes del Estado que desde el gobierno anterior se dedicaron a irrespetar las leyes que dicen defender, hasta el punto de generar una serie de inconsistencias jurídicas y políticas que cada día que pasa son derrumbadas por la resistencia civil y moral de la comunidad.
Es tal el desespero y la debilidad moral del gobierno, ante la legitimidad de la lucha, que ha tenido que recurrir al desalojo violento de la comunidad y a estigmatizar su resistencia. El profesor Miller Dussan suele decir: “iniciaron obras, pero El Quimbo no lo van a terminar, el Quimbo los va a enterrar”.
Actualmente se espera que la Contraloría haga un pronunciamiento de las investigaciones que adelanta por las irregularidades en los procedimientos seguidos en esta obra, entre ellos, el otorgamiento de una licencia ambiental totalmente cuestionable.
Asoquimbo, reiteró que es urgente e impostergable, como medida cautelar, la suspensión de la licencia ambiental hasta tanto no se actualice y amplié el censo de todos los afectados por las obras de El Quimbo y se realicen los estudios científicos relacionados con el diagnóstico ambiental de alternativas, la valoración económica de los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales, de riesgo sísmico y geotécnico y los estudios arqueológicos, tanto de los bienes tangibles como intangibles, estudios a realizarse por instituciones como la Universidad Nacional de Colombia.
Con respecto al reciente proceso de desviación del río, Asoquimbo creó una veeduría para que también se encargue de exigir una comisión de geólogos que investiguen las condiciones del río y exijan la investigación del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Cormagdalena y la CAM, por haber autorizado la desviación del río sin haber atendido las solicitudes de Asoquimbo con respecto a las condiciones indispensable para poder adelantar tal acción.
Pero el reto es para las mayorías nacionales. La inundación y desaparición de un territorio no es solo un problema local y de las comunidades directamente afectadas, es una perdida de una parte de la sociedad y del ecosistema, que en este caso hace parte de una cadena de megaproyectos que amenazan al territorio colombiano, como una especie de bombas listas a estallar. De ahí que hay que resaltar como positivo que toda la problemática que implica y trae consigo El Quimbo se haya traducido en este momento en agenda central dentro del debate nacional. Pero esto no es suficiente. Más que discutir se requieren hechos. Si la solidaridad no se traduce en muchas acciones de protesta, la comunidad local tampoco tendrá la fuerza para contener y echar atrás esta obra, a lo sumo logrará algunas compensaciones. Acciones necesarias y urgentes, aún más si recordamos que con El Quimbo también está en juego el modelo minero-energético que se está imponiendo, sin miramientos, en todo el país.
Monseñor Jaime Tovar Ramírez, párroco en la iglesia de San Sebastián, La Plata
“El gigante apenas empieza a despertar”
desdeabajo –da–. ¿Qué implicaciones tiene para el Huila el proyecto de El Quimbo?
Monseñor Jaime Tovar Ramírez –MJTR–. El proyecto de la represa El Quimbo significa para el departamento del Huila, y para el centro del departamento, convertir en un lago 8.700 hectáreas de tierras productivas; significa que se acaba la producción agrícola y pecuaria de esas miles de hectáreas; significa que se le acaba el trabajo a cientos de agricultores y campesinos, y que se le acaba la pesca a cientos de pescadores que viven del río, que ya fue desviado y dañado, como ven ustedes en las fotos de los periódicos.
Si nuestra gente huilense se diera cuenta de los daños ecológicos que esto trae, no solamente para la región y para el Huila, sino para Colombia toda, se hubiera levantado como un solo ser humano para impedir esta obra que significa una hecatombe ecológica.
da. ¿Monseñor, conoce usted si el Ministerio del Medio Ambiente hizo las consultas pertinentes para echar adelante este proyecto?
MJTR. Que pena tener que desmentir lo sucedido, pero el Ministerio del Medio Ambiente no ha hecho estudios geológicos en la región donde se va a construir esto. Sabemos a ciencia cierta que el Ministerio está mezclado, que se ha atenido a los estudios de la transnacional que los ha hecho a su acomodo y para su beneficio, es más, hay estudios de geólogos particulares que muestran que donde va a ser la represa está la falla geológica que se llama Altamira, porque viene del pueblo de Altamira, y atraviesa toda la zona donde quieren construir la represa.
El Huila se expone a un riesgo ecológico muy grande, pero muy grande, porque echar el río Magdalena por otro cauce, traerá consecuencias muy graves para las entrañas de la tierra en nuestra región.
da. ¿Cómo percibe la posición de la gente frente a la obra?
MJTR. Aquí en el municipio de La Plata, donde soy párroco. quisiera que vinieran medios de comunicación a conocer la opinión de la gente, opuesta rotundamente a la construcción de esa represa, no es como dice el presidente de la República, que son unos pocos que se están oponiendo. Les digo, con una comparación que es muy realista, que el elefante apenas está despertando, lastima, lastima que no ha despertado a tiempo, porque donde la gente del Huila se diera cuenta de los daños ecológicos que trae la represa de El Quimbo a la región, no la permitiría, así le tocara poner muchos muertos. Aquí lo que sucede es que el gobierno central abusa del poder que tiene, para hacer esta represa.
da. ¿Cómo fue la marcha que hicieron el viernes 2 de marzo en La Plata, y cuáles otras acciones pueden venir?
MJTR. Hicimos una marcha multitudinaria. Los medios de comunicación de Bogotá, no sé porque, no la registraron. RCN y Caracol seguro tienen intereses con el gobierno, pero aquí se hizo una manifestación grande. La transnacional Emgesa sabiendo que la gente se iba a oponer a la cerrada del río, anticipó tres días el desvío, era para el martes 6 de marzo y lo hizo el sábado 3, y desde el jueves llenaron de ejército y policía toda la región, impidiendo que la gente se acercara al lugar donde lo desviarían. Ese sábado, cuando estaban cerrando el río, vinieron estudiantes de la Surcolombiana, sin un arma, vinieron a ver como ayudaban a impedir el desvío, pero no los dejaron, los arrinconaron. De aquí fueron unas cien personas, ellas me contaron que el ESMAD los arrinconó en el Paso del Colegio, impidieron que la gente se acercara al sitio, ¿Por qué? Porque la empresa y el gobierno saben que el pueblo que ya está despertando, se opone rotundamente al daño brutal que le van a hacer a su territorio.
da. ¿Qué tratamiento le ha dado el gobierno a este conflicto?
MJTR. Desde hace cuatro años hay muchas acciones legales para impedir el embalse, que no nos vengan a decir que nunca hemos hecho nada, eso es mentira. Por ejemplo, en el 2008 la Surcolombiana hizo varias audiencias públicas demostrando cómo esta represa es un daño para el departamento. El gobierno ha olvidado todo, el gobierno ha desconocido todas las acciones que se han hecho; el año pasado hicimos audiencias y ni siquiera se hizo presente el Ministerio del Medio Amiente.
El gobierno nos ha tratado mal. Con el desalojo vimos la manera brutal como el gobierno ha tratado a los campesinos, pescadores y otras personas que se han opuesto a la represa, que están en su propio territorio, sin tener una aguja para defenderse. ¿Usted vio el video que ha recorrido el mundo entero? Los sacaron con gases, a empujones, a hombres, mujeres y niños, de sus casitas, de sus cosas, de su entorno, de su tierra, que es de ellos, han vivido siempre allí, los sacaron a empujones. Un muchacho perdió un ojo e hirieron a otros dos.
Quiero decirle al gobierno colombiano que le cambie el nombre al Ministerio del Medio Ambiente, ese no es un Ministerio para defender la ecología de Colombia y de sus regiones, que lo llamen Ministerio de Ambiente de las Empresas porque es para defender la maldita inversión que hacen, a costa de nuestro territorio.
da. ¿Qué lo ha llevado a estar en desacuerdo con el megaproyecto de El Quimbo?
MJTR. Soy un acérrimo enemigo de la represa porque soy del municipio de Yaguara, donde viví la experiencia de lo que es una represa. A Yaguara, con la represa de Betania, le sepultaron 5.500 hectáreas de la mejor tierra, a orillas de los ríos Magdalena y Yaguara. Hace 27 años Yaguara era un pueblo ganadero, agrícola, el mejor ganado del departamento, un arroz estupendo y otros productos. Ahora quedó convertido en un puertico pobre, donde la gente no tiene donde trabajar. Entonces, hablo con la experiencia que he vivido.
Le cuento que el 10 de marzo vino una comisión de derechos de los Estados Unidos, conducidos por un sacerdote de Justicia y Paz, les conté todo esto, quedaron horrorizados. Llevamos 27 años con las tierras de Yaguara sepultadas. Acabaron con el río Yaguara que era un río lleno de peces -cuchas y bocachicos-. yo pesqué de niño y de muchacho allá. Acabaron con varios kilómetros del río Magdalena. Acabaron con el bocachico, peces que iban a desovar en la parte alta del río, eso se acabó con el muro de contención del río.
da. ¿Qué otros lugares afectó la represa de Betania?
MJTR. Ese espejo de agua que inundó 5500 hectáreas elevó en dos grados la temperatura de Neiva y de los pueblos vecinos; y la represa de El Quimbo que el gobierno a la fuerza nos quiere hacer, nos va a elevar por lo menos otros dos grados a La Plata que no queda cerca a la represa, pero a los pueblos cercanos a la represa les puede elevar la temperatura en tres grados.
Tenemos una esperanza, en el cielo brilla una esperanza, porque la empresa de energía pública de Bogotá tiene acciones en Emgesa, y por lo tanto el alcalde de Bogotá tiene poder sobre esa empresa, tenemos esa luz, que Petro, quien es un nacionalista con quien no hemos estado de acuerdo en muchas cosas, que ahora se oponga, como nacionalista que es, a dañar la tierra y los ríos de su país, entonces pienso, nos cantara otro gallo.
Le voy a decir otra cosa que no es a la ligera, usted ha visto que en varias capitales del mundo, en Francia, Estados Unidos, España, se han hecho manifestaciones contra la represa, pareciera que los extranjeros estás más preocupados en cuidar nuestro entorno que nosotros mismos.
da. ¿Cuáles son los problemas sociales más comunes en la zona donde usted trabaja?
MJTR. La pobreza y la indigencia de nuestro pueblo. Vivimos sometidos a una gran pobreza, en especial nuestros campesinos, porque aquí no hay empresas de nada, lo único que tenemos es la tierra para producir platanito y yuca, pan coger. Lo único que tenemos es la tierra y ahora nos la quitan. El gobierno se cree dueño de todo el país, pero es mentira que esto es una democracia pues el gobierno no cumple la Constitución Nacional, ¿acaso el artículo 311 de la Constitución no dice que es el municipio la entidad más importante del sistema político social que tiene Colombia?, no es el poder central, no, es el municipio el que decide de sus tierras con el consentimiento de su gente, ¿cuándo se le ha tomado consentimiento al pueblo sobre una represa o algo parecido?
Muchos jóvenes tienen que irse a las capitales a buscar trabajo porque aquí no hay trabajo para los profesionales, ni siquiera para los técnicos. Aquí, en La Plata, El SENA está haciendo una gran labor educando en muchas tecnologías.
da. ¿Hace cuántos años trabaja en la Plata?
MJTR. Llevo nueve años en la Plata. Me conozco palmo a palmo la región y conozco también su gente, por eso le decía al principio, la única manera, y yo se lo he dicho públicamente a la gente, pienso que la forma para que detengamos la represa El Quimbo es que la gente despertara, pero el huilense es muy bondadoso y muy pasivo. Le digo a la gente algo y les da risa, el gigante apenas empieza a despertar, pero despierta muy lento y muy tarde.
Interrogantes
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